Siguiendo con los despilfarros delictivos que han llenado este país de obras inútiles, llevándose, además, las arcas públicas con las que se deberían haber atendido otras necesidades sociales, llegamos a Navarra, que tiene casi terminado desde hace 20 meses un moderno recinto multiusos para acontecimientos deportivos y culturales pero no lo inaugura porque no lo ve viable. El gobierno de la Comunidad sigue a lo suyo, mientras se han dilapidado fraudulentamente casi 60 millones y nadie parece ser responsable ahora, ni siquiera la justicia lo encuentra.
"ELPAÍS* : Cada mañana, personal del Gobierno de Navarra acude de forma rutinaria al pabellón Reyno de Navarra Arena de Pamplona como el que va a su vieja casa familiar ya deshabitada para comprobar que todo sigue en orden y que nada ha dejado de funcionar por la falta de uso. Encienden y apagan todas las luces, recorren los enormes pasillos y pasan un rato en alguna de sus salas. A la espera de deportistas, ellos y los vigilantes de seguridad son los únicos ocupantes de un imponente recinto multiusos que aguarda a oscuras desde hace casi dos años su inauguración. Después de 58 millones gastados, la Administración foral no sabe qué hacer con él.
El proyecto, víctima ahora de la crisis, se aprobó en 2008 como una respuesta a las primeras dificultades económicas. “El viejo y anhelado deseo”, como lo definió la actual presidenta navarra de UPN Yolanda Barcina, entonces alcaldesa de Pamplona, se incluyó en un potente plan de obra pública de 4.500 millones para la Comunidad, siguiendo el modelo nacional del Plan E de Zapatero. Ningún grupo político se opuso a él en el Parlamento (solo la formación nacionalista NaBai e IU se abstuvieron) y aquella fue la ocasión para desempolvar la idea de un gran pabellón, aunque corregido y aumentado.
Un año antes el Ejecutivo foral había anunciado un recinto para unas 6.500 personas dirigido, principalmente, al San Antonio, que se había colado en la elite europea del balonmano bajo el patrocinio de cementos Portland en los años locos de la construcción. Pero a la Administración esa nueva infraestructura no le pareció suficiente y pocos meses después dobló su apuesta con más aforo (hasta 12.000), una pista auxiliar con frontón incorporado y palcos vips, con la intención de acoger también espectáculos culturales. "En todos los pabellones que visitamos en España y en Europa para coger ideas nos recomendaron que no nos quedáramos cortos, que esto era para 50 años", explica Nacho Arbeloa, máximo responsable de infraestructuras deportivas de Navarra. En total, 60 millones de presupuesto, de los que se han gastado 54 en levantar el edificio más cuatro en urbanizar la zona.
Sin embargo, el San Antonio desapareció por el camino. Pinchó la burbuja inmobiliaria, se quedó sin sponsor y murió en 2013 ahogado por las deudas, con la obra casi terminada. Su declive transcurrió en paralelo a la construcción del Reyno de Navarra Arena. El resto de clubes de la ciudad, lejos de la elite, no atraen a sus encuentros a más de 2.000 personas de media y los eventos culturales, el otro eje, tampoco ofrecen de momento garantías suficientes para impulsar su apertura.
“Queda por ejecutar el 10%, aunque hay partes a las que hemos renunciado. Creo que con 1,5 millones más lo podríamos abrir”, detalla Arbeloa. Pero no se abre y no hay señales de que eso vaya a ocurrir a corto plazo, sobre todo con las elecciones autonómicas de primavera en el horizonte. En septiembre de 2009 se puso la primera piedra y en mayo de 2013, con dos años de retraso, la obra quedó acabada al 90%. Desde entonces el recinto aguarda cerrado y vallado el último empujón. La vigilancia y mantenimiento cuestan 250.000 euros anuales.
El plan de gestión, entregado en 2009, ha quedado "obsoleto" y "arrollado" por las circunstancias económicas, reconoce IDOM, la empresa que lo realizó. ¿Cuando pase la crisis volvería a ser viable? "No lo sé, habría que repetir el estudio. Hoy, por ejemplo, ya no existe el San Antonio, y las demandas y costumbres de la gente también han podido cambiar", responde Ángel Vázquez, responsable de todo el proyecto de asesoría.
“Es una patata caliente y hay que tener valentía para abrirlo. Desde el punto de vista de la cuenta de explotación, no creo que sea viable, y si vamos a los gastos de amortización, mucho menos, pero una infraestructura pública también genera empleos indirectos en la hostelería y en otros sectores”, apunta Roberto Jiménez, parlamentario del PSN, grupo que dio su voto favorable al edificio. “Si pudiéramos volver a 2008, nadie tomaría esa decisión, pensábamos que la crisis tendría un recorrido menor”.
Lo que sí parece claro es que el Ejecutivo ha descartado la gestión pública, que era la idea original, y explora ahora la opción público-privada. “Hemos hablado con empresas y les parece un recinto interesante, pero tendrían que ver las condiciones exactas del concurso que saquemos”, cuenta Nacho Arbeloa. Un concurso que de momento no tiene fecha. ¿Era esta la máxima prioridad en infraestructuras deportivas en Navarra para gastarse 60 millones? "Bueno... [sonríe] Nuestro mapa de instalaciones es muy completo, aunque empieza a tener carencias de mantenimiento", responde sin querer entrar en más detalles. EL PAÍS se ha puesto en contacto con el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, encargado de encontrar una salida para el pabellón, pero ha rechazado hacer declaraciones.
Situado junto al estadio de Osasuna, su fachada blanca compuesta por 933 cubos que se iluminan destaca sobre el resto en una zona con poca vida en las calles más allá de los domingos de fútbol. Dentro, una pista central para 10.000 personas y otra auxiliar para 3.000 más un avanzado sistema de gradas, hoy cubiertas con plásticos negros, que se extienden, se repliegan, se giran y hasta se esconden bajo el suelo dan la opción de celebrar casi cualquier deporte bajo techo.
Ahora, los principales clubes de la ciudad disputan sus partidos en el Anaitasuna, un vetusto pabellón con unos 3.500 asientos que encaja en sus necesidades reales. Su propietario, el balonmano Anaitasuna, de la liga Asobal, descarta en cualquier caso irse de casa. "Nuestros socios no lo entenderían. Además, siempre nos pareció excesivo el Navarra Arena. Ni en el mejor momento del San Antonio hubo una demanda tan grande de aforo", asegura Ángel Azcona, su gerente.
El Planasa de baloncesto y el Xota de fútbol sala sí dan por hecho su traslado cuando llegue el momento. “La mayoría de clubes recibimos subvención y entendemos que el Gobierno nos invitará a jugar allí”, opina Javier Sobrino, presidente del Planasa. El gerente del Xota, Carmelo Villamarín, se lamenta, sin embargo, de la "pérdida de ambiente" que sufrirán con la mudanza a una infraestructura que triplica a la actual.
En conciertos, la capacidad alcanza los 12.000 espectadores. "Es un edificio con buena acústica y bien preparado, pero deberá competir con Bilbao, San Sebastián o Zaragoza. A los promotores nos surgen posibilidades y luego todo depende de qué lugar nos ofrezca mejores condiciones y de las ayudas públicas", comenta Jokin Zamarbide, responsable de IN & OUT, la principal empresa organizadora de conciertos con base en Pamplona. La crisis, añade, ha dejado al sector en horas bajas y deja una crítica sobre el pabellón: "Antes hubiera cubierto la plaza de toros, donde cabe más gente y solo se usa en Sanfermín".
Un buen ejemplo de esta obra hecha a lo grande es su frontón, ubicado en uno de los fondos. Solo está previsto que se use un día al año, en alguna de las tres finales importantes de la pelota vasca (Manomanista, por parejas y Cuatro y Medio) aprovechando su capacidad para 3.000 personas. Las dos empresas organizadoras de partidos, Aspe y Asegarce, se muestran encantadas, pero aclaran que "en ningún caso sustituiría en los partidos de cada fin de semana al Labrit", una de las catedrales de este deporte y situado en el centro de Pamplona. Un frontón para una tarde y un pabellón, de momento, para nadie.
* El País - LORENZO CALONGE - 8.2.15
Foto: Vista interior del pabellón Reyno de Navarra Arena, en Pamplona. / LUIS AZANZA
Pamplona.- ¿Y ahora qué hacemos con este pabellón de 60 millones?
Las obras de León originan una denuncia por prevaricación contra la presidenta de Paradores
Como ya se ha comentado aquí en numerosas ocasiones, la concesión de las obras en un concurso público es uno de los métodos más utilizados por las administraciones para caer en la corrupción urbanística. En el Parador de León ocurre lo mismo, no se valora la oferta más económica, generalmente la primera opción, sino que se tienen en cuenta otros valores subjetivos para su adjudicación. Con lo cual queda establecido el principio de que todo es válido si se quieren hacer trampas y que un determinado proyecto, amiguete, sea el ganador del concurso, además, sin tener que dar muchas explicaciones a nadie, incluyendo a la débil justicia.
"VOZPÓPULI* : La presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, acaba de adjudicar la asistencia técnica para el acondicionamiento del Hostal de San Marcos al estudio de arquitectos Bringas Bellod por un importe cercano al medio millón de euros que supera en 100.000 a la oferta más económica presentada al concurso. Esta adjudicación entrará pronto en sede judicial.
El concurso convocado por Paradores tiene como objetivo remodelar la parte antigua del Hostal de San Marcos, catalogada como monumento histórico-artístico. Se han presentado cinco ofertas bajo un presupuesto base de licitación de 747.780 euros. La más económica ha sido la de la empresa Collarte Architecs Studio, que ofrece cubrir la asistencia técnica para estas obras por 392.500 euros. También han concurrido una unión temporal de empresas denominada Investigación y Control de Calidad, que oferta 415.180 euros, otra UTE llamada Estudio Villaroel, que se ofrece a hacerlo por 461.100 euros, el despacho Alinca Estudios y Proyectos, con una oferta de 498.000 euros y, por último, la firma Bringas Bellod Arquitectos, con una propuesta de 490.000 euros.
El pasado 29 de enero, Paradores se dirigió por correo electrónico a los perdedores, sin comunicarles que esta última firma había sido la elegida para asesorar el proyecto. Días después, solicitaron a la empresa que les remitiera las actas de las valoraciones utilizadas para la adjudicación del concurso. El pasado día 4 recibieron la respuesta y en ella se observa como la elegida ha sido la segunda oferta más cara, la de Bringas Bellod, que supera en casi 100.000 euros a la oferta más barata, la presentada por Collarte Architecs Studio, firma que está recabando estos días toda la documentación del proceso para denunciarla en el juzgado.
La opinión de un ministro
Recientemente, se le escuchaba decir en privado a un miembro del Consejo de Ministros: “Cuando se preside una mesa de contratación en la administración pública y se quieren hacer trampas, primero se tiene en cuenta la valoración técnica y luego la económica, todo lo contrario de lo que debe hacerse y tenemos que evitar”. Esto es justamente, en opinión de algunos despachos de arquitectos, lo que ha hecho Paradores en este concurso para no elegir la oferta económica más ventajosa.
“El truco utilizado es muy viejo, después de ver la oferta económica, se han aumentado las diferencias de puntuación de la oferta técnica hasta conseguir enjugar la distancia. De esta forma, nosotros que habíamos presentado el proyecto más barato y habíamos quedado los segundos en valoración técnica, hemos quedado fuera”, afirma Luis Collarte, propietario de Architecs Studio, con 15 años de experiencia trabajando para paradores y con varios premios nacionales, entre ellos el de la construcción del parador de Cádiz. Entre la oferta ganadora y la suya hay una diferencia cercana a los 100.000 euros. La primera ha obtenido en el concurso una calificación de 92,1 puntos y la segunda de 89,3.
Hay también, según las mismas fuentes, graves errores de procedimiento en esta adjudicación a la hora de fijar la valoración técnica. “Los criterios fijados en el pliego de condiciones no se corresponden con los que se detallan en el cuadro de valoraciones. Por un lado, se valoran nuevos aspectos, como las estructuras, las instalaciones, la sostenibilidad o los equipos, a los que se les otorga una puntuación significativa. Sin embargo, criterios valorables en el pliego a los que se les otorga gran importancia, como el nivel de presentación global de la propuesta arquitectónica o el desarrollo gráfico, no aparecen puntuados”, señala Collarte.
Sin firma de los técnicos y sin acta oficial
Otros aspectos que han sorprendido a los perjudicados es la ausencia de firma de los técnicos que han hecho la valoración de las ofertas y que ni siquiera se les haya facilitado un acta oficial. “Después hemos sabido que la valoración no la han hecho los técnicos de Paradores, sino asesores externos, la primera vez que esto ocurre en la empresa”, señala Collarte.
La demanda judicial que Architecs Studio está ultimando contra Paradores acusa a su presidenta, Ángeles Alarcó, de un delito de prevaricación, partiendo de “que ha hecho uso de su poder y de su cargo de forma arbitraria y caprichosa, perjudicando los intereses de la administración pública para la que presta servicios”.
La adjudicación se ha hecho cuando la responsable de la Dirección técnica de Paradores, Beatriz Pérez, estaba de baja y pocas semanas antes de que el director general, Juan José Zaballa, haya sido nombrado presidente de Enresa.
Un portavoz autorizado de Paradores informa que no siempre ha de prevalecer el criterio económico. "Los concursos tienen dos patas, la económica y la técnica. De la primera se ocupa el comité de compras y de la segunda el departamento de Inmuebles. Después de tener en cuenta ambos aspectos, se decide. Quizás la oferta más barata no es la mejor desde el punto de vista técnico, no solo buscamos lo más barato y, por lo tanto, no hay ninguna ilegalidad", refiere la fuente.
* VozPópuli - Federico Castaño - 16.2.15
Foto: León, parador de S.Marcos - vozpopuli
La justicia paraliza el plan urbanístico del Ayuntamiento de Madrid para Torre Arias
Por fin la obsoleta justicia urbanística actúa adecuadamente en Madrid, paralizando 'cautelarmente' el Plan Especial de la finca Torre Arias que había aprobado el Ayuntamiento PP de la capital el pasado año, hasta que se resuelva la demanda presentada por diferentes entidades como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), Podemos, Ciudadanía y Patrimonio, etc, contra el Plan Especial municipal. Si hubiera hecho lo mismo con multitud de operaciones urbanísticas especulativas, otra cosa sería hoy el panorama de la Ordenación del Territorio. Pero la dejadez, y también a veces complicidad, de la apática justicia en estos asuntos, ha permitido llegar a una generalización de las tramas corruptas, sean institucionales o no.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado de forma cautelar el plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de la capital (Partido Popular) el pasado 30 de julio para reformar la finca de Torre Arias. Esta decisión judicial, adoptada a petición de una plataforma integrada por vecinos, partidos y sindicatos, deja el destino de esa quinta histórica en manos del próximo gobierno municipal, elegido en mayo.
Los magistrados no entran a valorar la legalidad del plan urbanístico, cuestionado por la citada plataforma, pero paralizan cualquier actuación hasta haber decidido sobre el recurso para evitar que, entre tanto, se destruyan elementos con valor histórico susceptibles de ser conservados.
El Ayuntamiento de Madrid heredó en 2012, tras la muerte de la condesa de Torre Arias, Tatiana Pérez, una finca de 130.000 metros cuadrados ubicada en el número 551 de la calle de Alcalá, con una casa solariega del siglo XVI y otras construcciones.
La quinta perteneció a la condesa hasta 1986, cuando se la entregó al Ayuntamiento mediante un convenio que le permitía explotar a cambio otros terrenos próximos. El gobierno local (entonces socialista) le dejó seguir usándola como residencia hasta su muerte (en 2012, a los 88 años) y la de su marido (en 2003).
Una vez heredada la finca, el Ayuntamiento se encontró con que carecía de presupuesto para rehabilitarla, de forma que inició la busca de una institución educativa o cultural que asumiera ese trabajo a cambio de instalarse en el edificio principal; los jardines serán públicos, y ya pueden ser visitados (en grupos reducidos).
Uno de los posibles interesados, la Universidad de Navarra (fundada por la organización católica Opus Dei) descartó en octubre instalarse allí tras una campaña política y vecinal en su contra.
En paralelo a la búsqueda de una institución interesada en la finca, el Ayuntamiento aprobó en julio un plan urbanístico para “establecer la protección de los edificios y elementos singulares, determinar las actuaciones que se podrán llevarse a cabo en el recinto, y regular el uso de equipamiento educativo en los edificios”. El plan fue recurrido ante la justicia por la Plataforma en Defensa de la Quinta de Torre Arias, formada, entre otros, por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Comisiones Obreras, Izquierda Unida, Podemos, y la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. En su opinión, el plan “desprotege elementos edificados de valor y permite un uso privado en contra de los intereses generales de la ciudad”.
El tribunal decidió el 3 de febrero paralizar de forma cautelar el plan municipal. Los magistrados aseguran que el Ayuntamiento sólo ha otorgado el máximo blindaje a la casa solariega, las caballerizas y la caseta del guarda, “dejando sin protección al resto de edificaciones” para trasladar así su edificabilidad a un edificio que preste las labores educativas que se quieren dan a la finca “capaz de albergar una actividad docente para que se establece el uso alternativo privado”.
Así, según el auto judicial, se pretende demoler una vaquería, un matadero, una perrera, un pozo y un invernadero de inicios del siglo XX, entre otras edificaciones. El motivo, según el Ayuntamiento, es su “deficiente estado de conservación y su nulo valor histórico o artístico”. Sin entrar todavía en el fondo del asunto, el tribunal sí paraliza temporalmente cualquier actuación “porque el perjuicio sería irreparable” en el caso de que se tiraran abajo esos elementos y luego se dictaminase en sede judicial que forman parte del patrimonio de la ciudad.
* El País - Bruno García Gallo - 10.2.15
Foto: Madrid, Quinta de Torres Arias - dinastias
La trama corrupta de Melilla salpica ya a cinco de las diez consejerías del Gobierno de Imbroda
Melilla hasta ahora se había salvado de la corrupción urbanística o, por lo menos, estaba más diluida con otras noticias fronterizas de más repercusión. Ahora la Guardia Civil investiga el amaño en los últimos años de contratos públicos en cinco de las diez carteras del Ejecutivo del PP en la ciudad autónoma bajo el mando de JJ.Imbroda. El sistema seguido es el de siempre: el amaño de concursos públicos para su adjudicación a empresas de servicios urbanos de la misma cuerda. Destacando el amplio calado de todo el sistema mafioso, que abarca a casi todo el gobierno 'popular' durante años.
"VOZPÓPULI* : Empresas privadas, pero también una pública. Y, sobre todo, muchas consejerías implicadas. La 'Operación Tosca' de la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una trama de políticos, funcionarios y empresarios que presuntamente amañaban en Melilla contratos con la Administración ha destapado una red en la que supuestamente participan las mercantiles Eulen, Himosa e Hispanagua SAU (esta última filial del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el agua de Madrid), pero también una sociedad de capital público, Proyectos Melilla SA (Promesa). Todo ello con la supuesta implicación de cargos de cinco de las diez consejerías que forman el ejecutivo autonómico del 'popular' Juan José Imbroda.
Uno de los quince arrestados es el director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo. Además, en los próximas días acudirán a declarar ante el juez otras 20 personas como imputadas, entre las cuales hay al menos dos consejeros, según confirmó anoche el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Las detenciones de este martes vienen precedidas de una larga investigación que se inició de modo casi accidental en 2012 (ver recuadro) y que desembocó en octubre de 2013 en la 'Operación Opera' en la que fueron imputados el entonces responsable de la Consejería de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, el anterior Consejero, Ramón Gavilán, y el Director general del área, José Pastor, así como el jefe del negociado de protección de ambiente urbano de la Consejería, Carlos López Rueda. Entonces se investigaba un fraude de varios cientos de miles de euros cometidos presuntamente por los arrestados para favorecer a un pequeño empresario local, para lo que fraccionaban las adjudicaciones y así evitar los concursos públicos.
Sin embargo, la abundante documentación intervenida entonces reveló que lo que parecía una corruptela a pequeña escala era, en realidad, algo mucho más extendido. Tanto, que los agentes de la Comandancia de Melilla pidieron la ayuda de los especialista de la Unidad Central Operativa (UCO), quienes se hicieron cargo de las pesquisas en febrero de 2014. Poco después, el Grupo de Delitos contra la Administración de la unidad del élite de la Guardia Civil abría la 'Operación Tosca' y ese mismo mes realizaba los primeros registros para intervenir nueva documentación. En concreto, entraron en tres consejerías y dos empresas privadas. Las primeras fueran la de Medio Ambiente, ya registrada durante las detenciones de octubre, la de Fomento y la de Hacienda. Además, los agentes de la UCO visitaron las oficinas de Hispanagua y Eulen, dos mercantiles que en los últimos años habían recibido numerosas adjudicaciones del gobierrno de la ciudad autónoma.
Adjudicaciones "jugosas"
Desde entonces hasta ahora, exactamente un año, la Guardia Civil ha analizado la documentación intervenida hasta detectar numerosas irregularidades, algunas de ellas no referidas a contratos menores, como los de la 'Operación Ópera', sino a adjudicaciones "mucho más jugosas", según apuntan fuentes cercanas a la investigación. Así, además del fraccionamiento para evitar convocar concursos públicos, los especialistas de la UCO han encontrado casos en los que funcionarios y altos cargos del Ejecutivo de Melila concertaban previamente los contratos con algunas de las empresas investigadas, llegándose a dar el caso de que algunas de éstas redactaban los pliegos 'a medida' para que las adjudicaciones recayeran sobre ellas. Una nota de prensa de la propia Guardia Civil destacaba ayer que los implicados acababan "viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general". Como pago por estas corruptelas, los investigadores no han localizado aún entregas de dinero ni regalos, pero sí favores a políticos como dar puestos de trabajo a familiares en las mercantiles de la trama.
Con todos estos datos sobre la mesa, la Guardia Civil inició este martes las detenciones. En total, han sido arrestadas quince personas, entre las que se encuentran miembros de las empresas investigadas, funcionarios y cargos públicos de segundo nivel de al menos cinco consejerías: Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura y Fomento, además de la viceconsejería de Festejos. Los agentes también han entregado ya una veintena de citaciones a otras tantas personas para que los próximos días comparezcan ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla como imputados. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre estos últimos están "consejeros y técnicos de tres consejerías [...] a los que se relaciona con estos presuntos delitos de prevaricación, malversación fraude y cohecho".
Entre los quince detenidos hay dos miembros de la empresa pública Proyecto Melilla SA (Promesa), cuya sede en el polígono industrial Sepes de la localidad norteafricana fue registrada. Esta empresa, cuyo objeto social es "promover e impulsar el desarrollo socio económico" de la ciudad autónoma, tiene precisamente entre los integrantes de su Consejo de Administración a los dos consejeros de Medio Ambiente que fueron imputados en octubre de 2013: Ramón Gavilán y José Ángel Pérez Calabuig, aunque ninguna de ellos ha sido arrestado este martes. "Promesa es una pieza más de un entramado que se va extendiendo más y más según se avanza en las investigaciones", señalan fuentes conocedoras de las pesquisas, que añaden que, por ello, "aún es difícil cuantificar a cuánto asciende el fraude en el amaño de los contratos".
DEL NARCOTRÁFICO A LA CORRUPCIÓN
La 'Operación Tosca' es el resultado de otros dos dispositivos de la Guardia Civil anteriores, el primero de los cuales se remonta a 2009. Entonces, los agentes de la Comandancia de la ciudad autónoma abrieron la 'Operación Abyla' para desmantelar un trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En el transcurso de aquellas pesquisas, el Instituto armado centró buena parte de las mismas en una mercantil y en una trabajadora autónoma casada "con uno de los principales testaferros del entremado criminal", según se lee en uno de los documentos policiales incorporados a la causa. Esa línea de investigación llevó a la Guardia Civil a registrar el 22 de marzo de 2012 una gestoría de Melilla en la que los agentes encontraron numerosa documentación relacionada con una empresa, Reformas y Construcciones el Porvenir SL, una pequeña mercantil sin trabajadores que pese a ello contrataba asiduamente con el Gobierno autónomo y, en concreto, con la Consejería de Medio Ambiente.
El análisis de todas las facturas intervenidas en la gestoría reveló "graves irregularidades" en dichos contratos. Nacía así la 'Operación Ópera' que meses después, en octubre de 2013, desembocaba en la detención de varios integrantes de dicha consejería. En febrero de 2014, se hacía cargo finalmente de las pesquisas la UCO que a partir de ese momento rebautizó las mismas como 'Operación Tosca'. En su primera fase, que no transcendió a la opinión pública, los agentes intervinieron gran cantidad de documentación en cinco registros, tres de ellos en consejerías del gobierno de la ciudad autónoma y dos más en empresas privadas. El análisis de la misma ha desembocado, un año después, en las quince detenciones y veinte imputaciones realizadas este martes.
* VozPópuli - OLF - 18.2.15
Foto: Melilla, ayuntamiento - ayuntamiento.es
Urbanismo en Baleares: ¿Para qué?
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'Más vale tarde que nunca', dice el dicho popular y, efectivamente, al fin un grupo de arquitectos en Baleares hace una crítica del Urbanismo en las islas durante los últimos años. Les ha costado demasiado tiempo hacerlo y eso que lo tenían bastante fácil al ser una de las Comunidades más castigadas por los ataques continuos contra la Ordenación Territorial. Ahora llega la explicación tardía del turismo salvaje, de la especulación urbanística descarada por parte de políticos y empresarios corruptos, de lo que se debía haber hecho, bla, bla, bla. El caso es que la planificación ordenada hace tiempo que dejó de ser una prioridad para los gobernantes de las islas (y detrás los técnicos) al caer en la tentación del dinero fácil y la falta de escrúpulos para arrasar con un territorio casi virgen de altos valores ambientales.
"GRUP D'OPINIÓ D'ARQUITECTES* : El urbanismo, entendido habitualmente como el conjunto de disciplinas y técnicas que se emplean para planificar y ordenar los territorios, tiene su razón de ser cuando persigue con ello la mayor calidad de vida, en todas sus vertientes, para la población que allí se asienta. Calidad de vida que optimice las relaciones entre sus habitantes y entre éstos y el medio en el que se ubican, dotándose de las infraestructuras, equipamientos y servicios necesarios, pero al mismo tiempo que también garantice la necesaria preservación de su hábitat, tanto el natural como el urbanizado.
En el siglo XXI ya no se entiende el urbanismo si no está basado en el principio de la sostenibilidad, esto es, en el resultado del necesario equilibrio entre los distintos factores sociales, económicos y medioambientales que en todo medio habitado se producen. El urbanismo resulta por tanto una disciplina básica y transversal para la definición, presente y futura, de todo territorio.
Pues bien, el urbanismo entendido así, tiene en nuestra comunidad balear los días contados. La esperanza depositada en dotarnos de una ley urbanística propia que contribuyera a encauzar tales aspectos en la singularidad de nuestras islas, ha sido una constante en estos últimos veinte años.
Esperanza frustrada en todas las distintas legislaturas porque los gobiernos alternados, conservadores o progresistas, nunca han querido entender que una ley básica debe ser una ley consensuada en el mayor de los ámbitos posibles. Tan es así, que ni siquiera fueron capaces de consensuarlas con sus propios socios de gobierno. Siguiendo en esa deficiente praxis política de hacer la ley del que gobierna, aunque ésta tenga el carácter básico que la caracteriza, y aprovechando la amplísima mayoría detentada actualmente, se aprobó el pasado mes de marzo la ley de ordenación y uso del suelo, que nos quitó el sambenito de ser la única comunidad autónoma española que no disponía de ley urbanística propia, lo que ha conllevado estar casi cuarenta años rigiéndonos por una legislación predemocrática.
Pero la ley ya nace herida de muerte, no solo por parte de su contenido, cuando convierte la legalidad urbanística en una mera transacción económica permitiendo la legitimación de las edificaciones rústicas ilegales por medio del pago de una multa, sino fundamentalmente por las actuaciones sectoriales externas que la van vaciando de su razón de ser. Las presiones de los distintos centros de poder, económicos como no podía ser otra manera, están minando su efectividad y lo que es peor, al urbanismo por su condición de materia transversal, al lograr que los aspectos sectoriales se sobrepongan a los generales.
El pistoletazo de salida lo dio el principal sector económico de las islas, el turístico. No olvidemos que éste es un territorio fundamentalmente turístico, en continua pugna entre la preservación de su paisaje, natural y urbano, como garantía de su valor y su ocupación como expresión de su rendimiento económico, la ley de turismo aprobada hace ya dos años, otorga, desde esa ley sectorial y al margen de la normativa urbanística y de cualquier otra consideración, mayores "posibilidades" edificatorias para todos los establecimientos turísticos existentes, lo que acaba primando a aquellos que dispongan de mayores proporciones de ilegalidad urbanística.
Pero no es eso lo más relevante, sino que esas actuaciones edificatorias, contrarias en muchos casos a la ordenación urbanística, deben ser incorporadas por las corporaciones municipales al planeamiento sin más, en una clara manifestación de que lo turístico, sectorial y particular, pasa por encima del interés general manifestado en el planeamiento urbanístico. Ahora ha sido el turno de otro sector económico importante, el de los propietarios de suelo, y no tanto el de los agricultores, que ha conseguido que le aprobaran una ley agraria, "profundizando" en lo indicado en la ley de ordenación y uso del suelo, en la misma línea de hacer prevalecer los intereses particulares y sectoriales por encima de cualquier planeamiento urbanístico.
Más aún, en el intervalo entra ambas leyes, el pasado mes de octubre, se aprobó otra ley sectorial, la de ordenación minera, que permite la legalización de unas industrias asentadas irregularmente en el suelo rústico, como son las tejeras, sin mayores consideraciones. Parece, pues que, una vez descubierto el filón de que a través de legislaciones sectoriales se pueda subvertir el ordenamiento urbanístico, se retomen otra leyes como las de los campos de golf, las de los puertos deportivos, etc., y otras de nuevo cuño correspondientes a otros sectores, para acabar definitivamente con el urbanismo como materia global y transversal que ordena el territorio en el que habitamos.
La vieja astucia de ir creando "amnistías" para ciertas irregularidades, alguna de ellas incluso con premio, lleva a desistir a muchos de caminar por la legalidad, esperando a resolver su "problema" cuando llegue la próxima. Al final puede resultar que la legislación urbanística quede para que solo la cumplan los ciudadanos ajenos a los grupos de poder. Para eso, urbanismo, ¿para qué?
* Diario De Mallorca - GOA - 15.2.15
Foto: Calvià (Mallorca), montaje costa Palmanova (antes-después) - diariodemallorca
Madrid.- Campamento, una operación china
"Pan para hoy y hambre para mañana", esa es la consigna que desde las poltronas políticas se sigue al pie de la letra en la mayoría de actuaciones urbanísticas de cierta entidad. No hay debate, no hay confrontación de ideas ni participación ciudadana, todo se hace a la mayor gloria del faraón de turno, ya sea en los municipios o en la Comunidad autónoma de que se trate. Así ocurre con la llamada 'Operación Campamento' en Madrid, una oportunidad de oro en terrenos públicos para actuar con miras más amplias que la simple especulación urbanística en beneficio del oportunista magnate financiero, que promete dinero y trabajo para olvidarse poco tiempo después, destrozar el Territorio y quedarse con la mejor parte del pastel de la ciudad.
"EDUARDO MANGADA* : Se vende el patrimonio hoy y se arruina el mañana. Desgraciadamente el afán de privatizar lo público, suelos, edificios y servicios, es ya una siniestra tradición de nuestros gobiernos regional y municipal e incluso de los distintos ministerios con sedes e instalaciones en esta comunidad. No. No son unas administraciones que gestionan nuestros patrimonios públicos para mejor servir a los ciudadanos, para enriquecer física y culturalmente nuestras ciudades y el territorio madrileño. Son vulgares y serviles mercaderes que malvenden edificios, equipamientos y servicios públicos al peor postor, pero afín a la ideología neoliberal dominante y seguro cliente de las siglas del PP.
Una clase de mercaderes en la que no dudo en incluir a los Ministerios de Defensa y Fomento, al Gobierno de la CAM presidido por Ignacio González y al Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella a la cabeza. Todos ellos conchabados en la irresponsable y perversa degradación de la Operación Campamento, para ponerla al servicio de magnates financieros e inmobiliarios, sean americanos, chinos o nacidos en la Puerta de Alcalá. Hay una larga lista de especuladores foráneos o nativos ávidos de hincar el diente en los ricos pasteles que les ofrecen en bandeja nuestros responsables políticos (lo de responsables es solo una muletilla al uso). Pasteles hechos con la harina y en el horno de los madrileños.
La denominada Operación Campamento abarca un territorio con una superficie de unas 798 hectáreas (incluida la Venta de la Rubia) situadas en el corazón de la metrópoli madrileña. Unos terrenos muy importantes y significativos para el futuro de Madrid, no solo por su tamaño y localización, sino porque gran parte de ellos son de titularidad pública: Ministerios de Defensa y Fomento. Una gran área de oportunidad que puede albergar una serie de instalaciones institucionales, un prudente porcentaje de viviendas públicas y garantizar la consolidación del Corredor Verde que enlace el Manzanares con el Parque Regional del Río Guadarrama. Engarzando en su recorrido un sistema de espacios verdes, de parques públicos: Casa de Campo, entorno de Meaques, Retamares, Venta de la Rubia, Alcorcón norte, Boadilla y Villaviciosa.
La nueva ordenación que se proponga sobre esta gran área podrá y deberá diseñar y construir una variante de la actual carretera de Extremadura, que se transformaría en una avenida urbana que de continuidad al paseo de Extremadura y una Madrid con Alcorcón y Móstoles. Desdoblamiento de la carretera nacional que haría innecesario el soterramiento de la traza actual, evitando costosas y despilfarradoras operaciones de ingeniería como ha ocurrido con la M30.
Madrid puede desarrollar en esta zona una operación estratégica que se constituya como la rótula física y funcional entre el núcleo capitalino y el arco urbano del suroeste metropolitano. Una gran intervención pública impulsada, promovida y controlada por un consorcio constituido por el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno Regional y los ya citados Ministerios de Defensa y Fomento. Así se formuló en 1989 una propuesta muy meditada y enmarcada en un proyecto regional, que fue alabada en el París de Chirac, pero que no tuvo acogida propicia en esta tierra y acabó tirada a la basura por el alcalde Álvarez del Manzano.
La amenaza de venta a un promotor privado de una parte sustantiva de esta área de oportunidad para el desarrollo de un gran complejo lúdico residencial supone, incluso antes de concretarse, una gran irresponsabilidad de las administraciones públicas implicadas. Todas ellas amparadas y bendecidas directamente por la mano de Mariano Rajoy, tutor máximo de este atentado al territorio de la CAM. Sin duda un gran negocio para el Grupo Wanda, pero con negativas e irreversibles consecuencias para el futuro del territorio madrileño.
Tan importante operación merecería un gran debate político y cultural abierto a todos los madrileños en un ejercicio de docencia urbanística. Pero no es el momento para las exhibiciones de erudición, ni para los distingos de pequeños matices políticos. Es el momento para el grito de protesta, el grito de llamada a la movilización de los madrileños en defensa de este territorio, de su patrimonio actual y de un posible destino futuro que venga a construir una región más rica, más equilibrada, más sostenible, como ámbito habitable para unos ciudadanos más felices y más dignos.
Y una exigencia. Por lealtad y decencia democrática, debe paralizarse de forma inmediata toda negociación con el Grupo Wanda que afecte a este territorio. Más aún cuando se trata de una negociación opaca y clandestina.
Aunque solo sea por elegancia, esta exigencia está justificada si tenemos en cuenta que unas próximas elecciones están a la vista. Unas elecciones que con seguridad van a cambiar la ideología política que impregne a nuestros gobernantes y permitirá definir unos nuevos contenidos. Una nueva forma de construir la ciudad y el territorio.
Una vez más gritemos NO. Construyamos con nuestros votos unos nuevos gobiernos más cultos, más sensibles a las demandas sociales, más justos y transparentes. Más democráticos.
* Eduardo Mangada | Arquitecto y socio del Club de Debates Urbanos
* Nueva Tribuna - Eduardo Mangada - 1.2.15
Foto: Madrid, Campamento derribo cuarteles - EFE
El fiscal solicita una pena ejemplar para la exalcaldesa de Jerez por el 'caso PTA'
Poco a poco se va desarrollando el juicio contra la exalcaldesa socialista, Pilar Sánchez, y sus movimientos urbanísticos corruptos para favorecer a la empresa 'amiga' TISA, saltándose las normativas y presionando a los técnicos hacia sus fines partidistas. El resultado del concurso del Parque Tecnológico, gracias a estos chanchullos urbanos, fue claramente contrario a los intereses del municipio, que dejó de percibir una importante fuente de ingresos, al reducir artificialmente el precio del suelo, aunque finalmente la bancarrota del ayuntamiento jerezano impidió llevarlo adelante.
"LAVOZDIGITAL* : Recta final del juicio que sienta en el banquillo por tercera vez a la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), por el presunto trato de favor a una empresa 'amiga' a la que el Ayuntamiento le concedió una subvención de más de 244.000 euros sin que reuniera los requisitos para su instalación en el fracasado Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez.
El delegado Anticorrupción del Ministerio Público ha defendido un duro informe final esta mañana durante dos horas. En él ha solicitado al tribunal de la Audiencia Provincial que imponga «una pena ejemplar» porque considera que a lo largo de tres semanas de vista oral ha quedado acreditado que las personas que gobernaban en el momento de ocurrir los hechos (2005-2009) «faltaron a las normas básicas, se saltaron la ley a la torera y presionaron a técnicos» para favorecer a la empresa TISA.
El menoscabo que habría generado esta actuación a las arcas públicas jerezanas, defiende el fiscal, está en que «dejaron de ingresar esa cantidad». Una cifra que fue el resultado de la reducción del precio del suelo que se le ofreció a TISA dentro del PTA.
El fiscal Anticorrupción ha recordado que este trato preferente a una empresa que finalmente no puso en marcha su proyecto en Jerez se produjo en un contexto «de bancarrota» del Ayuntamiento de Jerez, con graves problemas para pagar gastos corrientes y la nómina municipal.
Así, mantiene la petición de siete años de cárcel y 17 de inhabilitación para Pilar Sánchez; cuatro años y medio para el exdelegado de Fomento, Francisco Lebrero; cinco y medio para la exedil de Medio Rural, María del Carmen Martínez y penas inferiores de hasta dos años y tres meses para los responsables de TISA y un trabajador municipal.
Este último fue quien confesó a principio del juicio que firmó el informe de valoración de la empresa, que sirvió para concederle la mayor cantidad de subvención posible por indicaciones de la edil María del Carmen Martínez y pese a que su función en el PTA era la de un simple jardinero.
El jardinero y la peluquera
Durante la intervención del fiscal, la exedil María del Carmen Martínez no paraba de sollozar. "Ella era el brazo ejecutor de las órdenes dictadas de arriba, ¿y a quién se podían referir?" En varias ocasiones ha lanzado preguntas retóricas sobre quién podía ser esa persona, para concluir que "no podía ser otra" que Pilar Sánchez. "¿Qué interés podía tener una concejala y un jardinero en conceder una subvención a una empresa a espaldas de sus superiores?"
La concejala "prácticamente está condenada", dice el fiscal, desde que el capataz afirmó que siguió instrucciones de ellas para sustituir la firma de un técnico y falsear así el documento sobre el que se asentó la posterior concesión de ayuda.
La defensa de la concejala ha apelado en distintas sesiones a la falta de formación específica de su cliente para conocer el contenido de un estudio técnico de idoneidad empresarial, recordando que antes de dar el salto a la política, había sido peluquera. El fiscal ha rebatido de antemano ese argumento afirmando que "si estaba preparada para ser concejal, debe asumir sus responsabilidades y si no, que no hubiera aceptado ese puesto".
La prueba más contundente que ha manejado la acusación pública en este procedimiento ha sido el testimonio del director técnico que debió haber firmado el famoso informe, que reconoció presiones para que mejorara la valoración de TISA y que señaló directamente a la alcaldesa, cuando le llamó a su despacho, le entregó documentación sobre ese proyecto y los teléfonos de contacto. Una escena que describió ese testigo tanto en instrucción como en el juicio.
El Ministerio Público también ha recordado el correo electrónico que este empleado remitió al jefe de gabinete y marido de Pilar Sánchez, y al "hombre de confianza" de Francisco Lebrero. En él incluía un borrador con el informe que se negó a firmar. Para la acusación es un indicio solvente de que tanto la alcaldesa como su concejal de Fomento eran los destinatarios finales de ese material comprometedor.
Las defensas han atacado a la credibilidad de este técnico, afirmando que se movía por venganza al no ver colmadas sus aspiraciones de ser nombrado gerente del PTA y ha sido tachado a lo largo del juicio como una persona conflictiva y problemática, pero que sin embargo, nunca fue expedientado en el ejercicio de sus funciones.
Si el tribunal se inclina por los argumentos de la Fiscalía, la exalcaldesa de Jerez se vería abocada al ingreso en prisión al contar ya con una sentencia condenatoria de dos años.
* La Voz Digital - Silvia Tubio - 28.1.15
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
Santa Cruz.- El Rosarito: un grito para decir "existimos y estamos aquí"
Entre la carretera general del sur de Tenerife y un macrobarrio como el limítrofe Taco, ya en La Laguna, está encajonado un núcleo del Suroeste que apareció en el mapa con la riada del 31M de 2002. El barrio está casi abandonado desde entonces y faltan servicios e infraestructuras que nunca llegaron a construirse. Los vecinos lo denuncian ahora ante las carencias que siguen sufriendo como barrio marginal entre las dos grandes ciudades tinerfeñas.
"ELDÍA* : El Rosarito también existe. Y está en Santa Cruz. Es la declaración de principios de un barrio al que la riada del 31 de marzo de 2002 puso tristemente en el mapa. Sus vecinos superaron poco a poco aquel mal trago. Hoy en día buscan un camino de desarrollo y futuro. La tipología de toda la zona es la clásica de casas terreras de autoconstrucción porque "aquí no ha habido boom de la construcción". Lo asegura Javier Rivero, el joven presidente de la asociación de vecinos Acorán durante el recorrido.
"Hay miles de metros cuadrados de solares públicos abandonados, añade, que originan focos de suciedad e insalubridad. Están ahí, a la espera de que, una vez aprobado el PGO, llegue una urbanización que estaba en marcha justo antes de explotar la burbuja inmobiliaria. Hace falta trabajo y puede ser una posibilidad".
A Javier lo conoce todo el mundo en un barrio en el que la crisis ha agudizado el ingenio. "Este trabajo de pintura lo hacen dos vecinos a otro que lo necesita. Mejor que el dinero se quede aquí", apunta mientras saluda a alguien subido en una grúa y luego al dueño de la casa.
Rivero apunta que "infraestructuras y servicios están prácticamente igual que hace 40 años". Insiste en que el futuro "pasa por la edificación. Si el Suroeste es la zona de expansión de Santa Cruz, este barrio, exagerando un poco, puede ser la del distrito. Traería empleo y equipamientos como instalaciones deportivas, jardines o plazas. Aquí hay desarrollo urbanístico para 50 años".
Entre las carencias relaciona "la falta de marquesinas de guaguas por el problema de la estrechez de la carretera, la mejora pendiente del parque infantil, colocar badenes reductores para el tráfico en algunas calles o solucionar los malos olores de las alcantarillas".
"Siempre hay problemillas de competencias por lo del límite con La Laguna, pero se van solucionando", apunta Rivero, también miembro del tagoror por CC.
Cuatro son sus grandes retos a corto y medio plazo. En primer lugar, las dos salidas del barrio. Por un lado, conectar la calle Peregrinos con Prudencio Tadeo, ya en El Draguillo. Se han recogido 250 firmas y queda una expropiación. El otro ámbito expansivo es hacia la TF-2 con la paralizada Vía Ofra-El Chorrillo como eje. "El Gobierno de Canarias solo dota con 10.000 euros a la obra en 2015", critica.
La tercera gran línea de trabajo es "un plan de acción comunitaria a través de la Fundación La Caixa y el proyecto Juntos en la misma dirección del Cabildo, que propone rehabilitar zonas del barrio y establecer sinergias entre vecinos de Santa Cruz y La Laguna.
Por último, la preocupación más reciente: la aplicación de la ITE en viviendas con más de 50 años. "Hay que dar solución a los muchos vecinos sin recursos, mayores y carentes de formación. Están dentro de la ratio para que el informe lo haga Urbanismo a coste cero. Ha habido poca información. Después del Carnaval lo retomaremos. Tenemos preparados los listados y se ha contratado a un único arquitecto para todos".
Javier Rivero glosa su idea de El Rosarito: "Es un barrio pequeño con cosas grandes". Pero no quiso terminar sin enviar un mensaje algo enigmático de cara al futuro: "Después de seis años, tal vez sea el momento de dejar paso a otras personas y afrontar otro camino en lo personal y lo profesional".
Nombre y situación
Hasta que perteneció a El Rosario (1972), su nombre era el del municipio. Cuando lo recepcionó Santa Cruz para evitar la confusión -también con el Polígono (PROSA)- se "redujo". No fue bien aceptado al principio e, incluso, el dirigente vecinal de entonces, Manuel Hernández "el obispo", arrancó el cartel de la carretera. Pertenece al Distrito Suroeste y limita con las calles El Rosario (San Matías) y Maxorata, ambas de La Laguna, la carretera general del Sur, Tíncer y la TF-2 hacia El Draguillo.
Población
850 personas, una cifra estable.
Reseña histórica
Uno de los barrios más antiguos de la zona, conserva una casa de piedra y barro con techo de teja que tiene más de 300 años, alineada de tal manera que no se vieran luces desde la costa para evitar saqueos piratas. Flanqueado por los barrancos del Muerto y el que baja de La Esperanza, eran habituales las
casas-cuevas. La riada del 31 de marzo de 2002 marcó un barrio donde "hubo gente que lo perdió todo".
Servicios
Cartillas sanitarias, en Barranco Grande y Tíncer. Los niños van al colegio El Draguillo y luego al Bethencourt y Molina o al IES San Matías.
Fiestas
En agosto, en honor de la Virgen de El Rosario, cuya imagen donó un vecino, Eugenio Castilla. Antes procesionaba la virgen del Carmen.
Accesos
Todas las líneas que llegan a Taco, "intercambiador virtual", las 23...
Javier Rivero
"Mi recuerdo de la riada, con 13 años, es sacar fotos de las casas para mandarlas al ayuntamiento". A sus 26 años, Javier Rivero -vinculado a las Artes Gráficas y a punto de afrontar el acceso a la Universidad- lleva ya seis al frente de Acorán, donde sustituyó a un histórico, Pancho García, actualmente en Venezuela. Le viene de casta. Su abuelo era tesorero de la UD Rosario, club de fútbol antes y ahora de bolas. Y su padre, tesorero, pero de Acorán. "Nos conocemos por los apodos. Por ejemplo, el Calandria, que dio nombre a una calle, flaco y siempre nervioso. La primera fiesta fue allí, una vía sin salida, en 1972, con la Guardia Civil vigilando".
* El Día - JDM - 8.2.15
Foto: Santa Cruz de Tenerife, el Rosarito barrio - eldia
Pobreza y urbanismo segregado en la Ciudad de México
La ciudad de México ha crecido exponencialmente en los últimos años y, de la misma forma que crecía el número de habitantes, se deterioraban sus servicios básicos urbanísticos. La pobreza en muchos de sus barrios ha llegado a cotas nunca vistas, sin que haya habido una planificación urbana simultánea, constituyéndose auténticas zonas degradadas que, muchas veces, son barreras reales de modos de vida diferentes y hasta opuestos. Esto es apreciable cada día más.
"RICARDO PASCOE PIERCE* : “De acuerdo con los censos de INEGI y Conapo de 2000, en la Ciudad de México existían ocho y medio millones de personas, de los cuales 63% vivía con un ingreso de menos de dos salarios mínimos y se ubicaba en viviendas precarias y/o en situación irregular, con insuficientes o precarios servicios, ingresos familiares por debajo de los dos salarios mínimos, empleos inestables, inseguridad y violencia.” (Documento publicado por la Secretaría de Desarrollo Social del DF en 2003).
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicados en 2008, la situación de la pobreza en el DF había empeorado en ocho años, entre 2000 y 2008. La pobreza alimentaria aumentó de 5.8% de la población al 7% durante esos ocho años, mientras la línea de pobreza creció de 28% a 32.1% y la llamada pobreza de capacidades creció de 9.9% a 12.3%. Se considera que el número de pobres, como categoría general, se mantiene en 62% de la población total de la ciudad, según datos de Evalúa DF.
Esto significa 5.4 millones de personas.
Al mismo tiempo, la población total residente en la Ciudad de México se ha reducido en ese periodo en alrededor de 600 mil personas. La ciudad ha sido convertida en un espacio urbano expulsor neto de población. Las delegaciones que tienen un mayor número de colonias en condiciones de precariedad son: Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, seguidas por las que presentan condiciones de ruralidad, mientras que las delegaciones con menos precariedad son Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco y Miguel Hidalgo, y Benito Juárez, que no cuenta con ninguna.
El Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, perteneciente a la UNAM, considera que más de 60% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y existe una alta segregación y desigualdad residencial que se expresa en el deterioro de la calidad de vida de un amplio sector de su población y los intensos procesos de segregación residencial que opera en su territorio. Lo dice en su magna obra Ciudades del 2010: Entre la Sociedad del Conocimiento y la Desigualdad Social.
Justo es concluir que la gestión capitalina del PRD durante 18 años no ha podido (o querido) abatir la pobreza que existía cuando asumió el mando político-administrativo de la ciudad y que, para poder alterar en algo la cifra histórica de la pobreza urbana, se recurra a la expulsión de población para decir que los números absolutos de pobres se han reducido.
La frase del PUEC no podría ser más siniestra: “Los intensos procesos de segregación residencial que opera en su territorio…”.
El gobierno capitalino opera con una personalidad bipolar, donde una parte de ella se dedica a la repartición de dinero, despensas y otros apoyos a los “seis de cada diez” capitalinos que recibe su apoyo, según reza orgullosa la publicidad oficial. Pero la otra parte del actuar oficial vela por el enriquecimiento de individuos y empresas, a expensas de la población en general, al permitir procesos de especulación con el valor del suelo, lo cual tiende, a la larga, a obligar a muchos de esos “más de 60% de pobres” a abandonar a la ciudad y buscar vivienda más barata en el Estado de México, principalmente. El instrumento para lograrlo es muy sencillo: el gobierno local “ajusta” los cobros del predial y agua, y opera como un mecanismo “invisible” para obligar a los pobladores que no pueden pagar las nuevas tarifas a vender o abandonar sus predios y emigrar fuera de la ciudad. Hay quienes se alegran con este proceso de “intensa segregación residencial”, pues lo describen como renovación y modernización urbanas, amén de las extraordinarias utilidades que les reporta.
La gran perdedora de este proceso es la ciudad en su conjunto. Representa el rompimiento de formas tradicionales de vida en colonias, barrios y pueblos que han resistido la desaparición de lazos comunitarios que han servido para dar fortaleza a las formas de vida de los pobladores. La ética y moral se transmitía, en parte, por las formas de asociación de las miles de comunidades existentes en toda la ciudad. También el combate a la inseguridad. Y la cultura de socialización constructiva. La destrucción de comunidades enteras deteriora ese tejido social.
El GDF-PRD no ataca la pobreza. Más bien impulsa un proyecto urbanístico de destrucción de la integridad de la comunidad entera en la Ciudad de México, alegando modernidad y calidad de vida. Pero, ¿para quiénes?
* Excelsior - Ricardo Pascoe - 19.1.15
Foto: mexicocity - destination360
Diez casos estrambóticos de despilfarro con dinero público
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Aunque los grandes despilfarros delictivos han sido las Obras públicas, como el Ave o las nuevas Autopistas, hay casos más pequeños que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que sumando y sumando suponen una importante cantidad. Entre ellos traemos aquí una macrodiscoteca, un atril regio, un parque acuático, una enorme bandera, una pista de esquí de secano, un pregón de fiestas, dos impresoras monstruosas, un gran reno de mimbre, un palacio sin congresos, etc.
"STRAMBOTIC* : En los últimos tiempos han salido a la luz casos de despilfarro público de todos los colores. Los nombres de los alcaldes dilapidadores más famosos se han ido mezclando poco a poco con los de esas ciudades a las que les costará quitarse el sambenito de derrochadoras. Pero no pienses solo en Valencia y en las catastróficas obras de Calatrava que salpican la geografía española. Hay mucho más casos por ahí y, de hecho, los del famoso arquitecto no son, ni de lejos, los más rocambolescos. Prepara la maleta y tu mandíbula, porque este viaje te dejará con la boca abierta.
UNA MACRODISCOTECA PARA 8.000 BAILONGOS
¿En qué se nos fue el dinero? En una macrodiscoteca en Burguillos. Con 6.600 habitantes, la localidad sevillana es una de las más endeudadas de España, lo que no le impidió a su ayuntamiento financiar esta meca del ocio nocturno con capacidad para 8.000 personas.
¿Cuánto costó? El Ayuntamiento de Burguillos se dejó 1,4 millones de euros.
BARNIZAR UN ATRIL REGIO
¿En qué se nos fue el dinero? En la proclamación de Felipe VI. El hijo del mejor cazador de elefantes de Botsuana llegó a la jefatura del Estado costándonos, nada más empezar en su nuevo puesto de trabajo, un buen dinero en cosas tan útiles como barnizar el atril del Congreso, comprar cordones y medallas para los miembros de las Mesas del Congreso y el Senado y adquirir un tapete para colocar sobre él la corona.
¿Cuánto costó? 132.036 euros. Este día nos sirvió a todos los españoles para aprender que el barnizado de un atril no es nada barato: nos dejamos más de 2.500 euros en ese asunto.
UN PARQUE ACUÁTICO DE SECANO
¿En qué se nos fue el dinero? En un parque acuático que ha terminado siendo un secarral. El proyecto de este oasis veraniego entre olivares fue abandonado en mitad de su construcción, después haber gastado una buena parte del presupuesto.
¿Cuánto costó? 8,6 millones de euros. Cuando se paralizaron las obras, se estimaba que serían necesarios aún algo más de 4 millones de euros más.
UNA BANDERA DE 4 ‘KILOS’
¿En qué se nos fue el dinero? En una bandera gigante de España colocada a la entrada de Ciempozuelos.
¿Cuánto costó? 22.000 euros, cuando el gasto de este útil producto suele rondar los 9.000 euros.
UNA PISTA DE ESQUÍ EN UN SECARRAL
¿En qué se nos fue el dinero? En Meseta Ski, un proyecto financiado por la Diputación de Valladolid y que el Tribunal Constitucional echó para atrás (una vez construido, eso sí). El complejo, situado en Tordesillas, estaba formado por una pista de nieve artificial rodeada de los edificios necesarios para darle actividad a este parque temático de la nieve rodeado de matorrales.
¿Cuánto costó? Doce millones de euros.
EL PREGÓN DE BUSTAMANTE
¿En qué se nos fue el dinero? En el bonito, emotivo e intenso pregón de 15 minutos que David Bustamante hizo en Elda en 2011 para anunciar las fiestas de la localidad alicantina.
¿Cuánto nos costó? Algo más de 15.000 euros: Bustamante se llevó unos mil euros por minuto.
DOS IMPRESORAS MONSTRUOSAS
¿En qué se nos fue el dinero? En dos impresoras monstruosas compradas por el Ayuntamiento de Jerez en 2007. La más grande de ellas, japonesa, pesaba 19 toneladas y medía 8 metros de largo, 3 de ancho y 2 de alto. ¿Para qué? Nunca se supo muy bien el uso al que iba a destinar el consistorio semejante mamotreto.
¿Cuánto nos costó? En total, 600.000 euros. La impresora más grande valía más de medio millón de euros.
UN PALACIO SIN CONGRESOS
¿En qué se nos fue el dinero? En el palacio de congresos de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Este municipio de 26.000 habitantes, tiene ya (después de dos años de retrasos) su palacio de congresos aunque, eso sí, sin actividad.
¿Cuánto nos costó? Más de 13 millones de euros.
COTILLEO REAL
¿En qué se nos fue el dinero? En contratar a una empresa que analice lo que se dice sobre la Casa Real en las redes sociales.
¿Cuánto nos costó? Más de 62.000.
UN RENO DE MIMBRE
¿En qué se nos fue el dinero? En un precioso reno de mimbre comprado por la Diputación de Málaga para darle ambiente navideño a la provincia de la Costa del Sol.
¿Cuánto nos costó? 7.000 euros. Si, un reno de mimbre de 7.000 euros.
* Público - Strambotic - 4.2.15
Foto: Villanueva de la Serena (Badajoz), palacio Congresos - publico
La justicia vuelve a anular la renovación y ampliación del estadio Santiago Bernabéu
Con el fútbol hemos topado y, más aún, con el todopoderoso Real Madrid del presidente Florentino Pérez. Aunque parezca mentira, ya es la segunda vez que los tribunales echan para atrás la compleja operación urbanística del nuevo estadio Bernabeu. Otro pelotazo más, nunca mejor dicho, que pretendía el empresario-constructor de ACS. En 2012 fue autorizada y aprobada por el gobierno de la Comunidad y el propio Ayuntamiento 'popular', a través de la inútil (como siempre) Comisión de Urbanismo, pero a instancias de Ecologistas en Acción que la consideró negativa urbanísticamente para la ciudad, ya fue aceptado un primer recurso. Ahora ha llegado el segundo, aunque habrá que esperar a ver el final.
"ELCONFIDENCIAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el acuerdo del 15 de noviembre de 2012, dictado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que aprobó la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que afecta al estadio Santiago Bernabéu, informa el club.
A través de un comunicado en su web, el Real Madrid señala: "A raíz de esta sentencia, el Real Madrid trabajará conjuntamente con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en la subsanación de aquellos aspectos que sean necesarios para hacer viable el proyecto de reforma del estadio Santiago Bernabéu".
El 15 de noviembre de 2012, el Gobierno madrileño autorizó la modificación puntual del Plan General de Urbanismo que iba a permitir la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, que incluía su cobertura total, la creación de nuevas zonas verdes y la implantación de usos terciarios en el frente del paseo de la Castellana.
Esta transformación urbanística, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid y que aquel día refrendó la Comunidad tras pasar por la Comisión de Urbanismo, iba a permitir además a la capital obtener a cambio nuevos terrenos para redes públicas en el barrio de Opañel, en una zona que actualmente está infradotada. En virtud de esa autorización el Real Madrid iba a poder ampliar su estadio, incrementar su altura y cubrirlo por completo.
El proyecto de transformación arquitectónica del coliseo blanco contribuiría a la mejora del entorno urbano del estadio gracias a la creación de nuevas zonas verdes en el espacio que actualmente ocupa "La Esquina del Bernabéu". La demolición sobre rasante de este edificio, además de habilitar nuevas áreas al servicio de la población, permitiría ampliar el aparcamiento en el subsuelo.
En agosto del año pasado, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya aceptó un recurso de Ecologistas en Acción contra la permuta de terrenos del Ayuntamiento hacia el Real Madrid en la operación ‘Opañel-Bernabéu’, paralizando temporalmente la remodelación y ampliación del nuevo estadio.
* El Confidencial - 10.2.15
Foto: Nuevo estadio Bernabeu - EFE
2.000 vecinos de Castellar-Oliveral protestan contra el PGOU de Valencia
Como pasa siempre antes de unas elecciones, los políticos de turno se apresuran a aprobar sus planes urbanísticos, por más que estos sean contestados mayoritariamente por la ciudadanía. En Valencia, la alcaldesa 'popular' Rita Barberá tiene amplia experiencia en hacer lo que le viene en gana a pesar de que lo que digan los vecinos y de que, como en la pedanía de Castellar-Oliveral, salgan a la calle a protestar por un Plan que efectúa una reclasificación de la huerta protegida para la ampliación de dos autovías.
"ELPAÍS* : Unas 2.000 personas se han manifestado este sábado en la pedanía de Castellar-Oliveral contra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que el Gobierno local de Rita Barberá se propone sacar adelante antes de las elecciones municipales de mayo. La asociación de vecinos se opone a la nueva planificación porque destruye huerta protegida.
El plan general incluye una reserva de suelo para la posible ampliación de las autovías V-30 y V-31, así como la construcción de un ramal del tranvia de FGV que llegaría desde Pinedo, otra de las pedanías de Valencia, y que atravesaría el casco histórico de Castellar-Oliveral.
La asociación se ha movilizado para presentar alegaciones y se ha unido a la plataforma Per l'Horta, que ha reunido apoyos en amplios sectores ciudadanos contra la reclasificación de 415 hectáreas de huerta, según el Ayuntamiento, -la oposición las eleva a 700 hectáreas- para la construcción de 17.000 nuevas casas.
La manifestación ha salido a las once de la mañana de la plaza de Castellar y se ha organizado además una marcha en bicicleta que ha salido a las 10 de la Ciutat de les Arts i les Ciències para mostrar su rechazo al nuevo planeamiento urbanístico.
Por otro lado, los representantes del PSPV, Compromís y EU en el Consejo Agrario Local de Valencia han solicitado por registro de entrada la convocatoria extraordinaria para presentar alegaciones a la revisión del PGOU, sobre todo por la destrucción de terreno agrícola de huerta que está en producción. "La agricultura de proximidad se ha convertido en un sector refugio en la coyuntura económica actual, además de que existen decenas de miles de viviendas vacíos y parcelas para urbanizar dentro de los planes urbanizadores fracasados", añaden.
Más campus politécnico a costa de la huerta
El portavoz del grupo de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, ha exigido este sábado la retirada de la ampliación del campus de la Universitat Politècnica de València (UPV) con el fin de proteger "la poca huerta que queda" en el norte de la ciudad.
El concejal solicitará una reunión con el rector de la UPV para trasladarle esta petición y apelar "al sentido científico" para ahondar en la protección del entorno medioambiental, ha explicado en un comunicado.
Ha calificado de "vergüenza" que sea precisamente una universidad "la que vaya a encabezar la agresión más brutal contra el principal entorno medioambiental de nuestra ciudad", y propone la expansión "pero no a costa de la huerta" si no rehabilitando barrios como el Cabanyal o a través de otras fórmulas como la de la Universitat de València, que no tiene un único campus.
A su juicio, "no hay ninguna justificación ni necesidad de hacerla para llegar a una previsión de cerca de 850.000 habitantes y, por tanto, volvemos a insistir en que es una idea ya equivocada en 2007 pero injustificada en 2014".
Ha señalado que el Plan de Acción Territorial de Protección de la huerta de Valencia aún no ha sido aprobado.
* El País - Cristina Vázquez - 7.2.15
Foto: Vecinos de la pedanía de Castellar-Oliveral protestan contra la revisión del PGOU - elpais
Condenada la trama corrupta política de Lanzarote, con el expresidente del Cabildo a la cabeza
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La enorme trama de corrupción en Lanzarote sigue dando resultados judiciales. En un aparte del caso Unión continúan cayendo nuevas sentencias, así al expresidente del Cabildo y fundador del Partido Independiente de Lanzarote, Dimas Martín, le han condenado a 5 años de cárcel y otros siete años para el entonces viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez-Batllori por delitos como malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil. Es de suponer que el asunto no terminará aquí, sino que seguirá la investigación de la trama corrupta.
"PÚBLICO* : El nombre del caso, Unión, no se refiere a la unión de personas o de tramas, sino al de una céntrica cafetería de Lanzarote donde se citaban políticos y empresarios y circulaban maletines de hasta 100.000 euros en una trama corrupta desbaratada por la Guardia Civil en 2009 y que llevó a la cárcel al expresidente del Cabildo y fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín.
Este miércoles se ha conocido la primera condena de este caso y que supone cinco años de cárcel para Dimas Martín y otros siete años para el entonces viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez-Batllori por delitos como malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil, entre otros.
Esta condena se refiere a una pieza que se separó del sumario Unión para dilucidar si el responsable de Justicia de Canarias Rodríguez Batllori cobró dinero del Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa pública de aguas Inalsa por trabajos que nunca se realizaron y que, en realidad, encubrían el pago de sus gestiones para conseguir el tercer grado a Dimas Martín, que ya se encontraba en la cárcel.
La sentencia no deja lugar a dudas y condena a todos los acusados.
En concreto, la Audiencia Provincial de Las Palmas condena a Dimas Martin por prevaricación y un delito continuado de malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Arrecife a 5 años, 6 meses y 22 días de prisión y 10 años y 10 meses de inhabilitación absoluta.
Además, también se le considera culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos de la entidad Inalsa, así como de prevaricación; por lo que se le impone una condena adicional de dos años, nueve meses y veintidós días de prisión, y cinco años y cinco meses de inhabilitación absoluta.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas también condena a Rodríguez-Batllori Sánchez por un delito continuado de malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Arrecife en concurso con un delito continuado de prevaricación a las penas de dos años, nueve meses y quince días de prisión e inhabilitación absoluta por espacio de cinco años".
Sobre el caso de Inalsa, también lo considera culpable y le condena a dos años, nueve meses y quince días de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta. Asimismo, también es culpable para la Audiencia del delito de falsificación en documento mercantil y le impone penas de un año y nueve meses de prisión, y multa de nueve meses, con una cuota diaria de doce euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas.
La sala también ha condenado a dos concejales de Arrecife por esta malversación de caudales públicos y prevaricación. En concreto a la entonces concejal de recursos humanos, María Luisa Blanco (cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta) y al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez Sánchez (un año de prisión e inhabilitación de 3 años).
La Audiencia también condena a los responsables de la empresa pública Inalsa de aquella época. La entonces consejera, Plácida Guerra, y su gerente, Rafael Elorrieta Larrea, reciben penas cada uno de 5 años de prisión y 9 de inhabilitación absoluta.
Indemnizaciones
La sentencia también fija una indemnización de casi 20.000 euros de capital, más los intereses legales, en favor del ayuntamiento de Arrecife y que deberán pagar Martín, Rodríguez-Batllori, así como los exconcejales Rodríguez y Blanco.
También se deberá indemnizar a la empresa pública Inalsa con más de 26.000 euros de capital, más los intereses devengados, a pagar entre Martín, Rodríguez-Batllori, Plácida Guerra y Rafael Elorrieta.
La sentencia ordena deducir testimonio de la declaración durante el juicio realizada por el testigo Roberto Acuña Armas, que fue asesor de Inalsa, por un presunto delito de falso testimonio. Para ello, se abrirá una investigación judicial con las grabaciones del juicio y las actas con el fin de aclarar si Acuña mintió al tribunal.
* Público - agencias - 4.2.15
Foto: Arrecife (Lanzarote), cabildo - lanzarote
El mapa de los horrores urbanísticos de Madrid, el otro legado de Ana Botella
El urbanismo actual de la capital es un horror urbanístico que ha caído en manos de especuladores especializados que, poco a poco, van privatizando la ciudad y adaptándola a sus fines económicos más degradantes. Es fácil distinguirlo en cualquier actividad urbana, desde las líneas de metro hasta los nuevos complejos financieros o de ocio. Ante esta especulación urbanística generalizada hay colectivos que llevan trabajando bastante tiempo en lograr un Plan General municipal más equilibrado. Así la Plataforma 'No a Este Plan Urbanístico' pone negro sobre blanco las corruptas operaciones del Ayuntamiento de la ciudad.
"ELBOLETÍN* : La demolición del edificio España; la operación Mahou-Calderón; la operación Campamento; la recalificación de las cocheras del Metro de Ventas, Cuatro Caminos y Plaza de Castilla; el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, la venta de viviendas públicas a fondos buitre o la quinta de Torre Arias... son algunas de las “decenas de aberraciones urbanísticas cometidas en la capital “ que han recopilado las organizaciones que forman parte de la Plataforma 'No a Este Plan Urbanístico'.
Con dichos horrores urbanísticos se ha elaborado un mapa, un documento gráfico donde se sitúan todas estas actuaciones y se incluye una breve descripción, que se dará a conocer ala opinión pública en el Ateneo de Madrid.
Los colectivos que forman parte de la Plataforma 'No a este plan urbanístico' llevan ya muchos meses denunciando el gran número de operaciones urbanísticas que se están poniendo en marcha en este periodo preelectoral, “muchas de ellas hechas de espaldas a los ciudadanos, sin ningún consenso ni información, y sin que supongan beneficios para la ciudad sino todo lo contrario, pues responden en su mayoría a intereses exclusivamente privados, y de hecho privatizan una gran cantidad de suelo y edificios públicos”.
Una hipoteca preelectoral
Según ha explicado en reiteradas ocasiones “Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, colectivo que forma parte dicha plataforma, lo que se está haciendo es “una forma de puentear ese nuevo Plan General cuya aprobación se está haciendo imposible por cuestión de fechas, y una manera de hipotecar el futuro de Madrid ante la posibilidad de que se produzca un cambio de gobierno tras las próximas elecciones municipales”.
Denuncian desde la Plataforma No a Este Plan Urbanístico “la tramitación oscura y apresurada” que se ha hecho por ejemplo en el caso de la aprobación Definitiva del Plan Parcial de Reforma Interior de la Operación Mahou-Calderón y la Aprobación Provisional de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el Edificio España.
Como ejemplo, dice que “en la operación Mahou-Calderón se permite a los promotores construir ingentes rascacielos de viviendas en un barrio que sufre un déficit histórico de servicios públicos” , denunciando que “para el vecindario del entorno representa una pérdida irreparable de calidad de vida en el barrio y para muchos ciudadanos de Madrid resulta una contribución bochornosa al catálogo de desaciertos urbanísticos y especulativos que pueblan la ciudad”.
* El Boletín - 4.2.15
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
Las nuevas ciudades de los ricos
El urbanista Bernardo Secchi describe en su obra póstuma cómo el aumento de la desigualdad se percibe en el incremento de las urbanizaciones privadas. Tanto en Brasil como en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Venezuela o en Argentina, obviamente viven los ricos: la gated community es su capital espacial, lo que los distingue del resto de la población. La gated community es la negación de la ciudad, pero se convierte, junto a las favelas y los barrios pobres que inevitablemente las acompañan, en representación espacial de las características de la nueva sociedad y de su política de distinción o, en otros términos, de inclusión/exclusión.
"BERNARDO SECCHI* : A medida que el grupo de los ricos se vuelve, en sentido relativo, más pequeño y la distancia con los pobres aumenta, a las políticas de identificación y reconocimiento se unen las de separación y exclusión. Los ricos barrios residenciales del París de la Tercera República, del Londres victoriano, de la Viena fin de siècle, o del Milán de Beruto eran y son aún bien distintos de una gated community [urbanización privada].
Europa tiene una larga historia de ciudad y en la complejidad del palimpsesto del territorio europeo muchos aspectos de nuestro mundo y de su posible futuro se manifiestan desenfocados, confusos y más difíciles de reconocer. Un viaje a lo largo del continente americano, en el cual la condición social ha tenido siempre un papel menor que en Europa, puede, sin embargo, enseñarnos muchas cosas.
Si desde Canadá nos movemos hacia el sur, a través de Estados Unidos, México, los países de América Central, Brasil y Argentina, nos damos cuenta del progresivo aumento de la frecuencia y de la creciente transformación de las razones y el carácter de las gated communities. Algunas ciudades del Centro y Sudamérica se han convertido en representación clara del resultado de procesos de distinción y de exclusión/inclusión social.
En Brasil, por ejemplo, la compañía americana Alphaville ha construido y está construyendo algunas decenas de condominios fechados de grandes dimensiones, verdaderas y exclusivas ciudades nuevas con una población que puede superar en algún caso los 100.000 habitantes. En Argentina, en el área de Buenos Aires, al comienzo del siglo XX podían contarse cerca de 450 condominios cerrados, cada uno con su propio nombre.
El modelo urbanístico de referencia más frecuente es el del new urbanism nacido en Estados Unidos en los años ochenta y que ya en Peter Calthorpe, su ideólogo y propulsor, se mostraba del todo coherente —excepto en el lenguaje urbano— con la carta fundacional de la arquitectura y del urbanismo del Movimiento Moderno, esto es, con la Carta de Atenas, de la que se hacía una relectura a la luz de criterios estéticos que es inevitable señalar como “populistas”, aunque reconvertidos para clases medias altas. En los años noventa una versión más avanzada del new urbanism se apropia de las nuevas “teorías” ecológicas. Las smart cities estadounidenses, como las Alphaville brasileñas, las utilizan dentro de una gran retórica de marketing en la cual el tema de la seguridad, de una parte, y el de la calidad ambiental, de otra, se vuelven los pilares de la construcción de una nueva sociedad.
En 1996, se estimaba en 10 millones los ciudadanos estadounidenses que vivían en 20.000 gated communities
Dentro de estas ciudades, tanto en Brasil como en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Venezuela o en Argentina, obviamente viven los ricos: la gated community es su capital espacial, lo que los distingue del resto de la población. Entran por cooptación familias e individuos dotados —por usar una vez más las palabras de Pierre Bordieu— de elevado capital económico y/o cultural, y/o social; de rentas elevadas, y/o de elevado nivel de educación y profesionalidad, y/o de una red de relaciones sociales con los más altos grados del poder. Es notorio el caso del rechazo de una gated community argentina a aceptar la candidatura del más famoso futbolista del país.
La cooptación en los diferentes círculos, clubes y asociaciones es, por lo demás, en todo el mundo occidental y hace tiempo, el procedimiento utilizado por las clases superiores para reconocerse y encontrar, directa o indirectamente, adhesión y complicidad. Un procedimiento articulado y complejo que confía en el proyecto educativo de los jóvenes en los rallyes, en la asistencia a determinadas escuelas, en la participación en las fiestas organizadas en los diversos círculos y clubes. Los grupos emergentes que habitan en las gated communities adaptan su propio estilo de vida, su propia renta y su propio estatus al de sus homólogos, ya vivan estos en los beaux quartiers de Nueva York, o en Los Ángeles o en París, o en otras gated communities distribuidas por el mundo. Los pobres, desocupados o que llevan a cabo los trabajos más humildes de manutención y limpieza de las casas, de los jardines, de las calles y de las piscinas del club, viven en favelas o en áreas situadas a menudo en el entorno inmediato de la gated community. La burguesía parisina de la Tercera República construía les chambres de bonne en las buhardillas.
No existen evaluaciones globales —y la cosa no debe extrañar— de los que viven en las gated communities. Edward Blakely y Mary Gail Snyder, en 1996, estimaban en cerca de 10 millones los ciudadanos estadounidenses que vivían en 20.000 gated communities. En 2001, Thomas Sánchez y Robert Lang, con una evaluación más ajustada, contabilizaban en casi siete millones las familias (cerca del 5,9% de las familias estadounidenses) que vivían en comunidades encerradas por muros y en otros cuatro millones las que vivían en comunidades con diversos tipos de control de acceso. En total, en 2001, al menos 16 millones de personas vivían en Estados Unidos, dentro de gated communities.
La gated community es la negación de la ciudad, pero se convierte, junto a las favelas y los barrios pobres que inevitablemente las acompañan, en representación espacial de las características de la nueva sociedad y de su política de distinción o, en otros términos, de inclusión/exclusión. Pero la gated community, como de forma más discreta el círculo, el club o los impenetrables beau quartiers y de manera más ambigua y adornada los numerosos eco-barrios europeos, es algo más: es un estado de suspensión del orden jurídico-institucional del Estado al que pertenece; es lugar de nuevas y específicas formas de gobernanza construida ad hoc y aceptada en un pacto de mutuo acuerdo por sus habitantes; es Estado dentro del Estado.
Los aspectos jurídico-institucionales de la gated community son tan importantes como los físico-espaciales.
Naturalmente, el mundo de las gated communities, y más en general de la ciudad de los ricos, es muy variado y su importancia y composición social cambia según la estructura social de los diversos países y de las diversas áreas metropolitanas en las cuales se inserta. Entre las gated communities argentinas y el barrio bobo o el barrio exclusivo parisino hay profundas diferencias que no pueden infravalorarse. Papel, extensión y dinámica de las clases medias son en todo caso variables importantes para determinar su estructura y desarrollo.
La gated community se convierte en representación espacial de las características de la nueva sociedad
Lo que resulta interesante observar en las diversas situaciones es, por ejemplo, cómo opera exactamente la política de distinción sobre las clases medias: una parte es absorbida e incluida dentro de los estratos más ricos y/o potentes de la sociedad, se apropia de un capital espacial específico y queda incluida en la gated community; otra, bastante más amplia, es gradualmente excluida y arrastrada hacia una progresiva pobreza. La ciudad y el territorio construidos por la ciudad de los ricos son cada vez más “distinguidos” y fragmentados.
La búsqueda paciente de muchos arquitectos y urbanistas durante todo el siglo XX ha intentado, sobre todo en Europa, hacer que las distancias en la calidad del espacio usado por cualquier grupo social, dentro y fuera de la propia vivienda, fuesen menores que las que había entre los respectivos niveles de renta y de poder. Pero en los últimos decenios del siglo XX, en un periodo de progresivo crecimiento numérico y de centralidad política de las clases medias y del desmantelamiento del Estado del bienestar, el espacio habitado por diversos grupos sociales se ha vuelto a separar y divergir en sus aspectos fundamentales, alimentando las políticas y los comportamientos generadores de exclusión.
* El País - Bernardo Secchi - 1.2.15
Foto: Nordelta, una urbanización privada cercana a Buenos Aires. / RICARDO CEPPI
Sobre smart cities, ciudadanos inteligentes y candidatos en bici
Hay conceptos que se ponen de moda entre los urbanistas, sin saber muy bien a qué se están refiriendo, así ocurre de un tiempo a esta parte con las 'smart cities' o 'ciudades inteligentes'. A veces van a asociadas a la tecnología, otras a la sostenibilidad, pero no hay una definición clara al respecto. Incluso, sobre quién lidera esos nuevos procesos, en el que son los municipios o gobiernos municipales los que pretenden hacerlo, pero también es la propia ciudadanía la que los impulsa. La cuestión es si puede haber ciudades inteligentes sin contar con la inteligencia ciudadana para concebirlas, gestionarlas y vivirlas.
"ELDIARIO* : Algo le pasa a un concepto cuando lleva años dando vueltas y no se tiene claro su significado. Smart city, por ejemplo. De un tiempo a esta parte, no hay ciudad que no se apunte al carro smart pero nadie es capaz de explicar, ni siquiera Wikipedia, una definición convincente que incluya, además, los beneficios al ciudadano que se suponen a toda novedad en materia de renovación urbana.
Además, aplicar a este tipo de sustantivos el adjetivo inteligente —tal es la traducción de smart— da un poco de repelús. O al menos a mí, que nunca supe si bailaba techno inteligente o techno cazurro o si me reía con el humor inteligente o con el zoquete, pero supongo que eso es otro tema… El caso, volviendo a lo nuestro, es que en estos últimos días he leído o vivido tres escenas que me han dado para una reflexión. Y aquí va el paquete:
Escena 1, la semana pasada en Davos. Allí donde los queridos líderes se reúnen para jugar al mus y hablar de sus cosas que son las nuestras, un conciliábulo llamado Comisión Global para la Economía y el Clima, presentó unas cuantas conclusiones a los delegados asistentes. Lo hizo el ex presidente de México y capataz de dicha comisión, Felipe Calderón, con Al Gore, ex vice de Estados Unidos y salsa de todos los platos eco. Y lo que dijeron fue lo siguiente: “No podemos mantener ciudades diseñadas para el uso del coche. Recomendamos a las ciudades que aumenten su densidad y fomenten el uso del transporte público”. Y añadieron que había que pensar muy bien el dineral a invertir en los próximos 15 años —80 billones de euros— en ciudades en el mundo y que, como el 75% de la infraestructuras que estarán en funcionamiento para entonces aún no está ni diseñado, las decisiones que se tomen ahora repercutirán mucho en el futuro. Por supuesto, salió el concepto smart city, relacionado con otros como eficiencia y prosperidad pero, que yo haya visto, el acento no sobrevolaba por la palabra ciudadanía.
Escena 2, en esos mismos días, en Santander. Se celebraba una sesión especial del sarao llamado llamado Live In A Living City y subtitulado como Foro Internacional de la Ciudad Inteligente Humana. Allí estaba yo, de oyente, para tratar de enterarme por dónde va ahora lo smart y allí escuché a alcaldes y adjuntos al alcalde de ciudades de todo el mundo —Santander, claro, pero también Lorca, París, Braganza (Portugal), Santa Fé (Argentina) y Medellín (Colombia)—, arquitectos —muy interesantes los proyectos presentados a velocidad de cohete por Carmen Santana, de Archikubik—, urbanistas y todo tipo de gurús de la materia. Y oí cosas como que, efectivamente, “las ciudades están en el centro de la agenda mundial que se está tratando en Davos (lo dijo desde allí Carlo Ratti, de MIT). Que el objetivo común es que “el mundo esté formado por ciudades para la vida” (un puntito para Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín). Que “determinadas visiones de la ciudad consideran al ciudadano como un ciudadano pixel, un punto de una pantalla y nada más” y que “con la participación se hace mucha demagogia; se considera participación sólo como electoral, cuando puede ser permanente” (jugoso el diálogo entre Pablo Sánchez Chillón y Carlos E. Jiménez). Que “cambio, conexión y comunicación es lo que ocurre siempre en una ciudad, en las smart y en las de hace 500 años” y que “la tecnología está para servir al ciudadano, no al revés” (certera visión la de Michel Sudarskis, Secretario General del INTA). Que las “ smart cities empezaron con grandes empresas tratando de vender su tecnología a las grandes urbes, luego fueron las administraciones las que quisieron guiar esos procesos y ahora es la ciudadanía la que está empujando para no sólo ser cliente de la ciudad inteligente sino codesarrollador” y que “las ciudades que se están empezando a gestionar de abajo a arriba tendrán más éxito en el futuro” (un fuerte aplauso para Boyd Cohen, experto en estrategia urbana y climática y profesor de la Universidad del Desarrollo de Chile).
Escena 3, en estos días inciertos, en Madrid. El Antonio Carmona que no cantaba en Ketama ha dicho que quiere bajar las multas de tráfico y de aparcamiento porque “es de sentido común”. El candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, en esas mismas declaraciones, ha añadido que quiere luchar contra la contaminación y reordenar el tráfico mediante aparcamientos disuasorios, transporte público sostenible y una peatonalización que, eso sí, será “poco a poco”. Incluso ha tenido tiempo para terminar de adornar la paradoja prometiendo que va a hacer todo eso y mucho más —llenar la ciudad de cultura y limpiar las calles, por ejemplo— bajando impuestos. Días después, se ha dado una vuelta en bici por la ciudad disfrazado de algo y ha culminado su semana Dadá con unas lustrosas vaguedades sobre BiciMAD y la bici en nuestra ciudad y sin mencionar el programa de movilidad mucho más serio y competente que ha hecho la gente y que se le hizo llegar. De momento, y que se sepa, nadie le ha llamado populista.
La reflexión, ahora mismo, en el teclado de mi ordenador. Es posible que hagan falta ciudades inteligentes, pero no necesariamente esto pasa por llenarlas de tecnologías varias. De hecho, lo que necesitamos de verdad es mejores ciudades, ciudades pensadas por y para las personas y no por y para los poderes económicos, ya sean inmobiliarios, bancarios, tecnológicos o automovilísticos. Y, para ello, quizás sí que tengamos que convertirnos en ciudadanos más inteligentes. En la capital del reino, por ejemplo, tendremos que poner un poquito de coherencia y criterio en este desaguisado que es el Madrid de unos y otros pero no el nuestro.
* El Diario - Pedro Bravo - 31.1.15
Foto: Smart cities - eldiario
