La policía sostiene que el alcalde y un edil de Alhaurín exigían 6.000 euros de comisión por cada vivienda ilegal

J.J.Buiza/J.Cano/ SUR* : "Las supuestas comisiones tenían «precios tasados». La policía sostiene que el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande presuntamente exigían a los promotores 6.000 euros por cada vivienda en exceso o 80 euros por metro cuadrado de incremento en la edificabilidad, según un informe policial incluido en el sumario del 'caso Troya'. Los investigadores del Grupo III de la Sección de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol han elaborado un extenso dosier en el que se analiza la documentación manuscrita y en soporte informático hallada en el despacho del edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, que está imputado en la causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.


En el registro de su oficina, los agentes se incautaron de un ordenador, en el que se halló un archivo informático en el que, según la policía, «queda acreditada la metodología utilizada por el alcalde y el concejal, basada sobre el cálculo del 'precio del soborno' exigido a cambio de la concesión de la licencia de obras».

El informe indica textualmente que ese 'precio' está predeterminado, con una cantidad fija, que responde al aumento de edificabilidad/número de viviendas sobre el máximo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tasación

Para la policía, se trata de «precios tasados» que presuntamente son asignados fuera de la legalidad y sin que medie convenio urbanístico con el Ayuntamiento. Los investigadores sostienen que este baremo es de 80 euros por metro cuadrado de exceso de edificabilidad, y de 6.000 euros por cada vivienda de más.

Esa supuesta tasación es la que, según el informe, sirve al alcalde, Juan Martín Serón, y al citado concejal para el cálculo de la «comisión» exigida en cada caso, que se aplica en todas las operaciones, según el informe.

Las pesquisas de los agentes del Grupo III de Blanqueo se han centrado en una docena de personas físicas o jurídicas, en la mayoría de los casos pequeñas o medianas empresas, que dieron lugar a la detención de 19 personas en la segunda fase de la operación.

Los supuestos cohechos, en algunos casos en grado de tentativa, que la policía atribuye a estos empresarios arrojan una suma total de 742.325 euros que supuestamente habrían sido exigidos para construir fuera de la legalidad, según se desprende del sumario. No obstante, en dos casos, los agentes no han podido constatar la cantidad que presuntamente se exigió.

Los posibles sobornos a los que hace referencia el dosier de la Udyco oscilan entre los 179.840 euros que se atribuyen a un promotor por dos actuaciones urbanísticas y los 6.000 euros que se le imputan a una persona que solicitó una licencia para una caseta agrícola, aunque en realidad, según la policía, construyó una vivienda unifamiliar.

Los investigadores han establecido vínculos entre los supuestos pagos y los proyectos urbanísticos de los imputados. Así, consideran que un constructor que podía edificar 21 viviendas acabó haciendo 47, supuestamente, a cambio de la cantidad de 168.545 euros.

Suculentos beneficios

En las conclusiones del informe policial, los agentes señalan que el promotor/constructor, como mínimo duplicaba su beneficio final al ver incrementada la edificabilidad del solar en cuestión, «con lo cual el pago del soborno es asumido y aceptado como coste inherente a la construcción», según el dosier.

Así, los funcionarios califican al alcalde y al concejal de «tándem», al entender que «sería descabellado» suponer que el primero es ajeno a las actividades presuntamente delictivas del segundo. Según el informe, la sistemática analizada de cobro de cantidades para la concesión de licencias es práctica habitual y extendida.

Además, la policía sostiene que en varios supuestos las cantidades recaudadas por Guerra tenían como presunto destino una sociedad vinculada a la mujer del alcalde. Los investigadores deducen que existe una estrecha relación -personal y profesional- entre el regidor y el último de los empresarios detenidos, «llegando hasta el punto de utilizar la sociedad de este último como receptora de los posibles pagos en efectivo requeridos por el alcalde y el concejal a los constructores», dice el informe.

Se da la circunstancia de que esta sociedad forma parte de la cartera de clientes de la gestoría que regenta la esposa del regidor y, además, la mujer del citado empresario trabaja con ella en la asesoría.

Al hilo de lo que refleja el sumario, Martín Serón declaró anoche: «Rechazamos rotundamente los argumentos de la policía cuando usa la palabra comisiones, que nunca se han cobrado, porque no hemos sido intermediarios de nadie. Sí ha habido donaciones al Ayuntamiento, unas dinerarias y otras en especie, que se han materializado en obras municipales, unas realizadas y otras pendientes. Y todo eso se puede demostrar perfectamente».





* Diario SUR - 13 Jul
Foto: IMPUTADOS. El alcalde (dcha.) y el concejal de Urbanismo, a su salida de los juzgados, tras ser detenidos. /diariosur.es