CELSO FERREIRO* : Al Gobierno municipal de La Coruña, enredado en sus propias contradicciones, le resulta cada vez más difícil relacionarse con la sociedad, porque al resbalar en sus promesas utiliza, sin pudor, su astuta apoteosis para sostener una tesis y la contraria. Ante tan incuestionables evidencias, la desconfianza del vecindario va in crescendo, como lo prueba el rosario de sus embrollos: el Plan General de Urbanismo y su maraña normativa, el conflicto con la Autoridad Portuaria, el enlace de Ikea y la picaresca de carlancón en rebajar un céntimo para no superar el 20% del presupuesto del Mirador de los Castros que exige la ley. Las incoherencias en la actuación de los munícipes son remediables: les han cambiado drásticamente la partitura y no tienen otra que defender lo que no creen.
Su recurso es, por elemental, muy conocido: sacudir sus propias culpas y escurrir el bulto, actitudes en las que el alcalde ofrece la más original versión de sí mismo. Es un elenco intercambiable que se asocia a esa clase de personajes que suelen mirar con ira la piedra en la que vuelven a tropezar. Para el Sr. Losada y quienes le acompañan hace añares, debe ser muy triste mirarse al espejo y advertir que para salvar la nómina defienden aquello que hace tiempo dejaron de profesar. En este clima de melancolía registramos la desaparición de otro antiguo café: el Universal. Hasta hace poco, se clausuraban los cafés para dar paso a los bancos. Ahora será al revés: la fusión de las cajas anuncia la liberación de muchas sucursales. Pero son locales reducidos, que no permiten asiento y tertulia. Los antiguos cafés desaparecen, porque no siguieron el ejemplo de la SGAE: haber puesto un canon para la conversación o por el tiempo de permanencia. Había algunos en los que las señoras hacían chalecos de punto durante la velada. Lo triste es que no nos queda ni el recuerdo de una cucharilla, ni tampoco la voz cantante del sochantre de las tertulias.
"Resolveremos el problema de Penamoa y seremos muy aplaudidos," proclamó más de una vez el alcalde. El asunto está en la Justicia, los vecinos exasperados le han dejado una chabola en el Ayuntamiento y al delegado del Gobierno, fariña. ¡Ay Ameijeiras si tu volvieras! Otra que danza es la concejala de Cultura, quiere un Centro Coreográfico. El problema no es administrativo, es la Sra. Bravo, upega dogmática (viene a ser un oxímoron) que trata de acopiar más medios para proseguir la difusión cultural, desde su personalísima visión unidireccional, como si el arte debiera estar sujeto a intereses políticos.
* La Opinión A Coruña - Opinión - 7.07.10
A Coruña.- Incoherencias irremediables Otrosidigo
Málaga.- Detenido por corrupción el alcalde de un municipio constituido en 2009
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ELPAÍS* : La última operación contra la corrupción municipal en Málaga saltó ayer en Villanueva de la Concepción, un pueblo de 3.383 habitantes del norte de la provincia que apenas lleva un año independizado de Antequera. Tras una intensa jornada de registros, la Guardia Civil detuvo a su alcalde, Ernesto Silva, acusado de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias relacionado con varios asuntos urbanísticos. El regidor, de la formación política Foro Andaluz, preside la comisión gestora que gobierna el municipio hasta las próximas elecciones municipales.
En la operación también fueron detenidos con los mismos cargos el profesor de la Universidad de Málaga Juan Francisco Hurtado, y un abogado del que no trascendió el nombre. Está previsto que los tres pasen a disposición del juzgado número 2 de Antequera, encargado de la investigación, el próximo lunes.
El alcalde, de 27 años, abandonó el Consistorio a las 14.00, escoltado por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona). Le dijo a los periodistas que estaba "muy tranquilo" e incidió en que, desde su toma de posesión hace aproximadamente un año, había paralizado en torno a 20 obras, sobre todo en terrenos rústicos. "No tengo nada que ocultar", aseguró.
El regidor explicó que paralizó su primera obra dos días después de su llegada al cargo, el 16 de junio de 2009. "Hemos sacado como hemos podido la disciplina urbanística", dijo.
El municipio no tiene Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Había intentado sacarlo adelante junto con el de Antequera, pero la Junta de Andalucía lo rechazó. Entonces Silva amenazó con impugnar el PGOU de Antequera si la administración andaluza no le daba una solución. A finales de junio, la comisión gestora ratificó los acuerdos plenarios adoptados por Antequera que hacían referencia a su plan urbanístico, tal y como le había recomendado la Junta. Con este trámite, el municipio esperaba que se aprobara definitivamente el documento.
La Guardia Civil comenzó sus registros en el Ayuntamiento villanovense a las ocho de la mañana. Los agentes del Seprona acordonaron el edificio y pidieron a concejales y trabajadores que lo abandonaran hasta nueva orden.
A esas horas, el alcalde aseguró que los investigadores le habían pedido en las últimas semanas varios expedientes urbanísticos, pero que eran de la época en la que el municipio era una Entidad Autónoma Local y José Antonio Conejo, del PA, era el regidor. A mediodía, el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, precisó que la investigación está centrada en el gobierno actual.
Después de varias horas en el Consistorio, los agentes del Seprona sacaron media docena de cajas con documentación. Continuaron los registros en la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Antequera, la facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) y un despacho de abogados de la capital.
La inspección en la facultad de Derecho arrancó a las 13.30. "Somos diez", le dijo un guardia civil a la recepcionista del edificio después de enseñarle la placa. Los agentes se dirigieron al departamento de Derecho financiero y tributario, donde revisaron el despacho del profesor Hurtado. Según varias fuentes, la implicación de este docente está relacionada con su actividad como abogado. La decana, abrumada por la situación, pidió apoyo a los vigilantes de seguridad y cerró el acceso al público.
* El País - 10.07.10
Foto: Villanueva de la Concepción (Málaga) - cope.es
El fiscal del 'hotel Millet' acusa a la cúpula de Urbanismo de Barcelona
ELPERIÓDICO* : La ampliación de la querella cursada por parte contra varios altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona por la operación para construir un hotel de lujo junto al Palau de la Música se hizo efectiva ayer. La acción del fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, va dirigida contra el cuarto teniente de alcalde, Ramon García-Bragado; el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer; el arquitecto Carles Díaz (del despacho de Óscar Tusquets); el director jurídico del área de Urbanismo, Enric Lambies, y los exdirectivos de la institución cultural Fèlix Millet y Jordi Montull. La acusación pública atribuye a todos ellos los presuntos delitos de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y falsedad documental (ocultar la titularidad del uso de unos solares).
El fiscal presentó la ampliación de la querella (la inicial data del 20 de mayo) ayer por la mañana. A las pocas horas, la jueza Míriam de Rosa Palacio la admitió a trámite y citó a declarar a los imputados para septiembre. También reclamó al ayuntamiento las actas de unas sesiones municipales; al Registro de la Propiedad, datos sobre unas fincas, y a Hacienda, que nombre a un perito para que analice un pago de 900.000 euros a los saqueadores confesos realizado por Manuel Valderrama, propietario de Olivia Hotels, la constructora que iba levantar el hotel.
RELACIONES PERSONALES / A finales de junio, la jueza ya imputó de oficio a García-Bragado, Massaguer y Díaz por tapar la «operación especulativa», pero la fiscalía precisó en la ampliación de la querella lo que, a su entender, son actuaciones delictivas. En ese escrito se añade al director jurídico del área de Urbanismo, Enric Lambies, que ayer fue suspendido de sus funciones relacionadas con Urbanismo, y a Millet y Montull,
que ya pasaron 13 días en prisión por tráfico de influencias (presionar a políticos) y apropiación indebida y a los que ahora también se les atribuye prevaricación y falsedad.
Según el fiscal, Millet y Montull, como presidente y director administrativo del Palau, se aprovecharon de las relaciones personales que habían tejido gracias a su posición en la sociedad catalana para que cargos municipales «colaboraran» en la operación para construir en la calle de Sant Pere Més Alt dicho establecimiento, con el fin de obtener «un importante beneficio económico».
INTERÉS PÚBLICO / La acusación sostiene que los exdirectivos de la institución cultural consiguieron en el 2006 «la ayuda» de García-Bragado, en aquellos momentos secretario de Presidència de la Generalitat y después cuarto teniente de alcalde, y de Massaguer, gerente de Urbanismo. El fiscal subraya que estos altos cargos se comprometieron a cooperar para llevar a cabo la tramitación urbanística, ocultando que la titularidad de los terrenos donde se iba a levantar el hotel no era de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, sino del constructor Valderrama, al que los exresponsables de la entidad le habían cedido el uso de las fincas.
La ampliación de la querella detalla que con esa ocultación se aseguraban el éxito y la aprobación de los trámites administrativas, pues el proyecto siempre se iba a presentar como de interés público.
El arquitecto Díaz, que actuaba en nombre del Palau, presentó la documentación ante el ayuntamiento para modificar el plan general metropolitano pero no precisó el cambio de propiedad de los terrenos, según el fiscal. De hecho, todo lo contrario: insistió en que los solares pertenecían a la entidad y no a la constructora. Además, este profesional no entregó un convenio entre el Palau y la Generalitat del 8 de marzo del 2006, que, por lo tanto, también quedó oculto y «sin publicidad». Dicho de otra manera, García- Bragado y Massaguer, que impulsaron la tramitación de la operación, escondieron la «realidad» sobre el fin especulativo y sobre «la propiedad real» de las fincas. El fiscal añade que, en febrero del 2008, Lambies tuvo conocimiento del cambio de dueños y que también lo enmascaró.
* El Periódico - 10.07.10
Foto: Barcelona, ayuntamiento - idg.es
Madrid.- El juez ordena abrir juicio contra la 'número dos' del PSM
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ELPAÍS* : La secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, se sentará en el banquillo de los acusados. Así lo han acordado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ven indicios de un delito de prevaricación administrativa. No será el único cargo público, porque también están imputados los otros 13 concejales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que formaban en 2001 el equipo de gobierno municipal.
Rollán se negó a hacer declaraciones sobre la imputación hasta que comience el juicio, según explicaron fuentes del PSM.
Los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM creen que los 14 concejales pudieron cometer un delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal. Por tanto, se enfrentan a una condena de ocho años de inhabilitación especial para el desempeño de un cargo público. El hecho que se enjuiciará y para el que todavía no hay fecha se basa en el equipo de gobierno al frente del que estaba Trinidad Rollán, que aprobó un convenio urbanístico que supuso la venta de suelo municipal a la empresa Patrimonio Siglo XXI, SA, por un valor de 3,24 millones de euros. El secretario del Ayuntamiento, según el informe de calificación del fiscal, puso de relieve "la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito".
Viviendas sociales
El convenio lo firmó el entonces concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas en la sede municipal el 14 de septiembre de 2001. Su fin era construir 107 viviendas de protección oficial, que actualmente están construidas y habitadas. El 26 de noviembre de 2001 el pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó el convenio, que fue elevado a escritura pública el 20 de enero de 2002.
Los otros imputados son el propio Francisco Martín Rojas, Julia López Jiménez, María del Mar González Romero, Josefina Ginovart Amorós, María de los Desamparados Gallego Alfaro, Francisco Montero Almirón, Lucía Tizón Cuñarro, Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez, Juana Fernández Rodríguez, Félix Ortega Arias y Juan Francisco López Gárate. Como también está imputada la diputada regional Esperanza Rozas Piñas y goza de aforamiento, el caso lo estudiará directamente el TSJM.De los otros 13 concejales imputados, nueve pertenecen al PSOE y los otros cuatro al Partido Demócrata Español (PADE). Los magistrados del TSJM creen que hay "indicios racionales de criminalidad". Por ello, los jueces creen que debe abrirse la vista, para que se produzca "el debate necesario y esclarecedor propio del juicio oral". Contra esta decisión no cabe recurso alguno.
Trinidad Rollán no quiere hacer declaraciones hasta que empiece el juicio o haya una sentencia. Este periódico intentó, sin éxito, conseguir la versión del secretario general del PSM, Tomás Gómez.
Los que sí hablaron fueron los concejales socialistas a través de un comunicado de prensa. Los ediles recordaron que no están acusados "ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente". "Se trata de una posible prevaricación urbanística, es decir, si se ha adoptado una resolución jurídica injusta a sabiendas. Mediante este acuerdo plenario los 14 concejales salvaron la construcción de 107 viviendas de integración social y permitieron llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas", relatan los afectados.
Los concejales recuerdan que existía un informe jurídico favorable al convenio firmado por parte de la abogada del Ayuntamiento, lo que también se tradujo en un ingreso de 559 millones de pesetas (3.359.000 euros) para equipamientos sociales en el municipio. Según su versión, el secretario y el interventor no hicieron informes "durante la larga tramitación del procedimiento, confundiendo a los concejales, ya que no pudieron conocer ni valorar sus informes antes del pleno". "Los concejales del PSOE actuaron como siempre han trabajado honestamente y al servicio del municipio y de los intereses generales. Esto se demostrará evidentemente en el juicio", concluyen.
* El País - 9.07.10
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com
Demuelen dos edificaciones en El Hierro por carecer de permiso
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CANARIAS7* : La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (Apmun) realiza trabajo de demolición de dos inmuebles que se construyeron en suelo rústico de protección ambiental de El Hierro y que carecen de los permisos pertinentes. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias informó hoy de que los trabajos de demolición se realizan en una zona que linda con la reserva natural especial de Tibijaque, en el municipio herreño de Valverde.
Los inmuebles están en la zona conocida como "Pie del Risco" y se trata de obras ilegales que comenzaron en 1998, cuando se abrió un expediente sancionador que ha culminado con la ejecución forzosa de la demolición de las dos edificaciones, una de 110 metros cuadrados y otra de 40 metros cuadrados, explica la Consejería en un comunicdo.
El expediente administrativo surgió a partir de una denuncia de oficio por infracción urbanística tipificada en el artículo 202 del texto refundido de Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, que consiste en la realización de movimientos de tierra y construcción de dos edificaciones aisladas.
* Canarias 7 - EFE - 8.07.10
Foto: El Hierro, puerto - skyrock.net
Málaga.- Metamorfosis estancada
SEBASTIÁN SÁNCHEZ* : 3.000 años de historia concentrada en el puerto de Málaga. Tres milenios en los que todas y cada una de las civilizaciones asentadas sobre la urbe han puesto su mirada en los terrenos situados a orillas del mar. Un lapso de tiempo que, con el transcurso de los siglos, ha despertado el deseo ciudadano por ocupar de forma pacífica esos suelos y reconvertirlos en escenarios de disfrute y ocio. El fenómeno, extensible a otros muchos puertos nacionales e internacionales, es objeto de análisis en Málaga desde veinte años atrás, hasta el punto de que tras constantes vaivenes y cambios de rumbo, el foco de luz acabó por centrarse, allá por el año 1998, en una ambiciosa intervención que buscaba, justamente, abrir a la ciudad buena parte de los suelos portuarios. Pero la ansiada metamorfosis, la anhelada transformación, sigue pendiente, sigue incompleta.
En unas semanas donde los interrogantes y las sombras se han vuelto a cernir sobre el puerto, con los usos comerciales contemplados en el muelle del Paseo de la Farola como objeto de polémica y con un supermercado como gran protagonista, cabe preguntarse en qué situación se encuentra el manoseado y eternamente modificado Plan Especial del Puerto. El documento, firmado por el arquitecto Alfonso Peralta, permitió dibujar sobre los diferentes muelles una serie de instalaciones con las que sobrepasar la frontera del pasado, del puerto tradicional, y abrirse, entre otras, a las industrias turísticas. Muestra de ello es la estación marítima que se yergue en la zona de Levante como icono del nuevo modelo de puerto, que comparte escenario con los cientos de contenedores que se agolpan en el muelle 9.
El rápido avance de esa edificación contrasta con la demora que acumulan las otras apuestas: los locales comerciales, los edificios de oficinas, los atraques deportivos... Mención especial merece lo que desde hace cinco años viene ocurriendo con el proyecto del muelle 1. De teorizarse sobre la necesidad de convertir esta franja, de 58.000 metros cuadrados, en una prolongación del centro histórico que elevase cualitativamente la oferta de ocio y restauración de la capital, se ha pasado a discutir sobre la idoneidad o no de fijar un supermercado de Carrefour en la conocida esquina de oro.
El impacto del debate ha provocado una oleada de crítica y oposición difícilmente comparable con algún otro fenómeno en la ciudad, si acaso con el movimiento que la propuesta de Chelverton de construir unos multicines en el muelle 2 generó hace años. Pero si bien en aquel entonces la reacción tanto del Ayuntamiento como del Puerto fue la de asumir la denuncia ciudadana y transformar la idea original, ahora, el discurso de ambos organismo se ha rebajado. Mientras Enrique Linde sigue meditando sobre si el súper atiende la exigencia de que la oferta de la concesionaria, Iniciativas Marina de la Farola, sea media-alta, el alcalde, Francisco de la Torre, modifica tanto su mensaje como cambios tiene el plan en su historia. De decir que no es el espacio adecuado para un local de estas características, pasa a afirmar que el Ayuntamiento aceptará un local de una oferta de “alta calidad”, si bien Carrefour confirma que en sus 2.000 metros cuadrados no sólo venderá surtidos de quesos y vinos, sino también patatas y papel higiénico.
Pero la proyección del puerto no se limita al muelle 1. Un repaso al estado de las diversas piezas que componen el puzle programado permite corroborar cómo sólo dos tienen forma y desarrollo: la estación de cruceros y el Palmeral de las Sorpresas, que se ejecuta en el muelle 2. El resto, bien se encuentran en estado embrionario, bien están marcadas por la incertidumbre, como ocurre con el muelle 1. Y ello a pesar de que los augurios de la Autoridad Portuaria apuntaban a 2008 como punto del calendario en que el nuevo puerto iba a ser realidad. Dos años después, la radiografía se presenta incompleta y se asume que la metamorfosis no tendrá lugar antes del año 2012.
* Málaga Hoy - Opinión - 5.07.10
Alicante.- El juez imputa a Ripoll por fraude, cohecho y tráfico de influencias
LEVANTE* : El líder del Partido Popular de Alicante, José Joaquín Ripoll, salió ayer del juzgado de Orihuela en libertad sin fianza. El juez, sin embargo, imputa al presidente de la diputación por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. El magistrado que instruye el caso Brugal, relacionado con la adjudicación de instalaciones de residuos en la comarca de la Vega Baja, le tomó declaración durante una hora. Ripoll deberá presentarse periódicamente en los juzgados.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, no obstante había reclamado que se acordara una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión. El juez rechazó la demanda.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela acordó mantener la «situación de libertad provisional» para Ripoll, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Ripoll compareció en el juzgado «en el marco de las diligencias previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros», según el TSJCV.
El presidente de la diputación y del PP de Alicante prestó declaración ante el juez dos días después de haber sido detenido, junto a diez personas más, en el marco de la operación Brugal en la que se investiga también al empresario Ángel Fenoll y a su hijo, que comparecerán hoy en el juzgado.
En la comparecencia, que se desarrolló a lo largo de la tarde de ayer, «se han practicado las diligencias de imputación judicial», se señala en la nota.
A Ripoll, así como al resto de acusados que comparecieron ayer, se les explicó «que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les han expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los prefectos legales a los cuales se pueden referir sus conductas».
El comunicado del TSJCV detallaba que el instructor había decidido mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que comparecieron a declarar de forma voluntaria, entre ellas el presidente de la Diputación de Alicante.
El TSJCV indica en el comunicado que «contra los autos dictados hoy por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de 3 días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy».
Ripoll salió a pie de las dependencias judiciales a las 19.45 horas y, sin hacer declaraciones, se limitó a emplazar a las decenas de periodistas que le han preguntado por su situación a una rueda de prensa posterior en la sede de la diputación.
El dirigente del PP prestó declaración asesorado por los abogados Fernando Candela y Bernardo del Rosal y en presencia del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
El presidente de la Diputación de Alicante entró a las 16 horas en los juzgados oriolanos. Había llegado sobre las 13.55 horas, donde estaba citado a declarar a las 14 horas, y tras el receso previsto por el juez en la toma de declaraciones, volvió a las dependencias judiciales a las 16.00 horas para prestar declaración.
Ripoll fue el último de los seis detenidos que fueron interrogados por el magistrado oriolano a lo largo de la jornada.
Afirma desconocer los hechos y dice que ejercerá acciones legales
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, dijo anoche que desconoce los hechos que han motivado su comparecencia en el juzgado y que, en cuanto se levante el secreto sumarial, «evidentemente» ejercerá las acciones legales «que correspondan» a su defensa.
Así, ha manifestado desconocer «los hechos» que han motivado su declaración y «el porqué».
Ripoll, que compareció ante la prensa con la presencia de sus abogados, no quiso especificar los delitos que se le imputan.
Ripoll señaló además, que durante su comparecencia el fiscal solicitó «una fianza de 500.000 euros» y que se pesonará en el juzgado número 3 en base a lo que estimase el juez, como medida cautelar, y que el juez ha dictado un auto «sin ninguna medida cautelar».
El presidente de la corporación provincial recalcó además que declaró «de forma voluntaria» y que, por el secreto de sumario, no conoce las diligencias.
«En cuanto se levante el secreto sumarial ejerceré evidentemente todas las acciones legales que correspondan en mi defensa y desde todos los puntos», avanzó.
Además, el presidente de la Diputación de Alicante señaló que su comparecencia «voluntaria» ante el juez duró «una hora» en la que «durante los primeros 30 minutos» el titular del juzgado le explicó «que no había una citación judicial» sobre su persona, y que «podía hacer la declaración o negarse a ello», puesto que «no había sido citado judicialmente».
Tras esto, Ripoll trasladó al juez que «comparecería de forma voluntaria», y aseguró que una vez aceptada esa comparecencia, el juez le ha «imputado formalmente» y le leyó «todos los derechos» que le asisten y le explicó formalmente que hay un «secreto sumarial sobre las diligencias que se están incoando, que dura más de 3 años», y por ese motivo, «no podía contar ninguno de los hechos que están recogidos en esas diligencias previas», por lo que Ripoll afirmó que «desconoce qué hechos motivan» su declaración.
Ripoll también indicó que el juez le ha comunicó que «a lo largo de la instrucción los delitos de los que se les podía acusar, podrían ser los que están allí, o cambiarse a lo largo de la instrucción».
El presidente de la Diputación de Alicante apuntó que tras su declaración el juez le realizó una serie de «preguntas genéricas», del mismo modo que el fiscal, que le planteó dos cuestiones, así como unas preguntas realizadas por su defensa.
* Levante-emv - 9.07.10
Foto: José Joaquín Ripoll tras prestar declaración en el juzgado de Orihuela, rodeado de policías. Efe
Pontevedra.- Abandona el cargo el delegado de Medio Ambiente que tiene un chalé ilegal
ELPROGRESO* : El jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal, acusado de levantar un chalé con licencia de galpón y de llevar 25 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), abandonará su cargo "por decisión personal", según apuntan fuentes cercanas al departamento de la Xunta. Hace un mes, un periódico denunciaba las irregularidades urbanísticas de Juncal, también presidente del PP en Caldas de Reis, e incluso lo vinculaba con algún conocido narcotraficante gallego.
Este jueves era el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el que aclaraba que el jefe territorial abandonaría su cargo, que ahora ocupaba en comisión de servicios.
Al respecto, el BNG ha instado al titular del Ejecutivo gallego a que haga público el resultado de la investigación interna que su partido realizó sobre los negocios de Juncal. Además, el portavoz parlamentario de los nacionalistas, Carlos Aymerich, invitó al PPdeG a aprovechar el "abandono" del delegado de urbanismo para "hacer limpia" en la Consellería y llegar "hasta su cúpula", toda vez que el propio titular del departamento, Agustín Hernández, "está imputado por certificar obras en falso".
Desde la formación nacionalista, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, recuerdan que el conselleiro había reafirmado a Juncal tras saltar el caso, pero que ahora era necesaria una explicación del Gobierno ya que, a juicio del BNG, todo hace indicar que el resultado de la negociación interna "forzó la salida de su puesto" en Medio Ambiente.
* El Progreso - 8.07.10
Foto: Caldas de Reis, chale ilegal jefe territorial - elpais.com
La Fiscalía pide cárcel para el alcalde de Benamargosa porque su casa es ilegal
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MÁLAGAHOY* : El alcalde de Benamargosa (Málaga), José Gallego (PA), ha sido acusado de un delito contra la ordenación del territorio por construir sin licencia una vivienda de dos plantas y más de 230 metros con piscina. La Fiscalía le exige un año de cárcel y 15 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, además de la demolición de la vivienda. Gallego solicitó un permiso de obras en 2001 para reformar una vivienda derruida que existía en una finca en el paraje La Torre, en el término municipal de Benamargosa. Sin embargo, el Ayuntamiento, entonces gobernado por Antonio Jiménez (IU), se la denegó. En 2003 agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectaron que la casa estaba en obras y el 5 de noviembre de ese año inspectores de la Consejería de Obras Públicas comprobaron que la vivienda estaba concluida, salvo la piscina.
Se da la circunstancia de que esa finca, según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, está clasificada como suelo no urbanizable con protección cautelar, al considerarse un complejo serrano de interés ambiental. No obstante, la Fiscalía precisa que la vigencia de este plan en aquellas fechas es dudosa puesto que no había sido publicado, por lo que el suelo debe ser considerado como no urbanizable común, conforme a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya que Benamargosa carecía en aquel momento de normas de planeamiento. En diciembre de 2003, es decir con la casa ya edificada y con un acta por infracción urbanística abierta, el actual alcalde volvió a presentar en el Ayuntamiento una solicitud de la licencia de obras "con la intención de dar apariencia de legalidad a lo ya ejecutado", según precisa el fiscal en el escrito de acusación. En aquella época seguía siendo alcalde de Benamargosa aunque con el apoyo del PP. Cuando la petición de licencia de Gallego llegó a la junta de gobierno local halló vía libre.
La Fiscalía hace constar en el escrito de acusación que "a pesar de tener conocimiento del informe jurídico desfavorable en el que se hacía constar claramente la improcedencia de la concesión de la licencia", el permiso de obras fue aprobado, aunque lo considera ilegal.
En este caso también están imputados dos ediles del PP, que votaron a favor, para los que la Fiscalía pide un año de prisión y ocho de inhabilitación; y el arquitecto municipal, que informó favorablemente la concesión de la licencia para reformar y rehabilitar una vivienda "aún constándole el estado de ruina que hacía imposible su reforma".
* Málaga Hoy - 8.07.10
Foto: Benamargosa (Málaga) - andaluciarustica.com
Tirajana.- El Seprona precinta una edificación ilegal en El Salobre
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) precintó en la mañana de ayer una edificación ilegal en El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana, que según fuentes del instituto armado pertenece a varios miembros de la Policía Local de dicho municipio y de Santa Lucía. Presuntamente, los promotores de la vivienda habrían ignorado las prohibiciones de construir en esos terrenos, catalogados como suelo rústico.
Una unidad del Seprona acudió al barrio de El Salobre, un núcleo de casas que está fuera del ordenamiento urbanístico, y procedió al precinto de las obras que se realizaban en la parte trasera de un finca situada en el número 43 de la calle Archipiélago Canario. Se trata de una vivienda anexa a un gran chalet ya existente, también irregular, construido por dos hermanas y sus respectivas parejas, todos ellos agentes de la Policía Local. Precisamente, una de las misiones de dichos policías municipales es vigilar y denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas.
El Ayuntamiento de San Bartolomé desconocía ayer la actuación del Seprona, pero confirmó que en la subida a El Salobre, un barrio cercano a El Tablero, existen numerosas viviendas ilegales, algunas de ellas construidas desde hace más de quince años. El concejal de Disciplina Urbanística, David Delgado, explicó que la capacidad de abrir expedientes sancionadores en suelo rústico corresponde a la Comunidad Autónoma, por lo que consideró que la denuncia que dio lugar al precinto procede de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), o bien el Seprona ha actuado de oficio.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Bartolomé, aún pendiente de aprobación, contempla la ordenación urbana de un sector de El Salobre, a la que esperan acogerse los infractores.
* La Provincia - 9.07.10
Foto: Imagen de la edificación precintada ayer por el Seprona en la subida a El Salobre.- laprovincia.es
La Xunta oculta al Parlamento el aval jurídico para legalizar Barreiros
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ELPAÍS/Lugo* : La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que preside Agustín Hernández, oculta desde hace dos meses el preceptivo informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que debía avalar el polémico convenio de Barreiros, por el que el Gobierno gallego, la Diputación de Lugo que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, y el ayuntamiento de A Mariña, pretenden regularizar más de 3.000 viviendas paralizadas por el bipartito cuya legalidad cuestionan la fiscalía y un juzgado de Lugo.
El PSOE a través de su diputado Ismael Rego ha utilizado todos los cauces posibles para acceder al preceptivo dictamen que debe avalar cada acuerdo del Consello de la Xunta. El último, una petición de amparo a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, para que solicite la documentación a la Xunta.
Antes, el parlamentario socialista lo había pedido a través del cauce reglamentario de la Cámara a la consellería y tanto él como su compañera de escaño y ex conselleira de Política Territorial, María José Caride, lo solicitaron a la actual secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, en sendas comisiones que se celebraron en el Parlamento. Rivas guardó silencio en la Cámara cuando ya había expirado el plazo legal de la Xunta para facilitar información al diputado. Cuando contestó por escrito, el departamento de Hernández alegó que no puede facilitar la documentación requerida, puesto que "no se trata de ningún acuerdo adoptado por el Consello de la Xunta, sino de informes internos destinados a la deliberación de los miembros de dicho órgano colegiado sobre la conveniencia de autorizar la firma del convenio".
Dicho de otras palabras, la Xunta se ampara en el secreto de las deliberaciones del Consello de la Xunta para no facilitar un informe de la Asesoría Xurídica que, por fuerza, debe ser público, tal y como lo demuestra que en esta misma legislatura otros conselleiros han facilitado dictámenes similares no sólo al Parlamento, también a los medios de comunicación.Es el caso del titular de Presidencia, Alfonso Rueda, que entregó copias a los grupos y la prensa de un informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta para "demostrar" que la actual composición del Gobierno es paritaria y por tanto cumple con la Ley de Igualdad, algo que debe dirimir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras una denuncia de los socialistas.
A la vista de las negativas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, el diputado Ismael Rego pide el amparo por parte de la Presidencia del Parlamento de Galicia, "para evitar la conculcación" de su "derecho fundamental a la información y la participación pública, y que reitere y resuelva de conformidad a tal derecho la solicitud realizada de información y documentación relativa a los informes utilizados por el Gobierno gallego en relación al convenio urbanístico de Barreiros".
Fuentes del departamento de Hernández insistieron ayer en que los informes que pretende consultar el PSOE (los de la Asesoría Xurídica y la Intervención de la Xunta) son documentación interna para deliberación del Gobierno y que como tal, deben permanecer en secreto. No obstante, admiten que si finalmente la presidenta del Parlamento los solicita (algo que Pilar Rojo decidirá previsiblemente esta mañana) consultarán a los servicios jurídicos de la Xunta si están obligados a facilitar esa documentación.
El convenio de Barreiros estuvo rodeado de polémica desde el principio al pretender regularizar con un plan supramunicipal el controvertido urbanismo de este municipio. La aprobación de las licencias de los edificios que se pretenden legalizar motivó una denuncia de la fiscalía contra el alcalde popular de Barreiros, Alfonso Fuente Parga.
* EL País - 8.07.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
Orihuela.- Un tema que apesta hace casi un lustro
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LAVERDAD/Alicante* : Nunca ha parado el chismorreo en la ciudad con el asunto de la adjudicación de la basura. Empezó hace casi cinco años con las grabaciones que el empresario oriolano, Ángel Fenoll, hizo públicas sobre una charla que mantuvo con el entonces edil de CL, Jesús Ferrández, sobre presuntos intentos de compra de voluntades, para lograr el millonario concurso de recogida de residuos sólidos urbanos, por parte de la firma Urbaser. El terremoto político fue de tal calibre que un año después y pese a tener seis concejales, desapareció la formación que lideraba Ferrández del arco político oriolano, y el veterano político que había sido concejal de Urbanismo con Medina dejó la política activa.
El bombazo informativo supuso además la entrada en escena y por la puerta grande del Fiscal Anticorrupción Felipe Briones, que le puso la proa al ya ex alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, al que investigaba en distintas causas por presuntos delitos urbanísticos, algunos de los cuales ha ido desestimando la Justicia en los últimos meses.
El propio presidente de la Diputación Provincial y del PP alicantino, José Joaquín Ripoll salió a la palestra por las mismas fechas, exigiendo a Medina, que por entonces ya había abrazado el 'campsismo' que frenara la adjudicación del concurso al considerar que dicha contratación estaba «bajo sospecha».
Poco después del episodio, el equipo de gobierno de Medina encarga un informe a la Universidad Politécnica de Valencia para que ofrezca las claves de la adjudicación del polémico concurso tras valorar las ofertas. Tras varios meses de retrasos y con el alcalde a punto de marcharse, Medina anuncia el resultado de la UPV, que considera la de Urbaser la mejor oferta. O sea, la firma que según Fenoll intentaba sobornar concejales.
Un año después de las 'famosas' grabaciones de Fenoll, y con la adjudicación paralizada, tuvieron lugar las elecciones municipales que ganó Lorente. Pero en medio, la ciudad vivió hasta once meses de lucha interna contra el ex regidor y los suyos.
Tres días después de la victoria de Lorente en las municipales, fue detenido el propietario de Colsur. Y junto a él, su hijo Antonio Ángel y su colaborador, Javier Bru, que había salido elegido como edil del PP en Albatera. Un mes se pasaron los tres a la sombra. Un mes en Fontcalent en una operación que desde entonces se bautizó como 'caso Brugal'.
Briones acusó a los reos de organizar una presunta trama de extorsión, cohecho y tráfico de influencias, a través de la cual intentaban ganar concursos y adjudicaciones relacionadas con el negocio de las basuras. Incluso busca Briones la comisión de supuestas presiones por parte de Fenoll a diputados provinciales para lograr adjudicarse el Plan Zonal de Residuos, potestad de la Diputación; y llega a sospecharse de la existencia de nuevas grabaciones del empresario a parlamentarios provinciales. Y el 'caso Brugal' entró en el ostracismo. Y en el olvido total.
Mientras tanto, el nuevo equipo de gobierno, liderado ya por Lorente, se puso manos a la obra. Y quiso empezar a gobernar. Por su parte, los grupos de oposición en el Consistorio de Orihuela empezaron a presionar al equipo de gobierno del PP para que acatara el informe de la UPV y adjudicara a Ubaser la limpieza, sobre todo porque pensaban que los populares tenían intención de otorgar ese contrato al propio Fenoll, afín a la corriente popular y uno de los grandes arietes de la victoria de Lorente sobre Medina en las primarias del PP.
Al final, en noviembre de 2007, la mayoría popular en el Ayuntamiento vota por dejar el concurso desierto y abrir un nuevo proceso, que incluyó la elaboración de otro pliego de condiciones, elaborado también por el equipo universitario que dirigió el profesor Lorenzo Avellá.
En mayo de 2008, cuando Mónica Lorente lleva un año en el poder, se empiezan a recibir en el Consistorio las nuevas ofertas del concurso de la basura en un concurso que rondaba los diez millones de euros. En esta nueva ronda participaron las firmas Cespa, Sufi, Liasur GTS, Urbaser, FCC en UTE con Odeco, La Generala, Colsur y Acciona. Entonces el Ayuntamiento recurrió al mismo catedrático, Avellá, pero esta vez para que valorara las ofertas presentadas. En septiembre de 2008, el PP otorga en solitario el concurso a la UTE que forman Sufi, Liasur y Gobancast, mientras que los recursos contra la decisión por parte de Urbaser siguen aún en los juzgados dando vueltas.
Por su parte, el Plan Zonal de Residuos había seguido su curso, puesto que en enero de 2008 se adjudicó el concurso por 20 años a la UTE de Cespa y Ortiz, para ubicarlo en Torremendo, en la finca La Pistola, que Fenoll había comprado en su mayor parte poco antes, y sobre cuya mediación circularon todo tipo de rumores. Pero el 'caso Brugal' seguía en silencio. Nunca más se supo del asunto, salvo cuando los periodistas hacíamos recuento de los meses que llevaba bajo secreto de sumario y un juez sustituía a otro en Orihuela, con la única obligación de prorrogar el secreto de las actuaciones. Y así hasta ayer mismo en que Felipe Briones volvió a darle al botón del 'tsunami'. Pero el secreto de sumario sigue.
* La Verdad - 8.07.10
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
La ciudad fenicia y la ciudad-codicia
CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI/Málaga* : Los componentes de eficiencia, compacidad y complejidad que deben dar lugar a la estabilidad y cohesión social de la ciudad sostenible han sido definidos por Salvador Rueda, al aplicar un modelo formal de sistemas agregados, para la evaluación innovadora de las morfologías, espacios públicos y movilidades urbanas de redes ciudadanas complejas e indicadores en Barcelona y Sevilla. El modelo de ciudad mediterránea del siglo XXI se asienta sobre los factores de precisión de la evolución urbana sostenible. La ciudad de Málaga ha tendido a configurase dentro de un sistema caótico debido a la desorganización morfológica del PGOU de 1973, que el PGOU de 1983 intentó racionalizar, cuya desvirtuación y pérdida de integridad han devaluado las sucesivas revisiones, que han acentuado sus modelos de expansión caótica y, a menudo, especulativa.
La concepción de la ciudad como instrumento al servicio de la lógica inmobiliaria ha acabado imponiéndose sobre cualquier otra, hasta el punto de que los representantes municipales entienden como suyos los intereses de los propietarios y sus lógicas de ocupación de la ciudad y creación del espacio público; y de la reorganización de sus intereses de cara a la urbanización, las prioridades y secuencias de acción en infraestructuras. Las etapas de la integración de los elementos de ciudad se miden sobre proyectos estrella o proyectos motores que apenas esconden su vocación meramente individualista, cuando no especulativa. Esta visión inmobiliaria se consolida en la ausencia de una perspectiva metropolitana, en el discurso hueco de la ciudad poli-céntrica y las lógicas discursivas de la confrontación que esconden la dependencia de los intereses de los tratantes de suelo. Este proceso es verificable en cualquier zona de la ciudad, desde Los Montes, hasta Campanillas o Churriana, en lo que son grandes áreas de actuación, hasta las microescalas de las barriadas o las actuaciones puntuales. Sea en el Centro Ruso, en el puerto, en Colinas del Limonar, en Teatinos o en Campanillas o Arraijanal, la lógica especulativa busca revalorizar activos que la iniciativa privada ha puesto en juego, sin buscar la reversión de plusvalías.
El endeudamiento municipal y la falta de alternativas visibles al actual proyecto de gobierno de la ciudad nos lleva a un territorio plano, consecuencia de acciones puntuales que pujan por la renta de activos inmobiliarios puestos en juego. Cierto que para fundamentar las perspectivas y los resultados se ha creado un discurso sostenible ad hoc, mediante el eficaz Observatorio del Medio Ambiente Urbano y las redes de ciudades en los que éste está inscrito, pero ello, en lugar de atenuarlo, acrecienta el perfil benefactor y compasivo para la mera mitigación de efectos inducidos, frente a la evolución sostenible de cambios de modelo a medio y largo plazo.
Las consecuencias catastróficas para los planos activos y las redes de participación, socialización y creación de tejido económico "micro, pequeño y medio" productivo de la ciudad de Málaga, entendida como ciudad mediterránea, son cada vez más patentes, en la destrucción de su tejido innovador, empresarial y comercial, dejados al exclusivo interés de la demanda inmobiliaria y la patrimonialización de activos, mediante venta o alquiler. La financiación de las operaciones es externa, eso sí, sin riesgo alguno para los promotores-pantalla o los nombres de paja, que se mueven en las esferas de esa construcción económicamente improductiva. Un ejemplo paradigmático es el puerto, cuyo Plan Especial representa el descrédito de todos los modelos democráticos de hacer urbanismo, porque se salta a la torera las reglas y procedimientos más elementales. No crea valor, sino que desertiza los vínculos con el comercio y la cultura, de partes sustantivas de la ciudad, privatizadas de hecho, al depender de una operación cuyo coste y concesión tenemos que sufragar -entre todos- a los promotores.
La destrucción del comercio no se compensa con la construcción de equipamientos sin gestión, que buscan concesionarios en la iniciativa privada, como pasa con las guarderías y con los de tercera edad, como en Madrid, a la que Málaga sigue tercamente en su destino de ciudad adusta y costosa.
Al destruir la identidad de ciudad en tecnología, comercio y diseño, se acaba con la innovación, el riesgo y la creatividad. El tejido urbano mediocre implica la destrucción del centro. Pero el centro de Málaga no es el centro histórico sólo. La ciudad de raíz fenicia se concibe con los barrios en centralidades complementarias y eso requiere cooperación en la construcción del espacio público. Algo que está en las antípodas de esta urbe confrontada, en la que brillan por su ausencia el Consejo Económico Social y los lazos de participación y solidaridad. Así, los procedimientos de construcción del espacio público tienden a ser paulatinamente opacos.
Adaptados a Málaga, son patentes los 5 mitos de la innovación empresarial aplicados al urbanismo que denuncian los expertos: la excesiva dependencia de los grandes proyectos, la fascinación malsana por los líderes mediocres, la aplicación errónea de los métodos y proyectos de otras ciudades, el círculo vicioso de la recriminación y la confrontación y la resignación a los cambios superficiales particulares. Sin embargo, los fundamentos de la ciudad sostenible no están en el slogan o en la propaganda, sino en los lazos y la trabazón del capital humano y productivo, en la fortaleza democrática y el tejido social culto, con el espacio público como fábrica de educación de la civilidad futura. Y esos se nos están hurtando a cambio de negocios que no añaden valor y dejan residuos decepcionantes por todas partes.
* Carlos Hernández Pezzi, arquitecto
* Málaga Hoy - opinión - 8.07.10
La trama de Alicante no es solo basura, según la investigación
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ELPAÍS* : La investigación judicial para esclarecer una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante) va más allá de una "mera contrata de basuras", señalaron ayer fuentes del caso. Las diligencias judiciales se extienden a otras dos supuestas actividades ilícitas de relevancia: presunta financiación irregular de partidos políticos en la comarca y blanqueo de dinero, según las mismas fuentes.
La investigación considera clave en el apartado del blanqueo de dinero la participación de uno de los arrestados en la operación del martes, en concreto, del empresario de compraventa de vehículos Rafael Gregori. Este empresario, además, posee un concesionario de vehículos pesados, entre ellos camiones utilizados para la recogida de basuras. Gregori, que a su vez es presidente de la Fundación del Hércules, fue arrestado por una presunta estafa de más de siete millones de euros a una financiera. El caso se sigue investigando en los juzgados.
La implicación de los detenidos en operaciones vinculadas con blanqueo de capitales se deduce de una de las constantes de los interrogatorios a los que fueron sometidos en las dependencias de la Comisaría de Alicante los 11 detenidos el martes. En todos los casos, la policía repitió tres cuestiones de un cuestionario que apenas superó la decena de preguntas: ¿tiene dinero en paraísos fiscales?, ¿cuánto gana? y ¿ha ofrecido dinero a cambio de algún favor?
Estas dos ramas colaterales de la investigación para destapar la supuesta trama corrupta completan el eje central de la investigación: la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal número XVII, que corresponde a la Vega Baja, contrato dependiente directamente de la Diputación de Alicante, que presidía y sigue presidiendo el popular José Joaquín Ripoll. Esta investigación por la contrata de basuras comenzó en marzo de 2007 y arrojó los primeros arrestos una semana después de las elecciones municipales celebradas en mayo de ese mismo año. En esa fecha y por orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, los agentes arrestaron a Ángel Fenoll, industrial afín al PP y a su cúpula empresarial. En total, seis personas.
Al trascender a la opinión pública la posible vinculación de esta contrata con la operación judicial en curso, Ripoll paralizó el concurso. En enero de 2008, el presidente de la Diputación retomó el expediente y adjudicó la contrata a una UTE integrada por Cespa y el grupo Ortiz e Hijos, del contratista Enrique Ortiz. El contrato era por 20 años y estaba valorado en unos 250 millones de euros.
La planta dará servicio a 27 municipios de la comarca. Inicialmente, la adjudicación preveía que la planta se ubicaría en la planta denominada Lo Cartagena, ubicada en el término de la pedanía de Orihuela de Torremendo. Sin embargo, unos meses después, el adjudicatario cambia este emplazamiento por el de la finca aledaña denominada La Pistola. Este terreno es propiedad de Fenoll.
El supuesto trato de favor en la adjudicación de esta contrata está recogido en uno de los centenares de grabaciones que la policía incautó al industrial Fenoll en su domicilio y sede de sus empresas durante los registros efectuados con motivo de los arrestos de 2007. La investigación judicial se completó con nuevas pruebas incluidas en grabaciones telefónicas.
* El País - 8.0.10
Foto: Finca Lo Cartagena, lugar donde iba a estar en principio ubicada la planta.- elpais.com
El TSXG tumba el urbanismo por «silencio administrativo» del alcalde de Viveiro
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ABC/Lugo* : Revés judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al alcalde de Viveiro, el socialista Melchor Roel. La Sala de lo Contencioso Administrativo sentenció el pasado 31 de mayo que es ilegal la concesión de licencias urbanísticas mediante el trámite del silencio administrativo cuando éstas vayan de forma flagrante en contra del ordenamiento jurídico, tumbando así la concedida por el concello lucense en el año 2006 para la construcción en la parroquia de Covas de un edificio de cinco plantas y 200 viviendas.
La sentencia firme del TSXG ratifica así el fallo en primera instancia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lugo con fecha de 10 de diciembre de 2008 —del que ya informó este periódico en febrero del pasado año—, y además impone de forma expresa al ayuntamiento que preside Roel el pago de las costas procesales, una nada despreciable factura que alcanza los 1,3 millones de euros entre los gastos de la defensa y los de la parte demandante, el ex alcalde viveirense, César Aja.
En diciembre de 2006, la Junta de Gobierno local otorgó la citada licencia a pesar de que tenía suspendidas temporalmente las competencias urbanísticas por la Xunta, la constructora no había aportado el estudio de seguridad y el proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones que exige la ley, y existía un informe negativo vinculante de la Consellería de Cultura por tratarse de un entorno protegido por la Comisión de Patrimonio. Pese a todas estas circunstancias, el Concello de Viveiro concede la autorización urbanística basándose en el silencio administrativo, sin informe jurídico que lo avale.
El Tribunal Superior recuerda que la Ley 9/2002 de la Xunta vigente en aquel momento ya estipulaba que «las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y planeamiento urbanísticos», al tiempo que «en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo en contra»
de las leyes, una posición sostenida además en su jurisprudencia por el Supremo.
Así, la Sala de lo Contencioso afirma que «resulta palmaria la imposibilidad de entender otorgada por silencio administrativo contra legemla licencia». Además, entiende que «parece plausible la remisión de testimonio de las presentes actuaciones contenciosas» a la Fiscalía, «habida cuenta de la eventual comisión» de un posible delito contra la ordenación del territorio por parte tanto del arquitecto que informó favorablemente de la concesión de la licencia pese a contravenir la normativa como de quienes finalmente la autorizaron «a sabiendas de su injusticia».
Proceso penal
El Ministerio Público ya se adhirió a la investigación judicial que el Juzgado de Instrucción de Viveiro realiza sobre esta misma licencia y otras diez concedidas por el mismo procedimiento administrativo—que permitían la construcción de 678 viviendas y un hotel en esta villa lucense—, sobre los que la Policía Judicial emitió res informes subrayando su presunta ilegalidad, como desveló ABC el pasado 2 de mayo.
Las once licencias concedidas —nueve en construcción, una finalizada y la de Covas, paralizada— tienen en común los informes en contra —entre otros— de los técnicos municipales de urbanismo, que según queda de relieve en las diligencias judiciales fueron ignorados por la Junta de Gobierno que preside Melchor oel «para aprobarlas a través del silencio administrativo». En el caso de las 200 viviendas de la parroquia de Covas, las diligencias judiciales recogen documentos periciales de la Policía Judicial en los que se le imputaban al alcalde socialista y su Junta de Gobierno la presunta comisión de cuatro delitos de prevaricación y otro relativo a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico.
Otro de los casos ás representativos corresponde a la promoción de 154 viviendas «Primeira Calidade», actualmente en construcción en una
parcela de suelo urbano no consolidado en la que según «reiterados informes emitidos por el ingeniero municipal» no se puede edificar por carecer de la condición de solar al no haberse realizado obras de urbanización en el entorno.
En un informe fechado el 5 de febrero de 2009, la Policía Judicial recoge cómo el ingeniero aconsejó al alcalde en julio de 2006 consultar a la Xunta la calificación urbanística de la parcela. Roel, sin embargo, optó seis meses más tarde por pagar una asesoría técnica a un arquitecto externo, Manuel Cortón, para que le justificas «la viabilidad de la construcción». Los instructores no sólo creen «que la licencia no se podía conceder por no reunir los requisitos» que marca la ley y entienden que Roel y su Junta de Gobierno pudieran haber incurrido en un hipotético delito de prevaricación, sino que atribuyen a Cortón un supuesto delito de falsedad documental por elaborar un informe carente de fundamento legal y faltando a la verdad».
Sin embargo, la causa contra Roel sigue sin concretarse de momento, ya que tres años después de la apertura de diligencias previas, la juez instructora del caso no ha formulado todavía escrito de acusación, mientras acumula sobre la mesa informes de la Policía Judicial que ponen de manifiesto las cuestionables prácticas urbanísticas en el concello de Viveiro.
* ABC - 8.07.10
Foto: Viveiro (Lugo), edificio ilegal 200 viviendas - abc.es
Los desfases urbanísticos en Lanzarote amenazan su estatus de Reserva de la Biosfera
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ELPAÍS* : Lanzarote podría salir de la Red de Reservas de la Biosfera por no comunicar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), responsable de su coordinación a nivel internacional, los recientes casos de uso de fondos europeos en el desarrollo de hoteles cuya construcción incumple la normativa urbanística, según informa hoy el periódico Financial Times. EL PAÍS ya publicó hace dos años sendos artículos de Rafael Méndez en los que se revelaban los desmanes urbanísticos del sector hotelero en la isla durante más de una década y que, tras una sentencia que confirmaba las irregularidades del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2008, Bruselas reclamó a España la devolución del dinero.
Lanzarote fue reconocida como Reserva de la Biosfera en 1993 e incluida como tal en la red de la Unesco, que revisa el grado de cumplimiento de los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de estas áreas cada 10 años. La condición de reserva designa aquellas áreas con una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. En España actualmente hay 26, y más de 450 en todo el mundo. La pertenencia a la red permite acceder a las fuentes de financiación que recaba la Unesco para su consolidación y desarrollo. Su gestión y protección, sin embargo, recae sobre los propios Estados, que son los únicos capaces de revocar su condición de espacio medioambientalmente sensible.
Según recuerda hoy el FT, "grandes hoteles de la isla, algunos de los cuales utilizan el reclamo de Reserva de la Biosfera para publicitarse, se beneficiaron de 23,6 millones de fondos de la UE destinados a mejorar el empleo en la zona". Algo relevante si se tiene en cuenta que Canarias, con una tasa de paro del 30,1%, es la comunidad con un mayor nivel de desempleo de toda España. No obstante, añade el periódico, este dinero se destinó a "impulsar un boom inmobiliario en una zona medioambientalmente sensible".
Numerosos delitos urbanísticos
A favor de este argumento, el periódico británico reitera que "más de 30 políticos y empresarios de Lanzarote han sido arrestados por su implicación en delitos urbanísticos". Además, también saca a colación que el Cabildo de la isla denunció que 22 establecimientos hoteleros, de los que ocho recibieron en su día fondos europeos, incumplieron el plan de ordenación de la isla diseñado para "preservar la biosfera", según el propio Gobierno insular. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un carrusel de sentencias en las que anulaba los preceptos por los que fueron autorizados por parte de las autoridades locales de los municipios de Yaiza y Teguise.
Y de ahí al quid de la cuestión. Los estatutos de la Unesco obligan a los Gobiernos de las regiones y países en los que están ubicadas estas áreas de especial necesidad de protección a informar de cualquier circunstancia que afecte a su condición de Reserva de la Biosfera. Pero en el caso de Lanzarote, según Meriem Bouamrane, directiva del organismo dependiente de la ONU contactada por el 'FT', no se les comunicó este extremo. "El turismo de masas no era lo que desarrollaban, sino un turismo que era más sostenible con el medio ambiente y natural", afirma Bouamrane. Algo incompatible con la presencia de hoteles urbanísticamente irregulares que se beneficiaron de subvenciones para zonas deprimidas.
Respuesta del Cabildo
"Estamos en contacto con las autoridades españolas acerca de esta situación. Si los promotores no están respetando las necesidades locales e impactando en el medio ambiente, el título puede ser revocado", ha trasladado Bouamrane al diario. Sin embargo, tanto desde el Cabildo de Lanzarote como desde la Oficina de Reserva de la Biosfera de la isla han asegurado a EL PAÍS que desde la Unesco no se han puesto en contacto con ellos para informarles de la supuesta revisión. Además, el Gobierno insular ha querido destacar que ningún hotel a los que se alude en el texto se construyó en suelo rústico, sino en clasificado como turístico.
En caso de confirmarse, no sería la primera vez que la UNESCO amenaza con desposeer a una región española de alguno de sus distintivos. El más reciente es el del Sevilla, que ha visto como el organismo ponía en duda su condición de ciudad Patrimonio Mundial hasta no aclarar el impacto de la Torre Pelli, un rascacielos de 178 metros de altura, sobre la catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Estos tres monumentos fueron los que permitieron que la capital andaluza entrara en la lista del Patrimonio Mundial.
* EL País - 7.07.10
Foto: El hotel Meliá Volcán, en Yaiza (Lanzarote), cuya licencia ha sido anulada por el Tribunal Superior de Canarias- elpais.com
Oviedo.- La Unión Europea estudiará si el párking bajo Uría es ilegal
LAVOZDEASTURIAS* : La Unión Europea analizará si el convenio firmado por el ayuntamiento y la empresa Comamsa que permitirá el párking bajo Uría para saldar la deuda municipal derivada de la expropiación de Villa Magdalena es ilegal. La UE acaba de admitir a trámite la denuncia interpuesta por Asciz, al igual que ya hizo con la de IU. Ayer, Asciz solicitó a la UE que la sesión sea pública y pueda intervenir algún representante de los ciudadanos.
TARTIERE La Comisión de Urbanismo también dio vía libre ayer a la apertura de una sala de conciertos en los bajos del Carlos Tartiere. El concejal Alberto Mortera explicó que el aforo de la sala será de 1.000 personas y que el lugar para su ubicación es el adecuado por estar "aislado de la zona residencial y encastrado en el estadio, con muros de hormigón de metro y medio". En cambio, el socialista Alfredo Carreño, criticó la iniciativa al entender que abre la puerta a "la instalación de discotecas en edificios dotacionales, como el auditorio o el Calatrava".
CATALOGO URBANISTICO La recreación de un edificio en la Plaza del Paraguas constituyó otro de los asuntos más controvertidos de la sesión de ayer. Asciz comparó este hecho, que afecta a una construcción catalogada, con la fórmula que el equipo de gobierno planteó para El Fontán: "destruyamos primero y construyamos después". "Eso no es rehabilitar", indicó. Roberto Sánchez Ramos recordó que en Oviedo "hay 844 edificios para hacer una recatalogación, 204 de ellos en el Oviedo redondo".
Alfredo Carreño, por su parte, reiteró la necesidad de que se modifique el Catálogo urbanístico y de poner en marcha una especie de ITV para los inmuebles. "El ayuntamiento no puede tirar un edificio por no permitir la habitabilidad; de actuar así no habría ciudades de más de 50 años"
LA TENDERINA La Comisión también aprobó que Sogepsa desarrolle Mercadín Este-Peñeo, donde se levantarán 1.700 viviendas.
* La Voz de Asturias - 8.07.10
Foto: Oviedo, calle Uría - laregioninternacional.com
Dimite el edil de Urbanismo de Mogán, imputado en el "caso Góndola"
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CANARIAS7/Gran Canaria* : El edil de Urbanismo, Seguridad y Limpieza del Ayuntamiento de Mogán, Silverio Hernández, (PP), imputado en el "caso Góndola", ha dimitido por "cuestiones personales" y por el "cansancio" y el "estrés" que le han ocasionado los "años que lleva en el gobierno" de este municipio grancanario. Así lo aseguró hoy a Efe Hernández, quien informó de que entregó su acta de concejal a las 12.00 horas de ayer y que durante esta mañana ha estado reunido con el alcalde, Francisco González, a quien ha manifestado que su renuncia "es irrevocable".
Silverio Hernández ha asegurado que su dimisión no está relacionada con su imputación en el "caso Góndola", relacionado con supuestas irregularidades urbanísticas, y ha informado de que su sucesor será Eduardo Gabriel Marrero, propietario de una licencia de auto-taxi.
El hasta ahora concejal de Urbanismo de Mogán informó de que volverá a trabajar en la fábrica de cemento del barrio de El Pajar, donde permanecía en situación de excedencia, y rechazó también que su dimisión se relacione con la suspensión del Plan General del municipio por parte del Gobierno canario.
Agregó que seguirá siendo miembro del PP en Mogán y manifestó que mantiene buenas relaciones con el resto de compañeros de la Corporación, en la que el grupo de gobierno lo conforma el PP y donde descartó que se vayan a producir más dimisiones, tal y como se ha especulado en el municipio, ya que en él "no hay fisuras", dijo.
* Canarias 7 - EFE - 8.07.10
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com
Un partido desbordado por la corrupción
ELPAÍS* : Los populares valencianos sufrieron ayer una nueva réplica del seísmo de la corrupción. Con las estructuras ya debilitadas por el caso Fabra y los sucesivos escándalos del caso Gürtel, la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, acabó por deprimir el precario estado de ánimo de la militancia popular. La principal preocupación del PP fue la de intentar mantener la imagen de unidad del partido por encima de reproches y enfrentamientos internos.
Y ello, pese a que algunos cargos campistas no pudieron reprimirse a lo largo de la jornada y llegaron a solicitar, en privado, medidas disciplinarias contra su principal enemigo, el zaplanista José Joaquín Ripoll.
Fuentes del PP indicaron que el propio presidente de la Generalitat se esforzó por mantener la imagen de unidad y evitar declaraciones altisonantes. Las mismas fuentes indicaron que Camps argumentó en privado que lo sucedido con Ripoll demuestra que se trata de una causa general contra el PP.
En ese contexto, el vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, criticó a última hora de ayer "la acción propagandística" desarrollada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Da la sensación de que, más que ante una operación de la policía, estamos ante una acción propagandística de Rubalcaba", dijo González Pons. El dirigente popular indicó que al ministro "le ha salido el tiro por la culata porque ha intentado que el PP se pase la semana previa al debate sobre el Estado de la nación dando explicaciones sobre la Diputación de Alicante y al final se pasará la semana explicando cómo se hace un despliegue policial tan exagerado para nada".
Para sustentar la teoría de la conspiración, González Pons recurrió a un comunicado de la propia Diputación de Alicante que anoche aseguraba, en contra de las evidencias, que Ripoll había sido puesto en libertad sin cargos por el juez.
En ese contexto, la prioridad de los populares, que hoy analizarán el impacto de la detención en la opinión pública, es evitar que las discrepancias sobre la situación interna del partido empiecen a aflorar en público. El presidente de la Generalitat no tiene hoy agenda pública prevista y personas de su confianza, como el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, y el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, anularon sus actos previstos para hoy, presumiblemente con la intención de evaluar los daños y reconducir su estrategia. Especialmente en la provincia de Alicante, donde el PP está fracturado entre zaplanistas y campistas. Sin embargo, la situación judicial de los principales dirigentes del PP valenciano no deja mucho espacio para tomar aire. Los populares están pendientes de los recursos interpuestos contra el auto del magistrado Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Madrid, que ha decidido inhibirse en favor del TSJCV en la mayor parte del caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana. Un auto que puede traducirse en la imputación por varios supuestos delitos, como financiación irregular o delito electoral, de nuevos aforados del PP.
Además, Presidencia de la Generalitat está muy pendiente de la imputación por cohecho pasivo impropio que instruye el juez José Flors del Superior de Valencia contra el propio Camps, el ex secretario regional del PP Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos.
En Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, se enfrenta a la imputación por tres delitos, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, que están a punto de sentarle en el banquillo frente a un tribunal de jurado. De momento, el titular del juzgado número 1 de Nules ha rechazado todos los intentos de Fabra de archivar la causa y el juez mantiene que hay indicios suficientes de su mediación ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de agilizar las licencias de los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, que fue quien le denunció por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Carlos Fabra, probablemente, se sentará también en el banquillo, acusado de cinco fraudes fiscales. En Castellón, el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón también está imputado, Vicent Aparici, para el que la fiscalía pide siete años de cárcel por un presunto delito de prevaricación medioambiental.
Y por si fuera poco, la detención de Ripoll acabó por salpicar el reducto zaplanista que parecía ajeno a la corrupción.
* El País - JOAQUÍN FERRANDIS / MARÍA FABRA - Valencia / Castellón - 07/07/2010
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elmundo.es
Vergüenza nacional
F. P. PUCHE/Valencia* : Doscientos sesenta y cuatro a doscientos. No es, ni pretende serlo, un avance del resultado del partido de esta tarde. Hablamos de algo más serio y desmesuradamente más vergonzoso. Se trata del número de causas judiciales abiertas, por presunta corrupción, contra políticos de los dos principales partidos españoles. Y aunque todos los que tocan poder cuecen habas, el PSOE lleva sobre sus hombros el dudoso honor de ganarle al PP por ese deshonroso tanteo: 264 a 200. Las cifras las dio el fiscal jefe del Estado, Cándido Conde-Pumpido y lo único que hay que advertir sobre su calidad es que se facilitaron en noviembre de 2009, fecha del último balance. Quiero decir que las 730 causas abiertas, los 800 imputados que se registran en ayuntamientos, diputaciones y autonomías de toda España, es seguro que han crecido, tanto en calidad como en cantidad, en los últimos meses. El propio fiscal jefe anunció, para despejar dudas, que en la cifra que facilitaba se incluían 136 diligencias de investigación. Que son como pimientos de Padrón, que unos pican y otros non...
Viene todo esto a cuento, desde luego, de las tristísimas noticias que llegan desde Alicante. En efecto, era lo que nos faltaba para completar un mapa regional salpicado de casos en las tres provincias, de norte a sur. Mientras las televisiones repiten con fruición las imágenes de esos furgones policiales que anuncian registros, un rosario de hechos previsibles nos aguardan: incautación de ordenadores, concejales de Urbanismo señalados, promotores inmobiliarios interrogados. En este caso, incluso se señala al presidente de la Diputación, lo que hace más grave la mancha de dudas, careos, agujeros, sospechas y demanda de explicaciones políticas que nos aguardan.
No es para describir cómo la buena fe de los electores, en este tiempo de amarguras económicas, naufraga día tras día. Aunque el señor Conde Pumpido dijera en noviembre una gran verdad -los imputados no son ni el 1 % de los que disfrutan un cargo público- tendremos que coincidir en que estamos ante un capítulo que produce asco. Y que es urgentísimo que la regeneración pública que España necesita empiece por donde más huele: por las competencias urbanísticas y los modelos de gestión del suelo.
* Las Provincias - Opinión - 7.07.10
