Isla Canela, al amparo de una ley franquista

HUELVAINFORMACIÓN* : Huelva fue la última provincia que se sumó a la fiebre del ladrillo en los años 90. Pero el ímpetu fue de tal calibre que los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos costeros, desde Almonte hasta Ayamonte, intentaron promover hasta 160.000 nuevas plazas residenciales y hoteleras. Las prisas obligaron a actuar rápido y con esa premisa el respeto escrupuloso de las normas suponía un obstáculo. El melón sin calar que acaba de abrir el Juzgado Nº3 de Ayamonte al ordenar a la Guardia Civil requisar decenas de cajas, documentos e informes evidencia que por la Puerta de España no sólo entraron hormigoneras sino una 'nueva' metodología municipal basada en los estudios de detalle y los convenios urbanísticos firmados por alcaldes y promotores en vez de optar por Planes de Ordenación Urbana e informes de impacto ambiental. El desarrollo del proyecto de Isla Canela pisa la arena policial veinte años después de iniciarse. Un urbanismo para el siglo XXI que curiosamente se ancló en una vieja ley franquista.

El trabajo firmado por Luis Galiana y Diego Barrado, del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, bajo el título 'Los Centros de Interés Turísticos Nacional y el despegue del turismo de masas' explica perfectamente la figura dictatorial de los años 50 elegida para poder poner ladrillos y bloques de hormigón en un paraje natural completamente virgen en 1989: las marismas fronterizas isleñas. El ordenamiento fue amparado por la Junta de Andalucía en los tiempos del consejero Jaime Montaner y ejecutado con distinta intensidad y destreza por los alcaldes ayamontinos Isaías Pérez Saldaña, Rafael González, y, en menor medida, Antonio Rodríguez Castillo, que se enfrenta ahora a la digestión de las investigaciones judiciales y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita.

El modelo Isla Canela bebió de la fuente franquista a través de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, que conectaba las previsiones ligadas a la política económica y al desarrollo turístico con la ordenación del territorio. De hecho, las empresas promotoras Iscasa y Pryconsa han comercializado siempre sus ofertas amparadas en la ostentosa declaración de Centro de Interés Turístico Nacional, que también utilizó Matalascañas en los 70.

Desde la finalización de la zona de Playa Alta hasta ahora se han construido más de 4.000 apartamentos, campo de golf y varios hoteles, a los que se les ha despojado con el paso del tiempo de la exclusividad de vender un territorio naturalmente virgen.

En Ayamonte se han traspasado varias de las líneas rojas que la prudencia aconseja. Tan solo con los proyectos de Canela y Costa Esuri, en la misma orilla del Guadiana, sobre terrenos inundables, riberas y áreas de costa protegida, se preveían hasta 62.000 alojamientos. La cifra supera con creces los parámetros establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Occidental (Potloh), que limita al 15% el aumento de la edificabilidad.

Isla Canela partió de una inversión de 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros). Ni que decir tiene que la cantidad resulta irrisoria al compararla con los cientos de millones de euros que ha reportado.

Muchas de las advertencias y alegaciones que se hicieron al proyecto de Isla Canela no fueron ni leídas por las autoridades a tenor de los informes que manejan ahora el Juzgado y la Guardia Civil. En las alegaciones al carente Plan de Ordenación Urbana de Ayamonte, Ecologistas en Acción subrayó hace ya un lustro que los convenios y los planeamientos "contravenían la normativa propuesta en el Plan de Ordenación Territorial del Litoral Occidental de Huelva, en algunos casos de forma escandalosa, dándose la circunstancia además de que la referencia al Potloh que se realiza en los documentos del PGOU y en el Estudio de Impacto Ambiental es interesadamente incorrecta, ya que el texto en ningún caso plantea el apoyo a urbanizaciones interiores como la de Costa Esuri".

La misma organización criticó el hecho de que en vez de un PGOU se optara "por la vía de las normas subsidiarias, modificadas sin recato para destruir zonas protegidas por la normativa europea", lo que santificaba "un pelotazo urbanístico".

En las alegaciones se advirtió que el "Ayuntamiento apostaba por el desarrollismo franquista de los 60 que da origen a la generación de estructuras económicas delictivas, como se está comprobando en la Costa del Sol".

Veinte años después de comenzar la ocupación de la marisma, edificar en primera línea de playa, urbanizar en parajes como el de la Isla de San Bruno, edificar en supuestas zonas verdes y de servidumbre pública, marítimo-terrestre y de Costas la Guardia Civil y el Juzgado tratan de aclarar un sinfín de operaciones inmobiliarias, recalificaciones, aprobaciones plenarias, firmas de convenios urbanísticos, compras y ventas que han convertido a Isla Canela en una marisma sitiada por el cemento y asaeteada por miles de pilares de hormigón. Hasta para llegar a San Bruno se ha tenido que colocar una pasarela de madera, lo que le concede un bucólico pero falso aspecto veneciano entre niebla y 'aqua alta'.


* Huelva Información - 20.02.11
Foto: Ayamonte (Huelva), ribera guadiana - huelvainformacion