Castellón.- La Fiscalía denunciará la concesión de licencias del Castor por delito ambiental

Parece que algo se mueve dentro de las actuaciones fiscales para denunciar delitos ambientales, claro que para que eso suceda deben ocurrir auténticas catástrofes sociales, como la ocurrida frente a la costa de Vinaròs (Castellón). Las prospecciones gasísticas irresponsables causaron una actividad sísmica altamente peligrosa para el entorno costero y sus habitantes. Así el fiscal presentará una querella contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente, de Industria, y de la empresa Escal UGS (ACS). Aparentemente una acción judicial correcta, pero la doble cara es que se debe indemnizar a la empresa por el cese de la actividad, con lo que, una vez más serán los ciudadanos los paganos de una actividad delictiva de contenido público-privado. Lamentable.
"PÚBLICO* : La Fiscalía de Castellón denunciará los hechos "aparentemente delictivos" ocurridos en el entorno del almacén de gas Castor contra los organismos públicos que concedieron la autorización y contra la empresa Escal UGS por "prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente".

En septiembre de 2013, en el entorno del almacén de Gas, situado frente a las costas de Vinaròs, se produjeron unos 400 seísmos de baja magnitud, cuatro de los cuales se situaron en torno a los 4 grados en la escala de Ritcher, y fueron percibidos por la población.

La Fiscalía acordó entonces incoar diligencias de investigación penal para esclarecer los múltiples terremotos.

Según han informado hoy fuentes de la Fiscalía de Castellón, en un comunicado, una vez finalizados los trámites que se han llevado a cabo en la citada investigación, la Fiscalía General del Estado ha dado el visto bueno y se va a proceder a interponer la denuncia ante los juzgados de Vinaròs.

La denuncia se dirigirá, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto.

Asimismo, se presentará denuncia contra la mercantil Escal UGS, la empresa en la que es socio mayoriario ACS que construyó la planta y que la gestionaba hasta su cierre por los seísmos.

El Instituto Geográfico Nacional, comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una "relación directa" entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.

Desde el 13 de septiembre hasta finales de ese mes se produjeron cerca de 400 seísmos en el Golfo de Valencia, la mayoría de baja magnitud, en el entorno de la planta de extracción de gas. Esto generó gran intranquilidad en la población y el Ministerio de Industria ordenó paralizar la actividad de manera temporal hasta esclarecer la causa de los seísmos.

Escal UGS, concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor realizaba trabajos que en el momento en el que se detectaron movimientos que se centraban en la inyección del gas colchón, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación.

A principios de octubre de 2013 la Fiscalía de Castellón inició de oficio la investigación para tratar de averiguar si existían responsabilidades penales en los hechos. Ahoram, tras las investigaciones, el Ministerio Público ha decidido denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto Castor por presunta prevaricación medioambiental.

Compensación para la empresa

Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros aprobó en octubre pasado un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas.

El pago se hizo efectivo después de que el Gobierno intentara a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del acuerdo, aunque el Alto Tribunal ratificó la validez de la misma.


* Público - Agencias - 23.12.14
Foto: La planta del proyecto de almacenamiento de gas Castor. REUTERS

7 comentarios :

Gudea dijo...

Denunciado el Ministerio de Medio Ambiente por delito ambiental, lo de España es tan grotesco como un coto privado de caza en un Parque Nacional. Seguro que esto lo llevan los que nombró el Matas.

Tauro dijo...

Estos es lo que se conoce en los medios políticos "como oportunidad de negocio". Y pregunto en esas condiciones hace negocio cualquiera.
Parece ser que así son todas las concesiones que hace las Administraciones ´Públicas. Si hay beneficios para ellos y si hay pérdidas para el contribuyente. Ahí tenemos las nefastas "autopistas radiales" promocionadas por Esperanza Aguirre.
Claro que esta pájara se llevaría presuntamente un buen pelotazo en su construcción.

Benjamín Fernandez dijo...

El gobierno comete delitos y no pasa nada porque para eso estamos los pocarropa para pagar todos los despropósitos como castor y las autovias o las obras faraónicas inutiles y los aeropuertos sin aviones y circuitos. Todo sea por GURTEL y Noos. Las ganancias para ellos y las pérdidas para el pueblo, asi gobierna el Tato, con dinero ajeno, se pueden cometer todas las tropelias que quieran y si protestamos en la calle, porque no tenemos derecho a protestar en el Parlamento, te mandan a los grises, y ya sabes...... Una ardilla,puede ir de Madrid, Andalucia, pasando por Valencia, saltando de corrupto en corrupto.

jose dijo...

¿Por qué el gobierno no pide daños y perjuicios a la empresa ACS por la misma cantidad que ha soltado por la indemnizacion? o es que tiene miedo a Florentino

brown dijo...

Lo mejor es el PSOE que denuncia el pago de esos 1400 cuando esa clausula la firmaron ellos en 2008.. de no haberlo hecho seguramente no habriamos tenido que pagar. El Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto en mayo del año pasado por el Gobierno para anular la clausula. Además, el Supremo recordó que en el propio real decreto 855/2008 se puntualiza que el derecho a una indeminización por el valor residual del activo se produce "sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria", de modo que una hipotética negligencia no queda exenta de posibles penalizaciones....El PSOE entre subvenciones a las renovables metidas en el recibo de la luz e indemnizaciones a los hidrocarburos,se habrá quedado a gusto.

Ore dijo...

Y el paniaguado ministro Soria mientras tanto ASEGURANDO que el "fracking" es seguro. Pues debería responder con su patrimonio igual que los responsables de esto, desde su inductor el líder cómico Aznar para darle un negocio más a su amiguito Florentino, pasando por el gobierno del PSOE que lo aprobó hasta el de Rajoy que en tiempos de recortes se apresuró a pagarle a Florentino 1400 millones de € no ya por no hacer nada, sino por causar daño.

Blogger dijo...

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