+-+wikipedia.org.jpg)
ELPAÍS/Guipúzcoa* : El Plan Territorial Parcial (PTP) del área Donostialdea-Bidasoa, el principal instrumento para abordar la ordenación urbanística de este entorno, otorga a la bahía de Pasaia una relevancia "estratégica" y "capital", por lo que las intervenciones que se vayan a realizar en este enclave van a ser determinantes para el conjunto de Donostialdea-Bidasoa (13 municipios que suman 400.000 habitantes y una extensión de 376 kilómetros cuadrados).
Para el ámbito de Pasaia, donde se prevé la regeneración urbana de la bahía y la construcción de un puerto exterior, el PTP no da por definitiva la ejecución de este "macroproyecto", sino que recomienda el estudio de tres alternativas, de las cuales las dos primeras consisten en rehabilitar el interior de la bahía y "modernizar" el actual recinto portuario sin construir la dársena exterior. La diputada de Movilidad de Guipúzcoa, Arantza Tapia, recordó que la Diputación se decanta "claramente" por esta infraestructura, pero da prioridad a iniciar la regeneración urbana de Pasaia sin condicionarla al mencionado proyecto.
En todo caso, con o sin dársena exterior, el PTP recomienda que una parte de los suelos liberados de la deslocalización de las actividades portuarias se destinen a acoger nuevas actividades económicas y equipamientos públicos, frente a la tentación de "su reconversión sistemática como suelo residencial".
Otro de los grandes hitos del planeamiento de Donostialdea-Bidasoa es la prolongación del segundo cinturón de la AP-8 hasta la frontera, un proyecto que sólo se contempla "a muy largo plazo". Tapia aseguró que la Diputación no prevé acometer esta posibilidad a corto o medio plazo.
Respecto al aeropuerto de Hondarribia, se apuesta por alargar la pista y se entiende "improcedente" su posible deslocalización o eliminación.
El PTP, aprobado inicialmente por el Gobierno vasco y con una vigencia de 16 años, se somete ahora a las alegaciones de instituciones y particulares.
* El País - 22.10.10
Foto: Pasaia (Guipúzcoa) - wikipedia.org
El trazado urbanístico de Donostialdea alienta el debate de no construir el puerto exterior
El Consell subastará la parcela de las torres de Calatrava
LEVANTE/Valencia : El proyecto de los rascacielos se pospone pero no se descarta. La Generalitat prevé ingresar cerca de 393 millones con la venta de trece parcelas y cuatro edificios. El vicepresidente económico y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha anunciado que el Gobierno valenciano va a proceder a la venta mediante subasta del solar propiedad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) en el que se iban a construir las denominadas torres de Calatrava y que en la actualidad se encuentra "claramente ocioso".
Gerardo Camps ha comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, tras la reunión del pleno del Gobierno valenciano en la que se han aprobado los proyectos de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2011 y de Acompañamiento.
El vicepresidente ha indicado que el Consell es el titular de los proyectos básico y de ejecución de las torres y ha señalado que en "cualquier momento éstas pueden ser construidas" una vez cedidos esos derechos y "si así lo entendiera un particular o privado en cualquier solar de la ciudad de Valencia", en ese mismo solar de CACSA o en cualquier otro de la Comunitat Valenciana.
Ha señalado que si quien adquiriera la parcela "estuviera interesado en los proyectos de las torres de Calatrava" la Generalitat no tendría "ningún inconveniente en cederle los derechos para que las pudiera construir en ese solar".
"Si no fuera así, los proyectos siguen siendo titularidad de la Generalitat, junto con Santiago Calatrava, y se pueden realizar en el momento en el que lo permitiera el mercado inmobiliario en cualquier espacio de toda nuestra comunidad", ha apostillado. Ha asegurado que no habrá penalización económica por no ejecutar ahora las torres.
El conseller ha avanzado la puesta en marcha para el próximo ejercicio de un plan de "optimización" del patrimonio de la Generalitat y sus sociedades dependientes, que consistirá en la venta mediante subasta de inmuebles y solares "ociosos" y con el que la Generalitat prevé ingresar un total de 392,9 millones de euros.
La medida afectará a una serie de solares que constituyen "el dominio privado de la Generalitat, no están afectos a servicios públicos y no son necesarios para el cumplimiento" de sus fines, así como a "bienes de dominio público", destinados al uso general o "afectados directamente a la prestación de servicios públicos o administrativos" de la Generalitat. Entre estos últimos se encuentran las actuales sedes de las consellerias de Industria, Agricultura y Bienestar Social, que se trasladarán al nuevo Complejo Administrativo 9 de Octubre.
Traslado al complejo 9 d'Octubre
Gerardo Camps ha precisado que este supuesto se encuentra amparado por la ley de Patrimonio valenciano y se enmarca en el futuro traslado a las nuevas dependencias del Complejo Administrativo 9 de Octubre de Valencia de determinadas oficinas administrativas de la Generalitat.
Ha señalado que dada la proximidad de la finalización de las obras de esta infraestructura --prevista para finales de 2011-- "resulta aconsejable que se produzca la transmisión de los inmuebles que en breve plazo van a quedar ociosos". "Los solares ya lo son y esos inmuebles, en apenas un año, también lo van a ser", ha remarcado.
Asimismo, ha indicado que hasta la efectiva ocupación del nuevo complejo administrativo y "en caso de que fuera necesario", la Generalitat podrá seguir ocupando los inmuebles enajenados en calidad de arrendatario, por lo que no habrá "en ningún momento una merma en la prestación del servicio público".
Ha remarcado que 90.000 metros cuadrados de los 110.000 con los que cuenta la nueva infraestructura van a ser ocupada por dependencias administrativas que en estos momentos se encuentran en inmuebles en régimen de alquiler, por lo que ha augurado que habrá "un ahorro muy importante de costes". Quedan libres 20.000 metros en los que se ubicarán dependencias que se encuentran en edificios propiedad de la Generalitat.
En concreto, se trasladarán al complejo las oficinas de las consellerias de Industria, Agricultura y Bienestar Social. De hecho, los inmuebles de dominio público afectados por el nuevo plan de optimización son las actuales sedes de las consellerias de Industria, en la calle Colón, y Agricultura y Bienestar Social, en la Alameda, en edificio conocido coloquialmente como 'La Cigüeña'; y dos locales comerciales de las consellerias de Industria y Bienestar Social, en las calles Guardia Civil y Náquera, respectivamente. El valor de tasación de estos inmuebles es de 105 millones de euros y tienen una superficie total de 17.642 metros cuadrados.
Por su parte, los solares afectados son un total de 12 repartidos por toda la Comunitat y suponen un importe global de alrededor de 20 millones de euros.
Gerardo Camps ha remarcado que el Consell "no ha decidido proceder ahora a la venta de patrimonio titularidad de la Generalitat porque la situación económica nos obliga a ello, eso sí que lo hace alguna comunidad gobernada por el PSOE", y, al respecto ha citado el caso de Andalucía, donde en sus presupuestos "aparece venta de patrimonio por valor de más de 900 millones de euros" a través de "una jugada de contabilidad financiera".
Ha destacado que como la Generalitat "ha hecho el complejo administrativo más importante y más grande de todas las comunidades autónomas nos podemos permitir el dejar la práctica totalidad de los locales arrendados o alquilados y además proceder a la venta de inmuebles" que se encontrarán vacíos una vez se produzca el traslado.
* Levante - 22.10.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Los técnicos de urbanismo aseguran sentirse presionados
LAOPINIÓN/Tenerife* : "Miedo a las denuncias de los colectivos sociales, ninguno. En todo caso, lo que sí se reciben son presiones políticas para agilizar los trámites, aún cuando en ocasiones hay razones para los reparos". Javier Galván, uno de los principales responsables en Canarias de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), respondió con estas palabras a las acusaciones lanzadas por Antonio Plasencia, presidente de la Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), de que los técnicos urbanísticos de las administraciones públicas bloquean los proyectos al estar atemorizados por la permanente amenaza de los colectivos sociales de acudir a los tribunales.
"Los técnicos están atemorizados y echan para atrás cualquier solicitud que les llegue. Tienen miedo de perder el puesto de trabajo o de verse en los tribunales", matizó Plasencia al referirse a la parálisis del Plan General de la capital tinerfeña. La apreciación, con la que están de acuerdo otros muchos representantes de las principales asociaciones empresariales de la Isla, ha generado indignación, según el portavoz del sindicato CSIF, entre los funcionarios que controlan el buen hacer urbanístico de los responsables públicos.
Responsables
"Estos trabajadores no tienen miedo a las denuncias. Ya son de por sí perfectamente responsables y conocedores de su función, que no es otra que velar por la legalidad de las diferentes iniciativas urbanísticas de acuerdo con el marco normativo vigente. Saben que no hacerlo puede depararles consecuencias ante la Justicia. Y que nadie dude de que si alguno de ellos pone reparos o no da el visto bueno es porque observa suficientes indicios de irregularidad como para hacer valer su cometido", explicó Galván.
El representante del CSIF considera "graves" y "absurdas" estas acusaciones y precisa que las presiones vienen, en todo caso, de los mismos líderes políticos. "Yo sí le puedo hablar de casos de funcionarios que fueron apartados de sus funciones y hasta denigrados y acosados por actuar con profesionalidad". Galván precisó que "las coacciones", que pueden llegar a ser motivo de denuncia, "no sólo se limitan a las diferentes áreas de Medio Ambiente", sino también se dan en multitud de ayuntamientos, sin querer precisar si el de Santa Cruz de Tenerife está entre ellos.
Plan General
Ahora, no tiene "la menor duda" de que si los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac), del Gobierno de Canarias, han elevado 187 reparos al Plan General de la capital chicharrera y han decidido suspender la aprobación del documento, es porque son puntos que chocan con la ley o con los diferentes planeamientos que se deben tenerse en cuenta en la valoración sobre el municipal.
"Las acusaciones de estos grandes empresarios son absurdas y faltan al respeto a la honestidad que en general rige la labor de los profesionales que controlan las buenas prácticas en las diferentes administraciones. No entiendo qué propósito tienen, si a lo mejor lo que querrían esos empresarios es que se hiciera la vista gorda. Hay técnicos y técnicos, pero la gran mayoría tienen un comportamiento intachable", defendió el representante del CSIF.
Javier Galván rechazó que se creen chivos expiatorios para ocultar la incapacidad de los políticos para sacar adelante los planeamientos urbanísticos o determinados proyectos sensibles.
* La Opinión Tenerife - 21.10.10
Foto: Manifestación contra el PGO frente al Ayuntamiento.
Murcia.- El juez cita como imputados a la directora del servicio jurídico y a otro ex jefe de Urbanismo
LAVERDAD* : La jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia, Ana María Vidal Maestre, y el ex jefe de la Gerencia de Urbanismo y actualmente asesor adscrito al servicio municipal de Patrimonio, Pedro Morillas, tendrán que prestar declaración en calidad de imputados, en los próximos días, en el Juzgado de Instrucción nº8 de Murcia, que investiga la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Umbra'. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a 'La Verdad' que estos dos altos funcionarios municipales ya han sido formalmente citados por el magistrado David Castillejo, quien les ha advertido de que comparecerán en calidad de imputados; una figura que supone que deben acudir acompañados de su abogado y que, básicamente, constituye una garantía frente a los cargos que puedan imputárseles durante el interrogatorio.
Se da la circunstancia de que Ana María Vidal acompañó en todo momento al concejal Fernando Berberena, también imputado en esta causa, durante el registro que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil efectuaron el pasado día 5 en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, en plena plaza de Europa de Murcia. «No tenemos idea de lo que están buscando», se limitó a señalar la letrada municipal al ser interrogada al respecto por este periódico.
Por lo que se refiere a Pedro Morillas, se trata de uno de los especialistas más conocidos de la Región en materia urbanística y durante unos años dirigió la Gerencia de Urbanismo. Fue la época en que se redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en que se firmó el convenio de Nueva Condomina (2001). Después de aquello pidió la excedencia -fue sustituido por Alberto Guerra, también imputado- y fichó por la empresa privada, en la que ha sido director de la firma Estudios, Proyectos y Planificación S.A. (Epypsa), compañía que redactó el estudio de viabilidad del tranvía; ha dirigido la consultora y asesoría jurídica Pemori 4 Srl., ha ejercido como profesor de la Universidad de Murcia y es director del Máster de Estudios Urbanísticos e Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ENAE, según informa Manuel Madrid.
Hasta el pasado abril estuvo volcado con la empresa privada, pero en esa fecha fue recuperado como asesor por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, aunque se le adscribió al servicio de Patrimonio. Entre las atribuciones que recibió de la Alcaldía destacan la supervisión, redacción y gestión de convenios urbanísticos, y las relaciones entre Patrimonio y la Gerencia de Urbanismo. «Es un hombre muy válido y el alcalde, con muy buen criterio, lo ha incorporado a su equipo», fueron las palabras con las que el concejal de Presidencia, Francisco Porto, saludó entonces su 'fichaje'.
No han trascendido los cargos específicos que el juez imputa a Ana María Vidal y a Pedro Morillas, aunque todo apunta a que tendrán que dar explicaciones sobre informes que habrían redactado en su día respecto de convenios urbanísticos de la zona norte del término de Murcia, ahora bajo investigación.
LOS OTROS IMPUTADOS
Detenidos. El jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra (en libertad bajo fianza de 70.000 euros), el abogado Higinio Pérez Mateos (libertad con fianza de 100.000 euros) y el empresario italiano Renato de Noce (fianza de 120.000 euros).
Concejal. El edil de Urbanismo, Fernando Berbenera, en libertad sin fianza.
Empresarios. El dueño del real Murcia, Jesus Samper, y los promotores Francisco Arqués López, Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes Suárez, todos ellos en libertad sin fianza.
Otros. El ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver; su esposa, Sandra de la Puente, y la mujer de Alberto Guerra, María Isabel Fernández (jefa de la Oficina de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia).
* La Verdad - 22.10.10
Foto: El edil Berberena y la letrada municipal Ana María Vidal, durante el registro del día 5.- la verdad
La oración del corrupto
JOAQUÍN SÁNCHEZ* : «Señor, no me des, pero ponme donde haya»
"¿Qué ha pasado en nuestra sociedad para este cambio de actitud respecto a la corrupción? Tal vez hemos hecho del dinero el único valor. El dinero lo justifica todo". La reciente Operación Umbra contra la presunta corrupción en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia nos devuelve de nuevo a la palestra la corrupción política. No es de extrañar que para los españoles, según las encuestas, los políticos representan el tercer problema después de la economía y el paro. Sí es verdad, que generalizar la corrupción política me parece injusto porque hay personas que en Ayuntamientos, Asambleas Regionales, Senado y Congreso de los Diputados actúan con honestidad y dedicación. Pero, a la misma vez, es verdad que existen muchos casos de corrupción política e intuimos que es sólo la punta del iceberg. Aunque resulte contradictorio, esta corrupción política viene acompañada de un cierto sentir en muchos ciudadanos que cuando se reprocha dicha actitud de corrupción, alegan: «¡Qué bueno! Que no pasa nada y que hacen muy bien, porque yo haría lo mismo, y tú cállate porque serías peor que ellos».
Recuerdo los años 80, cuando la corrupción no era tolerada ni en su legitimación y tenía consecuencias negativas para el partido político que la amparaba; más tarde o temprano repercutía en sus votantes. Lo que también recuerdo es que había un ambiente de no aceptación de estos hechos, una crítica social sobre las personas que presuntamente era imputadas por actuaciones contra la ética política. Se podía aceptar que un alcalde o un concejal tomaran una decisión muy cuestionable legalmente que afectara a un trámite administrativo, pero que beneficiara al pueblo y, por supuesto no hubiera dinero por medio ni ninguna otra contraprestación. Muchos alcaldes han tomado decisiones controvertidas para no perder una subvención o no perder un proyecto para su pueblo, porque las condiciones de la Administración pública son complicadas de cumplir al pie de la letra. Yo, personalmente lo acepto porque se juegan el puesto por el bien de su pueblo.
En la actualidad se ha intentado justificar la corrupción como algo que beneficiaba al crecimiento de una población, pero lo único que se han beneficiado han sido algunas cuentas corrientes y lo único que ha traído ha sido paro, destrucción del medio ambiente y pobreza. Desde los movimientos sociales y ecologistas se decían que todo esto era pan para hoy y hambre para mañana, y han acertado, no porque fueran unos iluminados, sino porque la codicia, la ambición y la soberbia que conlleva no ve más allá de sus propios intereses.
¿Qué ha pasado en nuestra sociedad para este cambio de actitud respeto a la corrupción? Tal vez hemos hecho del dinero el único valor de nuestra sociedad. El dinero lo justifica todo porque nos permite vivir con lujo, confort y porque nos hace considerarnos alguien. La cultura, la educación y la solidaridad no son valores preferenciales.
No estaría mal que se recuperara la utopía de que la persona y su dignidad deben ser el centro de la humanidad y, por tanto, de la actividad política. Los políticos deben ser servidores públicos, entregados a fomentar los derechos sociales y laborales de sus ciudadanos, articulando estos derechos con obligaciones éticas que permitan una sociedad cimentada en la igualdad y la libertad, subrayando que la política como valor ético no puede ser profesionalizada ni mercantilizada.
* La Opinión Murcia - Opinión - 22.10.10
Derribada en una aldea de Palas la vivienda de una familia en paro
,+vivienda+derribada+a+familia+en+paro+-+elpais.jpg)
ELPAÍS/Lugo* : Ayer por la mañana, la familia Parada Buján, de Palas de Rei, se quedó sin casa. Desde primera hora, por si se calentaban los ánimos, un furgón de la policía hacía guardia con varios agentes en el lugar, pero la piqueta no empezó a actuar hasta bien pasado el mediodía. La empresa de demoliciones les había dado un margen a los propietarios para rescatar lo rescatable de la construcción, ventanas, puertas y otros elementos que, en el futuro, si la economía doméstica respira, reutilizarán en un nuevo hogar. Claro que, de momento, el panorama se presenta negro: los Parada, un matrimonio con dos hijos, vecinos de Ximonde (Vilar de Donas, Palas) de toda la vida, dormirán en adelante apretándose en casa de los abuelos porque José, el cabeza de familia, de 58 años, es parado de larga duración.
Lo cierto, según explicaba ayer un cuñado, es que "no tienen ningunas posibilidades económicas" y nunca las han tenido. Por eso, en 1996, empezaron a construir su vivienda "con una licencia para hacer un alpendre, como se hacían siempre las cosas aquí". Alrededor, "todo eran fincas libres, a prado", pero poco después otros vecinos "empezaron a plantar árboles" y en la última revisión el terreno "pasó a ser considerado masa forestal". "Nunca", desde el Ayuntamiento, "les llamaron la atención" a los propietarios, que "hasta tenían luz", traída hasta la casa "con permiso" del consistorio. Nunca pensaron que la piqueta, tan poco activa con las ilegalidades perpetradas en Galicia, fuese a tirárselo todo.
Pero hace unos dos años, porque no habían podido pagarla antes, "le pusieron la cubierta". Y entonces, vino "la denuncia" por parte de "alguien" que la familia no quiere especificar para no buscarse más "problemas". "No fueron los vecinos, y tampoco el Ayuntamiento", aclaran. La cuestión es que "hace año y medio", según los propietarios, el juzgado dictó la orden de derribo, pero no volvió a saberse nada hasta ahora, cuando de forma precipitada tuvieron que recoger los bártulos de su vida. "Nos avisaron hace una semana de que iban a demoler la casa", explicaban ayer, afectadísimos, mientras veían cómo lo perdían todo.
* El País - 22.10.10
Foto: Derribada en una aldea de Palas la vivienda de una familia en paro - elpais
El colectivo 'Córdoba, ahora o nunca' reclama la demolición del cien por cien de las naves de Colecor
20MINUTOS* : El colectivo 'Córdoba, ahora o nunca', constituido en Facebook y con cerca de 600 'amigos', ha hecho pública una demanda, suscrita por una treintena de sus miembros, entre ellos arquitectos, arqueólogos, ecologistas, políticos y ex responsables de Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba, reclamando la demolición del cien por cien de las naves de Colecor.Dicho escrito, colgado en la página de Facebook de dicho colectivo y publicado este jueves como artículo de opinión en 'El Día de Córdoba', expresa su "más rotundo desacuerdo" a "la aprobación, por parte el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, del Plan Especial de la Carretera de Palma", ya que "dará cobertura legal a las naves construidas ilegalmente por Rafael Gómez Sánchez".
Por ello, antes de que el Pleno municipal refrende dicho acuerdo, se hace esta denuncia pública por los firmantes del mencionado escrito, entre los que se encuentran el ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento José Rafael Navarro (IU), la abogada, ex secretaria general de la GMU y ex delegada de Justicia y Administración Pública de la Junta en Córdoba, Mercedes Mayo (PSOE), el ex edil y ex senador socialista y hasta hace poco presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Pedro Rodríguez Cantero, o el histórico ecologista y dirigente de Los Verdes de Andalucía, ex edil y ex director general de Educación Ambiental de la Junta y ahora coordinador general del Foro para el Desarrollo Sostenible de Andalucía, José Larios, entre otros.
A juicio de los firmantes, "una actuación de este tipo, en la que la falta de diligencia de la Administración hace que 40.000 metros de naves se levanten delante de las narices de todos sin poder/querer evitarlo, que no se inicie y se haga seguimiento a un expediente impoluto que desemboque en la imposición y cobro de una multa ejemplar y la demolición de lo edificado, provocan desconfianza en una administración débil, que no es capaz de imponer el cumplimiento de unas normas básicas de funcionamiento de nuestra sociedad".
También se opone el colectivo a la aprobación final del Plan Especial "por la manifiesta ilegalidad en la que se esta incurriendo", ya que "la sentencia del TSJA dejó bien claro, en su fundamento de derecho décimo, que este Plan Especial, en tanto desarrolla las determinaciones del PGOU, no puede contradecirlo ni innovar sus determinaciones estructurales, de ahí que no pueda desconocer las prohibiciones de uso que para el suelo que ordena (suelo no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir) establecidas en el propio PGOU, estando prohibido para este tipo de suelo las industrias de almacenaje que requieran un gran consumo de suelo".
En consecuencia, "cualquier informe que se haya hecho justificando esta circunstancia es un informe presuntamente ilegal a sabiendas de su ilegalidad y con una clara responsabilidad para el funcionario que la suscribe".
Además, tampoco es aceptable, "por la incoherencia en relación a las parcelaciones ilegales. ¿Qué le dirá el Ayuntamiento a partir de ahora o a quien le pida legalizar sus 120 metros cuadrados de vivienda?. Todo lo avanzado hasta el momento en la pugna con las parcelaciones ilegales, cuyos propietarios exigen derechos sin haber cumplido con sus deberes y por tanto sin razón, se viene abajo por esta actuación incoherente".
De hecho, según los firmantes, "los tres partidos con representación en el Ayuntamiento (IU y PSOE en el gobierno y el PP en la oposición) han llegado por distintas vías a la misma posición de facilitar cobertura legal a las naves y todos se equivocan defendiendo unos intereses que, ni son los de la mayoría de la población, ni coinciden con el interés general". El Plan Especial ha sido dictaminado favorablemente el consejo rector de la GMU con los votos a favor de IU y PSOE y la abstención del PP.
En consecuencia, los firmantes concluyen solicitando "que sean revisadas las conclusiones del Plan Especial, con el fin de alcanzar la restitución de la realidad preexistente, esto es, la demolición del cien por cien de lo construido y a la nueva Consejera de Obras Públicas y Vivienda una actitud pro-activa en la consecución de este objetivo".
* 20 Minutos - EP. - 21.10.10
Foto: Córdoba, sede Arenal 2000 - córdoba
El Plan Urbano de Llanes anulado por el juez ni siquiera entró en vigor, según el Supremo
,+macrourbanizaci%C3%B3n+La+Tal%C3%A1+-+S.Cirilo,+elpais.com.jpg)
LNE/Asturias* : El Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes no sólo está anulado, como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 2007. También es «ineficaz», es decir, en realidad nunca entró en vigor, según una sentencia reciente del Tribunal Supremo. La sala de lo contencioso -administrativo del alto tribunal considera que el planeamiento urbanístico del concejo llanisco no tiene aplicación por un defecto de forma, al no haberse publicado correctamente en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) el informe positivo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).
El Supremo acepta, de esta forma, el argumento del representante legal de la Junta de Compensación del plan parcial de La Talá, el catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra, que recurrió en su día contra el Plan General. En primera instancia, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó el recurso, que ha sido admitido en casación por el Supremo.
A grandes rasgos, el alto tribunal cuestiona la costumbre de la CUOTA de publicar en el BOPA sólo la parte literaria de sus informes, dejando de lado los planos y fichas que normalmente acompañan e ilustran los textos. El Supremo precisa que «la línea jurisprudencial reciente señala que cuando las fichas incluyan determinaciones con un claro valor normativo resultan de obligada publicación».
«Quiere esto decir», recalca el tribunal, «que cuando las normas urbanísticas no resultan descifrables ni entendibles por sus constantes remisiones a las fichas, haciendo de éstas no un instrumento auxiliar de la norma, sino un elemento esencial para su comprensión, al tiempo que se les confiere un contenido normativo impropio (...) les alcanza la exigencia de la publicación, que se extiende a todo cuanto tenga contenido normativo».
En concreto, la sentencia del Supremo critica que no vengan detallados en el informe publicado «los distintos ámbitos de suelo urbanizable sectorizado y suelo urbano no consolidado», ni se precisen «las características básicas específicas de cada uno de ellos, como el aprovechamiento urbanístico, usos o niveles de intensidad». Esa información está contenida en las fichas no reflejadas en el BOPA, con lo que el tribunal concluye que la publicación del informe es «incompleta».
En consecuencia, el Supremo acepta el recurso contra el acuerdo de la CUOTA que aprobó el Plan Urbano, «que declaramos ineficaz hasta que se proceda a su completa publicación, incluyendo las fichas y planos con contenido normativo».
La sentencia no sólo tiene relevancia en el concejo llanisco, ya que en teoría inhabilita al Ayuntamiento a conceder licencias urbanísticas por carecer de Plan Urbano, sino que abre la puerta a posibles recursos contra los planeamientos de otros concejos.
Los tropiezos jurídicos del urbanismo de Llanes no se limitan al plan anterior. Hace unas semanas se conoció que otra sentencia, en este caso del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Oviedo, anulaba la adjudicación de la redacción del nuevo PGO al Grupo Malt, S. L., declarando nula la resolución de la Alcaldía a tal efecto y admitiendo el derecho de la parte recurrente a ser indemnizada por el Ayuntamiento de Llanes con la cantidad de 19.200 euros.
* La Nueva España - 22.10.10
Foto: Llanes (Asturias), macrourbanización La Talá - S.Cirilo, elpais.com
La juez del 'caso Mercasevilla' imputa al primer alto cargo del Ayuntamiento
ELPAÍS* : La juez del caso Mercasevilla ha imputado al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Marchena. Actual vicepresidente de la Asociación de Interés Económico de las empresas municipales, Marchena es uno de los dirigentes de máxima confianza y amigo personal del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE). La magistrada ha imputado asimismo a la subjefa del Servicio de Licencias de Urbanismo, Emilia Barrial, técnica responsable del área y pone en entredicho la gestión de ambos. Con las imputaciones, la juez busca aclarar el proceder de Urbanismo respecto a los suelos municipales de Mercasevilla, su concurso público, y las acusaciones realizadas por el promotor de Larena98, Antonio Pardal, en contra de Marchena.
Larena98 poseía los derechos de suelo de Mercasevilla y pagaba una cuota de 59.000 euros al mes. Pero nunca obtuvo la licencia de obra para construir en ese terreno. Finalmente, tras los desacuerdos con Urbanismo, en 2005 la promotora renunció a los terrenos en favor de Sando. La constructora malagueña logró los derechos del suelo por un millón de euros, al año siguiente ganó el concurso público, obtuvo la licencia de obra, y construyó las naves proyectadas. La juez busca aclarar el concurso que considera "fraudulento" y por qué Urbanismo concedió la licencia a Sando cuando se la había denegado en repetidas veces a Larena98. "Los inculpados resolvieron (...) elaborar un pliego de condiciones que favorecieran claramente a Sando frente al resto de participantes, aunque su oferta económica fuera inferior", cree la juez. Sando se alzó con el concurso pese a que ofreció 106 millones y la constructora Noga 158 millones.
Marchena, uno de los directivos públicos mejor pagados de Andalucía (en 2009 declaró 170.749 euros), difundió ayer un comunicado en el que alega que ya se puso a disposición de la juez el pasado febrero, cuando acudió "de forma voluntaria" a los juzgados para declarar. Pero no llegó a comparecer porque la juez no lo consideró pertinente. "Sigo estando a disposición de la juez para aclarar lo que estime oportuno (..) No he cometido ninguna irregularidad en mi gestión pública y desconozco las causas de la imputación", puntualizó Marchena. El vicepresidente de las empresas municipales, que no quiso hablar más allá de lo aclarado en el comunicado, pedirá personarse en la causa para acceder al sumario.
La concesión de la licencia de obra a Sando es la principal razón de la imputación de Marchena, según fuentes del caso. Pero el directivo también deberá aclarar las acusaciones del promotor Pardal, que aseguró que Marchena le ofreció amañar el concurso de Mercasevilla. "A cambio de abandonar Mercasevilla (rescindir el contrato de superficie) me ofreció poder concursar en varios proyectos de VPO que me serían otorgados", declaró Pardal en sede policial y luego ratificó en el juzgado. El promotor abandonó el despacho de Marchena con los impresos para las ofertas "por cortesía", pero sabía que no participaría porque "su empresa no se dedica a construir viviendas".
Pardal aseguró haberse reunido con el alcalde cuatro veces para intentar desbloquear la situación. Pero le exculpó de conocer la oferta de concesiones ilícitas. "Me dio la impresión de que era un hombre desbordado por los acontecimientos. Se mostró harto del asunto", dijo sobre Monteseirín a la juez. El empresario acusó también a Marchena de pedirle que patrocinase el club Patín Macarena de hockey, a lo que accedió y "aportó cuatro o cinco millones de pesetas".
Las acusaciones de Pardal contra Marchena están basadas en su relato, al cual podría oponer su versión el ex gerente de Urbanismo y tumbar sus argumentos, ya que de momento no existen más pruebas en su contra porque Larena98 no ganó ningún concurso de VPO, según fuentes del caso.
* El País - 22.10.10
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es
El Concello de Vigo abre la vía para legalizar las torres de García Barbón
LAVOZDEGALICIA* : La Gerencia de Urbanismo de Vigo ha aprobado esta mañana la concesión de licencias para las torres de García Barbón, edificios que tienen una orden de derribo desde 1996 por no ajustarse al anterior PXOM. Con este trámite, el Concello de Vigo abre la vía de la legalización de las torres Ifer, de 17 alturas, cuyo derribo había sido ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza a pesar de su inclusión en el actual plan urbanístico.
Además de la concesión de las licencias de las torres, donde está la sede del Círculo de Empresarios de Galicia, se va a presentar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un incidente de inejecución, esperando que la Justicia acepte la solución y anule la orden de demolición del edificio, que alberga 170 viviendas.
Aunque el Concello trató de legalizar las torres incluyéndolas con su actual configuración en el nuevo Plan Xeral, al igual que hizo con otros casos como el del edificio de Jacinto Benavente, el Tribunal Superior de Xustiza consideró que no era suficiente. En la sentencia recordaba que el edificio supera en altura la que autorizaba el estudio de detalle de la zona y también el máximo previsto por el Plan Xeral anterior, vigente cuando se aprobó y ejecutó este proyecto. Una segunda causa de anulación fue la falta de la firma del secretario municipal en el estudio de detalle y, finalmente, que las torres solo podían construirse si en paralelo se tramitaba la urbanización del terreno de la vecina fábrica de A Metalúrxica, cuyo solar sigue vacío todavía ahora.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha querido matizar esta mañana que esta decisión se ha tomado por imperativo legal y no por voluntad política. El regidor ha insistido en que la ley obliga a adaptarlo al nuevo PXOM y ha querido dejar claro que ha llegado el momento de que en Vigo se acabe la impunidad contra los que incumplen la ley en materia urbanística.
En la sesión de la Gerencia de Urbanismo de hoy también se ha aprobado la suspensión de licencias en el ámbito de la Panificadora y la modificación del Pepri para que el edificio se pueda conservar en su totalidad y se pueda destinar a uso dotacional, es decir, público.
* La Voz de Galicia - 21.10.10
Foto: Vigo, torres - mundoanuncio
Murcia.- Imputan a otras cinco personas en el caso Barraca por su relación con Peñalver
LAOPINIÓN* : La investigación del caso Barraca, la presunta trama de corrupción urbanística que tiene como principal protagonista a Joaquín Peñalver, arquitecto y ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo desde 1999 hasta 2006, avanza en paralelo a la operación Umbra. Otras cinco personas más acaban de ser imputadas por el Juzgado de Instrucción nº4 de Murcia, que instruye el sumario, por su supuesta relación societaria con el que fuera número tres de Urbanismo y acusados de un delito de cohecho y tráfico de influencias.
El auto dictado por el juzgado, al que ha tenido acceso esta redacción, establece que los nuevos imputados son Evaristo Vicente Candela, ex administrador de Promociones Broncho, Imagen Valenciana y Promociones Bamendi; Antonio Paredes Coves, administrador de Salpa Milenium; José Díaz García, presidente de la mercantil José Díaz García y Juan Carlos Zapata Triviño y Francisco Ginés Zapata Triviño, administradores mancomunados de la mercantil Promociones y Construcciones Zapata.
Estos nuevos imputados se suman a los otros catorce que ya había en este caso, algunos de ellos parientes del propio Peñalver, como su mujer, Sandra de la Puente; su padre, Joaquín Peñalver Ruiz, o su suegra, María Dolores Vázquez Sánchez, por lo que son ya 19 los acusados de integrar la presunta trama de corrupción, cuya investigación se inició hace casi cuatro años.
Según consta en el escrito fiscal que sirve de base al juzgado para ampliar las imputaciones en el caso Barraca, tanto Evaristo Vicente Candela como Antonio Paredes Coves, «tienen numerosas relaciones con Joaquín Peñalver y familia, al tiempo que gestionan la sectorización de suelos urbanizables que dependen del informe de Planeamiento del Ayuntamiento». También especifica que empresas relacionadas con estos nuevos imputados pagaron directamente al ex número tres de Urbanismo 86.000 euros en 2004 y 58.000 euros a su mujer en 2004.
Asimismo, entregaron 72.333 euros en 2004 a Francisco Peñalver Motas, hermano del ex jefe de Planeamiento, y 10.848 euros en 2005 a la mercantil Peñalver Arquitectos y Asociados, estudio de arquitectura de la familia del principal encausado en el caso Barraca.
Posteriormente, según relata el fiscal en su escrito, el estudio de arquitectos habría cobrado 1,1 millones de euros en 2005; 162.295 euros en 2006 y 1.2 millones de euros en 2007 de la empresa de uno de los imputados, «al tiempo que Arquitectos Peñalver y Asociados le compra bienes o servicios por valor de 12.000 euros en 2005 y 210.453 euros en 2006».
En cualquier caso, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Murcia establece, en el auto en el que detalla los nuevos imputados, que los acusados y sus empresas tienen relación con la compra-venta de terrenos afectados por modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana, de las que informaba el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, que cinco días antes de que la Fiscalía abriera diligencias en marzo de 2006 se marchó de la concejalía de Urbanismo en excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor de tres años.
Joaquín Peñalver también ha sido imputado en la operación Umbra, que se desarrolló en Murcia el pasado cinco de octubre con la detención de uno de sus socios en el caso Barraca, Renato de Noce; del entonces gerente de Urbanismo, Alberto Guerra y del abogado Higinio Pérez Mateos (el caso Umbra lo lleva el Juzgado de Instrucción Número 8).
* La Opinión Murcia - 21.10.10
Foto: Alberto Guerra, gerente de la concejalía de Urbanismo, detenido el pasado 5 de octubre en la operación Umbra - laopinión
Cambia el gobierno... ¿las políticas?
JUAN LÓPEZ DE URALDE* : Siempre que hay una remodelación de Gobierno, hay nuevos rostros y con ellos llega una cierta sensación de renovación. Sin embargo la cuestión relevante es si estos cambios suponen o no un giro real en las políticas. Mi punto de vista es que se tratará de una remodelación puramente cosmética, ya que, en general, son los mismos personajes que han acompañado a Zapatero en estos años: Rubalcaba, Trinidad, Pajín….Así que no hay que esperar cambios más allá de una operación fundamentalmente de renovación de caras y de carteras. Además elimina uno de los ministerios que más molestaban a la derecha, el de Igualdad. Ha despertado especial curiosidad el cambio em Medio Ambiente, por la llegada de Rosa Aguilar. Vaya por delante que el cese de Espinosa llega con dos años de retraso, pero en todo caso es bienvenido.
¿Qué va a hacer Rosa Aguilar en Medio Ambiente? Es una incógnita que debería resolver de manera rápida adoptando medidas que habían quedado relegadas. Alguna idea: demoler el Algarrobico, promover las renovables, 30% de reducción de emisiones de CO2….
En definitiva, no hay ya demasiado espacio después de la oleada de políticas antisociales y antiambientalesde ZP, para la esperanza en su nuevo gobierno. Ojalá me equivoque.
* Juantxo.org - 20.10.10
Urbanismo pasa al pleno de Córdoba la legalización de las naves de Sandokán
ELPAÍS* : Ya solo queda la aprobación del pleno de Córdoba para la legalización de las naves construidas irregularmente por Arenal 2000, la empresa del joyero Rafael Gómez, alias Sandokán, en las inmediaciones del área protegida de Medina Azahara. La Gerencia Municipal de Urbanismo dio luz verde ayer al dictamen para la aprobación definitiva en el Ayuntamiento del plan especial Carretera de Palma, que ordena el espacio donde se levantaron las naves industriales. La tramitación del plan sigue adelante, a pesar del duro informe emitido en septiembre por la Delegación de Obras Públicas, en el que se seguían destacando importantes inconvenientes, principalmente por el uso que se va a dar a las naves y el porcentaje de ocupación de las mismas, al tiempo que pedía más aclaraciones.
El informe de Obras Públicas no es vinculante. No obstante, el concejal de Urbanismo, Francisco Tejada, defendió ayer que la Gerencia Municipal de Urbanismo "ha dado cumplida cuenta de las peticiones de la Delegación". Tejada defendió que la actividad prevista para las naves es la de un uso "industrial de almacenaje (...), que está contemplado en el PGOU y que permite la venta al por mayor. El PGOU no entiende esta actividad como comercial, sino industrial", dijo. La Delegación de Obras Públicas sí cree que esa actividad es comercial.
En cuanto a la ocupación final de las naves, el Ayuntamiento cordobés no se ha apeado de sus tesis originales y prevé la demolición de menos de la mitad de las naves.
En el PSOE cordobés, aliado de IU en el Ayuntamiento, existe un fuerte debate sobre este asunto. La posición que se ha venido defendiendo los últimos años era el de la mano dura: tirar como mínimo la mitad de las naves. Pero la llegada de la ex alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, a la Consejería de Obras Públicas, ha cambiado las tornas. Aguilar apuesta ahora por aprobar el actual plan, que obliga a la demolición de 15.000 metros cuadrados de los 40.000 que tienen las naves. Es decir, el 62,5% de los inmuebles podrían ser legalizados.
La aprobación del dictamen contó con los votos a favor de IU y PSOE. El PP Se abstuvo. Victoria Fernández, concejal socialista y presidenta de la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, se ausentó de la reunión por motivos de salud.
La votación en pleno del plan Carretera de Palma no ocurrirá hasta que el Tribunal Supremo dictamine acerca del recurso interpuesto por Sandokán a la anulación del anterior plan en 2008. Si Sandokán retirara el recurso, despejaría el camino para la aprobación definitiva del nuevo marco urbanístico de la zona.
* El País - 20.10.10
Foto: Córdoba, naves Colecor - terra.es
Nuevo destino para el ex director de la Gerencia de Urbanismo, imputado en una operación de corrupción en Murcia
20MINUTOS* : El ex director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, detenido y en libertad bajo fianza de 70.000 euros en el marco de la operación Umbra, que investiga una presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, ya tiene nuevo destino. En concreto, se le atribuyen las funciones de conformidad con su categoría funcionarial las tareas de asesoramiento jurídico de los servicios municipales de Vía Pública, Programas Europeos, Agencia Local de la Energía, Vivienda, y Parques y Jardines.
Según han informado a Europa Press fuentes municipales, la Junta de Gobierno decidió ayer admitir la renuncia del que fuera gerente de Urbanismo para asignarle a una nueva tarea.
La operación Umbra se enmarca en un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, iniciado por una denuncia de la Fiscalía.
En este sentido, a Guerra se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios, y tiene la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional.
* 20 Minutos - EP. - 21.10.10
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
Greenpeace acude al TSJA para que no se legalice el hotel del Algarrobico
EFE/Almería* : Greenpeace solicitó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que tome "las medidas oportunas" para que se dé cumplimiento al auto de 25.11.2008 que ordenó la paralización del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Greenpeace pretende que el TSJA requiera "personalmente" al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, a cumplir este pronunciamiento judicial que obliga a todas las administraciones a suspender todas las actuaciones encaminadas a urbanizar El Algarrobico, en Carboneras (Almería), hasta que no se resuelva el pleito sobre el PORN que tramita este Tribunal.
En un comunicado, la organización ecologista avisó que la Consejería de Medio Ambiente prepara un decreto sobre la Modificación del Régimen de Planificación de los Usos y Actividades en los Parques Naturales de Andalucía, en el que se da prioridad a las normas urbanísticas municipales sobre los PORN de estos espacios protegidos. Esta línea de actuación, subraya Greenpeace, significaría la legalización del hotel de El Algarrobico, extremo que Díaz Trillo negó ayer.
El consejero de Medio Ambiente subrayó en Cádiz que la Junta de Andalucía "no quiere que siga en pie" el hotel, pero recalcó que no pueden tirarlo "porque se encuentra en diversas causas judiciales". El consejero aseguró que el nuevo decreto de parques naturales no legaliza en absoluto la construcción de este hotel.
* Málaga Hoy - EFE - 20.10.10
Foto: Algarrobico demolición - greenpeace.org
El TSJ obliga a Onda a pagar más de 2 millones por un solar en Monteblanco
,+ayuntamiento+-+larodaliadigital.jpg)
LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido una sentencia por la que obliga al Ayuntamiento de Onda a pagar más de dos millones de euros por la expropiación de un solar en el barrio del Monteblanco, cantidad que fijó el Jurado Provincial de Expropiaciones, según confirmó ayer el Ayuntamiento de Onda tras las críticas que recibió del PP. La edil popular Mª Carmen Aguilella culpa al anterior concejal de Urbanismo y ahora alcalde, Juan Miguel Salvador "por calcular muy a la baja el precio real del terreno", por lo que ahora el TSJCV "condena al consistorio municipal a pagar con el dinero de todos los ondenses la diferencia, más de dos millones de euros más intereses".
"La prepotencia con lo que actuó el entonces concejal de Urbanismo le obliga ahora a tener que asumir esos pagos como alcalde, eso sí, la prepotencia es suya y el dinero es de todos", lamentó.
Por su parte, desde el ayuntamiento quisieron remarcar que la decisión "no es contra el ayuntamiento, sino contra la decisión del Jurado Provincial de Expropiaciones" que tomó al no haber acuerdo entre propietario y administración local, y añadieron que "estudiaremos si es posible recurrir, porque no estamos especulando, ya que no estamos comprando suelo urbano, sino dotacional".
En todo caso, el que no coincida las cifras del jurado provincial con las que marca después el TSJCV "es algo generalizado, tal y como ha pasado con la Papelera de Burriana o con la avenida Generalitat de Almassora".
Segunda sentencia en un mes
El PP recuerda que ésta es la segunda sentencia en un mes que obliga al consistorio a indemnizar a un propietario por cuestiones urbanísticas, como la que instó al ayuntamiento a pagar 850.000 euros por la expropiación del solar del Paraíso, por el que se pagó en un primer momento 150.000 euros, aunque desde el equipo de gobierno indicaron que "de todas formas esta cantidad es inferior a la que pedía el propietario".
* Levante - 20.10.10
Foto: Onda (Castelló), ayuntamiento - larodaliadigital
Desalojan dos bloques de 'okupas' en Málaga
SUR* : La Policía Nacional ha desalojado esta mañana dos bloques de viviendas que estaban ocupados de forma irregular por una treintena de personas. Al menos ocho familias de diferentes nacionalidades residían de forma habitual en los bloques número 3 y 5 de la calle Mariscal, ubicado en la zona de La Goleta. El desalojo comenzó minutos después de las ocho de la mañana sin que se hayan registrado incidentes importantes.
La orden de desalojo fue dictada por el juez a principios de julio y los Servicios Sociales del Ayuntamiento ya se habían encargado de anunciar la noticia a todos los vecinos del inmueble, que han salido por su propio pie y sin oponer resistencia.
Para evitar nuevas ocupaciones ilegales, el propietario del inmueble ha procedido a tapiar la entrada y todos los pisos. La situación del inmueble era bastante precaria, ya que en su interior se acumulaba gran cantidad de basuras y había muchos cables.
El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga se ha puesto en contacto con todos los okupas para estudiar cada uno de los casos particulares y ayudar a aquellos que no tengan recursos o menores a su cargo.
* SUR - 20.10.10
Foto: Algunos 'okupas', en la puerta del bloque - sur
Valencia.- La política, en manos del juez
JESÚS CIVERA* : No es que la política valenciana esté judicializada; es que entró un día en los tribunales y ya no ha salido de allí. Despachos judiciales o fiscalías onerosas: el resultado es el mismo. Esos estamentos ocupan el ancho espacio de la política puesto que los partidos han claudicado: prefieren que las decisiones las tome el fiscal o el juez. La pregunta es sustancial. ¿Qué harían sin el TSJCV o la Fiscalía Anticorrupción las fuerzas políticas valencianas? Dado el volumen de encargos a los guardianes del orden establecido, se diría que actúan como ramificaciones de la voluntad política. Los políticos les transfieren su responsabilidad. Pretenden que dictaminen en su beneficio para, armados de determinación, golpear con la verdad al adversario. Los dirigentes de los partidos han asumido, en consecuencia, que su actividad es subalterna. Un subproducto peristáltico de los poderes judiciales. Abdican de su representación y se la entregan a los jueces, constituidos en reyes y señores de la dinámica política. El resultado es un desprecio por la opinión pública mayúsculo.
El eje central del debate social ya no es el árbitro que juzga conductas o sentencia actuaciones. Ha sido relegada. Sólo se la escucha cada cuatro años y por obligación. Cada vez que un dirigente del PP o del PSPV acude al fiscal o al juez, la está negando. Al mismo tiempo, el político se está impugnando a sí mismo.
No hay escándalo, mediático o no, que se resuelva por los cauces de la dialéctica y la confrontación, como antaño. La plaza pública está en manos de los señores que interpretan las leyes: así lo han querido los partidos. Al PSPV, por ejemplo, no le basta con denunciar el asunto de las ONG de Blasco ante el vecindario: ha de llevarlo al fiscal. Curiosamente, espera que ratifique sus propias denuncias e investigaciones. Que dé el visto bueno. Sin la aprobación del juez, el episodio carece de autenticidad. El PP se querella contra Luna por airear documentos del caso Gürtel (o bien, por el piso dichoso, ya no recuerdo), del mismo modo que antes envió al fiscal las peripecias de Pla o de Such, de Signes o de cualquier alcalde comarcal más o menos molesto. La pretensión es que los órganos judiciales actúen como colaboradores necesarios, ya que se ha decidido que son indisolubles de la acción política. De Camps, mejor ni hablar. La literatura de los trámites judiciales es novelesca y su arquitectura narrativa, cinematográfica: autos de Pedreira, réplicas del PP, querellas del PSOE, sentencias del TSJCV, conclusiones del Supremo, peritajes de Hacienda, informes policiales. Plano y contraplano, secuencias alternas y cada vez más cortas, en espera del clímax final. Y vuelta a empezar. Centenares de volúmenes y antesalas judiciales, sumarios robóticos y declaraciones en los tribunales. Desfilan Ripoll, Díaz Alperi, Fabra, alcaldes y concejales, capitanes y tropa.
Dado que la agenda política se elabora en los tribunales y en los despachos de los abogados y que sus protagonistas aparecen como mozos de cuerda de sumarios y autos, se echa en falta que los auténticos inspiradores de la escena cotidiana se bañen en los focos como se bañaba Garzón. En un mar de luz.
* Levante - Opinión - 20.10.10
Un juez anula los 'suelos' de las hipotecas "por abusivos"
ELPAÍS* : Cuando el euríbor, el índice más común a la hora de calcular los préstamos hipotecarios, sobrepasaba en el verano de 2008 el 5%, la preocupación de los compradores de vivienda se centraba en cuánto más podría subir. Muchos no advirtieron, o no dieron importancia, al hecho de que en el contrato de la hipoteca que firmaban una cláusula fijaba justo lo contrario: un suelo por debajo del cual, aunque el euríbor se redujera, sus intereses no lo harían. Un juez de Sevilla, por primera vez, ha estimado que esa "cláusula suelo" debe ser eliminada.
La denuncia llegó a los tribunales andaluces de la mano de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), que asegura que existen miles de familias afectadas. Llevó a cabo una acción colectiva contra BBVA, Caixa Galicia y Cajamar. La sentencia es de primera instancia, por lo que puede ser recurrida. Fuentes del BBVA manifestaron ayer que la entidad lo hará. La cláusula de suelo tiene el visto bueno del Banco de España y está regulada por la Orden Ministerial de 1994.
Miguel Ángel Navarro, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, el 30 de septiembre condena a las tres entidades "a la eliminación de dichas condiciones generales de contratación y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo". Las declara nulas "por abusivas". El juez considera que entre los techos (los máximos intereses que debería asumir un hipotecado) y los suelos (los mínimos) existe un enorme desfase, ya que los máximos (de entre el 10% y el 15%) es difícil que se alcancen, mientras que los mínimos están fijados entre el 2,75% y el 3,25%. El euríbor se encuentra bajo estos límites desde 2009.
* El País - 19.10.10
Foto: Hipotecas, montaje fotos - 20minutos.es
Guatemala.- Proponen replantear planificación urbana
SIGLOXXI* : Los arquitectos Krier señalan que la capital está mal planteada y que se debería copiar el modelo de la Antigua Guatemala. Durante su visita al país, invitados por la compañía Cementos Progreso, los hermanos León y Rob Krier, arquitectos y representantes máximos del urbanismo, afirmaron que la ciudad de Guatemala no está bien planificada, lo cual se puede ver en la proliferación de los asentamientos humanos y del congestionamiento vehicular. Por esa razón, propusieron a las autoridades de Guatemala, “planificar antes de construir”.
León Krier señaló: “Cuando el avión va bajando hacia la ciudad, se ven todos los asentamientos humanos. Las autoridades deben tomar en cuenta que si se comienza a construir un espacio con un mejor diseño, sería un contraste y todos lo copiarían. El plano de la ciudad es una reacción al aumento de la población y está congestionada”.
Un buen modelo
De acuerdo con Rob Krier, las ciudades deben construirse pensando en llegar a otro lugar en 10 minutos y así prescindir de las máquinas para movilizarse. “Un buen modelo es Antigua Guatemala, y se debe imitar. Los políticos deben hacer la prueba de que se debe construir de acuerdo con la topografía del lugar”, añadió.
El gerente general de Cementos Progreso, Jorge Lem-cke, expuso que la compañía apoyó la visita de los expertos, “pues reconoce la trascendencia que esto conlleva al país para la creación de ciudades y proyectos con un propósito urbano donde se busca la redefinición del ser humano en su interacción con la comunidad”.
Teoría de urbanismo
Los hermanos Krier presentaron durante su visita la teoría urbana que se enfoca en desarrollar mejores ciudades, donde sus habitantes actúen de manera eficiente en sus actividades cotidianas, junto con una vida digna y saludable. Una de las bases de esta teoría es construir de acuerdo con la cultura del lugar.
Además, explicaron que se debe tomar en cuenta la diversidad de estilos al diseñar una edificación para que estos no se repitan. “Se necesita cambiar los principales problemas de sobrepoblación, lo que causa contaminación ambiental y baja calidad de la alimentación. Esta es una crisis universal”, subrayó Rob Krier.
Los hermanos visitaron el país con motivo del Primer Festival de Arte Cívico Genialidades Krier, organizado por la firma de arquitectos Estudio Urbano y con el apoyo de empresas como Cementos Progreso, G&T Continental, Emisoras Unidas y Grupo Cayalá (lea: Las actividades).
Durante el festival se llevó a cabo ayer un coloquio en la Universidad Francisco Marroquín, donde los Krier presentaron su teoría. Cementos Progreso otorgó un premio de $500 a los ganadores del concurso de ensayo El arte de hacer lugares, en el cual participaron estudiantes de las facultades de arquitectura de todas las universidades.
La misma empresa organizó un foro de discusión para hoy en la Universidad Francisco Marroquín, a las 10 de la mañana, y se espera que participen empresarios del gremio de la construcción, así como desarrolladores de proyectos públicos y privados.
* Siglo XXI - 19.10.10
Foto: Guatemala, capital - skyscraperlife.com
