Los técnicos de urbanismo aseguran sentirse presionados

LAOPINIÓN/Tenerife* : "Miedo a las denuncias de los colectivos sociales, ninguno. En todo caso, lo que sí se reciben son presiones políticas para agilizar los trámites, aún cuando en ocasiones hay razones para los reparos". Javier Galván, uno de los principales responsables en Canarias de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), respondió con estas palabras a las acusaciones lanzadas por Antonio Plasencia, presidente de la Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), de que los técnicos urbanísticos de las administraciones públicas bloquean los proyectos al estar atemorizados por la permanente amenaza de los colectivos sociales de acudir a los tribunales.

"Los técnicos están atemorizados y echan para atrás cualquier solicitud que les llegue. Tienen miedo de perder el puesto de trabajo o de verse en los tribunales", matizó Plasencia al referirse a la parálisis del Plan General de la capital tinerfeña. La apreciación, con la que están de acuerdo otros muchos representantes de las principales asociaciones empresariales de la Isla, ha generado indignación, según el portavoz del sindicato CSIF, entre los funcionarios que controlan el buen hacer urbanístico de los responsables públicos.

Responsables

"Estos trabajadores no tienen miedo a las denuncias. Ya son de por sí perfectamente responsables y conocedores de su función, que no es otra que velar por la legalidad de las diferentes iniciativas urbanísticas de acuerdo con el marco normativo vigente. Saben que no hacerlo puede depararles consecuencias ante la Justicia. Y que nadie dude de que si alguno de ellos pone reparos o no da el visto bueno es porque observa suficientes indicios de irregularidad como para hacer valer su cometido", explicó Galván.

El representante del CSIF considera "graves" y "absurdas" estas acusaciones y precisa que las presiones vienen, en todo caso, de los mismos líderes políticos. "Yo sí le puedo hablar de casos de funcionarios que fueron apartados de sus funciones y hasta denigrados y acosados por actuar con profesionalidad". Galván precisó que "las coacciones", que pueden llegar a ser motivo de denuncia, "no sólo se limitan a las diferentes áreas de Medio Ambiente", sino también se dan en multitud de ayuntamientos, sin querer precisar si el de Santa Cruz de Tenerife está entre ellos.

Plan General

Ahora, no tiene "la menor duda" de que si los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac), del Gobierno de Canarias, han elevado 187 reparos al Plan General de la capital chicharrera y han decidido suspender la aprobación del documento, es porque son puntos que chocan con la ley o con los diferentes planeamientos que se deben tenerse en cuenta en la valoración sobre el municipal.

"Las acusaciones de estos grandes empresarios son absurdas y faltan al respeto a la honestidad que en general rige la labor de los profesionales que controlan las buenas prácticas en las diferentes administraciones. No entiendo qué propósito tienen, si a lo mejor lo que querrían esos empresarios es que se hiciera la vista gorda. Hay técnicos y técnicos, pero la gran mayoría tienen un comportamiento intachable", defendió el representante del CSIF.

Javier Galván rechazó que se creen chivos expiatorios para ocultar la incapacidad de los políticos para sacar adelante los planeamientos urbanísticos o determinados proyectos sensibles.





* La Opinión Tenerife - 21.10.10
Foto: Manifestación contra el PGO frente al Ayuntamiento.