Desde nuestra modesta redacción, en 'UrbanismoPatasArriba' también queremos participar en esta Huelga General.
foto: publico.es
29 S - HUELGA GENERAL
Marbella, cuatro años y medio después de la ‘Operación Malaya’: arruinada y con los mismos funcionarios
LAINFORMACIÓN* : Más de 500 millones de euros de deuda, una plantilla de 3.800 empleados que se llevan el 65% del presupuesto municipal y una credibilidad que ahuyenta a los inversores se han convertido en los tres pilares que aún mantienen al Ayuntamiento de Marbella bajo la sombra alargada del ‘caso Malaya’. Cuatro años y medio después de las primeras detenciones, el consistorio se esfuerza para salir de la necesidad económica. El Ayuntamiento de Marbella, gobernado actualmente por el PP, tiene una deuda de 512 millones de euros, gran parte de los cuales fueron heredados del pasado. Del volumen total de deuda, 190 millones de euros se deben a la Seguridad Social y otros 90 millones de euros a Hacienda.
Entre el ayuntamiento y el Estado existe un acuerdo para eliminar estos números rojos con el pago de 300.000 euros mensuales a cada entidad hasta que queden subsanados. El PP presume de que el Ayuntamiento de Marbella está abonando lo debido a la Seguridad Social y a Hacienda.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, tiene previsto utilizar las indemnizaciones pagadas por los acusados del ‘caso Malaya’ o causas paralelas para el pago de la deuda. Por ejemplo, Juan Antonio Roca, José Luis Sierra y Manuel Castell fueron condenadas por el caso ‘Saqueo 1’ a pagar 24 millones de euros al consistorio que serán destinados a recortar los más de 500 millones de deuda. Además, el ayuntamiento andaluz ya pidió el pasado junio una indemnización de 14 millones de euros a los acusados por el ‘caso Malaya’.
El equipo regidor también busca fórmulas que le permita pagar con cierta comodidad los más de seis millones de euros que todavía adeuda al Estado. La deuda se produjo por “el cálculo erróneo” que la Administración central hizo de la previsión de recaudación de los ejercicios de 2008 y 2009. Todos los ayuntamientos deberán devolver una cantidad de 1.500 millones de euros. Marbella quiere hacerlo en especies, concretamente en solares.
La medida puede parecer curiosa, pero ya fue aceptada por el Estado como moneda de pago. En marzo de 2009, el Gobierno liquidó parte la deuda histórica de 1.204 millones de euros de la Junta de Andalucía con solares edificables e inmuebles. Desde el PP reclaman que si la fórmula fue válida para los socialistas andaluces, tal vez ahora el Ayuntamiento de Marbella pueda beneficiarse de ella aunque esté bajo mandato popular.
Aquí sobran funcionarios
Si la deuda acumulada durante todos estos años de mala gestión y corrupción supone una losa muy pesada, el gasto adquirido en forma de funcionarios colocados a dedo en el consistorio pone en riesgo una salida más fácil de la crisis. El Ayuntamiento de Marbella tendría en estos momentos una plantilla de unos 3.800 funcionarios, que se ‘comen’ aproximadamente el 65% de los presupuestos del consistorio. De los 220,2 millones que serán gastados este año, 143 millones van destinados a las nóminas.
El grupo socialista en el ayuntamiento se queja de que algunos de los funcionarios que ahora consumen los recursos de Marbella antes recibían los regalos de los empresarios corruptos relacionados con el ‘caso Malaya’. Pese a las enormes dificultades, el pleno del consistorio andaluz aprobó unos presupuestos con un superávit de 3.483 euros.
Urbanismo, ese agujero negro
Durante los años 90, muchos promotores, amparados en un sistema corrupto, edificaron en zonas verdes o de equipamiento con falsos permisos que aún están por revisar. Evidentemente, los efectos de esa construcción ilegal todavía están presentes en Marbella. Para unos, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) puede ser la gran esperanza para acabar con esas irregularidades.
Desde antes de su publicación del plan en el BOE, numerosas empresas y promotores se interesaron sobre la estrategia del equipo de Urbanismo del consistorio para instalar sus grandes superficies o proyectos de negocio en Marbella. Para unos puede significar volver a las andadas y para otros un reclamo ideal para atraer a los inversores.
El plan también ha intentado cerrar la herida de la gran mayoría de las 18.000 construcciones ilegales en Marbella, de las que 16.500 estaban habitadas. El PGOU legaliza esas edificaciones irregulares pero habitadas mediante compensaciones. ¿Hacer tabla rasa para volver a empezar…?
* La Información - 28.09.10
Foto: Marbella, cuatro años y medio después de la 'operación... - la información
La fiscalía pide más agentes para combatir la corrupción
LAVERDAD/Murcia* : El presidente del TSJ ha recordado además "la necesidad perentoria" de nuevas unidades judiciales porque "un juez sin medios suficientes difícilmente puede saciar la sed de Justicia". El curso judicial se iniciado hoy oficialmente con una reivindicación contundente por parte del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal: que «se amplíe generosamente» el número de miembros de los cuerpos policiales especializados en materias como los delitos económicos, medioambientales o urbanísticos, así como aquellos contra la administración pública. «Es imprescindible si no queremos que los retrasos en la tramitación de estas causas derive en falta de credibilidad de la justicia».
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Juan Martínez-Moya ha pedido en su discurso de apertura del año judicial "reformas legales para reducir sin mermar la tutela judicial efectiva la litigiosidad", que ha calificado de "imparable y abrumadora en todas las áreas donde la crisis ha impactado profundamente: laboral, civil y también penal". Y ha apostado por seguir extendiendo el uso de la mediación en los distintos ámbitos de jurisdicción.
El curso judicial que hoy se inicia oficialmente es para Martínez-Moya un "año decisivo de grandes cambios para la Justicia en España" dada la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) y el "nuevo marco de responsabilidades" debido a las transferencias de Justicia hacia la Comunidad. "Celebramos la corresponsabilidad", ha dicho, congratulándose de que la Región esté a la vanguardia del "proceso de no retorno" de la NOJ y avance por "vía rápida y preferente sobre otras comunidades". Otra novedad que ha resaltado es que el Consejo de Hombres Buenos, simbólicamente invitado a la ceremonia de apertura, fue declarado en el curso pasado Patrimonio de la Humanidad.
Para Martínez-Moya la Nueva Oficina Judicial "debe llevar a la reforma de la planta y la demarcación territorial para "superar el concepto de partido judicial y crear juzgados de base y tribunales de instancia". Una nueva "cartografía judicial con cinco coronas" en la Región, según el modelo comarcal que rige en las elecciones autonómicas y con oficinas judiciales "en todos o la mayoría de municipios". Para asegurar el equilibrio entre "los criterios rectores de eficiencia y cercanía". Además de todo ello, el presidente del TJS ha pedido que se "adapte el título III del Estatuto de Autonomía" por estar "desfasado".
En materia de infraestructuras, Martínez-Moya ha recordado la "necesidad perentoria e imprescindible" de siete nuevas unidades judiciales para 2011, que se sumarían a las siete aprobadas para este año y a las 42 en que han crecido las plazas en los últimos cinco años. Y no se ha olvidado de pedir inversiones en la II fase de la Ciudad de la Justicia de Murcia y en un nuevo edificio judicial en Lorca. Porque "un juez sin medios suficientes, difícilmente puede saciar la sed de Justicia de la sociedad".
López Bernal hace repaso a la Memoria
El fiscal superior de la Comunidad Autónoma de la Región, Manuel López Bernal, hizo alusión a la Memoria de la Fiscalía del pasado año que, aunque los datos estadísticos son similares a las de 2008, el año 2009 "vino marcado por una disminución del número de ilícito penales cometidos en la Región, que se sitúa en torno al 1,2 por ciento".
Los delitos que más han aumentado, según López Bernal , han sido aquellos contra la propiedad en todas sus formas, "como era de esperar en una situación de crisis global"; así como los de tráfico de drogas, "donde se sigue constatando la implantación de redes organizadas dedicadas a estas presuntas actividades".
En materia de siniestralidad laboral, se han reducido los delitos de homicidio por accidente laboral, que en 2009 se redujeron a seis frente a los 17 de 2008; descenso que alcanza igualmente a los delitos de riesgo sin resultado lesivo, registrándose sólo uno en 2009 frente a los siete de 2008.
Por contra, en 2009 se registró un aumento significativo de delitos de lesiones en accidente laboral, teniendo como cambio en la tendencia habitual que se ha constatado que el sector servicios fue el primero en número de accidentes laborales, descendiendo al tercer lugar el ya clásico de la construcción.
El trabajo de la Fiscalía de Menores aumentó sensiblemente en 2009, asistiéndose a 9.506 juicios de faltas, 3.865 en Juzgados de lo Penal, a 231 en secciones de la Audiencia Provincial y 3.375 vistas civiles, interesándose 1.016 comparecencias de prisión y 14.579 dictámenes emitidos en distintas materias.
Asimismo, de las 553 diligencias informativas penales incoadas 110 corresponden a medio ambiente y urbanismo, lo que supone un 20 por ciento del total. De éstas, 32 se abrieron por presuntos delitos contra el medio ambiente, 52 contra la ordenación del territorio, cinco por presuntos delitos contra el patrimonio histórico y otras cinco por delitos contra la flora y la fauna.
Al acto acudieron los máximos representantes de la Asamblea Regional, Delegación del Gobierno, ayuntamiento, entre ellos el alcalde de Murcia, las autoridades militares y cuerpos de seguridad, consejos consultivos, universidad, academias, Defensor del Pueblo, representantes de colectivos profesionales, patronal, sindicatos y colegios profesionales.
* La Verdad - 27.09.10
Foto: Bahía del Hornillo, Águilas (Murcia) - greenpeace
RTVE emite íntegra la serie que muestra la destrucción de la costa
ECOLOGISTASENACCIÓN* felicita a RTVE por emitir íntegra la serie de documentales que muestran la presión y la destrucción a la que está sometida la costa española a pesar del intento de censura por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. La serie “Las riberas del mar océano”, que consta de 13 capítulos, ha sido dirigida por Miguel Ángel Losada, Catedrático de Costas de la Universidad de Granada, y en ella se hace un recorrido en el que se muestran infinidad de desastres ecológicos producidos por la acción o la omisión de diferentes administraciones y que han generado un paisaje costero artificializado y devastado.
En esta serie se muestran la belleza de la costa española, la importancia de mantener su equilibrio derivado de su alta fragilidad y la acción humana que ha ido modificando y rompiendo de una manera desorbitada la franja costera.
En marzo de 2010 el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, presidido por Elena Espinosa, veta una parte de los contenidos de esta serie en lo referente a la corrupción urbanística en el litoral español. El motivo no es otro que enmascarar la cruda realidad de la destrucción de la costa que no deja exento de responsabilidades al Ministerio, a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos.
Ecologistas en Acción denunció en su momento este atentado contra la libertad de expresión, por ello, la emisión de esta serie por parte de TVE, es considerada por la organización ecologista, como un paso adelante en la transparencia informativa, un derecho de la sociedad que está cansada de recibir información sesgada y maquillada.
Ecologistas en Acción recuerda que la televisión pública debe garantizar que la información sea creíble y objetiva, independiente de cualquier color político y de cualquier interés privado.
* Ecologistas en Acción - 27.09.10
Foto: Hotel ilegal del Algarrobico, Carboneras (Almería) - greenpeace
Más del cincuenta por ciento de las viviendas unifamiliares de Galicia carecen de la licencia de primera ocupación
LAVOZDEGALICIA* : Más del cincuenta por ciento de las viviendas unifamiliares de Galicia carecen de la licencia de primera ocupación, también conocida como cédula de habitabilidad. El dato, que no está recogido en ningún documento de ninguna Administración, sí es coincidente en la estimación que formulan arquitectos, consultoras de planeamiento y algunos técnicos municipales. Apuntan, además, que es otra de las consecuencias de la dispersión demográfica de la comunidad gallega.
La licencia de primera ocupación es un requisito indispensable para que una vivienda pueda disponer de los suministros básicos (agua, electricidad y gas). ¿Qué sucede con aquellos edificios que carecen de cédula? Si la casa se ajusta a la licencia de obra y cumple con la normativa urbanística, el permiso se concedería por silencio administrativo. En caso contrario, el alcalde debe iniciar un expediente de reposición de la legalidad. Dicho informe no puede ser incoado transcurridos seis años desde la realización de las obras, plazo fijado para la preinscripción de infracciones urbanísticas graves.
Algunos ayuntamientos han intentado hacer tábula rasa desde los últimos años. Uno de los casos más paradigmáticos es el del Concello de Cambre, donde varias empresas de tasación calculan que el setenta por ciento de las viviendas unifamiliares no disponen de licencia. «El Ayuntamiento ha heredado una situación y ahora no es fácil cambiarla», señala un técnico municipal. «Sabemos que en el bum inmobiliario de los años setenta, cuando prácticamente nació el barrio del Temple, todos los pisos se ocuparon sin esa cédula, ¿qué hacemos ahora?, generaríamos un problema tremendo desalojando las casas», añaden. Así, hace seis años, el Concello de Cambre dio orden a la empresa de aguas que negase la conexión a las casas sin cédula.
Pero los propios ayuntamientos reconocen no disponer de un registro de número de viviendas en esta situación irregular. En A Coruña aseguran que los controles son férreos pero, al mismo tiempo, afloran pleitos entre particulares por ventas de pisos de segunda mano por vicios ocultos que hubieran sido detectados de exigirse la licencia de primera ocupación.
En Vigo son numerosas las sentencias contra urbanizaciones ilegales. En la céntrica calle Rosalía de Castro, donde los edificios disponen de los servicios básicos y pagan impuestos, no se ha certificado la licencia de primera ocupación. Muchas veces los ayuntamientos incurren en curiosas contradicciones: niegan la apertura de un negocio en un local porque aún no ha recepcionado la obra (y por lo tanto, no ha expedido las pertinentes cédulas) pero, al mismo tiempo, coloca un vado en el garaje.
Algunos alcaldes, por el contrario, presumen de aplicar un duro control para paliar esta problemática legal. Es el caso de Antonio Mouriño, regidor de Celanova. «Además de la licencia, antes de dar agua y luz exigimos que estén dados de alta en el catastro», señala. En general, los ayuntamientos utilizan la entrada en vigor de sus PXOM para no dejar pasar ninguna vivienda sin controlar. Pero reconocen que las décadas anteriores pudieron dejar sin licencia de primera ocupación un alto porcentaje de inmuebles.
Que el ayuntamiento no conceda el correspondiente permiso no es obstáculo para que las viviendas recién construidas comiencen a ser ocupadas. De hecho, es muy común que en los primeros meses el suministro inicial sea de la propia obra hasta la emisión de la cédula.
* La Voz de Galicia - 27.09.10
Foto: Vista aérea de parcelas y viviendas unifamiliares construidas al pie del monte Xalo, en el municipio de Culleredo - la voz de galicia
La Guardia Civil detiene a 25 personas por las protestas contra el ATC en Zarra
20MINUTOS/Valencia* : La Guardia Civil ha detenido este martes a 25 personas, incluido el alcalde de Ayora (Valencia), acusados de delitos contra la seguridad del tráfico, desobediencia civil y desórdenes públicos durante los actos de protesta de la semana pasada contra la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) en Zarra. Según han indicado fuentes de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear y de Greenpeace, los detenidos han sido puestos en libertad después de que los agentes les tomaran una fotografía y las huellas dactilares en el cuartel.
Además, todos ellos han sido citados para un juicio rápido que tendrá lugar este martes a las 09.30 horas en los juzgados de la vecina localidad de Requena.
Arrestado el alcalde de Ayora
Desde la Plataforma han explicado que el primer detenido ha sido el alcalde de Ayora, el socialista Manuel López. Asimismo, han indicado que, a su juicio, los agentes han identificado a los detenidos a través de las fotos de las protestas, ya que la mayoría de los arrestados corresponde a "vecinos de Ayora, donde todo el mundo se conoce", y también son "los que estaban a la cabeza de las pancartas".
Desde la Plataforma se han mostrado "tranquilos", puesto que creen que la finalidad de las detenciones es "asustar" a los manifestantes para que detengan los actos de protesta contra la instalación del almacén en Zarra.
Por su parte, el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha señalado que la organización ecologista ha puesto en marcha una "ciberacción" urgente para pedir al delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, "que se retiren inmediatamente las acusaciones contra todos ellos".
A este respecto, ha afirmado que con estas detenciones y con el juicio "intentan criminalizar y acallar unas protestas totalmente pacíficas" con el objetivo de "asustarles y atemorizarles".
* 20 Minutos - EFE - 27.09.10
Foto: Miembros de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Zarra, durante la concentración del 24 de septiembre ante el Palacio de la Moncloa.- 20minutos
'Malaya' arranca sin salirse del guión
SUR/Málaga* : El comienzo del mayor juicio contra la corrupción en la historia de España no deparó sorpresas. La pesada máquina judicial del 'caso Malaya' inició su andadura en la Ciudad de la Justicia sin sobresaltos, con 95 personas sentadas en el banquillo de los acusados. La enorme expectación mediática respondió a lo previsto en el guión y hasta las intervenciones de los abogados se ajustaron a lo que suele ser habitual durante la fase de cuestiones previas en cualquier juicio. Tal y como se preveía, los defensores que intervinieron en nombre de Juan Antonio Roca y de los abogados madrileños acusados de actuar como sus testaferros coincidieron en pedir al tribunal la nulidad de un proceso en el que, según explicaron, se han vulnerado derechos constitucionales de sus clientes. La abogada del principal imputado, Juan Antonio Roca, llegó incluso a pedir la suspensión de la vista, lo que el presidente del tribunal, José Godino, denegó de forma tajante.
Con aproximadamente treinta y cinco minutos de retraso sobre el horario previsto, el magistrado José Godino anunciaba el inicio de la vista con la fase de las cuestiones previas. La primera en intervenir fue la letrada Rocío Amigo, defensora de Juan Antonio Roca. Consciente de las miradas escrutadoras, la joven abogada, -que ha dispuesto de poco más de un mes para preparar la defensa del presunto cerebro de la trama de corrupción por renuncia de su anterior letrado- trató de ser clara, contundente y de no meterse en honduras. Con la voz en ocasiones levemente trémula, Rocío Amigo comenzó por pedir al tribunal la suspensión de la vista alegando el argumento jurídico de 'cosa juzgada'. Así, se refirió a que algunas de las acusaciones en relación a convenios urbanísticos y licencias que se realizan contra su cliente en 'Malaya' ya se han enjuiciado o están siendo objeto de investigación tanto en juzgados de Marbella como de Málaga.
El presidente del tribunal denegó la suspensión y dejó claro que el juicio iba a continuar, ante la atenta mirada de Juan Antonio Roca que, esposado y escoltado por cuatro policías, no paraba de hacer anotaciones en un cuaderno.
La abogada solicitó entonces la nulidad del proceso, al considerar que se habían vulnerado derechos fundamentales durante la instrucción, y pidió al tribunal que se pronunciase sobre ello antes de continuar el juicio para evitar, entre otras cosas, la «pena de banquillo» a los procesados. Para Rocío Amigo todas las pruebas obtenidas a partir de las intervenciones telefónicas sobre las que se construyó la investigación «están contaminadas». La letrada recordó el inicio del 'caso Malaya'. Para ello se refirió a la que calificó de «manida declaración» de Jorge González, el funcionario que en una declaración ante el juez Miguel Ángel Torres por unas diligencias abiertas por presunto delito urbanístico, se refirió al poder que ejercía en el urbanismo de Marbella ex asesor municipal. «Me he leído esa declaración que provocó la apertura de diligencias previas unas quinientas veces y de ella no se desprende la batería de delitos de malversación, cohecho, blanqueo, entre otros, que se le imputan al señor Roca». Se quejó la letrada de que sobre esa base, sin más, se montaran las escuchas telefónicas. «Ni los oficios policiales ni los autos judiciales que autorizaron las escuchas estaban motivados; fue una investigación meramente prospectiva» y acusó de «conducta servil» al instructor Miguel Ángel Torres, por seguir los pasos que marcaba la policía sin plantearse nada más: «Los tomaba como un auto de fe, sin comprobar si lo que decía era cierto o no», criticó.
Su colega de codefensa, la letrada Yolanda Terciado, pidió igualmente que se anulasen las entradas y registros de la policía en distintas empresas de Roca, entre ellas en Maras Asesores, por no encontrarse presente el ex asesor durante los mismos.
Tras un receso de unos quince minutos, el tribunal reanudó la vista con el turno del abogado Horacio Oliva, el defensor de cinco de los seis abogados del bufete madrileño Sánchez-Zubizarreta Soriano-Pastor que están acusados de actuar de testaferros de Roca. Pese a su dilatada experiencia y bagaje profesional, la presión y la enorme expectación que levanta 'Malaya' también afectaron al reputado penalista, que otrora fuera defensor del fallecido Jesús Gil, quien se mostró ayer un poco menos seguro de lo que acostumbra durante sus intervenciones.
Oliva repitió argumentos jurídicos: anulación del proceso porque se vulneraron derechos fundamentales. En concreto, se refirió a los que afectan a la libertad personal y al secreto profesional de sus clientes, que, en su opinión, no se respetaron durante el registro que el juez Torres ordenó en marzo de 2006 en el bufete que los letrados tienen en la calle Fernando VI de Madrid.
«La investigación ha sido el fin supremo en este proceso, en el que se han vulnerado el derecho de defensa y a un proceso judicial con todas las garantías», aseveró Oliva, quien subrayó que el delito de blanqueo de capitales que se imputa a sus clientes no justificaba el «asalto» de la policía al despacho jurídico, que «no es una vivienda particular». El penalista dijo que se atentó contra el secreto profesional, que solo puede ser invadido por la investigación policial y judicial en los casos de delitos graves, como los de terrorismo.
También aludió a las escuchas telefónicas, que consideró nulas, y recordó el voto particular del presidente del tribunal que enjuicia el caso 'Ballena Blanca', con el abogado Fernando del Valle como principal imputado, porque las intervenciones telefónicas no cumplían con todos los requisitos.
Con su mujer y su hijo
Para Oliva, se excedieron los plazos de detención de sus clientes. También criticó las formas, en concreto, en el arresto de uno de los letrados que «iba con su mujer y su hijo de corta edad», y las condiciones en las que declararon los imputados después de varios días en el calabozo. «De Soriano Zurita -que es al mismo tiempo abogado y acusado- se dijo que no estaba en condiciones físicas ni mentales para asistir a un detenido, pero sí en cambio para declarar como imputado».
Precisamente, el letrado Francisco Soriano añadió que «estamos dentro de una pesadilla en la que nos ha metido un juez (en referencia aTorres) que ni siquiera era el titular del juzgado», y pidió la nulidad por «no ser el juez predeterminado por ley», que se ha mostrado como «un juez parcial e inquisidor».
QUIÉN ES QUIÉN
1Juan Antonio Roca Principal acusado
2 Julián Muñoz Ex alcalde de Marbella
3Marisol Yagüe Ex alcaldesa de Marbella
4 Isabel García Marcos Ex teniente de alcalde
5R. Gómez, Sandokán Constructor
6Tomás Olivo Constructor
7José Ruiz Casado Empresario (Aifos)
8 José Ávila Rojas Constructor
9Pedro Román Ex teniente de alcalde
10 María Roca Hija de Roca
11Rosa Jimeno Mujer de Roca
12 María José Lanzat Ex concejala
13 Óscar Benavente Testaferro
14 Montserrat Corulla Testaferro
* Sur - 27.09.10
Foto: Imagen de la sala de vistas con los 95 imputados en el banquillo de los acusados y con Juan Antonio Roca en primera fila escoltado por cuatro policías - sur
Dalí se pierde en el laberinto de Madrid
ELPAÍS* : Si Salvador Dalí, exponente del surrealismo por excelencia, pudiera levantar la cabeza, quizá no llegara a entender nunca la surrealista (valga la redundancia) trayectoria por la que ha pasado, y pasa, su única plaza en Madrid. Se encuentra entre el cruce de la avenida de Felipe II y las calles de Antonia Mercé, Lombía y Fernán González, el mayor espacio abierto del barrio de Salamanca. Ahí, donde El Corte Inglés de Goya (que financió parte de la obra) contempla impasible las docenas de skaters que golpean sin piedad el suelo, un enlosado de granito gris que es ahora objeto de la penúltima controversia de esta plaza, que se inauguró el 17 de julio de 1986.
El suelo no es el original. Fue modificado en la reforma que realizó el arquitecto Patxi Mangado en 2003, bajo las directrices del alcalde José María Álvarez del Manzano, que haciéndose eco de calificaciones del estilo de plaza "soviética" o "moscovita" tenía la intención de hacerla desaparecer repartiendo sus distintos elementos por Madrid, según un informe del arquitecto director del proyecto Alfonso Güemes.
La oposición vecinal y la Asociación Salvar el Dolmen de Dalí, entre otros, lo impidieron. Incluido el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón que apostó por conservar la obra daliniana. Varios colectivos reclamaron que fuera declarada bien inmueble (BI). Tras un largo periplo por los tribunales, el Supremo obliga en 2009 a la Comunidad de Madrid a que la califique así y la dote de protección.
La Dirección General de Patrimonio cumplió la sentencia el pasado 13 de julio de 2010 y se abrió el periodo de alegaciones que acaba de concluir. Algunas de ellas, las de Juan Barranco, el entonces alcalde que inauguró la plaza porque Enrique Tierno Galván falleció unos meses antes, se centran en reclamar que se recupere el enlosado original de varias piedras naturales (o lo que quede de él) porque consideran que está dentro del perímetro protegido.
La Comunidad de Madrid debe dictar la resolución definitiva antes del 23 de noviembre. El Consistorio ha dicho que hasta que la Comunidad no dicte la resolución no se pronunciará.
La plaza de Salvador Dalí -que contiene, entre otros elementos, un dolmen y una estatua de bronce de Newton cuya disposición responde a la idea que Dalí tenía del cosmos- fue una iniciativa que surgió del entorno de Tierno Galván, que se había implicado en la campaña "Viva la Gala", esposa y musa del artista, y la promotora artística Ararte, según varios informes.
Dalí agradecido, aceptó la propuesta de diseñar la plaza (25.000 metros cuadrados) que llevaría su nombre. El proyecto recayó sobre Güemes porque entonces estaba enfrascado en ordenar el urbanismo caótico de esa zona, un cruce de calles por las que los autobuses campaban por sus fueros. Güemes viajó a casa de Dalí en Figueres varias veces. "Fue un proyecto muy complicado", recuerda el arquitecto ya jubilado. "Dalí estaba en silla de ruedas. A mí me daba un poco de pena verlo solo en medio de una sala de 100 metros cuadrados al lado de una mesita llena de medicinas. Pero su cabeza y su voluntad estaban intactas. Y cuando no le gustaba algo de los proyectos que le presentábamos, echaba rayos y centellas, como pasó cuando se le entregó la primera estatua de Newton que hizo el maestro Eduardo Capa. Entonces hizo que nos enseñaran el Museo de Figueres donde hay otra estatua dedicada al científico para que viéramos lo que quería y ahí comprendí el genio de Dalí. Se hizo todo lo que quería él", añade.
Sobre el pavimento, aclara: "Estaba diseñado con las mismas directrices poéticas que el resto del conjunto, a modo de una explosión cósmica en la que se repetían los círculos expandiéndose hasta el infinito. Pero resulta difícil saber si lo dibujó, porque ya no dibujaba nada. Eso sí, si no le hubiera gustado el original lo hubiera dicho, eso sin duda, porque veía todos los planos que le íbamos presentando".
El portavoz de la Asociación Salvar el Dolmen de Dalí, Juan Antonio Aguilera, tiene sin embargo muy claro que el suelo que se colocó tras la reforma es un atentado contra la idea original de Dalí. "A pesar de que hemos ganado varias batallas judiciales para que se protegiera la plaza, el enlosado sigue sin ser considerado obra de Dalí", se queja. Aguilera opina que esa plaza ahora "no es ni la plaza de Dalí, ni la de Mangado y malviven los dos conceptos radicalmente distintos".
Más implacable es la opinión del arquitecto Mangado. "Dudo de que Dalí trabajara en eso, él no estaba bien y no definió nada. Hizo un dibujito y a partir de ahí se fue inventando todo. El problema no es el enlosado. Es que un espacio público que nació para ser recuperado, porque ahí no había nada, y para que lo disfrutaran los vecinos, se sigue maltratando y ocupando por el negocio privado. Yo no hubiera conservado ni el dolmen, pero me obligaron. Decir que eso es una obra de Dalí es un maltrato hacia él", concluye.
Han pasado casi 25 años y aún no se ha cerrado último capítulo.
La plaza en datos
- Fue inaugurada el 17 de julio de 1986 por Juan Barranco, aunque la iniciativa surgió con Enrique Tierno Galván que falleció meses antes.
- Costó 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) y abarca un perímetro de 25.000 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, al lado del Palacio de los Deportes.
- 2007. Una sentencia del TSJM dice que debe ser declarada Bien Inmueble, tal y como reclamaban algunos colectivos, y delimita el entorno de protección. La sentencia fue recurrida por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. En 2009, el Supremo ratifica el fallo.
- La Comunidad la cumple el 13 de julio de 2010. Algunas alegaciones piden que se recupere el suelo original.
El Gobierno regional deberá pronunciarse antes del 23 de noviembre.
* El País - 27.09.10
Foto: Estado de la plaza de Felipe II, donde se encuentra la estatua de Dalí.- elpais.com
Chiclana.- Vecinos de Pago del Humo piden el proyecto de los sistemas generales
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DIARIODECÁDIZ* : Las Asociaciones de Vecinos Los Rosales, Cerrillo del Tesoro, Pozo de la Boyal, El Rodeo, Caño Juan Cebada, El Olivo, Santa María de las Canteruelas, Camino Cádiz de la Boyal, San Amaro y El Carrascal, todas ellas ubicadas en el Pago del Humo, muestran su sorpresa por el anuncio realizado desde el Ayuntamiento sobre el proyecto de los sistemas generales de esta zona.Desde estas asociaciones, se aplaude el cambio de criterio realizado por el alcalde, José María Román, "al darnos la razón sobre la necesidad de acometer estas obras sin condicionarlas a la regularización, como así nos exigió en la reunión que tuvo lugar en la Federación del Pago del Humo con la presencia de los presidentes de las entidades vecinales"
En esa misma reunión de hace unos meses, afirman las asociaciones, "nos anunció que se estaba realizando el proyecto recientemente presentado y que contaría con la colaboración y el beneplácito de los vecinos antes de su presentación, asegurando que no se realizaría ninguna actuación que no fuera consensuada con nosotros".
Así, los citados colectivos vecinales aseguran que "la supuesta colaboración en la elaboración del proyecto ejercida por los vecinos a través de Rafael Oliver carece de validez para nosotros, ya que no nos sentimos representados por los actuales dirigentes de la Federación de Pago del Humo, algo que conoce el alcalde, y a los que en los últimos meses venimos pidiendo la dimisión de sus cargos ya que no cuentan con nuestra confianza.
Asimismo, dicen no entender "la necesidad de crear miedo, inquietud e incertidumbre desde el Ayuntamiento con la publicación del Avance del nuevo PGOU donde se declaraba inundable una zona del Pago del Humo, ya que como se reconoce desde el Ayuntamiento, estas obras ahora presentadas, lo van a solucionar. Por tanto, consideramos que la alarma creada podría haberse evitado si hubiera existido una mejor comunicación entre la Gerencia de Urbanismo y la empresa redactora del plan urbanístico, si como es cierto, este proyecto lleva realizándose 10 meses".
Las entidades vecinales reconocen que "estas obras son necesarias, y a pesar de todas estas actuaciones impropias de un Ayuntamiento, reiteramos nuestra disposición al diálogo para conseguir una solución consensuada y definitiva que acabe con los problemas que padecemos. Por ello, solicitamos formalmente al Ayuntamiento que facilite copia del proyecto a las Asociaciones, para su estudio y poder dar su aprobación antes de presentarlo a la Junta de Andalucía y así evitar situaciones similares a las ocurridas con las Ordenanzas de Regularización de las AGB".
"Como se reconoce desde el Ayuntamiento, -continúan- este proyecto además de dotarnos de los servicios básicos, a medio plazo, resolvería definitivamente los problemas de inundación que padecemos, pero no es menos cierto, que necesitamos otra serie de actuaciones a muy corto plazo para evitar las terribles inundaciones que sufrimos hace unos meses". En este sentido, indican que "hasta la fecha no se ha solucionado el problema, y ya que la época de lluvias está cada vez más cerca, reiteramos una vez más al Ayuntamiento la necesidad de acometer de manera inminente las actuaciones necesarias para evitar que además de las desgracias materiales, se produzca una desgracia personal.
* Diario de Cádiz - 27.09.10
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales Pago del Humo - diariodecadiz.es
Seis de cada diez municipios valencianos llevan más de una década sin actualizar el catastro
LEVANTE* : El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es el principal tributo que recaudan los 542 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, más de 1.233 millones de euros esperaban ingresar el pasado año por este concepto. Es decir, que casi uno de cada cinco euros que entran en los ayuntamientos vía impuestos llega por la contribución urbana y rústica. El IBI establece su valor porcentual en relación con el valor catastral que se aplica, que viene a ser un 50% sobre el valor de mercado del bien inmueble. Así, cargará un tipo de IBI más bajo aquel ayuntamiento que haga más tiempo que no revisa su catastro, un deber que están obligados a acometer cada 5 o 10 años.
Sin embargo, una revisión catastral deriva siempre en un incremento espectacular del IBI, de ahí que muchos consistorios sean reacios a cumplir con esta obligación u menos aún un año de antes de las elecciones. Prueba de ello es que casi el 60% de los municipios de la C. Valenciana, 313 en total, no actualizan su catastro desde hace más de una década. Entre estos ayuntamientos se encuentran tres de las cinco ciudades valencianas de más de 100.000 habitantes. Alicante y Castelló no han revisado su catastro desde 1996, y Valencia desde 1998. Entre las ciudades de 50.001 a 100.000 habitantes, Elda no lo actualiza desde 1986, y entre los municipios intermedios (de 20.001 a a 50.000 vecinos), la palma se la lleva Ontinyent, cuya última revisión data de 1987.
Imp. de bienes e inmuebles
La Ley de Haciendas Locales establece para el IBI un mínimo del 0,4% y un máximo del 1,10% sobre el valor catastral del inmueble. En este sentido, ocho de cada 10 municipios de la C. Valenciana aplican una tasa igual o superior al 0,6% al IBI urbano, siendo apenas 19 (el 3%) con una contribución por encima del 1%, mientras que 57 (el 10%) carga el 0,5% o menos. Cabe destacar que 54 de estos ayuntamientos con el IBI más bajo tienen menos de 5.000 vecinos.
A la hora de considerar los ayuntamientos que más cobran por el IBI tanto urbano como rústico, hay que valorar no sólo el coeficiente que aplica sino también cuándo ha hecho la revisión del catastro. Entre los municipios que han actualizado su catastro en los últimos cinco años, la contribución más elevada la cobra Segart, que mantiene un porcentaje del 0,95% pese a haber revisado el catastro este año.
Ninguna de las cinco grandes ciudades valencianas ha actualizado el catastro en el último lustro. La contribución urbana más elevada la cobra Torrevieja, cuyo catastro es de 2004 y tiene un coeficiente del 0,59%. Torrent, con un tipo del 0,66 y un catastro de hace dos años, tiene el IBI urbano más alto entre las ciudades de más de 50.000 vecinos. En los municipios intermedios la contribución más elevada es la de Alaquàs, con un 0,85 y un catastro de 2010.
Entre los pueblos más pequeños, el IBI máximo lo encontramos en el ya citado caso de Segart. En este segmento, donde casi dos tercios de los 385 ayuntamientos de menos de 5.000 vecinos hace más de 10 años que no actualizan el catastro, sólo 22 aplican el tipo mínimo del 0,4%.
El tipo más bajo para este año lo ha acordado Chera, que tras revisar su catastro en 2009 aplica un 0,33%. Hay que tener en cuenta que Hacienda permite reducir del 0,4 al 0,1 el coeficiente mínimo durante los tres años siguientes a la modificación catastral. Cabe destacar que aunque 77 municipios que han revisado su catastro en los últimos tres años podrían aplicar este tipo superreducido sólo uno se ha acogido a esta cláusula para gravar menos el bolsillo de sus vecinos.
El IAE
El Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que supuso en su momento grandes ingresos para los municipios, sólo lo pagan hoy día aquellas sociedades mercantiles que facturan más de un millón de euros al año. Aún así, el año pasado los ayuntamientos valencianos esperaban recaudar por este concepto 147,6 millones de euros. Es el tercer puntal de la carga impositiva municipal.
En este caso la horquilla va de un coeficiente máximo del 3,80 que aplican 16 municipios liderados por Torrevieja, que es la única gran ciudad que alcanza este tope, hasta el 0,50 con que cuentan Benidoleig, Sierra Engarcerán y otros 12 pueblos de menos de mil habitantes. Entre los municipios que cargan ese 3,80 máximo hay cinco municipios intermedios (Alzira, Burjassot, Xàbia, Alaquàs y Mutxamel) y cuatro pueblos de más de 5.000 vecinos (l'Eliana, Benetússer, Almàssera y Rocafort).
Rodaje
El Impuesto de sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conocido como rodaje, es el segundo más importante. El pasado ejercicio los municipios valencianos contemplaban ingresar por esta vía 273 millones de euros.
En el caso de los turismos, el rango de motores de 1.600 a 1.999 cm3 es el mayoritario, seguido del de 1.200 a 1.599 cm3, representando ambos casi ocho de cada 10 coches. Los primeros se encontrarían en el tramo del impuesto que va de los 8 a los 11,99 caballos fiscales o de vapor (cv), mientras que los segundos entrarían en el de 12 hasta los 15,99 cv. Hacienda establece para el tramo con más turismos un impuesto mínimo de 34,08 euros al año, que los ayuntamientos pueden aumentar como máximo hasta el doble de esta cantidad, 68,16 euros.
Sólo seis municipios valencianos cobran dicho tope máximo. Castelló es la única gran ciudad que lo aplica. Entre los 49 ayuntamientos intermedios únicamente tres exigen el máximo: l'Alfàs del Pi, Xirivella y Novelda.
En segundo tramo con más turismos, de 12 a 15,99 cv, la horquilla que establece la ley va desde un mínimo de 71,94 euros, hasta un tope de también el doble. Un total de 74 municipios cobran más de 120 euros, y sólo 8 el máximo de 143,88 euros. Entre ellos Castelló y cuatro municipios de 20.000 a 50.000 habitantes (Xirivella, Ontinyent, Algemesí y Novelda).
Construcción y obras
El Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) aplica un porcentaje sobre el presupuesto de la obra o reforma a realizar. El tipo máximo que contempla la ley es del 4%, porcentaje que aplican 69 ayuntamientos valencianos, liderados por las tres capitales provinciales más Torrevieja. El mínimo legal previsto, el 0,4%, no lo contempla ninguno de los 532 ayuntamientos que han introducido este impuesto.
Salvo Confrides, consistorio sobre el que el Ministerio de Economía y Hacienda no ofrece ningún dato, hay 9 pueblos que no aplican el ICIO, de los cuales sólo superan los mil vecinos Benirredrà y Jalance. Los siete restantes, que cuentan con menos de 250 vecinos, son Alcocer de Planes, Millena, la Mata de Morella, Estubeny, Llocnou de la Corona, Herbés y Villores.
Mientras no llega al 13% de los municipios valencianos aplican el máximo legal, la mitad de ayuntamientos cobran más de un 3%, mientras que sólo 86, todos ellos por debajo de los 5.000 habitantes, exigen menos del 2% del valor de la obra.
* Levante - 26.09.10
Foto: Alicante - absolutalicante.com
Un trozo de Murcia está en el banquillo
LAVERDAD* : Hubo un tiempo, no muy lejano, en que Juan Antonio Roca era un señor; o en que se le tenía por tal. Nada que ver con el villano que sacaron a la luz las grandes operaciones policiales y judiciales sobre el saqueo de Marbella y, sobre todo, la ya mítica 'Operación Malaya'. Antes de tornar en apestado recorría su Cartagena natal con el pecho hinchado, montaba saraos, invitaba a marisco en restaurantes del Mar Menor, se codeaba con relevantes empresarios y escuchaba incluso las solícitas peticiones de algún alcalde para que acometiera proyectos estratégicos en su municipio.
La redada que hace casi cinco años puso patas arriba el Consistorio marbellí transformó de golpe a este cartagenero en 'el hombre a quien nadie conocía' y en 'el hombre con quien nadie nunca se había reunido', pero a la vez sirvió para que esa gran parte de la sociedad que no está 'en la pomada' comenzara a saber quién era Roca -no el de los sanitarios- y qué enorme patrimonio estaba amasando en la Región con el dinero supuestamente ilícito que amasaba en Marbella.
«¡Tenías que ver la que estoy montando en Murcia...! Lo que interesa es invertir en Murcia. ¡Murcia es la hostia!», se pavoneaba, no sin razón, ante otro empresario en una conversación que fue intervenida por la Policía. Murcia era el lugar elegido para levantar su imperio.
La imponente finca 'La Loma'
Un día estalló la 'Malaya' y la presencia de furgones policiales en la carretera de Torre Pacheco a Los Alcázares, entrando y saliendo de una finca agrícola, desveló la existencia de 'La Loma', una propiedad de cientos de miles de metros cuadrados de cuidados huertos, en los que se había construido una lujosa mansión que no tardó en llenar de antigüedades, obras de arte, coches y carruajes antiguos y de cabezas disecadas de bestias que abatía en sus cacerías por todo el mundo.
Después se conoció que además estaba desarrollando dos urbanizaciones de lujo en Los Alcázares -Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf- y que estaba construyendo un hotel de cuatro estrellas en el mismo municipio; un proyecto que, según él mismo ha declarado, acometió por indicación del entonces alcalde socialista. «Fue Juan Escudero quien me dijo que si podía mediar con el señor Olivo (Tomás) para construir un hotel en la parcela de éste (...). Todo esto fue en Marbella. Con posterioridad, en el despacho del alcalde (...) le dije que ya había llegado a un principio de acuerdo con Olivo para construir el hotel», manifestó en una de sus comparecencias en los Juzgados de San Javier.
Pero aún tenía más. Mucho más. A lo largo de meses de investigación, que les permitieron desenredar en parte la madeja de sociedades interpuestas con las que operaba, los agentes de la UDEF-BLA descubrieron que Roca era propietario de otras fincas rústicas y de inmuebles urbanos en Cartagena, Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco, Murcia, Mazarrón y La Unión, entre otras localidades. Un reinado construido a golpe de talonario. No en vano, la Policía y el fiscal estiman que el cartagenero invirtió y gastó unos 200 millones de euros -fundamentalmente en Murcia y Andalucía- en la década anterior a ser detenido y encarcelado.
La red de colaboradores
Todo era de Roca, y a la vez nada era suyo. El presunto 'cerebro' de la Malaya operaba a través de 71 sociedades diferentes que los cinco responsables de un despacho legal madrileño manejaban con habilidad de trileros. Esos cinco abogados -Manuel Juan Sánchez Zubizarreta, Manuel Sánchez Martín, Francisco Soriano Pastor, Juan Luis Soriano Pastor y Francisco Zurita- son la pieza fundamental para conocer cómo Roca invertía en la Región a través de sociedades como Compañía Inmobiliaria Masdevallía, Condeor o Inmuebles Urbanos Vanda, y encabezan la amplia nómina de colaboradores que se sentarán en el banquillo, a partir de este lunes, por haber ayudado a Roca a camuflar sus millonarias posesiones y sus relevantes proyectos.
Junto a ellos cinco y al propio Roca se sentarán la elegante y glamourosa Monserrat Corulla, otra abogada que gestionaba con guante de seda y mano de hierro los intereses de Roca en Murcia, especialmente velando por la buena marcha del proyecto hotelero de Los Alcázares; Julio Blasco Bazo Garrido y Gonzalo Astorqui Zabala, que supervisaban la construcción de las urbanizaciones de lujo, y el pachequero Ernesto Ramón Celdrán Gelabert, quien presuntamente adquiría propiedades inmobiliarias para el 'malayo' y que fue quien le ayudó a comprar y montar la finca la 'La Loma'.
También se sentarán en el banquillo la esposa del principal imputado, María Rosa Jimeno, su hija María y su cuñado Antonio, directivo de banca (todos ellos murcianos), acusados junto a la empleada Karin Marika Mattson de adquirir y cobrar un gran número de décimos de lotería premiados con los que blanquear cantidades millonarias de dinero sucio: 'lavaron' más de 600.000 euros en seis meses.
Por último, varios empresarios que llegaron e invirtieron en la Región de la mano de Roca, como Enrique Ventero o Javier Arteche, también serán juzgados. Y, por encima de todos, el cartagenero Tomás Olivo, quien habría pagado 2,5 millones de euros para poder adquirir un edificio público en Puerto Banús y abrir en el mismo un centro comercial.
Se inicia el acto final del 'caso Malaya'. «Audiencia pública. Los testigos no pueden pasar».
* La Verdad - 26.09.10
Foto: Policías judiciales de la UDEF-BLA penetran en la finca La Loma, en marzo del 2006, tras desencadenarse el 'caso Malaya' - laverdad
Málaga.- Barrios paralizados, vecinos sin servicios
SUR* : Viviendas de altas calidades, a diez minutos de Málaga capital y con todas las comodidades y servicios. Cuando a Sandra y a Luis les mostraron hace dos años un piso en Parque Victoria, al norte de La Cala del Moral, la promotora les aseguró que en pocos meses empezarían a construir una zona comercial con tiendas frente a su urbanización, un supermercado, instalaciones deportivas y un centro educativo. El colegio, después de cuatro años de retraso, abrió sus puertas para el ciclo de Infantil el pasado día 10. Pero el resto de proyectos previstos se han quedado por el camino.
El único negocio abierto en todo ese tiempo es el pequeño quiosco que surte a más de dos mil personas de las seis promociones levantadas al norte de la autovía al abrigo del boom inmobiliario. «Faltan plazas de aparcamiento y no hay servicio de limpieza. Prometieron que llegaría una línea de autobús y no se sabe nada desde hace dos años», dice Pepe Castaño, vecino de la zona.
La crisis ha frenado en seco el desarrollo de las áreas residenciales de expansión de la provincia, donde se calcula que existe un 'stock' de 23.000 casas sin vender, según la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP). Los problemas para colocar los pisos ya edificados en el mercado, sumado a las dificultades para conseguir créditos de los bancos, han dejado sin liquidez a las promotoras, que han guardado en el cajón el resto de proyectos previstos, desde nuevas viviendas a espacios comerciales. La coyuntura económica también ha reducido los recursos de los Ayuntamientos, que afrontan serios obstáculos para dotar de servicios e infraestructuras a estos sectores.
Incomodidad y abandono
Mientras, abandonados por unos y otros, los vecinos de estas parcelas residenciales afrontan las incomodidades de vivir entre solares vacíos y sin los servicios básicos. Los afectados podrían ascender a 15.000 en toda la provincia, a tenor de los cálculos realizados por este periódico a partir de informaciones de las promotoras. «Nos sentimos engañados; nos encanta nuestro piso, cuenta con vistas al mar, pero cuando sales del recinto te encuentras con calles sucias, zonas ajardinadas sin cuidar, acerado estropeado o bombillas del alumbrado público que no se reponen», enumera Víctor Gómez, presidente de la comunidad de vecinos del complejo Calazul, en Parque Victoria.
«El problema es que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha estado cuatro años sin recepcionar la zona a la espera de que se vendiesen más inmuebles y las constructoras arreglasen los desperfectos existentes. Las promotoras, por su parte, no tienen liquidez para acometer esas reformas», indica Rafael Peláez, administrador de las urbanizaciones Vista Bahía y Colinas de Procusán. «Hasta ahora nos decían poco menos que debíamos dar las gracias por recoger la basura y arreglar la maleza de la carretera dos veces al año, pero lo cierto es que los vecinos ya pagan sus impuestos al municipio sin recibir nada a cambio», continúa.
Parque Victoria no es el único caso, aunque el hecho de estar aislado por la autovía lo convierte en uno de los más sangrantes. Casi todos los municipios costeros cuentan con alguna urbanización a medias. En Rincón de la Victoria, el nuevo concejal de Urbanismo, José Rodríguez, indica que Los Jarales, el Sur de Añoreta, Altos de Locea y la zona del campo de fútbol están en la misma situación. En estas urbanizaciones, unas mil viviendas construidas se han quedado sin vender, según explica. «Llevamos años luchando para que se hagan cargo de los espacios verdes, calzada, iluminación y recogida de basuras en Altos de Locea», reivindica Lydia Montes, una de las representantes de la urbanización.
Un problema que se repite
En el resto de la provincia el panorama es similar. El Cañaveral, Soliva, El Pizarrillo y Atalaya de Jarazmín en la capital, los pisos de la Ciudad Deportiva (en Cártama), Santa Clara (en Alhaurín de la Torre) o Santangelo (también al norte de la autovía en Benalmádena) son solo algunos de los múltiples barrios afectados.
En Cártama, Jorge Gallardo, concejal de Urbanismo, confirma que el desarrollo residencial se ha venido abajo en el municipio en los últimos meses. Muchos proyectos se han quedado en papel mojado y otros han visto paralizadas las obras, dejando las viviendas en el esqueleto. «Algunos vecinos están teniendo problemas con el suministro de agua», indica.
En la capital, el espacio entre Soliva y Puerto de la Torre -El Cañaveral- se ha convertido en un oasis de tres edificios en mitad del campo. En uno de estos inmuebles, José Mancera resume su indignación. «Llevo aquí siete meses y estoy pensando en poner el piso a la venta porque esto no es lo que nos prometieron: no hay servicio de basura y ni siquiera tenemos agua, usamos la de obra», indica. Su vecina del bajo, Loli García, cree que les vendieron una vida de comodidades en un lugar idílico pero que les han dejado aislados. «No sé cuánto soportaremos esta dejadez», afirma.
En Churriana, en la barriada de El Pizarrillo, solo se han desarrollado el 20% de las viviendas previstas, según revela el concejal del distrito, José Hazañas. Pero, a pesar de la paralización de los proyectos, un centenar de vecinos ya viven en sus casas mientras que conviven con falta de luz por el saqueo de transformadores, suciedad y ausencia de mantenimiento de las zonas verdes. Lo mismo ocurre con enclaves cercanos como El Retiro o El Cuartón.
* SUR - 26.09.10
Foto: Cala del Moral (Málaga) - mma.es
Fabra ya tuvo que aclarar otro ´pelotazo´
LEVANTE/Castelló : Definitivamente, las declaraciones de renta no se le dan bien a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló. El hombre fuerte del PP de la provincia -hoy acusado de fraude fiscal al dejar de ingresar al fisco una cuota de 880.000 euros- ya tuvo sus primeros problemillas con los inspectores de Hacienda en el año 1999, cuatro años antes de que un empresario, Vicente Vilar, se querellara contra él en los juzgados de Nules por cobrar comisiones millonarias. En aquella época, Anticorrupción ni siquiera había empezado a tirar de la madeja de cuentas, cheques y préstamos que atrapa ahora al líder provincial del PP.
Según se desprende de la declaración judicial que Fabra hizo ante el juez de Nules el pasado jueves, los problemas fiscales comenzaron hace once años. "He tenido una inspección de Hacienda en el año 1999 y mi mujer también. Pero nos devolvieron el dinero", asegura Fabra en su comparecencia. ¿Quién le devolvió el dinero? ¿Por qué le inspeccionaron las cuentas ya en el año 99? Ninguna de estas cuestiones las aclaró Fabra ante el juez, como tampoco dijo que en aquellos días de finales de la década de los 90, Juan Costa Galindo, padre de Juan Costa Climent, ex ministro de Ciencia y Tecnología, era delegado de Hacienda en Castelló -un cargo dependiente del Gobierno central-.
Juan Costa empezó como inspector y escaló puestos hasta llegar a ser el máximo responsable de la delegación de Hacienda hasta la victoria del PSOE en el año 2004.
En su declaración judicial, Fabra asegura que cuando fue requerido para aclarar sus cuentas aportó "toda la documentación que se me requirió". "La inspección fue un poco rara, porque la tenía que haber hecho un funcionario de Hacienda", insinuó el presidente de la diputación.
Pero si la inspección no la hizo un funcionario del Estado, como marca la ley, ¿quien fiscalizó entonces el patrimonio personal del político popular? ¿Supervisó Juan Costa padre aquel expediente?
A preguntas de su abogado, Carlos Fabra intenta salir del jardín en el que se ha metido y aclara: "Dicha inspección fue muy detallada y me atribuyeron una ganancia patrimonial no justificada, que fue aclarada".
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado quince años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargo público para el presidente de la Diputación de Castelló por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública. En total, los inspectores le acusan de dejar de ingresar una cuota de más de 880.000 euros entre los años 1999 y 2004. Así consta en el escrito de calificación que el fiscal ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, que el pasado 1 de julio decidió continuar el procedimiento abierto contra Fabra, su esposa, María Amparo Fernández Blanes; el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives Plaja. El fiscal pide también cuatro años de cárcel para Vilar y su ex mujer y ocho para la esposa de Carlos Fabra por fraude fiscal. Además, solicita para el presidente de la diputación diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa total de 2.330.000 euros por cinco delitos de fraude fiscal y uno de cohecho continuado.
Linares acusa al fiscal de acosar a su líder
La secretaria provincial del PP de Castelló, Marisol Linares, calificó de "vergonzoso" que el fiscal Anticorrupción considere que el juicio contra el presidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra, "debería estar resuelto antes de primavera, casualmente antes de las elecciones municipales y autonómicas".
Linares realizó estas declaraciones en un comunicado tras conocer las afirmaciones del fiscal Anticorrupción en las que consideraba que el juicio contra Carlos Fabra podría haber terminado antes de la próxima primavera, coincidiendo con las semanas previas a la campaña electoral de las comicios municipales y autonómicos de 2011.
Según la dirigente popular, "esto demuestra la política de acoso y derribo de la Fiscalía hacia la persona que más ha hecho por esta provincia, Carlos Fabra".
Linares recordó que Fabra dijo el pasado jueves que el "único compromiso que los socialistas han cumplido en Castelló" ha sido el que en la campaña electoral de 2004 hizo el candidato Jordi Sevilla, cuando "anunció que si ganaban las elecciones" le "mandaría" a la Fiscalía Anticorrupción para investigarle.
Por su parte, el presidente en funciones de la diputación, Francisco Martínez, contestó ayer a las declaraciones del concejal socialista, Juli Domingo, quien criticó el uso de cuatro escoltas por Fabra en su comparecencia en los juzgados. "Un presidente de la diputación lo es las 24 horas del día, no a tiempo parcial. Y debe de llevar la escolta que corresponde a la importancia de su cargo. Al igual que sucede con el presidente del gobierno cuando visita a su familia en León. Y el número de escoltas lo deciden lo técnicos en esa materia", añadió.
* Levante - 26.09.10
Foto: Carlos Fabra, el pasado jueves, durante su comparecencia en el juzgado de Nules.- levante
Paraísos fiscales - El Roto
Viñeta por El Roto, paraísos fiscales - elpais.com 20100922
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´Caso Malaya´: Así cayó Roca
LAOPINIÓN/Málaga* : Jorge González, jefe del servicio jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, declaró el 13 de octubre de 2005 en unas diligencias relacionadas con irregularidades en torno al Hotel Guadalpín. Este funcionario represaliado por Jesús Gil, dado que se oponía a avalar licencias de obra en base a un PGOU ilegal –el de 1998–, señaló la posición de dominio de un simple asesor de Urbanismo en la corporación liderada por Marisol Yagüe. Sus palabras no cayeron en saco roto. El juez Miguel Ángel Torres, a instancias del fiscal Juan Carlos López Caballero, inició entonces una empresa que parecía una utopía: acabar con Juan Antonio Roca y su organización presuntamente criminal, evitando así el mercadeo en torno a los terrenos de Marbella.
Pero antes hubo al menos dos oportunidades perdidas. A la tercera fue la vencida.
Se pincharon teléfonos, se hicieron seguimientos, y se investigó, por primera vez, el patrimonio de los sospechosos. Si no podían explicar los suntuosos bienes con los ingresos legales, podía haber gato encerrado. Ésta fue una novedad capital, puesto que sólo se utilizaba en procesos de narcotráfico, pero su uso se ha generalizado en casos de corrupción.
El seguimiento y las grabaciones a Ismael Pérez Peña, un empresario al que el Consistorio le debía dinero y al que se le iba a pagar amañando la concesión de la grúa, permitieron ir tirando del hilo, de forma que esto llevó a los amaños en los convenios urbanísticos. El 29 de marzo de 2009, cuando fueron detenidos la alcaldesa y el propio Roca, se hallaron en la empresa de éste, Maras Asesores, archivos informáticos con iniciales de empresarios que pagaron y las de los concejales que recibieron. Es la prueba de cargo.
Se trabajó por las tardes, para evitar levantar sospechas; las anotaciones informáticas se mantenían fuera del registro general de los juzgados de Marbella, puesto que el juez Torres temía, como de hecho ocurría, que contara con aliados judiciales: sin ir más lejos el magistrado Francisco Javier de Urquía ha sido condenado por dejarse sobornar por Roca y un funcionario judicial está acusado de lo mismo. El juez, de hecho, debía haber enviado el asunto al reparto, pero se lo quedó él precisamente porque desconfiaba de todos.
Un búnker guardaba los documentos y pruebas que se incorporaban al sumario poco a poco y el secreto se mantuvo hasta casi dos años después del inicio del caso.
La complejidad de la trama societaria de Roca, gracias a la cual pudo ocultar supuestamente 200 millones en propiedades, y lavar 240 millones de euros, obligó a que expertos de Hacienda en blanqueo de capitales analizaran con detenimiento las cuentas y los patrimonios de los imputados.
Los agentes de la Udyco y de la UDEF se fajaron para sacar adelante un caso que amenazó con encallar más de una vez, como ya ocurrió en dos ocasiones: así, en 2000, el responsable del depósito judicial de Cártama denunció irregularidades en las subastas municipales de coches. El Grupo I de la Udyco pidió documentación a la Policía Local en los dos años posteriores, pero los implicados –el Ayuntamiento a la cabeza– «dilataron la entrega» y se abandonó el caso. No se abrió de nuevo hasta octubre de 2006, ya con «Malaya» en marcha y el Grupo III avanzando con eficacia.
Antes, en agosto de 2003, y después de que Julián Muñoz y Jesús Gil se dijeran de todo en Salsa Rosa, la Fiscalía abrió una investigación por posibles sobornos en torno a la moción de censura. Quedó en agua de borrajas y, como se dice popularmente, a la tercera fue la vencida.
Algunos expertos creen que, si en el primer caso se hubiera tirado del hilo, «las cosas habrían sido muy diferentes». La investigación muestra pasajes novelescos, como una reunión vigilada por la policía en un hotel de Madrid; es destacable también el relevo de dos mandos de la Udyco cuando las pesquisas llegan al punto más problemático: cuando hay que tirar hacia la propia cúpula policial (¿quién es J. A. G.?) y política.
El sumario hoy en día tiene muchos más de 200.000 folios, pero su elaboración fue difícil: noches sin dormir, tardes entregadas al análisis de documentos contables difícilmente traducibles, los nervios previos a las detenciones, el viento a favor en determinados asuntos y la huida de Carlos Fernández.
Además de éste, se fugaron el ex edil Javier Lendínez y el empresario José Manuel Llorca Rodríguez, imputado asimismo en «Ballena Blanca» y «Fórum».
El símbolo del proceso quizás sea la imagen de López Caballero llegando a las inmediaciones del chalé de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que entonces se recuperaba de una operación. Hay quien dice incluso que hubo otras denuncias anteriores a las que no se les hizo caso. Pero, de cualquier modo, lo más espectacular fueron las grabaciones, donde se calificaba sin rubor al dinero de «goma dos», o se comentaba el brete en el que Peña puso al Consistorio –«esto era pa cagarse»–.
Los ataques a la policía y al juez por la práctica de detenciones a diestro y siniestro también fueron habituales, pero lo más difícil consistió en asignar las iniciales a sumas concretas y éstas, a su vez, a actos administrativos injustos. La causa es tan ingente que el fiscal podría haber seguido investigando años, pero había que acotar el campo: así, se han desgajado del tronco común treinta investigaciones más.
El juez Torres y Roca, dos mentes privilegiadas en un duelo sin cuartel
El enfrentamiento sólo puede tacharse de anecdótico, pero el duelo individual, quizás, determinó el resultado final del caso: Juan Antonio Roca y Miguel Ángel Torres, sospechoso con experiencia y magistrado joven pero preparado, mantuvieron numerosos roces verbales que denotaban la inteligencia y el saber hacer de ambos, cada uno en lo suyo. Famoso es ya un interrogatorio en el que el primero le dijo al segundo: «¿Cuándo me va a dejar salir de la cárcel?», a lo que el juez granadino contestó con frialdad y dureza: «Aún queda mucho por investigar».
Ambos fueron amenazados, Roca por la mafia rusa poco antes de su detención, y Torres por desconocidos. Una noche llegó a su casa y se encontró las luces encendidas, lo que supuso un sutil toque de atención para el magistrado. No se ha probado que ello provenga del entorno del ex asesor de Urbanismo.
Ambos son meticulosos: El Jefe anotaba absolutamente todo en sus agendas o hacía que su contable y su secretaria pusieran sus intenciones en negro sobre blanco. Era ésta, por tanto, la forma de conocer con exactitud los límites de su gran imperio, forjado supuestamente a golpe de sobornos a empresarios y con el urbanismo marbellí como bien codiciado.
El juez compartía esta cualidad, y famosos son sus autos, muy prolijos y escritos con un inconfundible estilo literario que llegó a desconcertar y enfadar a muchos abogados defensores.
Su afición por el trabajo también se hizo famosa. Torres tomaba declaración a los imputados desde primera hora de la mañana y hasta las tres o las cuatro de la madrugada, agotando a letrados y encausados. Después, se ponía a redactar sus detallados autos.
Y Roca pasaba horas y horas analizando convenios y planos urbanísticos en su despacho municipal. Tenía Marbella en la cabeza y sabía exactamente lo que quería. En una de las escasas declaraciones que efectuó a los medios llegó a decir que él simplemente hacía una aplicación extensiva del derecho constitucional a poseer una vivienda.
En Marbella era Dios. Y la alcaldesa lo definía como «el mejor asesor urbanístico de Andalucía». «Marisol, siempre te duele la cabeza con las cosas que haces a mis espaldas», le dijo un día en una suculenta conversación telefónica.
Hay quien dice que Roca es un talento desaprovechado y, probablemente, juez y asesor se parezcan más de lo que piensan: su inteligencia está fuera de toda duda. Sólo les diferencia una cosa: la rectitud de carácter y el amor por la legalidad del granadino, quien, sin arredrarse, ha llegado a condenar al arzobispo de Granada por coacciones. El segundo optó por un camino presuntamente más lucrativo pero que suele acabar mal.
La presión mediática supuso otra de las características del procedimiento, sobre todo en cada uno de los tres golpes de los que constó la operación, muy bien preparados por la policía y por el togado, que bendijo casi todas las propuestas de actuación policial analizando con detenimiento las iniciativas.
Le auguran un gran futuro, mientras que otros piensan que a él, a Miguel Torres, «le eligieron», y no sólo en «Malaya» sino también en «Ballena Blanca». Lo comparan con Baltasar Garzón. Roca y Torres son, sin duda, dos caras de la misma moneda.
* La Opinión de Málaga - 25.09.10
Foto: Marbella, registro vivienda Roca - diariosur.es
La promotora de Orkoien pagó comisiones a la alcaldesa de La Muela, según la Policía
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DIARIODENAVARRA/Zaragoza* : Aranade, la promotora que ha gestionado el urbanismo de Orkoien pagó 3.771.845 euros en comisiones a la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), Mª Victoria Pinilla, entre 1998 y 2007, "en contraprestación y como agradecimiento a los contratos suscritos" por la Sociedad Urbanística de La Muela, cuya presidenta es la alcaldesa, y por los que Aranade se embolsó más de 15 millones. Así lo concluye el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón en el último informe enviado al juez que instruye el caso de corrupción urbanística ("Operación Molinos") destapado en la localidad aragonesa.
Se da la circunstancia de que Aranade se resiste a cumplir la orden judicial de pagar al Ayuntamiento de Orkoien 6,7 millones por los contratos que recibió ilegalmente mientras se hizo cargo de la sociedad urbanística de la localidad, también entre 1998 y 2007. El equipo de gobierno presidido por Casimiro Larrea, entonces en IU y ahora en una agrupación de izquierdas, adjudicó la gestión del urbanismo a esta promotora sin concurso público, por lo que los jueces han declarado nulos todos los contratos.
Para gastos ordinarios
El periódico Heraldo de Aragón informaba en su edición del domingo que los agentes deducen que "muchos de esos pagos en "B" fueron destinados a sufragar diversos gastos de la familia Pinilla", como la "celebración de contratos públicos de compraventa de inmuebles, la adquisición de vehículos, el pago de impuestos y de los seguros de los coches, gastos de fiestas, de hospital...". El rotativo señalaba que otro de los destinos dado al dinero "negro" que la familia de la alcaldesa tenía presuntamente que blanquear (5 millones entre 2002 y 2009) era las obras para reformar sus viviendas.
Los investigadores llegaron a estos pagos tras encontrar dos papeles contables en el domicilio de la alcaldesa de La Muela y en el despacho de Julián de Miguel, dueño de Aranade.
El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón también acusa a la alcaldesa de adjudicar presuntamente 40 viviendas de la sociedad urbanística municipal a familiares y amigos. Según los investigadores, estas viviendas se concedieron supuestamente "sin seguir los procedimientos que garantizan los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad".
* Diario de Navarra - 23.05.10 y Diario de Navarra (rectificación) - 25.09.10
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
Cuando Gil era como Jesucristo
PÚBLICO/Marbella* : La primera gran decisión de Jesús Gil como alcalde de Marbella traza una valiosa metáfora sobre su paso por el poder: en la madrugada del 26 de junio de 1991, las excavadoras municipales derribaron la casa de su antecesor, el socialista Francisco Parra, porque le estorbaba para una reordenación vial. Un testigo recuerda cómo la esposa de Parra, literalmente en la calle con lo puesto, preguntó: "¿Y ahora qué hacemos?". Ante el gentío que se arremolinaba atraído por el jaleo, Gil tuvo uno de sus arranques de populismo exacerbado: "¡Que lleven a esta mujer al mejor hotel de Marbella!". La ovación fue cerrada.
Parra llevó a Gil a los tribunales, recuerdan fuentes de la fiscalía. Pero se libró de todo pactando un precio de expropiación con el ex alcalde. "Lo teníamos. Hubiera supuesto una condena de inhabilitación clarísima por prevaricación y derribo ilegal. Y no hubiera existido el Gil alcalde", señalan fuentes del caso. La historia habría sido otra, seguramente. Pero fue la que fue. Gil recibió una lección: el pueblo aplaudía sus arbitrariedades histriónicas; la Justicia no alcanzaba a echarle el guante.
Esa historia vive a partir del lunes el que podría ser su capítulo final: 95 imputados -entre ellos el núcleo de la política local de la época y numerosos empresarios- se sientan en el banquillo por la mayor trama de corrupción llevada nunca a juicio en España. Un saqueo de bienes públicos gestado bajo el gilismo y encabezado por su asesor urbanístico, Juan Antonio Roca. El caso Malaya. El juicio será también un juicio al gilismo.
Gil arrasó en 1995 en Marbella. Su hijo Jesús Gil Marín, en Estepona. En 1999 su partido, el GIL, ganó las elecciones en Marbella, Estepona, Ronda, Manilva, Casares, La Línea de la Concepción, Ceuta, Melilla... José Cosín ha descrito cuál era su modelo político en su libro Mafia y corrupción: la toma democrática de las instituciones para el posterior expolio de los recursos públicos. Solía presumir de que cuando él llegó a Marbella sólo había "prostitutas, mendigos y drogadictos". Su oferta electoral era sencilla. "Me presento para vender más pisos", decía Gil en la campaña de 1991. Cumplir su programa, lo cumplió.
Gil fue inhabilitado por prevaricación en 2002. En 2003, su sucesor, Julián Muñoz, volvió a arrasar. Al GIL no lo echaron los votos, ni siquiera tras la voz de alarma del Tribunal de Cuentas o las primeras impugnaciones de licencias por parte de la Junta en 1995. Tampoco los partidos tradicionales articularon un bloque contra el gilismo. Sólo el cisma que provocó la moción de censura que desalojó a Muñoz y llevó al poder a Marisol Yagüe en 2003 consiguió acabar con el GIL.
Fue su propia voracidad, y no el Estado, lo que terminó con el gilismo, borrándolo del mapa en Marbella y desencadenando en el resto de municipios una fuga de ediles de la que se benefició sobre todo el PP. El GIL cayó cuando la Justicia apenas acababa de empezar a actuar, dos años antes de que al fin un juez, Miguel Ángel Torres, decidiera abrir por fin una investigación.
Así que en 2006, dos años después de la muerte de Gil, se desencadenó la operación Malaya. Pero, ¿cómo pudo ocurrir todo lo anterior con el silencio cómplice del empresariado y el aval de los votos? "En Marbella no se sabía la dimensión, pero sí que había corrupción. La gente decía: ‘Roba, pero hace. Por lo menos hace'. Ahora nadie confiesa que lo votaba", cuenta el ecologista Javier de Luis, uno de los primeros en denunciar sus desmanes.
El escaso arraigo de buena parte de la población marbellí ofrecía una ventaja demográfica para instaurar el modelo de Gil, que además compró miles de voluntades convirtiendo el ayuntamiento en una agencia de colocación. Y hay otra clave sociológica, que De Luis expresa con crudeza: "El espejo moral de muchos en Marbella es esa jet set que la televisión enseña a todas horas".
Delincuencia rosa
Gil dominaba la televisión. ¿Quién no recuerda Las noches de tal y tal, en el verano del 91, con Gil fanfarroneando en una bañera rodeado de bellezones? En la tele municipal, que lo glorificaba, sus astracanadas pasaban por heroicidades quijotescas. Era un ídolo. "Estando él en prisión, unas señoras llegaron a mi casa para que firmara por su liberación. Hablaban de él como de Cristo", cuenta De Luis. Una vez caído el gilismo en desgracia judicial, la mezcla de aristócratas venidos a menos, folclóricos, chulos de piscina y (presuntos) chorizos dispuestos a sacar tajada del morbo empujaron a la televisión a crear un nuevo género de crónica de corrupción rosa para no dejar de martillear ni día ni noche con el caso.
"Todo este espectáculo ha sido un golpe para la credibilidad de la democracia y para nuestra imagen en el exterior", resume Jesús Sánchez Lambás, de Transparencia Internacional. A su juicio, el modelo gilista fue una sublimación, no una excepción. "En España es norma: el corrupto gana y es adorado".
La deuda asfixia Marbella
La llegada al poder en 2007 de Ángeles Muñoz (PP) supuso el fin del ejercicio del poder como rama de la actividad delictiva, pero no la vuelta a la normalidad. El ayuntamiento arrastra una deuda de unos 500 millones y carga con los más de 3.000 funcionarios que dejó el GIL, que se encontró menos de un millar cuando llegó al poder, en una ciudad de 125.000 habitantes.
Consultados por Público, portavoces de PSOE e IU en Marbella denuncian que la alcaldesa mantiene además un estilo personalista y que da poco espacio a la oposición. "Lo único que queda del gilismo son las deudas", ha afirmado Muñoz. En la clasificación de Transparencia Internacional, Marbella aparece en el puesto 82 de los 110 ayuntamientos estudiados. Es decir, entre los municipios menos transparentes de España.
El expolio de suelo público resultante de la voracidad del modelo gilista provoca todavía situaciones grotescas: mientras que Marbella suma siete de los mejores centros privados de España, según la Guía Dices 2010-2011, la imagen de los alumnos en aulas prefabricadas en la escuela pública -donde Marbella supera la ratio andaluza de alumnos por docente- es frecuente en los medios cada inicio de curso.
Ante su delicada situación económica, el Gobierno local ha solicitado que parte de los 4.000 millones en multas solicitados por el fiscal reviertan en la ciudad. Pero será complicado. "El blanqueo es un delito que no genera resarcimiento", explican fuentes del caso. "Lo que prevé la ley es el decomiso y entrega al Estado. El resarcimiento dependerá del Gobierno", añaden las fuentes.
* Público - 27.09.10
Foto: Fotografía de 1994 de Jesús Gil. - EFE
El Consell está a la cola en gasto por habitante en educación, sanidad y protección social
LEVANTE/Valencia* : El Gobierno de Camps se encuentra en el furgón de cola en España en el gasto por habitante destinado a los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y protección social, según revela el alarmante informe de la Comisión de Expertos independientes nombrados por todos los grupos de las Corts que hoy el conseller de Economía, Gerardo Camps, entregará a la Cámara. El documento, avanzado ayer por Levante-EMV, desvela que la Comunitat Valenciana ocupa el penúltimo puesto en inversión per cápita en políticas de protección social (sólo está peor Baleares) y el antepenúltimo en educación y en sanidad. Los datos se refieren a 2007 -último año del que se disponía de liquidaciones- pero la situación se arrastra, alerta, desde hace años.
El dinero dedicado a educación está por debajo de la media desde 2004; desde 2003 en sanidad; y en políticas sociales desde antes de 2002. La Generalitat, con datos de 2008, es la última en gasto total por habitante, a 26,33 puntos de la media.
Los expertos achacan los escalofriantes datos a la insuficiente financiación, muy por debajo de la media estatal por habitante, una situación que sufre la Comunitat Valenciana desde hace tres décadas, asegura el documento. Esto es, desde el inicio del autogobierno y los sucesivos sistemas de financiación avalados por el PSPV y el PPCV por mor de los acuerdos políticos firmados sin basarse -censura- en un análisis de las necesidades de gasto. En el anterior modelo Zaplana, la Comunitat pasó de unos fondos per cápita del 92,1% en 1999 al 85,1% de haberse mantenido en 2009, cuando entró en vigor el nuevo sistema. El Consell, justifica, ya dedica el 82,2% de sus fondos a este gasto social, lo que le deja un estrecho margen.
Salva los grandes proyectos
El permanente menor nivel de recursos -más de diez puntos por debajo de las comunidades de similares competencias a lo largo de 25 años- es la causa fundamental, recalca el informe, del elevado endeudamiento de la Generalitat, el argumento esgrimido por el Consell, ya que, para afrontar el resto de políticas ha tenido que acudir a la deuda. Es más, llega a afirmar que la inversión en grandes proyectos y ocio no explica la deuda, ya que no llegaría ni a suponer el 10% del endeudamiento. No obstante, introduce una puya a las políticas del PP al indicar que otra cuestión sería analizar el impacto sobre la deuda de la "explosión" del sector público valenciano, como es el caso de RTVV, si bien apunta que en eso la Comunitat no ha sido una excepción.
Tal como informó ayer este periódico, el informe denuncia que el nuevo modelo no resuelve el problema, ya que, aunque la Comunitat avanza en financiación por habitante, seguirá muy lejos (con el 92%) de la media estatal. Tan es así que en 2011, cuando el sistema complete su aplicación, el Consell dejará de ingresar 732 millones al no tener los mismos fondos per cápita que la media. Entre 2001 y 2008, la Comunitat perdió 3.400 millones por la no actualización de la población, que habrían reducido la deuda. Todo ello, unido a la crisis, hace peligrar el sostenimiento de los servicios públicos, llega a advertir, por lo que insta a impulsar un consenso social y político para lograr una solución.
Criterios "ad hoc" que priman a Cataluña y dañan a Valencia
El informe de los expertos designados por todos los grupos de las Corts, incluida la oposición (PSPV y Compromís), hace un durísimo análisis al analizar el actual modelo del Gobierno, para llegar a la conclusión de que en algunos fondos se aplican criterios "ad hoc" para beneficiar a determinadas comunidades, como Cataluña. En otros, en cambio, la vara usada es diferente, de forma que la Comunitat sale muy perjudicada en los recursos per cápita.
Así, el incremento de la población registrado por las comunidades en los último años, que justificó el cambio de modelo, sólo se aplica a una parte de los recursos adicionales aportados por el Gobierno: en 2009 a 3.675 de los 10.253 millones. Además, el concepto "población ajustada" incluye ponderaciones que penalizan a la Comunitat, como la de repartir los fondos en función del porcentaje de personas reconocidas como dependientes, sin tener en cuenta que en el futuro la valenciana pueda ponerse al día.
Otro ejemplo es el Fondo de Competitividad, que se reparte por población y no por la situación respecto a la media de cada uno. Asimismo, se permite que entren al reparto comunidades que están por encima de la media pero que caen por debajo como consecuencia de su capacidad fiscal. Es el caso de Cataluña.
* Levante - 23.09.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Una oportunidad para las ciudades
JOSÉ ÁNGEL BUENO RODRÍGUEZ* : Desde hace unos años, muchas ciudades están viviendo una situación de crisis de actividad económica como consecuencia de deslocalizaciones de la industria manufacturera clásica; en el caso de la Castilla y León, la automoción, que ha buscado fundamentalmente otros territorios de costes de producción inferiores y más competitivos. Este proceso ha exigido la búsqueda de alternativas y oportunidades que han dado lugar a la reconversión urbanística, económica y cultural de numerosas ciudades del mundo desarrollado. Las soluciones que han buscando han requerido mucha imaginación y el compromiso de los ciudadanos y de sus dirigentes. Los viejos esquemas de clasificación de las actividades económicas enunciado en 1940 por Colin Clark, en primarias (agricultura y ganadería), secundarias (industria transformadora y construcción) y terciarias o de servicios ya no sirven. Hoy los expertos, en la sociedad postindustrial, cuando la actividad industrial y la agricultura pierden peso a favor del sector servicios, a propuesta de Daniel Bell, nos hablan de dos nuevos sectores, el cuaternario y el quinario.
Dejando fundamentalmente al sector terciario como representativo el transporte, comercio, restauración y otros ocios, aparece el cuaternario que recoge la actividad de seguros, banca y gestión del conocimiento y, por último, el quinario del cual considero que debemos hablar muy especialmente en las ciudades.
El sector quinario recoge todas aquellas actividades de alto valor conceptual basado en la innovación y la creatividad. Hablamos de la investigación, del diseño, arquitectura, de la moda, de la industria cultural (audiovisual, cine, arte, música…), de la industria creativa (publicidad, editoriales y publicaciones,..) e incluso algunos autores introducen otras actividades que mejoran la calidad de vida, como son la salud y conciliación de la vida familiar y laboral.
Según Peter Hall, geógrafo y catedrático de urbanismo en el University College de London, en su libro 'Ciudades del mañana', en el año 2025, las economías desarrolladas tendrán entre el 80 y 90 % de la mano de obra trabajando en el sector servicios y entre el 60 y 70% de este sector trabajará en lo que llamamos industrias innovadoras y creativas, es decir en el sector quinario.
Sabemos que en algunas ciudades con tradición industrial como es Barcelona, más del 20% del PIB procede de este sector, así como el 60% de los puestos nuevos de trabajo que se crean. Una revista española indicaba que en EE UU representa el segundo sector en importancia, detrás de la industria armamentística, y en España, la industria cultural aporta al PIB más que una industria emblemática como es la automoción.
Para José Ramón Lasuén, catedrático emérito de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, este sector puede compensar la desindustrialización que muchas ciudades sufren. La creatividad, la innovación, la inversión en tecnología son las palancas para superar el contexto antiguo. Para que desaparezcan los problemas heredados de la industria manufacturera, sobre todo el desempleo, debemos construir un tejido productivo nuevo, que se apoye en niveles máximos de conocimiento que deben ser transferidos en buena parte desde la Universidad, actuando en sectores con alto potencial de crecimiento y con estrategias internacionales.
Ante esta situación es urgente que los ciudadanos y sus instituciones aborden la elaboración de una estrategia para que las ciudades hagan el cambio necesario antes de ser desbordados y empobrecidos por la realidad del mundo desarrollado. Hoy no conozco el peso del sector quinario en Valladolid respecto al PIB total de la ciudad. Sabemos que el sector servicios en EE UU. representa el 76,9 % del total del PIB, Alemania el 72,3 %, España el 70% y nuestra comunidad el 66%. Es decir que en los próximos años, si seguimos la estela de los países desarrollados, deberemos ajustar nuestras actividades y crecer en este sector.
¿Qué hacer? Alguna pregunta deberemos responder. Una será para descubrir cuáles son las condiciones que se deben crear para cambiar nuestra ciudad desde una actividad industrial automovilística que languidece a una actividad innovadora y creativa. Algunas ciudades ya han iniciado los primeros pasos, Viena, Liverpool, Lyon e incluso Barcelona lleva más de cinco años avanzando.
Una condición es realizar una nueva forma de hacer política. No valen los dirigentes inhibidores de la participación y de la crítica; sí la apertura a nuevas corrientes culturales: la diversidad, la tolerancia, la cooperación son buenos ejemplos. Otra condición es contar con capital humano. El talento creativo y transformador es necesario. Debemos retener y atraer talento nuevo. Especialmente los jóvenes deben estar educados con espíritu emprendedor. Seguramente que existen más cosas que debemos cambiar y promocionar.
Una entidad pública-privada, pilotada y organizada por el Ayuntamiento a través del ente económico que está creando, participada por agentes financieros, empresarios y especialmente la Universidad, a la cual se la ve totalmente alejada de los estudios que inquietan a la sociedad, debería cuantificar y analizar las debilidades, fortalezas y oportunidades que el sector quinario tiene en la ciudad para impulsar un plan de acción que nos lleve más allá del 2020 a ser una ciudad referente en progreso y calidad de vida .
* El Norte de Castilla - Opinión - 23.09.10
Televisión Incómoda destrucción de la costa
ELPAÍS* : La 2 estrena mañana (15.20), después de meses en busca de un hueco en la parrilla, la serie documental Las riberas del mar océano. Se trata de una coproducción de Televisión Española y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En marzo pasado, el ministerio exigió la retirada de las alusiones a la corrupción urbanística como uno de los males del litoral español, aunque, tras publicar EL PAÍS el caso, aceptó emitir íntegramente el trabajo: 13 capítulos de 50 minutos cada uno. A lo largo de dos años, un equipo de la cadena pública viajó por todo el litoral español.
El documental fue dirigido por Julio de Benito y Fernando Blanco, ambos fallecidos después de terminar la serie. El guionista es el catedrático de Dinámica Litoral de la Universidad de Granada Miguel Ángel Losada.
El Ministerio de Medio Ambiente y TVE firmaron el convenio para elaborar la serie en 2006, con una financiación de 1.292.874 euros. Cuando hace un año la vio el actual secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, exigió retirar un fragmento del capítulo 12, el dedicado a la legislación, por aludir a la corrupción urbanística. "La costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ella se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministro. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas. ¿Por qué hay tantos desmanes, abusos y corrupciones?", señala el documental. Losada se negó a retirar esta parte por respeto a Julio de Benito y, tras denunciar públicamente el caso, el ministerio aceptó la emisión íntegra. También se lamenta de que De Benito y Blanco no llegaran a ver la serie.
Los responsables de la serie ya pensaban que nunca vería la luz y se alegran de que se estrene, aunque sea en un horario, la sobremesa, y en una cadena con escasos índices de audiencia (3,5% de cuota de pantalla en agosto). Parte de la franja que ocupará a partir de este domingo La ribera del mar océano, estuvo hasta el domingo pasado en manos de Paraísos cercanos.
El documental defiende la polémica Ley de Costas, que expropia las viviendas construidas en dominio público, y que le ha costado al Ejecutivo grandes quebraderos de cabeza. "El litoral español es de todos los ciudadanos; pero deltas, playas, acantilados, lagunas, estuarios y rías del litoral español están sometidos a una gran presión urbanística y en gran medida han sido privatizados. En las últimas décadas, una parte importante del desarrollo socioeconómico español se ha construido sobre este espacio natural. El coste medioambiental ha sido altísimo y se ha ocupado, definitivamente, más del 70% del litoral", afirma el documental.
* El País - 25.09.10
Foto: La serie de TVE recorre en el primer capítulo la costa canaria.- elpais.com
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