Un juez investiga a la 'número 3' de Alicante por prevaricación urbanística

Habría qué preguntarse cómo los ciudadanos han permitido que la ciudad de Alicante sea un feudo de la mafia urbanística más dura del partido popular, con el perjuicio que eso ha generado para el municipio. Tras los años salvajes del imputado alcalde Alperi y la vergonzosa continuación de su discípula dimitida Castedo, la trama delictiva sigue con los imputados números dos y tres de la lista de alcaldables, A.Llorens y MG.Romeu. Esta última, como edil de Urbanismo, hizo caso omiso de la sentencia judicial del TSJCV al validar unos proyectos que habían sido rechazados por exceso de edificabilidad en 2006 en la playa de S.Juan.
"ELMUNDO* : Las denuncias instaladas en los juzgados golpean con fuerza contra la cúpula del Ayuntamiento de Alicante. Si el vicealcalde Andrés Llorens tiene un pie en el banquillo, ahora es la concejal de Urbanismo y número tres del Consistorio, Marta García Romeu, la que está en una situación judicial muy comprometida. Un juez de Alicante ha admitido a trámite una querella en su contra por prevaricación urbanística al considerar que hay indicios suficientes para investigar un asunto que pivota sobre unas obras sin licencia.

Estas pesquisas pueden situar a la edil al borde de la imputación.

En concreto, el magistrado investiga por qué Marta García Romeu firmó dos decretos en 2013 que validaban unos trabajos que el propio Ayuntamiento de Alicante y el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) habían rechazado porque había exceso de edificabilidad. El asunto es un tanto técnico y obedece, a grandes rasgos, al restablecimiento de la legalidad urbanística. En el año 2006, los vecinos de un edificio de la Playa de San Juan denunciaron las obras en uno de sus bajos. Caprabo solicitó al Consistorio una licencia de obra para construir un supermercado. Pero el bloque, según la querella, ya tenía entonces exceso de edificabilidad. Por eso, se paralizó la ejecución de la licencia. Sin embargo, Caprabo, siempre según el escrito al que ha dado curso el juez, ya había demolido la infraestructura.

El Ayuntamiento alegó entonces que que el promotor no había solicitado el derribo y entonces Caprabo pidió esa licencia. Sin embargo, los técnicos municipales reiteraron que no procedía; que nada se podía hacer puesto que el edificio tenía exceso de edificabilidad y, por tanto, lo que planteaba la empresa quedaba fuera de ordenación.

Además, los técnicos solicitaban a la sociedad que restableciera la parcela para dejarla en buen estado. El promotor decidió entonces demandar al Ayuntamiento de Alicante. En ese momento, la comunidad de propietarios y el Consistorio iban de la mano, pues los vecinos lo apoyaban. Fue una primera victoria, pues el juzgado desestimó el recurso del empresario que, sin embargo, no se dio por vencido. Elevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia valenciano, cuyos magistrados confirmaron la decisión del juez alicantino.

Pese a todo, relata la querella, la empresa siguió con las obras y realizó una segunda planta, algo que motivó una nueva denuncia de los vecinos. El Consistorio emitió dos decretos en el año 2013 de paralización y demolición de los trabajos pero lo hizo respecto de esa segunda altura. Incomprensiblemente concluyó que la primera estaba respaldada por una licencia, cuando precisamente fue sobre esa planta baja sobre la que se pronunciaron los técnicos municipales, el juez de Alicante y el Alto Tribunal autonómico.

Ambos decretos de 2013 fueron redactados por un técnico y rubricados por Marta García Romeu. Los vecinos presentaron una querella contra el trabajador municipal y contra la edil de Urbanismo al considerar que habían incurrido en un delito de prevaricación urbanística.

El pasado 10 de noviembre y tras estudiar el escrito, el magistrado decidió abrir diligencias de investigación. Ya ha pedido al Ayuntamiento que remita los expedientes administrativos.


* El Mundo - Gema Peñalosa - 27.12.14
Foto: Alicante, ayuntamiento - alicante-ayto.es