Ávila.- La Audiencia imputa por prevaricación a la senadora del PP Carmen de Aragón

ELMUNDO* : La Audiencia Provincial de Ávila ha visto indicios de delito en la concesión de una licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro en el año 2005 para construir un edificio que implicó la modificación de las normas urbanísticas del municipio, contra la que se pronunció la Comisión Territorial de Urbanismo. La licencia se concedió siendo alcaldesa la ahora senadora del PP por Ávila Carmen de Aragón, por lo que el juez traslada al Tribunal Supremo el caso, por la condición de aforada.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Arenas, en un auto del pasado 23 de junio conocido este sábado, remite a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la imputación por prevaricación urbanística de Carmen de Aragón, así como del resto de concejales del equipo de Gobierno del anterior mandato y de cuatro técnicos.

En el auto, se explica que, de acuerdo a lo indicado por el fiscal, "los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal", pues "existen indicios de la existencia de delito previsto por el conocimiento que tenía la Junta de Gobierno Local de Arenas cuando concedió licencia para la construcción de viviendas en la calle Ana María Mogas 4, de que la decisión que adoptaba incumplía determinada normativa vigente".

Esta imputación se hace extensiva al arquitecto, que "informó favorablemente a la comisión de concesión de licencia, cuando ya se conocía en tal fecha el informe negativo de la Junta de Castilla y León".
Hechos

Aunque la licencia se otorgó en el año 2005, el caso no fue denunciado hasta junio de 2006, por el concejal de Izquierda Unida en el Consistorio arenense, Javier Soler, aunque la querella no fue admitida.

Según se explica en el auto, a pesar de que la Comisión Territorial de Urbanismo había rechazado la modificación puntual de las normas subsidiarias de Arenas, al observar "infracciones urbanísticas", la empresa constructora (Construra) "culmina la edificación a la vista, ciencia y paciencia del Ayuntamiento que no ejerce sus facultades de disciplina urbanística".

El edificio construido, según el informe de la comisión, "incumple la superficie máxima edificable, el número máximo de plantas y alturas, las condiciones de la cubierta, las condiciones de retranqueos y las condiciones de voladizos y cuerpos volados".

Tras la denuncia de IU, sin embargo, la Audiencia ordenó la tramitación, se sobreseyó y archivó el expediente en diciembre del año siguiente, tras las oportunas diligencias, aunque, de nuevo, en mayo de 2008, la Audiencia estimó el recurso de apelación interpuesto y ordenó "agotar la investigación".

En ese momento, declaró como testigo la secretaria del Ayuntamiento de Arenas, Susana Machota, y se requirió a la ex alcaldesa, Carmen de Aragón, "para que manifestara si deseaba declarar voluntariamente ante el Juzgado de Instrucción", lo que "declinó", porque prefería «mantener su privilegio personal» de aforada.

Sobreseído el asunto y desestimado el recurso en el Juzgado de Arenas, la Audiencia los revocó y acordó "la continuación del procedimiento por si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal".

El auto, así, acusa a la senadora de los delitos contra la ordenación del territorio, continuado de prevaricación, en comisión por omisión, y de falsedad documental. Igualmente, se imputa a quienes eran concejales del PP y miembros de la Junta de Gobierno Local -Valentín de León, Alejandro Blázquez Cabo, Benito Martín Blas y José Francisco Núñez- por delitos continuados contra la ordenación del territorio y de prevaricación, en comisión por omisión.

También se acusa a los técnicos Javier Galán Serrano y José Luis Ramos de cometer un delito continuado de falsedad documental; al también técnico Fernando Soler Liceras, de un delito continuado de falsedad documental y otro delito continuado contra la ordenación del territorio, y al arquitecto municipal, Alfonso Huertas, de un delito continuado contra la ordenación del territorio.

Contra este asunto, además, se habían pronunciado ya la Diputación de Ávila, que "se había dirigido al Ayuntamiento para que tomara las medidas oportunas para proteger la legalidad", y el Procurador del Común, que había solicitado "infructuosamente" informes con las actuaciones que se hubieran llevado a cabo en relación con el acuerdo. Asimismo, el jefe del Servicio Territorial de Fomento "había solicitado informes en relación con el recurso de reposición formulado por el querellante".





* El Mundo - 10.07.10
Foto: Arenas de San Pedro (Ávila) - mundofotos.net