El expediente simplemente recoge que se ha realizado la encomienda, pero no figura en el mismo documento alguno que así lo acredite en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), según exige el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según han corroborado a CANARIAS AHORA fuentes conocedoras del mismo, por lo que todo el proceso que pende de la aprobación de este viernes quedaría en el aire, en inseguridad jurídica de pleno, de haber recursos judiciales contra el mismo.
Además, las fuentes que han examinado los documentos que han de aprobarse este viernes por los concejales han vuelto a detectar un error reiterado y que ya fuera destacado por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias en su informe demoledor contra el anterior PGOU: el técnico municipal se limita a informar sobre el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) sin entrar en el fondo del mismo, que fue precisamente lo que hizo a raíz del rapapolvo del Gobierno canario, cuando debió analizarse el contenido del ISA a priori, cosa que no vuelve a suceder en estos nuevos documentos.
Este informe meramente superficial sin desentrañar si la empresa encargada de realizar el ISA se ha ajustado a derecho, de manera motivada, ha vuelto a ser redactado por un trabajador con categoría de laboral y no por funcionario de carrera, como viene siendo habitual en todo lo relativo al urbanismo de Mogán contraviniendo las normas legales. Aún así, la aprobación de este viernes es sólo el Avance y no el Plan General en sí.
En mayo, el PP desistió de tramitar el PGOU al poner en duda la Dirección General de Urbanismo autonómica la legalidad del documento en el que se justificaba, por ejemplo, la instalación de una depuradora del empresario Santiago Santana Cazorla en Taurito, a todas luces ilegal según las Normas Subsidiarias de 1987 -nulas de pleno derecho al no ser legalizadas hasta enero pasado- que se pretendía legalizar ahora, ya que estaba contemplada su calificación legal en la Aprobación Inicial de 2006 del PGOU desechado.
La Dirección General de Urbanismo incidió en el hecho de que la redacción de convenios no debidamente justificados convertían los mismos en documentos arbitrarios sin criterio alguno y sin calificación objetiva de los aprovechamientos urbanísticos a favor de la Corporación y en interés del erario público.
Además, cuestionaba abiertamente la "indebida clasificación de ciertos suelos como urbanos o urbanizables", cuando debían estar protegidos por directivas europeas al ser hábitats naturales, en concreto en áreas de interés económico de la urbanización Anfi del Mar-Patalavaca y en Costa Taurito, propiedad del empresario también imputado en el caso Santiago Santana Cazorla.
En sus conclusiones, el informe del Gobierno de Canarias advertía al Ayuntamiento de Mogán de la "evidente debilidad jurídica del procedimiento hasta ahora tramitado" por la carencia de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento, por lo que sugirió al consistorio presidido por Francisco González, "en aras del principio de seguridad jurídica, iniciar nuevo expediente de tramitación y aprobación del Plan General, debiendo desistir la Corporación municipal del actual expediente 2006/0462".
* Canarias Ahora - 25.11.10
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com
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