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R.Montenegro/HuelvaInformación* : "Nuevo varapalo judicial al Ensanche Sur, en este caso a su línea de flotación: el Plan Parcial, el documento que recoge todo aquello que se construirá en el Ensanche y que no podrá ejecutarse tal y como está redactado ahora, al menos por el momento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una nueva sentencia contra el proyecto, en este caso anulando el acuerdo plenario gracias al que se pudo modificar el número de viviendas a construir, su tipología y la altura de los bloques que se edificarán en el Ensanche.
El dictamen se suma al que dejaba en suspenso la venta de los terrenos y significa que el proyecto no podrá seguir adelante con las 3.429 viviendas que contempla, por lo que a priori tendría que modificarse sustancialmente el Plan Parcial o intentar conseguir una resolución judicial que anule ésta.
Aunque también se podría desarrollar tal y como está, pero con la elaboración de un plan de sectorización que tendría que aprobar la Junta de Andalucía con su correspondiente plazo de tramitación.
Así se determina en la sentencia del TSJA, que considera que el Ayuntamiento “carece de competencia” para la modificación que llevó a cabo en el Programa de Actuación Urbanística número 1, el más conocido como Ensanche Sur, el nuevo gran barrio de Huelva en el que se incluyen viviendas, un centro comercial, un palacio de congresos, colegios, equipamientos deportivos y zonas verdes.
El hecho al que se refiere la sentencia se produjo en el año 2005, en el que el Ayuntamiento aprobó una modificación del PGOU para cambiar los parámetros residenciales del Ensanche Sur recogidos en dicho Plan General, aumentando finalmente el número de viviendas a construir. En el Plan del 99 se contemplaba para los terrenos del Ensanche Sur un número máximo de 2.880 viviendas de tipología plurifamiliar y 334 viviendas en unifamiliar, estableciéndose además una altura máxima de trece plantas para los bloques y dos para las casas. El Ayuntamiento tramitó un cambio en esas condiciones justificándolo en la necesidad de incluir VPO en el proyecto “para garantizar suelo suficiente destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública” y para “dotar de libertad al planeamiento de desarrollo futuro para la definición de las alturas máximas de la edificación”.
Basándose en esta justificación, se cambiaron las determinaciones residenciales incluidas en el PGOU estableciendo que el número de viviendas y alturas máximas a construir se determinaría en el “correspondiente planeamiento de desarrollo”, es decir, que serían las marcadas en el Plan Parcial. Finalmente, en éste se contempla la construcción de un máximo 3.429 viviendas de tipología plurifamiliar y se establece que se podría introducir VPO pero mediante una nueva tramitación administrativa.
La modificación fue aprobada por el Pleno en 2005 e impugnada ante los tribunales por la Junta de Andalucía. Ahora el juez considera que el Ayuntamiento se ha arrogado “unas competencias que no le corresponden” al hacer esta modificación “porque se refiere a un cambio en un sector completo” para lo que sería necesaria la presentación del plan de sectorización ante la Comisión Provincial de Urbanismo, según se determina en el dictamen recogido por Europa Press.
La sentencia desmonta así el Plan Parcial del Ensanche Sur tal y como está planteado y aprobado. En principio se anula el acuerdo que hizo posible esa distribución residencial, pero también la de los espacios comerciales, dotaciones y espacios libres que se diseñaron en conjunto con el espacio residencial. El proyecto del Ensanche Sur tendría que adaptarse a los parámetros iniciales establecidos en el Plan General (2.880 pisos y 334 casas) o reiniciar su tramitación como un plan de sectorización, con el correspondiente retraso que ello conllevaría.
Desde el Ayuntamiento se retomaba ayer la habitual frase de respeto a las decisiones judiciales pero asegurando que este freno “no afecta a que el proyecto más beneficioso para la ciudad de Huelva en los próximos años siga adelante”. El concejal de Urbanismo, Francisco Moro, afirma que la sentencia “no será un obstáculo para seguir con el Ensanche, ya que afecta a 200 viviendas que se eliminarían”, aunque para ello tendría que modificarse o más bien redactarse de nuevo el Plan Parcial y realizar su tramitación, un proceso que conlleva un tiempo (en el caso del Plan actual, un año). También cabría la posibilidad de interponer un recurso frente a la decisión del Alto Tribunal, que conllevaría asimismo un tiempo de espera. En cualquier caso, Moro recuerda que en el Ensanche Sur hay varios implicados, como son los propietarios, con los que el Ayuntamiento tiene la intención de reunirse para comprobar los pasos que pueden darse en este asunto.
No obstante, el proyecto lleva prácticamente en stand by desde primeros de año, cuando una resolución judicial también del TSJA suspendía cautelarmente la venta de los terrenos municipales del Ensanche a una empresa. A raíz de esa sentencia, la Delegación de Obras Públicas se negó a inscribir la junta de compensación del Ensanche (el órgano en el que se incluyen todos los propietarios) en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras, algo que impedía a la misma ejecutar las actuaciones necesarias para comenzar con la urbanización del proyecto.
La nueva sentencia, por tanto, supone un freno más para lo que el alcalde, Pedro Rodríguez, denominaba recientemente “la operación más importante del siglo” para la ciudad, con una inversión prevista según cifras empresariales de unos 750 millones de euros para hacer nacer otro gran barrio al borde de la Ría.
* Hueva Información - 15 de Julio de 2007
Foto: Huelva, Ensanche Sur /Efren (guiadehuelva)
El TSJA paraliza el proyecto urbanístico del Ensanche Sur en Huelva
17 detenidos en El Puerto por construir ilegalmente en cañadas
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E.M.Cañas/EuropaSur* : "La Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma ha detenido a 17 personas en El Puerto de Santa María por haber construido ilegalmente sus viviendas ocupando parte de una vía pecuaria. Están imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio en una operación policial que se ha desarrollado a lo largo de esta semana. Los detenidos ya se encuentran en libertad pero con cargos en una causa que está siendo instruida por el Juzgado número 3 de El Puerto. Tras declarar ante el juez, los 17 detenidos, todos propietarios de viviendas ilegales, están imputados en calidad de promotores de las obras. Desde la Policía Autonómica se informó ayer de que la operación no está cerrada.
Las detenciones han sido el resultado de la primera fase de una investigación que proseguirá en próximas semanas con el fin de localizar a todos los implicados con estas construcciones que han usurpado suelo público. El delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal, establece que los responsables son, además de los promotores, los constructores y los técnicos directores que ejecuten unas obras no autorizadas en suelos que son bienes de dominio público (como son las vías pecuarias). Por ello, no se descartan que en próximos días haya nuevas detenciones de "promotores, constructores o arquitectos técnicos", según se indica en el comunicado remitido por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Todos los detenidos tienen sus viviendas junto a dos de las cañadas más importantes del término municipal de El Puerto. Nueve tienen su parcela ocupando parte de la vía pecuaria de Villarana y ocho en la del Verdugo. Todas las viviendas forman parte de alguno de los numerosos diseminados ilegales que tiene el municipio. Los inmuebles investigados están actualmente en construcción o bien tienen menos de cuatro año de antigüedad. La prescripción del delito contra la ordenación del territorio está fijada en este periodo de tiempo.
En el Juzgado número 3 de El Puerto se instruyen dos denuncias sobre ocupación ilegal de cañadas La primera de ellas procede de la Delegación Provincial de Obras Públicas, que advirtió de la usurpación de parte de la caña del Verdugo por parte de parcelaciones y viviendas ilegales. La segunda es resultado de la macrodenuncia que en octubre del pasado año presentó el colectivo Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Cádiz. Fruto de ella, el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, emitió un decreto el pasado 16 de enero donde dividía la gran denuncia ecologista en siete causas y las remitía al juzgado portuense. Una de ellas se refería a la ocupación de las cañadas. En ella, el fiscal solicitaba no sólo una investigación por un posible delito contra la ordenación del territorio sino también la búsqueda de "los responsables municipales a fin de esclarecer las conductas delictivas que pudieran haber tenido lugar" ante una supuesta pasividad de acción.
Desde la Policía Autonómica se está investigando también la posibilidad de que haya certificados de obra falsos con el fin de simular la antigüedad de un inmueble. No sería la primera vez que este fenómeno se detectara en El Puerto como intento fraudulento para legalizar viviendas y que consiste en que un profesional del sector (generalmente un arquitecto técnico) declare ante Notario una antigüedad mayor del inmueble de la real. Incluso, se han detectado casos en los que la construcción apenas se asemejaba a lo descrito notarialmente. De hecho esto fue lo que provocó que en Chiclana hayan sido detenidas más de una veintena de personas en las últimas semanas al descubrirse certificaciones de viviendas ilegales falsas.
Tal y como establece la Ley Autonómica de Vías Pecuarias, las cañadas deben tener una anchura mínima de 75,22 metros. En algunos tramos de las cañadas del Verdugo y de Villarana la distancia no ha sido respetada por las parcelaciones. Por regla general, los propietarios alegan que la vía en cuestión no está deslindada, por lo que la ocupación ilegal se realiza sin conocimiento de que es suelo público. En este caso, en ninguna de las dos vías pecuarias se ha concluido el procedimiento administrativo de deslinde. Los imputados podrían hacer frente a penas que oscilarían entre lo seis meses y tres años de prisión así como a una multa de 12 a 24 meses, además de la inhabilitación especial para profesión u oficio entre seis meses y tres años.
* Europa Sur - 15 de Julio de 2007
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) /juntadeandalucia.es
Clausurados 25 minipisos ilegales en Barcelona
S.Angulo.- La Vanguardia* : "Pisos ilegales en el distrito de Gràcia. La inspección de dos inmuebles ha sacado a la luz la nada desdeñable cifra de 25 minipisos sin cédula de habitabilidad. Nacen de la reconversión de antiguos locales y naves industriales en estudios y de los elevados precios de las viviendas. Se trata de una práctica que ha proliferado en los últimos años en las calles de Gràcia donde languidecen los locales comerciales. Por el momento, el distrito ha actuado contra catorce cubículos, en el número 325 de la calle Verdi, sobre los que pesa una orden de clausura y tiene previsto precintar otros once a principios de agosto, situados en el 22 de la calle Jaén. Ninguno dispone de cédula de habitabilidad, pero entre unos y otros hay un abismo.
En los de la calle Verdi los inquilinos malvivían en condiciones pésimas, mientras que los pisos de la calle Jaén, tamaño aparte, están en óptimas condiciones.
En el número 325 de la calle Verdi, al lado del Park Güell, los vecinos llevaban más de 15 años denunciando la actividad ilegal que se ejercía en el semisótano del inmueble. El pasado 29 de junio los inspectores del distrito clausuraron cuatro de los cubículos y se instó al propietario Luis Serra Batllés a restaurar los locales bajo amenaza de pagar una multa de entre 300 y 3.000 euros. El informe elaborado por el distrito explica que en 1991 se llevaron a cabo las obras de división para transformar un antiguo local comercial en estudiovivienda. En 1998, los vecinos del inmueble volvieron a denunciar la situación, mediante acta notarial y según reza en el informe del distrito, que hace referencia al uso como vivienda de los locales subarrendados.
Aun así, los propietarios continuaron con su actividad y dividieron los locales del semisótano primero, segundo y tercero en catorce minipisos donde se "realizaron las mínimas obras de acondicionamiento para ser destinadas a viviendas, de forma totalmente ilegal, sin licencia de obras, cambio de uso y ninguna posibilidad de legalización", dice el informe. El distrito efectuó el 15 de mayo de este año una inspección en la que se constató que "las condiciones de las viviendas eran infrahumanas", ya que se componían de un pequeño sanitario y en la mayor parte de los casos de un solo espacio y sin ventilación.
Por si fuera poco, los inspectores municipales detectaron que los cubículos no cumplían las medidas de seguridad relativas a las normativas de instalaciones de gas butano, ya que las cocinas no estaban ventiladas. Los inquilinos pagaban una media de 300 euros mensuales por unos pisos que no llegaban a los 30 metros cuadrados y donde la luz del sol no hacía acto de presencia. Según fuentes del distrito, se está trabajando en la reubicación de los inquilinos de los apartamentos y con la comunidad de vecinos para resolver la situación en la que se encuentra su finca.
De hecho, un portavoz del estudio jurídico Pérez Almansa, que defiende los intereses de la comunidad de propietarios del 325 de la calle Verdi, explicó a La Vanguardia que los vecinos habían acudido a la Generalitat y al Ayuntamiento para denunciar la situación en repetidas ocasiones. Hace tres meses contrataron los servicios de este despacho y se acordó en junta demandar al Ayuntamiento en caso de que no "pusiera remedio en un plazo razonable". Según el bufete, los responsables del Ayuntamiento hacen esfuerzos para poner fin a esta situación y, por eso, considera que no puede que no sea necesario llegar a los tribunales. Aún así, desde el despacho de abogados se reconoce que la "la comunidad de vecinos desconfía que la actuación administrativa sea rápida, eficaz y persistente".
Según fuentes del despacho, los inquilinos vivían en condiciones infrahumanas, ya que los cubículos son pequeños, están en un sótano sin luz ni ventilación y con muchas humedades. "En múltiples ocasiones los vecinos han podido constatar roedores e insectos". Los vecinos son conscientes que los inquilinos de los cubículos son las víctimas, pero también saben que hasta que no se clausuren continuarán sufriendo problemas de inseguridad por el camping gas que los ocupantes usan para cocinar.
La situación en la calle Jaén es bien distinta. Las condiciones de habitabilidad de los once apartamentos son buenas, aunque todos ellos sean ilegales. La mayoría de inquilinos han acondicionado el interior y han reparado y subsanado los problemas que han ido surgiendo. Llegaron allí hace dos años para instalarse en pisos desde los 30 metros cuadrados hasta los 50. Fincas Pelayo les facilitó el apartamento por el que pagan entre 300 y 600 euros mensuales -según el tamaño-, muy por debajo de los precios de la zona donde el alquiler medio está los 966 euros. Es una calle peatonal y los apartamentos están en una nave industrial que en la planta baja y el primer piso se han habilitado once apartamentos y siete locales comerciales que no disponen de permiso ni cédula de habitabilidad.
De hecho, el Ayuntamiento desconocía que la nave -que está afectada urbanísticamente- estaba ocupada hasta hace un año. Los inspectores detectaron que en el interior estaba habitado por una veintena de inquilinos. Todos poseen un contrato de alquiler y sabían que su vivienda no disponía de cédula de habitabilidad, pero el administrador les explicó que "se trataba de un mero trámite obtenerla". Hace unos quince días tuvieron la certeza de que las amenazas del distrito de precintar la nave iban en serio. Recibieron una carta en la que se les instaba a abandonar los apartamentos.
Mariano Ventura alquiló la vivienda hace dos años. Se la dieron "pelada". Él invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en construir dos habitaciones más y habilitar la parte superior del loft para que su hermana Laura y una amiga pudieran vivir con él. Después de la inversión ha logrado un piso acogedor de dos plantas y con luz natural. "Pagamos 600 euros, pero vivo en un barrio que me gusta y será imposible encontrar nada por ese precio en Gràcia". Desde que se enteró de que los querían desalojar ha dejado de pagar el alquiler y se ha puesto a buscar piso. Una de sus vecinas explica que ellos ya sospechaban que no podía haber pisos dentro de una nave, pero los precios son tan caros que "miras para otro lado". En este sentido, explica que hay viviendas que disponen de cédula y están peores condiciones que sus apartamentos.
Por otro lado, el distrito del Eixample comenzó ayer los trabajos de derribo de un ático ilegal en la calle Girona después de que el TSJC dictaminara la ilegalidad de la construcción. Ayer por la mañana la Guardia Urbana inhabilitó el piso como vivienda y se inició el derribo. En 1998 se ordenó al propietario del piso que restituyese todos los elementos afectados por las obras y volviera a dejarlo sin el ático.
* La Vanguardia - 11/07/2007
Métodos para saquear una ciudad
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J.C./H.B./SUR* : "No eran improvisados. Los convenios presuntamente urdidos en las oficinas de Urbanismo que sirvieron para saquear el patrimonio de suelo público en Marbella y convertirlo en el escenario de escandalosos 'pelotazos' urbanísticos obedecían a un método diseñado meticulosamente y que la policía ha desenmarañado tras el análisis de la documentación intervenida en las sucesivas fases de la 'operación Malaya'. Los informes policiales contenidos en el sumario en relación con dos operaciones inmobiliarias han permitido a los investigadores determinar el modus operandi que supuestamente Roca y sus secuaces siguieron para enriquecerse a costa del patrimonio público de Marbella.
Según las conclusiones de los investigadores, existían dos caminos para convertir el suelo propiedad del Ayuntamiento en la materia prima imprescindible para el enriquecimiento rápido.
SISTEMA SIMPLE
Permuta con empresas municipales
Suelo a cambio de nada
El primero y más sencillo constaba de cuatro pasos
-El suelo propiedad del Ayuntamiento pasaba a formar parte del patrimonio de las empresas municipales. De ese modo se evitaba obligatoriedad de subasta pública, en claro fraude de ley
-Las empresas municipales contraían deudas con constructoras o promotoras, generalmente por obras supuestamente realizadas que bien no se realizaban o se valoraban escandalosamente al alza. Por el contrario, la tasación de los bienes municipales se realizaba a la baja. En muchos de los convenios firmados ni siquiera existe documentación sobre cómo se ha realizado la valoración.
-En función de estas supuestas deudas, se suscribían contratos para transmitir el suelo a las empresas acreedoras como daciones de pago directas o mediante convenios de permuta posteriores.
-La adjudicataria del suelo público construía directamente las viviendas sobre el suelo o lo cedía a otra empresa tras obtener la licencia de obras
El segundo sistema era más complejo, pero convergía en el mismo destino
RECALIFICACIÓN
Convenios con trampa
Supuesto interés público
-Dos sociedades se reúnen para firmar un acuerdo privado en el que se contempla que una de las partes está en trámite de adquisición de unos terrenos propiedad de un ente público o bien que existen derechos urbanísticos no susceptibles de apropiación privada que se van a adquirir.
-Se fijan condiciones de compraventa que contemplan la resolución negativa del contrato si no se produce la aprobación del convenio correspondiente, el cual casi siempre está supeditado a que el Ayuntamiento recalifique los terrenos o justifique la ausencia de interés patrimonial por parte del Consistorio.
-En los documentos privados se establecen unas condiciones diferentes a las que figuran posteriormente en las escrituras
-Con el fin de justificar estas operaciones, el Ayuntamiento emite informes que confirman el interés público en llevar adelante el convenio y por lo tanto la recalificación. El Área de Urbanismo se encarga del estudio del mismo.
-Una vez que el convenio ha sido aprobado por el pleno municipal, el alcalde eleva a público los acuerdos adoptados otorgando contrato de compraventa en el que se recogen las resoluciones adoptadas. En el pliego de condiciones se especifica que si la Junta de Andalucía no aprueba la modificación del PGOU o desde el Ayuntamiento no se realizan los trámites oportunos, se deberá indemnizar a la empresa.
-La adjudicataria del suelo público construye directamente las viviendas o cede los derechos.
* Diario SUR - 12.07.07
Foto: JOSELE-LANZA /SUR
Informe Banderas Negras 2007
Ecologistas en Acción* : "Los ecosistemas costeros se encuentran en la actualidad en una situación muy delicada. Las diferentes agresiones, problemáticas y disfunciones en el funcionamiento de sus estructuras tróficas se van reproduciendo y extendiendo a lo largo de las diferentes franjas costeras del Estado español. Al igual que ocurre con los grupos de células tumorales, en la metástasis, que se diseminan por el cuerpo y se alojan en lugares distintos a aquél en el que se originó el tumor cancerígeno. La metástasis se caracteriza por un crecimiento desorbitado, desproporcionado, en todas las direcciones y a gran velocidad. Las diferentes problemáticas o células tumorales presentes en la costa y que ocasionan un grave daño en el equilibrio de los ecosistemas litorales y de los recursos que ofrece para el ser humano son: la ocupación masiva de la franja costera (nuevas residenciales, complejos turísticos, ...)...
... la interrupción o modificación de la dinámica litoral y sedimentaria, lo que desconfigura la costa y agrava el problema de erosión costera (diques, escolleras, puertos, paseos marítimos...); la artificialización de suelo para la creación de nuevos asentamientos, nuevas infraestructuras de transporte, o para la agricultura intensiva; el despilfarro de recursos naturales consumidos por la población, sobre todo agua y suelo; la degradación de hábitats y parajes naturales de alto valor ecológico y de interés para actividades humanas como la pesca; ... Todas estas problemáticas nos están dejando la costa cada vez más desconfigurada, con una pérdida de paisaje sin precedentes y con graves problemas a solucionar, como pueden ser la erosión costera, la eutrofización de aguas, la decadencia de la actividad pesquera, la aparición de plagas, o la pérdida de identidad de los pueblos costeros.
Buen ejemplo de la evolución metastásica de los problemas en la costa es el problema urbanístico asociado al desarrollo turístico residencial. Originalmente este modelo se asentó en la Costa del Sol y la franja levantina lo que nos ha dejado algunas zonas en una situación dramática, como la Bandera Negra otorgada al municipio de Marbella, provincia de Málaga, donde encontramos el 100% de la costa ocupada. Pues bien, este modelo turístico residencial de muy escasa calidad turística y con graves consecuencias socioambientales se está expandiendo aceleradamente en los últimos años llegando a colonizar zonas en las que estas células tumorales antes no se habían visto representadas. Este es el caso de la costa gallega, costa en la que en los próximos 10 años se prevee la ocupación de 22 millones de metros cuadrados y en la que se proyectan 800.000 nuevas viviendas. También es el caso del Concejo de Llanes, en Asturias, donde el que el Plan de Gestión y Ordenación Urbana, PGOU, contempla la construcción de 15.000 viviendas en un concejo con 13.212 habitantes. El PGOU ha sido denunciado por numerosas irregularidades y anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en abril de 2007, aunque la sentencia ha sido recurrido por el Ayuntamiento de Llanes.
La evolución metastásica costera también es la proliferación de puertos deportivos, infraestructuras que tienen graves efectos nocivos sobre la salud de los ecosistemas colindantes y que ocasionan serios problemas erosivos sobre la costa y desconfiguran su fisiografía. Este modelo ha tenido su principal esplendor en la costa catalana, donde el nuevo plan de puertos no ayuda nada a solucionar el grave problema de erosión y pérdida de arena en sus playas, ya que se prevee la habilitación de 6.000 nuevos amarres. Este modelo de creación de nuevas infraestructuras portuarias vuelve a reproducirse en la franja Cantábrica, como es el caso de la construcción del nuevo puerto deportivo de Laredo, Cantabria, cuyas obras han comenzado con el relleno de la zona de plataforma de abrasión del Canto de Laredo. El nuevo puerto tendrá una capacidad de 1.095 embarcaciones, 240 plazas de aparcamiento, y englobará una zona deportiva de 113.000 metros cuadrados y una zona pesquera de 79.000 metros cuadrados. Esta obra supone un grave impacto paisajístico, ya que la construcción de este puerto supone una profunda modificación en el entorno de la playa de la Salvé y una pérdida importante de naturalidad de la misma debido a la localización y a las dimensiones del nuevo puerto.
Otro buen ejemplo es la amenaza de los paseos marítimos, los cuáles crean una barrera artificial en la primera línea de costa que deja las playas totalmente al descubierto frente a los temporales y que aumenta el poder erosivo del oleaje incidente en la costa. Este modelo se instauró en un inicio, de nuevo, en la costa levantina y la Costa de Sol, pero se ha exportado a lugares del Cantábrico, como Asturias o Galicia, donde la Dirección General Costas va a invertir 10 millones de euros en estas infraestructuras.
El alto grado de incumplimiento de la Ley de Costas es otro síntoma de la metástasis costera. Una ley que se redactó con el teórico objetivo de garantizar a toda la ciudadanía el uso y disfrute de un bien común, la costa y su entorno. Pero, a día de hoy, no está siendo todo lo eficiente que debiera como reflejamos en este informe, ya que detectamos infracciones de particulares, promotores privados y de todas las administraciones representadas en la franja litoral. Los casos más descarados son la invasión de la Servidumbre de Tránsito en La Manga del Mar Menor (Murcia) y la recalificación de 5.000.000 de metros cuadrados de dominio Público Marítimo Terrestre en la zona de las Aletas, Bahía de Cádiz, mediante un convenio con fines especulativos entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente.
Otro problema metastásico son los vertidos que llegan al mar por diferentes fuentes, problema especialmente sensible en zonas con poca circulación de agua, como puede ser el Mediterráneo en general y la laguna del Mar Menor en particular. Estos vertidos ocasionan problemas locales de eutrofización de aguas. En cuanto a problemáticas por contaminación industrial queremos reflejar en este resumen los diversos episodios de contaminación encontrados en las Ría de Suances y en la Ría del Carmen, Cantabria, donde estos vertidos ha ocasionado problemas muy graves sobre la pesca de la zona, reduciéndose esta actividad notablemente. Sobre la depuración de aguas residuales urbanas hay que denuciar en voz alta que a día 12 de julio de 2007, la totalidad de las comunidades autonómicas costeras presentan graves deficiencias en el sistema de depuración y saneamiento de sus aguas. Este problema se ve agravado por la fuerte presión y desarrollo inmobiliario en esta franja.
Hay que recordarle a las administraciones que deben cumplir la Directiva 91/271/CEE de la Unión Europea sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, aprobada en el lejano mayo de 199. Esta directiva urge a los estados miembros a tomar las medidas para lograr que todas las aguas residuales sean adecuadamente recogidas y sometidas a tratamientos antes de ser vertidas. Además marca diversos objetivos, dependiendo del tamaño de las poblaciones, que se deben cumplir entre el año 1995 y el 2005. Con carácter general, la Directiva establece dos obligaciones claramente diferenciadas: en primer lugar, las aglomeraciones urbanas deberán disponer, según los casos, de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales; y, en segundo lugar, se prevén distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas.
El Real Decreto Ley 11/1995 sobre Tratamiento de aguas residuales urbanas del 28 de diciembre adaptó a nuestro derecho interno la Directiva 91/271/CEE. Aunque es verdad que el plazo para el cumplimiento de este objetivo se sitúa en el año 2015.
Ante el grave estado en el que se encuentran los ecosistemas litorales, la esquilmación y deterioro de los recursos reinantes en la franja costera, el grave incumplimiento de las diferentes normativas y el continuo avance de las diferentes problemáticas a otros puntos de la costa, Ecologistas en Acción solicita que se tomen medidas de urgencia por parte de las diferentes administraciones para frenar así el "proceso de metástasis costera":
* Una moratoria urbanística en el litoral hasta que se lleve a cabo un verdadero estudio de la capacidad de carga del territorio, analizando verdaderamente el impacto paisajístico, el deterioro y erosión, la pérdida de cubierta vegetal, y, sobre todo, los recursos hídricos reales y disponibles. Todo esto no puede llevarse a cabo más que en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que se ha de exigir a empresas y ayuntamientos, y que ha de tener una evaluación por parte de la administración ambiental mucho más rigurosa y seria que la que se realiza actualmente, convertida para los promotores en un trámite o papeleo más.
* Moratoria de nuevos puertos deportivos hasta que no se haya aprobado un Plan de Puertos que cuente con el consenso de las administraciones con competencia en la materia, especialmente la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y las diferentes Consejería con materias en Medio Ambiente de las Comunidad Autónoma, y con la participación de instituciones como el Instituto Español de Oceanografía, Universidades, Cofradías de Pescadores, asociaciones ecologistas, etc. Que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Costas, deseche definitivamente la realización de actuaciones de gran impacto ambiental a corto y largo plazo y de gran impacto económico a largo plazo. Este es el caso de la instalación de paseos marítimos y de obras de regeneraciones de playas.
* En relación y como alternativa a la medida anterior propuesta. Solicitamos que se elaboren planes para el abandono y retroceso de las principales infraestructuras presentes en la costa. El principal problema que nos encontramos en la gestión costera es el de la erosión de la misma y el ascenso del nivel del mar debido al cambio climático, por ello Ecologistas en Acción considera que debería ser una prioridad de las administraciones planificar e iniciar la retirada ordenada de estas zonas sensibles. En términos económicos esta actuación representaría, a largo plazo, un coste sustancialmente menor que seguir con actuaciones ingenieriles como la construcción de diques y escolleras de protección y rellenos de arena, denominadas por las administraciones como regeneraciones de playas.
Para el diseño de estos planes se deben realizar varias iniciativas que se establecen en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y que se contradicen claramente la actuación de la Dirección General de Costas, como son:
- Desarrollo de modelos de respuesta morfodinámica y ecológica de las principales unidades de la costa española bajo distintos escenarios de cambio climático.
- Puesta en marcha de sistemas de seguimiento y toma de datos sistemática de parámetros para la validación de modelos.
- Cartografía de la vulnerabilidad de la costa española frente al ascenso del nivel del mar, bajo distintos escenarios de cambio climático: identificación, delimitación e inventariación de las áreas y elementos más vulnerables por el ascenso del nivel del mar, y valoración ecológica de los mismos. Parte de estas zonas podrían permitir la formación de nuevos humedales costeros, que compensarían por desplazamiento la previsible pérdida de los que sean anegados.
Estas actuaciones deben de realizarse de forma ordenada priorizando las zonas más sensibles: desembocaduras fluviales (estuarios, rías, deltas, ...), bahías, lagunas costeras, humedales, playas confinadas, playas no confinadas (tales como flechas litorales o cordones de arena adyacentes a costas bajas).
* Planeamiento estatal sobre aguas residuales, con objetivos claros, actuaciones definidas e inversiones suficientes que aseguren que las infraestructuras de saneamiento y depuración cumplan con los requisitos de calidad de aguas establecidos por la ley. Para la aprobación de nuevos planes de ordenación del territorio, ante la nueva construcción de viviendas, se debe exigir la construcción paralela y efectiva de las infraestructuras de depuración pertinentes.
* Cumplimiento de la legislación vigente tanto regional, estatal y comunitaria en materia de protección ambiental.
* Establecimiento de mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en la franja litoral.
Ver Informe Banderas Negras 2007 pdf
* Ecologistas en Acción - Mar 12 de julio
Foto: mapa Banderas Negras 2007 /Ecologistas en Acción
El fiscal abre cuatro nuevos casos contra el anterior Consistorio de Sant Josep
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J.L.Ferrer.- DiariodeIbiza* : "La Fiscalía de Urbanismo de Eivissa, que dirige Antoni Torres, ha presentado un escrito al juzgado número 2 de Eivissa en el que solicita que el ex alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, declare como imputado en el caso de una vivienda ilegal construida en el interior del Parque Natural de ses Salines. Esta petición tiene su origen en una denuncia formulada el año pasado por el Consell Insular de Eivissa, a través de su conselleria de Urbanismo, contra una edificación sin licencia en esta zona protegida. El Consell, según explicó el fiscal, había requerido sin éxito al Ayuntamiento en varias ocasiones para que paralizara la construcción.
El fiscal, ante lo que considera «actitud de pasividad del Ayuntamiento anterior, incluso ante requerimientos del Consell», solicita la declaración del alcalde para que explique por qué no detuvo los trabajos.
Otra de las actuaciones, en las que también está involucrado el ex alcalde, consiste en la reactivación de las diligencias contra la Carpintería Alba, que funciona desde hace quince años sin licencia y con orden de cierre. A raíz de nuevas denuncias vecinales, el fiscal aprecia indicios de delito en la decisión del Ayuntamiento de legalizar esta industria, en concreto, cita posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, falsedad y tráfico de influencias.
Además, se han abierto diligencias informativas contra el Ayuntamiento de Sant Josep del anterior mandato por presunto delito de prevaricación urbanística y estafa por el convenio firmado con un particular para evitar el cumplimiento de una sentencia judicial que obliga a derribar una vivienda ilegal en Cala Pinet.
Por otra parte, también se ha iniciado una investigación penal contra el anterior equipo de gobierno de Sant Josep por aprobar modificaciones o estudios de detalle en Áreas de Actuación urbanística sin obtener la autorización de la Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio. El hecho fue denunciado por el Colegio de Arquitectos, al entender que esta práctica ahorra a los promotores la cesión de espacios públicos al Ayuntamiento.
También ha pedido la declaración como imputado del ex alcalde de Formentera, Isidor Torres, de la Coalició d´Organitzacions Progressistes (COP), por el caso de una vivienda ilegal construida junto a s´Estany des Peix que debía haber sido derribada y, en cambio, sólo fue objeto de una sanción económica. La imputación se solicita porque, finalmente, ni se derribó la vivienda ni se ejecutó la multa acordada, lo que podría constituir un delito de prevaricación. Se da la circunstancia de que una sentencia judicial confirmó la legalidad de la decisión municipal de multar con 20.000 euros al promotor.
El siguiente alcalde, que tomó posesión muy poco después de los hechos, Juanma Costa, del PP, tampoco aplicó ninguna de ambas medidas sancionadoras, por lo que la Fiscalía no descarta que se amplíe el número de declarantes.
* Diario de Ibiza - 13 Julio
Foto: Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) /cief.es
Promotores conseguían hasta un 280% más de edificabilidad tras pagar la supuesta tasa de soborno
J.Cano/JJ.Buiza.-SUR/Málaga* : "En Alhaurín el Grande, un proyecto de construcción de cinco pisos podía convertirse en una urbanización de 21 viviendas. La policía ha descubierto que promotores imputados en el 'caso Troya' conseguían un aumento de la edificabilidad de hasta el 281% tras, supuestamente, abonar la denominada tasa de soborno. El ejemplo más contundente de esta práctica es el de un solar en el que, según el PGOU de Alhaurín el Grande, sólo se podían construir 5,5 viviendas. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, concedió a la promotora licencia de obras para edificar 21 viviendas, presuntamente, «a cambio del pago de la cantidad de 100.000 euros», según el informe policial.
En el registro del despacho del edil, los investigadores de la Udyco-Costa del Sol encontraron una anotación manuscrita que atribuyen a Guerra y que recoge esa cantidad junto a la inscripción 'pagado todo'. Según esos apuntes, los 100.000 euros se fraccionan en dos pagos: 78.000 euros supuestamente van a parar al dueño de una empresa que los investigadores vinculan al alcalde y a su mujer, y los otros 22.000 aparecen junto a un nombre, 'colomo', que la policía aún no ha conseguido identificar.
Agenda virtual
Esas anotaciones manuscritas tienen fiel reflejo en el archivo de Excel que se encontró en el ordenador del despacho de Guerra. En la «agenda virtual» del concejal -como la denomina la policía- aparecen primero los 1.157 metros cuadrados de las 5,5 viviendas. A renglón seguido, y en las columnas correspondientes, se anota la cifra 2.400 (m2) y 21 (viviendas), y un poco más abajo, la diferencia entre lo que establece el PGOU y lo que permite la licencia de obra concedida por Guerra, que es de 1.243 metros y 15 viviendas.
Al final de la tabla, los investigadores encontraron la ecuación de la supuesta 'tasa de soborno' que se venía aplicando en Alhaurín: «Acuerdo con los monos 08/02/05 80x1.243=100.000». Este cálculo llevó a la policía a la conclusión de que, por cada metro cuadrado de más, se pagaban 80 euros, según se desprende del sumario.
Otro caso sorprendente es el del empresario que destapó la trama, que negoció con el Ayuntamiento un proyecto que pasaba de cinco a 14 viviendas. Según la policía, en el expediente se recoge el pago de una tasa de 9.174 euros por la licencia de obra, de manera que la cantidad de 122.600 euros se correspondería con la solicitada por el concejal en concepto de «comisión». A la vista de esta propuesta, el incremento en la edificabilidad sería del 200%.
Hay otro expediente más investigado por la Udyco que refleja un importante aumento del volumen de construcción. Se trata de una promoción en la que, según el PGOU, sólo se podían edificar tres viviendas, aunque al final la licencia expedida por Gregorio Guerra contempló diez casas. Sobre esa actuación, según la policía, existía además un informe del arquitecto municipal que indicaba que no se cumplía la normativa de carácter general.
Manuscritos
Los investigadores han relacionado esta promoción con los manuscritos del edil, que reflejan un supuesto pago de 48.720 euros junto a la palabra «pagado». El cobro, como en casos anteriores, se fraccionó en dos. Una parte de esa suma, concretamente 17.315, aparecía junto a la inscripción 'Toros'. Uno de los empresarios que presuntamente abonaron esa cantidad declaró al juez que colaboró con la organización de una corrida de toros.
Además de estos, la policía detectó al menos tres proyectos urbanísticos más que duplicaban la edificabilidad prevista por el PGOU. En uno de ellos se pasó de 21,97 a 47 viviendas a cambio de, presuntamente, 168.545 euros; en otro, se transformó una promoción de 31 casas en 60, lo que se vinculó al pago de 120.000 euros; y en el último se proyectaron 17 casas -de las ocho previstas por la normativa- supuestamente tras pagar 59.840 euros.
* Diario SUR - 14.07.07
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento /J.Domínguez, EFE
El juez Torres se despacha
J.Viúdez.-El País* : "No dio detalles, ni nombres, pero todo se entendió perfectamente. El instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, aseguró ayer que "no es casualidad" que Málaga sea la provincia en la se han dado los casos de corrupción más importantes de España. Los motivos: el crimen organizado se asienta en zonas que les son favorables y en las que haya gente proclive a este tipo de conducta. La benevolencia del Grupo Independiente Liberal (GIL) vino a la mente de todos. Las imágenes se sucedieron durante toda una hora. El magistrado habló ayer de la corrupción urbanística en los cursos de verano de Ronda. Prometió a sus alumnos que trataría de ser lo más didáctico posible y lo dejó todo bien claro. Le dio tiempo a reclamar más cooperación internacional e instrumentos para que los bancos aporten más información sobre los investigados, apostó por el reclutamiento de arquitectos en las investigaciones y mantuvo que hacen falta juzgados especializados en esta materia.
Dejó la timidez fuera del aula e incluso se permitió alguna que otra broma con la figura de los arrepentidos. "No existen, porque nadie se arrepiente", dijo. También se asombró porque a los alcaldes de los ayuntamientos más boyantes les dé por "poner estatuas por todos sitios".
Poco antes del mediodía, el juez concedió su primera rueda de prensa. El motivo era su ponencia y no estaba dispuesto a hablar de otra cosa. En siete minutos respondió a una decena de preguntas de forma escueta. No quiso precisar en qué momento de la instrucción se encuentra el caso Malaya, ni si prorrogará su comisión de servicio en el juzgado nº 5 de Marbella. "Sólo sé que hoy vuelvo a Marbella", dijo. A regañadientes, reconoció que el caso le había "cambiado la vida", porque no puede salir a la calle o ir a comer con su familia con total normalidad, y dijo que la sensación de que "todos los políticos roban" es más una frase hecha que una realidad.
En su charla, en la que estaba previsto que participara uno de los inspectores de Malaya -estuvo entre el auditorio pero habló-, Torres declaró la guerra a las percepciones erróneas de la corrupción. "No se suele vincular un hecho delictivo grave, como un tiroteo con víctimas ajenas o un ajuste de cuentas, a la actividad de blanqueo. Pensamos que es algo aislado, pero todas estas figuras se buscan y terminan asociándose", dijo. El magistrado destacó la importancia de la investigación patrimonial porque "ataca a la base económica" de las organizaciones y las hace desistir cuando ven que negocios, como el tráfico de drogas, no les son rentables.
El magistrado venció el pánico escénico mirando siempre a un mismo punto. Mientras hablaba apenas movía los brazos, que mantuvo apoyados en la mesa. Las mangas de su traje de chaqueta azul dejaron ver un par de pulseras de piel. A pesar de su fama, el magistrado no supera la primera mitad de la treintena.
Habló de los sentimientos contradictorios que puede generar el auge urbanístico en determinados municipios: "Para muchos ayuntamientos resulta difícil resistirse a estas inversiones y cuando las cosas van bien nadie se plantea que hay detrás". Contó que muchos pueblos pequeños ni siquiera tienen capacidad ni preparación para asumir proyectos que les doblan o triplican la población y que, con frecuencia, se confunden los intereses de los empresarios con los de la población.
Los efectos de la corrupción urbanística no tardaron en llegar. "Se cree que no afecta a nuestras vidas, pero si se construye un bloque de 15 plantas en un lugar en el que no estaba previsto puede quitarte las vistas, un parque o el espacio para un hospital (...) El empresario que paga
nunca va a perder dinero. Se podría hacer un estudio sobre el incremento de precio de la vivienda en municipios con corrupción", sugirió.
Poco a poco, fue repasando el papel de cada uno de los miembros de las tramas. "Hace falta que colaboren técnicos, abogados, gestores o asesores que crean una especie de urbanismo a la carta". Las concejalías de Urbanismo se desgajan con la creación de gerencias en las que los servicios jurídicos son externos y los informes se amañan. Los técnicos, "una figura muy difícil de condenar", son nombrados en consonancia con la administración y los cabecillas se rodean de dos tipos de abogados: "el que le defiende y el que le gestiona los fondos".
Repasó también el papel de promotor. "Estos empresarios suelen ser personas aclamadas, valoradas, socialmente reconocidas por el pueblo, que incluso reciben premios por su labor en beneficio de determinadas localidades". El peligro llega cuando "ascienden al mundo de los clubes de fútbol, donde se mezclan intereses deportivos y económicos, se codean con la política y terminan convirtiéndose en alcaldes".
El magistrado se lamentó en varias ocasiones de que la sociedad no haya reaccionado todavía ante el cobro en dinero negro o delitos contra la Hacienda Pública porque cuesta trabajo enmarcarlos como conductas corruptas. "Son percibidas dentro del ámbito administrativo, no como algo penal", añadió. Se quejó de la creencia de que delitos con una pena de dos años de prisión -como construir en una zona ilegal- no lleven a la cárcel, o que a partir de los 70 años "todo el mundo puede delinquir porque no pasa nada".
Al hablar de las investigaciones alabó la creación de equipos multidisplinares (en los que colabora la Agencia Tributaria, Fiscalía y las fuerzas de seguridad) y se quejó de que muchas figuras como la del testigo protegido, el arrepentido o el agente encubierto sólo se pongan en práctica "en el cine". También reclamó una "regulación clara" sobre las intervenciones telefónicas y los registros porque la normativa ha quedado obsoleta y muchas veces deriva en situaciones absurdas.
* ELPAIS.com - Marbella - 14/07/2007
Varapalo judicial al alcalde de Palencia por vender suelo público para vivienda libre
R.González.- ABC* : "El Ayuntamiento de Palencia ha actuado de forma ilegal al vender suelo público a constructores con destino a viviendas libres, sin ningún tipo de protección. Así se desprende de la sentencia dictada por la sala de lo contencioso - administrativo del TSJ de Castilla y León a raíz del recurso presentado por el responsable de política municipal de IU, Mariano San Martín, contra un fallo en primera instancia favorable al consistorio palentino por parte del juzgado contencioso-administrativo de Palencia. Según el fallo del alto tribunal de la Comunidad, «si se pretende la construcción de viviendas en terrenos de patrimonio municipal de suelo, éstas han de ser protegidas y no pueden ser libres, ya que la construcción de viviendas a precio libre en terrenos públicos no constituye un uso de interés social».
La sentencia del TSJ, «demoledora contra el proceder urbanístico del alcalde socialista Heliodoro Gallego», según IU, alude a la «obligación que tienen los ayuntamientos de destinar los terrenos que se integran en el patrimonio municipal del suelo a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública cuando se trate de suelo con uso residencial». Según IU, esta obligación impedirá a partir de ahora al Ayuntamiento de Palencia vender suelo público sin imponer algún tipo de protección a las viviendas que en dicho suelo se construyan.
La sentencia del alto tribunal de Castilla y León llega después de que Mariano San Martín llevara a los tribunales al Ayuntamiento de Palencia por vender dos parcelas ubicadas en el polémico sector 8, donde se ha construido el nuevo campo de fútbol. Mediante el sistema de concurso, estas parcelas fueron adjudicadas en diciembre de 2004 a la entidad Alquiler y Gestión Calle Colón SL por importe de 1,9 millones de euros cada una de ellas. Con posterioridad, esta entidad fue absorbida por la constructora burgalesa Arranz Acinas, que ha edificado en los terrenos 59 viviendas libres de cualquier tipo de protección, 23 oficinas, garajes y trasteros.
El precio cambiará
Sin embargo, y según IU, el precio de venta de estas viviendas no podrá ser el mismo tras el fallo del TSJ de Castilla y León, que deja «sin efecto la adjudicación de las parcelas» a la empresa constructora, y «obliga al Ayuntamiento de Palencia a realizar los actos necesarios para que las viviendas que se construyan sobre esas parcelas queden sujetas a algún régimen de protección pública». Es decir, en teoría, y según la interpretación que IU hace del fallo judicial, las parcelas vendidas de forma irregular «deberán volver a manos municipales para ser adjudicadas de forma correcta», según explicó ayer el abogado de la coalición, Antonio Vázquez.
A la espera de lo que suceda con estas viviendas en construcción, con sus propietarios, promotores y constructores, la sentencia del TSJ crea un importante precedente que afectará a la hora de financiarse al Ayuntamiento de Palencia. Según los cálculos de IU, en los años de Gallego al frente del consistorio palentino se han vendido casi 80.000 metros cuadrados de suelo público, buena parte de ellos destinados a la construcción de viviendas a precio libre. De la venta de estas parcelas el Ayuntamiento ha ingresado 8,4 millones.
Por otro lado, el fallo del alto tribunal de la región afectará, según IU, a la construcción de 300 viviendas libres en los terrenos del antiguo campo de fútbol, fruto de la permuta de terrenos que derivó en la construcción del nuevo estadio, precisamente en el sector 8.
Tras conocer el fallo, el coordinador provincial de IU, Vicente Fernández, pidió la dimisión inmediata del alcalde de Palencia y del concejal de Urbanismo, Alberto Combarros. «Somos conscientes de que no van a hacerlo, pero por lo menos tienen que salir a la opinión pública y pedir perdón a los palentinos por actuar de forma ilegal».
Fernández señaló que «esta sentencia tiene que remover los cimientos del Ayuntamiento, ya que es contraria a todos y cada uno de los argumentos que ha usado el alcalde para justificar la venta de patrimonio municipal». Por su parte, el denunciante, Mariano San Martín, pidió también la dimisión de Gallego «por ética política, para que deje de manchar la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos». San Martín acusó al regidor palentino de poner en práctica «políticas urbanísticas especulativas amparándose en que los Ayuntamientos asumen competencias que no les corresponden y para las que no tienen fondos».
* ABC - 12 de julio de 2007
Foto: Palencia /abc.es
Regalo envenenado
Domi del Postigo* : "No se va a derribar nada". Lo advertía el penalista Díez Ripollés en el curso `Territorio, Urbanismo y Corrupción´ de la Universidad Internacional de Andalucía, que se está celebrando esta semana en Málaga. El curso está dirigido por el profesor de la UMA Diego Vera, quien, junto al propio Ripollés y otros especialistas, ya había analizado los procesos de corrupción urbanística en el libro `Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Un estudio de la Costa del Sol´. Pero hubo que esperar judicialmente a que, después de años de complicidad en el escándalo televisado, un joven magistrado en comisión de servicio en Marbella, Miguel Ángel Torres, demostrara su honrosa vocación de tirar del hilo más fino, y casi fortuito, con la firme convicción de que se trataba del más resistente hilo de pescar, y de que tirando de él se podía cazar algún tiburón en medio de tanta ballena más blanqueada que blanca, acostumbradas a nadar sin apenas sobresaltos políticos ni judiciales en las aguas costeras.
El grado de complicidad en un sistema devenido de hechos consumados, con 30.000 construcciones ilegales `licitadas´ en 14 años sólo en Marbella, posibilitó cuatro mayorías absolutas que sostuvieron el esperpento gilista. De la misma manera que alcaldes imputados y en libertad bajo fianza, en algún caso elevada, han revalidado su alcaldía en las últimas municipales. Herencia de la victoria del sistema de hecho sobre el de Derecho.
En el curso de la UNIA el inspector jefe Fernando Vivas ha afirmado que los bancos no colaboran con la policía. En ese sentido podríamos recordar aquí la cadena de colaboradores necesarios que el entramado de la corrupción del ladrillo necesita, alguno de los cuales, abogados, notarios, jueces e, incluso, policías, están imputados en los sumarios abiertos, no sólo en el icónico Malaya.
Con todo, y después de constatar que durante demasiados años determinados estamentos de la Administración y de la Justicia no pudieron, supieron o quisieron frenarlo, al ciudadano alimentado con el ejemplo de ese vacío moral no le preocupa el delito urbanístico. Incluso saca de él conclusiones positivas a corto plazo. Mientras dure, a quienes les cae algo de lo que va dejando por el camino el febril movimiento económico producido les parece un regalo que da igual que esté envenenado.
No es de extrañar, por tanto, que en el último informe de Transparencia Internacional, y aun con la entrada de los países del Este a la UE, España haya bajado al puesto 14.
Quizá también por eso, y como ha revelado la penúltima parte del Malaya, cuyo secreto acaba de levantar para las partes el juez Torres, tan pocas personas a las que, por ejemplo, la constructora Aifos enviaba regalos (comidas, noches en su hotel de lujo Guadalpín e, incluso, jamones), se preocuparon en devolverlos. Se vive tan bien en este infierno donde arderán quienes lo hereden...
* La Opinión de Málaga - 12 JULIO 2007
Una constructora tira al vertedero los restos humanos de un cementerio de Albacete para edificar viviendas
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PD/Agencias* : "Algunos vecinos de Valdeganga (Albacete) han denunciado el vertido de restos humanos a una escombrera desde un antiguo cementerio donde una empresa constructora va a edificar nuevas viviendas. El movimiento de tierras realizado por las excavadoras ha dejado al descubierto restos óseos que no se trasladaron al nuevo cementerio hace más de 30 años. Según las denuncias presentadas, empleados de la constructora han llegado a introducir los huesos en bolsas de basura junto a otros escombros para arrojarlas después en un vertedero.
Según las declaraciones del alcalde, Fermín Gómez, los restos se volverán a enterrar en una fosa común del cementerio municipal. Esto sólo han tranquilizado a medias a los vecinos porque "puede que algún resto quede entre los escombros porque ellos (los operarios de la constructora) recogen todo lo que ven, pero algo se les puede escapar".
Los terrenos del antiguo cementerio pertenecieron al Obispado de Albacete hasta el pasado año. La anterior corporación municipal trató de adquirirlos para convertir la parcela en un parque público. Sin embargo, no pudo afrontar el pago necesario. Finalmente un constructor los compró el año pasado con la intención de construir chalés adosados.
Terreno desacralizado
La empresa, que ya tenía la licencia antes de empezar a remover el antiguo cementerio, presentó ante la juez de instrucción un documento de desacralización de dicho terreno y en el mes de abril de este año ya le habían concedido los permisos de obras para construir.
Fermín Gómez destacó que esta práctica no es tan grave puesto que "fue lo que se hizo cuando se llevó a cabo la primera monda (extracción de los restos humanos) en 1973".
Según el alcalde los camiones de la empresa constructora separarán los restos oseos "como ordeno la juez por respeto a lo que pudiera haber allí". El miercoles 11 se comenzó a llevar los huesos sueltos, que no los esqueletos enteros, a la fosa común preparada para ello.
* Periodista Digital - 13.07.07
Foto: Valdeganga (Albacete) /dipualba.es
La policía sostiene que el alcalde y un edil de Alhaurín exigían 6.000 euros de comisión por cada vivienda ilegal
J.J.Buiza/J.Cano/ SUR* : "Las supuestas comisiones tenían «precios tasados». La policía sostiene que el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande presuntamente exigían a los promotores 6.000 euros por cada vivienda en exceso o 80 euros por metro cuadrado de incremento en la edificabilidad, según un informe policial incluido en el sumario del 'caso Troya'. Los investigadores del Grupo III de la Sección de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol han elaborado un extenso dosier en el que se analiza la documentación manuscrita y en soporte informático hallada en el despacho del edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, que está imputado en la causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
En el registro de su oficina, los agentes se incautaron de un ordenador, en el que se halló un archivo informático en el que, según la policía, «queda acreditada la metodología utilizada por el alcalde y el concejal, basada sobre el cálculo del 'precio del soborno' exigido a cambio de la concesión de la licencia de obras».
El informe indica textualmente que ese 'precio' está predeterminado, con una cantidad fija, que responde al aumento de edificabilidad/número de viviendas sobre el máximo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Tasación
Para la policía, se trata de «precios tasados» que presuntamente son asignados fuera de la legalidad y sin que medie convenio urbanístico con el Ayuntamiento. Los investigadores sostienen que este baremo es de 80 euros por metro cuadrado de exceso de edificabilidad, y de 6.000 euros por cada vivienda de más.
Esa supuesta tasación es la que, según el informe, sirve al alcalde, Juan Martín Serón, y al citado concejal para el cálculo de la «comisión» exigida en cada caso, que se aplica en todas las operaciones, según el informe.
Las pesquisas de los agentes del Grupo III de Blanqueo se han centrado en una docena de personas físicas o jurídicas, en la mayoría de los casos pequeñas o medianas empresas, que dieron lugar a la detención de 19 personas en la segunda fase de la operación.
Los supuestos cohechos, en algunos casos en grado de tentativa, que la policía atribuye a estos empresarios arrojan una suma total de 742.325 euros que supuestamente habrían sido exigidos para construir fuera de la legalidad, según se desprende del sumario. No obstante, en dos casos, los agentes no han podido constatar la cantidad que presuntamente se exigió.
Los posibles sobornos a los que hace referencia el dosier de la Udyco oscilan entre los 179.840 euros que se atribuyen a un promotor por dos actuaciones urbanísticas y los 6.000 euros que se le imputan a una persona que solicitó una licencia para una caseta agrícola, aunque en realidad, según la policía, construyó una vivienda unifamiliar.
Los investigadores han establecido vínculos entre los supuestos pagos y los proyectos urbanísticos de los imputados. Así, consideran que un constructor que podía edificar 21 viviendas acabó haciendo 47, supuestamente, a cambio de la cantidad de 168.545 euros.
Suculentos beneficios
En las conclusiones del informe policial, los agentes señalan que el promotor/constructor, como mínimo duplicaba su beneficio final al ver incrementada la edificabilidad del solar en cuestión, «con lo cual el pago del soborno es asumido y aceptado como coste inherente a la construcción», según el dosier.
Así, los funcionarios califican al alcalde y al concejal de «tándem», al entender que «sería descabellado» suponer que el primero es ajeno a las actividades presuntamente delictivas del segundo. Según el informe, la sistemática analizada de cobro de cantidades para la concesión de licencias es práctica habitual y extendida.
Además, la policía sostiene que en varios supuestos las cantidades recaudadas por Guerra tenían como presunto destino una sociedad vinculada a la mujer del alcalde. Los investigadores deducen que existe una estrecha relación -personal y profesional- entre el regidor y el último de los empresarios detenidos, «llegando hasta el punto de utilizar la sociedad de este último como receptora de los posibles pagos en efectivo requeridos por el alcalde y el concejal a los constructores», dice el informe.
Se da la circunstancia de que esta sociedad forma parte de la cartera de clientes de la gestoría que regenta la esposa del regidor y, además, la mujer del citado empresario trabaja con ella en la asesoría.
Al hilo de lo que refleja el sumario, Martín Serón declaró anoche: «Rechazamos rotundamente los argumentos de la policía cuando usa la palabra comisiones, que nunca se han cobrado, porque no hemos sido intermediarios de nadie. Sí ha habido donaciones al Ayuntamiento, unas dinerarias y otras en especie, que se han materializado en obras municipales, unas realizadas y otras pendientes. Y todo eso se puede demostrar perfectamente».
* Diario SUR - 13 Jul
Foto: IMPUTADOS. El alcalde (dcha.) y el concejal de Urbanismo, a su salida de los juzgados, tras ser detenidos. /diariosur.es
Un juzgado investiga si se cometió un delito urbanístico en la plaza de España de Ferrol
L.Bustabad.- El País* : "El Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol instruye una denuncia presentada por la Fiscalía ferrolana, a instancias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por un posible delito contra la ordenación del territorio por las obras de remodelación de la plaza de España, donde la anterior corporación impulsó la construcción de un edificio de 21 metros con fines privados. La denuncia fue remitida a principios de esta semana a la Fiscalía de Ferrol por su responsable en el TSXG, Antonio Roma. Los juzgados de la ciudad ya han iniciado las diligencias previas, según confirmaron ayer a este diario fuentes de la Fiscalía. Esta denuncia deriva de una primera querella interpuesta por la Federación Vecinal Roi Xordo el pasado 15 de septiembre.
Esta entidad exponía entonces que la actuación urbanística de la plaza de España podría ser constitutiva de un delito contra la ordenación del territorio y otro de supuesta prevaricación, aunque hasta la fecha se desconoce el contenido exacto del escrito remitido por Antonio Roma.
"Creemos en un 90% que la jueza ya la ha admitido a trámite" aseguran desde Roi Xordo, "y creemos que se presenta por un posible delito contra la ordenación del territorio que probablemente lleve otro parejo de prevaricación". El propio fiscal del TSXG confirmó la presentación de la denuncia en un escueto comunicado en el que expone que una vez practicadas las diligencias propuestas, "y a la vista del contenido de las mismas", formalizará una denuncia. César Manso, miembro de Roi Xordo, asegura que en los meses previos Antonio Roma se dirigió en varias ocasiones al Ayuntamiento de Ferrol para requerir información. Entre otros documentos, el fiscal habría solicitado un informe del secretario municipal y los nombres de los ediles que votaron a favor de la adjudicación de la obra, aprobada con los votos de la coalición PP-Independientes por Ferrol.
Acusación particular
La Federación Roi Xordo, que trató ayer sin éxito de personarse como acusación particular para acceder a toda la documentación del expediente, prepara una nueva querella en los mismos términos de la primera denuncia. César Manso considera que existe "un celo excesivo con todo este asunto" que en su opinión "está rodeado de un cierto secretismo". Desde que en mayo del 2005 se adjudicó en pleno esta controvertida actuación, la federación vecinal exploró todas las vías legales contra la construcción de un edificio en la plaza. Presentó una querella ante la Fiscalía y denunció las presuntas irregularidades en la Dirección Xeral de Urbanismo.
Meses después, en febrero del 2007, la Consellería Política Territorial requirió al Ayuntamiento ferrolano la paralización de una obra que la Xunta tachó de "ilegal" y que sin embargo, el popular Juan Juncal decidió continuar hasta el final de su mandato, desoyendo las advertencias de la Xunta y amparándose en los informes favorables de los técnicos del municipio. El resultado electoral truncó el proyecto urbanístico del PP y la nueva corporación, PSdeG-IU, liderada por el socialista Vicente Irisarri, se comprometió a paralizar la construcción del inmueble y reordenar los espacios de esta céntrica plaza.
* ELPAIS.com - Ferrol - 13/07/2007
Foto: Ferrol /turismo
Madrid: comunicado de la asamblea del CSOA La Alarma
la alarma* : "Todo empezó el 6 de octubre de 2006, cuando en respuesta al desalojo de La Escoba decidimos okupar para continuar con el proyecto: decidimos mudarnos a un espacio mejor, el cual llevaba vacío entre 8 y 13 años, propiedad de la promotora Avantis. Caminando hacia la revolución interior, hacia la revolucion social.....
Para nosotr@s, okupar y construir un centro social es crear una sede física de la disidencia política, opuesta frontalmente al siniestro sistema establecido, intentando construir colectivamente nuevas formas de relacionarnos y de organizarnos, tratando de desmontar los esquemas que se nos han inculcado desde nuestro nacimiento. Consideramos que un espacio liberado como este es de la gente que lo está viviendo, y no de la que lo compra y lo vende.
Durante estos 10 meses hemos llenado el espacio de vida: Asambleas, jornadas, proyectos, conciertos, comedores, charlas, espectáculos, colectivos que se han ido sumando, la Universidad Popular....
Lo hemos hecho en una ciudad escaparate, donde en una misma calle conviven terrazas de ocio elitistas con personas viviendo en la calle ( o malviviendo ), donde no hay espacios que cubran las necesidades sociales, políticas y económicas de sus habitantes. Hay muchísimas casas vacías, y se sigue construyendo para beneficio de un@s poc@s.
Nuestro objetivo ha sido ( y seguirá siendo ) romper el escaparate. Hemos conseguido hacer una pequeña grieta, una grieta en la que han cabido la reflexión y la acción colectiva.
Esta orden de desalojo es una más dentro de la campaña represiva que vivimos en Madrid durante estos últimos meses, con el desalojo del KBO, la Ramona, La Facultad Okupada y Autogestionada, Navalquejigo, el Milano, la Perrera y varias viviendas okupadas.
Hacemos un llamamiento a la solidaridad activa y a la defensa de los espacios liberados. Frente a la represión contra la okupación, actúa ya.
Ven a defender La Alarma, habrá permanencias por la noche, actividades y mucho curro.
....Conspirar es respirar en colectivo, y no tenemos intención de dejar de respirar....
* http://alarma.ourproject.org
* OtroMadrid - 12 de Julio 2007
Foto: A dar Caña
A beneficio de los señores del ladrillo
Víctor Gijón* : "A beneficio de los huérfanos…”, cantaba, irónico, Moncho Alpuente en los años 60-70. A beneficio de los señores del ladrillo, podríamos cantar los santanderinos ante lo que se nos vienen encima con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Colegio de Arquitectos de Cantabria ha puesto el dedo en la llaga: el PGOU que el alcalde Iñigo de la Serna ha recibido como herencia envenenada de su antecesor en el cargo, Gonzalo Piñeiro, reproduce y multiplica el desastre de urbanismo desarrollado en Valdenoja y la S-20. El nuevo PGOU, todavía pendiente de modificaciones, pretende colmatar el poco suelo urbano que queda en Santander mediante actuaciones inmobiliarias con el único fin de hacer aún más ricos a determinados promotores y constructores.
En esa operación de venta del Santander de todos a unos pocos, en detrimento de dotaciones sociales, suelo industrial y servicios, estarían implicados ex autoridades, importantes empresarios de la construcción y accionistas de referencia de un medio de comunicación. Pero, ¿está De la Serna, el nuevo alcalde, entre los implicados? Parece que no y, además tiene en su mano demostrar su distanciamiento de políticas especulativas.
La primera autoridad municipal dispone de los instrumentos legales precisos para que, cuando el proyecto de PGOU salga de nuevo a información pública, tal como ha prometido, no lo conozca ni la madre que lo parió, en este caso sus padres: Piñeiro y Víctor Gil, ex concejal responsable de Urbanismo. Y podría comenzar el alcalde por cejar en su empeño de enfrentar suelo para viviendas sociales y suelo para instalar industrias. Hay sitio para hacer frente a las dos necesidades si se diseña bien y se limita el asalto al territorio capitalino por parte de promotores y constructores.
En los últimos 12 años el PP no construyó ni una sola vivienda protegida en Santander, lo cual confiere casi nula credibilidad a sus promesas de presente. Si, en cambio, se levantaron miles de pisos de precio libre, sin reservas de espacio para dotaciones sociales y servicios, con malos accesos, y una nula visión de las más elementales normas del urbanismo moderno.
Miles de nuevas residencias que no respondían a un crecimiento ordenado y previsor de la ciudad, que a pesar de contar con un parque de viviendas multiplicado por dos sigue perdiendo población. Y ello porque se trataba de inversiones en ladrillo. Ahorro colocado en la construcción porque rentaba más en el mercado inmobiliario que en Bolsa o a plazo fijo en los bancos. Perseverar en ese modelo, cerrar el paso a la instalación de nuevas industrias, dificultando incluso la actividad de las ya existentes en la ciudad, como acaba de denunciar la CEOE, llevaría a Santander a un futuro de camareros y jubilados.
Y sin menospreciar a unos y a otros, ya me dirán que ciudad nos espera si se cumplen los sueños --de ellos, que son unos pocos, pero una pesadilla para los más-- de Piñeiro, Gil y un exclusivo club de promotores-constructores.
* Diariocrítico /Agencias - 11-07-2007
La nueva ley del suelo despierta pesimismo entre los expertos
Levante/Castelló* : "José Díaz Delgado, magistrado de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, manifestó ayer su pesimismo con respecto a la nueva Ley de Suelo estatal ya que «se le ha quitado contenido», y «se llegará a un punto en el que todo el suelo está en el mercado». De esta manera, la nueva ley «introduce el suelo rural en el mercado», permitiendo que se construya «en todos los sitios». Díaz Delgado explicó que «los que están haciendo la ciudad son los particulares, que compran los terrenos», e incidió en el hecho de que «el único que tiene derecho a quedarse con la plusvalía es la comunidad, no el urbanizador». Por último, destacó que actualmente, con la nueva situación urbanística «más que un desarrollo sostenible estamos con una necesidad de seguir el desarrollo».
El magistrado realizó estas declaraciones en la jornada de inauguración del curso de verano Nuevos retos en el urbanismo del siglo XXI , organizado por la Universitat Jaume I y el Colegio Oficial de Arquitectos de Castelló, que también contó con la presencia otros dos ponentes de reconocido prestigio como Luciano Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y Ricardo García Macho, catedrático de derecho administrativo de la UJI.
Por otro lado el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid en su intervención hizo referencia al «distanciamiento brutal del modelo europeo» que se ha producido en España, y que «hemos importado un modelo de ocupación dispersa sobre el territorio, mientras que aquí siempre habíamos tenido el modelo mediterráneo, en el que primaba la eficiencia del territorio» . Dentro de esta situación, la nueva ley de suelo supone una «operación de resintonización» , una «vuelta a nuestro modelo cultural de relacionarnos con el territorio» .
Ricardo García Macho, por su parte, declaró en su conferencia que esta nueva ley «pretende hacer una regulación del urbanismo, de manera que por primera vez se ponga como motor del urbanismo el bienestar del ciudadano».
* Levante-EMV - 10 de julio de 2007
Denuncian el urbanismo incontrolado en los Espacios Naturales protegidos extremeños
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Extremadura al Dia* : "Ecologistas en Acción de Extremadura ha mostrado hoy su preocupación por la proliferación de construcciones ilegales en los Espacios Naturales extremeños y se ha interesado particularmente por las medidas que se están tomando ante el incremento de ''construcciones ilegales'' en el ZIR Llanos de Cáceres y el ZIR Embalse de Orellana y Sierra de Pela. La organización ecologista pide ''medidas efectivas'' contra estas edificaciones ''ilegales'' a las diferentes administraciones públicas implicadas, así como la reparación del daño ambiental causado.
Ecologistas en Acción de Extremadura, en un comunicado recuerda que desde el ámbito del ecologismo extremeño, se lleva ya bastante tiempo denunciando infracciones contra la ordenación del territorio.
Al respecto, afirma que la problemática de las construcciones ilegales es ''particularmente grave'' en las Zonas de Interés Regional (ZIR), como el de los Llanos de Cáceres y el del Embalse de Orellana y Sierra de Pela, donde se está llevando un ritmo de construcción ''desaforado'', ante la perspectiva de la aprobación de los Planes Rectores de Uso y Gestión, (PRUG) que en realidad, señalan, ''no suponen un gran cambio en la responsabilidad legal pero determinados sectores sociales han extendido un rumor infundado de que sería así''.
Apuntan los ecologistas que el delito contra la Ordenación del Territorio, viene recogido en el artículo 319 de la Ley Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre, del Código Penal, ''quedando perfectamente claro que es un delito el construir, sin las autorizaciones pertinentes, en los espacios que cuenten con algún grado de protección; pudiendo ser denunciados, tanto el promotor, como el constructor o los directores técnicos de las obras, reciente jurisprudencia ha aclarado el carácter de promotor del propietario de viviendas de autopromoción''.
Desde Ecologistas en Acción de Extremadura piden a los responsables de los organismos con competencias sobre la materia en Extremadura, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia Extremeña de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio y Ayuntamientos; más rigor en el cumplimiento de la normativa legal, que se aplique la ley a todos por igual y que se acabe de una vez por todas con las construcciones ilegales en Extremadura, recuerdan además las responsabilidades penales en que pueden incurrir los políticos o funcionarios que permitan estas infracciones urbanísticas.
Desde Ecologistas en Acción de Extremadura critican que los expedientes de la Junta de Extremadura tras las denuncias de Agentes de Medio Ambiente y del SEPRONA acaben con ''multas ridículas'', que no solucionan el problema.
Los ecologistas piden que se aclare si son ciertas las continuas denuncias que están recibiendo, de que desde cargos políticos de la Junta se dan ordenes expresas sobre qué denuncias se tramitarán y cuáles no, cuales serán tipificadas como graves y cuales leves; cuando todas las que se produzcan en espacios protegidos deberían ser tramitadas como delito ante los tribunales de justicia, ''y no como una simple infracción administrativa''.
La finalidad que temen pueda subyacer es que no salten a la actualidad casos de corrupción ligados a ediles, personajes públicos, o cargos relevantes de partidos políticos.
Ecologistas en Acción de Extremadura explican que el pasado mes de junio, enviaron una petición de información a la Dirección General de Medio Ambiente, sobre el estado de la tramitación de las denuncias formuladas, en los casos de construcciones ilegales dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, interesándose particularmente, por los casos del ZIR Llanos de Cáceres y el ZIR Embalse de Orellana y Sierra de Pela. Señalan que han solicitado explicaciones de por qué no se remiten estos expedientes sancionadores a los tribunales de justicia.
Desde esta asociación, se propone que todas las denuncias por posibles ilícitos penales, sean remitidas directamente a los juzgados correspondientes por los agentes denunciantes y que la fiscalía se interese activamente en los mismos.
Además creen que deben aumentarse los efectivos del Seprona y reconocerse, para el caso de los Agentes de Medio Ambiente, su condición de Policía Judicial Genérica, establecida en la Ley 10/2006 de Montes , ''para que puedan investigar adecuada y convenientemente los ilícitos penales sobre Medio Ambiente y/o Urbanismo, a la vez que se elaboren protocolos profesionales de actuación, para que sea eficaz el servicio prestado por este cuerpo''.
Además consideran que no tiene sentido una simple sanción económica (en muchos casos más barata que la licencia de obras) de una construcción que ''de ningún modo'' puede autorizarse y la misma debe venir acompañada, en estos casos más graves que afectan a espacios protegidos y no respetan la normativa más esencial con la reparación del daño causado, mediante la demolición de la obra ilegal, que realmente será una medida disuasoria eficaz y evitaría que quienes más dinero tienen y pueden permitirse el pago de esta sanción perjudiquen el patrimonio ambiental de todos.
* Extremadura al Día - 11 jul 2007
Foto: chalet construido ilegalmente en ZIR embalse de Orellana /Ecologistas en Acción
Expertos y políticos apuestan por cambiar el urbanismo valenciano
A.Fenollar.- Levante* : "Diferentes personalidades de ámbitos en ocasiones divergentes, desde el ex conseller Esteban González Pons hasta Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia, defienden de forma unánime la necesidad de adoptar un nuevo modelo urbanístico valenciano en la publicación Nexe. La revista de debates, editada por la Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, dedica su cuarto número a difundir las opiniones de un grupo de expertos sobre el futuro del territorio. Cada uno de ellos propone en sus artículos una solución propia.
El director de Nexe , Josep Vicent Boira, extraía ayer para la prensa tres conclusiones del total de los textos incluidos en el último número, dedicado al futuro del territorio: « todos están de acuerdo en la necesidad de cambiar el actual modelo de urbanismo, en reivindicar el paisaje como hecho diferencial valenciano y, por último, en la conveniencia de una planificación supramunicipal para acercarse a otra de escala regional o metropolitana ».
Otro punto de encuentro entre los articulistas es el imperativo de que el nuevo modelo surja del consenso entre todos los sectores implicados y no desde la imposición parcial, idea que comparte el director: « la solución no es una moratoria urbanística, sino una especie de conferencia de Estado a escala valenciana para definir entre todos las bases de una nueva fórmula », por ello, añadió, « continuamos pensando que las plataformas de debate como esta revista son muy importantes ».
Vicent Boira ponía de manifiesto la variedad de voces que protagonizan el contenido del último número de Nexe : « es una revista caracterizada por la pluralidad, moderación y vocación de servicio », de ahí que los participantes sean « tanto de izquierdas como de derechas, provenientes del mundo académico o del sector empresarial ». Elies Seguí, secretario de redacción de la publicación, de carácter semestral, insitió en la naturaleza plural de la misma: « el urbanismo es un tema polémico, sujeto a muchos puntos de vista, por ello la importancia de contar también con la opinión de promotores y empresarios ».
Entre los autores invitados figuran además Francisco Muria, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante, Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, y Maria Josep Picó, especialista en periodismo ambiental y directora de la revista Nat . A lo largo de sus artículos se formulan demandas como la protección del medio ambiente o la disminución del precio de la vivienda .
« El respaldo de todos los colaboradores fue rápido, directo y eficaz », señaló el secretario de redacción, éxito del que responsabilizó al consejo de redacción de Nexe .
* Levante-EMV - 12 de julio de 2007
El alcalde y el edil imputados en Alhaurín fijaron una "tasa de soborno" a promotores
D.Narváez.- El País* : "El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, llegaron a fijar una "tasa de soborno" para permitir a determinados promotores de la ciudad construir con mayor edificabilidad de la estipulada en la normativa municipal: 80 euros por cada metro cuadrado autorizado de más y 6.000 euros por cada vivienda extra eran el baremo para las dádivas, según consta en un informe policial en el que se concluye que ambos tejieron una red de corrupción "generalizada" y "prolongada en el tiempo en el municipio malagueño. Martín Serón y Guerra, ambos del PP, están imputados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
También están encausados 19 promotores, el asesor jurídico y el arquitecto municipal, que con sus informes técnicos favorables a los incrementos de los aprovechamientos urbanísticos, colaboraron en la red, y el propietario de una empresa constructora con el que el alcalde mantiene una estrecha relación y que era la encargada de cobrar los cohechos, siempre en efectivo y nunca a cambio de factura, todo lo más un recibí.
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales (Udyco) de la Costa del Sol, existen datos contundentes y objetivos que "acreditan, sin ambages, la existencia generalizada, extendida y prolongada en el tiempo, de una situación de evidente corrupción vinculada al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, instalada en práctica habitual de la gestión urbanística llevada a cabo por el tándem formado por el alcalde y su concejal de Urbanismo".
En los registros practicados en el despacho de Gregorio Guerra, la policía intervino un documento manuscritos y un archivo informático, en los que se relacionan una serie de promociones urbanísticas con datos de la superficie del suelo, el índice de edificabilidad aplicable según la normativa municipal, el número de viviendas correspondiente y los finalmente autorizados. Todos ellos con una cantidad de dinero, la inscripción pagado, pagado todo o pendiente y el nombre de una persona o entidad. En el primero de la lista, figuran dos proporciones: 80 euros/metro cuadrado de techo y 6.000 euros/1 vivienda.
Del análisis de todos los proyectos relacionados y su cotejo con los expedientes urbanísticos correspondientes, la policía ha podido concluir que dichas cantidades eran la "tasa del soborno" que el alcalde y el concejal de Urbanismo habían fijado y aplicaban en todos los casos. Y así concuerdan en 14 expedientes analizados por los agentes, en los que se pudieron exigir comisiones por un total no inferior a 700.000 euros, cantidades según la policía no se justifican porque no tienen correspondencia con las tarifas de las licencias de obras.
Un primer ejemplo es el de Juan Burgos, el promotor por cuya denuncia se inició la investigación en noviembre de 2006, y que fue autorizado a construir 14 viviendas en un solar donde la normativa sólo posibilitaba 4,5 y a quien el concejal de Urbanismo pidió a cambio 122.600 euros. El incremento permitido fue de 820 metros cuadrados de techo edificado, que multiplicado por 80 euros suma 65.600 euros, y 9,5 viviendas de más que a razón de 6.000 euros por cada una hacen 57.000 euros. En total, los 122.600 euros exigidos que el concejal de Urbanismo pidió que fueran entregados a Conextram, la empresa de Manuel Márquez, amigo del alcalde que llegó a figurar como suplente en la candidatura municipal del PP y cuya mujer trabaja en la gestoría que dirige la esposa de Martín Serón.
Este mismo cálculo coincide en el resto de proyectos analizados por la policía. En todos ellos aparece además el nombre de la empresa a la que debía abonarse el dinero pedido por el incremento de aprovechamiento. En varios supuestos, según la policía, las cantidades recaudadas tenían como destino una sociedad "vinculada a la mujer del alcalde". Teresa Santos dirige una gestoría que recientemente ha sido registrada por la policía. Cuando Martín Serón fue detenido el 18 de enero, la policía encontró en su vivienda 64.780 euros en efectivo, dinero que el alcalde alegó que era provisión de fondos de empresas clientes de la gestoría de su esposa para la liquidación de impuestos. Un informe policial posterior determinó que la procedencia del dinero no estaba justificada, motivo por el que el juez denegó la devolución del mismo en resolución adoptada el 29 de enero.
Martín Serón y Gregorio Guerra fueron detenidos la tarde del 18 de enero pasado cuando salían de un almuerzo-mitin en Marbella con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy. Aquella misma mañana, el denunciante, que en la causa figura como testigo, se entrevistó con Gregorio Guerra en el despacho de éste. La conversación fue grabada por la policía con autorización judicial. En ella, el concejal de Urbanismo admitió que le habían concedido una licencia "ilegal" y como Burgos se negó a pagar, le dijo que la iba a parar la obra y hacer una revisión de licencia.
La policía sostiene que hay "evidencias concluyentes sobre la existencia de una situación continuada que ha creado en Alhaurín el Grande una realidad de favorecimiento mercantil por medio de resoluciones municipales en detrimento del propio interés público, a promotores, constructores e inversores que con ánimo de lucro y a cambio de dádivas podían vulnerar la normativa urbanística".
* ELPAIS.com - 12/07/2007
Foto: Alhaurín el Grande (Málaga) /iupizarra.org
Activistas de Greenpeace desembarcan en el hotel de El Algarrobico para exigir su demolición
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A las 6.30 de la mañana una treintena de activistas, acompañados por el buque Rainbow Warrior de la organización ecologista Greenpeace*, han comenzado una acción de protesta en el hotel que la empresa Azata del Sol continúa construyendo en la playa de El Algarrobico (Carboneras), a pesar de que el Juzgado nº2 de lo contencioso-administrativo de Almería decretó la paralización cautelar de las obras en febrero de 2006. Los activistas han comenzado a pintar en toda la fachada del hotel el mensaje “HOTEL ILEGAL”. La pintada gigante, con letras de tres pisos de altura, ocupa una superficie de 1.200 metros cuadrados e incluye ventanas y balcones. Mientras, el Rainbow Warrior permanece fondeado frente a la playa de El Algarrobico y varias lanchas de Greenpeace han recorrido las aguas de este tramo de costa protegida portando pancartas con el mensaje “HOTEL ILEGAL. DEMOLICIÓN” y “RECUPEREMOS EL MEDITERRÁNEO”.
Greenpeace viene denunciando la falta de acuerdo entre las administraciones central y autonómica para acabar con este símbolo de la destrucción de las costas mediterráneas como una de las principales causas de que el hotel ilegal no haya sido demolido todavía. La construcción del hotel se encuentra en estos momentos terminada en su exterior y a falta de unos pocos detalles en el interior.
“Han pasado dos años desde nuestra primera denuncia. A pesar de los compromisos
expresados tanto por la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, asegurando que el hotel se demolería, las obras han seguido adelante este tiempo y nada hace pensar que el hotel vaya a desaparecer de esta playa” ha declarado María José Caballero, responsable de la Campaña de Océanos de Greenpeace desde la playa del Algarrobico.
Greenpeace considera culpables a todas las administraciones implicadas. La falta de coordinación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente ha sido clave para permitir que el hotel permanezca en pie. A pesar de haber una confluencia de competencias, estas dos administraciones no han trabajado conjuntamente y el resultado ha sido un perjuicio claro tanto para el medio ambiente como para los ciudadanos.
A día de hoy, el Ministerio de Medio Ambiente sigue adelante con el dilatado proceso de expropiación de los terrenos ocupados ilegalmente por el hotel y sin llegar a un acuerdo con la empresa constructora, Azata, que, además, se ha embarcado en numerosas causas judiciales para dilatar el asunto y poder pedir mayores reclamaciones.
“Cada vez que uno mira este macrohotel se da cuenta de que las administraciones ambientales no están demostrando a los ciudadanos que se toman en serio su trabajo. Ha llegado el momento de pasar a la acción” añadió Caballero.
* Greenpeace - 12 julio 2007
Foto: El Rainbow Warrior frente al macrohotel Algarrobico. /A.RODRÍGUEZ / EFE
