"Los funcionarios nunca tasaron convenios urbanísticos del GIL"

MÁLAGAHOY* : El interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, intentó durante 2000, 2001, 2002 y 2003 que los convenios y compensaciones que se negociaban con los promotores inmobiliarios fueran valorados por los técnicos municipales. Nunca lo consiguió. Castro, que declaró ayer como testigo en el juicio del caso Malaya por presunta corrupción política y urbanística en Marbella, indicó que a partir de 2000 siempre que se firmaba un convenio emitía un informe reclamando que fuera el personal municipal el que se encargara de valorar si eran adecuados los aprovechamientos que se pactaban para el Ayuntamiento en compensación por la recalificación de las parcelas. Sin embargo, esa tarea la realizaban sin excepción técnicos externos contratados por el GIL expresamente para esa labor. Juan Antonio Castro precisó que ésta era una función a su juicio "complicada" porque exigía conocimientos de derecho urbanístico y que pretendía que se hicieran tasaciones internas "para garantizar el interés público municipal". Descartó que sus condicionantes respondieran a la desconfianza que le merecían los profesionales ajenos al Ayuntamiento. Nunca nadie atendió esos requerimientos. Es más, cuando la cuestión se elevó a dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía la respuesta que se obtuvo era las valoraciones externas eran perfectamente válidas.

Este funcionario de habilitación nacional, al que le corresponde velar por la legalidad de las cuentas municipales, precisó también que el convenio de Crucero Banús, desde su punto de vista, "quedó sin efecto" desde el momento en que la comisión de gobierno lo aprobó a condición de que se completaran los informes que había requerido el interventor. Desde su punto de vista el acuerdo "carecía de ejecutividad" puesto que la ley sólo contempla que se ratifiquen o rechacen este tipo de acuerdos, no que se aprueben condicionados. Cree, por tanto, que para que hubiera sido aplicable primero tendrían que haberse completado esos informes y, posteriormente, volver a ser sometido a aprobación en la comisión de gobierno.

Pero esa tramitación posterior no se produjo. Al amparo de la ratificación, el equipo de gobierno expidió una licencia de obras condicionada que dio lugar al inicio de los trabajos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no sin esfuerzo, logró que se paralizaran. No obstante, a preguntas de la defensa de Juan Antonio Roca, que ejerce la letrada Rocío Amigo, el interventor admitió que el convenio de Crucero Banús, a pesar de todo, no produjo perjuicios al Ayuntamiento porque las obras no se pudieron completar. El convenio, firmado en octubre de 2002, pasaba de comercial a residencial la finca, ubicada en Puerto Banús, y le elevaba el techo edificable de 500 a 11.000 metros. Además, tasaba en 240 millones de pesetas las compensaciones municipales derivadas de la recalificación. Esto permitió que un solar comprado por 4,3 millones de euros pudieran venderlo en menos de un año el ex teniente de alcalde Pedro Román, el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca, el comisario retirado Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffmann por 10,3 millones de euros, generando beneficios netos de 6 millones de euros.

Esa falta de perjuicio para las arcas municipales derivaría de que nunca se pudieron construir las 114 viviendas previstas y que a día de hoy, el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) de Marbella cataloga reserva la finca para zona verde y equipamientos municipales. Las compensaciones nunca cobradas por convenios urbanísticos generaron en la contabilidad local una ficción en la que ahora el equipo de gobierno trata de poner orden. El interventor de Marbella precisó ayer que se han tenido que detraer 74,7 millones de euros que figuraban en el remanente de tesorería municipal como derechos de cobro que nunca se han ejecutado y que son imposibles de ejecutar.

El gobierno que preside la popular Ángeles Muñoz aprobó en julio pasado el informe del interventor para eliminar estos apuntes contables derivados de los convenios firmados por los sucesivos equipos del GIL entre 1991 y 1996. En conjunto eran 156 acuerdos urbanísticos. En 128 se modificaba el planeamiento y se establecían pagos al Ayuntamiento por valor de 64,1 millones. Otros tres eran relativos a la venta de viviendas y solares y ascendían a 9,6 millones de euros.

El juicio por el caso Malaya, centrado en esta fase en la conocida como operación Crucero Banús, continúa hoy en una sesión en la que está previsto que declaren el jefe de la Policía Local de Marbella y el secretario general de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.



* Málaga Hoy - 9.02.11
Foto: Marbella (Málaga), policía Ayuntamiento (archivo) - laopiniondemalaga.es