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El faraónico proyecto de casinos de BCN World que, con apoyo de la Generalitat catalana, se preveía realizar junto al actual parque de ocio de Port Aventura en Tarragona, parece que se viene abajo como un castillo de naipes. Al igual que pasara con Euroworld en los alrededores de Madrid, solamente se mantiene 'de boquilla' por efecto de las próximas elecciones políticas, pero el fracaso es evidente, como demuestran numerosos signos en plena crisis económica que afecta a todas las Comunidades autonómicas.
"ELCONFIDENCIAL* : La Generalitat asegura que el proyecto de ocio y casinos de BCN World en Tarragona está más vivo que nunca. Lo mismo mantiene Veremonte, el holding inversor del promotor Enrique Bañuelos. En el entorno de la Administración catalana incluso se fantasea con dar un pelotazo a favor de las arcas públicas, ya que se ha firmado una opción de compra con La Caixa por los terrenos donde se tienen que levantar seis hoteles y casinos por “sólo” 110 millones.
Sin embargo, la realidad es mucho más sangrante. Y hay como mínimo cinco signos que apuntan a que el proyecto, como pasó en su día con Eurovegas en Madrid, está más muerto que vivo, y que se mantiene su ficción sólo por el interés electoral. Artur Mas y CiU no quieren reconocer un fracaso a un año de las elecciones y pretenden evitar que el fiasco de BCN World se convierta en un argumento de las fuerzas políticas contrarias a la independencia, en el sentido de que los inversores extranjeros huyen del proyecto político de Mas. Ciertamente, el aciago final de BCN World tiene poco o nada que ver con la tensión soberanista en Cataluña, pero lo que lo convierte en una cuestión política es el empecinamiento de la Generalitat en negar el revés. Y estas son algunas de las pistas que dejan al descubierto que el rey está desnudo.
1. La imposibilidad de financiar suelo en España
Pese a la voluntad de sus promotores de vender el proyecto como una operación de turismo intercontinental –traer chinos de Asia para que jueguen en el Mediterráneo–, en origen BCN World es una operación de suelo. Pero no hay financiación para el suelo en España. Se ha abierto el grifo para la promoción, pero sólo si ya se es propietario del suelo. La banca española no acepta solares como parte de la garantía y la extranjera no se ha mostrado interesada en jugar. Bañuelos consiguió inversores, sí. Pero bajo la premisa de que los terrenos los aportaba su grupo, Veremonte, comprándolos a La Caixa, un principio que no ha sido posible cumplir.
2. La falta de tamaño de Veremonte
Veremonte no da mucha información sobre sus finanzas. Ninguna, en realidad. Pero ha quedado claro que el proyecto le venía grande. Podía poner unos 125 millones entre fondos propios o de inversores asociados, pero no los 377 que le costaba comprar el suelo en Tarragona, junto al parque de atracciones Port Aventura. Si lo unimos con la primera pista, blanco y en botella: Bañuelos tenía el arrojo pero a veces, en grandes complejos como este, hace falta pulmón financiero.
3. La oposición de ERC
Sea primera o segunda fuerza política, ERC será la formación clave en la próxima legislatura. ¿Y cuál es una de las exigencias que ha puesto sobre la mesa para negociar los Presupuestos con CiU? Retirar las ayudas a los casinos que aprobó la Cámara catalana para que Bañuelos sacase adelante su megacomplejo. El Parlament rebajó al 10% la tasa de la Ley del Juego cuando antes estaba en el 55%. Ahora la formación de Oriol Junqueras quiere dar marcha atrás. Y Junqueras es un pragmático. Si hace tres años abogaba por cerrar las nucleares, en la actualidad el líder de ERC obvia el tema, consciente de que una Cataluña independiente que quiera energía barata necesitará las centrales nucleares operativas. Si los republicanos quieren dar marcha atrás en las ayudas a los casinos, es que ven BCN World sin ningún futuro.
4. La desaparición de la subestación eléctrica
Otra pista que apunta a la muerte de BCN World por mucho que la niegue la Generalitat es la planificación eléctrica aprobada por el Gobierno para el período 2015-2020. En ella la subestación eléctrica que debía alimentar BCN World ha desaparecido. Teniendo en cuenta que el complejo de casinos ubicado junto a Port Aventura iba a crear un polo de gran consumo en el sur de Tarragona, todo apunta en la nula fe en el proyecto que tiene el Ministerio de Industria.
5. El mutis por el foro de Santi Vila
Oficialmente es el Incasol el organismo público que asume la gestión del proyecto. Pero el conseller del que depende, Santi Vila, de Territorio y Sostenibilidad, ni ha abierto la boca sobre la gran inversión extranjera en Cataluña –4.500 millones–. Fue el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, quien dio la cara por este asunto en una improvisada comparecencia. Es como si Vila hubiese pensado que ya había tenido bastante con comerse el marrón de ATLL, en cuyo origen no tiene nada que ver, para encima tener que justificar lo injustificable.
* El Confidencial - Marcos Lamelas - 30.12.14
Foto: BCN World (Tarragona), proyecto - confidencial
Las cinco claves ocultas que delatan por qué BCN World es un proyecto zombi
Madrid.- La alta velocidad entre Chamartín y Atocha arrastra tres años de retraso
Es otro disparate más del proyecto del AVE en este país, que no tiene pies ni cabeza. Si después de haber despilfarrado delictivamente miles de millones de euros en una red en su mayor parte inútil y errónea, con unas nuevas líneas centralistas, resulta que no se culmina el intercambio norte-sur en Madrid y, por tanto, la necesidad de hacer transbordo en la capital hace imposible el proyecto de supuesta mejora del trazado. Es como ocurre en la falta de unión con la red francesa, ya que en el país vecino, más inteligentes, han decidido no invertir en líneas no competitivas económicamente. Es decir, aquí se sigue ejecutando el AVE hasta sobrepasar pronto los 4.000 km de líneas sin sentido, algo que supone un claro delito del que deberían dar cuenta ya las autoridades de Fomento.
"ELPAÍS* : España dispone de la segunda mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo, con 3.100 kilómetros, de momento. Solo por detrás de China. Sin embargo, la conexión directa, sin transbordos, entre Norte y Sur con Madrid como nudo neurálgico de comunicaciones, hoy por hoy no existe. Pese a una inversión global de más de 45.000 millones de euros, viajar por ejemplo de Málaga a Valladolid a 300 kilómetros por hora, sin cambiar de AVE y de estación, no es posible.
Y así lo seguirá siendo. Al menos, un año más, por la demora en la finalización del túnel exclusivo para la alta velocidad entre Atocha y Chamartín: el estreno del enlace, previsto para 2012 y que permitiría circular de una punta a otra del país sin detenerse en la capital, cumplirá en 2015 el tercer año de demora.
“El túnel se terminó de perforar en 2011, y es muy lamentable que cuatro años después aún no esté en servicio. La conexión AVE entre Atocha y Chamartín multiplicaría las posibilidades de conectividad entre las mitades norte y sur de la península”, lamenta Rafael Simancas, diputado del PSOE en el Congreso.
El objetivo de la infraestructura —terminada de horadar en febrero de 2011 por la tuneladora Gran Vía, en un acto al que asistieron José Blanco, ministro de Fomento; Esperanza Aguirre, presidenta regional; Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid— es unir las líneas de alta velocidad del noroeste de España (las que finalizan en Chamartín) con las que unen la capital con Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla, con origen y llegada en Atocha. Con ello se pretendía mejorar, además de posibilitar los servicios directos Norte-Sur, la rotación de los trenes y la explotación de la red.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España (Adif), entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento, asegura que “a principios del próximo año” se licitarán las obras para finalizar el proyecto, con entre 30 y 50 metros de profundidad en sus tramos más hondos. En concreto, para la electrificación (catenaria e instalaciones asociadas) y señalización del túnel, que a la espera de una solución permanece con las bocas de sus dos extremos tapiadas, según fuentes de la Administración autonómica. Adif, que en 2013 justificó los retrasos por las “actuales dificultades presupuestarias”, prefiere no comprometerse y elude dar una fecha exacta: ya afirmó en su momento que el túnel se inauguraría en 2014. “No hay un plazo para la puesta en servicio, desconocemos la estimación de la duración de la obra”, se muestran prudentes en el ente público, donde no descartan que el túnel entre las dos estaciones de AVE en Madrid —pasa bajo más de 500 edificios— no esté operativo hasta 2016. Otras fuentes alargan el plazo incluso hasta 2018, con seis años de retraso sobre la fecha prevista.
En principio, la obra estaba presupuestada en 356 millones, de los que, observaba Adif hace un año, ya se habían ejecutado más de 280 para construir el túnel de 7,3 kilómetros de longitud, la plataforma y la colocación de la vía. El coste de las obras por realizar sería de unos 100 millones, calculan en Adif (en los presupuestos generales del Estado para 2015 hay una partida de 38 millones para la obra). Entre las tareas pendientes se tiene que construir una vía entre Atocha y Torrejón de Velasco. El motivo es que en la actualidad los convoyes que conectan con Levante y Andalucía comparten la misma salida y llegada a Madrid. “Con las vías adicionales se incrementará la capacidad del servicio y se evitarán embudos logísticos”, explican en Adif.
La apertura del túnel, mejoraría el flujo entre Norte y Sur pero, al menos a corto plazo en el mejor de los casos, solo permitiría que los trenes se parasen en Chamartín a su paso por Madrid. “Atocha no cuenta de momento con una estación pasante, habría que hacerla”, reconoce el Gobierno de Mariano Rajoy. “Que solo se dé servicio en Chamartín sería un parche”, critica Simancas.
La Comunidad, al igual que el Estado gobernada por el PP, ha exigido en los últimos meses que el AVE llegue también al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas para “reforzar la interconexión entre ambos medios de transporte y potenciar el papel” de Barajas como “gran hub” o nudo de comunicaciones internacional con vuelos de larga distancia.
Para ello habría que hacer obras de adaptación de la línea entre Chamartín y la Terminal 4, valoradas en unos 50 millones por Fomento. “La plataforma está preparada y sólo tendrían que tenderse la vía y la catenaria”, explica el Ejecutivo de Ignacio González. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a dar también 2012 como el año en que el AVE llegaría a Barajas.
* El País - JOSÉ MARCOS - 29.12.14
Foto: La tuneladora Gran Vía rompe el último trozo de túnel hasta alcanzar las inmediaciones de Atocha, en febrero de 2011. / LUIS SEVILLANO
Arona concedió 131 licencias urbanísticas de supuesta ilegalidad
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El urbanismo en el municipio turístico de Arona (Tenerife) lleva largos años de ilegalidades sucesivas, casi siempre bajo el mandato en el Ayuntamiento del partido Coalición Canaria. La lista de irregularidades cometidas es enorme, tanto es así que la justicia ha debido repartirlos entre el llamado caso 'Arona 1' y el 'Arona 2'. En este último hay una veintena de imputados que intervinieron en la concesión de ilegales licencias municipales bajo mandato del alcalde JA.González, entre 2006 y 2011. Pero no es de recibo que la justicia haya tardado tanto tiempo en la instrucción del caso, cuando además, todavía no hay fecha señalada para el juicio. Un asunto evidente de negligencia.
"ELDÍA* : En el marco del conocido como caso Arona 2, el Juez de refuerzo del Juzgado de 1ª Instancia nº4 imputa a 20 personas por haber participado en la aprobación de numerosas licencias urbanísticas contraviniendo los trámites legales o reglamentarios. Concretamente, el listado que incluye su señoría en el auto que emitió el 24 de noviembre pasado incluye 131 licencias.
Todas ellas fueron aprobadas entre el 15 de diciembre de 2006 y el 20 de mayo de 2011 en el transcurso de 66 sesiones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona, si bien las mismas tuvieron lugar en mandatos diferentes aunque con el mismo alcalde, José Alberto González.
El 27 de mayo de 2007 se celebraron elecciones municipales, obteniendo entonces CC la mayoría absoluta. Entre el 15 de diciembre y ese día, la Junta de Gobierno Local se reunió en 19 ocasiones y el juez investiga 42 licencias de las que 31 se corresponden con obra mayor y todas ellas cuenta con "informe del servicio de Urbanismo desfavorable".
Pero además de ese reparo, en el cómputo de las 131 licencias urbanísticas objeto de la causa judicial también se refleja que hay casos en los que se aprobaron las licencias "sin constar que se haya podido emitir informe del servicio de Urbanismo", otros en los que se justifica el pronunciamiento técnico contrario porque "no consta que el inmueble tenga licencia de obras", otros más en los que se califica como "nulas de pleno derecho las licencias otorgadas" o porque "no se ha terminado la urbanización".
Llama la atención la otorgada el 5 de febrero de 2007, en el que el juez señala en su auto que "no consta que en la Junta de Gobierno Local de esa fecha se haya abordado el tema referido a esta licencia de obra mayor. Tampoco se adoptó en esa fecha acuerdo relativo a los mismos intervinientes". En cualquier caso, su señoría advirtió de un posible error de transcripción.
Entre las presuntas irregularidades, el juez menciona, asimismo, que "el 7 de octubre de 2008 se deja caducar un procedimiento de caducidad sin iniciarse el procedimiento de oficio como señalan los informes jurídicos".
La Junta de Gobierno Local celebrada el 18 de noviembre otorgó cinco licencias objeto de investigación. Una fue concedida "sobre terreno dedicado a parques y jardines por silencio positivo", si bien la condicionó, dejándola sobre la mesa, al informe del servicio de Urbanismo.
El 13 de febrero de 2011, el gobierno municipal de Arona permitió a una empresa "continuar con su actividad pese a no tener licencia de apertura".
Esta parte del conocido como caso Arona 2 pasará a ser diligenciado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Se da la circunstancia de que el juez titular es Nelson Días Frías, el mismo del caso Edén, comúnmente caso Arona.
Tendrán que declarar ante el juez
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona dividió el conocido como caso Arona 2 en la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) "en contra de lo dispuesto en los informes técnicos y/o jurídicos" y en la aprobación de numerosas licencias contraviniendo los trámites legales o reglamentarios. 22 concejales y exconcejales declararán ante el juez por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.
El juicio del Arona 1, el año próximo
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará el caso Edén o Arona 1 el año próximo. Con 17 acusados, la Fiscalía plantea un total de 28 años de prisión, unas 170 inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público y hasta profesional, así como multas.
* El Día - J.A. Medina - 10.12.14
Foto: Arona (Tenerife), vista con la costa - DA
Alicante.- Rechazo del Tribunal Superior a la macrourbanización en la Sierra de Bernia
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Otro triunfo más de Ecologistas en Acción y la ciudadanía en la defensa del Territorio y el Medio Ambiente; ahora ha sido en Callosa d'en Sarrià (Alicante) donde el Ayuntamiento, con el voto favorable de todos los grupos políticos, autorizó levantar una macrourbanización ilegal para 2.000 viviendas unifamiliares y 2 campos de golf en unos suelos forestales en la sierra de Bernia incluidos en la red Natura. Se realizó para ello un Plan Parcial en 2011 lleno de irregularidades, según ha sentenciado la justicia. El TSJ también anula el Plan General de Ordenación aprobado en 2006 en lo que afecta a ese sector. Como se ve, un asunto gravísimo, ya que, además, el delito urbanístico tenía la firma del PP gobernante y el asentimiento del resto de partidos municipales, algo que demuestra el elevado grado de corrupción alcanzado.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de la C.Valenciana en sentencia de 20 de noviembre de 2014 estima la demanda de Ecologistas en Acción del País Valenciano contra la aprobación en julio de 2011 del Plan Parcial del sector Anibits-Margequivir por diversas razones expuestas en el escrito de la demanda. La Sentencia ha sido dictada por unanimidad de los cinco jueces y sin ningún voto particular contrario.
En primer lugar admite las irregularidades de la Resolución complementaria de diciembre de 2004 que modificaba la Declaración de Impacto Ambiental del PGOU y por la que se cambió la clasificación de no urbanizable a urbanizable de los terrenos de ese sector tras la presentación de unas alegaciones del Ayuntamiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) original junto a unos estudios de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y de Valencia, aunque no estima la impugnación de esa Resolución. El TSJ admite que esa modificación no fue justificada por la Conselleria de Territorio y Vivienda (comandada en ese momento por el Conseller Rafael Blasco, condenado recientemente por corrupción) y que por tanto el PGOU aprobado en 2006 no hizo una evaluación ambiental correcta de esa importante modificación en la clasificación de ese suelo, que estaba incluido en un 75% dentro de la propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria, LIC Sierra de Bernia y Ferrer, y que era un suelo forestal.
El TSJ además anula el Plan Parcial de ese sector aprobado en 2011 por unanimidad de todas las fuerzas presentes en el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià (Partido Popular, Partido Socialista y Bloc-Compromís), Plan similar al aprobado en 2006 y que también fue tumbado por el TSJ en 2009, por carecer de evaluación de impacto ambiental de proyectos. Las resoluciones de 2011 del Jefe de Ordenación Sostenible del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente, que evaluó la compatibilidad del proyecto urbanístico con la Red Natura 2000 no se puede considerar equivalente a una Declaración de Impacto Ambiental.
Por último, el TSJ admite la impugnación indirecta del PGOU de Callosa d’en Sarrià aprobado en 2006 en lo referente al sector 14 (Anibits-Margequivir) por carecer de una evaluación ambiental la modificación de la clasificación del suelo forestal, integrado en su mayor parte en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierra de Bernia y Ferrer propuesto por el Gobierno Valenciano en 2001 y anula ese PGOU en las determinaciones referentes a ese sector urbanístico.
Esta sentencia tan contundente debería tener repercusiones en el plano político, dada la unanimidad en la aprobación y respaldo de ese proyecto urbanístico por todos los partidos presentes en el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, gobernado por el Partido Popular, pero con el apoyo entusiasta del PSOE y Bloc-Compromís, que en teoría iba suponer un gran impulso y desarrollo económico para la población, e insertar a ese término en la promoción turística de la comarca, a costa de la destrucción de un paraje natural protegido de la Sierra de Bernia, incluido en la Red Natura 2000. La explosión de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente crisis económica ha demostrado que una de sus causas fueron los macro-proyectos urbanísticos que no respondían a auténticas necesidades sociales y solamente a la especulación y avidez de rápidas ganancias, y que además destruían el territorio y su medio ambiente, como era este caso.
Ecologistas en Acción quiere felicitar a la ciudadanía y a los movimientos sociales que han luchado contra este proyecto urbanístico (Callosa Sostenible) de forma entusiasta, en defensa del territorio y de la justicia social y ambiental.
* Ecologistas en Acción - Diciembre 2014
Foto: Callosa d'en Sarria (Alicante) - tours
Anticorrupción pide 7 años a la 'guardia pretoriana' de Jordi Pujol por corrupción
El caso 'Pretoria' de corrupción urbanística en la provincia de Barcelona parece que, por fin, avanza judicialmente. Afecta principalmente a dos exaltos cargos de la Generalitat de CiU, desde el año 2.000 hasta su detención en 2.009. El exsecretario Prenafeta y el exconsejero Alavedra se enfrentan, además de la petición de casi 7 años de cárcel, al pago de multas millonarias. Según el juez, ha quedado indiciariamente acreditado la existencia de labores de intermediación en adjudicaciones públicas. Es decir, lo de siempre, el amaño de concursos de obras, beneficiando a amiguetes constructores, a cambio de suculentas comisiones. Un asunto en el que no hay apenas diferencias entre los principales partidos de los diferentes gobiernos.
"LAVANGUARDIA* : La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy penas de 6 años y 10 meses de cárcel para los exaltos cargos de CIU Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta por el caso Pretoria de corrupción urbanística en Barcelona, así como multas que suman 13,7 millones de euros para el segundo de ellos y 10,3 millones para el primero. El fiscal apunta en su escrito de acusación provisional, hecho público este lunes, que ambos mantenían "una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol".
A sabiendas de la influencia que ejercían sobre "determinados cargos públicos de Catalunya", planificaron y ejecutaron el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados. Precisa que Prefaneta y Alavedra contaron con la colaboración de sus esposas en la obtención de las ganancias ilícitas y en su ocultación a la Hacienda Pública.
Para ellos utilizaron "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios 'off shore' y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas" a través de las cuales canalizaron estos fondos que, en ocasiones, invirtieron en la adquisición de diferentes activos financieros.
Ocho años para un exdiputado socialista
El Ministerio Público solicita, además, para el exdiputado socialista Luis García, 'Luigi', presunto líder del grupo, 8 años de prisión y una multa de 22,6 millones y el decomiso de otros 5,8 millones de forma solidaria con cinco empresas. En cuanto al exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, la petición alcanza los seis años y 10 meses de prisión, multa de 4,1 millones y el comiso de 1,1 millones y una vivienda de Barcelona.
El exconcejal de Urbanismo Manuel Dobarco se enfrenta a una petición fiscal de un año de cárcel y una multa de 4,1 millones de euros. Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009. La Fiscalía acusa a los exaltos cargos de CiU y PSC de la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.
El resto de los acusados son los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel y multa de 1,5 millobes) y Manuel Carrillo (3 años y 19.440 euros); los presuntos testaferros Manuel Valera (2 años y nueve meses de cárcel y 6 millones) y Philip McMahann (3 años y seis meses y 4,2 millones); Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra (2 años y seis meses y 630.000 euros); y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta (3 años y seis meses y 9,5 millones). Las multas y comisos reclamados por el Ministerio Público para los 11 acusados ascienden a un total de 93,7 millones de euros.
Comisiones "carentes de toda lógica"
El fiscal asegura que, todos ellos, intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos benecifios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones. Las actuaciones investigadas son la operación Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron, entre otros, 'Luigi' y Dobarco; la operación Niesma de Sant Andreu de Llavaneres, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.
Además, el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz habría manipulado el concurso público para la adjudicación en 2009 del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio a favor de la empresa Limasa, del imputado Manuel Carrillo.
En el escrito de acusación, el fiscal detalla cómo Alavedra ocultó en el periodo comprendido entre los años 1998 a 2006 fondos por importe de 1.259.189,10€. Fue "mediante la utilización de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades andorranas a nombre de Gloria Torres -con quien mantenía una fluida relación personal- y, si bien se desconoce su origen último de los fondos, los mismos no fueron declarados a la Hacienda Pública española, señala el escrito.
En concreto, durante el año 2006 abrió -a través de Philip Mc Mahan- en la
entidad andorrana Caixabank tres cuentas bancarias a nombre de Gloria Torres, siendo su operativa la misma que utilizó para ocultar fondos en las cuentas abiertas a nombre de su esposa, realizando nuevamente todos las gestiones y movimientos en las mismas -bajo sus órdenes directas- Philip Mc Mahan.
* La Vanguardia - 29.12.14
Foto: Ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, imputados en la operación Pretoria contra la corrupción urbanística. Efe
Córdoba.- No habrá expropiaciones en Medina Azahara
Un asunto altamente controvertido este de los terrenos circundantes a Medina Azahara en Córdoba. Por un lado la especulación de los últimos años ha permitido que muchas edificaciones ilegales se levantaran en el entorno del reconocido Bien de Interés Cultural, causando un daño irreparable al conjunto palaciego, pero también hay que reconocer la falta de inspección de la propia Junta de Andalucía al no prohibir su realización. El Supremo anula ahora la posibilidad de expropiar por 'interés social' ya que, asegura, se duplica la normativa que ya prohíbe parcelar y edificar. Mucho nos tememos que si una sola Norma urbanística no ha sido capaz de hacer efectiva la paralización de las numerosas construcciones ilegales, la segunda Norma era más que necesaria en estos momentos. El abandonado Patrimonio histórico-artístico está en juego, una vez más.
"ELPAÍS* : Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado uno de los gestos políticos de la Junta de Andalucía con más carga simbólica: el decreto de 2008 que otorgaba la posibilidad de expropiar, “por interés social”, parcelas ilegales y sin edificar del entorno protegido del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, en Córdoba.
Con esta medida, el Gobierno regional quería evitar que continuaran las edificaciones ilegales en la zona de protección del conjunto palatino omeya en la que ya existen 252 construcciones ilegales en terreno protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).
Los chalés, muchos primeras residencias, ocupan un terreno en el que abundan los yacimientos arqueológicos que no solo datan de época islámica, sino también romana y visigoda. Viviendas que se levantaron a principios de la década de los noventa y que han dañado un paisaje que debe preservarse. Las tres urbanizaciones que jalonan el espacio protegido son, además, un impedimento para las aspiraciones de la Junta, que espera que Medina Azahara consiga ser Patrimonio Mundial e ingrese así en el exclusivo club de la Unesco.
A pesar de la vigencia del decreto durante los últimos seis años, la Junta no llegó a expropiar ninguna de la treintena de parcelaciones a las que afectaba. Aun así, sus propietarios recurrieron y ahora el Supremo les da la razón. En esencia, el Supremo le dice a la Junta que no argumentó las razones para expropiar “por interés social” esos terrenos del entorno del conjunto palatino omeya. Y más aún, cuando ese suelo ya había sido declarado zona de especial protección como (BIC).
La primera intención de la Junta cuando aprobó el decreto, redactado por las consejerías de Cultura y de Ordenación del Territorio, era comprar las 29 parcelas que no están edificadas en las urbanizaciones ilegales de Las Pitas, Córdoba La Vieja y La Gorgoja II, ubicadas en la zona de especial protección declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara. El objetivo era impedir que se pudiesen levantar más chalés. Si los propietarios se negaban a vender, se expropiarían directamente. Las 252 viviendas —la mayoría de primera residencia— ya construidas dentro de la zona BIC quedaban fuera de este decreto.
“La Junta lo que buscaba era parar aquella fiebre constructora de mediados de la década pasada. Y lo logró. La crisis hizo el resto. No se ha vuelto a construir más allí”, cuenta un técnico que trabajaba entonces en la zona de Medina Azahara. Aun así, los propietarios afectados por esa “amenaza” de expropiación recurrieron la norma andaluza al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestimó su demanda.
Los vecinos acudieron entonces al Supremo. Allí, la sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado el decreto aprobado el 23 de septiembre de 2008 por el Consejo de Gobierno de la Junta que permitía expropiar forzosamente parcelaciones ilegales y no construidas del entorno protegido del complejo palatino omeya, un conjunto que construyó el califa Abderramán III en el siglo X.
La sentencia del Supremo que da la razón a los vecinos es más un revés político que practicó para el Ejecutivo andaluz. La Junta va a verse incapaz de aplicar una norma que, por otro lado, nunca ejecutó. Pero la esencia del problema sigue inalterable. El Supremo no duda en ningún momento que las parcelas sin construir afectadas por el decreto de la Junta de Andalucía de 2008 sean ilegales.
Por eso, la respuesta de la Junta a la decisión del Tribunal Supremo es más bien tibia. La consejera de Medio Ambiente, que actualmente tiene las competencias en la materia de Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, se limitó a decir ayer que no conocía oficialmente la sentencia porque no había sido notificada a la Junta. “Vamos a esperar a examinarla y una vez que la hayamos estudiado haremos la valoración que proceda en este caso”, afirmó Serrano.
A pesar de que este decreto no afectaba a las propiedades con edificaciones residenciales, los vecinos de la zona sí han mostrado su alegría por la decisión del Supremo. “La sentencia pone a cada uno en su sitio”, señala el presidente de la asociación de vecinos de La Gorgoja II, Antonio Fernández, en declaraciones recogidas por el diario Córdoba.
“El recurso ha sabido exponer ante el Supremo la injusticia a la que fuimos sometidos. Agradecemos a la justicia que haya reconocido nuestros derechos”, añadió Fernández. Cristóbal Pérez, presidente de los vecinos de Las Pitas, también mostró su satisfacción por el fallo que, según él, es “otro paso importante” para regularizar su situación.
* El País - Manuel J. Albert - 26.12.14
Foto: Una vista del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, con construcciones y parcelas ilegales al fondo. / JUAN MANUEL VACAS
Unos 80.000 vecinos de Madrid siguen a la espera de reformas prometidas en sus barrios
Otra ciudad que tampoco destaca por un urbanismo solidario y sostenible es la de Madrid, como es fácil de comprobar a poco que se mire en la periferia. Más de 80.000 vecinos de una decena de barrios padecen un abandono administrativo que les condena a padecer malas condiciones de habitabilidad en sus viviendas, entornos degradados y a convivir con la marginalidad. Así lo han denunciado los propios vecinos de la FRAVM y lo corroboran algunos profesionales. Probablemente ante las nuevas elecciones municipales habrá promesas de todo tipo, pero hay que constatar que esto ya ha ocurrido más veces y las promesas se quedan en humo año tras año, al tener poco interés los sucesivos gobiernos municipales en resolver estas cuestiones solidarias.
"ÁNGEL CALLEJA* : "El centro es un escaparate. El Ayuntamiento se preocupa de que esté arreglado, pero cuando vas a la periferia te encuentras los barrios abandonados, las infraviviendas y las chabolas". Para Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la ciudad "cohesionada" que Ana Botella vende no existe.
Según el recuento de la FRAVM, más de 80.000 vecinos de una decena de barrios padecen un abandono administrativo que les condena a padecer malas condiciones de habitabilidad en sus viviendas, entornos degradados y a convivir con la marginalidad.
En unos casos, los planes urbanísticos municipales para rehabilitar sus barrios se quedaron a medias, como ocurre en el Paseo de la Dirección o el antiguo Poblado Dirigido de Canillas. En el Barrio del Aeropuerto o la colonia Los Olivos apenas se ha pasado del papeleo.
A estos hay que unirles los núcleos que esperan que la administración regional responda a las promesas que les hizo en los tiempos de bonanza económica, como es el caso de la Colonia Experimental de Villaverde, la UVA de Hortaleza o la Cañada Real. "Además, la Comunidad adeuda las ayudas a la rehabilitación o la instalación de ascensores a miles de personas en Meseta de Orcasitas (Usera), San Agustín (Vallecas), San Ignacio de Loyola y Batán (Latina) o la Ciudad de los Ángeles (Villaverde)", añade Pérez. Aunque la mayoría de los casos se corresponden con alguna de las 145 "áreas vulnerables" a la exclusión social y económica identificados por el propio Ayuntamiento, la respuesta a las demandas es casi siempre la misma: en este momento, no hay dinero. Ahora bien, 48 millones del remanente de tesorería obtenido este año fueron a parar a obras en bibliotecas, centros municipales, calles o parques degradados.
"Ahora vienen las elecciones y oiremos promesas, por eso soy optimista en que las cosas van a salir adelante. Lo peor es que nos han mentido, ya no pueden hacernos más daño", se resigna Luis Romero, arquitecto y presidente de la asociación de propietarios del Paseo de la Dirección.
Barrios a la espera
Paseo de la Dirección (Tetuán) > 800 afectados directos y 10.000 vecinos en el entorno. Un paseo de dos kilómetros que bordea el Parque Rodríguez Sahagún. Su rehabilitación lleva prevista desde antes de los años 80. Gallardón adjudicó a la constructora Dragados (que cobraría mediante aprovechamientos urbanísticos) un plan para expropiar a familias que vivían en casas y edificios bajos, pero esta solo ha ejecutado un 20% debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Ana Botella ha desbloqueado las obras otorgando a la empresa el 90% de la edificabilidad de la zona a cambio de que construya un segundo edificio de realojo y acabe el ámbito, pero parte de las antiguas viviendas han sido ocupadas ilegalmente. El nuevo proyecto, que se iniciará "en unos días", según el Ayuntamiento, prevé 500 viviendas libres y 1.500 protegidas o de precio limitado, pero los vecinos ya no se fían.
UVA de Hortaleza (Hortaleza) > Esta Unidad Vecinal de Absorción se construyó en 1963 para acoger a los desalojados de los poblados de Ventas y La Elipa, que obstaculizaban la construcción de la M-30. El proyecto que en el pasado recibió un premio arquitectónico como "solución humana" al chabolismo es hoy una explanada de infraviviendas que convive junto a edificios nuevos. La Comunidad de Madrid prometió en 1994 que las derribaría y que entregaría casas nuevas a casi 1.200 personas, de las que solo la mitad han visto cumplido su sueño.
Colonia Experimental (Villaverde) > 200 implicados. Data de 1957, cuando la Obra Sindical del Hogar Franquista construyó 408 viviendas en 28 bloques. El Tribunal Superior de Justicia (TSJM) condenó en junio de 2005 al Instituto de la Vivienda a arreglar las deficiencias de seis de ellos, pero el Ejecutivo regional alega que carece de presupuesto y solo ha reformado uno de ellos. Los residentes padecen problemas de cimentación, de alcantarillado, basuras...
Barrio del Aeropuerto (Barajas) > 1.200 personas. Se levantó en los 60 para alojar a los peones y trabajadores del Aeropuerto de Barajas. Hoy está cercado por las carreteras M-14 y la A-2. En 2007, Gallardón se comprometió con los vecinos a sustituir 34 bloques con 567 viviendas por casas nuevas, equipamientos públicos, zonas verdes e instalaciones deportivas, pero nunca lo cumplió. Ahora espera que los vecinos paguen parte de los arreglos.
Colonia Los Olivos (Latina) > Unos 300 implicados directos y más de 4.000 indirectos. "El Ayuntamiento ha dado el primer paso para transformar la colonia", reza la nota de prensa del 6 de octubre de 2005. Urbanismo reconoce que las 329 viviendas que en su origen fueron "albergues para pobres" no cumplen los requisitos mínimos. Muchas de ellas han sido reocupadas pese a haberse tapiado por seguridad. La zona es conocida por las peleas y el menudeo de drogas. PSOE, IU y UPyD han denunciado la dejación municipal.
Poblado de Canillas (Hortaleza) > Del antiguo poblado de absorción donde obreros de la construcción, traperos y agricultores que abandonaban el campo convivían con militares y funcionarios solo queda un puñado de casas bajas. La última fase de realojos, que afecta a 63 familias y casi 200 personas, se encuentra paralizada desde 2010. Otros vecinos llevan más de 10 años disfrutando de sus nuevos pisos.
San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) > A pesar de que una parte del barrio se ha beneficiado de importantes trabajos de rehabilitación, los residentes continúan esperando un empujón estético y económico al resto del entorno, que comprende casi 8.000 viviendas de unos 18.000 vecinos. Actualmente es una de las zonas más baratas para encontrar piso en Madrid debido a su degradación.
Villaverde Bajo (Villaverde) > Comprende el sur del barrio de Los Rosales y el norte de Butarque donde viven unas 36.000 personas. La tipología de edificios de no más de tres alturas a los largo de calles estrechas en el entorno de las vías del Cercanías hace difícil el tratamiento de los espacios urbanos.
Cañada Real > Esperanza Aguirre anunció en marzo de 2009 que acabaría con la Cañada Real, el mayor asentamiento ilegal del sur de Europa, donde viven más de 8.000 personas, y que realojaría a todos los que tuvieran derecho, bien sobre el terreno, bien en pisos sociales. Casi cinco años después no se ha movido ni una piedra. En enero, los vecinos de este enclave que se extiende por Madrid, Coslada y Rivas tienen previsto iniciar acciones de protesta.
* 20 Minutos - AC - 29.12.14
Foto: Casas bajas, desalojadas primero y reocupadas después, en el Paseo de la Dirección (barrio Tetúan) - Jorge París
Un juez investiga a la 'número 3' de Alicante por prevaricación urbanística
Habría qué preguntarse cómo los ciudadanos han permitido que la ciudad de Alicante sea un feudo de la mafia urbanística más dura del partido popular, con el perjuicio que eso ha generado para el municipio. Tras los años salvajes del imputado alcalde Alperi y la vergonzosa continuación de su discípula dimitida Castedo, la trama delictiva sigue con los imputados números dos y tres de la lista de alcaldables, A.Llorens y MG.Romeu. Esta última, como edil de Urbanismo, hizo caso omiso de la sentencia judicial del TSJCV al validar unos proyectos que habían sido rechazados por exceso de edificabilidad en 2006 en la playa de S.Juan.
"ELMUNDO* : Las denuncias instaladas en los juzgados golpean con fuerza contra la cúpula del Ayuntamiento de Alicante. Si el vicealcalde Andrés Llorens tiene un pie en el banquillo, ahora es la concejal de Urbanismo y número tres del Consistorio, Marta García Romeu, la que está en una situación judicial muy comprometida. Un juez de Alicante ha admitido a trámite una querella en su contra por prevaricación urbanística al considerar que hay indicios suficientes para investigar un asunto que pivota sobre unas obras sin licencia.
Estas pesquisas pueden situar a la edil al borde de la imputación.
En concreto, el magistrado investiga por qué Marta García Romeu firmó dos decretos en 2013 que validaban unos trabajos que el propio Ayuntamiento de Alicante y el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) habían rechazado porque había exceso de edificabilidad. El asunto es un tanto técnico y obedece, a grandes rasgos, al restablecimiento de la legalidad urbanística. En el año 2006, los vecinos de un edificio de la Playa de San Juan denunciaron las obras en uno de sus bajos. Caprabo solicitó al Consistorio una licencia de obra para construir un supermercado. Pero el bloque, según la querella, ya tenía entonces exceso de edificabilidad. Por eso, se paralizó la ejecución de la licencia. Sin embargo, Caprabo, siempre según el escrito al que ha dado curso el juez, ya había demolido la infraestructura.
El Ayuntamiento alegó entonces que que el promotor no había solicitado el derribo y entonces Caprabo pidió esa licencia. Sin embargo, los técnicos municipales reiteraron que no procedía; que nada se podía hacer puesto que el edificio tenía exceso de edificabilidad y, por tanto, lo que planteaba la empresa quedaba fuera de ordenación.
Además, los técnicos solicitaban a la sociedad que restableciera la parcela para dejarla en buen estado. El promotor decidió entonces demandar al Ayuntamiento de Alicante. En ese momento, la comunidad de propietarios y el Consistorio iban de la mano, pues los vecinos lo apoyaban. Fue una primera victoria, pues el juzgado desestimó el recurso del empresario que, sin embargo, no se dio por vencido. Elevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia valenciano, cuyos magistrados confirmaron la decisión del juez alicantino.
Pese a todo, relata la querella, la empresa siguió con las obras y realizó una segunda planta, algo que motivó una nueva denuncia de los vecinos. El Consistorio emitió dos decretos en el año 2013 de paralización y demolición de los trabajos pero lo hizo respecto de esa segunda altura. Incomprensiblemente concluyó que la primera estaba respaldada por una licencia, cuando precisamente fue sobre esa planta baja sobre la que se pronunciaron los técnicos municipales, el juez de Alicante y el Alto Tribunal autonómico.
Ambos decretos de 2013 fueron redactados por un técnico y rubricados por Marta García Romeu. Los vecinos presentaron una querella contra el trabajador municipal y contra la edil de Urbanismo al considerar que habían incurrido en un delito de prevaricación urbanística.
El pasado 10 de noviembre y tras estudiar el escrito, el magistrado decidió abrir diligencias de investigación. Ya ha pedido al Ayuntamiento que remita los expedientes administrativos.
* El Mundo - Gema Peñalosa - 27.12.14
Foto: Alicante, ayuntamiento - alicante-ayto.es
La Laguna.- Sentencias contra Urbanismo se llevan el 32% de la inversión de Obras
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Otro problema del Urbanismo actual es el pago que debe hacer frente a las sentencias judiciales condenatorias, algo ya demasiado frecuente en ciudades y pueblos del país. Esto supone para muchos municipios el no poder contar con recursos económicos para obras y servicios necesarios para la población. Dado que la justicia no dice nada de que los responsables delictivos político-empresariales paguen con su propio patrimonio los errores o fraudes cometidos, la deuda la terminan pagando, como siempre, todos los vecinos. Esto ocurre exageradamente en La Laguna (Tenerife) donde los responsables municipales de Coalición Canaria se han ido 'de rositas' una vez más.
"ELDÍA* : Casi uno de cada tres euros presupuestados para el próximo ejercicio 2015 de la Concejalía de Obras e Infraestructuras irán destinados para pagar tres antiguas sentencias judiciales impuestas contra la Gerencia de Urbanismo, un problema que lastra el desarrollo de las actividades y de trabajo del área que dirige Jonathan Domínguez.
De esta forma, el presupuesto para el área asciende a 8.695.648 euros, siendo el "castigo" de 2.782.525 euros (el 32%) para cubrir la ejecución de sentencias por expropiación de terrenos en la década anterior. Al final, Obras e Infraestructuras solo podrá disponer para sus proyectos de 5.913.123 euros.
Así está establecido en la documentación entregada a los medios de comunicación por parte del concejal de Hacienda del ayuntamiento de La Laguna, en el pleno del pasado lunes, en donde precisamente se debatieron las cuentas.
En este sentido, Domínguez señaló que se trata de sentencias de Urbanismo y que como Obras e Infraestructuras gestiona el Plan de Inversiones se cargan a este presupuesto, destacando que así son las cosas y que hay que cumplir las sentencias.
"Son sentencias de actuaciones de hace ya más de 10 o 12 años, pero no tenemos más remedio que cumplir. Se trata de terrenos vinculados a la Universidad de La Laguna (ULL) en él ámbito de Geneto-Los Baldíos y expropiaciones en San Lázaro, donde se construirá el local sociocultural, cuestiones que suman un total de 6.694.699 euros, creo recordar, y que empezamos a pagar este mismo año (1,2 millones)", aseguró.
Apuntó que "una de ellas está vinculada a la ULL, que en su momento pidió que se clasificaran terrenos para su uso en el anterior PGO, que se expropiaron y después no los gestionó, con lo que el ayuntamiento tras la denuncia de unos vecinos tuvo que asumir la carga".
"La otra está relacionada con un solar en San Lázaro que en un principio se creía que estaba expropiado y que al final no lo estaba, por lo que los vecinos denunciaron el caso en la época del exalcalde Elfidio Alonso. Al final la sentencia señaló que ese procedimiento expropiativo era ilegal", dijo.
El responsable de Obras lamentó que "al final son sentencias grandes que se están comiendo el presupuesto del área de Obras desde hace dos años".
Reconoció que es un gran problema para el área que el más del 30% del dinero no se pueda emplear, "pero hay una sentencia y tenemos que cumplirla".
¿Y por qué Obras e Infraestructuras tiene que asumir el pago de las sentencias? "Pues porque legalmente la Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo que lo que hace es gestionar temas urbanísticos, pero es el ayuntamiento como institución la que tiene que pagar la sentencia. Entonces el Plan de Inversiones lo gestiona Obras y por eso nos lo cargan en el presupuesto porque así está configurada la estructura presupuestaria", explicó Jonathan Domínguez con resignación.
Recordó, además, que desde su posición política ha insistido en que el área vea incrementado su presupuesto, pero existe el problema de la ley de topes de gasto de inversión a nivel estatal, por lo que no se pudo subir, aunque la intención del ayuntamiento era incrementar el presupuesto en el área de Obras para su plan de inversiones.
* El Día - 17.12.14
Foto: La Laguna (Tenerife), ayuntamiento - aytolalaguna.com
Vecinos de Cabanas denuncian que perderán pisos “pagados legalmente”
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El urbanismo coruñés sigue descontrolado en muchas zonas, como estamos viendo. Ahora es en Cabanas donde, según denuncian los vecinos, el Ayuntamiento permitió a la promotora Prominfer construir viviendas que "no cumplían las normas urbanísticas", lo cual implica el desalojo 'forzoso' previo al derribo de las ilegalidades cometidas. Lo increíble del fallo judicial, que es el desencadenante de la operación, es que el error fue municipal, no vecinal, y los responsables del ayuntamiento 'popular' no han sido penalizados por ello y tampoco facilitan ahora una solución a los afectados, que no han tenido culpa. Algo injusto a todas luces.
"ELPAÍS* : Vecinos de Cabanas (A Coruña) serán "desposeídos" el próximo 2 de enero de su vivienda en el edificio O Penso, que fue "comprada" y "pagada legalmente". Así lo ha denunciado, en un comunicado, el hijo de dos de los vecinos que se encuentran en esta situación, Rafael Pérez. Y es que, según ha relatado, el Ayuntamiento de Cabanas "permitió" construir viviendas que "no cumplían las normas urbanísticas".
De hecho, el hijo de los afectados recoge un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para argumentar esto último: "debemos anular y anulamos la licencia municipal otorgada para la misma por acuerdo de la Comisión de Gobierno del mentado Ayuntamiento, por no encontrarla ajustada al Ordenamiento jurídico, procediendo el derribo de las partes de tal construcción no amparables por la normativa urbanística".
Por ello, el Ayuntamiento ha notificado a los propietarios de los pisos cuarto y quinto, según ha precisado Rafael Pérez, que "desalojen" sus viviendas, pues serán "demolidos". "No les va a pagar ni la mudanza y el depósito de los muebles, ni el realojo", ha remarcado.
Por su parte, el Consistorio también ha notificado al resto de propietarios del primero, segundo y tercer piso que las obras serán iniciadas "con ellos en sus viviendas". "¿Es normal que se realice una demolición con gente viviendo en sus viviendas?", se pregunta Rafael Pérez.
Así las cosas, éste ha condenado que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanas y el constructor de Prominfer S.L. --que construyó la vivienda-- no hayan sido "penalizados" por la Justicia. Asimismo, sostiene que las "indemnizaciones por daños y perjuicios y por el valor de su vivienda" no serán "vistas" por algunos propietarios, pues la "mayoría" son "jubilados" y "de avanzada edad".
* El País - EP - 21.12.14
Foto: Cabanas (Coruña), vista - eltiempo
Castellón.- La Fiscalía denunciará la concesión de licencias del Castor por delito ambiental
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Parece que algo se mueve dentro de las actuaciones fiscales para denunciar delitos ambientales, claro que para que eso suceda deben ocurrir auténticas catástrofes sociales, como la ocurrida frente a la costa de Vinaròs (Castellón). Las prospecciones gasísticas irresponsables causaron una actividad sísmica altamente peligrosa para el entorno costero y sus habitantes. Así el fiscal presentará una querella contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente, de Industria, y de la empresa Escal UGS (ACS). Aparentemente una acción judicial correcta, pero la doble cara es que se debe indemnizar a la empresa por el cese de la actividad, con lo que, una vez más serán los ciudadanos los paganos de una actividad delictiva de contenido público-privado. Lamentable.
"PÚBLICO* : La Fiscalía de Castellón denunciará los hechos "aparentemente delictivos" ocurridos en el entorno del almacén de gas Castor contra los organismos públicos que concedieron la autorización y contra la empresa Escal UGS por "prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente".
En septiembre de 2013, en el entorno del almacén de Gas, situado frente a las costas de Vinaròs, se produjeron unos 400 seísmos de baja magnitud, cuatro de los cuales se situaron en torno a los 4 grados en la escala de Ritcher, y fueron percibidos por la población.
La Fiscalía acordó entonces incoar diligencias de investigación penal para esclarecer los múltiples terremotos.
Según han informado hoy fuentes de la Fiscalía de Castellón, en un comunicado, una vez finalizados los trámites que se han llevado a cabo en la citada investigación, la Fiscalía General del Estado ha dado el visto bueno y se va a proceder a interponer la denuncia ante los juzgados de Vinaròs.
La denuncia se dirigirá, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto.
Asimismo, se presentará denuncia contra la mercantil Escal UGS, la empresa en la que es socio mayoriario ACS que construyó la planta y que la gestionaba hasta su cierre por los seísmos.
El Instituto Geográfico Nacional, comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una "relación directa" entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.
Desde el 13 de septiembre hasta finales de ese mes se produjeron cerca de 400 seísmos en el Golfo de Valencia, la mayoría de baja magnitud, en el entorno de la planta de extracción de gas. Esto generó gran intranquilidad en la población y el Ministerio de Industria ordenó paralizar la actividad de manera temporal hasta esclarecer la causa de los seísmos.
Escal UGS, concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor realizaba trabajos que en el momento en el que se detectaron movimientos que se centraban en la inyección del gas colchón, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación.
A principios de octubre de 2013 la Fiscalía de Castellón inició de oficio la investigación para tratar de averiguar si existían responsabilidades penales en los hechos. Ahoram, tras las investigaciones, el Ministerio Público ha decidido denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto Castor por presunta prevaricación medioambiental.
Compensación para la empresa
Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros aprobó en octubre pasado un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas.
El pago se hizo efectivo después de que el Gobierno intentara a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del acuerdo, aunque el Alto Tribunal ratificó la validez de la misma.
* Público - Agencias - 23.12.14
Foto: La planta del proyecto de almacenamiento de gas Castor. REUTERS
La Unión.- Desastre en Portmán
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La bahía de Portmán, situada junto a Cartagena-La Unión, es uno de los lugares más extraños de la costa española, como si se tratara de la visión de otro planeta de hace más de 50 años, todo ello efecto de la tremenda contaminación producida por los lavaderos de la floreciente industria minera que hubo aquí hace un tiempo. Cerradas las minas hace más de 20 años, el lugar costero ha permanecido abandonado, sin actuaciones de renovación y limpieza como sería de desear. A pesar de que ha habido algún proyecto urbanizador, ahora sería el momento adecuado para lograr ese tramo de costa idílica, sin especulación urbanística, que debió haber sido siempre la mediterránea.
"NAUTICOPORTMÁN* : Portmán es una localidad de la Región de Murcia situada al sur del municipio de La Unión a los pies de la Sierra minera de Cartagena-La Unión en una bahía bañada por el Mar Mediterráneo. Fue fundada por los romanos en el siglo I, con el nombre de Portus Magnus (Puerto Grande), origen de su etimología actual. En tiempos de los árabes se llamó Burtuman Al-Kabir (Burtumán el Grande).
Más tarde, en el siglo XIV, en el libro de montería de Alfonso XI de Castilla aparece nombrada como Porte Mayn, y la primera referencia al nombre actual aparece en un libro de Cabildos del Ayuntamiento de Cartagena de 1590.
Hace más de 2.000 años, bajo el poder romano, la bahía de Portmán era conocida como "Portus Magnus" –el "Gran Puerto"- y desde allí partían las galeras romanas hacia la metrópoli cargadas de plata que obtenían de Cartago Nova, próspera y conocida colonia romana.
Este pequeño pueblo nació rodeado al Norte, al Este y al Oeste por el extremo sur oriental de la Cordillera Bética y bañado por una preciosa bahía natural, siendo uno de los mejores puertos naturales de refugio del Mediterráneo español.
70 millones de toneladas de residuos.
La llegada de la minería moderna en 1957 con la creación del Lavadero "Roberto", una de las mayores instalaciones minero-industriales, rompió este equilibrio.
Durante los primeros años el vertido inicial era de unos 3.000 toneladas, pero debido a la gran producción de los años sucesivos los estériles se triplican y suman 8.000 toneladas, "en 1968 hay una actividad muy intensa en la mina y los estériles coleccionados hasta ese momento en pantanos se tiran al mar, a la Bahía de Portmán, pero siempre con concesión y permiso de la administración central" apunta José Velez, trabajador del lavadero y vecino del pueblo.
Al cierre de la mina en 1992, se habían arrojado más de 70 millones de toneladas de estériles, se había dejado anegada completamente la bahía y dejado en la calle a más de cuatrocientas familias, y, además, a un pueblo estancado social y económicamente al no existir actividad minera ni turística alguna.
Aún sin una solución en el horizonte.
En las últimas dos décadas se ha hecho aún más patente la necesidad de la regeneración de la Bahía que ha desbocado en la organización local y regional de la administración, además de los propios vecinos de Portmán, para solicitar fondos de inversión al gobierno estatal para recomponer y limpiar sus aguas y su Bahía.
La aprobación definitiva del proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, a nivel nacional y europeo, tiene lugar en 2011 y supone la aplicación de 79.402.304 millones de euros por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Pero tras el cambio de gobierno en Diciembre del mismo año, la situación ha ido en retroceso hasta que, en 2012, se produce una desestimación del proceso de contratación desde el Ministerio de Agricultura, Agua y medio Ambiente, lo que viene a dejar las reclamaciones de la pedanía, de nuevo, en un punto muerto.
* Náutico Portmán - 2014
Foto: Portmán (Murcia), antes_despues - náutico Portmán
El fiscal pide diez años de inhabilitación para la concejala de urbanismo de Ourense
Otro caso de prevaricación urbanística en la conflictiva ciudad de Ourense y, como siempre, la lentitud judicial es pasmosa. Se trata de la concesión irregular de una licencia municipal en 2007, pero el acusador es un empresario orensano de la construcción, muy conocido en la ciudad, por lo que no está nada claro el posible delito de la concejala de Urbanismo. Parece más bien una guerra abierta político-empresarial que, además, está impidiendo el desarrollo de un correcto Urbanismo en la ciudad. Sobre la concejala socialista pesa también otra acusación privada por la legalización de una plaza pública. Así que todo esto es demasiado sospechoso en la tierra del famoso cacique 'popular' Baltar.
"LAVOZDEGALICIA* : La concejala de Urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, sobre quien pesa desde mediados de octubre una acusación particular de prevaricación por la licencia que legalizó la urbanización de la plaza de San Antonio en el año 2007, también tendrá en frente al fiscal. Es el primero de los casos abiertos en distintos juzgados de Ourense -todos por denuncias o querellas del grupo municipal minoritario Democracia Ourensana y por el entorno de un empresario del sector inmobiliario- en el que el ministerio público formalizará acusación contra ella.
El fiscal atribuye a Áurea Soto de un delito de prevaricación urbanística, por el que pide diez años de inhabilitación. Aunque la última revisión del Código Penal prevé por este delito penas de prisión y multa, al haberse producido los hechos en el año 2007 el fiscal aplica la redacción anterior, en la que la condena prevista es la de multa e inhabilitación.
El acusador público no advierte los indicios del delito de malversación de caudales que había apuntado el juez de instrucción en el auto del pasado 26 de septiembre de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El acusador privado tampoco plantea ese delito, que acarrearía penas de prisión.
Este asunto nació de una denuncia de D. O., que se retiró del caso tan pronto como el juez comenzó la instrucción y le exigió fianza. Entró en escena entonces el empresario que está detrás de la mayoría de los asuntos penales que afectan a la concejala de Urbanismo, con quien está abiertamente enfrentada por diferencias de criterio en el aprovechamiento de suelo y cesiones al Concello.
El caso que llevará al banquillo a la concejala afecta también al abogado Carlos Hernández, un profesional especialista en urbanismo a quien Soto encargó un dictamen que permitió conceder licencia municipal a la urbanización de la plaza de San Antonio, tanto a las viviendas como a los locales comerciales y al garaje subterráneo. El punto de controversia está en la licencia que ampara la explotación privada del subsuelo público. La acusación sostiene que al no estar los técnicos municipales dispuestos a informar favorablemente la legalización del párking, la edila acudió a Hernández para ampararlo con un informe a medida. Soto y el gobierno local defienden que su proceder está amparado por resoluciones del Tribunal Superior de Galicia y que con su actuación se puso fin a un conflicto que hubiera costado al Concello 38 millones de euros en indemnizaciones.
* La Voz de Galicia - P.Seoane - 20.12.14
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Soria.- Los ecologistas tachan de 'burla' el informe favorable del Consejo de Urbanismo al Parque Empresarial
Una prueba más de que las Comisiones o los Consejos de Urbanismo Territoriales solo obedecen a motivos políticos la tenemos en este caso del Parque Empresarial de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Los 'populares' de la Junta de Castilla y León han informado favorablemente este proyecto, en contra de sindicatos y ecologistas y la abstención de los técnicos (faltaría más). Llueve sobre mojado en la anulada judicialmente Ciudad del Medio Ambiente (de lo que solo tiene el nombre). De nuevo los representantes políticos del PP de la Junta se quieren saltar las sentencias judiciales y seguir convirtiendo Castilla y León en un feudo primitivo y atrasado, lejos de la sostenibilidad que es norma hoy en día.
"HERALDO* : La asociación ecologista ASDEN ha calificado de "burla" a las sentencias judiciales y a la ciudadanos que el Consejo de Urbanismo de la Junta de Castilla y León haya informado este martes favorablemente el proyecto regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), según han informado en una nota.
El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio ha dado este martes su visto bueno al parque con los votos en contra de los ecologistas y los sindicatos y las abstenciones de los colegios profesionales de Arquitectos, Abogados e Ingenieros Técnicos Industriales, ha informado en un comunicado el portavoz de ASDEN, Carlos González.
En ella, ha declarado que este informe favorable responde a la "pretensión de la Junta de legalizar urbanísticamente la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) que fue aprobada por una ley regional en las Cortes de Castilla y León en 2006 y que fue anulada en diciembre de 2013 por sentencia del Tribunal Constitucional".
González ha señalado que el trámite en el citado consejo debería haber servido para informar y proponer mejorar sobre el PEMA, reconocer deficiencias e incluso proponer la desestimación del proyecto, pero la realidad ha sido muy diferente, ya que se ha dado validez, en su opinión, a las deficiencias de la declaración de impacto ambiental del citado proyecto, "en la cual se observaban descaradas anomalía".
En este sentido, ha apuntado que la Junta sigue sin considerar el informe negativo del Ministerio de Cultura por las afecciones paisajísticas al yacimiento de Numancia.
"Este Consejo de Urbanismo vuelve a ser manipulado como una mera burocracia", ha censurado.
Además, según el portavoz de ASDEN, la Junta de Castilla y León está utilizando sus "potestades de elaboración de decretos como un privilegio, respecto al resto de ciudadanos y promotores urbanísticos, para intentar regularizar una actuación que ha sido reconocida como ilegal por varias instancias judiciales".
González ha señalado que las decisiones "arbitrarias" de la Junta en este proyecto regional les costará a los ciudadanos más de cien millones de euros, "por la deplorable gestión de unos políticos incapaces".
Por último, ha avanzado que los ecologistas dedicarán su dinero y esfuerzos para recurrir a los tribunales y demostrar que lo construido en la Ciudad del Medio Ambiente -ahora PEMA- es y será ilegal "y está abocado a ser desmantelado, restaurando a su naturalidad el Soto de Garray".
* El Heraldo de Soria - EFE - 23.12.14
Foto: La Ciudad del Medio Ambiente en Soria, a vista de pájaro.- Mario Tejedor
Protestas campesinas en Nicaragua ante el inminente inicio de las obras del Gran Canal
Otro ejemplo más de las protestas ciudadanas ante problemas urbanísticos que afectan directamente al Territorio y a la calidad de vida de sus habitantes. El megaproyecto de la unión oceánica por Nicaragua (igual que pasó en Panamá) es una obra costosísima que pretende realizar una empresa china, arrasando campos y con enorme peligro de contaminación del Gran Lago, como ya han denunciado organizaciones ecologistas. No tenemos más datos sobre la necesidad de este nuevo Canal de 278 km de longitud, que se va a realizar con el visto bueno del gobierno de Nicaragua, pero de espaldas y sin consensuar con la población campesina. Miles de personas de todo el país están estos días protestando (con varias muertes ya) ante el inminente comienzo de las enormes obras.
"INFOLIBRE* : Campesinos de las comunidades de El Tule y Río San Juan han intensificado sus protestas este fin de semana contra las obras de construcción del Gran Canal interoceánico de Nicaragua, que comienzan oficialmente este lunes de la mano de empresa china HKND Group.
Este domingo, en el quinto día de protestas, los campesinos han cortado el tráfico de las carreteras de la zona totalmente y solo dejan pasar a vehículos de emergencia y a los de medios de comunicación, ha informado el periódico nicaragüense La Prensa.
"Amanece trancado", ha explicado en declaraciones telefónicas uno de los líderes de la protesta en Río San Juan, Antonio Orozco. El objetivo, ha señalado, es presionar al Gobierno para que derogue la Ley 840, la de creación del Gran Canal.
"Este cerco humano está que es una barbaridad, la gente está enojada (...). La gente está decidida a lo que venga", ha afirmado Orozco, quien estimó en unas 2.000 personas las que se han concentrado para participar en el corte de carreteras y ha anunciado que se espera la llegada de más campesinos a lo largo de la jornada.
"Al pueblo se le respeta y Nicaragua no la va a vender a los chinos", ha declarado otro dirigente campesino, Félix García, de la comarca El Camastro, en Río San Juan.
Las obras serán inauguradas con una ceremonia simbólica y simultánea tanto en Managua, como en el departamento sureño de Rivas, en el Pacífico, entre las 17.00 y 19.00 hora local (23.00 GMT del lunes y 1.00 GMT del martes), indicó HKND Group. Está previsto que la ceremonia de Managua la encabece el presidente del país, Daniel Ortega, y el empresario chino Wang Jing, propietario de HKND Group.
El inicio de las obras del canal también ha disparado las alarmas de los ecologistas, debido a la ausencia de un estudio de impacto ambiental y por el temor de que la obra provoque un grave daño al Gran Lago, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica. HKND Group ha dicho que los estudios de impacto ambiental de la obra estarán listos entre marzo o abril del próximo año. La vía interoceánica está proyectada con 278 kilómetros de longitud, entre 230 y 520 metros de ancho y 30 metros de profundidad, incluyendo un tramo de 105 kilómetros en el Gran Lago de Nicaragua.
La concesión para la construcción del Gran Canal de Nicaragua fue otorgada al HKND Group por el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en junio de 2013. Además de excavar el canal, HKND Group tiene previsto construir carreteras, dos puertos, un lago artificial, un aeropuerto, un complejo turístico, una zona de libre comercio, así como fábricas de acero y de concreto. El presupuestos es de 50.000 millones de dólares.
* InfoLibre - 21.12.14
Foto: Nicaragua, proyecto nuevo Canal - pulzo
El fiscal acusa a Camps de crear una tapadera para organizar la Fórmula 1 en Valencia
Ocho largos años ha tardado la Fiscalía anticorrupción en imputar al expresidente de la C.Valenciana, F.Camps, por el oscuro asunto de la Fórmula 1. Un evidente despilfarro delictivo pagado con el dinero de todos que solo sirvió para dar publicidad a unos políticos corruptos hasta las cejas (véase la foto). Cuando había otras alternativas, como el cercano circuito de Cheste, el expresidente eligió la solución peor: un circuito urbano que todavía hoy sigue pesando urbanísticamente sobre la ciudad de Valencia, con unas obras desproporcionadas para la economía local y autonómica. El circuito está cerrado definitivamente, en pleno centro urbano, y acumula unas deudas cuantiosas sobre la empresa tapadera de la Generalitat, denominada Valmor Sports. Un 'pelotazo' prevaricador en toda regla.
"ELPAÍS* : Cuando Francisco Camps llevó a Bernie Ecclestone un día de abril de 2006 a pasear por la zona del Puerto de Valencia dedicada a la Copa del América, el patrón de la Fórmula 1 le exigió que “en caso de celebrarse una prueba en Valencia esta debía ser en un circuito urbano en esa zona y no en el Circuito de Cheste”.
Pese a que anunció que la prueba no costaría un euro a los ciudadanos, el entonces presidente valenciano satisfizo las exigencias de Ecclestone a costa del dinero público a lo largo de los años hasta el punto de incurrir en una malversación continuada de caudales públicos y en prevaricación, según la Fiscalía Anticorrupción, que le ha presentado una querella. La noticia ha caído este viernes como una bomba en la política valenciana.
Pese a que anunció que la prueba no costaría un euro a los ciudadanos, el entonces presidente valenciano satisfizo las exigencias de Ecclestone a costa del dinero público a lo largo de los años hasta el punto de incurrir en una malversación continuada de caudales públicos y en prevaricación, según la Fiscalía Anticorrupción, que le ha presentado una querella. La noticia ha caído este viernes como una bomba en la política valenciana.
Según la fiscalía, que abrió la investigación en respuesta a sendas denuncias de los diputados socialistas Eva Martínez y Josep Moreno y del portavoz de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Ignacio Blanco, Camps “garantizó personalmente y en nombre de la Generalitat” la viabilidad del gran premio de Valencia al patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que exigió “negociar directamente con el presidente”. Camps “decidió que su amigo Jorge Martínez Salvadores, conocido como Aspar, crease una sociedad para poder organizar la prueba de Fórmula 1 y que se pudiera beneficiar de ello”, señala en su querella el fiscal especial Vicente Torres. Hasta el extremo de que con Ecclestone, no solo “todas las negociaciones las mantuvo el señor Camps”, sino que este último “eludió todos los procedimientos administrativos de contratación pública, interponiendo una empresa privada, sabiendo que quien iba a desarrollar el proyecto era una empresa pública”.
El expresidente valenciano dispuso que la empresa Circuito del Motor y Promoción Deportiva, que gestiona el circuito de Cheste, llevara la organización deportiva de la carrera y, a partir de la segunda edición, en 2009, que otra empresa pública, Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), pagase el canon anual a Ecclestone. “En ninguno de los dos casos existió contraprestación alguna por parte de Valmor Sports a las empresas públicas”, subraya el fiscal.
La querella, que detalla todas las reuniones de Camps con Ecclestone, explica que poco antes de dimitir por el caso de los trajes, en julio de 2011, Camps pactó en una reunión con Ecclestone en Londres que “el único Gran Premio a celebrar en España” sería el de Valencia y que la Generalitat se convertiría en avalista de Valmor, “con consciente desprecio hacia la legalidad vigente”. Para ello se llegó a simular la firma del director de SPTCV, que estaba de viaje de novios.
Tras la dimisión de Camps, en julio de 2011, ya con Alberto Fabra de presidente, la Generalitat compró la empresa Valmor Sports, cuyos socios, Jorge Martínez Aspar, el empresario Fernando Roig y Bancaja, pidieron una solución para no declarar la suspensión de pagos. La consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, llevó al Consell, en funciones de junta general de accionistas de la empresa pública Circuito del Motor, la decisión de comprar la firma.
La adquisición se aprobó, pero la fiscalía afirma que Johnson, que también ocupaba la presidencia de Circuito del Motor, “engañó” al resto de consejeros “al no decirles ni explicarles” que la compra suponía condonar a Valmor Sports los 14 millones de euros adeudados a Circuito del Motor, asumir más de 31 millones de deuda con terceros y exonerar a los gestores de la empresa pantalla de cualquier responsabilidad.
Anticorrupción añade que en marzo de 2012, cuando se inscribió el contrato, constaba en una documentación anexa toda la deuda de Valmor Sports de la que Lola Johnson “no informó”. Ahí acaba el relato del fiscal, quien decide trasladar la investigación al TSJ, donde la magistrada Pía Calderón será la encargada de realizar la instrucción y delimitar el grado de responsabilidad del actual Consell de Alberto Fabra, que ayer pidió tiempo para analizar la querella, aunque adelantó que no se personará como acusación particular.
El TSJ pidió a las Cortes que acredite la condición de diputado de Camps, como requisito previo a la asunción de la querella y la previsible imputación de Camps.
* El País - ADOLF BELTRAN / JOAQUÍN FERRANDIS - 21.12.14
Foto: Olivas, Fernando Roig, Ecclestone, Camps y Barberá celebran el acuerdo para la F-1 en Valencia. / CARLES FRANCESC
El TSJC da la razón a los vecinos que rechazaban pisos en La Sedera de Reus
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Otro triunfo de la movilización ciudadana contra proyectos no consensuados urbanísticamente. En la localidad tarraconense de Reus los vecinos han ganado el pleito de 2010 contra el Ayuntamiento (antes tripartito, ahora CiU) y aprobado por la Comisión territorial de Urbanismo, referente a la nueva edificación residencial en la fábrica La Sedera. Los habitantes del entorno siempre se opusieron al proyecto, lo denunciaron a los tribunales e incluso hubo disturbios y detenidos en las movilizaciones para rechazarlo. Parece mentira que todavía haya que repetirlo, pero el urbanismo hoy día no se puede hacer de espaldas a la ciudadanía, que está harta ya de tanto 'pelotazo' y de sufrir los desmanes territoriales por la casta política-financiera que pretende hacer lo que le viene en gana, abusando de su poder omnipotente.
"LAVANGUARDIA* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el proyecto urbanístico de La Sedera de Reus, impulsado por el antiguo equipo de gobierno (PSC-ERC-ICV-EUiA) y denunciado por los vecinos del entorno, a los que el juez da la razón, ha confirmado este martes el Ayuntamiento. El Ayuntamiento modificó el plan urbanístico en el 2009, que bendijo la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona en el 2010, para recalificar el suelo industrial de la antigua fábrica textil La Sedera como suelo residencial y edificar allí.
Los vecinos del entorno siempre se opusieron al proyecto, lo denunciaron a los tribunales e incluso hubo disturbios y detenidos en las movilizaciones para rechazarlo.
El TSJC ha dado la razón a los vecinos, ha confirmado Miquel Domingo, concejal de Urbanismo del nuevo equipo de gobierno (ahora CiU en minoría), que valora que la sentencia es una "buena noticia" y que abre a "consensuar el proyecto".
La sentencia del TSJC deja la puerta abierta a un recurso al Banc Sabadell, propietario de los terrenos, y a la Comisión de Urbanismo, si bien Domingo cree que no se presentarán porque ya hace tiempo que negocian una alternativa acordada entre todas las partes.
El antiguo equipo de gobierno no resolvió las peticiones de Aviación Civil de que tres rascacielos rebajaran 4 metros su altura, lo que significaba perder una planta y que las viviendas protegidas tuvieran 75 metros cuadrados, lo que dejaba el plan en 180 pisos.
Así, se prevé mantener la antigua fábrica, que es patrimonio histórico industrial y reconvertirla para alojar equipamientos públicos; una gran zona verde y edificios con un techo máximo de cinco plantas.
El Ayuntamiento de Reus se ha retirado recientemente como acusación particular contra dos jóvenes imputados por alterar el orden público, en un acto de protesta en el pleno municipal que aprobó el proyecto de La Sedera.
En total, se imputó a ocho jóvenes y solo dos de ellos se enfrentan a un proceso penal que sigue abierto.
* La Vanguardia - EFE - 9.12.14
Foto: Imagen de archivo de la antigua fábrica de la Sedera, en el paseo Misericòrdia de Reus - ACN
Valencia.- Urbanismo fósil
Una prueba más de la politización en el Urbanismo actual la tenemos en el nuevo Plan General de Valencia. A pocos meses de las elecciones municipales, precipitadamente, y con una enorme profusión de errores, se va a poner en marcha el máximo documento que regula las actividades urbanísticas en la ciudad. Es decir, un disparate. Algo que no es nuevo desde que la alcaldesa 'popular' R.Barberá está en el poder del Ayuntamiento, pero que incide negativamente en el correcto desarrollo urbano de la capital valenciana. De los temas más graves en los que cae este Plan 'fósil' está la depredación medioambiental, mediante la transformación de suelo de 700 hectáreas de huerta, algo catastrófico para la conservación del paisaje a proteger ya que, además, es innecesario dado el stock de viviendas construidas, vacías o por construir.
"VICENTE GONZÁLEZ MOSTOLES* : Tras un consumo de tiempo, energía y dinero considerables y a solo seis meses de las elecciones municipales, Barberá pone sobre la mesa ciudadana un fósil al que llama Plan General, cuyos perfiles dejan mucho que desear.
Vaya por delante la incomprensible insistencia en la experiencia aislacionista, en vivir al margen de lo metropolitano, a pesar de haberse generado una profusa normativa que exige del urbanismo inserción territorial y consideración paisajística, de manera que toda ordenación deba ser referida, en nuestro caso, al marco metropolitano, como indica la Estrategia Territorial de la Comunitat, porque ésta es la realidad económica, social, ambiental y paisajística actual.
Ni caso.
Además, esta revisión de plan general insiste en la depredación medioambiental mediante la transformación de suelo de 700 hectáreas de huerta, de las que 300 son para nuevos sectores urbanizables, 200 para viarios prescindibles y 200 para la ubicación de equipamientos dotacionales privados en las huertas llamadas de Protección Especial H2, argucia ésta capaz de alterar el sistema productivo hortícola convirtiéndolo en una neo-huerta de resultado anti histórico y paisajístico deleznable.
Para muestra, Sociópolis.
Hay que impugnar un plan que pretende unos crecimientos perfectamente innecesarios, dado el stock de viviendas construidas, vacías o por construir, puesto que hay suelo disponible en la actualidad, en desarrollo del plan de 1988, para albergar 40.000 viviendas a las que hay que añadir las 65.000 vacías en la ciudad semiconstruida. Esto significa un incremento potencial de población en torno a 200.000 ciudadanos.
Sin que haga falta un solo palmo más de suelo edificable.
El plan de Barberá pretende renovar un urbanismo que había mostrado palmariamente su incapacidad para dirigir el futuro de la ciudad, que estaba desahuciado, tras haber sido modificado más de doscientas veces, algunas de impacto formidable, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Ciudad de la Justicia, el Hospital Regional en Malilla, la ZAL en la Punta de Senent, la Marina de la Copa del América, el Circuito de Fórmula 1 o Sociópolis.
Para colmo, en los barrios de la ciudad semiconstruida, tan solo se ha ejecutado un 25% de los equipamientos previstos de manera que quedan pendientes nada menos que 430 jardines, servicios públicos y escuelas.
Todo un récord para los 20 años de gestión urbana de Barberá.
Volviendo al principio, hay serias reservas acerca de seguir utilizando este instrumento, de revisar el Plan General de 1988, de insistir en un formato de planificación que pretende prever para los próximos 20 años todas las capacidades del territorio y de los agentes urbanísticos públicos y privados, y no solo eso, sino que también debe establecer las características morfológicas de la ciudad, su diseño en detalle, a futuro y con carácter prácticamente universal.
Todo parece borroso, desenfocado, absurdo y tal vez requiera una reflexión específica acerca del modo de planificación a abordar en lo sucesivo, de un modo integrador, estratégico y flexible, con un ámbito metropolitano dotado de una gobernanza propia, que incorpore las infraestructuras generales imprescindibles, las dotaciones necesarias y la protección del paisaje entre los objetivos constitutivos, y que a la vez establezca límites y parámetros en los usos del suelo.
Y que delimite áreas de intervención pública, lo que se suelen llamar proyectos urbanos, entre los que deberían despuntar como emergentes en la ciudad de València, en primer lugar, el de la ordenación del litoral desde el Carraixet hasta El Saler, transformando la ZAL portuaria en base de innovación y conocimiento y salvaguardando los Poblados Marítimos y, en segundo, la configuración de un paisaje culto y cívico en la Ciudad Interior para dar fin a la reforma histórica siempre inacabada de la que quedan muestras pavorosas como la Plaza de la Reina o la Avenida del Oeste.
Para llegar a todo ello es necesario asumir previamente la incapacidad del plan general, tal como se nos presenta, para abordar la realidad metropolitana y la pluralidad de agentes que inciden en ella.
Así que Barberá haría bien dejando al próximo gobierno municipal una tarea para la que no parece estar capacitada, y por tanto, debería desistir de la revisión del plan general.
* VICENTE GONZÁLEZ MOSTOLES es arquitecto
* El País - Opinión - 16.12.14
Foto: Valencia, zona urbanizada litoral - elpais
Fianza de más de un millón al ex alcalde de Algeciras por las mordidas de Fitonovo
El complejo polideportivo El Calvario, en Algeciras, sigue dando que hablar y se ha convertido en un auténtico calvario desde que se supo en 2011 de este megalómano proyecto municipal con financiación privada. Ahora se acusa judicialmente al exalcalde, D.Sánchez, del cobro de comisiones ilegales por la construcción y gestión del complejo donde fue favorecida para la adjudicación la empresa Fitonovo, cuando el exalcalde era aun delegado de Contratación y Urbanismo del Ayuntamiento. Veremos en qué queda este nuevo caso de corrupción con los vaivenes y el paso del tiempo.
"DIARIODESEVILLA* : La juez Mercedes Alaya, que investiga el pago de comisiones ilegales por la construcción y gestión del complejo polideportivo El Calvario, en Algeciras, por parte de la empresa Fitonovo, ha impuesto una fianza civil de 1.117.440 euros a quien en el momento de la adjudicación era delegado de Contratación y Urbanismo en el Ayuntamiento y posteriormente alcalde, Diego Sánchez Rull (PSOE).
Alaya deja sin efecto las que pedía el fiscal para dos de los tres técnicos municipales imputados, José Álvarez Ruiz, director técnico de la Gerencia de Urbanismo; José Guillermo Alberola Visedo, arquitecto municipal, y Javier Malla, coordinador del Patronato Municipal de Deportes.
El auto de la juez tiene fecha de 28 de noviembre y se produce después de la declaración ante la juez de los imputados, si bien Sánchez Rull fue el único que se acogió a su derecho a no hacerlo y pidió acudir voluntariamente una vez se levantara el secreto del sumario, cosa que se produjo en la misma fecha del auto. Alaya centra en el ex alcalde algecireño el papel principal de la trama del cobro de mordidas. Para la juez, el que fuera "director de la Mesa de contratación y delegado de Urbanismo tuvo una participación activa en los delitos de cohecho, por lo que partiendo de la cantidad de 279.360 euros entregada por Fitonovo para lograr la adjudicación del contrato referente al polideportivo El Calvario, procede en previsión de la multa que le pudiera ser impuesta, el triplo de la dádiva y un tercio en concepto de fianza para asegurar las responsabilidades civiles que de la presente pudieran derivarse", lo que resulta esa cantidad de 1.117.440 euros, notablemente superior a los 900.000 euros que solicitaba el fiscal.
Sobre los tres funcionarios del Ayuntamiento, la juez destaca que "su intervención en la mesa de contratación se limitó a valorar los criterios que fuera objeto de sus respectivos informes, por elemental criterio de prudencia a la hora de fijar las responsabilidades pecuniarias, no existiendo la misma certeza de su participación en la valoración de los criterios que fueron expuestos en sus respectivas imputaciones, ni en la reclamación de la dádiva a Fitonovo, no procede fijar para estos imputados fianza alguna como técnicos intervinientes".
Estas decisiones de la magistrada sitúan en una posición más que delicada al ex alcalde, que dimitió de su cargo de concejal el pasado 22 de noviembre, señalado como el destinatario del pago de las comisiones "al partido del gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, en aquel momento el PSOE, o al alcalde Tomás Herrera Hormigo o al delegado de Contratación y Urbanismo y posteriormente alcalde, Diego Sánchez Rull". Se trataría de mordidas realizadas según la juez por los directivos de Fitonovo José Antonio González Baro y el empleado y gerente de dicha empresa, Pablo Pérez Benedicto que participó junto a Sánchez Rull en la colocación de la primera piedra que daba inicio a las obras del complejo deportivo investigado, el 23 de marzo de 2011 en Algeciras. La magistrada vuelve a insistir en el auto conocido ayer que "en este pago, tendría este inculpado Sánchez Rull una decisiva participación".
* Diario de Sevilla - ÓSCAR LEZAMETA - 17.12.14
Foto: Algeciras, polideportivo El Calvario - bodyfactory
