"De los tres informes técnicos municipales de valoración que se pronuncian sobre el valor de la parcela del Canódromo y la contraprestación a entregar a cambio del mismo, podría derivarse una sobrevaloración de la propiedad privada en claro detrimento del interés colectivo representado por esta Corporación, que los señalaría como el origen de la lesividad del convenio firmado", recoge el documento.
De hecho, se asegura que el Consistorio, liderado por José Manuel Soria, no tuvo en cuenta el polígono fiscal 26 para establecer la edificabilidad de la parcela. En virtud de ello, se delimitó "una zona en torno al Canódromo distinta a la prevista por la ley (...) motivo por el que el aprovechamiento de la parcela que debían valorar aumentó exponencialmente, y con ello el precio de la misma".
La comisión de investigación advierte en este punto que otras valoraciones hecha en el mismo lugar sí se ajustaron en cambio al polígono fiscal 26. "Lo anterior", prosigue el documento, "además de ser frontalmente contrario a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, entra directamente en contradicción con el resto de la práctica habitual". De hecho, la comisión ha detectado que "justamente un mes después de realizar su informe de 8/5/00 relativo al Canódromo, se elaboraron varias decenas de informes-valoración de parcelas ubicadas también en el mismo polígono fiscal nº 26 a efectos de su obtención por expropiación, donde sí se aplicó sin excepción la ponencia catastral de valores de 1995 (vigente desde 1996)".
Por eso, se concluye que hubo un "escaso interés en la defensa de los intereses generales".
* Canarias 7 - 20.11.10
Foto: La operación urbanística del Canódromo resultó «lesiva» para el interés público, según la investigación municipal - canarias7
1 comentarios :
¿Para estas conclusiones, se han pasado 2 años investigando?, ¿se han pasado por el forro de sus atributos todas las sentencias que hay sobre el caso y lo más grave no paralizaron las obras –al menos cautelarmente- y dejaron que la constructora siguiese levantando el edificio para que al final le tengamos que pagar una indemnización multimillonaria, mucho más que si hubiese vendido todos los pisos con la crisis que hay? Aquí los culpables están claros: 1º El Consistorio de la época que elaboro el pufo – J.M.S y allegados, y 2º El Consistorio actual que lo ha consentido pese a las sentencias en contra que declaran ilegal todo el proceso – J.S y allegados-, si hubiese que pagar algo deberían ser ellos con sus respectivos patrimonios, que “pasta gansa” tienen a espuertas y no los pobres sufridores de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que bastante tenemos con sufrir este cáncer de políticos que nos ha tocado vivir.
canarias7
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