ABC* : La asociación ecologista ARCA ha opinado hoy que el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, confirmó ayer, con sus manifestaciones, que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña se va a derogar para "impedir la ejecución de las sentencias" de derribo. ARCA se ha referido a las declaraciones del consejero de que "no sería ninguna una aberración" que las 91 viviendas de La Llana, en Argoños, se "salvaran", aunque afirmó que la solución depende del nuevo PORN de las Marismas de Santoña. "Lo que de verdad pretenden es derogarlo (el PORN) y recortar por las bravas los límites del Parque Natural, dejando fuera las urbanizaciones ilegales", ha afirmado ARCA en una nota de prensa.
La asociación ha aclarado que no está en contra de la modificación de este plan, pero ha criticado que los trámites iniciados por el Gobierno regional supongan su derogación y cambiar los límites con criterios, a su juicio, "exclusivamente políticos".
ARCA ha lamentado que "al frente a la ordenación del territorio y del urbanismo esté una persona que desprecia el imperio de la ley y que ha dedicado toda la legislatura a desmantelar los históricos logros de su antecesor en el cargo", ha dicho en referencia a José María Mazón.
Y al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo le ha achacado que no se esté tramitando el Plan Regional de Ordenación del Territorio, se "recorte" el Plan de Ordenación del Litoral y las Normas Urbanísticas.
* ABC - EFE - 27.11.10
Foto: Santoña (Cantabria), marismas - 20minutos.es
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LAPROVINCIA* : El Ayuntamiento de Las Palmas puso en marcha en 1998 una negociación para la compra del Canódromo de Schamann que fijaba el valor de la parcela en 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros), casi la tercera parte de la valoración que se hizo del suelo que se cedió a Urbacan en la esquina de Henry Dunant, donde van las torres, y Almatriche, a cambio del recinto, y que superó los 5,5 millones de euros. La cifra llegó a ser pactada por el entonces concejal de Deportes, Pascual Mota, con los propietarios del Canódromo en aquel momento, la familia del abogado Díaz Sosa. Aunque la operación no se concretó, llegó a hablarse de una permuta por suelo urbano. El ex edil recordó ayer, en una conversación con este periódico, que planteaba para esta parcela un polideportivo con pistas de atletismo, canchas de deportes de sala y una escuela de tenis de mesa en el edificio que hoy alberga dependencias sociales. "Yo creía que estaba conseguido y se lo dije al alcalde", José Manuel Soria, "pero él me dijo: 'Estupendo, Pascual, pero como tú de estas cosas no entiendes se lo voy a decir a [el entonces concejal de Urbanismo] Jorge Rodríguez para que él negocie".
Pero pasaron ese año 1998 y el siguiente, terminó el mandato y Pascual Mota no pudo presentarse a la reelección. Era uno de los cuatro concejales díscolos de Soria, como se les denominó entonces a él y a los también ediles del PP Rafael Viñes, Tino Montenegro y Julio Aldaz, por bloquear la aprobación del Plan General. Tras los comicios, con mayoría absoluta de los populares, se retomó el planeamiento urbanístico y se conoció la operación del Canódromo, con otros vendedores -Inprocansa, inmobiliaria propiedad del empresario Eduardo Fernández, que participa en Lifeblood, que acaba de conseguir un polémico contrato millonario con la Consejería de Sanidad-, y a través de un convenio urbanístico de por medio que planteaba la permuta de parcelas.
"Yo no puedo acusar a nadie y no tengo pruebas, pero cuando salí de la política y vi aquello, con las torres previstas en la esquina, no me encajaban las cosas y sospecho que hubo algo raro", comentaba ayer Mota. El ex concejal considera ahora, once años después de abandonar el Ayuntamiento, que de haber continuado él con la negociación las cosas habrían sido distintas. "De lo que estoy seguro es de que si hubiese salido mi idea, nadie se habría llevado un duro de más", abunda.
Pascual Mota, eso sí, jamás supo qué empresa era Inprocansa -que creó luego Urbacan, promotora de la operación del Canódromo- ni conoció a Eduardo Fernández. "Nunca oí hablar de ellos, pero tampoco Jorge Rodríguez me contaba nunca nada sobre cómo iban las negociaciones. Simplemente, después de aquel día que le conté mi propuesta a Soria, nunca más supe del asunto. Hasta creo que fui yo quien les abrí los ojos con lo que se podía hacer allí", recuerda.
* La Provincia - 25.11.10
Foto: Las Palmas, torres Canódromo (archivo) - canarias7.es
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PÚBLICO* : La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ya formalmente al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que se inhiba a favor de Tribunal Superior de Castilla y León (TSJCL) en lo que concierne a los aforados de esa comunidad que supuestamente recibieron sobornos dela trama corrupta. Si, como parece previsible, Pedreira accede a la solicitud de la Fiscalía, el caso Gürtel estará ya en manos de tres tribunales: el Superior de Madrid, que investiga el núcleo central de la trama; el de Valencia, que aún no se ha pronunciado sobre si indagará en torno a la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad; y el de Castilla y León. Entregado ayer, el informe de Anticorrupción por el que cursa su solicitud de inhibición no califica los presuntos delitos cometidos pero cifra las cantidades que supuestamente habrían recibido distintos cargos del PP a cambio de la adjudicación de la variante de Olleros (León), efectuada en abril de 2003 y de la que se benefició Teconsa, una de las empresas que más participó en los supuestos manejos de la trama corrupta.
El presidente de las Cortes de Castilla y León y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, habría recibido 24.000 euros. Habrían cobrado también el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; Gerardo Galeote, ex eurodiputado y ahora asesor de Rajoy en temas europeos; y el ex diputado Jesús Merino. Correa se habría reservado para sí una parte del total pagado por Teconsa a cambio de conseguir la construcción de la citada variante.
Los informes policiales emitidos desde que en febrero de 2009 estalló el caso ya señalaban al presidente de las Cortes castellano-leonesas y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, Toti, como perceptor de cobros.
Otros informes también implican a la actual consejera de Agricultura, Silvia Clemente, pero el escrito entregado ayer por la Fiscalía no la incluye. Hay dos contratos bajo sospecha, ambos adjudicados a la empresa Teconsa. El primero se refiere a la ya citada construcción de la variante de Olleros del Alba (León) y el segundo, a la planta de residuos de Gomecello (Salamanca).
Salvo viraje de última hora, el juez Pedreira decidirá a comienzos de la próxima semana si accede a la petición de la Fiscalía, aunque todo indica que dará su conformidad dictando un auto de inhibición. El inminente levantamiento de las actuaciones que aún permanecen secretas en el sumario Gürtel obliga a adoptar una decisión rápida sobre lo ocurrido en Castilla y León.
La nueva inhibición de Pedreira se producirá así, previsiblemente, antes de que el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) se pronuncie sobre si acepta o no investigar la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad.
El precedente valenciano, cuyo tribunal superior ha estado mareando la perdiz durante más de un año, extiende sombras de duda sobre cuál será la actuación del TSJ de Castilla y León.
* Público - 26.11.10
Foto: Castilla y León, presidente Cortes Jose_M._Fernandez_Santiago - elpais
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, ha intentado por todos los medios boicotear la concentración contra la corrupción que se celebra este mediodía ante el Consistorio. El coche que cada semana anuncia publicidad de establecimientos comerciales o de diferentes eventos por las calles de Orihuela tuvo serios problemas el jueves con la Policía Local, y las cuñas contratadas en tres radios también fueron retiradas al recibir las emisoras un escrito de la alcaldía anunciando medidas legales por su supuesto contenido "injurioso, calumnioso y falso".
La Plataforma por la Transparencia, integrada por una quincena de colectivos cívicos, partidos y sindicatos, contrató un vehículo profesional para que emitiera por las calles unas cuñas con algunos titulares de prensa referidos a los casos de corrupción que han salpicado a ediles del PP, e instando a la ciudadanía a participar en la concentración de hoy. Según denunciaron ayer en una improvisada rueda de prensa Agustina Ballester, Nuria Iniesta y Guadalupe Sánchez, representantes de la plataforma, el vehículo con la megafonía salió el jueves a la calle y a los pocos minutos fue detenido por agentes de la Policía Local, que le pidieron un permiso especial. El conductor argumentó que cada semana hacía lo mismo para anunciar otras actividades o comercios.
Miembros de la plataforma acudieron al Ayuntamiento a solicitar la autorización, y por la tarde el vehículo volvió a circular. A los pocos minutos, una patrulla policial lo volvió a detener y ordenó su "inmovilización" porque lo que tenían era una solicitud de permiso, y no el definitivo. "Nos hemos quedado sin propaganda por las calles", admitía ayer resignada Sánchez, quien aseguró que los agentes amenazaron con sancionarla. Pero sus problemas no acabaron ahí. La campaña de cuñas en las radios locales apenas llegó a emitirse por "presiones y amenazas de la alcaldía", según Lucas López, de la plataforma.
Las advertencias del Ayuntamiento no fueron verbales, sino por escrito y remitidas a la Cadena SER, Onda Cero y Punto Radio. Las dos primeras emisoras no emitieron las cuñas, y la última, con sede en la vecina localidad de Guardamar del Segura, radió unas pocas el jueves, y luego dejó de hacerlo. David Costa, concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento, en un escrito con membrete de la alcaldía y dirigido a los directores de las radios, avisó de que emprenderán acciones legales contra los medios que difundan estas cuñas.
El PP, que gobierna en el Ayuntamiento de Orihuela desde 1986, está muy molesto con el contenido de las cuñas, que considera "absolutamente manipulado". El texto de los anuncios radiofónicos mezcla titulares de prensa del caso Brugal con comentarios sobre las deficiencias en educación, servicios sociales y trabajo que sufren los oriolanos. La concejal Josefa Ferrando salió en nombre del PP para defenderse de "las calumnias y mentiras" del "tripartito", en alusión a la oposición municipal del PSOE, Centro Liberal y Verdes, "que se esconden tras una plataforma inexistente para arañar un puñado de votos".
David Costa, en la carta a los medios, advertía de que "no se va permitir que se realicen manifestaciones de contenido claramente injurioso, calumnioso o directamente falso" y amenazó a "todo aquel que traspase la línea de la crítica política a que responda de sus actos ante los tribunales". El PP asegura que el Ayuntamiento no debe ocho millones de euros a sus proveedores, que el empresario Ángel Fenoll no pagó la campaña electoral de la alcaldesa, Mónica Lorente, y que ella tampoco adjudicó contratos a la empresa de su hermano.
"Es increíble lo de las amenazas y lo que nos está pasando", se lamentaron las representantes del colectivo censurado. "Lo único que hemos hecho ha sido poner en unas cuñas lo publicado en los periódicos. Eso no es delito y, además, dicen lo que la mayoría de la gente intuye", aseguró Guadalupe Sánchez. Ayer, la plataforma entregó a los directores de las emisoras una carta responsabilizándose directamente del contenido y de la difusión de las cuñas, aunque las radios no las emitieron.
Más de 15 colectivos cívicos, sindicatos, asociaciones culturales y partidos políticos pretenden sumarse hoy a mediodía a la concentración en la puerta del Ayuntamiento bajo el lema Por la transparencia y contra la corrupción. La plataforma tiene previsto leer un comunicado y luego emitir por megafonía las grabaciones a políticos hechas por Fenoll e intervenidas por la Policía en el caso Brugal. Los abogados del PP pidieron al juez que prohibiera la emisión pública de estas grabaciones, y el magistrado ha dado traslado del caso a la fiscalía, que se pronunciará el lunes.
Por otro lado, la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, del PP, ordenó ayer a la Policía Local el desalojo de un joven del pleno municipal, que trataba de urbanismo, después de que empezara a grabar con una videocámara. El joven alegó que ejercía un derecho constitucional y desde el PSOE, su portavoz, Antonio Martos, denunció "el abuso de autoridad de la alcaldesa".
Los anuncios que no se emitieron
- Cuña 1:
- El Ayuntamiento de Orihuela debe más de ocho millones de euros a proveedores.
- El 'caso Brugal' destapa que Fenoll está detrás de la millonaria contrata de basuras y pagó la campaña electoral de Mónica Lorente.
- El fiscal ve indicios de hasta cinco delitos en la actuación de la alcaldesa de Orihuela en la contratación de las basuras.
- Detenidos tres concejales del equipo de gobierno que ayudaron a Fenoll a crear una tapadera de empresas.
- Cuña 2:
- El 'caso Brugal' alcanza a la mitad del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela.
- El fiscal Anticorrupción considera que Mónica Lorente adjudicó el servicio de jardines en Orihuela Costa a su hermano Jorge Lorente.
- El director de gabinete de Mónica Lorente, imputado por delito electoral.
* El País - 27.11.10
Foto: Orihuela, ayuntamiento - aquagest
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MATTEO GUAINAZZI* : Si Usted fuera dueña de una empresa que ha generado 98.5 millones de Euros de beneficios (después de impuestos) en 2009 y prevería un resultado neto de 61 millones en 2010; una empresa con 2200 trabajadores altamente cualificados; una empresa con más de 150 años de experiencia, que ofrece un servicio de calidad muy apreciado por los ciudadanos; una empresa cuyos resultados netos han permitido financiar la construcción de un nuevo teatro (100 millones de Euros), líneas de metros, carreteras, acontecimientos deportivos y culturales, además de su misión de servicio público; si usted fuera dueña de esta joya industrial-financiara, ¿qué haría?... A esta pregunta la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, contesta: ¡venderla! Esto es lo que puede pasar con el Canal de Isabel II (CYII), la empresa pública que gestiona los servicios de captación, tratamiento y distribución del agua en la Comunidad de Madrid.
Dos artículos en la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales del 2008 prevén que la empresa pública será remplazada por una sociedad anónima, el 49% de cuya acciones se pondrá a la venta. “Una oportunidad para que todos los madrileños puedan ser dueños del su empresa de agua”, afirmó la Aguirre. Pero, ¡un servicio público ya pertenece por definición a tod@s l@s ciudadan@s! Sin embargo, el interés mostrado por grandes transnacionales como Agua de Barcelona para hacerse con el control del Canal demuestran que las acciones acabarán presumiblemente a grandes inversores, no a los pequeños ahorradores. La ley pretende además transferir a la sociedad que se cree todos aquellos bienes patrimoniales que no sean imprescindibles para garantizar el abastecimiento y saneamiento. Se trata de una gran cantidad de suelo, instalaciones y inmuebles con un enorme valor de mercado: ¡una ganga para los compradores!
Envuelto en un total secretismo, sin ni comunicaciones a su Consejo de Administración, el proceso ha seguido su lenta marcha en estos dos años. El Gobierno Regional contrató en Avril de este año sendos informes al Banco BBVA, a Rotschild y a Cuatrecasas sobre las condiciones de salida al mercado. Como desvela Morales de Urioste en un reciente articulo en “Rebelión”, “se están sustituyendo puestos de trabajo internos […] por […] subcontratación, […] eliminado prácticamente los procesos selectivos públicos, apena se sacan oposiciones […] para sostituir los puestos vacantes.”
Un amplio abanico de asociaciones vecinales, movimientos sociales, partidos y sindicatos, reunidos en una plataforma ciudadana en contra de la privatización, expresa su más firme oposición a este proceso, ya qué:
* conllevaría un empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento como consecuencia de la previsible reducción de la plantilla de trabajadores e incremento de la precariedad laboral con el fin de reducir costes
* supondría que las arcas públicas dejaran de recibir los beneficios económicos que esta empresa actualmente genera
* prácticamente desaparecerían las inversiones en reducir las pérdidas en las redes de distribución, pues en la mayoría de los casos no resultan económicamente rentables, y se descartarían definitivamente las inversiones de carácter puramente medioambiental
* desaparecerían además las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, ya qué serían incompatibles con la condición de empresa privada, al ir dirigidas a reducir el consumo y por tanto las ventas de agua y los beneficios económicos
* produciría el desplazamiento de la población hacia el consumo de agua mineral embotellada, por el previsible deterioro de la calidad del agua, lo que incrementaría el gasto mensual por familia
* La quiebra de una empresa privada dueña del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro adecuado de agua potable para la ciudadanía.
Todavía es posible parar los pies a quienes quieren hacer del agua – elemento básico para la vida y la dignidad de la personas y derecho humano básico según Naciones Unidas – un jugoso negocio. Pero, hace falta una fuerte movilización de l@s trabajadores y los ciudadan@s. Sin movilización, sus garras se apoderarán del agua que es, todavía, de tod@s.
* Plataforma Ciudadana contra la Privatización del Canal de Isabel II
* Otro Madrid - Opinión - 21.11.10
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IDEAL/Almería* : El presidente del PP-A, Javier Arenas, demandó ayer un «gran acuerdo social y político» en Andalucía para dar solución a la situación de alrededor de 300.000 viviendas «alegales» en la región, lo que atribuyó a la «gestión nefasta» de la Junta en materia urbanística, al tiempo que anunció que su partido elevará al Parlamento autonómico una Proposición No de Ley (PNL) para adoptar «medidas transitorias» que palien la situación del inseguridad de miles de familias. Entre la batería de iniciativas que Arenas trasladó en una reunión de hora y media mantenida ayer en Almería con unos 30 de representantes de residentes británicos en la Comarca del Almanzora agrupados bajo las siglas 'Almanzora Abusos Urbanísticos-No' (AUAN) detalló, asimismo, la presentación de mociones en los ayuntamientos afectados para, «de acuerdo» con el PSOE, poner término a que muchos propietarios que han pagado la licencia municipal y los impuestos «no tengan luz y agua», lo que, a su juicio, es una «cuestión de derechos humanos».
En esta línea, aseguró que se trata de «un problema importante y real» que afecta a «muchas personas que han venido de fuera a vivir en Andalucía» y que, por tanto, «procede» abordar «con todas las consecuencias» una situación que afecta a «una gran fuente de riqueza y también de creación de empleo». «Tenemos que aprovechar cara al futuro que la región es la mejor zona residencia de Europa y no cargárnosla mediante la inseguridad y la desconfianza que genera la normativa jurídica», subrayó.
Arenas arremetió así contra lo que calificó de «diarrea legislativa» de la Junta de Andalucía que ha venido, en los últimos años, a «complicar el panorama» en materia urbanística al tiempo que avanzó que, desde el PP-A, van a impulsar «modificaciones» en torno al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) -«que hasta el nombre tiene feo», ironizó- y a la «famosa» Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que ha sido «tan eficaz que su reglamento que ha tardado diez años en desarrollarse».
Sobre la necesidad de promover un «gran pacto social y político» para dar solución a las viviendas «alegales» e impedir situaciones «terribles e impensables», trasladó que no es una iniciativa «ni singular ni extraña» e hizo referencia a acuerdos similares que se han alcanzado en Madrid, Extremadura, Cantabria, Aragón o la Rioja.
Recordó, al hilo de esto, que se han dado «pasos muy importantes» en algunos municipios grandes como Marbella, Jaén o Chiclana y señaló de vital ese acuerdo en municipios pequeños «con muy poco asesoramiento». «Hay que dar respuesta a las víctimas, a aquellos compradores de buena fe», concluyó.
* Ideal - EP. - 27.11.10
Foto: Arenas mantuvo ayer un encuentro en Almería con representantes de residentes británicos en la Comarca de Almanzora. :: EFE
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SUR/Málaga* : Nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de Nerja, después de las dos sentencias adelantadas por este periódico en los últimos meses, la primera, en mayo pasado, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga a indemnizar a una empresa por la expropiación, por debajo de su valor, de parte de los terrenos donde se ha previsto la construcción de la futura depuradora; y la segunda, conocida esta misma semana, en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº5 de Málaga anula el planeamiento del polígono industrial de Castillo Alto. Ambas han sido recurridas por el gobiernod local del PP. Ahora el TSJA ha desestimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto a finales de 2006 por el Ayuntamiento nerjeño en contra del Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTAX), aprobado por la Junta de Andalucía en el decreto 147/2006 de 18 de julio.
Entre otras cuestiones que afectan al planeamiento urbanístico del municipio, este documento anuló la clasificación como suelos urbanizables de los terrenos del campo de golf de La Coladilla, que el Ayuntamiento vendió cuatro años antes a la multinacional Medgroup por quince millones de euros. Estos suelos estaban reconocidos como urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que la propia Junta de Andalucía aprobó en el año 2000.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, el Ayuntamiento nerjeño denunciaba que la aprobación del POTAX era contraria a derecho ya que «fue anterior al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, por desconocer el derecho de participación y audiencia de la actora y por omisión en su tramitación del trámite de evaluación ambiental», según recoge el fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.
Asimismo, el Consistorio nerjeño, gobernado con mayoría absoluta por el PP desde 1999, entiende que el plan urbanístico de la Junta «desconoce asimismo la autonomía de los municipios al proceder indebidamente a la clasificación de suelo, vulnerando igualmente la legislación sobre dominio público», según se recoge en la sentencia.
Sin embargo, el alto tribunal andaluz va desmontando, a lo largo de las doce páginas que componen este veredicto, los argumentos municipales, con alusiones a normativas regionales, nacionales, y europeas, así como a diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En el apartado séptimo, el TSJA se centra en la demanda del Ayuntamiento acerca de que el POTAX cambia la calificación de varias zonas del PGOU nerjeño, en concreto «Los Tablazos, Maro, Sanguino o en el sector del suelo urbanizable SUNP-RDT, que en la aprobación definitiva del documento pasaron a estar contempladas como tales zonas de interés territorial». A este respecto, el TSJA sostiene, citando la sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989: «En relación entre el interés local y el supralocal es claramente predominante este último». «Es más, en ámbitos estrictamente urbanísticos, propios de la intervención local, las atribuciones no sólo en materia de ordenación del territorio sino en otras como el medio ambiente o incluso el urbanismo, autorizan también la actuación autonómica», señala también el TSJA.
Pleito con Medgroup
El alto tribunal asegura que el POTAX respetó la autonomía local constitucionalmente garantizada. En el fallo no se hace un pronunciamiento especial sobre las costas. El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), dijo ayer a este periódico que no tenía constancia oficial de este fallo, pero que cuando lo tengan estudiarán si se puede recurrir. La sentencia podría sentar un precedente judicial en el pleito que mantiene Medgroup contra el Ayuntamiento, al que le reclama los 15 millones pagados al no poder ejecutar el campo de golf.
* Sur - 27.11.10< Foto: nerja - hotel-construido-en-dominio-publico - google
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LEVANTE/Valencia* : La relación de Moncada y sus cargos públicos con Emarsa, la empresa que gestiona la depuradora de Pinedo, ha sido más que buena. Si el número dos en el ayuntamiento de l'Horta Nord, Luis Botella de las Heras, facturó 114.978 euros de la empresa que gestiona la planta entre 2005 y 2010, ahora es una firma del municipio, concretamente la de los cuñados del alcalde, Juan José Medina, la que ha facturado 1,66 millones de euros en los últimos seis años, según las auditorías hechas en el ente. Según explicaron desde Gea Manuel SL, la firma de los hermanos de la mujer del alcalde, su relación con Emarsa viene desde hace unos 14 años, ya que entraron de la mano del ex presidente de Unión Valenciana, Juan Vicente Jurado, cuando era presidente del Consell Metropolità de l'Horta, del que dependía Emarsa, y por lo tanto no tiene nada que ver con su cuñado. Su relación contractual, añadieron, es un convenio mensual de mantenimiento de seis bombas de la depuradora repartidas por otras tantas poblaciones.
Por ello facturan 144.000 euros anuales. A este fijo hay que sumarle otras obras de mantenimiento que no supieron concretar y que, según las auditorías, completaría los 1,66 millones. Uno de los responsables de la empresa aseguró que su trabajo está muy ajustado al presupuesto y que al mes obtienen unos 1.000 euros de beneficio.
Los dos administradores de esta empresa son también hermanos de Concha Gea, concejal del equipo de Gobierno de Medina y también cuñada. Gea trabaja en la Diputación de Valencia donde el edil de Moncada es vicepresidente primero y portavoz del PP.
Cabe recordar que Enrique Arnal, concejal del equipo de Medina entre el 1999 y 2001, fue director financiero de la depuradora de Pinedo. En estos momentos, la Emshi ha presentado una querella por presuntos delitos de estafa continuada y malversación de caudales públicos, así como administración desleal.
Sobre la contratación de Gea Manuel SL, así como todas las demás adjudicaciones, el Partido Socialista aseguró que "son irregulares y se realizaron al margen de la ley". Para esta denuncia, el PSPV se basa en las auditorías realizadas sobre las cuentas de Emarsa.
Por otra parte, el Comité de Empresa de Emarsa, ahora en liquidación, cargó ayer contra los gerentes de la depuradora. "La depuradora ha sido rentable toda la vida y solamente su declive se ha producido por conductas presuntamente delictivas programadas y orquestas por gerentes y consejos de administración, todos ellos de carácter político y al servicio de intereses partidistas", aseguraron. Para el órgano de representación de los trabajadores, que se irán a la calle con la liquidación de la empresa pública, calificaron el escándalo de Emarsa como una "epidemia de corrupción" y exigieron su derecho a conservar sus puestos de trabajo.
En otro orden de cosas, el PP, al frente del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, rechazó ayer con sus votos una propuesta del PSPV para "exigir" la dimisión del presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), el popular Enrique Crespo, así como de los cargos orgánicos del PP en la capital valenciana que ocupaban puestos de responsabilidad en Emarsa tras las irregularidades detectadas en su gestión.
El portavoz del PP en el consistorio, Alfonso Grau, acusó a los socialistas de que esta moción es "una historia más para tirar las responsabilidades a este equipo de gobierno y a la alcaldesa en un asunto en el que, como en otros, no tiene nada que ver".
* Levante - 27.11.10
Foto: Moncada (Valencia) - moncada
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LNE* : El Principado toma como ejemplo lo hecho por Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid y se venderá a sí mismo su parque inmobiliario por valor de 102 millones de euros. Además, aumentará un 40 por ciento el canon del agua. Estas son dos de las medidas que el Principado anunció ayer que aplicará para lograr liquidez con la que cumplir los objetivos políticos que el bipartito PSOE-IU se ha marcado en el Presupuesto de 2011, que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. El Presupuesto, influido duramente por la crisis, tendrá un montante de 4.133 millones, un 6,7 por ciento menos que el inicial de 2010 y un 3,3 por ciento menos respecto al Presupuesto que tuvo que ser modificado meses atrás.
La operación de crédito encubierto del Principado a través de Vipasa se centra en generar más deuda saltándose el límite de endeudamiento marcado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a las autonomías dentro del plan para la reducción de déficit y gasto públicos. Esta es la gran novedad del último presupuesto de Vicente Álvarez Areces como presidente, y de la legislatura. Esta operación sigue los pasos del Ayuntamiento de Madrid, que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que ha vendido la mayor parte de Mercamadrid a una empresa municipal para conseguir dinero para pagar a sus proveedores. El gobierno local de Gallardón también vendió el año pasado 18.000 viviendas públicas por 260 millones de euros para alimentar su presupuesto. Este año ha vendido unas 630 por valor de 64 millones.
En el caso de Asturias, el Gobierno del Principado venderá a la empresa pública Viviendas del Principado S. A. (Vipasa) parte de su parque inmobiliario -unas 7.500 viviendas- por valor de 102 millones de euros, eludiendo así el límite de endeudamiento permitido. Vipasa, que hasta ahora simplemente gestionaba estas viviendas, en su mayor parte de alquiler protegido, pasará de casero a propietario en una operación que le obligará a solicitar un crédito por esta cantidad.
A falta de concretar los pormenores de la actuación, la versión que ayer ofreció Jaime Rabanal es la siguiente: Vipasa se comprará 100 millones en viviendas del Principado -no cuantificó cuántas- y pagará dos millones «por otros» bienes patrimoniales del Principado que no quiso precisar. Tras esto, las viviendas serán ofrecidas por Vipasa a sus actuales arrendatarios, que en todo caso mantendrán sus condiciones actuales aunque no acepten comprar los inmuebles. Rabanal defendió esta decisión argumentando que «en un momento como este hay que poner el patrimonio del Principado al servicio de las políticas públicas». El Consejero lanzó un mensaje tranquilizador al sector inmobiliario asegurando que estas ventas «no entrarán en competencia con la promoción privada o concertada» porque «no sería deseable» en plena crisis del ladrillo. Además, Rabanal aseguró que parte de estos 102 millones servirán para mantener las ayudas a la vivienda en niveles «similares a los de 2010» compensando en parte el gran recorte que han sufrido las subvenciones del Estado en este campo.
Desde Izquierda Unida, formación que controla la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de la que a su vez depende Vipasa, se reconoció abiertamente que la operación es para «acudir al endeudamiento», alegando que Asturias se lo puede permitir porque es una de las regiones más saneadas del país. Además, desde la coalición se aclaró que el crédito de 102 millones que tendrá que pedir Vipasa «no pondrá en peligro su viabilidad». Este dinero, según IU, se destinará a inversiones.
Además de estos 102 millones extras, el Principado ingresará el año que viene 10 millones más a través del canon del agua. Este ejercicio el Principado ha ingresado 25 millones por este concepto. Para 2011 ha presupuestado 35 millones, lo que supone un incremento de esta partida de un 40 por ciento. Desde la Consejería de Economía se aseguró ayer que esta subida no afectará por igual a todos los usuarios. Lo anunciado por Rabanal es que la subida del agua se llevará a cabo con una modificación del recibo. Así, los consumos mínimos serán sustituidos por una cuota fija y otra variable, haciendo distinción entre los consumos domésticos y los industriales. Esto garantiza, según la Consejería, que «todas las unidades contaminantes asuman los costes fijos generados con independencia del consumo realizado o de la forma en que el agua sea suministrada». Las medidas recaudatorias extras incluyen el nuevo impuesto verde -una cesión de la parte socialista del Gobierno a IU- que aportará a las arcas regionales 8 millones de euros al repercutir sobre el uso industrial del montes.
Pero no todo serán subidas de impuestos. En el tramo autonómico del IRPF se crea una deducción para fomentar la gestión forestal sostenible por parte de los propietarios de fincas. Se estima que esta deducción puede beneficiar a 300 asturianos.
En lo que se refiere a los niveles de inversión anunciados ayer por Rabanal, éstos llegarán, incluido el dinero que destinarán a este capítulo las empresas públicas, a un total de consolidado de 1.070 millones. Este año la cantidad fue de 1.280 millones. Con este dinero el Principado, entre otras cosas, garantiza el final de las obras del nuevo Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) y cumplir los compromiso recogidos en el pacto social con los sindicatos y la patronal. Las inversiones previstas en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social para este año llegan a los 350 millones de euros. Otro gran proyecto que tendrá fondos suficientes será el centro cultural Niemeyer de Avilés.
Rabanal destacó que el Presupuesto mantiene «el firme compromiso con la austeridad», ya que el gasto corriente se reduce un 4,89 por ciento y con el sostenimiento de lo servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales). El 68,21 por ciento de los 4.133 millones de euros del Presupuesto es gasto social, un punto superior al de 2010 (67,23 por ciento). Algunas de las escasas partidas que no se reducirán son, según Rabanal, las dedicadas a I+D+i, que crecerán en un 2,85 por ciento, y los fondos de la Universidad de Oviedo, un 5 por ciento.
Al tiempo, el consejero de Economía se mostró confiado en que el Principado cumpla el límite de endeudamiento impuesto por el Gobierno central. Rabanal explicó que Asturias cerrará el año con una deuda de 1.827 millones de euros, lo que supone 7,8 puntos respecto al Producto Interior Bruto (PIB), «dos puntos por debajo de la media de todas las comunidades autónomas», aseguró. Para Rabanal, «es el Presupuesto adecuado para hacer frente a la crisis». El documento final llegará a la Junta General del Principado a lo largo de la próxima semana para su debate.
* La Nueva España - 26.11.10
Foto: Oviedo, calle Uría - laregioninternacional.com
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MILENIO* : Cuando Javier Cenicacelaya, reconocido urbanista español, visitó Monterrey por primera vez, se asustó con la velocidad que los vehículos alcanzan en las avenidas Morones Prieto y Constitución, a las que califica de verdaderas autopistas. Pero, a la vez, se asombró con el desperdicio en que se ha convertido el espacio que las separa: el río Santa Catarina, similar por su trazo en medio de una ciudad al Támesis y al Sena y que, a su juicio, podría ser el detonante de la ciudad a nivel mundial. El foro "Nuevo Urbanismo, Una Solución Inteligente", convocado por el EGAP, reunió este miércoles a la crema y nata de esta corriente, que muchos gobiernos, principalmente de Europa, utilizan para la reconstrucción de sus ciudades. Uno de los precursores del Nuevo Urbanismo, el arquitecto cubano Andrés Duany, criticó que Monterrey pretenda asemejarse a una ciudad norteamericana, como Dallas, y base la movilidad de su población en el automóvil, cuando es claro que no todos los habitantes tienen la posibilidad de comprarse uno.
Por su parte, León Krier, teórico del urbanismo de origen italiano, urgió a recuperar la identidad del primer cuadro de Monterrey, no mediante la construcción de más museos o centros comerciales, sino con el regreso de sus habitantes y la mezcla de todos estos factores.
Reconstrucción es una oportunidad para corregir
Los múltiples daños que dejó el huracán Alex en la zona metropolitana de Monterrey generan la oportunidad de que las autoridades corrijan una serie de errores que arrastra la ciudad, afirmó el arquitecto argentino, Rubén Pesci.
El también asesor de la administración estatal expresó que luego de la destrucción que dejó el meteoro, las autoridades deben aprovechar para realizar ajustes en la vida urbana de la ciudad, como elevar la cantidad poblacional por hectárea de la ciudad, construir represas que capten agua y eviten inundaciones, incluso dentro de la zona metropolitana; y ya no urbanizar en zonas bajas o de río.
El urbanista, que ha participado en proyectos a nivel internacional, comentó que actualmente se comete en Monterrey es optar por una baja densidad poblacional, pues al día de hoy se ubica aproximadamente en 47 habitantes por hectárea, mientras que el promedio en América Latina se encuentra en 250 personas por hectárea.
“Hay que hacer medidas de retención de agua, ésta es la gran ingeniería del futuro, la retención de agua, entonces, (se deben hacer) microrepresas, microcontenciones, inclusive en las áreas urbanas, generando a veces pequeños lagos urbanos, reservorios para que cuando vienen estos grandes aluviones haya espacio para retener el agua o para disminuir su velocidad, esto ya está contenido incluso en el Atlas de Riesgo.
* Milenio - 24.11.10
Foto: Monterrey (México) - maps-of-mexico
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CANARIASAHORA* : El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán, formado por el PP, se dispone este viernes a aprobar en el pleno municipal el Avance de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con su correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, documentos, que en sus contenidos se vuelve a incurrir de manera flagrante en la inseguridad jurídica alegada por el propio alcalde, Francisco González, como motivo para desistir en mayo de tramitar el anterior PGOU. A pesar de que la inseguridad jurídica, así, de manera genérica, fue el principal motivado esgrimido por el Gobierno de Canarias para sugerir al Ayuntamiento que desistiera de tramitar el anterior PGOU investigado en el caso Góndola, esta vez y partiendo "de cero" para la redacción de un nuevo documento, el hecho de que el Ayuntamiento de Mogán no haya publicado en el Boletín de la Provincia la encomienda realizada a la empresa municipal Gesmogán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno el 2 de agosto pasado, para que esta se haga cargo de la redacción del PGOU, supondría el principal problema con que se encontraría el nuevo documento cojo.
El expediente simplemente recoge que se ha realizado la encomienda, pero no figura en el mismo documento alguno que así lo acredite en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), según exige el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según han corroborado a CANARIAS AHORA fuentes conocedoras del mismo, por lo que todo el proceso que pende de la aprobación de este viernes quedaría en el aire, en inseguridad jurídica de pleno, de haber recursos judiciales contra el mismo.
Además, las fuentes que han examinado los documentos que han de aprobarse este viernes por los concejales han vuelto a detectar un error reiterado y que ya fuera destacado por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias en su informe demoledor contra el anterior PGOU: el técnico municipal se limita a informar sobre el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) sin entrar en el fondo del mismo, que fue precisamente lo que hizo a raíz del rapapolvo del Gobierno canario, cuando debió analizarse el contenido del ISA a priori, cosa que no vuelve a suceder en estos nuevos documentos.
Este informe meramente superficial sin desentrañar si la empresa encargada de realizar el ISA se ha ajustado a derecho, de manera motivada, ha vuelto a ser redactado por un trabajador con categoría de laboral y no por funcionario de carrera, como viene siendo habitual en todo lo relativo al urbanismo de Mogán contraviniendo las normas legales. Aún así, la aprobación de este viernes es sólo el Avance y no el Plan General en sí.
En mayo, el PP desistió de tramitar el PGOU al poner en duda la Dirección General de Urbanismo autonómica la legalidad del documento en el que se justificaba, por ejemplo, la instalación de una depuradora del empresario Santiago Santana Cazorla en Taurito, a todas luces ilegal según las Normas Subsidiarias de 1987 -nulas de pleno derecho al no ser legalizadas hasta enero pasado- que se pretendía legalizar ahora, ya que estaba contemplada su calificación legal en la Aprobación Inicial de 2006 del PGOU desechado.
La Dirección General de Urbanismo incidió en el hecho de que la redacción de convenios no debidamente justificados convertían los mismos en documentos arbitrarios sin criterio alguno y sin calificación objetiva de los aprovechamientos urbanísticos a favor de la Corporación y en interés del erario público.
Además, cuestionaba abiertamente la "indebida clasificación de ciertos suelos como urbanos o urbanizables", cuando debían estar protegidos por directivas europeas al ser hábitats naturales, en concreto en áreas de interés económico de la urbanización Anfi del Mar-Patalavaca y en Costa Taurito, propiedad del empresario también imputado en el caso Santiago Santana Cazorla.
En sus conclusiones, el informe del Gobierno de Canarias advertía al Ayuntamiento de Mogán de la "evidente debilidad jurídica del procedimiento hasta ahora tramitado" por la carencia de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento, por lo que sugirió al consistorio presidido por Francisco González, "en aras del principio de seguridad jurídica, iniciar nuevo expediente de tramitación y aprobación del Plan General, debiendo desistir la Corporación municipal del actual expediente 2006/0462".
* Canarias Ahora - 25.11.10
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com
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LAVOZDEGALICIA* : La actuación urbanística con la que recuperó una de las zonas más degradadas de la ciudad de Dublín ha pasado a ser estudiada en numerosas escuelas de arquitectura de todo el mundo, tal y como recuerda Sandra Costa en el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, Cesuga. La irlandesa Valerie Mulvin era la examinadora externa de los alumnos de arquitectura de este centro coruñés y, una vez concluida esa función, volvió esta semana al mismo para participar en un seminario de urbanismo en el que los alumnos de quinto curso le mostraron sus proyectos de fin de carrera. La docencia es una de las actividades del estudio de arquitectura y urbanismo McCullough Mulvin Architects, que dirige la arquitecta autora del proyecto Temple Bar Framework Plan en Dublín; Irlanda, Reino Unido o Suiza son tres de los países a los que se desplaza habitualmente esta mujer para impartir docencia. La sonriente arquitecta apuntaba que la situación por la que en estos momentos está atravesando Irlanda responde a las dificultades de gran parte de Europa, «de toda la zona euro», matizaba. «El tigre celta surgió de la burbuja inmobiliaria», aseguró, y defendió la necesidad de poner en marcha «formas más sostenibles de hacer arquitectura».
Ante la pregunta de si su proyecto para una zona degradada de Dublín se encontraba dentro de esa arquitectura sostenible que defendía, Valerie Mulvin afirmó que podría considerarse así puesto que se había llevado a cabo la recuperación de casas que estaban en muy mal estado y que habían pasado a ser habitadas, además de dotar a la amplia zona de la ciudad sobre la que intervino de todos los servicios necesarios para los residentes «como hospitales y escuelas».
Más de 20 premios
Sandra Costa apuntaba que la arquitectura del estudio de Mulvin ha sido ampliamente recogida en publicaciones especializadas como A+U, Domus, El Croquis y Detail, entre otras, «y en la actualidad es uno de los estudios de arquitectura de referencia en Irlanda, como lo demuestran los más de 20 premios y reconocimientos internacionales recibidos desde el año 2005».
Además de la docencia, Mulvin apuntó que en su estudio tienen «menos trabajo, debido a la crisis» pero, a pesar de ello, están llevando a cabo diversos proyectos como son la construcción de un hospital, escuelas o «un edificio de investigación científica dedicado a la economía de la inteligencia».
En su encuentro con los alumnos del Cesuga, Valerie Mulvin fue comentando con ellos diversas cuestiones e interesándose por las propuestas que hacían, ante las maquetas de sus proyectos, Brais Ferro, Pedro Caldas, Celia Arcas, Alba González, Elena Bravo, Ignacio de la Iglesia y Toni García. Todos ellos están elaborando sus proyectos de fin de carrera, «que en el caso de nuestro centro va acompañado por un trabajo de investigación asociada», explicaba Sandra Costa.
En cuanto a la llamada arquitectura espectáculo que ha proliferado en los últimos años, Valerie Mulvin sostiene que esta corriente es el resultado de «mucha gente interesada en la arquitectura de marcas globales» y que, debido a los actuales cambios económicos, tendrán que empezar a plantearse para qué es esa arquitectura, con lo que augura un cambio «de lo global a lo local». En este sentido, aseguró la arquitectura irlandesa que va a lo local y la que busca el espectáculo «es como el que compra unos pantalones vaqueros normales y el que se compra unos de marca».
* La Voz de Galicia - 26.11.10
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ELPAÍS* : Un empresario, Jesús Manuel Rosado, dueño de Global Sport, denunció el pasado 8 de noviembre en un juzgado a la cúpula del Ayuntamiento de Ciudad Real, que gobierna el PP, por el cobro de cohechos, amaño de contratos, emisión de facturas falsas y financiación ilegal de actos del partido. Su acusación incluye a la alcaldesa, Rosa Romero -asegura haberle hecho obras en su casa cuya factura se le sugirió presentar al Ayuntamiento y nunca cobró-, a los concejales de Hacienda y Deportes, Miguel Ángel Rodríguez y César Manrique, respectivamente, y a varios altos cargos municipales, incluidos el jefe de compras, el tesorero y el interventor. Este empresario asegura haber aportado 3.000 euros para financiar la campaña electoral de 2007 del PP que luego cobró con falsas facturas al Ayuntamiento.
La regidora niega todas las acusaciones y asegura que la justicia demostrará su falsedad.
Según el denunciante, por orden de Juan Carlos Mascuñana, jefe de compras del Ayuntamiento de Ciudad Real, este empresario pagó diversos viajes aparentemente privados de personal del equipo de gobierno y de empleados municipales cuyo importe luego recuperaba con facturas falsas al Ayuntamiento. También plantea que por mandato de cargos del Ayuntamiento de Ciudad Real hubo de pagar a empresas con las que no tenía ninguna relación comercial real.
Por ejemplo, declara que abonó publicidad municipal a la firma Multicanal relativa a la Semana Santa por un importe de 25.000 euros. Rosado aporta un amplio listado de empresas y facturas que supuestamente evidencian que se convirtió en el tesorero bis del Ayuntamiento y sufragó con su dinero eventos municipales que luego le fueron retribuidos con falsas facturas del Ayuntamiento por servicios nunca prestados.
Igualmente, según su relato, fue instado a subvencionar un club deportivo tras pactar que le sería retribuido con facturas municipales. Esta trama municipal, acusa en su escrito Rosado, no solo le exigía pagar compromisos municipales, sino que le ordenaba a qué empresas debía subcontratar sus obras adjudicadas. El fin era claro: "Las empresas [subcontratadas] emiten siempre facturas por sus trabajos superiores a los precios de mercado e incluso a lo que tienen presupuestado". A veces el objetivo era aún más descarado: Rosado hubo de comprar maquinaria por 7.500 euros a la empresa de la esposa del concejal de Deportes que luego revendió al Ayuntamiento. Así se evitaba el escándalo de que el edil adjudicara dicha compra a su cónyuge. En este pantano de corruptelas incluso un concierto de Alejandro Sanz en Ciudad Real alimenta un nuevo festín: Rosado compra 150 entradas para "ayudar a que las fiestas locales parezcan un éxito" que luego factura al Ayuntamiento por falsos servicios.
Este empresario revela cómo el sistema de adjudicación estaba podrido: se adjudicaban servicios sin mediar contrato alguno o se simulaba un concurso restringido con empresas que solo existían en el papel. Rosado no habla de oídas: denuncia los amaños de los que fue beneficiario. Lo insólito de su denuncia, frente a la práctica habitual, es que no denigra adjudicaciones ajenas, revela lo ilegal de los múltiples contratos que le fueron otorgados a él por una trama a la que retribuía con cuanto favor le era solicitado.
Los cargos del área de Deportes también le encargaron, antes de las elecciones locales de 2007, obras "de interés electoral para la corporación municipal" como pistas polideportivas "sin concertar forma de pago". El escenario de las obras fueron "zonas de Ciudad Real que según sus sondeos no les eran favorables al PP". Y detalla la ilegal vía usada: "Hacíamos la obra, y posteriormente enviábamos el presupuesto/oferta y Mascuñana [jefe de compras] nos indicaba la fecha que tenía que ponerse en la factura y posteriormente nos remitían la notificación de la adjudicación". El edil Manrique le sugería que las cuantías de las facturas fueran pequeñas para burlar los controles.
A fin de cobrar su asfixiante deuda con el Ayuntamiento -más de 400.00 euros, de cuyo pago en buena parte solo tenía un compromiso verbal-, Rosado asegura que se plegó a un rosario de corruptelas: firmó facturas de restaurantes donde nunca comió; aseguró haber recibido dinero municipal en metálico que nunca vio; dijo haber cobrado facturas sin captar importe alguno ni saber su destino; realizó pagos en especie a funcionarios, amén de realizar obras en viviendas de altos cargos locales que nunca cobró.
"Y todo ello, en aras a mantener una relación que posibilitara el cobro de la totalidad de lo adeudado, para poder seguir manteniendo viva a mi empresa y su actividad municipal", detalla en su denuncia judicial.
Lo grave de la denuncia de este empresario, según fuentes de su entorno, es que una mera investigación de los contratos de este Ayuntamiento demostraría que su caso no fue individual sino que hubo una sistematicidad en el impuesto revolucionario aplicado a los contratistas. Parte de los fondos estatales del plan E de Zapatero, añaden estas fuentes, fueron consumidos en múltiples facturas inferiores a 3.000 euros para evitar toda concurrencia y, en muchos casos, no sirvieron para obras de interés público, sino para sufragar esta red de favores ilegales a los ediles y cargos municipales.
* El País - 26.11.10
Foto: Ciudad Real, ayuntamiento - sobreespana.com
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MADRIDIARIO* : El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, prevé el próximo lunes, día 29 de noviembre, levantar la totalidad del secreto sumarial que pesa sobre las actuaciones del proceso penal que implica a varias administraciones del PP, entre las que figuran las piezas separadas de la investigación, han informado fuentes jurídicas. El magistrado dictará un auto o providencia en la que se notificará a las partes la fecha en la que los abogados podrán pasar a recoger la documentación. Las mismas fuentes han indicado que es previsible que no se prorrogue más el secreto del sumario. Entre las piezas se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam, informaron fuentes jurídicas.
El levantamiento total del sumario incluirá el contenido de las piezas separadas. Una de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados. El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.
Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual presidenta, Esperanza Aguirre. Fuentes jurídicas indicaron que esta pieza se desgajó a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado del PSM y la defensa de una diputada de IU.
Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con las empresas del Grupo Rafael.
Sin llibertad para Correa
Además, el juez que investiga la rama madrileña del 'caso Gürtel', ha denegado este jueves la puesta en libertad del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que fue solicitada tras conocerse el auto de imputación del magistrado Baltasar Garzón por prevaricación y vulneración de las garantías constitucionales del cerebro de la red dentro de la cárcel.
En un auto Pedreira recuerda que tanto el juez instructor de la causa como la Fiscalía "han descrito numerosos motivos para denegar la libertad provisional" de Correa y ha subrayado que a ello se une que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "ha ratificado en varias ocasiones la prisión provisional" del imputado.
Además, hace hincapié que el magistrado instructor de la causa, "no se ha convertido en enemigo del reo, ni ha generalizado el modelo del derecho penal del enemigo ni se deja llevar por eventuales prejuicios o apariencias".
* Madridiario - 25.11.10
Foto: Caso Gürtel, interrogatorio TSJ Madrid 2009 - laverdad.es
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DIARIODECÁDIZ* : En el marco del VII Encuentro de Ciudades y Entidades de la Ilustración que se está celebrando estos días en la localidad, la Universidad de Cádiz (UCA) junto con el Consistorio isleño están llevando a cabo unas jornadas sobre Ilustración y parlamentarismo moderno que profundizan sobre aspectos de gran relevancia en la etapa de mayor esplendor de San Fernando, de la que se conmemora el Bicentenario de Las Cortes de 1810. Entre esos aspectos, las jornadas se caracterizan por ahondar en las ponencias de ayer y hoy en el legado patrimonial de la ciudad. En concreto, Juan Torrejón y José Ramón Barros, de la UCA, rescataron la trascendencia que tuvieron la construcción y consolidación de dos áreas clave en el desarrollo urbanístico del entorno de San Fernando tanto civil como militar: la Población de San Carlos y el Arsenal de La Carraca.
En su intervención, Torrejón, en un tono casi de denuncia, abogó por compatibilizar el urbanismo con el respeto al entorno, "todo es posible cuando se hace con racionalidad". Una racionalidad heredada e inspiradora de las construcciones propias del Siglo de Las Luces, alejada de las "desafortunadas intervenciones que se hacen en las ciudades", de una sociedad contemporánea "que debe aprender de estos modelos" racionales, ortogonales: "Hay que respetar el pasado como un valor en sí mismo y como enlace con la historia. En Cádiz, por ejemplo, no se conserva ningún buque histórico del siglo XVIII".
El ponente destacó, también, la necesidad de "evitar un desarrollo urbano alocado y que fomente la aparición de zonas suburbiales". En este sentido, considera primordial "el cuidado exquisito del patrimonio", como lo han venido haciendo hasta ahora "los militares" porque "preguntan a quien sabe". Así, el turismo del futuro pasa, según Torrejón, por "la conservación y restauración bien hechas, por su puesta en valor" y demandó un compromiso para "dar figuras de preservación a nuestro patrimonio. Lo más revolucionario hoy en día es la conservación", adujo.
En su intervención titulada La Población de San Carlos planeó sobre el siglo XVIII y un urbanismo que "tuvo más de proyectos que de realizaciones concretas porque se quería transformar España sin tocar las estructuras". Cádiz fue en aquella época la principal población naval y militar de España y tras el traslado del arsenal a La Isla, la Población de San Carlos fue buscando su expansión como proyecto poblacional "complejo y bien articulado".
Por su parte, el historiador José Ramón Barros trató sobre Arquitectura y urbanismo en el Arsenal de La Carraca, una muestra de "construcción funcional, limpieza ornamental y desarrollo de formas clásicas".
Con la mostración de una serie de planos datados a mediados del siglo XVIII, el conferenciante explicó la evolución de los trabajos en el emplazamiento castrense desde la elaboración de un plano general en torno a 1720 -el primer plano de intervención se fecha en 1718- donde se empieza a proyectar una ejecución "sectorizada en la que cada parte tiene una funcionalidad específica en el carácter industrial y militar". En este proceso se mezclan elementos barrocos y clasicistas y se ubican dependencias hospitalarias, carcelarias, de avituallamiento y protección, naves de arboladura y gradas y diques de cadena. De ellos, los diques de San Antonio, San Luis y San Carlos, sitos en la zona actual de Navantia.
Hoy y el viernes está previsto que continúen las jornadas que se alternarán con visitas a los edificios constitucionales isleños o al Centro de Interpretación del Parlamentarismo, entre otras.
* Diario de Cádiz - 25.11.10
Foto: Reunión de trabajo de la Asociación de Ciudades de la Ilustración, ayer en el Observatorio de Marina.- diariodecadiz
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LAVOZDEGALICIA* : El concejal de Urbanismo, José Manuel Mariño, dejó ayer la puerta abierta a la legalización del apartotel de Samil con orden de desalojo, que que no de derribo, por cambiar el uso a vivienda colectiva. Eso sí, advirtió que el nuevo Plan de Urbanismo deja claro que en esa zona solo se permiten apartoteles y que, por tanto, los únicos que existirán son los legalizables o los que se construyan. Sobre las actuaciones efectuadas por los propietarios del inmueble para su transformación, Mariño comentó: «hasta donde yo tengo conocimiento, no han hecho nada más desde la notificación del juzgado que lo que ya habían hecho». Dejó claro que no le corresponde al Concello hacer trabajos para legalizar la obra, al tratarse de una propiedad privada.
Para el responsable municipal de Urbanismo, el problema de estos casos concretos nunca está en el proyecto técnico: «cualquier construcción se puede transformar en lo que se quiera, aunque solo quede una zapata del edificio original; otra cosa es el uso que se le dé y el informe jurídico, que dirá lo que tenga que decir cuando esté redactado». Insistió en que el problema está en el uso y no en instalar una recepción más o menos. Como ejemplo, citó el caso de numerosos edificios de viviendas del centro de las ciudades que se transforman en apartoteles.
Mariño justificó el hecho de que el Concello aún no haya concedido la licencia de obra solicitada por los propietarios en marzo del 2009 «porque lo importante no es cuándo se solicita, sino cuándo se cumplimentan todos los datos; a partir de ahí ya se pueden contar los tres meses que estipula la ley». Recordó que hasta agosto del 2008, fecha en la que entró en vigor el Plan Xeral, los propietarios de inmuebles ilegales siempre alegaban lo mismo, que la situación cambiaría con el nuevo plan. Ahora, una vez aprobado, solo cabe decidir cuales son legalizables y cuales no. «Aquellos que cumplimenten la normativa y tengan solución legal, se podrán hacer, y los que no, se cumplirá la sentencia.
El caso de este apartotel de Samil nada tiene que ver con los otros cinco sobre los que pesa una orden de derribo, para la que ya se elabora el proyecto. Sobre este otro edificio existe una orden de desalojo y de supresión de servicios, tales como electricidad, agua y saneamiento, que el Concello transmitió a los propietarios en el 2005.
Los 48 afectados presentaron un recurso para ganar tiempo y emprendieron el camino en pro de la legalización para lo que constituyeron una sociedad.
A día de hoy permanecen a la espera de obtener licencia municipal para acometer una serie de reformas.
* La Voz de Galicia - 24.11.10
Foto: Edificio con orden de desalojo -lavozdegalicia
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LAPROVINCIA* : Con la detención de Francisco José Martínez, ya son cinco los directivos de la empresa Urbaser detenidos dentro de la conocida como 'Operación Jable' que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, e instruye el Juzgado número cinco de Arrecife, en Lanzarote, a través del juez César Romero Pamparacuatro, en comisión de servicios. Esta empresa de servicios, que pertenece al Grupo ACS, liderado por Florentino Pérez, tiene la concesión en Arrecife desde hace más de dos décadas de la limpieza de jardines, calles y la recogida de basura. Martínez es en la actualidad director de Explotación y Obras. En abril pasado fueron detenidos el gerente de la empresa en Lanzarote, Jacinto Álvarez, y Stephan Jean Valverde, en Madrid. Meses después, tras la declaración de Álvarez ante el juez, se detuvo a Manuel Andres Martínez, que fue director general del área de servicios Urbanos y número dos de la compañía en el año 2002 (cuando se producen los presuntos hechos delictivos), y al actual director de Servicios Internacionales, Santiago Alonso.
Álvarez pasó un mes en prisión y fue puesto en libertad por el juez, acusado de cohecho. Valverde, Martínez y Álvarez no llegaron a entrar en prisión y están imputados por cohecho y alteración de concurso público. La investigación se centra en la renovación de la adjudicación a Urbaser del servicio de recogida de basura y limpieza de calles en Arrecife en la época de María Isabel Déniz, cuando Felipe Fernández Camero era secretario del Ayuntamiento de Arrecife.
Por este caso también está imputado por cohecho Miguel Ángel Leal, ex secretario del PSOE de Arrecife y Rafael Arrocha, ex jefe de la oficina técnica municipal y que ha permanecido en prisión durante seis meses y fue puesto en libertad el pasado 29 de octubre. Arrocha, que ya ha sido detenido dos veces en esta operación, está acusado de cohecho, alteración de concurso público, tráfico de influencias y malversación de caudales, entre otros delitos.
Se investigan distintos pagos que podía haber hecho la empresa tanto a Déniz como a otras personas, entre ellos una comisión ilegal de 300.000 euros para la renovación del contrato y múltiples regalos y viajes por medio del gerente Jacinto Álvarez, que anotaba en una libreta que encontró la Guardia Civil.
La detención de Celso Betancort y Felipe Fernández Camero estaría relacionada con este caso ya que ambos aparecían nombrados en los apuntes de Álvarez como posibles beneficiarios o intermediarios de esos pagos. Fernández Camero, además, entabló gran amistad con Déniz en su etapa de alcaldesa.
Urbaser factura anualmente al Ayuntamiento de Arrecife unos seis millones de euros y cada año la factura aumentaba en unos 300.000 euros gracias a una cláusula ideada por Arrocha. La empresa está presente en una veintena de países, tiene cerca de 32.000 empleados y gestiona la limpieza de doscientos municipios. Genera al año un volumen de cerca de 1.500 millones de euros.
* La Provincia - 24.11.10
Foto: Detención de Marco Aurelio Hernández por el caso Unión - Acfi Press
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PÚBLICO/Mallorca* : La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena a seis años de prisión al ex concejal de Agrupación Social Independiente (ASI) en Llucmajor, Joaquín Rabasco; a tres años al ex alcalde del municipio, Lluc Tomàs (PP), y a otros tres años de cárcel a la ex secretaria de Rabasco en la formación, María del Amor Aldao, en el marco del caso Llucmajor que fue juzgado en 2008 tras siete años en instrucción. El tribunal ya había fallado sobre este asunto en septiembre de 2008 pero el Tribunal Supremo decretó el pasado marzo la nulidad de la resolución judicial y devolvió la causa a la Audiencia para que subsanase los defectos detectados. Contra esta nueva sentencia cabe otra vez recurso de casación.
La Audiencia impone a Rabasco cuatro años de privación de libertad por un delito de malversación de caudales públicos y dos años por otro de alzamiento de bienes, mientras que sobre Tomàs recaen tres años por malversación y sobre Aldao, dos años por este mismo delito y otro por alzamiento. Además, obliga a los tres acusados a indemnizar al Ayuntamiento de Llucmajor con 681.450 euros.
La trama por la que han sido condenados Rabasco, Tomàs y Aldao, denunciada en 2001 por el entonces regidor del PSOE en Llucmajor, Juan José Maestre, operó entre 1999 y 2002. Durante ese periodo, el entonces alcalde permitió y auspició el desvío de más de un millón de euros de las arcas municipales a cuatro empresas ligadas a Rabasco, que ocupaba el cargo de concejal de Deportes y Fiestas. Las empresas habían sido constituidas por la ex secretaria de ASI y amiga personal de Rabasco.
En los fundamentos de derecho de su nueva sentencia, el tribunal mantiene que los acusados, aprovechándose de sus respectivos cargos, idearon una trama dirigida a trasvasar de forma "torticera" fondos municipales a las arcas de ASI para que llegase a poder de Rabasco "a cambio de sus votos, que garantizaban una cómoda gobernabilidad de Tomàs, quien, sabiéndolo, lo consentía aunque no se lucraba directamente con las operaciones".
Lo que no se ha destapado
Es más, la resolución, que recuerda que ASI y PP ya habían sido socios incluso antes del mandato de Tomàs, deja entrever que "posiblemente han existido otras conductas igualmente reprobables que no han sido enjuiciadas y ni siquiera investigadas". Y mantiene que tanto la formación como el propio Rabasco "estarían ávidos de fondos", mientras que el entonces alcalde, que "posiblemente no colaboró en la trama societaria urdida, se vio forzado a darles su apoyo metálico a cambio de sus votos".
Según el tribunal, el ex alcalde Tomàs sabía que Rabasco se lucraba con eventos municipales e inflaba las facturas giradas al ayuntamiento.
* Público - 26.11.10
Foto: LLucmajor (Mallorca), obras paralizadas - M.Cañellas, diariodemallorca.es
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MADRIDIARIO* : El Ayuntamiento de Madrid pretende que el Canal de Isabel II le compense en su proceso de privatización con más de 300 millones de euros en concepto de la distribución del agua a partir de 2011. Parte de la cantidad que presupuestó para 2010, 225 millones, se redigirá en 2011 para cubrir el pago a proveedores. El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, explicó en la comisión ordinaria del ramo que Ayuntamiento y Canal tienen dos convenios suscritos. El primero, a largo plazo y suscrito en 2006, cedió los servicios de saneamiento por más de 700 millones de euros. El segundo es de corto plazo y se refiere a la distribución de aguas en la ciudad. Este último acuerdo finaliza el 31 de diciembre de este año.
El edil continuó afirmando que el acuerdo entre ambas entidades se extiende a que los beneficios que obtiene el Gobierno municipal por el ciclo del agua se reinvierten sin contraprestación en la mejora de las infraestructuras de aguas de las que se ocupa el Canal en la ciudad.
Al privatizarse la empresa, el Ayuntamiento considera que requiere una contraprestación por el lucro que va a tener un tercero privado usando las infraestructuras madrileñas. Esta compensación, a la que el edil estima que la ciudad tiene "todo el derecho", podría darse a través de un pago único de más de 300 millones, gracias a un concurso público para la gestión de estas infraestructuras madrileñas, o incluso mediante una 'municipalización' de este patrimonio. O sea, que Madrid crease una empresa pública que gestionara la distribución del agua. El Consistorio se encuentra a la espera de las decisiones que tome el Canal para exigir esta restitución.
En 2010, los beneficios que calculó el Ayuntamiento por la privatización del Canal ascendían a 225 millones. Por desgracia para las arcas municipales, la operación va más lenta de lo que previeron. Después de que el Gobierno no permitiese al Consistorio refinanciar sus vencimientos de deuda, éste ha decidido presupuestar para 2011 parte de esta cantidad para cubrir el pago a proveedores a la espera de que la empresa de aguas formalice su capitalización parcial. El resto del ingreso pasaría a la tesorería municipal.
* Madridiario - 24.11.10
Foto: Madrid, privatización Canal - madridiario
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ZH2NO* : No es que sorprenda a nadie a estas alturas, pero parece ser que definitivamente el las Vegas monegrino, el que iba a ser el más grande proyecto de Aragón desde los Reyes Católicos, según el vicepresidente Biel, se ha desinflado como la burbuja especulativa sobre la que cabalgó durante años la economía del Estado Español. Tres años después de su presentación a bombo y platillo en el salón de la Corona de la Diputación General de Aragón los promotores de Gran Scala admiten que no tienen los 500 millones para iniciar el proyecto, cosa que no necesitaban anunciar, habida cuenta que en estos tres años todo lo que han hecho ha sido comprar unas cuantas hectáreas de secano en la localidad de Ontiñena con un desembolso mínimo.
Eso sí, aseguran que en febrero comprarán los terrenos de los Monegros por los que ya han entregado un millón de euros a 70 propietarios en concepto de opción de compra porque siguen “trabajando en el proyecto”. Pero no parece ser muy creíble un proyecto que ni tan siquiera ha conseguido avalar el 10% necesario para comenzar la obra y sobre la cual no existen ni tan siquiera planos, sino sólo unas cuantas bonitas infografías como la que ilustra este texto.
Hubo quien desde el momento cero anunció que este proyecto no era viable, ni siquiera deseable, habida cuenta que sus promotores son una colección de personajes oscuros, con unas relaciones y negocios más oscuros todavía. Aún así el Gobierno de Aragón no dudó un segundo en promover legislación ad hoc para el insensato proyecto, así como montar un sarao con dinero público para su presentación.
Ahora llega el tiempo de mirar hacia otro lado y de desmentir lo evidente, como fue que durante un tiempo las instituciones echaron el resto por un proyecto absolutamente irracional. Como de costumbre nadie tiene la culpa, nadie tiene responsabilidad alguna, nadie sabe nada…
* ZH2NO - Nov 2010
Foto: Gran Scala, proyecto - granscala
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