El TSXG tumba el urbanismo por «silencio administrativo» del alcalde de Viveiro

ABC/Lugo* : Revés judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al alcalde de Viveiro, el socialista Melchor Roel. La Sala de lo Contencioso Administrativo sentenció el pasado 31 de mayo que es ilegal la concesión de licencias urbanísticas mediante el trámite del silencio administrativo cuando éstas vayan de forma flagrante en contra del ordenamiento jurídico, tumbando así la concedida por el concello lucense en el año 2006 para la construcción en la parroquia de Covas de un edificio de cinco plantas y 200 viviendas.

La sentencia firme del TSXG ratifica así el fallo en primera instancia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lugo con fecha de 10 de diciembre de 2008 —del que ya informó este periódico en febrero del pasado año—, y además impone de forma expresa al ayuntamiento que preside Roel el pago de las costas procesales, una nada despreciable factura que alcanza los 1,3 millones de euros entre los gastos de la defensa y los de la parte demandante, el ex alcalde viveirense, César Aja.
En diciembre de 2006, la Junta de Gobierno local otorgó la citada licencia a pesar de que tenía suspendidas temporalmente las competencias urbanísticas por la Xunta, la constructora no había aportado el estudio de seguridad y el proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones que exige la ley, y existía un informe negativo vinculante de la Consellería de Cultura por tratarse de un entorno protegido por la Comisión de Patrimonio. Pese a todas estas circunstancias, el Concello de Viveiro concede la autorización urbanística basándose en el silencio administrativo, sin informe jurídico que lo avale.
El Tribunal Superior recuerda que la Ley 9/2002 de la Xunta vigente en aquel momento ya estipulaba que «las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y planeamiento urbanísticos», al tiempo que «en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo en contra»
de las leyes, una posición sostenida además en su jurisprudencia por el Supremo.
Así, la Sala de lo Contencioso afirma que «resulta palmaria la imposibilidad de entender otorgada por silencio administrativo contra legemla licencia». Además, entiende que «parece plausible la remisión de testimonio de las presentes actuaciones contenciosas» a la Fiscalía, «habida cuenta de la eventual comisión» de un posible delito contra la ordenación del territorio por parte tanto del arquitecto que informó favorablemente de la concesión de la licencia pese a contravenir la normativa como de quienes finalmente la autorizaron «a sabiendas de su injusticia».
Proceso penal
El Ministerio Público ya se adhirió a la investigación judicial que el Juzgado de Instrucción de Viveiro realiza sobre esta misma licencia y otras diez concedidas por el mismo procedimiento administrativo—que permitían la construcción de 678 viviendas y un hotel en esta villa lucense—, sobre los que la Policía Judicial emitió res informes subrayando su presunta ilegalidad, como desveló ABC el pasado 2 de mayo.
Las once licencias concedidas —nueve en construcción, una finalizada y la de Covas, paralizada— tienen en común los informes en contra —entre otros— de los técnicos municipales de urbanismo, que según queda de relieve en las diligencias judiciales fueron ignorados por la Junta de Gobierno que preside Melchor oel «para aprobarlas a través del silencio administrativo». En el caso de las 200 viviendas de la parroquia de Covas, las diligencias judiciales recogen documentos periciales de la Policía Judicial en los que se le imputaban al alcalde socialista y su Junta de Gobierno la presunta comisión de cuatro delitos de prevaricación y otro relativo a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico.
Otro de los casos ás representativos corresponde a la promoción de 154 viviendas «Primeira Calidade», actualmente en construcción en una
parcela de suelo urbano no consolidado en la que según «reiterados informes emitidos por el ingeniero municipal» no se puede edificar por carecer de la condición de solar al no haberse realizado obras de urbanización en el entorno.
En un informe fechado el 5 de febrero de 2009, la Policía Judicial recoge cómo el ingeniero aconsejó al alcalde en julio de 2006 consultar a la Xunta la calificación urbanística de la parcela. Roel, sin embargo, optó seis meses más tarde por pagar una asesoría técnica a un arquitecto externo, Manuel Cortón, para que le justificas «la viabilidad de la construcción». Los instructores no sólo creen «que la licencia no se podía conceder por no reunir los requisitos» que marca la ley y entienden que Roel y su Junta de Gobierno pudieran haber incurrido en un hipotético delito de prevaricación, sino que atribuyen a Cortón un supuesto delito de falsedad documental por elaborar un informe carente de fundamento legal y faltando a la verdad».
Sin embargo, la causa contra Roel sigue sin concretarse de momento, ya que tres años después de la apertura de diligencias previas, la juez instructora del caso no ha formulado todavía escrito de acusación, mientras acumula sobre la mesa informes de la Policía Judicial que ponen de manifiesto las cuestionables prácticas urbanísticas en el concello de Viveiro.




* ABC - 8.07.10
Foto: Viveiro (Lugo), edificio ilegal 200 viviendas - abc.es