ELPAÍS/Cádiz* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado por tercera vez el planeamiento urbanístico de Prado del Rey. El alto tribunal andaluz declara nula la aprobación del PGOU del municipio gaditano "por su inadecuación al orden jurídico". Según la resolución judicial emitida el 25 de noviembre por la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo en Sevilla, una vez declarada la nulidad, debe procederse a la elaboración, aprobación y tramitación íntegra del plan "como si nunca hubiera existido". La sentencia da respuesta a un recurso presentado por Ecologistas en Acción. La organización conservacionista criticó especialmente que el alcalde de Prado del Rey, el socialista Fernando Pérez, pretendiera recalificar cerca de 600.000 metros cuadrados del Parque Natural de Los Alcornocales para construir un centenar de viviendas, un hotel, un geriátrico y un centro comercial.
El PGOU ahora anulado también vulneraba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) al contemplar la recalificación de dos millones de metros cuadrados de suelo para levantar 2.151 viviendas a sabiendas de que el crecimiento demográfico del pueblo, de 6.000 habitantes, está prácticamente estabilizado. Mientras que el POTA no permite incrementos de suelo urbanizable superiores al 40%, ni de población superiores al 30% en ocho años, el PGOU de Prado del Rey triplica los suelos urbanizables y prevé duplicar la población.
Advertencia ecologista
El portavoz ecologista, Juan Clavero, exigió ayer una rectificación inmediata y advirtió al alcalde gaditano que acudirá a la vía penal para denunciar un presunto delito de prevaricación si el Consistorio no corrige el planeamiento y presenta un nuevo PGOU que respete la legalidad.
No es la primera vez que Ecologistas en Acción pide la modificación del texto. Clavero recordó que tras las resoluciones judiciales anteriores y a pesar de las alegaciones del colectivo que dirige, el Ayuntamiento presentó para su aprobación en diciembre de 2008 "el mismo planeamiento". Además, la sentencia recoge que el Consistorio trató de aprobar el PGOU "sin someter el texto a información pública".
* El País - 17.12.10
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
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ELUNIVERSAL/LaGuaira* : Si en lugar de haber sido una simple promesa las 12.758 viviendas en 29 urbanismos ofertados en el marco del Plan Vargas 2005 se hubiesen construido, 80% de afectados por la última temporada de lluvias no hubiesen resultado damnificadas, pues zonas de alto riesgo declaradas inhabitables estarían desocupadas. Ello se desprende de un análisis de la Red de Ciudadanos Activos de Vargas "Nelson Mandela", que basándose en el contenido del Instructivo Presidencial para la Operacionalización del Plan Vargas 2005, determinó que los habitantes de las zonas afectadas por la reciente vaguada como Marapa, El Piache, Mare Abajo, Santa Eduvigis, El Rincón, Montezuma, El Cojo, San Julián, El Tigrillo y Anare, serían beneficiarios de esas soluciones.
"El Plan Vargas fue bien concebido, pero quedó en el papel. Entre los 5 ejes en que se dividió el plan, uno era vivienda. Los terrenos estaban avalados por estudios de bajo impacto de riesgo y en zonas con servicios. Sorprende que en la nueva emergencia esos planes sean desechados y se concentren en un nuevo terreno en Playa Grande donde sí hay alto impacto urbano", dice el docente Carlos Texeira, vocero de la red.
De 29 planes previstos se ejecutó uno, el urbanismo Martín Vegas, en terrenos de Minsalud en Catia La Mar. Minhábitat y Corpovargas lo ejecutaron, por 593 millardos (de los viejos). "Si las familias que hoy están en refugios hubiesen recibido casas, no habría crisis. Entre los terrenos inventariados en el Plan Vargas 2005 está uno municipal en Mamo que ocupa la Armada; allí debieron levantar 1.300 casas para gente de Marapa y El Piache. No lo hicieron; ahora hay que mudar a 613 familias y no es posible porque no hay esas viviendas. Ofrecen, a unos pocos, refugios provisionales".
La gran incógnita son las razones por las que esta parte del plan Vargas fue relegada. "Hay dos teorías: que el monto asignado no fue entregado al ejecutante, que conllevaría a un delito y en el Gobierno no están interesados en reconocerlo. Las segunda, que después de haber suscrito el ejecútese a viviendas del Plan Vargas, el presidente decidió que en lugar de 29 urbanismos se hiciera Ciudad Caribia y desviaron recursos a ese proyecto. Todo obedece a una cuestión de recursos. Es mejor anunciar 1.900 nuevas viviendas como la gran solución, cuando desestimaste más de 12 mil", concluye Texeira.
Desde junio de 2006 la Red de Ciudadanos ha ido a Fiscalía, a la AN y la Contraloría solicitando investigar destino de recursos asignados. Ningún organismo contralor ha respondido.
* El Universal - NADESKA NORIEGA ÁVILA - 18.12.10
Foto: La Guaira (Venezuela), puerto - gob.ve
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ELPAÍS* : Setecientos mil euros de mordida. Ese es el dinero que podrían haber cobrado los saqueadores confesos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por adjudicar el fallido proyecto de construcción del hotel a la empresa Olivia Hoteles en terrenos de la entidad cultural. El propio Montull, ex director administrativo del Palau, reconoció ayer que estaba previsto cobrar esa cantidad, pero negó que se hiciera efectiva. En su tercera declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, que investiga la operación urbanística, se exhibieron a Millet y Montull unos documentos hallados en el Palau en una carpeta denominada Acuerdos Valderrama. En uno de ellos aparece la cifra de 700.000 euros junto a otras dos que suman poco más de 900.000 euros con la anotación "B". Millet dijo que desconocía ese documento, pero Montull no tuvo reparos en admitir que lo redactó él y que no se trataba de una comisión, sino de una "cantidad adicional" que nunca se hizo efectiva.
Por el contrario, la tesis que sostiene el fiscal Antoni Pelegrín es que Millet y Montull sí recibieron ese dinero. Por eso les acusa de un delito de apropiación indebida ya que, en su opinión, la cantidad fue a parar a sus cuentas corrientes y no se ingresó en las arcas del Palau. El supuesto pagador, Manuel Valderrama, presidente de Olivia Hoteles y promotor del proyecto negó en su día ante la juez y en la comisión de investigación del Parlament el pago de esa cantidad.
Según su versión, los 900.000 euros que aparecen en los documentos que redactó Montull corresponden a los honorarios que debía percibir el arquitecto, Carlos Díaz. Pero este, a su vez, declaró ante la juez que solo recibió 185.00 euros, por lo que la cifra pendiente (715.00 euros) se aproxima a la supuesta comisión. Ese dinero coincide, además, con los movimientos bancarios intervenidos a Millet en una caja fuerte.
Esta investigación judicial, distinta de la que tramita el juez Juli Solaz por el saqueo del Palau, está prácticamente finalizada a la espera del informe de la Agencia Tributaria. Ayer declaró también la concejal del distrito de Ciutat Vella en el que debía construirse el hotel, Itziar González (PSC), quien dijo sentirse "presionada y traicionada" cuando se enteró que la promotora del hotel era una entidad privada. Por eso solicitó al teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García Bragado, también imputado, que paralizase el proyecto. Lo mismo que hizo con el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu y con el entonces primer teniente de alcalde, Carles Martí. Sus peticiones no encontraron apoyo y dimitió.
Francesc Jufresa, abogado de García Bragado, sostiene que la declaración de González favorece a su cliente y anunció que solicitará el archivo de la causa para él, aunque el fiscal está firmemente decidido a que el todavía teniente de alcalde se siente en el banquillo de los acusados.
Por otra parte, la ex directora administrativa del Palau de la Música e imputada en el saqueo, Gemma Montull, trabaja desde hace meses como contable en el despacho de abogados de Molins y Silva, que lleva su defensa y la de su padre, Jordi Montull. "No tengo ningún inconveniente en reconocerlo", dijo ayer Pau Molins, quien se negó a detallar si la mujer percibía alguna remuneración por ese trabajo.
* El País - 18.12.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
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ELDÍA/Tenerife* : Los grupos de la oposición continúan sin conocer un documento que, según el informe de Urbanismo, solventa varias de las irregularidades que fueron denunciadas por la Plataforma No a este PGO. Hoy se presenta en rueda de prensa la convocatoria de una manifestación para el martes, día del pleno monográfico. El informe elaborado por los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo en contestación a la petición de la Dirección General de Urbanismo de que se solventaran ciertos aspectos del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz obvia la elaboración de un catálogo de viviendas "fuera de ordenación" que había aprobado el Pleno en la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2009. En aquella sesión, el Pleno aprobó una moción, en contestación a una propuesta de Ciudadanos de Santa Cruz, en la que se comprometía a elaborar un censo de los inmuebles que se encuentran "fuera de ordenación". El texto final de la moción especificaba que el catálogo se realizaría mientras se seguía adelante con la tramitación del PGO.
También la Cotmac requirió el catálogo aunque Urbanismo, en su informe, opta por la posibilidad de remitirse a la elaboración de un plan especial. Sin embargo, la disposición transitoria primera de la Ley del Suelo establece que el catálogo tendrá que elaborarse en "el plan general o, en su caso, en el plan especial", es decir, que se remite al tipo de planeamiento en el que esté la ordenación pormenorizada de edificaciones en "fuera de ordenación" que, en el caso del PGO, no se encuentran, en su mayoría, en ningún plan especial.
Sin embargo, Urbanismo alude a un plan especial, a elaborar en un plazo de cuatro años, y subraya que el ayuntamiento ha buscado todas las garantías jurídicas para los inmuebles afectados por el régimen jurídico de "fuera de ordenación" desde 1992, hasta el punto de haber impulsado en el Parlamento de Canarias una modificación de la Ley de manera que no se vean mermados ninguno de sus derechos.
Reparos solventados.- La edificabilidad de torres en áreas colmatadas como la de la Policía Local en la avenida de Tres de Mayo, la urbanización de parcelas con una pendiente superior al 50%, la computación del parque de Las Mesas como parque urbano en lugar de suelo rústico o la recalificación de los barrancos han sido algunos de los errores subsanados en la revisión del PGO. Muchas de estas irregularidades ya fueron denunciadas en su día por la Plataforma No a este PGO, por lo que su portavoz, el abogado Felipe Campos, se pregunta qué hubiera pasado si parte de la ciudadanía no se hubiese enfrentado al planeamiento elaborado en un primer momento por el Ayuntamiento de Santa Cruz.
En cuanto a la urbanización parcial de Costa Cardón y Finca Fumero, la revisión del PGO limita su uso urbanístico. En el primer caso se aceptan los parámetros de protección que establece el PIOT y en el segundo caso se eliminan las urbanizaciones en pendientes superiores al 50%.
Votarán sin conocer el PGO.- Los partidos que forman la oposición en el ayuntamiento (PSC y Ciudadanos de Santa Cruz) continúan sin conocer la revisión del PGO, por lo que, de momento, tendrían que emitir su voto sin haber leído el nuevo texto. Sólo obra en su poder el expediente administrativo con el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo que contesta el escrito de la Dirección General de Urbanismo de Medio Ambiente en el que se pedía solventar varias irregularidades.
Tramitación nula.- Los detractores del planeamiento inciden en que la tramitación del documento es nulo porque ya fue desestimado por la Cotmac. La Ley del Suelo especifica en el artículo 426 que la Cotmac puede, una sola vez, devolver el plan general al ayuntamiento con informe de correcciones y reparos, algo que ya se hizo en 2008. Además, sostienen que se remitió a la Cotmac el pasado 4 de febrero, por lo que se superó el plazo de cuatro meses para que el Ejecutivo regional se pronuncie y, por lo tanto, quedó desestimado teniendo que volver al estado de avance o de aprobación inicial por acuerdo motivado.
El informe del secretario.- El documento del secretario de la corporación remitido ayer a los grupos explicita que no se debe aplicar al documento la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y que implicaría la elaboración obligatoria de un informe de sostenibilidad que también debería salir a información pública. Además, también sostiene que el artículo 2 del reglamento de planeamiento no es de aplicación pese a que la norma especifica que los plazos de caducidad son de aplicación a los planes iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, en julio de 2006.
Un pleno convocado dos veces.- El ayuntamiento remitió ayer dos convocatorias diferentes para la sesión plenaria monográfica del día 21. En la primera se hacía referencia a que el único punto del día era el relativo a la revisión del PGOU de 1992 pero horas después se hizo llegar una nueva convocatoria en la que había desaparecido el término "revisión".
* El Día - 17.12.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
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LAOPINIÓN/Santiago* : La Xunta aprobó ayer de forma provisional sus primeras Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), un documento que constituye la guía para el desarrollo urbanístico de la comunidad durante las próximas décadas, fijando reglas a las que se tendrán que someter los ayuntamientos a la hora de diseñar su crecimiento con el objetivo de frenar la dispersión. El documento fue aprobado ayer por el Consello de la Xunta y presentado por el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. El primero indicó que las DOT "pretenden construir una Galicia ciudad única que trabaje en red", y reconoció los defectos hasta ahora en la política urbanística autonómica, pues la actual ordenación ha generado una comunidad "difusa". "Ahora buscamos solventarlo", subrayó.
Insistió también en que las directrices constituyen uno de los proyectos "más importantes" de la legislatura y de las "próximas décadas". "Es una idea clara de cómo queremos que esté configurado nuestro territorio, de cómo queremos vivir y ordenar los espacios", anunció, y añadió que las infraestructuras viales, tecnológicas y de saneamiento completarán el plan.
Feijóo y Hernández destacaron el éxito de la aprobación inicial del texto, aunque no pudieron concretar cuándo se producirá la definitiva y la norma entrará en vigor. El conselleiro explicó que el documento será enviado al Parlamento, "donde puede recibir aportaciones". Tras ser debatido en comisión, será aprobado definitivamente por la Xunta vía decreto.
El responsable de Medio Ambiente defendió el beneficio que aportará a los ayuntamientos en la agilización de la redacción de sus planes urbanísticos. "A partir de hoy, los entes locales no deberán esperar a los abundantes y diferentes informes del resto de administraciones para establecer las reglas de su crecimiento. Tendrán la seguridad de que siguiendo estas directrices y sus determinaciones estarán en el buen camino en la planificación de su territorio, garantizando el éxito de su ordenación", sostuvo.
La norma establece las reglas para la implantación de usos y actividades en el territorio, por lo que servirá de guía para los ayuntamientos, con los que las DOT "explicitan la colaboración" y "respetan sus competencias, según Hernández.
. Ejes urbanos. Las DOT señalan dos regiones urbanas. A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra, a las que se unen otras siete áreas urbanas que se corresponden con estas ciudades más Santiago, Lugo y Ourense. En ellas, indicó Hernández, se concentra el 62% de la población gallega. A ellos se unen los sistemas urbanos intermedios, con entre 7.000 y 40.000 habitantes. Noia, Ribeira, Carballo, Cee-Corcubión y As Pontes serán los polos de desarrollo de sus áreas de influencia en A Coruña. También se contemplan otras 14 poblaciones en el resto de provincias gallegas.
. Nuevas viviendas. Aunque los ayuntamientos mantienen sus competencias para diseñar sus planes de desarrollo, las DOT incluyen determinaciones de obligado cumplimiento para controlar su crecimiento. Cualquier municipio que planee la construcción de un mayor número de viviendas en su territorio deberá justificar esa necesidad con el ritmo de evolución de su censo. Si este no refleja incremento futuro, la Xunta podrá bloquear los nuevos parques. La norma tiene como objetivo los pequeños y medianos ayuntamientos cuyo parque de viviendas aumentó durante el boom del ladrillo. Mientras tanto, en el último lustro sólo 37 ayuntamientos aumentaron de población.
. Entornos compactos. Para compactar más los núcleos urbanos, las DOT obligan a los concellos a "rellenar" las parcelas sin promociones cerca de estos frente a desarrollos ex novo. En el caso de los polígonos, deberán tener garantizados los accesos y los suministros básicos.
. Industria. La Xunta propone ir liberando las zonas urbanas, especialmente las costeras, de la presencia de complejos industriales. Como ejemplo, señala la necesidad de traslado de la planta de celulosa que la empresa Ence tiene en Pontevedra.
* La Opinión Coruña - 17.12.10
Foto: El conselleiro de Medio Ambiente presenta ayer las Directrices de Ordenación do Territorio.- laopinion
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ELMUNDO* : El Gobierno francés lava la cara a los barrios periféricos menos lustrosos. Son barrios apartados, la cáscara que envuelve el cotizado corazón de la ciudad. Núcleos infravalorados y, en la mayoría de los casos, desatendidos y abandonados a su suerte. Son la uva negra del racimo, los apestados de las grandes ciudades. Su población, pobre, sin muchos recursos ni acceso a grandes lujos. Su arquitectura, pobre también, y poco atractiva. En Francia los barrios de la periferia, la 'banlieue', nunca han gozado de una gran popularidad. La austeridad, sí, pero también el ladrillo, los ha estigmatizado. ¿Es el urbanismo feo el que los hace feos? Para acabar con este lastre, denominador común en la planificación de la mayoría de las ciudades, varios grupos de arquitectos encargados de construir alojamientos sociales en París han desarrollado un nuevo concepto de urbanismo bello. El objetivo es hacer de estos barrios lugares apetecibles.
Parten de la premisa de que es esta arquitectura difícil la que hace difíciles a muchos de estos barrios. Y qué mejor sitio para poner en práctica esta nueva filosofía que uno de los núcleos menos favorecidos de Île de France, Clichy-Sous-Bois. Tristemente conocido por los disturbios provocados tras la muerte de dos jóvenes musulmanes en un enfrentamiento con la policía en 2005, este barrio de la periferia parisina no tiene muy buena fama.
Tras estos incidentes, hace ahora cinco años, el Gobierno francés se propuso lavarle la cara a los barrios periféricos menos lustrosos con el objetivo de, si no erradicar del todo la violencia, al menos mantenerla a raya. El denominado Plan Nacional de Renovación Urbana, ambicioso y que afectaba a más de 400 suburbios de todo el país, incluía la demolición de miles viviendas, la mayoría en condiciones insalubres e inhabitables, así como la creación de nuevos espacios de pisos protegidos y más dotaciones.
¿Por que los pisos protegidos tienen que ser feos?
El estudio de arquitectos Canale 3 ha sido uno de los encargados de rehabilitar parte de estas viviendas subvencionadas por el estado en la citada barriada. Moles inmensas llenas de habitáculos que asemejan colmenas, bloques de piedra gris que recuerdan a la arquitectura de la época comunista... ¿Por qué pisos protegidos tienen que ser feos? Es la pregunta que se hacía este equipo de arquitectos.
Partiendo de la convicción de que las poblaciones desfavorecidas "también tienen derecho a la belleza" han creado 30 pequeñas villas. Según su filosofía, "el objetivo es que la periferia no parezca periferia, que los pisos sociales no parezcan pisos sociales", explican. ¿Y cómo se hace eso? A través de materiales agradables, como la madera o el ladrillo, y colores tranquilos, no estridentes.
Tampoco se trata de hacer una arquitectura experimental o grotesca que les haga sentirse conejillos de indias, "sino de crear lugares donde apetezca vivir", argumentan en la agencia inmobiliaria 3F.
En España no faltan ejemplos de ese urbanismo que, si no marca, al menos señala con el dedo. El edificio apodado El Ruedo, en el madrileño barrio de Moratalaz, no cosecha muy buenas opiniones. Y el más conocido como El Donut, en Sanchinarro, también generó reacciones más en contra que a favor.
Mezcla de vecinos
Porque el objetivo es integrar y no segregar, muchos arquitectos optan por la mezcla de la población. No crear guetos de pisos sociales, sino alternar los edificios de viviendas sujetas a subvención con viviendas de lujo. En Cliché-Sous-Bois muchas familias se han trasladado a pequeñas villas, sino de lujo desde luego más grandes y mejor dotadas en busca de amplitud, tranquilidad y, por encima de todo, mejores precios.
También en nuestro país encontramos ejemplos de urbanismo positivo. En el madrileño barrio de Hortaleza las manzanas de chalés exclusivos que comparten barrio con pisos de protección oficial construidos hace décadas.
Cinco años después, los resultados de este macroproyecto de lavado de cara a la 'banlieue' francesa quedan a juicio de cada uno. Sí queda el intento de hacer de estos espacios lugares más habitables. Porque, como aseguran estos arquitectos del urbanismo atractivo, ellos también tiene derecho a la belleza.
* El Mundo - 14.12.10
Foto: Edificios originales (izqda.) y viviendas renovadas (dcha.) en la periferia de París. | ELMUNDO
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ELPAÍS* : Rogelio Martínez decidirá, en su condición de superdelegado de la Xunta en Ourense, si se legaliza el tanatorio de Arnoia que él mismo autorizó, pese a tener en contra todos los informes de la Administración, cuando era alcalde del municipio. Patrimonio le impuso entonces una multa de 5.000 euros por no restituir la legalidad. La Xunta intenta legalizar ahora la obra. El director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, detalló ayer en comisión parlamentaria que el lunes entró en el registro de la jefatura territorial de Ourense el expediente para que, en una reunión entre representantes de la delegación provincial, que preside Martínez, y la Iglesia se decida si se legaliza el inmueble funerario ubicado en zona catalogada Bien de Interés Cultural (BIC) e incrustada entre los panteones de tal forma que para acceder a él es necesario pisar sobre algunas sepulturas.
Rey Pichel reconoció que el tanatorio autorizado por el actual superdelegado de la Xunta fue declarado ilegal por Patrimonio en 2006, año en el que el departamento que ahora preside informó desfavorablemente la obra. También explicó que el nuevo alcalde que sustituyó a Martínez en Arnoia intentó legalizarlo cambiando la calificación del suelo e incluyéndolo en el planeamiento urbanístico, pero sin presentar a Patrimonio el nuevo proyecto.
Según Pichel, en diciembre de 2008 la Xunta informó desfavorablemente el planeamiento urbanístico que, sin embargo, fue autorizado en julio de 2009 y aprobado el pasado mes de octubre. Está en vigor desde el 30 de noviembre. El Ejecutivo gallego deja ahora en manos de su superdelegado en Ourense la legalización de la obra que, irregularmente, él mismo autorizó.
El director general de Patrimonio realizó esta exposición a instancias de la pregunta presentada en la comisión por la parlamentaria del PSOE María Quintas. La diputada lleva desde el pasado febrero esperando, sin éxito, que la Xunta le entregue los expedientes del tanatorio.
Quintas advirtió ayer de que el Gobierno de Feijóo está incumpliendo el reglamento de la Cámara relativo a la obligación del Gobierno autónomo de entregar información a los diputados en un plazo de 30 días. Pichel le replicó que, aun conociendo el reglamento, resulta imposible atender todas las peticiones de información que realizan los diputados. En cualquier caso, afirmó que la documentación del tanatorio que reclamaba la socialista estaba ya en poder de la Cámara, aunque Quintas tampoco la recibió ayer.
El PSdeG ya ha anunciado que demandará por prevaricación al superdelegado de Ourense y sostiene que la Xunta es "cómplice" en esta actuación con la que "Feijóo intenta proteger a su hombre de confianza" en Ourense.
El superdelegado no solo ha obviado la normativa de Patrimonio al construir el tanatorio en zona BIC, sino que además, la sanitaria sobre cementerios que obliga a que las edificaciones en los camposantos mantengan una distancia de al menos 50 metros respecto a las tumbas.
Los socialistas están convencidos de que la actuación del delegado es "idéntica" a la del ex alcalde de Melón Alberto Pardellas (también del PP), que autorizó la construcción de un polideportivo a escasos metros del monasterio cirsterciense. A este, el incumplimiento le ha costado la inhabilitación política.
* El País - 17.12.10
Foto: Arnoia (Ourense) - Luis Miguel Bugallo Sánchez, wikipedia.org
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GLOBEDIA* : Al Palacio Real le ha salido un nuevo vecino.Es el museo que construye Patrimonio Nacional para mostrar su ingente colección de tapices y objetos artísticos. Para permitir este edificio se ha eliminado la alta protección urbanística de la zona. La fachada, de 150 metros, se despliega desde la explanada que separa el palacio de la catedral de la Almudena y llega hasta la cuesta de la Vega. Oculta parcialmente el templo y hunde sus cimientos sobre una pequeña parte del Campo del Moro.El paisaje de la cornisa del Manzanares ha cambiado.La sede del Museo de Colecciones Reales, quese inaugurará en 2014 si no se producen más retrasos, tendrá 45.000 metros cuadrados. Los 40 de altura hacen que tres de las seis plantas oculten parte de la fachada oeste de la Almudena. Para levantar el inmueble, el Gobierno central ordenó al Ayuntamiento en 2005 que modificara el Plan General de Ordenación Urbana. Una orden inusitada que alteraba el principio general: son los edificios los que deben amoldarse al planeamiento urbanístico, y no a la inversa.
El cambio de normas contó con el visto bueno del Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid. Las modificaciones se sometieron a información pública y hubo alegaciones."Ha sido un procedimiento transparente", asegura una portavoz de Patrimonio Nacional -organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia dedicado a administrar y gestionar los bienes cedidos al Estado por la Corona, que mantiene su derecho de uso-. Al revés de lo ocurrido en torno a otro proyecto en la cornisa del Manzanares -el minivaticano que promueve la Iglesia en Las Vistillas y contra el queha fallado la justicia en primera instancia-en este caso no ha habido movilización vecinal en contra.
El Museo de Colecciones Reales, de accidentada historia, nació en un Consejo de Ministros a finales de 1998. Era el cuarto intento.Pocos meses después de su creación oficial, cuando corría el año 1999, Patrimonio convocó un concurso de arquitectos para seleccionar el proyecto que albergaría el museo. Eligió un edificio de 33.000 metros cuadrados soterrado bajo la explanada que separa la catedral de la plaza de la Armería, obra del estudio Cano Lasso. Pero uno de los más de 40 participantes recurrió y la iniciativa quedó paralizada. En 2002, una sentencia de la Audiencia Nacional obligó a repetir la selección. El primer diseño elegido quedó apeado.
Finalmente, vganó el proyecto de los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, autores de obras como el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) y que serían galardonados con el prestigioso premio Mies van der Rohe de la Unión Europea en 2007. Suyo es el edificio que se levanta ahora. Alseleccionarlo, Patrimonio lo definió como "solemne, austero y de gran nobleza".
Cambios urbanísticos
La construcción de este inmueble en altura ha requerido cambios urbanísticos de calado, realizados a instancias de Patrimonio Nacional. El Ayuntamiento ha retirado la protección a un terreno de 10.717 metros cuadrados repartidos en tres parcelas afectadas por el museo, según se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 12 de febrero de 2007.
En la primera, elárea de la catedral, 4.192 metros han perdido su carácter de equipamiento singular religioso y monumento singular de nivel 1 (el más alto).En la plaza de la Almudena(la explanada entre la iglesia y la verja del Palacio Real), se ha desprotegido una franja de 1.055 metros cuadrados en la zona donde se asentaba la estatua de Felipe II. La escultura sale malparada: ha dejado de ser "elemento urbano singular con nivel de protección histórico artístico" para permitir su traslado -realizado hace tiempo-, algo que prohibía el plan de urbanismo. En la zona que ocupaba la estatua junto al talud se situará la entrada al museo, que tendrá un mirador hacia el Campo del Moro."Madrid ha perdido uno de los lugares afortunados que tenía", lamenta Vicente Patón, responsable de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, muy combativo en la defensa de Las Vistillas y una de las voces críticas contra el museo."Se está construyendo en el lugar menos indicado", sostiene.
En los jardines del Campo del Moro, 5.470 metros cuadrados han perdido su marchamo de zona verde singular y parque histórico con máxima protección. Como las parcelas anteriores, pasa a ser un espacio para "equipamiento singular cultural sin protección". La construcción del museo, cuya base tiene 60 metros de ancho -un tamaño que en las plantas más altas se rebaja a 16-ha obligado a retirar casi medio centenar deárboles(sobre todo plátanos) del Campo del Moro. Patrimonio asegura que se ha replantado una docena.El jardín ha perdido además un estanque y una zona de rocalla, según ha denunciado Ecologistas en Acción.
Otro cambio incluido en la recalificación municipal, previsiblemente sin repercusiones, es el que afecta a la explanada de 7.529 metros entre el Palacio Real y los jardines de Sabatini: se mantiene como no edificable, pero pierde su alta protección.
Aunque quede lejos el día de su inauguración, el Museo de las Colecciones Reales ya forma parte del paisaje de la cornisa entre la cuesta de la Vega y el Palacio Real. Hay menos árboles y más cemento.
"Siempre choca un edificio nuevo en un sitio histórico", conceden en círculos próximos a Patrimonio Nacional. Confían en que el impacto actual quede amortiguado cuando se instalen las placas de granito que, a modo de celosías, recubrirán la fachada, que tendrá un tono similar a la del Palacio Real."El museo se mimetizará con los edificios colindantes", aseguran.
El PaísIntentó, reiteradamente y sin éxito, conocer el punto de vista de los arquitectos Tuñón y Mansilla. En la memoria del proyecto aseguraban:"El museo se comporta como un gran zócalo de lo que se conoce como acrópolis de Madrid y no pierde la idea de muro de contención al integrarse en esa cornisa tan característica de Madrid".
La opinión de Ecologistas en Acción es bien distinta."Resulta chocante que Patrimonio Nacional haya procedido a levantar tamaño edificio", que afecta tanto a una zona verde como"al paisaje plasmado por Francisco de Goya". Eso decía la carta que el portavoz de la asociación, Juan García Vicente, entregó hace dos semanas en el registro del organismo dependiente de Presidencia. En ella se califica el inmueble del museo como"un referente desgraciado para toda esta zona de Madrid"y como"un mal precedente"para el futuro de Las Vistillas -el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia que prohíbe al arzobispado levantar edificios en esa zona, al otro lado de la calle de Segovia-.El museo ha menguado la vista desde ese mirador hacia el norte.
Expondrá carruajes y tapices
En Patrimonio Nacional ponen el acento en la utilidad del edificio."Es muy versátil. Permite una excelente circulación de las obras de arte y responde a la necesidad de estar al servicio de los ciudadanos y mostrar las colecciones", afirma la portavoz del organismo. Esta entidad que gestiona los palacios reales solo exhibe la mitad de los 3.000 tapices de que dispone. En el nuevo emplazamiento se podrán mostrar unos 80 de forma simultánea. Está previsto que las piezas roten.El museo acogerá, amén de objetos ornamentales y suntuarios -Patrimonio atesora 154.000 piezas-, la importante colección de carruajesque décadas atrás se mostraba en la zona del Campo del Moro.
Pero el público tardará aún en poder disfrutar de esos fondos. Si se cumple el calendario más actualizado, Patrimonio Nacional inaugurará el edificio en 2014 y con sobrecoste, sobre todo por los retrasos. Los 60 millones de euros previstos en un principio ya se han gastado y el presupuesto final está en 130 millones. O más, si surgieran "problemas de última hora" o se rebajara la aportación presupuestaria anual del Ministerio de la Presidencia por los recortes a que obliga la crisis económica.
El Museo de Colecciones Reales estará en servicio al menos 15 años después de su creación. El Gobierno lo aprobó el 23 de noviembre de 1998, después de tres intentos fallidos (en 1935, 1950 y 1980), según dijo el entonces vicepresidente, Francisco Álvarez Cascos."Esperamos que esta vez sea la definitiva", planteó.
Sí, pero no ha sido fácil. Hubo que empezar por los estudios de suelo y las excavaciones arqueológicas -iniciados en 1999-. Como era previsible en la zona más antigua de Madrid, afloraron, entre otras cosas, restos de la muralla árabe. El nuevo edificio los incorpora, tal como se comprometió Patrimonio Nacional. Esa ha sido una de las causas del retraso de la obra, iniciada a finales de 2006. Entonces se calculaba que estaría lista en 2012. Será al menos dos años después cuando madrileños y visitantes puedan recorrer las salas que albergarán las colecciones reales. Será en el nuevovecino de La Cornisa.
Cronología
- 1998. El Consejo de Ministros decide el 23 de noviembre la creación del Museo de Colecciones Reales. Es el cuarto intento, tras los de 1935, 1950 y 1980. El alcalde, José María Álvarez del Manzano, asegura que será un edificio "subterráneo".
- 1999. En mayo comienza la excavación para determinar las características topológicas y arqueológicas de la zona. Aparecen restos de las caballerizas del Alcázar de los Austrias, bajo la explanada entre la catedral y la plaza de la Armería, y de la muralla árabe. En total, unos 900 metros cuadrados de hallazgos. Se prevé quelas obras del museo duren 5 años. En julio, Patrimonio, que ha recibido 47 propuestas de proyecto, selecciona siete equipos de arquitectos. Figuran los de cinco españoles: Ricardo Bofill, el equipo Martorell-Bohigas-Mackay, el estudio Cano Lasso (los hermanos Cano Pintos), Guillermo Vázquez Consuegra y el dúo Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla. Los extranjeros son Zaha Hadid y David Chipperfield. Finalmente, Patrimonio, que desea"una obra sensata", elige por unanimidad el del estudio Cano Lasso. Es un cofre soterrado de 33.000 metros cuadrados. Otros dos proyectos -el de Tuñón y Mansilla y el de Vázquez Consuegra- se quedan en puertas. El primero, por incorporar una zona en torno a la catedral.
- 2000. El recurso de un arquitecto concursante obliga a paralizar los trabajos.
- 2002. La Audiencia Nacional ordena repetir el concurso. En noviembre el jurado elige el proyecto de Tuñón y Mansilla. Nuevos recursos vuelven a paralizar los trabajos.
- 2004. La justicia permite retomar el proyecto.
- 2005. El Gobierno autoriza las obras del museo y ordena al Ayuntamiento que modifique el plan de urbanismo para poder construirlo.
- 2007. Se cambia la normativa urbanística con el visto bueno de todas las Administraciones. Patrimonio Nacional confía en abrir el museo en 2012..
- La inauguración se prevé en 2014. El coste previsto inicialmente, 60 millones de euros, se ha disparado a 130.
Fuente:Elpais.com
* GloBedia - 13.12.10
Foto: Madrid, impacto nuevo museo Patrimonio en la Cornisa - globedia
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ÁVILADIGITAL* : Los ecologistas que denunciaron el caso de la Ciudad del Golf en Las Navas creen que el sobreseimiento de una parte de las tres piezas del procedimiento “parece una decisión política”. Centaurea y CC.OO., que recuerdan que dos partes siguen en trámite, critican el auto que aparta del caso a siete imputados a raíz de sus recursos y destacan como el ministerio fiscal se ha opuesto al sobreseimiento. Contra esta decisión no hay posibilidad de recurso. Tras afirmar que el carpetazo al asunto es la pretensión de una “solución política”, ya que “de otro modo no puede comprenderse que el auto deje de considerar en absoluto siquiera los motivos y fundamentos del Juzgado de Instrucción nº2, que ni tan siquiera llega a citar pese a constituir el objeto de los recursos, ni que se refiera a los argumentos de los recurrentes para oponerse al auto del juzgado ni al ministerio fiscal”. “La ausencia en el auto de cualquier análisis o referencia concreta a las conductas de los imputados convierte su dimensión jurídica en puro `poder desnudo`”, añaden en respuesta a la decisión judicial.
Voluminoso sumario
También aseguran que el “voluminoso sumario” muestra “indicios de conductas presuntamente delictivas que han quedado plasmadas fehacientemente”. Sin embargo “queda desvirtuado en seco por el auto de la Audiencia Provincial, de más que cuestionable fortuna jurídica, puesto que contiene una estructura formularia que tanto podría servir para ventilar el aliño de esta causa como la de cualquier otra”.
La respuesta de los denunciantes destaca, por ejemplo, que el auto diga que el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra “no establece restricción alguna concreta en el sentido que aquí se pretende por la acusación”, ya que frente a ello alegan que es “rotundamente contrario a las consideraciones de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia refrendado por el Tribunal Supremo”, en cuanto que utiliza una “burda” argumentación con la “pretensión de refutarla”.
Apuntan que aquella sentencia señaló “evidentes restricciones a la actuación urbanística, por lo que esa apreciación de que ‘no establece restricción alguna concreta’, debería conocer la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo a que están inexorablemente obligados los magistrados de la Audiencia para saber que es jurídicamente improcedente”.
También Centaurea y CC.OO. opinan que “cualquiera puede deducir que sus magistrados no han entendido la dimensión jurídica y social de la realidad sobre la que deben aplicar el derecho, ni de meticuloso trabajo, ahora baldío e ímprobo, del juez instructor del Juzgado número 2”, y piden que el Consejo General del Poder Judicial “debe tomar nota ante estas carencias tan elementales de formación y conocimiento de sus funcionarios”, ya que creen que es “inaceptable que la realidad social que padece los efectos trágicos de la especulación urbanística, camine por delante de los jueces”.
* Ávila Digital - 16.12.10
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad Golf -J.Martin ( EFE )
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ELPAÍS/Lugo* : Las desavenencias entre el alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, y la secretaria de este municipio de la costa lucense, María Antonia Martínez, son evidentes, públicas y notorias y ahora amenazan con incrementarse, tras la decisión de abrir una investigación interna a la funcionaria, con el urbanismo en primera línea de la polémica. Un promotor lucense que actúa en este término municipal entregó en la fiscalía de Lugo y en la Xunta documentos que supuestamente vinculan a la secretaria con presuntas irregularidades urbanísticas. Ante este hecho, el alcalde reaccionó anunciando la apertura de una investigación interna a esta trabajadora, para lo cual ha demandado del Ministerio de Política Territorial que nombre instructor y secretario.
Aunque el regidor dice que quiere "presumir la inocencia" de la funcionaria, la realidad es que sus desencuentros vienen de lejos.La secretaria informó desfavorablemente la concesión de varias licencias y puso reparos a algunos gastos, lo que llegó a provocar que la plantilla municipal cobrara con retraso la nómina del pasado mes de abril. Tiempo después, el alcalde, la arquitecta municipal y tres concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno en 2006, tuvieron que pasar este verano por el juzgado de Mondoñedo para declarar, aunque de momento no están imputados, en un caso de supuesta prevaricación urbanística en la concesión de 44 licencias para construir 3.100 viviendas.
Antes de llegar a la situación actual, la tensión entre alcalde y secretaria se volvió a evidenciar hace pocos días, cuando se celebró un pleno extraordinario para aprobar las cuentas generales de los años 2006, 2007 y 2008, que demandaba el Tribunal de Cuentas. En ese pleno, todos los grupos de la oposición demandaron información por parte de la secretaria y ella misma invocó la normativa legal para hacer uso de la palabra, pero le fue denegada por el alcalde, lo que dio lugar a "una situación violentísima", tal y como recuerda el portavoz del BNG, Antonio Veiga.
En medio de todo esto, se ha llegado a lo que algunos definen como el "penúltimo episodio" en las desavenencias entre alcalde y secretaria, con la decisión de abrir una investigación interna a la funcionaria, que desde hace un tiempo realiza su trabajo en la planta superior de la casa consistorial, fuera de lo que era su antiguo despacho donde estaba rodeada por el resto de funcionarios.
El alcalde considera necesaria esta investigación "por los intereses de los vecinos del municipio" y se ha comprometido a "acelerar y agilizar lo máximo posible" este trámite. Mientras tanto, desde el principal grupo de la oposición (BNG), a su portavoz le parece sospechoso que todo esto se produzca días después de que se conozca una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo que anula una licencia para levantar cuatro edificios con 173 viviendas. Veiga es partidario de una investigación judicial y pide al alcalde "que no confunda a la ciudadanía desviando la atención hacia otro lado". "El problema que tenemos está generado única y exclusivamente por la desastrosa gestión de Alfonso Fuente Parga", concluyó.
* El País - 16.12.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios 1º línea - lavozdegalicia.es
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LAOPINIÓN/Murcia : La Manga albergó frondosos bosques, pero una tala a finales del siglo XVI inició la degradación de la cubierta vegetal. El desaforado urbanismo de las décadas de los 60 y 70 hizo el resto. De un paraíso costero repleto de suaves dunas a un infierno urbanístico en el que apenas cabe ya un ladrillo y que más que lugar de veraneo, se ha convertido en hormiguero humano en virtud del desarrollismo de los años sesenta y setenta. Esta es la historia reciente de La Manga del Mar Menor, que se expone de manera gráfica en el Archivo Municipal (Parque de Artillería) desde ayer y hasta el próximo 31 de enero gracias a la cesión de una colección de setenta imágenes propiedad de Antonio Solano Oliver, que registran paso a paso el proceso de urbanización que se produjo entre 1963 y 1980. Estas fotografías forman parte de unas 400 que han sido cedidas para su digitalización, de manera que pasarán a formar parte de los fondos del Archivo y podrán ser utilizadas por los investigadores.
Al parecer, todo empezó en 1582, cuando se mandó talar el bosque situado a la entrada de la lengua litoral porque en el mismo se emboscaban los piratas argelinos. Este documento, aportado por el propio Archivo, también se puede contemplar en la exposición.
La Manga es un cordón litoral de 21 kilómetros de longitud, que se extiende en dirección sur-norte desde el cabo de Palos hasta las salinas de San Pedro del Pinatar. Con una anchura de entre 100 y 1.200 metros, separa el mar Mediterráneo del Mar Menor. Esta lengua cubierta de arena estaba, en su parte más ancha, originariamente revestido de una densa vegetación consistente en el llamado pinarete de las salinas, en la entrada sur, seguido de un sabinar litoral sobre las dunas, donde dominaban las sabinas y los enebros. Algo parecido sucedía en la parte norte, con el pinatar y más sabinares.
Desde la tala de 1582 fue decayendo la cubierta forestal, hasta quedar un despejado paisaje arenoso apenas salpicado por algunas manchas de vegetación, que se han conservado mejor en la parte de San Pedro. El espectacular conjunto formado por el Mar Menor, las islas y La Manga, tal como quedó a fines del siglo XVII, permaneció casi intacto hasta los primeros años de la década de los sesenta del siglo XX, momento en el que comenzó la urbanización de la zona.
Al principio se trataba de actuaciones poco extensas y de indudable interés arquitectónico, pero en la década siguiente se producirá una desenfrenada carrera por edificar de cualquier manera todo el espacio disponible, hasta llegar, a principios del siglo XXI, a la saturación que podemos contemplar hoy. Solo una reducida extensión de terreno en el extremo sur y otra algo más amplia en el norte, han sido salvadas de la suerte general para dar un pobre testimonio de lo que fue La Manga del Mar Menor.
* La Opinión - 16.12.10
Foto: Una de las escasas construcciones que comenzaron a levantarse en La Manga antes de que comenzara el urbanismo descontrolado.- laopinión
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ELCOMERCIO* : 'Gentrificación', este palabro es conocido por simbolizar un proceso de transformación urbana donde la población original de un barrio deteriorado y pobre es desplazada por otra de mayor nivel adquisitivo. También hay quien lo denomina 'pijización', y para el presidente del Foro de Urbanismo Crítico, Diego Díaz, es lo que sucederá en el Oviedo Antiguo. La modificación del Catálogo de Edificios y Elementos de Interés, por la que se descatalogan 844 edificios históricos con diferentes tipos de protección, supone «la excusa para expulsar a la gente de pocos de recursos de El Antiguo y sustituirla por personas con más posibilidades», opinó ayer. El fenómeno que favorece al negocio de la piqueta no es exclusivo de la capital de Asturias. Para Díaz, el barrio de La Alameda de Hércules de Sevilla sirve de ejemplo a lo que le espera al casco viejo de Oviedo
El citado catálogo de patrimonio no siempre ha evitado la demolición de viejos edificios, mientras en otras ocasiones ha garantizado rehabilitaciones respetuosas. Pero, sea como sea, el Antiguo ya ha visto caer más de un inmueble (el conjunto de Altamirano, por ejemplo) y parte del histórico subsuelo se ha convertido en modernos parkings.
La descatalogación aprobada por el Pleno «significa la destrucción de 844 edificios (310 en el Oviedo Antiguo), ya que en los mismos se prevé hacer plazas de aparcamiento, para lo que, como es obvio, es necesaria la demolición». Esta tesis la avanza el portavoz de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ), Roberto Sánchez Ramos, en una carta dirigida al representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), Víctor Fernández Salinas. En ella, le solicita que de forma urgente intervenga y elabore «un informe sobre la decisión política del Ayuntamiento, más cercana a la locura y a la destrucción que a la racionalidad».
No será la primera vez que el comité asesor de la Unesco sobre patrimonio se pronuncie sobre una decisión municipal. En 2008 amenazó con incluir a Oviedo en la lista de ciudades con patrimonio en peligro. En esa ocasión, la causa era el impacto que tendrían las tres torres residenciales que Santiago Calatrava diseñó para la parcela de El Vasco. Al final, el Ayuntamiento las anuló.
* El Comercio - 16.12.10
Foto: La obra realizada en el edificio de Altamirano, una de las recientes en el casco antiguo - elcomercio
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ELPAÍS* : Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial del caso Gürtel revela graves irregularidades en la contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante gran parte del mandato de la actual alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta de este organismo. El informe señala que entre 2000 y 2003 la FEMP contrató a dedo con empresas del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, por importe de 1,3 millones de euros. En esa época, el encargado de la contratación era el secretario general de la FEMP, Álvaro de la Cruz, uno de los imputados en el caso Gürtel y hombre de confianza de Barberá en la federación. La caja B de las sociedades de la trama Gürtel recoge una entrega de 30.000 euros en dinero negro a De la Cruz. El informe señala que la FEMP se saltó la ley para favorecer a la red de Correa incumpliendo los principios de "concurrencia, objetividad y transparencia" que deben presidir los contratos que emanan de organismos públicos.
Como urdidor de estos contratos el informe apunta a De la Cruz, nombrado secretario general de la FEMP el 11 de noviembre de 1995 y apartado de este cargo el 23 de noviembre de 2003, periodo que coincide prácticamente con el de Barberá como presidenta del organismo (luego pasó a ser vicepresidenta).
El informe de la citada unidad recoge un escrito de la actual secretaria general de la FEMP, Isaura Leal, en el que subraya que ninguna propuesta de formalización de los fraudulentos contratos emitidos entre 2000 y 2003 fue sometida "a la aprobación de la Comisión Ejecutiva ni del Consejo Federal de la FEMP". Entre 1999 y 2003, este organismo realizó adjudicaciones a dedo a Special Events y Pasadena Viajes, ambas de la red Gürtel, por más de un millón de euros. Solo para el montaje de la VII Asamblea de la FEMP, celebrada los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1999, fueron 276.000 euros. Se montaron 40 stands y se entregaron 3.000 maletines a los alcaldes participantes. Otros 570.000 euros fueron destinados a la organización de la VIII Asamblea de la FEMP, celebrada en noviembre de 2003. A esta cantidad hay que unir otros 149.000 euros para "trabajos extra".
"Las facturas las emitió un único proveedor" y todo se hizo a dedo, puesto que no consta un expediente previo de contratación de acuerdo con la ley, según el informe. Pese al volumen de dinero (a partir de 12.000 euros la ley obliga a sacar este tipo de actos a concurso), "todo indica que la FEMP tramitó esta actividad de forma similar a un contrato menor". Dado su "origen público", la FEMP debió someterse a los principios de "publicidad, concurrencia y transparencia" que estipula la ley, lo que le habría permitido alcanzar "una mayor eficacia y economía en la gestión de fondos públicos", destaca el informe.
La Unidad de Auxilio Judicial se detiene también en 222 facturas de viajes que la FEMP pagó a la sociedad de Gürtel Pasadena Viajes entre 2000 y 2003 por importe de 288.000 euros para "estancia y locomoción de personal o colaboradores de la FEMP". La mayoría de las facturas eran por importes menores aunque su suma es "significativa". Por ello, el informe reprocha que no se hubiese planteado "la posibilidad de tramitar un expediente de contratación para la prestación del servicio de Agencia de Viajes", lo que pudo evitar "costes innecesarios".
* El País - 16.12.10
Foto: Rita Barberá y el presidente valenciano, Francisco Camps, el pasado abril - elpais
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SUR/Málaga* : La chabola ilegal de Antonio Díaz desaparece bajo la piqueta para dejar libre la rambla de Jaboneros. El hogar de Antonio y el centro ruso comparten piqueta, retroexcavadora y 'chalé' derribado. El primero bajo el puente del arroyo de Jaboneros. El segundo en Pinares de San Antón. La vivienda de Antonio ha desaparecido en un pis-pás. Ayer, pasó a la historia. La promoción inmobiliaria del empresario extranjero ha tardado diez años completos en sufrir el peso de la excavadora y de la ley. Aquí terminan las similitudes. A partir de hoy, Antonio tiene que buscarse la vida y un sitio donde pernoctar. «No me digas... Hombre... No me digas...», acertaba a mascullar Antonio ayer, tan destrozado por dentro de sus enjutas carnes como lo estaba su ya ex «chalecito» -como él lo llamaba- por fuera, pasto de las máquinas. Las dos excavadoras, una grande, otra de menor tamaño para horadar bajo el puente; y el volquete, también amarillo chillón, conferían a la rambla del arroyo Jaboneros la clásica estampa de aquí-está-pasando-algo.
La escena logró arremolinar con actitud curiosa a vecinos de Pedregalejo y El Palo e hizo más llevadera la jornada en el tajo a tres policías locales, una cuadrilla completa de operarios de la Junta de Andalucía y a media docena de canales de televisión, locales, regionales y nacionales, que decidieron cubrir informativamente la noticia que había adelantado diario SUR el miércoles pasado.
«Ni debajo de un puente le dejan a uno vivir... No quiero pensarlo siquiera... La juez no me deja que me quede por miedo a que me lleve el río...», proseguía tembloroso por el relente de la mañana. No callaba, presa de los nervios en todo su menudo cuerpecillo mientras las excavadoras preparaban el terreno, retiraban las piedras que formaban la escollera que el propio Antonio había levantado para protegerse de una posible avenida del arroyo. «Se me saltan hasta las lágrimas...», sollozaba al ver que el refugio levantado para volver a sus recuerdos infantiles, de cuando su padre le traía desde su Jaén natal a la playa de Las Acacias, se desvanecían como los años que forman la vida que te jubila.
Los operarios de la Agencia Andaluza del Agua llegaron sobre las ocho de la mañana. Antonio Díaz (67 años) ya estaba esperándolos, como quien aguarda a una mala noticia. «Me da mucha pena», confesó mientras asistía al derribo del que durante los dos últimos meses fue su hogar. «Dejadlo ya, que me voy a emocionar y todo», y reculaba en pequeños pasitos, rodeado por sus 'vecinos' de El Palo, que también sabedores de lo que acontecía, se habían presentado al 'funeral' anunciado de la vivienda.
Las piedras del dique
El primer paso fue retirar el dique que hizo con piedras cogidas del arroyo. Las excavadoras se encargaron de retirar los peñascos y de escarbar en la tierra para crear un conducto hasta la vivienda, de manera que otro grupo de trabajadores pudiera desmantelar, a mano, la casa de Antonio. «No podemos entrar con las máquinas porque hay una conducción de gas bajo el puente, así que tenemos que ser muy cuidadosos al quitar los muebles», comentó un operario, que vaticinó que los trabajos se iban a demorar toda la mañana de ayer.
La delegada de Medio Ambiente de la Junta explicó en un comunicado que era «imprescindible» ejecutar la orden de desalojo para aplicar el reglamento de protección del Dominio Público Hidráulico. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ordenó la demolición de la ocupación ilegal construida bajo el puente de la avenida Salvador Allende en el cauce del arroyo Jaboneros. «[...] Suponía un fuerte peligro para la persona que allí se alojaba, ya que esta construcción es un obstáculo importante para la evacuación de la avenida y que de mantenerse puede suponer una retención con elevación del nivel aguas arriba del puente de calle Bolivia con el consecuente desbordamiento o una rotura brusca de los elementos instalados en el cauce con la producción de daños aguas abajo del cauce».
Respecto al futuro, Antonio es un limbo de dudas. No sabe aún cuál va a ser su siguiente paso. En declaraciones a SUR, reconoció que, si no le dan una salida, «se construirá su quiosco en otra parte». Mientras, contará a diario las monedas que le quedan de su pensión de jubilado (unos seiscientos euros) y seguirá haciendo amigos convertido en oportuno transeúnte mientras busca una convidada a café o cerveza, según la hora, en cualquier bar de «su» Málaga.
* Sur - 16.12.10
Foto: Antonio Díaz ha aprovechado el viaducto sobre Jaboneros para construirse una casa de tres habitaciones - sur
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20MINUTOS/Madrid* : La operación Chamartín parece condenada a no ver nunca la luz. Cuando parecía que por fin estaba resuelto, un nuevo revés vuelve a retrasar el eterno proyecto para construir una gran ciudad financiera y residencial en el norte de la capital. En esta ocasión, el responsable de la demora ha sido la Comunidad por no hacer a tiempo sus deberes. La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid llevaba en el orden del día la "aprobación definitiva del Plan Parcial de Reforma Interior de la Prolongación de la Castellana", proyecto más conocido como operación Chamartín. Sin embargo, para poder darle luz verde, el Ayuntamiento necesitaba que todas las administraciones implicadas ratificaran el convenio firmado en diciembre de 2008.
El Ministerio de Fomento y los organismos dependientes de él, Adif y Renfe, ya lo habían hecho; y las Juntas de Distrito de Chamartín y Fuencarral, también. Sin embargo, la Comunidad aún no les había remitido su firma, por lo que la aprobación se ha tenido que aplazar.
El Ejecutivo regional reconoce su responsabilidad por no suscribir el acuerdo y defiende que se les ha echado el tiempo encima: "No ha habido tiempo para dar conformidad" debido a "los largos y complicados procesos" que se requerían, apuntó la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño.
Fuentes de su Consejería explicaron después que "el proyecto implica la participación de muchas direcciones generales en materia de transportes, carreteras, vivienda o medio ambiente", y dejaron claro que "no hay que buscar ningún trasfondo político, se trata sólo de un leve retraso operativo".
La consejera avanzó que tendrá listo el documento en enero, aunque esta pequeña demora puede provocar un efecto dominó, dilatando aún más el resto de plazos.
Mientras, la city del norte de Madrid tendrá que seguir esperando, algo que lleva haciendo ya 17 años. El proyecto se remonta a 1993, cuando se planeó soterrar las vías y la estación de Chamartín para prolongar la Castellana y levantar allí una ciudad financiera al estilo de La Défense parisina. Mediante el proyecto se pretendía trasladar el peso económico de la capital desde el centro hasta el norte.
El área a edificar se extiende sobre más de tres millones de metros cuadrados, lo que la convierte en la mayor operación urbanística de Europa. Levantar la city costará casi 11.000 millones de euros. La mayor parte del dinero saldrá de la iniciativa privada, que se encargará de urbanizar la zona, construir los edificios y financiar las obras ferroviarias de Fomento a cambio de la cesión del suelo.
Oficinas a 300 m de alto
Tras el soterramiento, se prevé la construcción de edificios de oficinas de más de 300 metros de altura en el suelo liberado entre la estación y la M-30. Allí trabajarán 68.000 personas, según las previsiones. Más al norte, entre Sanchinarro y Las Tablas, se levantarán unas 16.000 viviendas (4.000 protegidas), donde residirán más de 50.000 personas. Mientras, el paseo de la Castellana, que ahora acaba junto al hospital de La Paz, se alargará hasta la M-40. En total, la avenida se prolongará 2,8 km.
Pero el retraso no sólo afectará a las oficinas, viviendas y parques: las carreteras planeadas también tendrán que esperar. El Ayuntamiento tiene guardado en el cajón el proyecto para soterrar el nudo norte de la M-30 mediante un by-pass. Cuando Gallardón enterró el resto de la circunvalación dejó pendiente el tramo norte, a la espera de que se aprobara la operación Chamartín. Por otro lado, también se queda colgada la nueva línea del metro que unirá la estación con los desarrollos próximos a la prolongación de la Castellana.
La capital tiene operaciones urbanísticas pendientes por todos sus costados. Al sur, está prevista la operación Campamento, mediante la cual se construirán viviendas, parques y un hospital en los solares que ahora ocupan los cuarteles de Aluche. Al este, quedó paralizado el plan para construir tres megabarrios en San Blas, alrededor de La Peineta y la frustrada Villa Olímpica. Al oeste, se demolerá el Calderón y la Mahou para crear un lago y viviendas junto al Manzanares. Y al norte, se está ejecutando el desarrollo de Valdebebas, que incluye el mayor parque de toda la ciudad.
5 Preguntas sobre... Una ciudad sobre las vías
1.- ¿Dónde están los terrenos de la operación Chamartín? Son más de tres millones de metros cuadrados en el suelo que ocupan las vías de Renfe entre la estación de Chamartín, Fuencarral-El Pardo y la M-40.
2.- ¿Qué piensan construir en el área? Se soterrarán las vías y la estación para liberar suelo y levantar rascacielos de oficinas, 16.000 viviendas (4.000 de ellas protegidas), hoteles y carreteras para descongestionar la zona, como el cierre norte de la M-30.
3.- ¿Qué administraciones están implicadas? El suelo es de Adif (Fomento), Canal de Isabel II (Comunidad), EMT y propietarios privados. El Ayuntamiento debe decidir el cambio de usos del suelo (de ferroviario a residencial y dotacional) y la Comunidad revisa las infraestructuras para que el plan sea sostenible.
4.- ¿Cuándo comenzará a ejecutarse el plan? Es la gran incógnita. Tras la firma del último convenio (en 2008) parecía que iba sobre ruedas y podría estar todo construido en 2021. Pero la crisis y el nuevo retraso de la Comunidad dejan la fecha en el aire.
5.- ¿Qué obstáculos ha encontrado el proyecto? El plan lleva 17 años coleando, desde que se firmó el primer convenio en 1993. En 2004 hubo otro acuerdo, pero se bloqueó por el cambio de Gobierno. El penúltimo plan de Fomento (2006) tampoco gustó y el actual (2008) va retrasado.
* "0 Minutos - 16.12.10
Foto: Madrid, terrenos Operación Chamartín - 20minutos
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DIARIODEMALLORCA* : La Policía Nacional ha iniciado esta mañana una operación anticorrupción contra funcionarios de la Autoridad Portuaria de Balears durante la etapa del ex líder del PP, Joan Verger, por la supuesta comisión de diversos tipos de delito en la tramitación de varios expedientes de ocupación de suelo público en varios puertos del archipiélago balear. Durante el día de hoy se han llevado a cabo registros en la sede de la Autoridad Portuaria de Palma, en dos oficinas de una empresa privada y en un domicilio particular en Ciutat también de Palma, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares. De momento no hay detenciones. Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, este asunto lo lleva investigando el Juzgado de Instrucción nº8 de Palma desde hace dos años, y es relativo a varios delitos de corrupción, entre ellos un supuesto amaño en el concurso del Club Marítimo de Mahón (Menorca) cuando Joan Verger presidía la Autoridad Portuaria.
Los implicados en esta operación, denominada Mar Blau, entre ellos el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y ex líder del PP Joan Verger, serán citados por la policía a declarar en los próximos días, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso. Por el momento no hay más registros programados y, en principio, no se producirán detenciones.
En el marco de la operación Mar Blau se investigan presuntos delitos cometidos "al parecer" por funcionarios de la Autoridad Portuaria Balear (APB) con motivo de la concesión a la empresa "Trapsayates" de varios expedientes de ocupación de suelo público en varios puertos de las islas, según la Jefatura Superior de Policía de Balears.
En concreto, los delitos serían, en principio, los de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública, estafa y otros.
En el registro de la sede de la Autoridad Portuaria Balear se ha dado cuenta de la actuación a la Delegación del Gobierno y se ha requerido al presidente de la entidad portuaria a que facilite documentación relativa a los expedientes investigados.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Balears investiga desde principios del 2009 las irregularidades denunciadas por el anterior presidente del club, Luis Barca Mir, en la adjudicación del concurso para explotar los amarres del muelle de Levante en el puerto de Mahón.
Los hechos objeto de investigación han sido las grabaciones aportadas a la Fiscalía en las que aparecen implicados el ex presidente de Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger, y el director del ente, Angel Matías, que probarían un trato de favor, con la entrega de amarres de Trapsa en el puerto de Palma.
Autoridad Portuaria de Balears confirmó el 30 de noviembre de 2008 la concesión a la empresa Trapsayates SL para explotar estos amarres muelle, situados entre Cala Figuera y la punta des Rellotge del puerto mahonés por un período de catorce años y diez meses.
El Club Marítimo de Mahón, cuyas instalaciones sociales están ubicadas en esta zona del puerto, había venido gestionando los amarres. La concesión otorgada a la entidad deportiva caducó en noviembre del 2011, pero fue renovada en dos ocasiones, hasta que en septiembre del 2003 Autoridad Portuaria, bajo la presidencia de Joan Verger, convocó concurso para una nueva adjudicación.
De las cuatro ofertas presentadas -Ribera del Puerto, Ocibar, Club Marítimo de Mahón y Trapsayates- fue escogida la de Trapsa, que desde octubre de 2008 contó con un permiso de ocupación temporal, después de que el consejo de administración de Autoridad Portuaria de Baleares eligiese la propuesta de Trapsayates como la solución más ventajosa del concurso.
Trapsa se comprometió a pagar un canon anual de 600.000 euros durante los casi quince años que durará la concesión y una inversión inicial para la mejora de las instalaciones actuales de 2,9 millones de euros.
El Club Marítimo de Mahón se movilizó para seguir gestionando los amarres y reclamó la anulación de la adjudicación del concurso, mientras que el delegado de Apeam en Menorca, José Ignacio Seguí Chinchilla, solicitó anular el informe de la comisión técnica aprobado por el consejo de administración de la APB.
En ambos casos los solicitantes consideraron que el proyecto de Trapsayates incumplía las bases del concurso, pero ambas alegaciones fueron rechazadas.
* Diario de Mallorca - 15.12.10
Foto: Palma, puerto - infonavegante
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ABC* : Las últimas inundaciones del Guadalquivir están sacando a la luz situaciones contradictorias en las que viven varias zonas de la ciudad, como es el caso de Fontanar de Quintos o La Altea, donde los vecinos llevan pagando desde hace ya una década, o más, impuestos de agua, basura o el IBI de Urbana, así como otros servicios oficiales, como es el caso de la luz a Endesa-Sevillana, que requiere de la autorización d ela Junta de Andalucía, o el teléfono a Telefónica, a pesar de que se siguen considerando zonas no legalizables. Es más, tal y como recordó una vecina de Fontanar de Quintos, María del Mar Antares, la infraestructura para que llegara el agua «la acabamos pagando todos los vecinos, a propuesta del Ayuntamiento, que también nos ofreció el alcantarillado, pero, como ya era excesivamente caro, no hubo unanimidad para realizar esa obra». En caso contrario, también estarían pagando por ese concepto, «como todo hijo de vecino», recordó por su parte, Carmen Pilar Cañamón, también vecina de esa zona.
Ella, junto a su hija de 13 años y su marido, habitan en una hermosa casa de la calle Orquídea, donde el pasado día 6 «me acabaron de poner la cocina estropeada por la riada de febrero; no está ni pagada y ya está para tirarla por completo». Algo parecido le ha pasado con las puertas de toda la vivienda, si bien estas todavía no habían sido instaladas por el carpintero y se han salvado de la última inundación.
La ayuda del Gobierno
Además, hace dos semanas le llegó, por fin, el dinero del Gobierno por los daños ocasionados por el agua a principios del presente año, «y ya vamos a tener otra vez al perito por aquí para hacer uso del segundo decreto que vaya a salir en este mismo año», se lamentó.
Para Pilar, «carece de toda lógica que nos sigan considerando ilegales cuando estamos pagando el IBI de Urbana, que indica que que esto es también la ciudad y no una mera zona rural, y otros servicios municipales, y eso es algo que los demás ciudadanos de Córdoba tienen que saber».
Y es que, en efecto, los parcelistas se sienten considerados por la generalidad de los cordobeses como unos «caraduras» o unos «okupas» que se libran de pagar sus impuestos para ahorrarse un buen dinero. «¿Ilegales? Eso es absurdo. Yo llevo diez años pagando el IBI de Urbana, e incluso cuando compré la casa y le hice un arreglo posterior fui a declararlo al Registro y al Catastro para ponerlo todo en orden y tuve que pagar, incluso, cinco años de retrasos por ese impuesto», sentenció, por su parte Juan Montilla, presidente de la calle Orquídea y funcionario del Ayuntamiento de Córdoba, quien aseveró contundente que «tengo todos los papeles en regla y pago ahora por mi casa, de 133 metros, mi cochera, mi piscina y por todo lo demás».
Hasta tal punto Montilla está convencido de que su situación está tan regularizada como la de cualquier otro cordobés que lanzó un reto al Consistorio: «Si realmente somos ilegales, ¿qué pasaría si de golpe y porrazo dejara de pagar el IBI de Urbana? ¿Me embargarían la vivienda o mi cuenta? Si soy tan ilegal, a ver qué solución le damos a todo esto».
Pero las curiosidades en esta zona de la ciudad no acaban ahí. Las calles de Fontanar de Quintos están sembradas con carteles indicativos de sus nombres, y todos ellos llevan impreso el logotipo del Ayuntamiento, como señaló irónica María del Mar Antares. «¿Se entiende que el Ayuntamiento pueda considerar irregular una zona a la que le presta su logotipo oficial?».
También en La Altea se consideran legales. Así, al menos, lo aseguró el presidente de la asociación vecinal, Julio Cortés, quien aseguró ayer a este periódico que cuenta con documentación para demostrar «eso, y el hecho de que no somos una zona inundable, como ocurre con una parte de Guadalvalle».
Planes urbanísticos
Según sus palabras, «nosotros nunca hemos actuado al margen de Urbanismo y siempre hemos hecho lo que nos han dicho desde el Ayuntamiento y, en nuestro caso, nosotros somos del tipo de urbanismo que está dentro del PGOU».
Una cuestión que, por cierto, también puntualizó el presidente de la asociación de vecinos de Fontanar de Quintos, Rafael Muñoz, quien afirmó que esta zona, en concreto, se incluía en el PAU III «como zona urbanizable y no con carácter rural».
Por lo pronto, los vecinos continuaron ayer con las labores de limpieza en el interior de sus parcelas, después de que un vehículo de Tragsa se encargara desde el pasado sábado de quitar el barro y el agua de los principales caminos y calles.
No obstante, al contrario de lo que ocurrió en febrero pasado, cuando el Ayuntamiento y la Junta se encargaron de hacer frente a este gasto también, en esta ocasión son los propios vecinos quienes se lo están pagando de su bolsillo, porque «como a las empresas encargadas de esto no se les pagó, ahora ya no se fían de las administraciones». Eso sí, a cambio de un «precio especial», tal y como aclaró la responsable de realizar estas labores, que han sido «muy solicitadas».
* ABC - 15.12.10
Foto: Carmen Cañamón y Juan Montilla muestran documentos de que están pagando impuestos de agua, luz, basura, teléfono y el IBI de Urbana - abc
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ANDRÉS BERLANGA/Guadalajara* :
Un ejemplo de la destrucción callada de nuestra arquitectura popular y rural de siglos tuvo lugar ayer mismo. En Labros, Guadalajara, un pueblecito tendido al sol en la paramera de Molina de Aragón, además de un arco románico del siglo XII, y una torre del XVI en una iglesia que sus descendientes han conseguido que se restaure, había en la plaza tres edificios singulares que fueron biblioteca, carnicería comunal y fragua, tras un porche (allí llamado portegao), con soportes de piedra para los pilares de sabina. Formaban hasta el lunes un conjunto de una planta, con tejados de teja árabe, testimonio de una cultura tradicional que había merecido, entre otros reconocimientos, ser reproducido en el reciente libro Arquitectura Popular de Tierra Molina.
La vieja fragua se había convertido en Centro Cívico en 1983, por iniciativa de la Asociación de Amigos de Labros, y allí dentro, además de mostrar arados, albardas, hoces, fuelles y toda la memoria de lo que fue un pueblo campesino, se celebraban reuniones comunitarias, se organizaban exposiciones de fotos o se planeaba un premiado periódico, la representación de teatro clásico de cada año, las fiestas de agosto, un rastrillo, la recuperación de juegos tradicionales o iniciativas mil en bien del pueblo.
Después de muchos meses de batallas para que el Ayuntamiento (radicado en otro pueblo) no lo echase abajo, la mano del hombre, que no un rayo o el paso del tiempo, ha arrasado todo eso. No es mal reflejo (desolador y simbólico) de un país, un paisaje y un paisanaje municipal.
* El País - Opinión - 15.12.10
Foto: Labros (Guadalajara) - todopueblos
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SUR/Málaga* : Se preveía la regularización de un millar de viviendas ilegales antes de final de año y, de momento, la cuenta arroja un saldo de 316 inmuebles. Tras el pistoletazo de salida que dieron hace poco más de tres semanas 227 pisos de las promociones Santa María Green Hills y El Palmeral, tras ceder suelo y abonar 1,3 millones para cumplir con las cargas impuestas, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella sigue avanzando sin prisa pero sin pausa para arreglar el caos urbanístico heredado del gilismo. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer una nueva normalización de viviendas ilegales, en este caso de 89 casas de la urbanización La Corniche, ubicada en la Supermanzana D de Nueva Andalucía.
El método sigue la misma pauta que la mayoría de las normalizaciones que están por venir. Estos inmuebles, que hasta el momento habían estado fuera de ordenación por incumplir el PGOU del 86, han salido del limbo urbanístico tras pagar los promotores las cargas impuestas. En este caso, 712.000 euros en dinero contante y sonante y 12.031 metros cuadrados de terrenos que se destinarán a espacios libres, como se viene a denominar a las zonas verdes. En este caso, además, hay letra pequeña: una caución de 250.000 euros para garantizar la ejecución de las obras que tendrán que realizar en este sector.
Transferencia y escritura
No es una cuestión menor. En suma, las arcas municipales se han embolsado ya más de dos millones de euros solo por la regularización de 300 inmuebles; un balón de oxígeno para unas finanzas que llevan 500 millones en deudas de lastre. «Es un acuerdo importante para el Ayuntamiento, que está muy necesitado de los ingresos económicos», explicó Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno. Los pasos están marcados de antemano. Para que la regularización de una promoción de viviendas se apruebe en Junta de Gobierno Local, la transferencia bancaria y la escritura pública deben estar acreditadas.
«Todo está rematado oficialmente. Por eso se puede pensar que está siendo más lento de lo que se esperaba, pero hay muchos promotores interesados», señaló a este periódico Pablo Moro, concejal delegado de Urbanismo, que confía en que antes de que expire 2010 se eleve considerablemente el cómputo de inmuebles que se ponen del lado de la legalidad. Por su parte, Romero puso el acento en la trascendencia de las regularizaciones para los llamados terceros de buena fe. «Nos autoimpusimos trabajar para que los ciudadanos tuvieran seguridad jurídica y tranquilidad en la gestión de su patrimonio», abundó el portavoz del equipo de gobierno, que aventuró que a la vuelta de pocas semanas los acuerdos para la legalización de viviendas irregulares, de las 16.500 que dejó la gestión del GIL y que podrán normalizarse mediante el pago de compensaciones, serán algo «cotidiano».
No se prevé un camino de rosas. El sistema que marca el Plan General, hasta ahora inédito en un planeamiento urbanístico y realizado expresamente para intentar desenmarañar el caos del ladrillo que dejaron los gobierno gilistas, entraña una enorme complejidad jurídico-administrativa. Aunque algunos promotores han asomado por la sede de Urbanismo, al menos para interesarse por el estado de sus construcciones, pero otros han desaparecido y han dejado en la estacada a decenas de propietarios. El más crítico con este modelo de normalización es Ricardo Arranz, presidente de la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial de Andalucía, que considera que el documento será «imposible» de gestionar. De momento la palabra imposible no entra en el diccionario de los primeros promotores que han dado un paso al frente. El plazo voluntario para que todos sigan su ejemplo concluirá en mayo. Pasada esta fecha, el Ayuntamiento podrá tomar medidas para reclamar las cargas.
* Sur - 15.12.10
Foto: Vista de las 89 viviendas ubicadas en Nueva Andalucía que se han regularizado tras el pago de las compensaciones - sur
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LEVANTE* : Las obras de protección y conservación del jardín de Monforte consistentes en la apertura de una nueva puerta junto al palacete, en la limpieza de las esculturas, la reparación de caminos y el esponjamiento y poda intensiva del arbolado arrancarán esta semana con cargo al Fondo estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, descartó que los retrasos en el inicio de la remodelación, adjudicada hace mes y medio, estén relacionados con su imputación en la investigación de un posible delito de prevaricación en las obras del aparcamiento de Severo Ochoa. Este aparcamiento se construyó sin los informes preceptivos de la Dirección General de Patrimonio por afectar al Bien de Interés Cultural del jardín de Monforte. El fiscal mantiene las imputaciones contra los funcionarios con responsabilidades urbanísticas implicados en el expediente, entre ellos, el actual secretario del ayuntamiento, Pedro García Rabasa.
El delegado de Urbanismo está convencido de que la investigación del aparcamiento abierta por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia a instancias de Cercle Obert "se archivará en cuanto pasen las elecciones" municipales y autonómicas de mayo.
En relación a la otra obra pendiente en Monforte -la del controvertido derribo parcial del muro perimetral- Bellver apuntó que "se hará en el momento oportuno". El derribo parcial del muro de Monforte y su sustitución por una reja con el objeto de mejorar la conexión del jardín con la ciudad y la oxigenación de los árboles causó un fuerte rechazo. Expertos en jardines históricos, asociaciones en defensa del patrimonio y el mismo ex conseller de Cultura, Fernando Villalonga, se opusieron al proyecto.
Un portavoz de Cyrespa, la adjudicataria en UTE con Pavasal del proyecto, apuntó que hoy está prevista la firma del acta de replanteo, que supone el inicio formal de las obras de mejora del jardín de Monforte . La remodelación se adjudicó en octubre pero ha tardado mes y medio en empezar, un plazo que las adjudicatarias consideran que está "dentro de lo normal". Fuentes de Pavasal aseguraron que ya se ha empezado a trabajar aunque en partes del proyecto que no son visibles.
Una veintena de obras aplazadas
La remodelación del jardín histórico, en la que se gastarán 1,2 millones de euros, se ha retrasado y el ayuntamiento tendrá que solicitar una prórroga al Gobierno. Así lo ha hecho con otros proyectos como los huertos urbanos de Sociópolis y el jardín de Gas Lebón (incluido en el primer plan Zapatero). La reordenación de las grandes vías también ha empezado esta semana y no estará terminada en plazo. El ayuntamiento ha tramitado ya una veintena de solicitudes de aplazamiento de obras. Para no perder el dinero, tiene que justificar que la demora no ha sido por causas imputables al ayuntamiento o las contratas.
* Levante - 15.12.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte con la ampliación a la derecha - aytovalencia
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