ANTONIO MARÍN SEGOVIA/Valencia* : Una de las claves fundamentales de una sociedad civilizada y realmente responsable, es la que sabe unir modernidad con tradición. Mantener nuestros edificios histórico-artísticos, así como proteger e impulsar las actividades artesanales que tanto prestigio han dado a Valencia ciudad, es una labor esencial que todos los ciudadanos debemos asumir. Recuperar las antiguas fábricas de La Ceramo, Bombas Gens y luchar por la total rehabilitación del Colegio del Arte Mayor de la Seda es urgente y vital. Las instituciones valencianas invierten mucho dinero en edificios, eventos e infraestructuras innecesarias y nada útiles para los ciudadanos. Sin embargo no saben ni quieren potenciar el turismo de calidad y la cultura participativa entre sus propios conciudadanos. Es lamentable la ceguera y estupidez del ayuntamiento de Rita Barberá y de la Generalitat Valenciana a la hora de proteger y rehabilitar eficazmente nuestro maravilloso y singular legado patrimonial y ambiental. Activar un plan urgente de rehabilitación integral de todos aquellos bienes culturales y locales valencianos en peligro, es fundamental y debe constituir una prioridad de las autoridades locales, autonómicas, provinciales... Pero hay que redactar y ejecutar ese plan desde la más estricta legalidad, sin alterar ni modificar los bienes y sus entornos.
Cercle Obert de Benicalap piensa que, para obtener un éxito duradero y contagiar entusiasmo a todos los sectores de la población valenciana, conviene implicar a todas las instituciones públicas, al mundo universitario, al tejido empresarial, a las organizaciones sindicales, al movimiento vecinal y a los medios de comunicación. Es básico, si realmente queremos lograr una sensibilización general y dar a conocer nuestras raíces culturales y ambientales contar con el apoyo entusiasta y directo de toda la sociedad.
Rehabilitar, conservar y difundir el patrimonio cultural valenciano es una fuente segura y estable de creación de empleo, dado que también recupera antiguas actividades económicas muy atractivas y rentables. Por eso, el Colegio del Arte Mayor de la Seda debe recibir un trato preferente por parte del ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat, después de tantos años de abandono y olvido.
En un momento de crisis económica tan grave, conviene usar la imaginación y mirar frente a nosotros, observando que tenemos las respuestas y las soluciones para salir airosos de una situación de crecimiento urbanístico absurdo y aberrante, propiciado por unos empresarios e instituciones irresponsables y sin ningún respeto por nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir en entornos amables, limpios y equilibrados.
Los valencianos tenemos oportunidades de rescatar y recuperar toda nuestra maravillosa y singular historia. Estados Unidos no puede presumir de tener tantos monumentos, tantos conjuntos históricos y jardines singulares. Valencia debe huir de la locura improductiva de los eventos y saber combinar modernidad con respeto y recuperación integral y totalmente legal de nuestras señas de identidad, procediendo a impulsar un gran plan de rehabilitación, destinado a permitir la total regeneración y reutilización responsable de todos nuestros bienes, de todos nuestros entornos y conjuntos histórico-artísticos y ambientales.
* ANTONIO MARÍN SEGOVIA, EX PRESIDENTE DE CERCLE OBERT
* L'Informatiu - Tribuna - 26.02.10 (2011)
El patrimonio como solución rentable a la crisis
Bétera.- El Consell renuncia a una vía pecuaria y permite a un promotor ganar 5 millones
En este municipio, la superficie ocupada por la vía pecuaria "Cordel de Lliria" ha sido incluida en la unidad de ejecución del Plan Parcial del Sector I-3 de L' Horta Vella. Se trata de 27.682 metros cuadrados, a los que se ha adjudicado una edificabilidad de 0,60, lo que arroja una disponibilidad de 16.560 metros cuadrados de techo que pueden ser transformados por el promotor en viviendas.
Según los datos que figuran en la denuncia, en la unidad de ejecución del citado Plan Parcial, ayuntamiento y particulares han vendido a 300 euros el metro cuadrado de techo, lo que significa que la vereda o cordel de Lliria ha generado un beneficio de 4.968.000 euros.
No se trata sin embargo de una opinión en la que los ecologistas estén solos. La "Revista de derecho urbanístico y medio ambiente" publicaba en su número 239, en 2008, un artículo de Fernando Renau, Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castelló en el que éste establecía que las vías pecuarias no integran la superficie del sector, "no computan como superficie y no pueden incluirse en las unidades de reparto". De aplicarse esta lógica, avalada, por otra parte, por la doctrina jurídica, "la administración competente no puede informar favorablemente un Plan Parcial que incluya en el sector terrenos de dominio público
En consecuencia, Ecologistas en Acción se pregunta ahora la razón por la que en algunos casos la Generalitat sí ha ejercido sus competencias y ha impedido con carácter previo la inclusión de una vía pecuaria en un Plan Parcial o en su defecto, una vez consolidadas este tipo de situaciones, ha intentado recuperar la edificabilidad que le correspondía al estar apoyada en un camino de dominio público y de la que se ha beneficiado exclusivamente el promotor del plan.
Fuentes de Ecologistas en Acción aseguran que no encuentran respuesta a esta pregunta aunque creen que puede estar relacionada con el nivel de los "contactos" de cada promotor.
Cadena de renuncias
En el caso de Bétera, la arquitecta municipal llegó a certificar que el "Cordel de Lliria" había sido incluido en el Área de Reparto y se le había llegado a asignar Aprovechamiento Urbanístico. Posteriormente, la conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo y la Comisión Territorial de Urbanismo aprobaron el Plan Parcial sin tener en cuenta la irregularidad que suponía la inclusión del cordel.
Además, subraya la denuncia, "ni un solo euro correspondiente al aprovechamiento urbanístico perteneciente a la vía pecuaria ha ido a parar a las arcas de la Generalitat Valenciana, que es su titular. Y lo que resulta más curioso: nada ha hecho la Generalitat Valenciana ni para anular la inclusión de dominio público en un área reparcelable con asignación de edificabilidad ni para reclamar un aprovechamiento asignado a terrenos de su propiedad".
Independientemente de la calificación que reciban estos hechos por los tribunales , el abogado José Luis Ramos no descarta que exista un presunto delito de apropiación de fondos públicos.
Ecologistas en Acción ya intentó frenar este "abuso" y para ello inició acciones judiciales reclamando como "acto nulo" la aprobación del Plan Parcial del sector I-3 de l' Horta Vella. Este tipo de recursos no está sujeto a plazo y resultaba adecuado, según Ecologistas en Acción, puesto que la decisión que lo que el dominio público sobre las vías pecuarias es imprescriptible, inalienable e inembargable.
El juez desestimó el recurso como si fuera un recurso de revisión, que tiene un plazo límite de cuatro años desde que se aprobó el acto recurrido.
Sin embargo, los ecologistas creen haber encontrado otra vía: denunciar los hechos ante la conselleria de Hacienda, que ejerce la tutela sobre las propiedades- vías pecuarias- de la Generalitat y es la responsable de aplicar un derecho que no prescribe. De no actuar ahora para recuperar el "quebranto" sobre la propiedad y las arcas públicas generado por esta actuación, sus funcionarios y/o responsables políticos podrían tener que responder ante un tribunal.
* Levante - 20.02.11
Foto: Bétera (Valencia), vista aérea - levante-emv.com
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El TSXG anula dos licencias más en edificios de Fisterra
Ambas anulaciones vienen a sumarse a otras tres conocidas en los últimos meses (desde septiembre), frente a una que ha ganado el Concello. En general, y pese a las diferencias de matiz, los argumentos que emplea el TSXG para no dar la razón al Concello de Fisterra son que, a la hora de conceder los permisos correspondientes, aún no había red de saneamiento en la zona de la Anchoa.
En la de Proalsa, por ejemplo, los jueces indican: «La apelante no rebate la sentencia cuando dice que de los informes técnicos se colige que en la fecha de concesión de la licencia la parcela carecía del grado de urbanización como para que mereciera la consideración de solar, lo que compartió el técnico municipal, que informó el requerimiento de revisión cuando en esa fecha reconoció que se estaban ejecutando unas obras de saneamiento a ambos márgenes del vial por la Diputación [...], y no lo impugnan. Antes bien, se refieren a la obra de saneamiento que estaba pendiente de ejecución o a previsión en suspensión».
No es accesorio
Y, una vez más (se remiten a fallos anteriores), los magistrados consideran que «la instalación de saneamiento suficiente no puede considerarse, por su importancia, como una obra accesoria de escasa entidad, como sería preciso para que pudiera merecer [el suelo en que se construye] el carácter de consolidado». Además, la existencia de un proyecto de estación de aguas residuales «es irrelevante a efectos de enjuiciar las conformidad a derecho de la licencia litigiosa, pues su aprobación no tuvo lugar, según reconoce la parte apelante, hasta el año 2006». En el caso de Campoalsa (ambos edificios ya están terminados) se mantienen los argumentos.
El alcalde, José Manuel Traba, señaló ayer que el procedimiento en estos dos casos, además de en los tres ya conocidos, será el mismo: se elabora un expediente de legalización, ya con la conexión a la red de saneamiento, y así se solventa la falta de licencia temporal. No obstante, para ese enganche aún habrá que esperar a la recepción de la obra por parte de la Diputación: «Tiña que estar entregada xa o 20 de decembro, según nos dixeron, pero aínda estamos esperando». En realidad, la entrega originalmente prevista era «para o ano 2006, pero por diversos motivos, a empresa foi retrasando as obras. Hai quen fai oito kilómetros de saneamento en tres meses [en referencia a Sardiñeiro] e hai quen fai tres en catro anos e medio». Mientras tanto, los edificios han tenido que funcionar son fosas sépticas y pequeñas depuradoras, explica.
Hasta el momento, el Concello ha ganado una sentencia en una promoción de L-Tres (junto a la empresa) y ha pedido otra con la misma compañía, además de perder otras dos de Plaza Garden y Poalsa.
* La Voz de Galicia - 19.02.11
Foto: El TSXG ha emitido cinco sentencias que afectan a otros tantos inmuebles de la recta de Anchoa.- lavozdegalicia
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Isla Canela, al amparo de una ley franquista
El trabajo firmado por Luis Galiana y Diego Barrado, del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, bajo el título 'Los Centros de Interés Turísticos Nacional y el despegue del turismo de masas' explica perfectamente la figura dictatorial de los años 50 elegida para poder poner ladrillos y bloques de hormigón en un paraje natural completamente virgen en 1989: las marismas fronterizas isleñas. El ordenamiento fue amparado por la Junta de Andalucía en los tiempos del consejero Jaime Montaner y ejecutado con distinta intensidad y destreza por los alcaldes ayamontinos Isaías Pérez Saldaña, Rafael González, y, en menor medida, Antonio Rodríguez Castillo, que se enfrenta ahora a la digestión de las investigaciones judiciales y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita.
El modelo Isla Canela bebió de la fuente franquista a través de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, que conectaba las previsiones ligadas a la política económica y al desarrollo turístico con la ordenación del territorio. De hecho, las empresas promotoras Iscasa y Pryconsa han comercializado siempre sus ofertas amparadas en la ostentosa declaración de Centro de Interés Turístico Nacional, que también utilizó Matalascañas en los 70.
Desde la finalización de la zona de Playa Alta hasta ahora se han construido más de 4.000 apartamentos, campo de golf y varios hoteles, a los que se les ha despojado con el paso del tiempo de la exclusividad de vender un territorio naturalmente virgen.
En Ayamonte se han traspasado varias de las líneas rojas que la prudencia aconseja. Tan solo con los proyectos de Canela y Costa Esuri, en la misma orilla del Guadiana, sobre terrenos inundables, riberas y áreas de costa protegida, se preveían hasta 62.000 alojamientos. La cifra supera con creces los parámetros establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Occidental (Potloh), que limita al 15% el aumento de la edificabilidad.
Isla Canela partió de una inversión de 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros). Ni que decir tiene que la cantidad resulta irrisoria al compararla con los cientos de millones de euros que ha reportado.
Muchas de las advertencias y alegaciones que se hicieron al proyecto de Isla Canela no fueron ni leídas por las autoridades a tenor de los informes que manejan ahora el Juzgado y la Guardia Civil. En las alegaciones al carente Plan de Ordenación Urbana de Ayamonte, Ecologistas en Acción subrayó hace ya un lustro que los convenios y los planeamientos "contravenían la normativa propuesta en el Plan de Ordenación Territorial del Litoral Occidental de Huelva, en algunos casos de forma escandalosa, dándose la circunstancia además de que la referencia al Potloh que se realiza en los documentos del PGOU y en el Estudio de Impacto Ambiental es interesadamente incorrecta, ya que el texto en ningún caso plantea el apoyo a urbanizaciones interiores como la de Costa Esuri".
La misma organización criticó el hecho de que en vez de un PGOU se optara "por la vía de las normas subsidiarias, modificadas sin recato para destruir zonas protegidas por la normativa europea", lo que santificaba "un pelotazo urbanístico".
En las alegaciones se advirtió que el "Ayuntamiento apostaba por el desarrollismo franquista de los 60 que da origen a la generación de estructuras económicas delictivas, como se está comprobando en la Costa del Sol".
Veinte años después de comenzar la ocupación de la marisma, edificar en primera línea de playa, urbanizar en parajes como el de la Isla de San Bruno, edificar en supuestas zonas verdes y de servidumbre pública, marítimo-terrestre y de Costas la Guardia Civil y el Juzgado tratan de aclarar un sinfín de operaciones inmobiliarias, recalificaciones, aprobaciones plenarias, firmas de convenios urbanísticos, compras y ventas que han convertido a Isla Canela en una marisma sitiada por el cemento y asaeteada por miles de pilares de hormigón. Hasta para llegar a San Bruno se ha tenido que colocar una pasarela de madera, lo que le concede un bucólico pero falso aspecto veneciano entre niebla y 'aqua alta'.
* Huelva Información - 20.02.11
Foto: Ayamonte (Huelva), ribera guadiana - huelvainformacion
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Maó.- Una sentencia declara nulo el acuerdo sobre el solar de CATISA
No existe interés general
En la sentencia el juez Francisco Úbeda Tarajano argumenta que el convenio era “muy beneficioso para la sociedad promotora” que vio incrementada la edificabilidad y altura y que no era conforme al interés general. “La motivación brilla por su ausencia”, asevera e insiste en que “supone un claro beneficio patrimonial para la promotora”. Afirma que se trata de un acuerdo “huérfano de un estudio técnico” (el que se presentó fue realizado por el director del área de servicio de Urbanismo, un cargo de confianza) y además “no se justifica cuál es el interés público ya que no puede concluirse ninguna mejora para el equipamiento público mientras que para la propiedad privada todo son beneficios”. La sentencia aclara que el PGOU preveía en esta zona un máximo de 21 viviendas, mientras que con el convenio se elevaban a 96.
“Un chanchullo grande”
Al respecto, Juan Manuel Lafuente explicó que según un perito judicial, gracias a este convenio la promotora elevaba el techo de edificabilidad de la parcela en 1.846 metros cuadrados más, que sumaba a los 20.000 que ya disponía. El portavoz popular señaló que en el mercado inmobiliario la sociedad habría facturado 5,3 millones de euros con un beneficio neto de 1,4 millones. “Esto es un chanchullo grande”, “el timo de la estampita” espetó, al tiempo que aclaró que al declararse nulo el convenio, la promotora no tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios al Ayuntamiento.
Los populares critican que el equipo de gobierno argumentó en su día la urgencia de la modificación puntual del PGOU para permitir la operación con la excusa de la necesidad de construir en la zona una escoleta. Sin embargo, meses más tarde, durante la revisión del mismo planeamiento urbano, el gobierno local decidió ubicar dicho centro educativo en la calle Santa Eulàlia y además aún no ha sido construido. “Esta táctica es habitual, disfrazar como un supuesto beneficio para la comunidad lo que en realidad es un beneficio para un particular y un apoyo político al PSOE, algo tendrán a cambio de esta actitud”, insinuó Lafuente, quien añadió que “creo que PSM y EM fueron engañados, pero desde que tienen dedicación exclusiva son más fáciles de engañar”. La conclusión para los populares es que ni Tur, ni la teniente de alcalde, Gari Petrus, son de fiar.
* Menorca Info - 17.02.11
Foto: Solar. Terrenos donde la promotora Vertix Procam tenía previsto construir las viviendas.- menorcainfo
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«Es el momento de que los municipios pierdan poderes en urbanismo»
-Siempre se ha dicho que Málaga vive de espaldas al mar. ¿También se desentiende del monte?
-Sin duda y es bastante paradójico porque sin la montaña y, en concreto, sin los Montes de Málaga no se entendería el pasado ni el futuro de la ciudad, su historia, su música, sus costumbres. Muchos malagueños ignoran la riqueza del paraje, sus restos de arquitectura mozárabe, sus perspectivas. Está claro que a nivel de biodiversidad no es Doñana, pero reúne unas características que lo hacen único en Andalucía. Es un privilegio tener un espacio de este tipo a apenas unos kilómetros de una ciudad de 600.000 habitantes, con una conurbación en la que viven 1,5 millones de personas. Su historia es diferente.
-¿Es por eso que quieren ampliarlo? El proyecto multiplica la extensión del parque...
-La propuesta que hemos presentado, y que tiene que ser estudiada por la Junta, plantea pasar de las 5.000 hectáreas actuales a 33.000. Dicho así puede parecer exagerado, pero tiene su justificación. La extensión en la que se prolongaría el parque no incluye ni un solo metro que no esté ya protegido por los planes territoriales. Sería cuestión de añadir espacios en los que no se puede construir, terrenos que comprenden los viejos partidos de verdiales. La razón es que el agrupamiento en parque implica algo que va más allá de la mera protección. Supondrían contar con la gestión y la puesta en valor del paraje en su totalidad, de una manera coordinada.
-¿Qué beneficios comportaría para la ciudad? ¿Se puede hablar, incluso, de rendimiento económico?
-Por supuesto. Una buena gestión convertiría al parque en un lugar de ocio fundamental y en un reclamo turístico acorde con la renovación del sector, que cada vez se interesa más por lo segmentos complementarios al sol y la playa. Además, influiría en la ordenación urbanística positivamente.
-Después de las inundaciones de 1989 se pensó en los Montes de Málaga y en la reforestación como estrategia fundamental para contener las inundaciones. ¿Qué ha pasado con el proyecto?
-La verdad es que desconozco por qué no se llevó a cabo, aunque, en cualquier caso, creo que estas cuestiones merecen un cambio de perspectiva y una respuesta más global y estructural. Me consta que la Junta tiene sensibilidad al respecto, pero no se debe tratar de acciones y expropiaciones puntuales, sino de una política y un modelo que entienda el parque natural en su acepción de ordenación territorial, conservación de la historia e impulso económico.
-¿Cree que existen armas legislativas suficientes para perseguir los delitos urbanísticos o habría que endurecer la ley?
-Seguramente habría que ajustar más, pero no creo que ese sea el problema. A nivel legislativo, contamos con recursos de sobra para impedir que ocurra lo que ha ocurrido. Los déficits está en otros ámbitos, en los usos habituales de los ciudadanos y en la disciplina de la administración. De nada sirve, por ejemplo, tener una gran norma de inspección y no disponer de inspectores suficientes. Es un asunto, en gran medida, de voluntad política. Aunque creo que todo ha cambiado después de la gran catarsis de Marbella.
-¿A qué se refiere con lo de los usos ciudadanos? ¿Las leyes no protegen a los espacios de los excesos particulares?
-Insisto que hay un nivel aceptable de protección legislativa, tanto por la vía urbanística como ambiental. La asignatura pendiente está en la gestión y en la educación en la materia. Es difícil regular el comportamiento ciudadano. Hay pérdidas ya irrecuperables, pero otras se pueden subsanar con cambios que implican a todos. No se pueden mantener los niveles actuales de consumo ni persistir en el problema de movilidad que sufre la ciudad. Veremos qué pasa y qué resuelve la ley de economía sostenible, pero está claro que esto ya no es la demanda de una minoría, sino la visón que informa a medio y largo plazo la política de instituciones como la Unión Europa.
-No sé si le dejo fuera de juego si le pregunto por el Guadalmedina...
-Me temo que es un tema más técnico que jurídico, pero creo que, aún así, habría que empezar por observar la definición de un río, que es un concepto más complejo de lo que se presume y que no se limita al agua que fluye. Junto a mis compañeros de Geografía me inclino a pensar que va más allá de eso, que se está hablando, en términos jurídicos, del dominio público hidráulico. Me parece que antes de embovedar, habría que tener en cuenta otras opciones enfocadas a la integración del río en la ciudad, de la manera menos artificial posible. El río sigue ahí.
-¿Qué me dice de los proyectos previstos para Arraijanal y los terrenos del Campamento Benítez?
-La respuesta a Arraijanal que le da el plan territorial se interesa por proteger una de las escasas franjas libres del litoral, en la que influyen elementos históricos a preservar. Ahora bien, antes de plantear este tipo de proyectos, se necesita responder a una pregunta acuciante, definir el modelo de ciudad. Se debe estudiar si las propuestas encajan con las características de la zona, con su densidad de población y su nivel de tráfico. En definitiva, decidir por una vez cómo se quiere crecer y por dónde. En los últimos tiempos, Málaga ha apostado por un modelo de ciudad grande y eso ha generado una huella ecológica que no sólo afecta al entorno, sino también a la calidad de vida de los ciudadanos. El problema es que los ayuntamientos son a menudo cautivos de la financiación que les reporta el urbanismo. En algún momento habría que retomar la financiación municipal, los gobiernos locales no pueden depender de eso.
-¿Plantea un cambio de competencias? ¿En qué sentido?
-Quizá los ayuntamientos deberían contar con otro tipo de ingresos. Está claro que este país precisa un ajuste de competencias, tanto a nivel local como en su relación con las comunidades autónomas. Los municipios deben perder potestad urbanística y ganarla el Estado. En Europa quedan ya muy pocos sitios en los que los municipios cuenten con tantas competencias urbanísticas, incluido estados de organización territorial tan compleja como Alemania. Es un tema muy importante porque España tiene alrededor de 8.000 municipios y no puede haber 8.000 modelos diferentes. Es el momento de plantearlo.
-¿Qué opinión le merece el conflicto suscitado por la aplicación de la ley de Costas? Me refiero, sobre todo, a la polémica con los chiringuitos...
-Para esto mantengo un punto de vista de jurista clásico. Me parece que el derecho nunca debe ser estridente ni administrar medidas desproporcionadas, que ha de responder a los diferentes intereses que se dan cita en un conflicto. Eso sí, lo que no me parece admisible es crear una ley y justo después buscar las vías para evitar aplicarla. Si no gusta la norma, lo que se debería hacer es cambiarla, pero no aprobarla y luego eludir su sanción porque eso crea inseguridad jurídica.
-¿Está todo perdido en el litoral de Málaga?
-Evidentemente hay elementos de la fachada litoral que son difíciles de recuperar en todo su significado. Siempre se habla de la Costa del Sol occidental, pero habría que atender también a algunas fórmulas de crecimiento de la Axarquía, más difíciles de controlar y muy problemáticas. La Costa del Sol creció como una mancha de aceite, lo que permitió dejar libre algunos extremos, mientras que la zona oriental mantuvo un crecimiento más disperso, con propietarios que vendían pequeños terrenos, aislados. Eso supone un gran coste energético y, en muchos casos, una vulneración de la ley.
-¿Se han cometido más delitos urbanísticos en esa zona que en en la parte occidental?
-Lo primero que hay que distinguir es el concepto. Una cosa son los delitos urbanísticos y otra la corrupción municipal amparada en el urbanismo. Quizá en Marbella hubo más de esto último. A nivel paisajístico se pueden encontrar situaciones que parezcan visualmente aberrantes y que, sin embargo, cumplan la ley y a la inversa.
En corto
«Hasta hace poco preservar la naturaleza era entendido como un freno a la economía»
-La provincia acumula décadas de desarrollo poco sostenible. ¿Por dónde habría que empezar a corregir?
-Málaga presenta aspectos francamente mejorables, pero no creo que a nivel legislativo el problema sea mayor que el de otras ciudades. La provincia cuenta con tres planes territoriales y normativas de protección de los espacios. Eso sí, padece otro tipo de dificultades como la movilidad, que espero que se resuelva con las nuevas infraestructuras. El más acusado, sin embargo, es la preservación del litoral y la erosión del suelo. Son cuestiones que se deben resolver con la previsión de un modelo turístico y de crecimiento adecuado. Por fortuna, parece que se avanza en esa línea, sobre todo, con los nuevos planes.
-La preocupación por el medio ambiente forma parte de la agenda de los políticos. ¿Hasta qué punto hay implicación real?
-En ese aspecto se ha avanzado bastante. Hay una conciencia moderna y una generación que no ha tenido que ponerse al día con esta sensibilidad, sino que le es innata. Se ha perdido afortunadamente la visión, a menudo también de los políticos, de que la protección del medio ambiente suponía un freno al desarrollo económico. Hoy, y así lo indican entre otros la Unión Europea, se entiende todo lo contrario, es decir, que se trata de una fuente de riqueza y de un modelo que tiene que ver con la supervivencia. Los tribunales también lo tienen en cuenta como un bien a proteger.
-Una curiosidad, ¿es cierto que asesora legalmente a la promotora que impulsa la construcción del hotel de Moneo en Málaga?
-No, yo no me dedico al derecho privado. Simplemente elaboré un informe acerca de que administración le correspondía la competencia de decidir al respecto de la altura del edificio. Ya que me lo pregunta, está claro que la arquitectura también es sostenibilidad y que los arquitectos están muy concienciados. Todo proyecto tiene costes y beneficios y este no es una excepción. Lo prioritario, a nivel urbanístico, sería recuperar espacios como la judería, de manera global.
La OPinión Málaga - 20.02.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
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Alicante.- Ciudad accesible
JOSÉ RAMÓN NAVARRO VERA* : Hace pocos años, un concejal de tráfico del equipo del alcalde Alperi al ser interpelado públicamente para que expusiese cuál era las ideas que inspiraban la política de transporte y tráfico municipal dio esta rotunda respuesta: que cada ciudadano en uso su libertad pueda ir ,en su coche, por donde quiera y adonde quiera. No es extraño que fuese por entonces cuando, sin duda, para no disminuir la capacidad de la calle Alfonso el Sabio para el tráfico de coches, se tomó la decisión del carísimo soterramiento del tranvía por la misma, a pesar de haber sido proyectado inicialmente en superficie, lo que hubiera supuesto un coste mucho más bajo de haberse hecho así. Es precisamente la reducción de la capacidad para los coches en los centros urbanos lo que se pretende con la inserción del tranvía en superficie en los mejores proyectos de esta clase en centros urbanos como Grenoble, Estrasburgo, Montpellier, etc. Afortunadamente, la cultura del transporte y movilidad en Alicante está cambiando. Se han introducido importantes mejoras e innovaciones tanto en la oferta como en la gestión del transporte público, aunque algunas de las más interesantes han llegado con retraso, desde el tranvía a la instalación de los Sistemas de Ayudas a la Explotación (SAE) en tiempo real instaladas en algunas paradas de autobús desde hace un par de años, si bien hay todavía paradas importantes sin ese servicio. A pesar de todo, la velocidad comercial del transporte público (autobús) apenas ha mejorado.
No se puede afirmar que esta ciudad camine de un modo decidido hacia un modelo de transporte público económicamente eficiente, socialmente igualitario y ambientalmente sostenible. Algunas propuestas dirigidas en este sentido serían:
1. Una ciudad como Alicante, que presume de gestión sostenible, debería de establecer su política de transporte y movilidad urbana fijando y cuantificando indicadores que permitan evaluar los objetivos propuestos, entre los que se deben de encontrar: reducción de emisiones de CO2 generadas por el transporte y tráfico; transferencias de viajes del coche al transporte público y no motorizado; aumento de la velocidad comercial del transporte público; incremento de intercambios entre modos de transporte, reducción en el número de accidentes, etc.
2. Las políticas de transporte y movilidad en la ciudad deben dirigirse hacia un objetivo de accesibilidad igualitaria y equilibrada en todo el espacio urbano. Una red de comunicación desigualmente repartida en su territorio, como ocurre en Alicante, al posibilitar moverse a velocidades muy diferentes, puede entrañar riesgos de exclusión para aquellas zonas que no dispongan de una adecuada accesibilidad a los diferentes modos de esa red.
La red de tranvías va a privilegiar los corredores urbanos por los que discurre en detrimento de las zonas que no tienen ese servicio. Para mitigar ese desequilibrio es urgente coordinar la red de autobuses con la de tranvías buscando una mayor eficiencia global y no andar con soluciones improvisadas como se viene haciendo hasta ahora.
Da la impresión en esta ciudad que el autobús es el hermano pobre del tranvía. El diseño e inserción en el espacio público de muchas paradas de autobuses es, en general, de una calidad y un nivel de confort lamentables.
3. Las redes de transporte público deben de proyectarse como piezas estructurantes en el planeamiento urbano, con el mismo protagonismo, o mayor, del que ahora se le da al viario para coches. A diferencia de los mejores proyectos tranviarios en Europa, el de Alicante se ha establecido de espaldas al urbanismo. La red de tranvías de nuestra ciudad esta concebido para unir puntos, no para vertebrar el territorio urbano y metropolitano.
4. Cualquier proyecto de nueva infraestructura que suponga un aumento de capacidad viaria para los coches debe de llevar obligatoriamente aparejadas medidas que faciliten el transporte público y la movilidad no motorizada (carril-bus o plataformas reservadas, peatones, ciclistas, etc.). La ausencia de estas medidas en la nueva avenida de Denia descalifica a una ciudad que pretende ser una referencia en la gestión urbana ambientalmente sostenible.
5. Se debe dar más transparencia a la gestión y explotación del transporte público requiriendo a las empresas operadoras, públicas y privadas, la publicación de una memoria anual con los resultados de explotación del servicio en ese periodo para que sean accesible a cualquier ciudadano. Con ello se podría saber, entre otras cosas, lo que nos cuesta a los ciudadanos el transporte público en relación con su eficacia, y de ese modo podríamos debatir con más información la incomprensible privatización de la línea 2 de tranvía, que, según sus gestores, va a ser la de mayor demanda de viajes de la red.
Deben revisarse los convenios de concesión de las líneas de autobuses en los que las subvenciones públicas a la empresa se facturan por kilómetro recorrido, lo que, en principio, beneficia a la empresa y menos a los ciudadanos
6. Las campañas de sensibilización hacia el uso del transporte público y modos no motorizados, deben explicar al ciudadano con claridad los efectos y costes de la utilización del coche para la colectividad.
7. Se carece de bases de datos e información fiable sobre las características de la movilidad en Alicante. El último estudio de cierta profundidad es del 2000. Pero no se trata de encargar y almacenar estudios sin más, sino de que estos deben alimentar sistemas de información continúa absolutamente necesarias para planificar y gestionar con eficacia y eficiencia el transporte y el tráfico.
* Información - Opinión - 13.02.11
Mallorca.- Hidalgo, Gibert y Massot obtuvieron 600.000 euros de la venta de apartamentos a los que el ex alcalde dio licencia
El ex alcalde, quien ha salido del centro penitenciario de Palma -en el que cumple condena por dos piezas del caso- para prestar declaración, ha sido inquirido así acerca de un presunto entramado societario en el que estos encausados figurarían como socios y receptores de dinero y participaciones, y dentro del cual también estarían involucrados los arquitectos Miguel Arenas y Maribel Seguí. Las pesquisas de este fleco apuntan de este modo a que tanto Hidalgo como Gibert se asociaron con estos inculpados a fin de adjudicarse licencias y dar curso a sus propias promociones inmobiliarias.
Todos ellos han sido citados para esta misma jornada como imputados en el marco de la pieza 73 de la causa, relacionada con un delito de negociaciones prohibidas. En el caso de Mir, se ha acogido a su derecho de no declarar, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
Pese a defender que no se abstuvo de las votaciones de estas licencias en Junta de Gobierno porque "al ser participante en la sociedad no tenía que ausentarme", el ex primer edil, asistido por Gaspar Oliver, ha reconocido que no comunicó a los demás miembros de la Junta que formaba parte de la sociedad. En cualquier caso, el encausado ha apuntado hacia Arenas como la persona que dirigió estas operaciones y quien se encargaba "de toda la tramitación de las licencias".
PARTICIPÓ EN UNA TERCERA OPERACIÓN INMOBILIARIA
Finalmente, el ex primer edil también ha sido preguntado por una tercera operación por la que el entonces alcalde cerró un pacto verbal con el promotor Miguel Miralles para comprar dos solares de Cala Moragues junto a Gibert, Seguí y Mir, quienes acordaron con Arenas construir cuatro apartamentos en uno de los terrenos y cuatro en el otro. Nuevamente, Hidalgo tampoco se abstuvo al aprobar la licencia, si bien ha precisado que "no se le dio más celeridad por hecho de que fuera para el alcalde".
Respecto a esta operación, ha manifestado que Mir y Seguñi informaron de estas licencias cuando ya habían pactado la compraventa, y ha explicado que los cuatro desembolsaron unos 1.500 euros para pagar el proyecto básico a Arenas.
Se da la circunstancia de que el pasado 13 de enero, día en que fue citado Hidalgo por primera vez dentro de esta pieza, el ex alcalde llegó a salir de la prisión para acudir a los Juzgados de Vía Alemania donde iba a ser interrogado. Una vez allí el encausado, que inicialmente fue defendido por Rafael Perera, comunicó su renuncia a los abogados que hasta entonces le representaban, Manuel Murillo y José Manuel Arroyo, para pasar a ser asistido por Gaspar Oliver.
Cabe recordar que Hidalgo se encuentra de forma paralela acusado en otro caso por haber ordenado el cierre presuntamente irregular del parking de la actual primera edil de Andratx Isabel Alemany (UM), unos hechos por los que la Fiscalía solicita dos años de prisión contra el inculpado mientras que la acusación particular, ejercida en representación de la también vicepresidenta primera del Parlamento balear, pide un total de tres.
* Qué - 18.02.11
Foto: Port Andratx - mallorcaweb
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Llanes.- El «terremoto» urbanístico preocupa
Varios colectivos exigieron que se depuren responsabilidades. Además de a los dirigentes municipales, impulsores de los planes anulados, los colectivos señalan también a los dirigentes del Principado como responsables del galimatías urbanístico en el que se está sumido el concejo. Casi todos mostraron también su pesar por las «reiteradas y continuas irregularidades urbanísticas» que padece el municipio desde hace más de dos décadas.
La Asociación de Vecinos de Celoriu «La Hoguera» considera que la anulación supone un «perjuicio muy importante para la economía de muchas familias de Llanes» y un mazazo para el «asentamiento de población». Según el presidente del colectivo, Alberto Álvarez, los responsables son «quienes nos gobiernan». Lamentó que el gobierno municipal afirme que «no pasa nada» y que se defienda esgrimiendo que «otros también cometen ilegalidades». Sobre las normas urbanísticas provisionales que el Principado planea aprobar, expresó: «Parece que serán otra tomadura de pelo para ocultar el caos urbanístico en el que nos han metido».
La Asociación «Ereba», de Nueva, reclamó un nuevo Plan General que «cumpla con los trámites indispensables», como exposición pública y participación ciudadana. El secretario del colectivo, Agustín López Rivas, lamentó que al quedar el concejo «sin instrumento de ordenación y sin planificación urbanística, todo cuanto en existe está en limbo jurídico» y por lo tanto -a pesar del mensaje tranquilizador emitido por la alcaldesa, Dolores Álvarez- «lo construido puede ser demolido, en especial lo ya denunciado, como La Talá». En cuanto a las normas provisionales, «no tienen ninguna cobertura legal». Por otro lado, sugirieron que se pidan «responsabilidades a personas con nombre y apellidos» como las que aprobaron el PGOU en la CUOTA, sin olvidar las responsabilidades municipales. «Lo único que han conseguido es transformar nuestros pueblos en cementerios de ladrillos para segundas residencias casi siempre vacías», concluyó «Ereba».
El secretario de la Asociación de Vecinos de Llames de Pría, César Alonso, comentó que la sentencia «demuestra que el Ayuntamiento ha hecho tramitaciones que no se ajustan a la ley» porque «lo único que le interesa es su propia opinión, sin dar ninguna participación a los vecinos». Con la paralización del urbanismo «se paraliza totalmente la actividad económica del municipio», argumentó Alonso, para quien eso conduce a una «situación de muy difícil la salida. Alguien debe asumir el fracaso y dimitir, evidentemente la Alcaldesa y José Balmori como máximos responsables», añadió Alonso.
En el sector turístico también se palpa la intranquilidad. El presidente de Fomento del Turismo (Fomtur), Fernando Fernández, señaló que «el objetivo número uno» de todo plan es que sea «un ejemplo de tramitación y seguridad jurídica», para lograr que Llanes tenga «la tranquilidad que hoy no tiene». Fernández espera trámites correctos a partir de ahora, porque la confianza «es básica para cualquier desarrollo o consolidación en una zona turística como la nuestra».
El presidente de la Junta Ganadera Local, Juan Antonio Ruenes, llamó a la calma para «esperar a ver cómo se resuelve» el problema, ya que «alguna solución tiene que haber». Añadió que a partir de ahora hay que «coger el camino más correcto» y «poner la confianza en que todo se arregle cuanto antes».
El presidente de la Asociación Llanisca de Restaurantes (Allares), Manuel Vega, rehusó emitir valoración alguna, al no conocer a fondo el plan anulado.
* LNE - 19.02.11
Foto: El «terremoto» urbanístico preocupa - lne
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El TSXG evidencia el cambio de criterio de la Xunta respecto al urbanismo de Barreiros
En el año 2008 el entonces director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, Hipólito Pérez, dictó una resolución ordenando la suspensión inmediata de las obras de una promoción en San Cosme de Barreiros, en una parte de los bloques de viviendas que invadían el suelo rústico careciendo para ello de la preceptiva autorización autonómica. Por otro lado, ordenó la retirada de los materiales y la maquinaria en el plazo de 24 horas y la suspensión de los suministros de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones en la obra.
En mayo del 2010 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo dictaba una sentencia estimando el recurso interpuesto contra esta resolución. Ahora el TSXG recoge en los fundamentos del derecho de su fallo que esta sentencia no fue impugnada por la Xunta y por lo tanto devino en firme, por lo cual ahora estima el recurso del promotor.
El convenio firmado por la Xunta, la Diputación y el Concello que se está tramitando para desbloquear el urbanismo de Barreiros incluyó como condición que los constructores renunciasen por escrito a reclamar judicialmente responsabilidades patrimoniales a la Administración, ya que disponen de la licencia de obra del Concello para sus promociones. A cambio, los constructores exigieron a la Xunta que retire todos los contenciosos.
* La Voz de Galicia - 19.02.11
Foto: Barreiros(lugo) - barreiros
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Corrupción sin efecto
ALBERTO HIDALDO TUÑÓN* : Los ciudadanos no confían en la política y tampoco en la justicia. Y quizás esa sea la razón por la que las imputaciones y acusaciones judiciales apenas tienen efecto en el voto de una parte de la población. Este argumento parece certificado por el bajo índice de confianza de los españoles en las instituciones que sigue recogiendo en sus barómetros el Centro de Investigaciones Sociológicas. En estos datos se ve claramente que el Poder Judicial suspende, pero su índice de confianza, aunque es superior al del Gobierno y al del Congreso, queda por debajo del de los parlamentos regionales. También en esta encuesta se refleja la máxima de que la cercanía de la administración a los ciudadanos fideliza el voto. El hecho de que los partidos estén en lo más bajo de los índices de valoración agudiza todavía más el descrédito hacia la justicia, pues muchas personas creen que la solución al problema no vendrá de los partidos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Los primeros que no confían en la justicia son los propios partidos, cuyos dirigentes defienden a sus militantes, y en muchas ocasiones no les apartan de sus funciones hasta que no han sido condenados por sentencia firme. Y a veces ni eso.
Pero sí existe una diferencia entre los simpatizantes de izquierda y los de derecha. Los primeros, que son más descreídos, creen más en la Democracia, por eso de creer en algo. Mientras, en la derecha impera, por encima de todo, el principio de lealtad, siempre y cuando no afecte a sus intereses. Por eso se dan unas prácticas políticas diferentes, que reflejan la mentalidad de la militancia. Los votantes de la derecha, que son más cívicos y disciplinados a la hora de votar, siempre se movilizan más que los de la izquierda, que no tolerarían la corrupción de sus dirigentes. También es importante resaltar el bajo crédito que merece la Iglesia Católica en un país tradicionalmente católico.
* El País - Opinión - 19.02.11
Madrid.- El Supremo declara ilegal la M-501 pero el fallo no tendrá consecuencias
El Supremo ratifica la decisión que tomó en 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ecologistas en Acción denunció la obra que recorre el parque regional del río Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche por saltarse la normativa medioambiental. La presidenta, Esperanza Aguirre, se aferró al "interés general" y a la siniestralidad de la vía para defender un plan que su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, había echado por tierra tras un informe medioambiental negativo y la oposición del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A la obra, que contó con el beneplácito de los 12 alcaldes de la zona, le falta un tramo por desdoblar. El Gobierno regional no aclaró ayer el futuro del proyecto.De Quijorna a Navas del Rey el asfalto es liso y hay dos carriles para cada sentido. La carretera es así desde el verano de 2008, cuando terminaron las obras de desdoblamiento de uno de los tramos protegidos de la M-501. La Comunidad apeló al interés público para justificar una obra que mejorase el tráfico y la seguridad vial. Seis personas murieron en 2001. Desde ese año, la cifra de fallecidos en accidentes de coche no bajó de tres al año entre el kilómetro 22 y el 40 hasta el desdoblamiento, según datos facilitados por la Consejería de Transportes e Infraestructuras. El Supremo echa por tierra ahora ese argumento, asegurando que el "interés público" al que se aferró el Gobierno de Aguirre no abarca la seguridad vial.
El trazado de la M-501 atraviesa parte del parque regional del curso medio del río Guadarrama, una zona de especial protección medioambiental. De ahí que hiciese falta la declaración de impacto ambiental que valora posibles daños al entorno y que el Alto Tribunal reclama ahora.
La Comunidad se anticipó a la decisión judicial y cumplió con este requisito, que debía tener preparado antes de empezar las obras, justo dos meses antes de que terminaran. Por eso, la Consejería de Transportes ve "irrelevante" el fallo puesto que la sentencia "ya se encuentra ejecutada y se ha subsanado el fallo de procedimiento", según una nota remitida por la consejería.
Ecologistas en Acción ya temía que los efectos de la sentencia fuesen limitados. Ayer recibieron el fallo con "alegría agria", según declararon dos portavoces. Son conscientes de que es difícil que la zona afectada quede como antes de las obras. "Nos faltan 10.000 encinas, el daño ya está hecho", señala Santiago Martín Barajas, de Ecologistas. A la M-501 le queda aún un tramo sin desdoblar de unos 20 kilómetros entre Navas del Rey yan Martín de Valdeiglesias. La consejería no aclara cuál es el futuro de esos kilómetros. Un portavoz explicó ayer que su acometida depende de que se incluya en el programa electoral del PP. En caso de que haya más obras, esta vez sí, prometen cumplir los trámites medioambientales.
Del parque al tribunal
- El primer tramo de la M-501 desdoblada es de 2001. El entonces presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró 12 kilómetros entre Villaviciosa de Odón y Quijorna. La Comunidad advirtió de que la parte final de la carretera no se podría desdoblar por pasar por una zona protegida con especies en peligro de extinción, como los linces, y bosques mediterráneos.
Lo respaldaba un informe del CSIC.
- En 2004, la presidenta Aguirre pactó con los 12 alcaldes de la zona (de PP, PSOE e independientes) convertir la carretera de los pantanos en autovía. Argumentó "la seguridad de los madrileños". La Guardia Civil señaló que en 2003 se registraron 167 accidentes (cinco mortales); el 60% de ellos ocurrieron en el tramo de autovía.
- La Comunidad declaró en 2005 el "interés general" para quedar exenta de la declaración de impacto ambiental. Ecologistas en Acción lo denunció ante la UE y aseguró que escondía "intereses especulativos".
- Las obras empezaron en 2006. Ecologistas acudió a los tribunales y
el TSJM desestimó la petición de que
la obra se paralizase. A finales de ese mismo año, la Comisión Europea
abrió un expediente por la ampliación y exigió una declaración de impacto ambiental sobre toda la carretera.
- En marzo de 2007, Bruselas dio un ultimátum a la Comunidad para que estudiase el impacto de las obras. En agosto lo denunció ante el Tribunal
de Justicia de la UE.
- El TSJM señaló en 2008 que la obra no tenía interés general y que había que levantarla. La Comunidad recurrió.
- El Gobierno regional presentó el informe medioambiental en febrero de 2009, cinco meses antes de terminar la obra. El Supremo ratificó la decisión del TSJM en febrero de 2011.
* ElPaís - 19.02.11
Foto: El desdoblamiento de la M-501 - elpais
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Santiago.- Gaiás cumple 10 años en obras sin que la Xunta haya precisado su futuro
Improvisadamente impulsado por Jesús Pérez Varela (PP), tutelado por la nacionalista Ánxela Bugallo del año 2005 a la primavera del 2009 y desde entonces gestionado por Roberto Varela con el objetivo de internacionalizarlo, el proyecto consta de seis edificios, dos de los cuales (biblioteca y archivo) se inauguraron hace un mes. Otros tantos (la sede central y una especie de museo innovador) entrarán en servicio de modo gradual durante el período 2011-2012. Con los restantes, que deberían llevar abiertos un lustro largo e incluso carecen de estructura, el Ejecutivo gallego todavía no sabe qué hacer exactamente.
Concebido en origen como gran palacio operístico y presupuestado en 135 millones, el debate acerca de uno de ambos acaba de posponerlo hasta el 2014 la Consellería de Cultura, al firmar con el contratista un trienio de moratoria. Y sobre el futuro del otro, de momento, se limita a aseverar: «Fora pensado para as novas tecnoloxías e o bipartito quixo destinalo a Centro de Arte Internacional e Museo de Nenos, encarecéndoo en sete millóns [sobre 33]. Nós non imos asumir eses plans porque temos un propio, que explicaremos en breve e que eliminará ese sobrecuste».
De eso, de plazos, de contenidos y de dinero en general hablará «con precisión» en el hemiciclo de O Hórreo el presidente de la Xunta antes del 10 de marzo, avanzó ayer una fuente institucional, quien también atribuyó su demora en comparecer a una «inesperada» iniciativa parlamentaria concerniente a este asunto recién aprobada por unanimidad.
* La Voz de Galicia - 11.02.11
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - cidadedacultura.es
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Alicante.- Castedo declarará como imputada antes del 22-M por el PGOU
La pieza desgajada de Brugal relativa al Plan General de Alicante -que todavía se encuentra bajo secreto de sumario, pese a que parte de la causa ya es conocida por las partes al "colarse" por error información secreta sobre el PGOU en el sumario general de Brugal- trata de esclarecer si durante la elaboración del diseño urbanístico de la ciudad Sonia Castedo, entonces concejala de Urbanismo, y Alperi, ex regidor de Alicante, ofrecieron información privilegiada al constructor Enrique Ortiz a cambio de dádivas, tales como viajes pagados por el empresario. El juez no podrá citar a declarar a Alperi -tal y como solicitó la Fiscalía, que inició de oficio la llamada Operación Brugal que dio origen a la macroinvestigación judicial por corrupción de más calado en la provincia de Alicante- ya que éste está aforado por su condición actual de diputado autonómico. Si durante las primeras pesquisas el juez que se ha hecho cargo del asunto, Manrique Tejada, hallara indicios contra Alperi, tendría que remitir la causa completa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
La citación de Enrique Ortiz también está prevista para los próximos meses. Ortiz ya ha sido imputado por el juez que instruye la presunta trama de corrupción en el negocio de las basuras en Orihuela y la Vega Baja, Carlos San Martín, y que le interrogó por las presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal, por las que también declararon, entre otros, tras su detención, el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory. Las posibles irregularidades en el Plan Zonal y en la adjudicación de la contrata municipal de recogida de residuos y limpieza viaria de Orihuela conforman la parte central de la investigación de Brugal a partir de la cual, tras los pinchazos telefónicos autorizados para esta investigación, se detectaron otras presuntas irregularidades que dieron origen a una maraña de investigaciones que provocaron una quincena de causas desgajadas por otros delitos aunque la mayoría de ellas tienen como implicados a los mismos protagonistas.
Sobre el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante recayó la pieza separada de Brugal relativa al PGOU de la ciudad, así como la que intenta esclarecer un presunto delito de alzamiento de bienes por parte del gerente del grupo Autisa, Rafael Gregory, una pieza que se sumó a la causa abierta por el mismo juzgado contra este empresario y su hermano por una supuesta estafa con el renting de los camiones de su firma. La complejidad de las causas derivadas de Brugal motivó que la nueva presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, se comprometiera recientemente a reforzar el juzgado con un juez de apoyo.
Piden imputar a más personas por el arma
La Fiscalía ha solicitado al juez que instruye la causa contra Enrique Ortiz por presunta tenencia ilícita de armas que llame a declarar en calidad de imputados a todos los trabajadores del empresario con acceso a la caja fuerte donde fue hallado un revólver de 85 milímetros. El arma fue incautada durante los registros por el caso Brugal llevados a cabo el pasado mes de julio por el Cuerpo Nacional de Policía y que se produjeron, entre otros lugares, en las oficinas del grupo Cívica y en el domicilio y el despacho del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, imputado en las presuntas irregularidades en el Plan Zonal de Residuos para la Vega Baja. La fiscal ha solicitado al juez que no desvincule a Ortiz del arma hallada durante el registro en la caja fuerte de sus oficinas de pese a que un trabajador del grupo admitió ante el magistrado ser el propietario de la misma. Ortiz declaró que no tenía constancia del revólver, mientras que el trabajador que se autoinculpó -que carece de licencia para ese arma- dijo que lo dejó en el interior de la caja y se olvidó de él. Unas imágenes aportadas al juzgado por la Policía muestran que el revólver estaba a la vista al abrir la caja.
* Información - 18.02.11
Foto: Alicante - terra
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El ex alcalde de Alcaucín, imputado por prevaricación, crea un nuevo partido
El ex alcalde, que desde su salida de prisión ha permanecido alejado de la política, ha asegurado que su decisión de optar a la Alcaldía se basa "en que no pude terminar los proyectos que tenía en marcha para mi pueblo, y tengo mucha ilusión en poder completarlos y sacar al municipio de la situación en la que se encuentra".
Según ha afirmado, en la decisión de volver a la primera línea política también ha influido decisivamente "que me lo ha pedido mucha gente, muchos vecinos de Alcaucín que me siguen mostrando su apoyo y que necesitan soluciones y trabajo, algo que en este momento no les da un Ayuntamiento nefasto".
"No soy un cobarde, me lo ha pedido mucha gente y tengo la conciencia tranquila, porque soy inocente", ha continuado Martín, quien considera que el hecho de estar imputado no supone un impedimento para presentarse a las elecciones, "ya que no implica que esté condenado".
'No he hecho nada que no hayan hecho otros
En este sentido, ha insistido en que se considera inocente, "porque no he hecho nada que no hayan hecho otros, y puede que haya habido alguna irregularidad en la concesión de alguna licencia, pero nada que no se haya hecho en otros pueblos de la comarca, cuyos casos están siendo tratados de forma muy diferente al mío".
Por ello, ha indicado que llevará su defensa legal "hasta las últimas consecuencias, lucharé con todas las armas legales a mi alcance, porque Alcaucín tiene un futuro impresionante y no voy a permitir que sea la cabeza de turco del urbanismo en la Axarquía".
En cuanto a la cita electoral, Martín ha mostrado su convencimiento de que tendrá "un gran apoyo" en las urnas por parte de sus vecinos y, aunque tiene claro que "todo será más difícil" después de lo ocurrido, confía en "obtener un buen resultado, con los votos suficientes para gobernar y sacar el pueblo adelante".
José Manuel Martín Alba, que gobernaba en Alcaucín desde 1991 bajo las siglas del PSOE, fue detenido en febrero de 2009 por su presunta implicación en una trama que construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable. Pasó tres meses en prisión provisional, de la que salió tras abonar una fianza de 120.000 euros, y actualmente está en libertad provisional con cargos, a la espera de que se inicie el juicio.
* El Mundo - 18.02.11
Foto: El ex alcalde de Alcaucín, Martín Alba, a su salida de la cárcel. | ELMUNDO.es
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Un globo de aire sucio
Londres: Una tasa eficaz, pero poco tiempo
ÍÑIGO SÁEZ DE UGARTE
Bruselas se ha cansado de esperar. Londres no ha cumplido desde 2005 los límites máximos de contaminación y no hace más que solicitar prórrogas. En la última, pide ampliar el plazo hasta junio de 2011. La Comisión estudia si concederla o llevar a Reino Unido a los tribunales, que pueden imponer multas de hasta 300 millones de euros. El tráfico es el origen de la mayor parte de esa polución. Desde 2003 se obliga a pagar una tasa diaria de diez libras a los vehículos que entren en la zona central de la ciudad. En los primeros años, la medida originó un descenso del tráfico en torno al 15%, pero la impresión general es que con el tiempo ha vuelto a las cifras anteriores. La gente prefiere pagar a dejar de usar el coche, sobre todo en la hora punta. La última decisión del Ayuntamiento ha sido reducir la zona.
Desde enero, ya no está en vigor en la zona oeste, en Chelsea y Kensington, donde viven muchos de los votantes del alcalde, el conservador Boris Johnson. La versión oficial es que eso sólo supondrá un pequeño incremento en las emisiones.El Ayuntamiento ha prometido que desde 2012 todos los nuevos autobuses serán híbridos. Para entonces, ya habrá 300 en circulación. El alcalde quiere que haya 100.000 coches eléctricos, un 5% del total, en Londres (ahora hay 1.700). No tienen que pagar la tasa de congestión y el Gobierno subvenciona su compra con 6.000 euros.
Roma: Consecuencia de una mala gestión
DANIEL DEL PINO
Hay dos características que distinguen a Roma sobre cualquier otra ciudad en Europa: el Coliseo y el tráfico. Y mientras los turistas intentan no convertirse en pasto de los parachoques, los romanos, incluidos los que conducen, sufren las consecuencias de una gestión medioambiental deficiente. De una ciudad que debería ser transitada a pie pero que está dominada por los coches y las motocicletas.
En la Ciudad Eterna hay 71 automóviles por cada cien habitantes. Esta es una de las causas por las que esta misma semana el Ayuntamiento se vio obligado a cerrar el tráfico privado en el anillo verde de la ciudad por la acumulación de partículas contaminantes en la atmósfera. El lunes se superó el límite de 50 microgramos por metro cúbico. Según el consistorio, la culpa la tienen los 16 grados de temperatura de los primeros días de febrero. Sin embargo, en 2010, Roma superó ese límite 80 días.
Otro de los problemas de la capital italiana es la basura.
Cada habitante produce 641 kilos al año, según el Instituto de Estadística (en 2007 eran 450). Sólo el 20,7% de esa cantidad se separa antes de llegar a los vertederos, lo que provoca que se encuentren al máximo de sus posibilidades. La solución: los incineradores. Pese a todo, Roma no es la ciudad más contaminante de Italia, ese puesto le corresponde a Nápoles. Quizá estar en la provincia con más densidad verde del país ayude.
París: La revolución peatonal hizo el cambio
ANDRÉS PÉREZ
Al contrario que en otras urbes europeas, el problema de los coches en París viene de los que viven en las afueras de la ciudad y no de los propios parisinos, que utilizan sus vehículos sólo para un 17,2% de sus desplazamientos. A esto han contribuido las llamadas revoluciones peatonales.
Estos planes están quitando espacio a varias grandes plazas que actúan como repartidoras del tráfico, ensanchando las aceras, agrandando los espacios arbolados e, incluso, cerrando el tráfico a algunas de las avenidas que circundan determinadas plazas. Otra de las medidas, que se prevé que esté en marcha en 2012, es la distribución de 2.000 vehículos llamados "de autoservicio".
Estos coches permitirán su uso compartido sin necesidad de pagar combustible ni de preocuparse por el aparcamiento, ya que dispondrán de plazas específicas. Se prevé que 35.000 ciudadanos dejen de utilizar el coche gracias a esta medida. Compartir es también lo que se fomentará en los camiones, que podrán entrar en determinadas zonas si distribuyen suministros compatibles. París también es voluntaria en varias medidas del Plan Partículas del Gobierno de Sarkozy, que empezará en marzo y que implica instaurar las llamadas Zonas de Acción Prioritarias para la calidad del Aire (ZAPA), en las que se prohibirán los vehículos diésel más emisores de partículas finas, en particular los todoterrenos.
Berlín: Un ejemplo de la lucha antipolución
PATRICIA BAELO
El 1 de enero de 2008, Berlín se convirtió en una de las mayores ciudades que vetaba el acceso a un área de 88 kilómetros cuadrados, en la que residía un millón de habitantes, a los coches más contaminantes, aquellos que no disponían de catalizador. En su momento, supuso la restricción de alrededor de 100.000 vehículos. Cada automóvil tiene que llevar una pegatina según su grado de emisiones.
Estas medidas ponen de manifiesto la concienciación del Gobierno federal alemán respecto a la contaminación en las ciudades, probablemente motivada por la muerte cada año de 75.000 alemanes por contaminación por partículas finas, según datos de la OMS.
Berlín se beneficia también de los planes del Gobierno central que, recientemente, destinó diez millones de euros al proyecto RegioHybrid, para poner en circulación una flota de autobuses híbridos, que mejoran en un mínimo del 20% la eficiencia de los diésel. Desde principios de año, las gasolineras de la capital alemana, como las de todo el país, ofrecen el combustible biológico E10, apto para ser usado por el 90 % de los camiones. Además, en los últimos dos años, el Gobierno ha fomentado la adquisición de vehículos eléctricos, con primas a los consorcios automovilísticos y facilidades para los compradores.
Méxcio D.F.: Una gran mejora en sólo 20 años
MARÍA JOSEP SISCAR
La segunda ciudad más poblada del mundo ha conseguido deslindarse del triste título de ser la más contaminada. México D.F. es un valle a 2.240 metros de altitud, encajonado en un anillo de volcanes, que contienen la polución que, aunque permanece, se ha reducido notablemente en las dos últimas décadas.
Los casi 20 millones de habitantes de México D.F. han pasado de respirar óptimamente sólo ocho días al año en 1992 a 219 en 2010. Esto se ha conseguido gracias, sobre todo, a la reducción de las emisiones de los coches. La medida más eficaz ha sido el programa Hoy no circula, que impide la circulación al menos un día a la semana de cualquier vehículo de más de ocho años. Además, se introdujo la gasolina sin plomo, que actualmente usa el 95% de los coches, así como la obligatoriedad de los catalizadores y las inspecciones periódicas.
Pero todavía circulan diariamente 4,5 millones de coches, responsables del 75% de las partículas emitidas. Más del 50% de los días se exceden las emisiones de ozono. Según la ONU, México D.F. es aún un "foco rojo" por su calidad del aire.El Gobierno sigue ampliando la red de transporte público y se plantea comprar taxis eléctricos y vehículos públicos híbridos. También quiere desarrollar vías más rápidas que aligeren el tráfico y eviten los atascos.
Los Ángeles: Récord de contaminación por 70 años
ROBERTO ARNAZ
Desde 1943, Los Ángeles tiene el dudoso honor de ser la ciudad más contaminada de EEUU, además de la capital mundial del automóvil, con una media de casi dos por persona. Los turismos, junto a la industria, sobre todo petrolera, son los culpables de la nube mortal que cada año le cuesta la vida a 3.000 personas, además de obligar al Ayuntamiento a un gasto de 25.000 millones de dólares para evitar los decesos prematuros.
El Ayuntamiento ha apostado por las energías renovables, los coches híbridos y el fomento del uso de la bicicleta. Hace apenas una semana, el alcalde Antonio Villaraigosa anunció que se había cumplido el reto de conseguir que el 20% de la energía consumida por los servicios municipales fuese generada por fuentes renovables. También se ha hecho ecológica su flota de autobuses, lo que permite reducir un 80% las emisiones de monóxido de carbono y un 20% los gases de efecto invernadero. La ciudad ofrece descuentos en las tasas de circulación a los vehículos eficientes.
Los coches híbridos se han convertido en los vehículos de las estrellas, además de ser la única manera de huir de kilométricos atascos usando los carriles habilitados para ellos. La última gran iniciativa es el Plan Maestro para Bicicletas que, con una inversión de 30 millones de dólares, pretende construir en la próxima década más de 2.000 kilómetros de carril bici.
Sao Paulo: Restricción al tráfico sin alternativas
NAZARET CASTRO
El gran cuello de botella de São Paulo, la mayor ciudad de Suramérica, de 20 millones de habitantes, es sin duda el tráfico. Se trata de una urbe concebida para moverse en automóvil y el sistema de transporte público es ineficiente y no interesa demasiado mejorarlo, pues la automovilística es una de las grandes industrias del sureste brasileño.
La principal restricción al tráfico, en funcionamiento desde 1997, es el llamado rodizio: según el número de terminación de la matrícula, a cada automóvil se le impide circular un día laborable en el llamado centro expandido de la ciudad, durante el horario de mayor congestión. Los camiones no pueden entrar en el centro salvo por la noche y las motocicletas, muy numerosas, deben evitar la llamada vía exprés. Este año ha entrado en funcionamiento una norma que impide la circulación a vehículos que sobrepasen unos ciertos límites de emisiones contaminantes. Todos los coches deben demostrar que no lo hacen para renovar su documentación.
En lo que sí es pionera la ciudad, como todo Brasil, es en el uso de vehículos que pueden utilizar tanto gasolina como etanol. Con 10,6 millones, Brasil era a mediados de 2010 el país con mayor número de esta clase de vehículos. Sólo en 2009, se vendieron más de 180.000 motocicletas de este tipo . Brasil es uno de los principales productores de etanol en el mundo.
Pekín: Cambios tras los Juegos Olímpicos
DAVID BRUNAT
Un habitante de Pekín se reiría de los problemas de contaminación de España. China califica de "excelente" un nivel de polución de 50 mg de NO2. Alcanzar los 200 es habitual, y los 500, una tragedia demasiado común. Pekín mejoró su atmósfera en 2008, año de los Juegos Olímpicos, con resultados notables. Este enero fue el mes más limpio desde 1998, cuando sólo uno de cada cuatro días gozaba de un índice de polución inferior a cien. En 2010, fueron tres de cada cuatro.
" Nos hemos centrado en cuatro pilares: el carbón, los coches, las fábricas y la construcción", explica Wang Xiaoming, de Protección Medioambiental de Pekín. "Estamos cambiando el carbón por otras energías más sostenibles y hemos acercado los estándares de eficiencia de los vehículos a los europeos, con 160.000 coches apartados de la circulación. Lo mismo con las fábricas: las hemos sacado de la ciudad y hemos suspendido la actividad de 300, sobre todo las químicas", desgrana Wang.La polución se ha reducido en Pekín "entre un 15% y un 20%" en dos años. El problema es que la ciudad "se desarrolla a un ritmo brutal", advierte Shang Ailun, de Greenpeace. "Ha habido progresos, pero no es sostenible matricular 2.000 coches al día", dice. De hecho, reducir por ley la venta de coches es la nueva gran apuesta de Pekín.
* Público - 13.02.11
Foto: Roma, bicicletas Coliseo - publico
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Los criminólogos proponen hacer cambios urbanísticos para combatir la marginalidad
Por este motivo, la asociación que representa a los criminólogos ha ofrecido su experiencia a la Delegación del Gobierno en Extremadura en asuntos tan cruciales como la lucha contra la marginalidad y la delincuencia en las barriadas más conflictivas.
Esa colaboración se traducirá en un estudio serio, pero los componentes de Crimex ya manejan algunas claves. «La simple estructura de una barriada, el alumbrado y la limpieza pueden influir en la delincuencia. No tiene sentido construir bloques con interminables portales sin luces», añade Lorenzo Cuevas, miembro de Crimex.
Pero la asociación de criminólogos no se limita a constatar que las plazas cerradas rodeadas de viviendas, la abundancia de bares y la escasez de tiendas contribuyen a la marginación, sino que propone otro tipo de medidas que también pueden ayudar a terminar con este problema. «La gente que cuida los jardines de esos barrios debe vivir allí, y lo mismo debe ocurrir con quienes barren esas calles. Hacer responsables a los propios vecinos hace que la gente sea más respetuosa con su entorno», remacha Enrique Díez de Baldeón Carrasco, presidente de los criminólogos.
La batería de medidas propuestas se completa con la ampliación de la plantilla de trabajadores sociales, la contratación de educadores de calle que estén en contacto permanente con los vecinos y, sobre todo, la búsqueda de una salida laboral para los vecinos.
Los representantes de Crimex creen que este tipo de aportaciones pueden resultar muy útiles en multitud de ámbitos, por eso valoran el esfuerzo de los 350 extremeños que se han decantado por la criminología como campo de formación. Entre ellos hay policías, guardias civiles, policías locales, funcionarios de prisiones, abogados, jueces, psicólogos, trabajadores sociales y cada vez más jóvenes que eligen la criminología como primera opción. «Uno de los principales cometidos del criminólogo es la prevención del delito y el apoyo a la víctima. Hay colectivos que combaten el delito y buscan al delincuente. Sin embargo, la víctima también necesita ayuda y en muchos casos no encuentra ese apoyo», lamentan.
Pero no es solo la utilidad pública lo que hace atractiva esta formación. A partir de ahora los estudios de criminología tendrán validez académica, puesto que Crimex acaba de ser informada de que la Universidad de Extremadura ha homologado el título de Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública, un logro que permitirá a muchos funcionarios contar con un título universitario para subir de categoría.
* Hoy - 14.02.11
Foto: La concepción urbanística de Los Colorines, con patios casi cerrados, no contribuye a la normalización. :: HOY
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La corrupción del sistema
JUAN GARCÍA LUJÁN/Canarias* : Lo describe de forma clara José Vidal-Beneyto en su ensayo La corrupción de la democracia: “No es que haya individuos corrompidos, es que la sociedad, sus élites y sus instituciones están corrompidas. El descubrimiento no es de ahora. Maquiavelo primero, primero, y Montesquieu, después, ya lo habían escrito. El Gobierno se corrompe por la corrupción, y cuando hay corrupción en la República, la corrompida es la República. Hoy diríamos la democracia. Las consecuencias son dramáticas, porque ya no basta con aceptar que la corrupción es un mal endémico de la vida pública, sino que hay que admitir que es un componente esencial del funcionamiento democrático. Los especialistas del tema, con voluntad de alguna manera exculpatoria, nos explican que el corrompido es agente público- ministro, diputado, alcalde y de ahí para abajo-, en bastantes casos no se enriquece personalmente, sino que contribuye al funcionamiento de la instancia política –partido, administración pública, municipio- desde el que opera.” Este periódico que ustedes tienen en sus pantallas nos está contando un caso que podría ser un ejemplo claro de lo que Vidal-Beneyto llama corrupción de la República, aunque sus protagonistas son Reyes de apellido y el que más mandaba en el Faycanato era un Valido.
Cuenta CANARIAS AHORA que durante el gobierno PP-Ciuca un promotor que necesitaba una licencia para construir una urbanización de chalets en Telde recibió un mensaje del entorno del entonces concejal de urbanismo de Telde Guillermo Reyes: tiene usted que pagar unas comisiones. Primero le pidieron 60.000 euros y después 120.000. Un familiar del promotor acudió a la policía (Acebes era ministro del Interior y gobernaba Aznar en la Moncloa, doña Dolores de Conspirar) y lo contó. Pero el gesto de dignidad y honradez podía salir muy caro, se arriesgaban a quedarse sin los beneficios de los chalets. Así que al final los promotores hicieron lo que tantos otros, apuntaron las comisiones en los gastos, subieron el precio de los chalets, y aquí paz y en el banco gloria.
El abogado que le contó el soborno a la policía no firmó la denuncia porque no se lo permitieron sus familiares. Pero la policía tenía al menos esa denuncia verbal y se la contó a la Fiscalía Anticorrupción, esa institución que según CC y PP Juan Fernando López Aguilar montó para perseguir a los dirigentes más puros que gobiernan hace décadas las principales instituciones de estas asirocadas ínsulas. Pero la Fiscalía no investigó de oficio y la policía tampoco.
La primera reacción del entorno de Guillermo Reyes a la publicación de las jediondeces de su mandato también fue de manual: matar al mensajero. Su aventurera radio se dedicó ayer a hablar de las vidas y milagros de Carlos Sosa. Recurrió, faltaría más, a desenterrar el montaje de la revista Época que ya fue archivado por la Justicia. Recuerden aquel reportaje hecho a partir de las grabaciones clandestinas del agente secreto PP Manolo. En tiempos de precariedad periodística ha sido la noticia mejor pagada de la última década en España: la consejería de Turismo de la mandada Rita Martín regaló al grupo Intereconomía casi 200.000 euros en publicidad a cambio de la vendetta. Cuando nos preguntamos por qué la gente vuelve a votar a los corruptos tenemos que tener en cuenta el importante papel de los medios de comunicación públicos y privados. Los casos de corrupción suelen ser denunciados por medios pequeños, los medios que tienen mayor difusión reciben dinero público o de los propios corruptos para esconder las investigaciones judiciales y desprestigiar a jueces, fiscales o periodistas que quieren contar el funcionamiento de las cloacas del poder.
En Lanzarote acaba de ocurrir otro ejemplo de corrupción de la República, de corrupción del sistema. El domingo el periódico El País contaba parte del sumario del caso Unión. La reproducción de un pequeño fragmento de la conversación entre Fernando Becerra (exdirigente del PP) y Carlos Espino debería avergonzarnos a todos los canarios. Becerra le dio consejos a Espino para hacerse rico saltándose las leyes y beneficiando a determinados empresarios. El lengüina de Becerra contaba cómo su hermano Juan Carlos Becerra estuvo en la mierda y no lo han podido trincar. La reacción mediática a la información de El País la protagonizó Lancelot, un periódico vinculado accionarialmente al empresario Juan Francisco Rosa, imputado en el Caso Jable y los hoteles ilegales, y beneficiado por los hermanos Becerra. Lancelot escribió un editorial llamando indecente a El País y a Carlos Espino, al que sitúa en lo más alto de la corrupción de Lanzarote (debe ser que el día que Becerra habló con él para proponerle las más grandes indecencias Espino estaba de vacaciones y no quiso delinquir).
La mayoría de los políticos canarios son decentes, eso es verdad. La mayoría de los trabajadores y empresarios no se dedican al soborno. Esos es cierto. Pero también es verdad que para que se produzcan casos de corrupción que no se investigan hasta sus últimas consecuencias hace falta un trabajo colegiado de políticos, empresarios, políticos, jueces, funcionarios y periodistas. Si nos fijamos de lo ocurrido en Telde y Lanzarote y en la reacción de algunos medios de comunicación, podemos concluir que en Canarias, en algunas ocasiones,parece que estamos como en la Italia de Berlusconi. Desde la República se utilizan medios de comunicación para difamar a los que investigan o denuncian la corrupción. Los denunciantes se convierten en indecentes y los golfos son presuntos hasta la eternidad.
* Canarias Ahora - Opinión - 15.02.11
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