17 detenidos en El Puerto por construir ilegalmente en cañadas

E.M.Cañas/EuropaSur* : "La Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma ha detenido a 17 personas en El Puerto de Santa María por haber construido ilegalmente sus viviendas ocupando parte de una vía pecuaria. Están imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio en una operación policial que se ha desarrollado a lo largo de esta semana. Los detenidos ya se encuentran en libertad pero con cargos en una causa que está siendo instruida por el Juzgado número 3 de El Puerto. Tras declarar ante el juez, los 17 detenidos, todos propietarios de viviendas ilegales, están imputados en calidad de promotores de las obras. Desde la Policía Autonómica se informó ayer de que la operación no está cerrada.

Las detenciones han sido el resultado de la primera fase de una investigación que proseguirá en próximas semanas con el fin de localizar a todos los implicados con estas construcciones que han usurpado suelo público. El delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal, establece que los responsables son, además de los promotores, los constructores y los técnicos directores que ejecuten unas obras no autorizadas en suelos que son bienes de dominio público (como son las vías pecuarias). Por ello, no se descartan que en próximos días haya nuevas detenciones de "promotores, constructores o arquitectos técnicos", según se indica en el comunicado remitido por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Todos los detenidos tienen sus viviendas junto a dos de las cañadas más importantes del término municipal de El Puerto. Nueve tienen su parcela ocupando parte de la vía pecuaria de Villarana y ocho en la del Verdugo. Todas las viviendas forman parte de alguno de los numerosos diseminados ilegales que tiene el municipio. Los inmuebles investigados están actualmente en construcción o bien tienen menos de cuatro año de antigüedad. La prescripción del delito contra la ordenación del territorio está fijada en este periodo de tiempo.

En el Juzgado número 3 de El Puerto se instruyen dos denuncias sobre ocupación ilegal de cañadas La primera de ellas procede de la Delegación Provincial de Obras Públicas, que advirtió de la usurpación de parte de la caña del Verdugo por parte de parcelaciones y viviendas ilegales. La segunda es resultado de la macrodenuncia que en octubre del pasado año presentó el colectivo Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Cádiz. Fruto de ella, el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, emitió un decreto el pasado 16 de enero donde dividía la gran denuncia ecologista en siete causas y las remitía al juzgado portuense. Una de ellas se refería a la ocupación de las cañadas. En ella, el fiscal solicitaba no sólo una investigación por un posible delito contra la ordenación del territorio sino también la búsqueda de "los responsables municipales a fin de esclarecer las conductas delictivas que pudieran haber tenido lugar" ante una supuesta pasividad de acción.

Desde la Policía Autonómica se está investigando también la posibilidad de que haya certificados de obra falsos con el fin de simular la antigüedad de un inmueble. No sería la primera vez que este fenómeno se detectara en El Puerto como intento fraudulento para legalizar viviendas y que consiste en que un profesional del sector (generalmente un arquitecto técnico) declare ante Notario una antigüedad mayor del inmueble de la real. Incluso, se han detectado casos en los que la construcción apenas se asemejaba a lo descrito notarialmente. De hecho esto fue lo que provocó que en Chiclana hayan sido detenidas más de una veintena de personas en las últimas semanas al descubrirse certificaciones de viviendas ilegales falsas.

Tal y como establece la Ley Autonómica de Vías Pecuarias, las cañadas deben tener una anchura mínima de 75,22 metros. En algunos tramos de las cañadas del Verdugo y de Villarana la distancia no ha sido respetada por las parcelaciones. Por regla general, los propietarios alegan que la vía en cuestión no está deslindada, por lo que la ocupación ilegal se realiza sin conocimiento de que es suelo público. En este caso, en ninguna de las dos vías pecuarias se ha concluido el procedimiento administrativo de deslinde. Los imputados podrían hacer frente a penas que oscilarían entre lo seis meses y tres años de prisión así como a una multa de 12 a 24 meses, además de la inhabilitación especial para profesión u oficio entre seis meses y tres años.






* Europa Sur - 15 de Julio de 2007
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) /juntadeandalucia.es