La caída de precios hace la vivienda más accesible, pero no para los jóvenes

LAVANGUARDIA* : La bajada del precio de la vivienda, de cerca de un 18% desde los máximos que alcanzó en el año 2007, no ha beneficiado a los jóvenes que desean emanciparse. Según los datos del Observatorio Joven de la Vivienda en España, aunque ahora la cuota de la hipoteca consume sólo el 36% del sueldo del hogar cuando está formado por dos personas que trabajan (y es un porcentaje muy similar al 34% que ya supone pagar un alquiler), la necesidad de aportar el 30% del importe de la vivienda como entrada impide comprar a los jóvenes. “La entrada impide la adquisición de una vivienda, libre o protegida, incluso demostrando una regularidad de ingresos corrientes con los que asumir el pago mensual de las cuotas”, señala el estudio, que recuerda que ahora la entrada media equivale al salario de 2,5 años de una pareja… y que no hay vías alternativas al ahorro previo para financiarla. La entrada debe cubrir el 20% del precio de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10% de gastos asociados a la compra.

Para una pareja joven (cuyos miembros tengan menos de 34 años), el precio de una vivienda asumible es de unos 153.000 euros y deben aportar de entrada, por tanto, más de 55.000 euros. “Antes, en contextos de bonanza económica, la red de apoyo intergeneracional permitió a menudo que los familiares más cercanos sufragaran total o parcialmente la entrada. Bajo la forma de donación directa o créditos más o menos informales. En periodos de recesión y disparo del ahorro, estos flujos monetarios son más restrictivos”, señala el estudio.

Los bancos, por su parte, que antes estaban más abiertos a financiar más del 80% del valor de tasación de la vivienda, son “cada vez más exigentes, debido a su estrategia de asegurar al máximo la viabilidad de sus operaciones”. Y en esa prudencia tiene un impacto tremendamente negativo la precariedad laboral de los jóvenes: el 37,4% de los menores de 34 años que hoy trabajan tiene un contrato temporal, frente al 16,4% de los que superan esa edad.

El estudio recuerda que la principal barrera para la emancipación de los jóvenes es ahora mismo el empleo, cuando antes de la crisis, por el contrario, era la carestía de la vivienda.Y es que ahora trabaja sólo el 57,4% de los menores de 34 años, cuando hace dos años estaban empleados más del 70% de ellos. No sólo se ha disparado el número de jóvenes en paro (ya son 2,2 millones, el 26,3% del total), sino que otros 40.000 que hace un año trabajaban ahora, tras perder el empleo, han reemprendido los estudios.

Así, señala el Observatorio Joven de la Vivienda, por primera vez desde que se elabora el estudio ha caído la tasa de emancipación, es decir el porcentaje de jóvenes que han dejado de vivir en casa de sus padres, y ha pasado de casi el 47% que se alcanzó antes de la crisis al 45,8%. Ahora hay 264.000 jóvenes más que hace un año viviendo en casa de sus padres, un fenómeno que ha afectado sobre todo a los nacidos en los años ochenta: casi un 10% de los jóvenes de entre 22 y 30 años ha vuelto con su familia. El estudio señala que además de las multiplicaciones de “trayectorias residenciales truncadas” por la crisis, en la reducción del número de jóvenes emancipados ha influido también la emigración de algunos fuera del país, generalmente en busca de empleo.



* La Vanguardia - 7.02.11
Foto: Vivienda Digna, pancarta (archivo)- tener una casa es un derecho

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Italia limita el uso del coche y en España se minimiza el problema

ELPAÍS* : La concejal de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, lleva días restando importancia al problema de la contaminación de la capital: "El paro asfixia más", aseguró el miércoles. Ayer se ratificó y añadió que las propuestas para cerrar al tráfico la capital son "innecesarias" y supondrían "un gran impacto económico". El problema no existe. La alarma es exagerada. Su homólogo en Roma, Marco Visconti, sí reconoce que los niveles de contaminación son excesivos. De ahí que ayer, por cuarto día consecutivo, ordenara prohibir el paso a los vehículos más contaminantes. El mismo anticiclón afecta a España y a Italia, pero la respuesta en cada país es muy diferente. Más allá de si en Roma ha servido de algo la prohibición -en el centro nadie controlaba y el volumen de coches era más alto que un día normal, seguramente por la huelga de metro y autobús-, lo cierto es que junto con Milán, Turín y Nápoles, la capital italiana ha tomado medidas urgentes contra la contaminación. El peor problema de Roma estos días son las partículas en suspensión -no tanto el dióxido de nitrógeno que azota Madrid-.

Ayer todas las estaciones de la red romana superaron los niveles máximos de partículas. En dos estaciones se alcanzaron los 98 microgramos por metro cúbico, cuando el límite está en 50. Madrid registró el pasado viernes 57 microgramos de partículas de media en su red, por encima de los 50 microgramos a partir de los cuales Roma considera tomar medidas.

En Italia, la peor situación se vive en Milán, que se encuentra fuera de la normativa europea, con casi 200 microgramos de polvo en suspensión por metro cúbico, y ha agotado ya, desde el 1 de enero, los 35 días de exceso anual que permite la directiva europea.

Milán y su provincia, según comenta el profesor de la Universidad Bocconi Edoardo Croci, ex concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, "se encuentran en este momento desbordadas" por la contaminación. Tras prohibir durante dos domingos seguidos el tráfico rodado en la ciudad, sin resultados apreciables, la asamblea de alcaldes de la provincia italiana suprimió ayer esa medida. Croci ve paralelismos entre la situación de Madrid y la de Milán. "En Milán el dióxido de nitrógeno lleva varios días en niveles muy elevados. Desde el día 6 al 10 de este mes, cuatro de las ocho estaciones de la ciudad han registrado cifras superiores a los 200 microgramos, que es el nivel que indica que hay que poner en marcha medidas de prevención". Ayer, la cifra más alta fue de 339 microgramos por metro cúbico, no lejos de los 400 que la UE considera de riesgo para la salud. Madrid ha llegado a tener estos días siete estaciones que marcaban más de 200 microgramos a la vez y el pasado domingo a las 22.00, la estación de Ramón y Cajal llegó a medir 395.

El ensayo/error preside la gestión de la emergencia. Los alcaldes improvisan restricciones al tráfico a los vehículos más contaminantes, pero pocos ciudadanos parecen conocer o cumplir las ordenanzas. Los alcaldes milaneses decidieron ayer no introducir las matrículas alternas hasta que la vecina Brescia, que ya prueba el sistema, compruebe si funciona.

Las medidas serán más o menos efectivas, pero existen. En Nápoles, se limitó el tráfico ayer y hoy entre las 7.30 y las 17.30, pero no se publicitó y quizá por eso ayer no se notó. Nápoles ha decidido también vetar a partir de hoy la circulación de los coches y las motos más contaminantes. Los autos diésel podrán circular solamente si a bordo viajan tres personas como mínimo. En paralelo, el Ayuntamiento ha subido un 20% el precio de los transportes públicos urbanos, y para completar la vena surrealista, los instrumentos de medición afirman que el lugar más contaminado de la ciudad es el bosque de Capodimonte, que en teoría es el enclave más verde. Bérgamo cerrará el centro histórico a los coches entre las 10.00 y las 18.00. Y Turín y su periferia industrial restringirán el tráfico rodado el domingo 20 de febrero (iba a ser el 13 pero se ha retrasado una semana).

La comparación con España arroja algunas coincidencias pero quizá más diferencias. El Ayuntamiento de Madrid argumenta que en la capital no se ha superado ningún límite legal . El nivel de aviso a la población para dióxido de nitrógeno se activa cuando dos estaciones de la misma zona superan los 250 microgramos por metro cúbico en dos horas seguidas. Esa situación no se ha producido, pero durante estos días ha habido picos de 300 y hasta casi 400 microgramos en algunos puntos. Tres estaciones de medición ya han superado el máximo que les permite Europa para todo un año. Ni Madrid ni Barcelona cumplieron en 2010 los límites fijados por Europa, pero la Comunidad de Madrid acusa a Ecologistas en Acción de alarmistas por insistir en la mala calidad del aire.

La política vive de gestos y declaraciones. En general, los miembros del Gobierno acusan al Ayuntamiento de Madrid de fomentar el uso del coche -el ministro Miguel Sebastián le acusó de "atraer coches al centro" y de ser "poco serio" con la polución-. Mientras, los políticos de Madrid culpan al Gobierno por primar fiscalmente al diésel y esperan a que el viento disperse la nube negra.

La reunión ayer entre la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y el presidente de la Federación de Municipios, Pedro Castro, acabó con pocas medidas concretas para combatir la contaminación de las ciudades. Se comprometieron a colaborar en la elaboración del plan nacional de calidad del aire previsto en un real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de enero. La ministra confirmó que ha retomado la idea de reformar los impuestos relacionados con el automóvil para penalizar a los vehículos más contaminantes. Y aseguró que propondrá a los otros ministerios que tienen competencias, "ya que Economía y Hacienda e Industria tienen mucho que decir", que vayan estudiando una reforma.

El aire sucio envuelve la política

- Ana Botella, edil de Medio Ambiente de Madrid: "Que le pregunten al 20% de parados si le preocupa la contaminación. El paro sí asfixia".

- Ignacio González, vicepresidente de Madrid, definió la contaminación como un "fenómeno natural" propio de esta época del año.

- Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que ayer se reunió en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar: "Venía a Madrid con los pulmones oxigenados y tan solo una hora después ya noto la polución en la garganta y tengo problemas para hablar".

- Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, sobre un posible cambio fiscal para penalizar a los coches más sucios: "El Gobierno no piensa en recaudar más, sino en contribuir a mejorar la calidad del aire en la parte que le corresponde".

- Cristina Garmendia, ministra de Ciencia: "No podemos vivir con este nivel de contaminación".

- Miguel Sebastián, ministro de Industria: "La responsabilidad de mantener el aire limpio es de los Ayuntamientos, pero algunos se escaquean".



* El País - 11.02.11
Foto: Madrid, contaminacion_ciudad, 4 torres- elpais

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ONG denuncian que la reforma de la Ley de Costas pretende consolidar el "urbanismo descontrolado" en el litoral

EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF han denunciado que con las dos Proposiciones de Ley, promovidas por CiU y PP, que se discuten en el Senado para reformar la Ley de Costas, se pretende consolidar el "urbanismo descontrolado" en el litoral. Asimismo, las organizaciones ecologistas consideran que esta maniobra política es "un nuevo ataque al derecho del uso público de la costa". El coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, ha señalado que "los distintos grupos políticos están constantemente promoviendo rebajas a la carta en la Ley de Costas, el principal marco jurídico de protección del litoral y la única garantía de uso público de los espacios costeros". Igualmente, ha advertido de que "si estas Proposiciones de Ley salen adelante, cada Comunidad Autónoma podrá decidir los espacios costeros que serán privatizados y se abrirá una nueva vía legal de especulación en la costa".

En concreto, ha explicado que la Proposición de Ley del PP tiene como objetivo "perpetuar indefinidamente las concesiones", lo que permitiría el uso privado del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

Por su parte, la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha indicado que estas modificaciones supondrían un "inadmisible retroceso de 20 años en las políticas de protección ambiental". Además, ha subrayado que la Proposición de CiU promueve "redefinir los espacios litorales que pertenecen al DPMT". En ese sentido, ha subrayado que pretenden, bajo el concepto de 'ciudad navegable', que urbanizaciones como la Marina d'Empuriabrava (Castelló d'Empuries), los Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S'Abanel escapen a la Ley de Costas.

El director del Programa Marino de WWF, José Luis García, ha destacado que "no se puede permitir la revisión de la Ley de Costas a la carta con el fin de garantizar los diferentes intereses privados". La definición de 'ciudad navegable' se podría extender a multitud de espacios en toda la costa española, lo que "provocaría un claro proceso de privatización de la costa", ha concluido.

Finalmente, las organizaciones ecologistas recuerdan que el objetivo de la Ley de Costas es garantizar la protección de la costa y el interés público y libre acceso a playas y acantilados españoles. Por ello, exigen a los grupos parlamentarios que "rechacen estos nuevos intentos de degradar la Ley de Costa y dejar indefenso el litoral".



* Europa Press - 9.02.11
Foto: Empuriabrava (Girona), deslinde costa - lavanguardia

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Un juez investigará al alcalde de Manises por prevaricación

LASPROVINCIAS/Valencia* : La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido revocar la inadmisión a trámite de una querella presentada por la Comunidad de Regantes de la Acequia de Manises contra el alcalde de la localidad, Enrique Crespo, y la concejal de Urbanismo, Amparo Valldecabres, por «los delitos de prevaricación administrativa, desobediencia y usurpación, entre otros». Los hechos se remontan a hace un año, cuando el Ayuntamiento puso en marcha unas obras de construcción de una tubería que debía recoger las aguas pluviales cerca de la plaza de la Leña, en una zona que delimita con la huerta del municipio. Los trabajos cruzaron la acequia de Manises sin que «en ningún momento se pidiera permiso a la comunidad de regantes, propietaria de esa conducción».

Según el secretario de la comunidad de regantes, Juan Sanmartín, la Audiencia sí ha visto indicios de delito, ya que el Consistorio realizó «una expropiación ilegal, y además cometió un delito de desobediencia», después de que un juez «ordenara paralizar la obra sin que hubiera una respuesta por parte del Ayuntamiento».
Según el auto de la Audiencia, «existen al menos indicios que podrían dar pie a considerar algunas de las conductas constitutivas de delito. La comunidad de regantes tiene una serie de derechos adquiridos que merecen unas mínimas diligencias de investigación en el marco del proceso penal, para poder clarificar en un principio los indicios racionales de criminalidad».
Conversaciones
Sanmartín explicó que durante el proceso que duró las obras se intentaron mantener conversaciones con el Consistorio «para que realizara de forma correcta unos trabajos que afectaban a una acequia centenaria».
Sin embargo, el secretario de la comunidad de regantes acusó al Consistorio de no tomar en cuenta, ni siquiera una orden de paralización del proyecto por parte de un juez, por lo cual también se acusa al alcalde y a su edil de Urbanismo de un delito de desobediencia civil.


* Las Provincia - 10.02.11
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia

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El ladrillazo tras el ´Prestige´

LAOPINIÓN/A Coruña* : El efecto Marbella parece haberse extendido a Galicia. La fiebre del urbanismo desaforado en la comunidad alcanzó también a la zona cero del Prestige. Las ayudas por la mayor catástrofe ecológica que sufrió la costa gallega dieron paso al boom inmobiliario en A Costa da Morte, donde municipios como el de Fisterra experimentaron desde la marea negra de noviembre de 2002 una construcción desenfrenada de urbanizaciones que en su mayoría permanecen desocupadas. El boom urbanístico de los últimos años sitúa a Galicia como una de las comunidades más afectadas por la marbellización de su territorio. Junto con los ayuntamientos de Fisterra, Cee y Mazaricos, ahora en el punto de vista de la Justicia por un presunto delito de prevaricación y cohecho, decenas de municipios gallegos están bajo sospecha. Y con ellos, más de un centenar de alcaldes, concejales y diputados provinciales.

En los últimos años, la Fiscalía Superior de Galicia ha abierto cerca de un centenar de investigaciones contra políticos de la comunidad, la gran mayoría relacionados con delitos urbanísticos. Las últimas a tres regidores, dos ediles y tres empresarios de A Costa da Morte.

Oleiros, Gondomar, Nigrán, Castro de Rei, Cospeito, Barreiros, Foz... Y ahora, Fisterra, Cee y Mazaricos. La corrupción no entiende de colores políticos. En ayuntamientos gobernados por PP, PSdeG, BNG, o independientes, alcaldes y concejales se han visto salpicados por algún escándalo urbanístico. La mayoría de las causas abiertas por la Justicia gallega en los últimos años corresponden a cargos del PP (54%), seguidas de políticos del PSdeG (35%).

Una de las últimas operaciones contra cargos públicos en la comunidad, fue la practicada en el ayuntamiento lucense de Castro de Rei. El despliegue policial en este municipio de apenas 5.800 habitantes fue similar al utilizado en la operación Orquesta el lunes en A Costa da Morte. En octubre de 2009, la Policía arrestó al alcalde de Castro de Rei, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales -dos del PSdeG y uno de Terra Galega-.

En Oleiros, el alcalde, Ángel García Seoane, también fue citado a declarar como imputado en el procedimiento abierto tras la denuncia que presentó contra él la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La investigación fue abierta a raíz de informaciones publicadas por este diario sobre sus supuestos negocios inmobiliarios. En Arteixo, la Fiscalía también estudió la situación creada en el Ayuntamiento como consecuencia de las actividades inmobiliarias llevadas a cabo por el anterior alcalde, Manuel Pose, a través de empresas constructoras de las que era propietario y que trabajaban para el municipio.

En Gondomar, dos ediles del ayuntamiento, la novia de uno de ellos y un arquitecto fueron detenidos en 2007 por un delito de cohecho que los relacionaba con unos supuestos sobornos a funcionarios y el cobro de comisiones por la concesión de diversas licencias urbanísticas.

En Nigrán, la Fiscalía también presentó una denuncia penal contra el alcalde Alfredo Rodríguez y cinco ediles por un supuesto delito de recalificación de doce fincas adquiridas por el presidente del Celta.



* La Opinión A Coruña - 2.02.11
Foto: Fisterra - centros.edu.xunta.es

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El Ministerio de Medio Ambiente debe hacer mucho más

ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha mantenido durante años una actitud de atonía y de condescendencia con las administraciones autonómicas y locales infractoras en materia de calidad del aire. Por ello, Ecologistas en Acción le exige un papel mucho más activo en la tarea de garantizar que los españoles podamos respirar aire limpio. En este sentido, se aportan una serie de medidas que, a juicio de la organización ecologista, se deberían poner en marcha lo antes posible. A pesar de lo que afirman, muchas autoridades locales y autonómicas, una y otra vez –que nuestra calidad del aire es buena y que los ecologistas somos “alarmistas”– lo cierto es que los estudios científicos concluyen justo lo contrario. Pero más diáfano aún resulta el hecho de que la Comisión Europea va a llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento de la legislación de calidad del aire. Esta situación se viene dando desde hace años ante la escasa y timorata actividad del MARM para exigir el cumplimiento de la legislación ante las administraciones autonómicas, que son las competentes en la materia. El MARM puede y debe hacer mucho más para que los ciudadanos y ciudadanas españoles respiremos aire saludable.

Entre otras acciones que puede y debe adoptar, Ecologistas en Acción señala al Ministerio de Rosa Aguilar las que considera más relevantes:
- Elaborar y poner en marcha un Plan estatal de reducción de la contaminación, algo a lo que está obligado según el artículo 16.1 de la vigente Ley 34/2007 de calidad del aire. Este plan debe contener exigencias tajantes a las Comunidades Autónomas (CC AA) y Ayuntamientos en cuanto a la adopción de protocolos y medidas eficaces para reducir la polución.
- Elaborar y poner en marcha la Ley de Movilidad Sostenible, algo que se aplaza una y otra vez, a pesar de la evidencia de que reducir el tráfico es sinónimo de reducir la contaminación.
- Facilitar el acceso a los datos de contaminación de todas las ciudades y CC AA españolas a través de una página Web centralizada, que permita conocer la situación en cualquier lugar desde un único punto y con criterios homogéneos (hay páginas Web municipales y autonómicas que ponen como tolerables niveles que en otros lugares se consideran malsanos, etc.)
- Que el Ministerio denuncie a las CC AA o Ayuntamientos más infractores. Es una obligación para con los habitantes de estas zonas, que no tienen porqué sufrir en su salud la inacción de sus administradores.
- Auditar la correcta ubicación de las estaciones de medición. Hay demasiada picaresca para enmascarar la contaminación por el procedimiento de no medirla adecuadamente.
- Auditar los planes de reducción de la contaminación de las distintas CC AA (tanto en su diseño como en su puesta en práctica), claro que para eso es necesario que existan previamente, lo que no es el caso en la mayor parte de las ocasiones. También es necesario que se establezcan mecanismos de participación en el seguimiento de los planes de calidad del aire, en los que podamos participar las organizaciones ecologistas y ciudadanas.
- Servir realmente de contrapeso ambiental a las políticas insostenibles del Ministerio de Fomento, que están en la base de la creciente utilización del coche (crisis aparte) en nuestras áreas metropolitanas por su política desarrollista de autovías. Por ejemplo, a pesar de que la Comunidad de Madrid es récord europeo en kilómetros de autovías en relación a su superficie, a la población y al número de vehículos, récord en contaminación… Fomento está construyendo la nueva Radial-1 mientras sigue guardando en un cajón los proyectos de carriles Bus-VAO en las carreteras radiales.

En definitiva, Ecologistas en Acción exige al MARM que mantenga un perfil más activo y beligerante del mantenido hasta hace poco contra la contaminación atmosférica, para garantizar nuestro derecho a respirar aire limpio.


* Ecologistas en Acción - 10.02.11

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El juez del "caso Gürtel" imputa al actual alcalde de Boadilla

LAINFORMACIÓN* : El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar en calidad de imputado el próximo día 16 al actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, del PP. En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, Pedreira considera a Siguero presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y tráfico de influencias. Además señala que le interrogará "por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se le imputan" al exalcalde de esta localidad Arturo González Panero. El magistrado ha tomado la decisión de imputar a Siguero tras estudiar los últimos informes policiales sobre los contratos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con empresas de la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa.

En uno de esos informes remitidos a Pedreira el pasado mes de agosto, la Policía pidió la detención de Siguero y otros tres exasesores del Gobierno de la Comunidad de Madrid por intervenir en la adjudicación irregular de contratos a sociedades vinculadas con la red "Gürtel", aunque la Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta medida.

La Unidad de Delincuencia y Económica Fiscal (UDEF) remitió al juez Pedreira los documentos intervenidos en los registros practicados en el Ayuntamiento de Boadilla, entre los que figuran facturas y contratos con varias empresas de Correa, como Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación.

En otro de los informes de la UDEF relacionado con la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, que también fue adjudicada al grupo de Correa, se afirma que Siguero, entonces concejal de Hacienda, intervino en el diseño de los pliegos técnicos y administraciones y que incluso la organización le indicó "la cantidad a proveer" en los documentos.



* La Información - EFE - 10.02.11
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es

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El presidente de la FEMP apuesta por restringir el tráfico en el centro de Madrid

ELPAÍS* : El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha abogado hoy por restringir el tráfico rodado en el centro de Madrid, tal y como ocurre en otras ciudades europeas, como medida "urgente" ante la contaminación que desde el 29 de enero afecta a Madrid -y en menor media a Barcelona - y que cuenta con unos índices "altamente peligrosos", sobre todo para ancianos, niños y personas alérgicas. En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), Castro ha defendido que los dirigentes políticos deben "tomar decisiones valientes" aunque estas sean "traumáticas e impopulares", ya que "el objetivo prioritario es el ciudadano". Ha apostado por adoptar medidas "con cierta urgencia" con el fin de aminorar la situación actual para después centrarse en otras "a más largo plazo", como pueden ser el desarrollo de planes de sostenibilidad.

Al ser preguntado por qué políticas deberían ponerse en marcha para luchar contra la contaminación en las grandes ciudades, Castro ha destacado "la apuesta por el transporte público en detrimento del transporte privado" y la "descentralización de la vida en la ciudad". "Hay que sacar a las Administraciones a la periferia; no pueden llegar cuatro millones de madrileños todos los días a Madrid a hacer gestiones, trabajar o comprar", ha aseverado.

La entrevista a Castro ha tenido lugar en las horas previas a la reunión que mantendrá con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, con el objetivo de buscar soluciones a la mala calidad del aire. La ministra tiene previsto proponer a los alcaldes crear un grupo de trabajo que estudie una reforma del impuesto de circulación, el que se paga cada año y recaudan los Ayuntamientos, para penalizar los coches más sucios, informan Rafael Méndez y Carlos E. Cué.

La idea no es nueva y estaba previsto que se incluyera en la reforma de la financiación local, pero esta encalló ante la crisis. Con una reforma legal, el Gobierno daría vía libre a los alcaldes para que gravasen los vehículos más contaminantes y no se implicaría directamente. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, llegó a anunciar el cambio en 2009.

Durante la entrevista en RNE, Castro ha descartado que la FEMP vaya a sugerir una presión fiscal sobre los coches que más contaminan.

"El paro asfixia más"

Aguilar señaló ayer que la calidad del aire en la capital "no es buena", a juzgar por los medidores. La ministra replicaba así al alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, que unas horas antes aseguraba en una entrevista en la SER que "el aire de Madrid es limpio, el más limpio en 10 años". Hace unos días, Aguilar calificó su calidad de "pésima", lo que desató una guerra, la enésima, entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central, y a la que se ha sumado Esperanza Aguirre en defensa de Gallardón. De nuevo ayer, la presidenta regional aseguró que es "absolutamente impresentable" que Aguilar critique al Ayuntamiento por su política contra la contaminación porque, según dijo, "lo único que se ha hecho es cumplir la ley".

La delegada de Medio Ambiente del consistorio, Ana Botella, terciaba ayer también en el cruce de acusaciones, declarando en una entrevista en la Cadena Cope que la capital está "lejísimos" de una alerta por contaminación, algo que, a su entender, "nunca se va a producir". Botella subrayó que España pasa por momentos en los que "la gente está deprimida por el paro". "Eso asfixia más", apostilló.



* El País - EP. - 10.02.11
Foto: Madrid, contaminación aire - elpais

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El juez investiga la supuesta venta de licencias urbanísticas en Ayamonte

ELPAÍS/Huelva* : Los posibles delitos urbanísticos que se investigan en el Ayuntamiento de Ayamonte y que provocaron el registro del Consistorio el pasado martes podrían esconder una trama de compra y venta de licencias de construcción, además de prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Fuentes cercanas al caso revelaron ayer que las posibles irregularidades urbanísticas detectadas derivarían de la denuncia interpuesta en 2009 por parte de un ciudadano anónimo, del PP y de Ecologistas en Acción a causa de un residencial construido en zonas verdes de Isla Canela, el núcleo costero perteneciente al municipio de Ayamonte. La causa se archivó el año pasado al considerarse que podría tratarse de un fraude pero no de prevaricación. Sin embargo, en el curso de la investigación, surgieron otras posibles vías relacionadas con otras parcelas y otras viviendas irregulares.

El fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, reconoció ayer que el hallazgo de "hechos distintos a la causa principal, susceptibles de investigación, también urbanísticos y bastante sospechosos". Flores, sin embargo, no reveló detalles al haberse decretado el secreto en las actuaciones. El fiscal declaró haberse sorprendido de que el juzgado de Ayamonte no informara a la fiscalía de la intervención por sorpresa del Ayuntamiento. Durante casi cuatro horas, varios agentes recogieron más de 30 cajas con documentos relativos a movimientos urbanísticos en Isla Canela, desde 1993 hasta ahora. Fuentes del caso apuntan a que los supuestos delitos se habrían producido entre 2004 y 2005. La trama podría afectar, por tanto, al equipo de gobierno anterior, el de Rafael González (PSOE).

En los últimos cuatro años no se han concedido licencias para la construcción de residenciales en la zona que se está investigando. Las actuaciones se encuentran en la fase de diligencias previas y no hay detenidos. De probarse las sospechas primeras, se podría formular una acusación por cohecho pero, de momento, no hay pruebas que demuestren los supuestos pagos. Por otro lado, desde Ayamonte apuntan a otras posibles irregularidades por parte de la promotora Isla Canela S.A en los residenciales construidos en Las Garzas, Las Marismas, Los Pelicanos y Las Arenas.



* El País - 10.02.11
Foto: Ayamonte (Huelva), ayuntamiento - diariocadiz

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El Defensor J.Chamizo reclama más mano dura contra los delitos urbanísticos

DIARIODESEVILLA* : El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, está convencido de que los desmanes urbanísticos sólo pueden evitarse con mucha más energía de la que se emplea contra ellos en la actualidad. Hace falta más mano dura contra quienes incumplen la legalidad urbanística. Y es más: apuesta por abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir "más eficazmente" estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se han "evidenciado la existencia de no pocas imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio". Así de claro se manifestó ayer Chamizo en el Parlamento, donde también insistió en el fortalecimiento de los servicios técnicos en materia de urbanismo de los ayuntamientos y de la Junta para que denuncien las construcciones y edificaciones no autorizables que se produzcan en suelo no urbanizable.

El Defensor del Pueblo Andaluz presentó ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda el informe especial elaborado por la institución en 2009 relativo a ordenación del territorio y urbanismo, que resalta el gran número de quejas recibidas por incumplimientos de la legalidad urbanística. En su intervención, el Defensor pidió a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que impulse una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.

Chamizo aprovechó su comparecencia en la Cámara para advertir sobre el valor "excepcional" y la "extraordinaria" fragilidad del litoral andaluz, que se ha visto dañado por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que ha pedido una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.



* Diario de Sevilla - 10.02.11
Foto: José Chamizo, ayer en el Parlamento.- diariodesevilla

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Palma.- Los vecinos se levantan contra el proyecto del segundo cinturón

DIARIODEMALLORCA* : "Si nos quitan la casa, nos quitan los recuerdos de toda una vida". Francisco y Magdalena Hernández tienen 78 y 74 años respectivamente y comparten techo con dos hijos, un yerno y un nieto. Su residencia es una de las que pueden ser demolidas a causa de la ampliación del segundo cinturón de Palma que promueve el Consell de Mallorca. Un hecho que alcanza un tinte especialmente dramático para muchas de las familias afectadas a causa de su elevada edad.
Los propios vecinos no se ponen de acuerdo sobre el número de afectados por las expropiaciones previstas en el tramo comprendido entre las carreteras de Sóller y Valldemossa, aunque barajan cifras que se mueven entre los 12 y los 14. Pocos en número pero dispuestos "a todo" para no perder las viviendas en las que muchos de ellos han criado a todos sus hijos y ahora reciben ya las visitas de sus nietos. Por ello, han creado una plataforma contra las características del proyecto de Vía Conectora, que hoy será presentada bajo el eslogan Així no.

Uno de sus portavoces y presidente de la asociación de vecinos de Son Sardina, Tomás Balaguer, advierte que el problema radica en que este proyecto de prolongación del segundo cinturón ha adquirido finalmente "dimensiones desproporcionadas, con una futura rotonda en la carretera de Sóller en la que cabe un campo de fútbol". Por ello, se señala que la lucha no es contra la mejora del Camí dels Reis ni contra el carril bici que se prevé a su lado, sino que el objetivo es limitar su impacto y hacerlo "más humano". Para promover este cambio de planteamientos, ya se ha solicitado una entrevista con la presidenta del Consell, Francina Armengol.
El director insular de Carreteras, Ernesto Santamaría, considera que esta indignación vecinal es prematura. Aunque el diseño global de la denominada Vía Conectora ya se ha presentado públicamente, el proyecto en ese tramo todavía no está aprobado. Al ser el Camí dels Reis una vía urbana, el Consell está a la espera del informe del Ayuntamiento, ya que no se puede hacer nada sin su visto bueno, y también se necesita una comunicación favorable por parte de la conselleria de Medio Ambiente.
Santamaría señala que previsiblemente la aprobación inicial de esta obra podría darse durante los próximos meses de marzo o abril, tras lo cual se abrirá un periodo de información pública en el que los vecinos podrán presentar las alegaciones que crean pertinentes. "Y si nos hemos equivocado, siempre podremos rectificar", asegura.
En cualquier caso, admite que no se puede desarrollar una reforma viaria de esa envergadura sin afectar a algunas personas, "y de lo que se trata es de que sean convenientemente compensadas". Pero recuerda el enorme tráfico existente entre los polígonos de Son Castelló y Can Valero, "que el hospital de Son Espases ha venido a agravar", por lo que defiende la necesidad de aplicar las reformas previstas para desdoblar esa vía.
Hay que recordar que la institución insular tiene previsto destinar 15 millones de euros para pagar todas las expropiaciones previstas para el desarrollo del conjunto del proyecto de ampliación del segundo cinturón, desde el Coll d´en Rabassa hasta Can Valero, aunque se ha matizado que en la mayoría de los casos el suelo afectado es rústico y no tiene impacto sobre viviendas.

"¿Dónde vamos a ir? No podemos vivir bajo un puente"
Bartolomé Hernández y María Sampol tienen 78 y 75 años respectivamente y llevan 50 viviendo en el número 413 del Camí dels Reis, al que fueron a vivir recién casados y donde han criado a sus tres hijos. Y su casa es una de las que debe ser derribada. "¿Dónde vamos a ir a nuestra edad? No podemos vivir debajo bajo un puente", se lamenta él. Pero su esposa es rotunda al afirmar que "llegaremos hasta donde haga falta para que no nos quiten nuestra casa".
Bartolomé Hernández no oculta que está dispuesto a aceptar "el mal menor". "Podemos aceptar que nos quiten un par de metros del terreno, pero no la casa", y afirma también que de momento nadie les ha informado sobre la indemnización que podrían recibir

"Mis hijos me han dicho que me colocarán en sus casas"
Mercedes Porcel nació en Argentina hace 84 años, pero a la edad de cinco se trasladó con sus padres a Almería, más tarde a Granada, y hace 40 viajó a Mallorca con su marido y sus cinco hijos. En 1985 su esposo y un hijo fallecieron con pocos meses de diferencia "y en ese momento me hubiera gustado morir. Pero ahora quiero vivir y hacerlo en mi casa, donde he sido feliz durante muchos años". "A mi edad, yo me arreglo sola, no tengo a nadie que me ayude con los trabajos del hogar y me desenvuelvo perfectamente", destaca con orgullo. Y aunque sus cuatro descendientes se han comprometido a alojarla por turnos en el caso de que finalmente pierda su residencia, ella se resiste a dejar su casa del 415 del Camí dels Reis. "En su momento ya me hablaron de venderla para irme a un piso más pequeño, pero lo rechacé".
Aunque ha acudido a las reuniones que se han mantenido para crearla plataforma que deberá defender sus intereses, reconoce que sigue teniendo problemas "para entender todo lo que dicen, porque hablan en mallorquín", pero destaca que para hacerse una idea del alcance del proyecto ha contado con la ayuda de sus hijos, "que están pendientes de mí". También se declara dispuesta a aceptar la pérdida de un metro del jardín existente ante su vivienda, pero no a perder esta última.

"No podemos llevarnos a un piso todos los recuerdos"
Francisco y Magdalena Hernández también superan los 70 años de edad y viven en el número 417 del Camí dels Reis junto a dos hijos, un yerno y un nieto. Y advierten que aunque se les intente compensar por el valor económico de su residencia, nadie les podrá restituir los recuerdos de toda una vida vinculados a esa vivienda, ni podrán llevarse a un piso pequeño todas aquellas cosas con las que han ido llenando su hogar.
Como en los casos anteriores, aseguran que "si nos quitan medio metro de terreno no protestamos, pero que nos dejen nuestra casa, porque no tenemos otro sitio a donde ir". Y en relación a este tema, Francisco Hernández recuerda que a sus 78 años y a los 74 de su esposa las entidades financieras no conceden hipotecas para poder comprar otro inmueble, y que para dos jubilados resulta imposible poder empezar desde cero.
Por ello, añade a sus reivindicaciones el que se les garantice una vivienda digna en el caso de que la que tienen en estos momentos tenga que ser demolida.

"Me autorizan a reformar la casa y ahora la quieren tirar"
Pilar Real tiene 35 años y vive en el 401 de este eje viario junto con su marido y su hijo pequeño. Hace dos años tramitó ante el ayuntamiento de Palma todos los permisos necesarios para poder reformar su casa, levantar una planta más y construir una piscina. Pero cuando apenas le falta un 15% del proyecto por concluir, le comunican que su residencia va a tener que ser derribada. Y no da crédito. "Hemos pagado a Cort todas las tasas y permisos, nos hemos gastado un montón en la reforma, y todo para nada".
Pese a lo expuesto, no se considera la más perjudicada, "porque a nuestra edad todavía estamos a tiempo de empezar de nuevo". Pero lamenta el caso de su vecina Isabel, de más de 80 años, y que vive sola en la casa colindante "desque que era una niña". Pilar no oculta su preocupación por la mujer que reside a su lado ya que desde que se le notificó la posible demolición "no deja de llorar".

"Me expropian la vivienda y también la de mi madre"
Juan Manuel García y Alicia Martín se trasladaron hace 21 años al inmueble que había pertenecido al abuelo de él y "aún estamos pagando la última reforma que hicimos". En ella residen junto a su hijo, que es alumno del instituto de Son Pacs, situado en las inmediaciones. Aunque su posible traslado "no será un drama por nuestra edad, sí va a tener un coste emocional muy alto", aseguran.
Su caso alcanza una relevancia especial porque a la expropiación de su inmueble en el número 402 del Camí dels Reis se va a sumar la casa de la madre de Juan Manuel, en el número 1 de Lleonets, también afectada por la ampliación del segundo cinturón. "Tiene 76 años y es viuda. Y en esa vivienda nos hemos criado sus tres hijos".

"Mi casa va a quedar encajonada por la reforma"
José Roig no va a perder su casa del Camí dels Lleonets, pero ésta "va a quedar encajonada al quedar pegada a la nueva vía", lamenta. Se trasladó a esta zona hace siete años al nacer el último de sus tres hijos "porque queríamos ganar en calidad de vida". Para ello, adquirió un inmueble que ha reformado con "muchas horas de trabajo que yo mismo he dedicado". Y no oculta que se siente engañado, porque "el proyecto que nos explicaron era más reducido".



* Diario de Mallorca - 9.02.11
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org

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Lugo.- El juzgado cita como imputada a la delegada de Urbanismo

LAVOZDEGALICIA* : La delegada de Urbanisno del Concello de Lugo, María Novo, está citada a declarar en calidad de imputada el día 28 de abril ante el juzgado de instrucción nº2 de Lugo, tras las denuncias presentadas, por supuestas irregularidades urbanísticas, por Alpul, debido a los cambios de calificación de suelo en el PXOM entre las aprobaciones inicial y provisional, y por la Asociación en Defensa del Parque Rosalía de Castro. El juzgado también cita a declarar el mismo día 28 de abril al constructor Manuel Vázquez Corredoira, dentro de las mismas diligencias. El caso se abrió el año pasado tras varias denuncias de los dos colectivos, y tomó forma el pasado día 3 con la declaración de las dos arquitectas redactoras del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Tras las declaraciones de las dos técnicos, que acudieron a declarar desde Madrid, el siguiente movimiento del juzgado fue la imputación de la delegada y de este constructor lucense.

Pide los planes al Concello

El juzgado ordena enviar un escrito al Ayuntamiento para que le remita la documentación del Plan Xeral de Ordenación Municipal correspondiente a la aprobación inicial (2006) y la del aprobado provisionalmente (2009). Hay que señalar que sobre el plan aprobado provisionalmente se hicieron cambios para atender las indicaciones de la Xunta, que fueron aprobadas por el pleno de la corporación municipal el 30 de diciembre pasado.

También reclama la titular del citado juzgado, Natalia Paz Domínguez Pernas, las actas de los acuerdos adoptados por la sociedad Club de Golf de los años 2006 a 2008, ambos inclusive. Hay que recordar que uno de los aspectos más polémicos del PXOM es la recalificación de terrenos en Fixós, en el entorno del campo de golf.

Los papeles de Liñares

La jueza ordena incorporar a estas diligencias la documentación aportada por el ex concejal Francisco Fernández Liñares (entre otras delegaciones del alcalde tuvo la de Urbanismo), a petición del propio juzgado.

Hay que recordar que el PXOM se envía a la Xunta de Galicia, para que si lo cree procedente le dé el visto bueno definitivo. Es probable que la Xunta no agote el plazo de que dispone para tal fin.



* La Voz de Galicia - 9.02.11
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv

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"Los funcionarios nunca tasaron convenios urbanísticos del GIL"

MÁLAGAHOY* : El interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, intentó durante 2000, 2001, 2002 y 2003 que los convenios y compensaciones que se negociaban con los promotores inmobiliarios fueran valorados por los técnicos municipales. Nunca lo consiguió. Castro, que declaró ayer como testigo en el juicio del caso Malaya por presunta corrupción política y urbanística en Marbella, indicó que a partir de 2000 siempre que se firmaba un convenio emitía un informe reclamando que fuera el personal municipal el que se encargara de valorar si eran adecuados los aprovechamientos que se pactaban para el Ayuntamiento en compensación por la recalificación de las parcelas. Sin embargo, esa tarea la realizaban sin excepción técnicos externos contratados por el GIL expresamente para esa labor. Juan Antonio Castro precisó que ésta era una función a su juicio "complicada" porque exigía conocimientos de derecho urbanístico y que pretendía que se hicieran tasaciones internas "para garantizar el interés público municipal". Descartó que sus condicionantes respondieran a la desconfianza que le merecían los profesionales ajenos al Ayuntamiento. Nunca nadie atendió esos requerimientos. Es más, cuando la cuestión se elevó a dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía la respuesta que se obtuvo era las valoraciones externas eran perfectamente válidas.

Este funcionario de habilitación nacional, al que le corresponde velar por la legalidad de las cuentas municipales, precisó también que el convenio de Crucero Banús, desde su punto de vista, "quedó sin efecto" desde el momento en que la comisión de gobierno lo aprobó a condición de que se completaran los informes que había requerido el interventor. Desde su punto de vista el acuerdo "carecía de ejecutividad" puesto que la ley sólo contempla que se ratifiquen o rechacen este tipo de acuerdos, no que se aprueben condicionados. Cree, por tanto, que para que hubiera sido aplicable primero tendrían que haberse completado esos informes y, posteriormente, volver a ser sometido a aprobación en la comisión de gobierno.

Pero esa tramitación posterior no se produjo. Al amparo de la ratificación, el equipo de gobierno expidió una licencia de obras condicionada que dio lugar al inicio de los trabajos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no sin esfuerzo, logró que se paralizaran. No obstante, a preguntas de la defensa de Juan Antonio Roca, que ejerce la letrada Rocío Amigo, el interventor admitió que el convenio de Crucero Banús, a pesar de todo, no produjo perjuicios al Ayuntamiento porque las obras no se pudieron completar. El convenio, firmado en octubre de 2002, pasaba de comercial a residencial la finca, ubicada en Puerto Banús, y le elevaba el techo edificable de 500 a 11.000 metros. Además, tasaba en 240 millones de pesetas las compensaciones municipales derivadas de la recalificación. Esto permitió que un solar comprado por 4,3 millones de euros pudieran venderlo en menos de un año el ex teniente de alcalde Pedro Román, el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca, el comisario retirado Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffmann por 10,3 millones de euros, generando beneficios netos de 6 millones de euros.

Esa falta de perjuicio para las arcas municipales derivaría de que nunca se pudieron construir las 114 viviendas previstas y que a día de hoy, el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) de Marbella cataloga reserva la finca para zona verde y equipamientos municipales. Las compensaciones nunca cobradas por convenios urbanísticos generaron en la contabilidad local una ficción en la que ahora el equipo de gobierno trata de poner orden. El interventor de Marbella precisó ayer que se han tenido que detraer 74,7 millones de euros que figuraban en el remanente de tesorería municipal como derechos de cobro que nunca se han ejecutado y que son imposibles de ejecutar.

El gobierno que preside la popular Ángeles Muñoz aprobó en julio pasado el informe del interventor para eliminar estos apuntes contables derivados de los convenios firmados por los sucesivos equipos del GIL entre 1991 y 1996. En conjunto eran 156 acuerdos urbanísticos. En 128 se modificaba el planeamiento y se establecían pagos al Ayuntamiento por valor de 64,1 millones. Otros tres eran relativos a la venta de viviendas y solares y ascendían a 9,6 millones de euros.

El juicio por el caso Malaya, centrado en esta fase en la conocida como operación Crucero Banús, continúa hoy en una sesión en la que está previsto que declaren el jefe de la Policía Local de Marbella y el secretario general de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.



* Málaga Hoy - 9.02.11
Foto: Marbella (Málaga), policía Ayuntamiento (archivo) - laopiniondemalaga.es

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¿La continuidad del urbanismo?

INFORMACIÓN/Elche* : Quería comenzar este artículo por comentar la base desarrollista del documento suministrado por la Fundación Metrópoli que debe servir de base para una discusión sobre el futuro Plan General. Comenzaré diciendo que nuestro ordenamiento urbanístico ha dado un cambio sustancial al dar cabida a otras visiones del problema urbano que no estaban contenidas en el propio discurso interno del urbanismo. También nuestra entrada en Europa nos ha llevado a tener que recoger las directivas europeas y en ese sentido se ha dado entrada a ese concepto de "desarrollo sostenible" recogido en el informe Brundtland. El desarrollo sostenible tiene poca base académica y mucha base política. Como dijo Ramón Margalef cabeza de la ecología universitaria "desarrollo" y "sostenibilidad" son dos conceptos opuestos. Al unirlos resulta un oximorón. O sea un elemento poético pero contradictorio semejante a disertar sobre la blancura de lo negro. Además de esta visión de relación con el medio natural que se materializa en la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, es decir en el estudio de las repercusiones que tiene el crecimiento urbano sobre el medio ambiente, existe otro punto de vista en nuestra ley que proviene del paisajismo anglosajón. Establece el estudio del paisaje como herramienta básica en la ordenación territorial.

Y tengo que decir que sobre estos aspectos no he visto nada en la documentación expuesta. El documento que pudimos ver se parece más a un Plan de Desarrollo que a esos estudios más actuales que comienzan el análisis del territorio por una concienzuda visión de las unidades de paisaje.

Pero sea lo que sea el documento en redacción, aunque no resulte otra cosa distinta a un elemento para la discusión pública del urbanismo ilicitano, bienvenido sea. Lo curioso es que en Elche ya tenemos experiencia de ese tipo de extraños documentos que con antelación a la redacción de un plan general se encargan desde la corporación municipal.
Hay que recordar el encargo por el anterior ayuntamiento a Tony Díaz, un desconocido urbanista, de sendos estudios sobre la ciudad y el campo de Elche. Solo conozco a Tony porque publicó un libro "Incertidumbres", atribuyéndose las obras realizadas por el estudio de Damián Quero, hecho que terminó en demanda judicial y retirada del libro. Como me apresuré a comprarlo creo ser de los pocos que posee un ejemplar de tan ínclito autor.
Pues, bien, decía que a este urbanista se le encargó por la anterior corporación un estudio similar al actual que devino en dos documentos llamados POTE y POCE. ¿Y donde están esos estudios? Lo digo porque algo que falta en el urbanismo de Elche es memoria histórica. Ni siquiera existe un buen archivo sobre documentación urbanística que recoja el conjunto del planeamiento, ya sea ejecutado o simplemente ideado. Pues bien, ¿dónde están? Seguramente duermen en algún cajón de ese cementerio de elefantes que es el conjunto de documentos urbanísticos redactados y no aprobados.
Parece ya es buen momento para comenzar una discusión sobre algunas de las conclusiones que haya obtenido la Fundación Metrópoli sobre la ordenación territorial del municipio de Elche y la estructura de su futuro desarrollo. Las conclusiones son poéticas, pero no se ajustan demasiado a lo que hoy entendemos por un estudio territorial. Da la sensación de un rebautizar con atractivos eslóganes la vieja problemática de nuestra ciudad designando en un juego logo mágico como el diamante de la ciudad el cluster de la sanidad, el área 124, etc.


* Información - Opinión - 8.02.11

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La operación Orquesta se centra en tres obras de la constructora Ogando

LAVOZ/A Coruña* : La investigación judicial iniciada en Corcubión y que, por ahora, se ha saldado con once imputados, tres de ellos alcaldes, se centra en la adjudicación de tres obras de los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos a la empresa constructora de Daniel Ogando. Se trata de la construcción de la Casa da Cultura de Cee, por la que la promotora recibió más de 300.000 euros, la del campo de fútbol de Fisterra, con una cifra similar, y la del Campo da Feira en A Picota (Mazaricos) que en sus dos fases superó los 200.000 euros. La investigación se centra en si hubo trato de favor a la hora de conceder unas obras a cambio de las cuales, presuntamente, los alcaldes obtendrían ciertas contraprestaciones. En el caso de Cee sería un pago en metálico al alcalde de 29.000 euros, que irían destinados a abonar las fiestas, y otros 12.000 euros para el concejal de Obras, Juan Bautista Areas Lestón, ambos en libertad bajo fianza.

Un préstamo

Los 12.000 euros que habría recibido Areas Lestón, conocido como O Candiño, serían un préstamo personal que le habría dado el constructor, según explicó el propio edil a la Policía Nacional. El pago, del que nadie sabía nada en el gobierno local de Cee y que no estaría destinado a sufragar fiestas, habría sido confirmado por el constructor, quien también habría ratificado el resto de los pagos realizados: 5.000 euros al alguacil de Mazaricos, Benito Martínez, y 8.000 euros al empresario Jorge López.

En Cee nadie se explica por qué el edil de Obras no solicitó el préstamo a un banco en lugar de pedírselo a un constructor, en metálico, a quien el gobierno local del que forma parte adjudicaba obra pública.

Por su parte, el representante de orquestas Jorge López habría cobrado por mediar ante Ramón Vigo para que la constructora de Ogando lograse entrar en el Concello de Cee.

Puertas abiertas

La compañía de Ogando tendría, presuntamente, ese trabajo hecho en Mazaricos y Fisterra, donde realizaba obras con frecuencia. En Mazaricos existe constancia de un abono, después de una adjudicación, al alguacil, que sería simplemente un mensajero, encargado únicamente de recibir la cantidad acordada que presuntamente iría a pagar las fiestas de A Fervenza.

En Fisterra no se ha detectado un pago concreto, pero hay indicios de adjudicación de obras a cambio de favores.

El caso sigue bajo secreto de sumario mientras se practican las diligencias. No se descarta que el número de imputados aumente en la Costa da Morte en el entorno de los ayuntamientos.

La investigación arrancó a finales del 2009 y se prolongó durante todo el 2010 con varios teléfonos intervenidos. Agentes de la Policía Nacional se llevaron la semana pasada decenas de cajas con documentación y copias de los discos duros de los tres ayuntamientos, material que contrastarán con las escuchas en busca de pruebas contra los imputados en la operación.

En la Costa da Morte las obras contratadas a la empresa de Daniel Ogando seguían ayer en marcha.




* la Voz de Galicia - 8.02.11
Foto: Cee (A Coruña), registro ayuntamiento - lavoz

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Un juez rechaza que devolver el piso salde la hipoteca

ELPAÍS/Navarra* : La entrega de las llaves no basta para saldar la hipoteca, aunque el inmueble haya perdido valor. Así lo ha fallado la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, la misma institución cuya Sala Segunda el pasado 26 de enero sentenció justo lo contrario. En un auto del 28 del mes pasado, la Audiencia estima el recurso presentado por BBVA contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, que denegaba al banco la posibilidad de seguir ejecutando las cantidades que reclamaba tras haber subastado la vivienda. La deuda contraída con el banco era de 181.846,4 euros más interes (del 19% anual). La vivienda no cubría esa cifra, puesto que a pesar de que su valor de tasación era de 203.000 euros, se subastó por 137.350 euros. BBVA pidió la diferencia (44.496,4 euros), lo cual fue denegado en primera instancia y ahora aceptado por la Audiencia Provincial de Navarra.

El auto recuerda que la ley establece que el deudor responde de sus deudas "con todos sus bienes presentes y futuros" y recrimina al juez de primera instancia que eludiera "la aplicación al caso de la preceptiva mencionada". La Sala argumenta que el juez debe actuar con "independencia" y "sumisión a la ley" y que se debe en su ejercicio a "las leyes aprobadas por los órganos legislativos" y al "conjunto del ordenamento jurídico, como expresión de la soberanía popular".

Controversia

El pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de Navarra dio la razón a otro cliente del BBVA que llevó al banco ante los tribunales porque le obligaba a seguir pagando parte de la hipoteca después de haber sido embargada la vivienda. El BBVA argüía que el crédito se había concedido por 75.900 euros y, en el momento en el que la casa fue adquirida por la entidad, se había reducido a 42.895 euros. "Lo cierto es que el banco se adjudica una finca que él mismo valoraba en una cantidad superior", justificó en aquel caso el juez.

Ambas sentencias, junto a otra que dio la razón a un matrimonio de jubilados en Barcelona el 29 de enero, se producen en un momento de debate sobre la Ley Hipotecaria española. El persistente aumento del paro por la crisis ha llevado a muchas familias a no poder hacer frente a las cuotas de sus crédito y el número de ejecuciones hipotecarias se ha acelerado con fuerza. Si en 2009 se embargaron 93.319 viviendas e inmuebles en manos de empresas por morosidad, en el primer semestre de 2010 ya alcanzaban las 51.975. El total de ejecuciones del primer semestre de 2010 es similar al de todo el año 2008 y representaría un 23% de las compraventas del primer semestre de 2010 si cada ejecución fuera un inmueble. Para el conjunto del año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé 118.000 operaciones de este tipo.

Por este motivo, el mes pasado el Congreso de los Diputados, a iniciativa de CIU, planteó que se estudiara la posibilidad de establecer un "pacto en las escrituras de constitución de hipotecas por el cual la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados, no alcanzando a los demás bienes del patrimonio del deudor", o lo que es lo mismo, que una hipoteca quede completamente cancelada con la entrega de la vivienda, sin que puedan solicitarse cantidades adicionales.



* El País - 9.02.11
Foto: En los juzgados 31 y 32 de Madrid, especializados en hipotecas, los edictos de subastas de pisos ya no caben en el tablón de anuncios y hay que ponerlos en puertas y paredes - elpais

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La contaminación del tráfico ensombrece Madrid y Barcelona

ELPAÍS* : La contaminación terminó ayer de ennegrecer el cielo de Madrid y Barcelona. El anticiclón que cubre la Península impide que se disperse la polución del tráfico. Ante la situación, que no se daba de forma tan prolongada desde hace años, los políticos comenzaron a tomar alguna medida . Por la tarde, los paneles de la madrileña M-30 (la autovía urbana que circunvala la ciudad y que utilizan 180.000 conductores al día) comenzaron a dar una "previsión de alta contaminación" en la que se pedía a los ciudadanos que utilizaran el "transporte público". La Generalitat catalana, de CiU, que tenía previsto suprimir el límite de velocidad de 80 kilómetros por hora en los accesos, tuvo que mantenerlo hasta que lleguen las lluvias. El aviso a la población llegó solo días después de que el Ayuntamiento de Madrid, del popular Alberto Ruiz-Gallardón, dijera que todo obedecía a "una campaña" electoral del Gobierno contra el consistorio.

El Ayuntamiento insistió en que los umbrales a partir de los cuales debe avisar a la población no se habían superado. Una portavoz municipal precisó: "Lo hemos decidido como prevención y para pedir a la gente que colabore usando el transporte público".

La web del Ayuntamiento de Madrid señaló durante casi todo el día que la calidad del aire era "buena. A las 20.00, la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2, un gas irritante producto del tráfico) media en las 24 estaciones de la red era de 155 microgramos por metro cúbico. El máximo era de 243 microgramos en la plaza Fernández Ladreda.

La norma fija que el nivel de 200 microgramos no se puede superar más de 18 veces al año, pero algunas estaciones en Madrid -y de municipios del área metropolitana como Coslada- lo superarán durante este episodio de contaminación. A última hora de la tarde, la contaminación seguía subiendo, ya que al ponerse el sol se frenan las corrientes de aire caliente que renuevan algo el ambiente.

Ayer bastaba con dar una vuelta para ver que la sierra era apenas visible desde el centro o buscar un lugar alto para observar la nube negra que envuelve la ciudad. Paco Segura, de Ecologistas en Acción, la ONG que más audita la actuación del Ayuntamiento, declaró: "Avisar a la población es un paso. Un paso mínimo pero un paso. Aunque la ley obliga al Ayuntamiento a tomar medidas".

Ángel Rivera, de la Agencia Estatal de Meteorología, explicó que la situación seguirá así casi hasta fin de semana. El año pasado, que fue muy lluvioso, no se dio ningún anticiclón invernal tan potente.

La polución se está convirtiendo es un problema político en Madrid. Gallardón, anunció en 2006 que a partir de 2008 impediría la entrada al centro a los coches más contaminantes. Cuando llegó la fecha de poner en marcha la medida, el Ayuntamiento dijo que lo retrasaba dos años. En 2010 tampoco lo aplicó y Gallardón afirmó en una entrevista el año pasado que restringirá el tráfico la próxima legislatura.

El asunto de la contaminación ha saltado a la prensa internacional. El pasado sábado, el influyente diario Financial Times publicó una información en la que señalaba que la reducción de la contaminación anunciada por Gallardón es "una ilusión" y lo achacó al cambio de estaciones de medición, un sistema que ha criticado el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher. La concejal de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, declaró el pasado 25 de enero que la contaminación en la ciudad "no es nociva para la salud de los ciudadanos".

En Barcelona, la Generalitat catalana anunció que mantendrá unos días -hasta que pase el anticiclón- la limitación de 80 kilómetros por hora para las carreteras de acceso a Barcelona. La medida la impuso el tripartito y su eliminación era una de las promesas electorales de Artur Mas. Su argumento es que no había servido para rebajar la polución y la prueba era que Barcelona ?como Madrid? superó el año pasado el nivel de contaminación que la Unión Europea fijó para 2010. Ambas ciudades han pedido una moratoria.

La directora de Calidad Ambiental de la Generalitat, Assumpta Farran, afirmó que el anticiclón que afecta a la ciudad es "de manual". El fenómeno está provocando una presión atmosférica muy elevada (de 1.034 hectopascales) que no se registraba en Cataluña desde hacía tres años, según Farran. A las 18.00, la polución subía aunque seguía lejos de los niveles de Madrid. En el centro de Barcelona (en el Ensanche) se registraron 124 microgramos de NO2 por metro cúbico. La Generalitat admitió que la situación empeorará los próximos días. Hasta el fin de semana, millones de personas respirarán aire sucio.



* El País - 8.02.11
Foto: Madrid, contaminacion_ciudad, 4 torres- elpais

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El juzgado requiere al Ayuntamiento de Ayamonte información sobre Isla Canela

HUELVAINFORMACIÓN* : Nuevo requerimiento judicial al Ayuntamiento de Ayamonte. Un equipo de la Guardia Civil retiró ayer gran cantidad de documentación, en presencia del alcalde, el socialista Antonio Rodríguez, y de representantes de los juzgados del municipio. Los agentes se llevaron en una furgoneta toda la documentación requerida al regidor ayamontino, una intervención que se prolongó por espacio de más de seis horas. La operación estuvo coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte, y se llevó a cabo en las oficinas centrales del Ayuntamiento, situadas en la Plaza de la Laguna de la localidad onubense fronteriza. En esas instalaciones se encuentran, concretamente, las dependencias de Desarrollo Local y Urbanismo, donde se centró el registro que terminó poco antes de las 17:00, cuando el dispositivo policial ubicado a las puertas del Consistorio se disolvió.

Una vez que la Guardia Civil terminó de trabajar, salieron de las dependencias municipales tanto el secretario judicial como el alcalde del municipio, sin que los agentes detuvieran a ninguna persona en esta operación.

Fuentes de la investigación destacaron la "colaboración en todo momento" que prestó el alcalde ayamontino en el desarrollo de las actuaciones, según informó la agencia de noticias Efe.

Colaboración que el propio portavoz socialista, José María Fernández López, corroboró a este periódico, al tiempo que matizó que en ningún momento se ha producido un registro, sino que se entregó al juez toda la documentación solicitada.

El portavoz señaló que en todo momento el Consistorio se puso a disposición de los agentes de la Guardia Civil, tanto los técnicos como el propio alcalde, desde el mismo instante que los agentes llegaron al Consistorio sobre las 10:00, y que abandonaron sobre las 16:30.

Fernández López desveló que la documentación requerida es de materia urbanística -en concreto, Isla Canela a partir de 1993- y subrayó que sólo requisaron documentos, pero ningún ordenador. En ese año Isaías Pérez Saldaña presidía la Alcaldía ayamontina.

El portavoz recordó que hace cuatro años volvió a pasar lo mismo, justo antes de las elecciones, y "todo quedó en aguas de borraja", por lo que se puede tratar de "algo cíclico" y añadió que "las ventanas del Ayuntamiento son de cristal y todo es transparente".

El alcalde no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación y se remitió en todo momento a las informaciones oficiales que se den desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia onubense.

Fuentes de la Subdelegación indicaron que la operación se había desarrollado por orden del magistrado titular del citado juzgado, "que ha reclamado una serie de documentos para ser llevados al juez, como efectivamente se ha hecho", sin que precisaran los motivos exactos que han llevado a esta actuación policial.

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, se refirió a la presencia de la Guardia Civil y de agentes judiciales en el Ayuntamiento como una "actuación ordinaria" y destacó que "sólo" se ha limitado a solicitar la información que se ha entregado por parte del Ayuntamiento. Jiménez apuntó que se trata de "una actuación ordinaria del Juzgado que ha entendido que era razonable conocer directamente y de primera mano de la autoridad urbanística local una información que ha recabado en el Ayuntamiento", al tiempo que destacó la claridad, transparencia y honestidad con la que trabaja el alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez, y su equipo de Gobierno".

Por su parte, la asamblea local de IU de Ayamonte informó de que, ante la "inquietud y recelo" que ha provocado esta actuación, ha solicitado formalmente al alcalde explique públicamente cuáles son los hechos que han ocurrido y qué documentación ha sido requerida. IU solicitará junto a los grupos de la oposición un pleno extraordinario.

Actualmente, el Ayuntamiento de Ayamonte está gobernado en minoría por el PSOE, después de que el Partido Andalucista rompiera el 17 de junio de 2009 el pacto de gobierno que mantenía con los socialistas y la oposición la completan, en mayoría, además de PA, IU y el PP.

La intervención de la Guardia Civil pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Ayamonte es punto de mira y de investigación por parte de los poderes judiciales desde hace tiempo. Así, en abril de 2007 un equipo de Delitos Informático de la Policía Judicial desembarcó en el Consistorio por orden judicial con el objetivo de rastrear los equipos informáticos municipales. Por entonces era alcalde Rafael González, también del PSOE.

El registro se produjo después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte dictara un auto de entrada en las dependencias municipales, registro que se prolongó durante horas. El juez instructor buscaba un recibo por un pago del Ayuntamiento; en concreto, una providencia que emitió a finales de 2005 a favor del teniente de alcalde, Carlos Fernández, para pagar una multa por unas desavenencias que tuvo con un agente de la Policía Local.

El alcalde relató que Carlos Fernández le pidió que le hiciera el favor de adelantarle 300 euros para pagar la multa, dinero que devolvería fraccionado a las arcas municipales y a los que sumaría los intereses. González accedió a la petición del teniente de alcalde y dictó una providencia para abonarle el dinero.



* Huelva Información - 9.02.11
Foto: Ayamonte (Huelva), edicios ilegales Isla Canela - huelvainformacion.es

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Los colegios profesionales se oponen a la 'Declaración responsable' propuesta por Urbanismo para los trámites

20MINUTOS/Sevilla* : Los colegios profesionales de Sevilla rechazan la 'Declaración responsable' que propone la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense como fórmula para la tramitación de documentos técnicos para la obtención de licencias y los informes de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Consideran que prescindir de la documentación visada por los colegios correspondientes equivaldría a "poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos". En una rueda de prensa conjunta celebrada en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), los decanos y presidentes de los colegios profesionales niegan la firma de un convenio entre la Gerencia de Urbanismo y ellos en esta materia, ya que "las negociaciones no llegaron a culminar por quedar pendientes aspectos sustanciales". En este sentido, los máximos responsables de las entidades colegiales aseguraron que no han rubricado ningún acuerdo con la Gerencia de Urbanismo.

Así se han pronunciado los decanos de los colegios de Arquitectos; Aparejadores y Arquitectos Técnicos; Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental; Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales e Ingenieros de Telecomunicación Demarcación de Andalucía Occidental y Ceuta. Los decanos y presidentes expresaron su sorpresa por el hecho de que "se divulgue un acuerdo que no ha sido cerrado" y acusaron a la Gerencia de Urbanismo de torpedear la negociación con la publicación de una "información falsa".

Los colegios profesionales mantienen discrepancias con Urbanismo en aspectos esenciales del borrador del convenio, sobre todo en lo relativo a la fórmula de declaración jurada que la Gerencia pretende que se presente junto a la documentación de los trabajos técnicos para la obtención de licencias y en la Inspección Técnica de Edificios. Los colegios entienden que el formulario de "Declaración responsable" a que se refiere la Gerencia "no puede sustituir a la certificación expedida por los colegios oficiales, que garantiza que el técnico contratado para la inspección cumple con los requisitos establecidos en la norma para el desempeño de su profesión".

"No pedir la documentación visada sería rebajar las exigencias de seguridad y favorecer el intrusismo profesional", señalan los presidentes de los colegios profesionales.

Sin garantías

En consecuencia, los colegios representados se personarán en todos los expedientes administrativos que se tramiten, ya que entienden que los procedimientos puestos en marcha por la Gerencia de Urbanismo no garantizan el adecuado control y seguridad de los trabajos profesionales. La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común reconoce la figura de "Declaración responsable", pero al mismo tiempo deja claro que el compromiso expresado en dicha declaración no afectará "a las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la Administraciones Públicas".

Los colegios argumentan que la Gerencia de Urbanismo de esta manera "no comprueba si existe sanción deontológica o incompatibilidad del profesional, o si dispone de seguro de responsabilidad civil profesional", por lo que consideran que Urbanismo debe solicitar al interesado la documentación técnica visada o registrada por el colegio oficial competente, o bien un certificado de Habilitación Profesional expedido por estas instituciones, o cualquier control acordado con la Gerencia.

Por otro lado, los representantes de los colegios profesionales alegan que la citada Ley reserva la "Declaración responsable" para el interesado, que es quien aporta la documentación requerida para cada procedimiento. En el caso del procedimiento de presentación de la ITE ante Urbanismo y en la solicitud de licencia de apertura de actividades, el técnico no es el interesado, sino el profesional que firma la documentación técnica que debe presentarse. Los técnicos que participan en la inspección de edificios ejercen una profesión reglada, por lo que su colegiación es obligatoria.



* 20 Minutos - EP. - 7.02.11
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com

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Operación Orquesta: imputados, pero poco

CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : Lo que más me ha llamado la atención en la denominada Operación Orquesta ha sido la reacción de algunos políticos y de determinados medios de comunicación, que no sólo han tratado de quitar trascendencia a los hechos sino que incluso han criticado la actuación del juez. Comenzando por lo segundo, se ha censurado la espectacularidad de la operación que condujo a la detención e incomunicación de las personas investigadas, así como los minuciosos registros llevados a cabo. Sin embargo, a la vista de las características de los delitos presuntamente cometidos, la única forma de realizar una instrucción adecuada era con una actuación coordinada y simultánea en todos los frentes de la investigación, donde además el factor sorpresa resultaba decisivo.El juez sería merecedor de crítica si hubiese actuado de manera contraria a como actuó, o sea, si hubiese citado a declarar en el juzgado a los implicados de uno en uno, con días de antelación y permitiendo que pudiesen ponerse de acuerdo en sus declaraciones, destruir documentos y borrar ficheros informáticos: de este modo, a buen seguro habría echado por tierra un laborioso trabajo de más de un año. Precisamente, es lógico suponer que, tras esta larga investigación previa, el juez disponía ya de numerosos indicios incriminatorios contra todos los actualmente imputados y que, para elegir el día de la Operación Orquesta y su concreto diseño, tuvo en cuenta diversos factores y se guió por la idea de hacer acopio del mayor número posible de pruebas.

Por lo que respecta a la trascendencia de los hechos, causa fatiga tener que recordar una vez más que en un Estado de derecho la gravedad de los delitos posee un inequívoco criterio objetivo de medición en la gravedad de las penas que el legislador democrático ha asignado a los delitos de que se trate, gravedad que en el presente caso está fuera de toda duda. Y también causa rubor tener que aclarar que ni la gravedad de los delitos ni los indicios de su comisión en modo alguno pueden verse debilitados por el dato de que el juez haya decretado la libertad para algunos de los imputados sin necesidad de que tengan que presentar fianza: en efecto, tanto la prisión provisional como la fianza no son más que medidas cautelares, dirigidas a garantizar el cumplimiento efectivo de la futura sentencia, y con ellas se pretende evitar el peligro de fuga o de ocultación del patrimonio del imputado. Por tanto, cuando el juez (o el fiscal) considera que no existe tal peligro es comprensible que no adopte dichas medidas cautelares, máxime, en concreto, si entiende que no hay ya riesgo de que se oculten o destruyan pruebas relevantes ni de que se puedan cometer nuevos hechos delictivos, y si además comprueba que los imputados no tienen antecedentes penales y poseen arraigo familiar y social.

A la vista de estas circunstancias, es habitual que los jueces decreten una prisión provisional que pueda ser eludida mediante fianza o incluso dejen en libertad a los imputados, limitándose a imponerles solo la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes con la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comunicar un cambio de domicilio. Y esta última ha sido precisamente la decisión adoptada por el juez de Corcubión, a petición del fiscal, con relación a los alcaldes de Fisterra y Mazaricos. Pero, claro es, se trata en todo caso de una libertad "con cargos", esto es, manteniendo la imputación de tres delitos, aspecto éste, por cierto, silenciado de forma mendaz en algunos medios de comunicación con el fin de inducir a error a la opinión pública.

Por lo demás, a la ceremonia de la confusión ha contribuido el presidente Feijóo, apuntando como "indicio" a favor de los alcaldes de su partido que "el fiscal haya pedido para ellos la libertad sin cargos". Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, dado que lo que ha hecho el fiscal es limitarse a no solicitar la referida medida cautelar de la prisión provisional eludible mediante fianza. Feijóo incurre, pues, en un grave error, al confundir cargos con medidas cautelares.

En cualquier caso, conviene recordar que lo único relevante desde el punto de vista jurídico será preguntarse si el juez mantiene la imputación de delitos. Y, obviamente, ante tal interrogante sólo caben dos posibilidades: o un sujeto está imputado o no lo está. Aquí no cabe recurrir al teatro del absurdo para decir, al estilo de Mihura, que los ediles "están imputados, pero poco".


* El País - Opinión - 7.02.11

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