La pieza desgajada de Brugal relativa al Plan General de Alicante -que todavía se encuentra bajo secreto de sumario, pese a que parte de la causa ya es conocida por las partes al "colarse" por error información secreta sobre el PGOU en el sumario general de Brugal- trata de esclarecer si durante la elaboración del diseño urbanístico de la ciudad Sonia Castedo, entonces concejala de Urbanismo, y Alperi, ex regidor de Alicante, ofrecieron información privilegiada al constructor Enrique Ortiz a cambio de dádivas, tales como viajes pagados por el empresario. El juez no podrá citar a declarar a Alperi -tal y como solicitó la Fiscalía, que inició de oficio la llamada Operación Brugal que dio origen a la macroinvestigación judicial por corrupción de más calado en la provincia de Alicante- ya que éste está aforado por su condición actual de diputado autonómico. Si durante las primeras pesquisas el juez que se ha hecho cargo del asunto, Manrique Tejada, hallara indicios contra Alperi, tendría que remitir la causa completa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
La citación de Enrique Ortiz también está prevista para los próximos meses. Ortiz ya ha sido imputado por el juez que instruye la presunta trama de corrupción en el negocio de las basuras en Orihuela y la Vega Baja, Carlos San Martín, y que le interrogó por las presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal, por las que también declararon, entre otros, tras su detención, el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory. Las posibles irregularidades en el Plan Zonal y en la adjudicación de la contrata municipal de recogida de residuos y limpieza viaria de Orihuela conforman la parte central de la investigación de Brugal a partir de la cual, tras los pinchazos telefónicos autorizados para esta investigación, se detectaron otras presuntas irregularidades que dieron origen a una maraña de investigaciones que provocaron una quincena de causas desgajadas por otros delitos aunque la mayoría de ellas tienen como implicados a los mismos protagonistas.
Sobre el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante recayó la pieza separada de Brugal relativa al PGOU de la ciudad, así como la que intenta esclarecer un presunto delito de alzamiento de bienes por parte del gerente del grupo Autisa, Rafael Gregory, una pieza que se sumó a la causa abierta por el mismo juzgado contra este empresario y su hermano por una supuesta estafa con el renting de los camiones de su firma. La complejidad de las causas derivadas de Brugal motivó que la nueva presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, se comprometiera recientemente a reforzar el juzgado con un juez de apoyo.
Piden imputar a más personas por el arma
La Fiscalía ha solicitado al juez que instruye la causa contra Enrique Ortiz por presunta tenencia ilícita de armas que llame a declarar en calidad de imputados a todos los trabajadores del empresario con acceso a la caja fuerte donde fue hallado un revólver de 85 milímetros. El arma fue incautada durante los registros por el caso Brugal llevados a cabo el pasado mes de julio por el Cuerpo Nacional de Policía y que se produjeron, entre otros lugares, en las oficinas del grupo Cívica y en el domicilio y el despacho del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, imputado en las presuntas irregularidades en el Plan Zonal de Residuos para la Vega Baja. La fiscal ha solicitado al juez que no desvincule a Ortiz del arma hallada durante el registro en la caja fuerte de sus oficinas de pese a que un trabajador del grupo admitió ante el magistrado ser el propietario de la misma. Ortiz declaró que no tenía constancia del revólver, mientras que el trabajador que se autoinculpó -que carece de licencia para ese arma- dijo que lo dejó en el interior de la caja y se olvidó de él. Unas imágenes aportadas al juzgado por la Policía muestran que el revólver estaba a la vista al abrir la caja.
* Información - 18.02.11
Foto: Alicante - terra
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