CARLOS DE RUEDA* : Las aguas del mar en la misma orilla de las playas principales de Torremolinos (La Carihuela y el Bajondillo) se encuentran en un estado lamentable de contaminación, impidiendo el baño habitual en las mismas, lo que causa un grave perjuicio económico para una localidad dedicada casi en exclusiva al Turismo. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, se niega a dar una explicación convincente, a pesar de haberlo denunciado los vecinos repetidamente. Las causas de semejante contaminación son varias. Por un lado, la ausencia de barcos quitanatas, junto al vertido de arroyos y ríos sucios en la misma playa. Y por otro, la falta de depuración adecuada de las aguas de saneamiento urbanas, lo que hace que unido a la inexistencia de emisarios submarinos eficientes (por rotura u obsolescencia), permite que, con un ligero oleaje, la orilla del mar junto a las citadas playas céntricas quede totalmente inapropiada para el baño (so pena de enfermedades varias).
El asunto es grave para una población como Torremolinos que en verano supera los 300.000 habitantes, turistas en su mayoría. Los propios vecinos hemos protestado repetidamente ante los llamados "representantes del pueblo". La foto fue tomada la semana pasada en la playa de La Carihuela (Torremolinos), y se pueden apreciar las enormes manchas contaminantes.
* Carlos de Rueda, arquitecto
* El País - Yo Periodista - 6.07.10
Foto: Torremolinos (Málaga), contaminación agua playas - Carlos de Rueda 27.07.11
La contaminación del agua de las playas en Torremolinos hace imposible darse un baño
La Granja.- Vuelta a empezar 9 años después
,+antiguo+Palacio+Real+-+nortecastilla.es.jpg)
NORTECASTILLA/Segovia* : Después de más de nueve años de litigios contra el Ayuntamiento de La Granja y Valsaín, la asociación vecinal asegura que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Burgos les ha dado la razón al declarar la nulidad del plan «en al menos cuatro puntos cruciales». El próximo lunes, los vecinos asistirán al pleno municipal, convocado para las 20.00 horas, donde se abordará el fallo judicial. En concreto, el fallo declara nula la consideración del plan de la plaza de toros como equipamiento y también la pretensión del Ayuntamiento de dictar órdenes de ejecución para obligar a la realización de las obras previstas en relación al desmontaje de los elementos de cerramiento, entre otros.
Aunque da por válida la consideración de uso hotelero como equipamiento, reconoce que no es público, por lo que no exime a los promotores de la obligación de cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% de aprovechamiento.
Según los afectados, el Ayuntamiento «deberá proceder a la modificación del mismo, volviendo al mismo punto que el de su elaboración, aprobación inicial, provisional y definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo, previo informe de la Comisión de Patrimonio Histórico».
Durante muchos años, recuerdan, los vecinos afectados advirtieron «por medio de alegaciones, reuniones, plenos municipales y manifestaciones en la calle de que dicho plan parcial no se ajustaba a la Ley».
«Un calvario»
Los vecinos reprochan al alcalde que durante prácticamente una década los afectados «han sufrido un calvario por la amenaza de ser expropiados de sus casas, sólo para dar mejores vistas a un hotel de lujo privado». La interpretación que los vecinos hacen de la resolución del Tribunal Superior de Justicia es que «este serio varapalo al Ayuntamiento por parte de los tribunales puede afectar seriamente al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está aprobado provisionalmente y que también ha sido recurrido en los tribunales por otros vecinos».
A los vecinos no les gusta la renovación del entorno del Palacio de Valsaín que planea el municipio del Real Sitio de San Ildefonso. La asociación rechaza el convenio firmado el pasado 29 de diciembre por el que se acordó un gasto en la rehabilitación de 3,5 millones, sufragado entre el Ministerio de Vivienda, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento.
El entorno del antiguo palacio que edificó Felipe II en Valsaín fue declarado Monumento Nacional en 1931 y su rehabilitación, según sostiene el Ayuntamiento, es una de las asignaturas pendientes trascendentes del patrimonio arquitectónico e histórico de España.
* El Norte de Castilla - 14.07.10
Foto: Arcada de la construcción primitiva del antiguo Palacio Real de Valsaín. - nortecastilla.es
El TSJ rechaza ejecutar los 12.000 pisos de Nou Mil·lenni porque ´exprimen el suelo´
,+urbanizaci%C3%B3n+Nou+Mileni+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Valencia* : La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha estimado en parte una solicitud de la empresa mixta de Ivvsa y Llanera -creada para desarrollar el PAI Nou Mil·lenni de Catarroja- para modificar las medidas cautelares que paralizan este proyecto. La promotora pidió al alto tribunal valenciano que cambiase la suspensión ya que existían "nuevas circunstancias" -entre ellas, la aprobación provisional del PGOU de Catarroja- que deben ser consideradas en esta decisión. Pero el TSJ estima sólo en parte lo que le pide Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas S.L., la empresa mixta que promueve Nou Mil·lenni. Tal como recoge en su escrito, el Contencioso-Administrativo permite con su resolución "la tramitación administrativa de los instrumentos de gestión", pero no "materializarse ningún tipo de obra, ni preparación para la misma, de forma que el suelo permanezca incólume". Es decir, el proyecto se puede tramitar pero no materializar.
Los tres magistrados que firman la decisión entienden que "no es un uso razonable aquel que exprime el suelo en los términos que proponen los actos recurridos". E incluso subrayan que con un plan parcial no se puede llevar a cabo un proyecto urbanístico con un incremento poblacional de la magnitud del que pretende Nou Mil·lenni (unas 12.000 viviendas). "Hoy pensamos que esas magnitudes están fuera de la realidad", señalan en sus fundamentos, aunque añaden que "nosotros sólo valoramos jurídicamente esos instrumentos, no hacemos prospecciones sobre la oportunidad".
El TSJ se reafirma en su cuestionamiento de la sostenibilidad del proyecto, tal como ya había señalado en junio de 2009 al dar la razón al grupo socialista en las Corts en un recurso. "Íntegramente ratificamos" aquellas consideraciones sobre el desarrollo sostenible. "Si se produjeren las transformaciones físicas derivadas de los instrumentos aprobados, podrían quedar deteriorados valores medioambientales y materializada una masa edificatoria, de imposible gestión", afirman más adelante.
Las dificultades para crear un nuevo pueblo
Fue en abril de 2009 cuando el TSJ se pronunció por primera vez sobre la idoneidad de construir un nuevo pueblo dentro de Catarroja, porque eso es lo que en definitiva representa el PAI Nou Mil.leni con sus 12.000 viviendas. La Sala de lo Contencioso dictó entonces un auto acordando la suspensión del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo por el que se aprobaba el proyecto. Y lo hacían porque no quedaba acreditada la disponibilidad presente y futura de recursos hídricos para atender la demanda de agua. Esta decisión no sólo afectaba a los planes del ayuntamiento sino también los del Grupo Llanera.
* Levante-emv - 14.07.10
Foto: Catarroja (Valencia), proyecto urbanización Nou Mileni - levante-emv.com
El fiscal ve delito en las obras del cortijo del alcalde de Morón pero los hechos han prescrito
+-+todopueblos.com.jpg)
20MINUTOS/Sevilla* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha atisbado un posible delito contra la ordenación del territorio en las obras acometidas en la finca Zafra bajo la licencia de obras solicitada al Ayuntamiento de Morón de la Frontera por la propia esposa del alcalde, Manuel Morilla (PP), si bien el Ministerio Público ha esgrimido la prescripción de los hechos en cuestión, a la hora de archivar las diligencias incoadas contra el primer edil de Morón, su cónyuge y el arquitecto municipal, sobre cuyos actos resuelve que es "indiscutible" que los trabajos superan "notoriamente" lo autorizado.
En concreto, el pasado 4 de julio, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla decretó el sobreseimiento de las diligencias incoadas a cuenta de una denuncia elevada al Ministerio Público por la Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón) contra el alcalde, su esposa y el arquitecto municipal que trabajaba en 2004 a cuenta de las obras consumadas en la finca bautizada como Zafra, en la que se alza el cortijo de este matrimonio.
En este documento, recogido por Europa Press, el Ministerio Público rememora que la esposa del alcalde de Morón de la Frontera, Ana F.V., solicitó en febrero de 2004 una licencia para "rehabilitar una casa de campo" en dicha finca, petición que el 1 de marzo concedió el propio alcalde "previo informe del arquitecto municipal". No obstante, el propio informe técnico advertía de la "imposibilidad" de edificar sobre estos suelos merced a las normas urbanísticas del municipio, por lo que circunscribía las obras autorizables a tareas de "conservación y mejora", pero nunca a una "ampliación de instalaciones".
A tal efecto, reconoce la Fiscalía que la licencia concedida finalmente por el Ayuntamiento a Ana F.V. "establece claras limitaciones constructivas" para unos trabajos de exclusiva "mejora y rehabilitación y "recuerda que el suelo no es urbanizable". Por contra, un informe técnico de la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía resuelve que los trabajos consumados en la finca Zafra "exceden notablemente la licencia concedida, por aumentar la superficie construida en la parcela".
"no es legalizable", ADEMÁS
El informe técnico de la Junta, además, concluye que "lo construido tras la licencia no es autorizable conforme a la normativa vigente en los años 2004 y 2005", con lo que a juicio del Ministerio Público, "no sólo existe un claro exceso sobre la licencia, sino que lo alzado no es legalizable". Es más, sobre el papel del alcalde en el asunto, la Fiscalía asegura que Manuel Morilla "no podría estar ajeno a los trabajos constructivos" dada su doble condición en la licencia, con lo que "es lógico deducir que colaboró a la ejecución o promoción del delito tanto como la solicitante de la licencia", en este caso su propia esposa.
No obstante, aunque la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico entiende que "los hechos podrían ser constitutivos de un delito sobre la ordenación del territorio", decreta el sobreseimiento de las diligencias, pues "la conducta de ambos, aún siendo constitutiva de delito, no puede perseguirse en la actualidad, pues el delito urbanístico tiene un plazo de prescripción de tres años".
El Ayuntamiento de Morón de la Frontera, en paralelo, ha incoado un expediente sancionador contra la esposa del primer edil ante la posible comisión de una "infracción urbanística" en estas obras, según un anuncio de inicio de expediente sancionador recogido por Europa Press y que ya admite que "se han realizado obras en el caserío, que van más allá de una simple rehabilitación o conservación", incluyendo "estructuras de reciente construcción que hacen suponer que se ha procedido a la demolición y nueva planta, actuaciones que exceden la licencia de fecha 1 de marzo de 2004".
* 20 Minutos - EP. - 14.07.10
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
Cárcel e inhabilitación para ex alcalde y ex edil de Urbanismo de Armilla por el 'caso Nevada'
,+centro+comercial+Nevada+-+ideal.es.jpg)
ELMUNDO/Granada* : El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo de Armilla por un delito de prevaricación urbanística relacionado con la tramitación irregular del centro comercial Nevada, han informado a Efe fuentes judiciales. La sentencia, cuyo contenido no ha trascendido al no haber sido aún notificada a las partes, condena también a Tomás Olivo, promotor del centro comercial, a siete meses de cárcel, siete años de inhabilitación y multa por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción, en zona verde, de la zona del centro comercial conocida como el laboratorio.
El resto de los acusados -los cuatro concejales miembros de la junta de gobierno local que otorgaron, con su voto a favor, la licencia de obras, dos arquitectos técnicos y dos abogados- han sido absueltos.
La sentencia, que acuerda también derribar la parte del centro comercial que invadía zona verde, absuelve al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, de los otros dos delitos que les atribuía la Fiscalía: infidelidad en la custodia de documento público y un segundo delito de prevaricación urbanística por la aprobación del plan parcial.
* El Mundo - EFE - 13.07.10
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - ideal.es
Los dueños de la ciudad
SALVADOR MORENO PERALTA/Málaga* : Resulta imborrable aquella imagen de Jesús Gil despechugado en los balcones del Palacio de Justicia: con un abanico aventaba tanto el sudor de sus carnes como la montaña de delitos por los que iba a ser juzgado. Era la imagen más chabacana de la arrogancia, la que correspondía al dueño de Marbella. Hoy los dueños de Málaga se asoman a su balcón portuario con el pecho tatuado por un nombre comercial, y en la espalda un escarnio: "Málaga Cultural". Pisan fuerte para dejar bien claro quiénes son los herederos de aquellos pijos burgueses que construyeron la gloriosa ciudad decimonónica. Tras tantos años de almoneda urbana, siguen creyendo que los malagueños van a empeñar sus mejores piezas en el monte de piedad. Puede ser. Hemos sido un país de dueños y de súbditos, y todavía cuesta mucho ejercer el orgullo ciudadano cuando en el fondo del subconsciente colectivo se agazapa un punto de recelo hacia el poder y su cólera.
Prometieron hace décadas a los malagueños abrirles el puerto para la expansión jubilosa de su parque hasta el espejo de la dársena, derribando la verja que los separaba. Demolieron para ello un modesto silo de una abstracción racionalista con ingenuos detalles vernáculos. Construyeron en su lugar el "Palmeral de las Sorpresas" (¡ah los taumaturgos del marketing), con pocas palmeras, pérgolas sin sombra, brillantes cubos de cristal sin uso y un desnivel de metro y medio sobre la ciudad, con lo que ya nunca más podremos cruzar a pie desde el parque al puerto, porque ahora tendremos el desnivel... y de nuevo la verja para que la gente no se mate.
Sabían que la maravillosa esquina entre el parque y La Farola era un privilegiado mirador despejado hacia el puerto, y como tal lo incorporaron al plan urbanístico del recinto. Pero enseguida comprendieron que, en los tiempos que corren, el concepto de privilegio urbano es sinónimo de plusvalía, y el mirador se ha convertido en una gran cajón para hacer caja de más de cien metros de longitud y cinco plantas de altura de carácter cultural, emblemático, sostenible y todo ese untuoso arsenal dialéctico con que la trapacería se disfraza hoy de corrección política. Prometieron también un muelle 1 refulgente de comercios y restaurantes de calidad. Pero los cruceristas en tránsito van a toparse con el chafarrinón de esa mole junto a un supermercado allí donde debería recibirles un ventanal hacia la Plaza de Torrijos y el Castillo de Gibralfaro: patrimonio de siglos sucumbido ante un tosco y fullero mercadeo.
Los dueños de la ciudad defraudan las expectativas ciudadanas de la única manera que el poder encara estos trances, esto es, con publicidad y prepotencia, pues si admitieran el error dejarían de ser dueños, y los dueños saben muy bien cómo mantener sumisos a los ciudadanos. Pero nunca el rechazo a un proyecto ha suscitado en Málaga tanta unanimidad, y aunque su sociedad sigue enroscada en los bizantinismos sobre su desvertebración desde el lecho confortable de la queja, tanto descontento aglutinado puede desbordar a esas instituciones que, nacidas para ser la voz del pueblo, guardan hoy un silencio pastueño de corderos acotados en sus rediles.
En cualquier caso nadie se acordará de quienes han perpetrado todo esto cuando hayamos muerto, ya que, además de contar con la ventaja de hacerlo en una ciudad desmemoriada, no se sabe de ninguna estatua que recuerde al promotor de un supermercado.
* Salvador Moreno Peralta es arquitecto.
* El País - Opinión - 11.07.10
Castellón.- La acusación popular pide más de 20 años de cárcel para Fabra
ElPAÍS* : La acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, pedirá 20 años y nueve meses de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal y blanqueo de dinero. El escrito de calificación, que se ha de formalizar ante el juzgado nº1 de Nules, calcula así las penas correspondientes a las imputaciones por las que, a juicio de esta parte de la acusación, ha de ser juzgado el también presidente del PP castellonense, al que el juez le ha imputado por los mismos presuntos delitos, a excepción del blanqueo de dinero.
Tal como adelantó en la concreción de las imputaciones, la acusación popular considera que Fabra debe ser condenado por cinco delitos fiscales, cometidos entre 1999 y 2003, por los que pide dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos, así como una indemnización del dinero defraudado a Hacienda multiplicado por seis.
Según el informe pericial, Fabra dejó de ingresar en estos años un total de 980.000 euros, conclusión a la que llegaron después de que en sus cuentas hallaran ingresos por un valor superior a los dos millones de euros que no se correspondían ni con la renta ni con el patrimonio declarados.
Además, la acusación considera que Fabra ha sido autor de un delito de tráfico de influencias por el que reclama una pena de un año de cárcel y seis de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. En cuanto al cohecho, apunta que habría de ser condenado por los delitos de cohecho activo continuado y cohecho pasivo continuado, por los que pide un total de cuatro años. A ellos se une la petición por blanqueo, de tres años, lo que eleva a más de 20 años las penas de cárcel que solicita.
Respecto al resto de imputados, la acusación popular pide 13 años para la ex esposa de Fabra, por cuatro delitos de fraude fiscal y blanqueo, y cuatro de prisión tanto para el empresario que acusó a Fabra, Vicente Vilar, como para su ex esposa, Monserrat Vives.La Fiscalía Anticorrupción ha retrasado la presentación de su escrito de calificación porque tenía pendiente de notificación una parte del procedimiento, según indicaron ayer fuentes de la fiscalía. Las mismas fuentes manifestaron que Luis Pastor, el fiscal que interviene en el llamado caso Fabra, por el que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, no disponía del total de las amplias diligencias que se han instruido a lo largo de los más de seis años que han pasado desde que se abrió la causa.
Por ello, la fiscalía requirió al juzgado número 1 de Nules para que completara la documentación y entendió que, de esta manera, el plazo de cinco días marcado por el juez no contaba para esta parte de la acusación.
Según fuentes fiscales, citadas por Europa Press, el juzgado ha remitido ya a la fiscalía la documentación que faltaba, por lo que a partir de ahora empieza a correr el plazo para presentar las solicitudes de pena.
El ministerio público ha de concretar también las solicitudes de penas para el resto de imputados, Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, su ex esposa, Monserrat Vives, y la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández.
Sobreseimiento
Pese a que la causa contaba con otros nueve imputados, en la vistilla que prevé la Ley del Jurado, la fiscalía solicitó el sobreseimiento respecto a todos los imputados excepto los cuatro citados. El fiscal se basó en la ausencia de indicios suficientes para juzgar la participación de ningún funcionario o cargo público en la trama. Por el contrario, la acusación popular sí que ha formulado una solicitud de pena para cinco de ellos, para los que reclama un año de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y una multa de dos millones de euros como autores de un delito de tráfico de influencias.
La acusación insiste además en que debería imputarse a los directores de los bancos en los que Fabra realizó los ingresos, así como al empresario Antonio Bonet, que pagó un préstamo del presidente de la Diputación de Castellón en el que aparecía como avalista. Para todos ellos, a los que considera autores de un delito de blanqueo de dinero, pide tres años y tres meses de prisión.
* El País - 13.07.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com
Barcelona.- Un hotel en el solar de un polideportivo
ELPAÍS* : Un carnet de socio de una piscina municipal o un club deportivo, o una tarjeta con una vaga alusión a la práctica de algún deporte, puede servir para hacer una reserva en el Hesperia Sport, un establecimiento con licencia para ser una residencia de deportistas pero que, en la práctica, es un hotel. Con unas instalaciones deportivas muy completas, pero un hotel a un paso de la Sagrada Familia. Es decir, en una de las zonas más turísticas de la ciudad.
Es una de las piezas de la llamada Illa Myrurgia, en la calle de Nàpols. El Ayuntamiento de Barcelona requirió hace algo más de una semana el cese de actividades al Hesperia Sport porque "incumple la licencia de actividades", según fuentes municipales. Este es el segundo requerimiento municipal. Eso sí, se hizo después que el enfado vecinal llegara al extremo de llevar el caso a los tribunales de lo contencioso -y a los medios de comunicación- el pasado mes de abril por lo que consideran un fraude urbanístico.
Los vecinos están absolutamente en contra de que lo que debería haber sido un equipamiento deportivo y una residencia para deportistas se haya transformado, sin más, en un hotel. Se sienten defraudados especialmente por el Ayuntamiento, porque no pone remedio y por la forma en que se ha ejecutado un plan urbanístico aprobado hace casi 10 años. Primero se levantaron los pisos -mercado libre- y la supuesta residencia de deportistas; al final, la guardería, y esta primavera se ha abierto el interior de manzana. El Hesperia Sport se abrió a principios de 2009 sobre unos terrenos con calificación urbanística de equipamiento privado.El promotor fue el que propuso la fórmula de residencia para deportistas. En Internet, en cambio, se anunciaba como hotel. Ahora lo hace como "establecimiento deportivo integral". Los vecinos denunciaron la anomalía y el 14 de julio de 2009 el distrito del Eixample comunicó la orden de cese si la actividad del Hesperia Sport no se ceñía estrictamente a la licencia. Se hizo después de comprobar -tras una inspección de cotejo de las admisiones- que quienes se alojaban no era deportistas.
La empresa, entonces, se comprometió a tener un libro de registro que demostrara, de forma fehaciente, que sus huéspedes eran, de verdad, deportistas. Ese compromiso -treta, en opinión de los vecinos- le valió para que en octubre del año pasado el distrito le retirara la orden de cese de actividades, según las explicaciones del Consistorio.
En abril los vecinos decidieron llevar lo que ellos consideran un fraude a los tribunales. Poco después, el distrito reanudó las inspecciones al establecimiento, donde, por segunda vez, no pudo comprobar que los alojados fuesen deportistas: "No había una documentación de deportistas federados, sino como mucho, números de carnés de gimnasios de la ciudad y de clubes de fútbol", concreta el gerente del Eixample, Màxim López. De ahí la nueva orden de cese que se comunicó hace algo más de una semana. "La empresa tiene un tiempo para presentar alegaciones y demostrar que cumple la licencia. Si puede demostrar que aloja a deportistas -aunque puedan estar acompañados de alguien que no lo sea, como pasa con los menores- la orden de cese quedará sin efecto. Si no lo hace se podrá proceder al precinto", añade el gerente. ¿Plazo? "Un mes", contesta.
Más dudas tienen los vecinos que se movilizaron. Joan Balanyac, de la asociación de vecinos de la Sagrada Família, cree que la única forma es presionar: "o se toman en serio las inspecciones o no se conseguirá nada", apunta. El abogado que ha presentado el contencioso, Daniel Jiménez, califica de "perversión" urbanística confundir una residencia de deportistas con un hotel.
La directora del establecimiento en cuestión, Lucía Arroyo, asegura que siempre se han atenido a los requerimientos del Ayuntamiento y que lo seguirán haciendo ahora tras recibir la segunda orden de cese: "Estamos negociando llegar a acuerdos con equipos, está claro que es una residencia de deportistas".
* El País - 13.07.10
Foto: Entrada del Hesperia Sport, en el barrio de la Sagrada Família.- elpais.com
Marbella.- El fiscal se basa en las tesis del juez Torres para pedirle a Corulla 100 millones por ‘Malaya’
ELCONFIDENCIAL* : Montserrat Corulla, La dama del velo blanco, se enfrenta a una multa de 100 millones de euros y a cuatro años de cárcel, tras la petición del fiscal Juan Carlos López Caballero por su presunta implicación en el delito de blanqueo de capitales en el caso Malaya. La solicitud de la condena se basa, prácticamente en su totalidad, en las tesis mantenidas en el auto de procesamiento que dictó el juez Torres antes de apartarse del procedimiento. Montserrat Corulla, descrita a lo largo del voluminoso sumario Malaya, como la principal testaferro de Roca y a quien el propio Juan Antonio Roca (alias El Piedras y alias Juanito Valderrama, según denominaciones usadas por la propia Corulla), describe como "una fenómena", entró en contacto con la trama marbellí a través del despacho de abogados Sánchez-Zubizarreta, según reconoció ella misma ante el magistrado.
La abogada más codiciada mediáticamente, admitió en su declaración judicial que actuaba como mujer de paja del supuesto artífice de la corrupción marbellí, y que cobraba un salario mensual de 4.000 euros como empleada de una de sus sociedades. En uno de los testimonios a petición propia, afirmó que “había firmado dos transferencias de cantidades millonarias a Suiza desde el despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor “pero sin saber el destino de los fondos”.
Ya en el auto de procesamiento fijado por el juez Torres fechado en Marbella el 18 de julio de 2.007 se fijó la suma de 100 millones de euros de multa para “Montserrat Corulla Castro, Miguel Pérez Camino, Gonzalo Astorqui Zabala y Julio Blasco Garrido, atendiendo simplemente a los fondos recibidos y objeto de blanqueo en sus entidades como Condeor, Masdevallía y Lipizzar”.
La Corulla en el segundo estadio
En el escrito de López Caballero se afirma que en la estructura delictiva de Roca se practicaba la división del trabajo. En la cúspide se encontraban los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, que creaban y mantenían el entramado de 71 empresas tras las que Roca ocultaba su patrimonio y que recibió ingresos en metálico de 25,5 millones de euros entre 1994 y 2005.
Montserrat Corulla se encontraba en el segundo estadio: dentro del conjunto de los encargados de adquirir y gestionar los inmuebles “de su jefe”, como los hoteles de El Rocío (Huelva), Los Alcázares (Murcia) o los tres palacios que Roca poseía en Madrid. Según se desprende de la investigación policial Montserrat Corulla empezó a recibir órdenes directas del “jefe”. En una de las conversaciones intervenidas por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), Corulla se quejaba de que “El Piedras nunca tiene bastante…”, hecho que la hacía que tener que trabajar más que el resto de los letrados del despacho para no enfadarle.
La niña mimada
Algunas imputadas del caso Malaya se han quejado del trato de favoritismo que han dispensado “los jueces con la Corulla”. Montse, además de ser una de las pieza clave en la trama, ha sido en todo momento “la niña mimada del proceso”.
El 29 de marzo de 2006 la abogada fue detenida en la primera fase de la Operación Malaya. Ahí el mundo se le vino encima. Tras negarse durante cinco meses a confesar sus actividades presuntamente ilícitas, el 28 de agosto del 2009 compareció a petición propia ante el juez Torres para hablar. Y allí contó todo lo que debía contar. Durante el transcurso de esta declaración pactó una serie de condiciones que le permitieron, una semana después, el 4 de septiembre, salir de la prisión de Alhaurín de la Torre tras depositar una fianza de 60.000 euros. Y lo que es más, en diciembre de ese mismo año viajó a Sudáfrica con su novio de entonces, el empresario Gonzalo Muñoz, para pasar las Navidades junto a su familia de safari.
Entre esas medidas de favor que se pactaron el día de la confesión de la La dama del velo blanco estaban “la de archivar ciertas conversaciones telefónicas privadas de Corulla para proteger su intimidad”. Parte del contenido de estas conversaciones luego vieron la luz, porque paralelamente a las escuchas policiales del caso Malaya, Monserrat Corulla tenía pinchado el teléfono por detectives contratados por Muñoz, sospechoso de que le era infiel.
Por amigos comunes
La acusada de blanqueo de capitales admitió ante Torres que actuaba como testaferro de Roca y proporcionó valiosa información para el proceso judicial, según aseguraron fuentes cercanas al caso. Montserrat Corrulla relató al juez Miguel Ángel Torres que conoció a Juan Antonio Roca a través de amigos comunes que le pusieron en contacto con el despacho de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, cuyo equipo de abogados fabricó, supuestamente, todo un entramado societario a través del cual se ocultaba y blanqueaba el patrimonio obtenido ilícitamente por ex asesor de urbanismo en el Ayuntamiento marbellí.
La letrada aseguró que, en principio, entró a trabajar en el bufete realizando tareas menores, hasta que reclamó llevar a cabo otras de mayor envergadura y que llevaran aparejado más salario, alegando para ello su formación como jurista. En su defensa, Montserrat Corulla dijo también “que en muchas ocasiones no sabía lo que firmaba”. Y tal vez por ese desconocimiento “tan poco creíble” se enfrente ahora a una de las demandas mas duras del fiscal solicitándole una multa de 100 millones de euros.
* El Confidencial - 12.07.10
Foto: Marbella, acusada Montserrat Corulla - elconfidencial.com
La situación del territorio urbanístico onubense en el punto de mira
,+edicios+ilegales+Isla+Canela+-+huelvainformacion.es.jpg)
HUEVAINFORMACIÓN* : El profesor de la Universidad de Huelva, José Manuel Jurado Almonte, y la directora general del territorio, Rocío Allepuz, intentarán aclarar en el curso Ordenación del territorio y urbanismo. Conflictos y oportunidades la situación actual en la que se encuentra el territorio urbanístico onubense así como los conflictos y oportunidades que conlleva. Así, durante la realización del curso, el profesor Jurado tratará temas recientes en el paisaje onubense como ha ocurrido en las playas, así como en el paisaje de España, urbanismo sostenible en Andalucía y Europa, y las diferentes planificaciones en la infraestructura en la provincia de Huelva.
Este curso trata la ordenación del territorio y el urbanismo como poderosos instrumentos sobre los que se asientas la economía, la cohesión social y el medio ambiente de regiones, ciudades y núcleos rurales. Cada vez más el urbanismo es la piedra angular sobre la que destacan las políticas de incentivación económica locales, las actuaciones en infraestructuras y equipamientos públicos, la hacienda municipal y están íntimamente implicada en las políticas de bienestar social, patrimonio cultural y medio ambiente urbano, entre otros. Un curso dirigido a todos aquellos que muestran interés por la ordenación del territorio, el planeamiento urbanístico, el sector de la construcción, el medio ambiente y el desarrollo local.
También se tratará el momento económico actual en Responsabilidad social corporativa, crisis y reforma laboral, en el que Miguel Rodríguez Piñero, de la Universidad de Sevilla, pondrá de manifiesto las posibilidades que existen para poder intentar salir de la crisis. Con temas tan interesantes como las pymes, la importancia de los medios de comunicación y la responsabilidad social, el papel de Naciones Unidas en el pacto mundial, la agenda europea 2020 y las prácticas en empresas innovadoras.
* Huelva Información - 13.07.10
Foto: Ayamonte (Huelva), edicios ilegales Isla Canela - huelvainformacion.es
Los dueños de las casas ilegales de Marbella presionan para no pagar
ELPAÍS/Málaga* : Los dueños de viviendas ilegales de Marbella (Málaga) están recelosos. Después de varias reuniones con técnicos de urbanismo para ver cómo se van a regularizar las 16.500 viviendas ilegales de la ciudad, no tienen tan claro el compromiso que en su día hizo el gobierno de Ángeles Muñoz (PP) de no permitir que los terceros de buena fe terminen pagando las tropelías de otros.
"Empezaron a explicárnoslo poco a poco, hasta que llegó el momento en el que nos tocaba pagar, en algunos casos se han dado hasta cantidades", explica Cristóbal Moncayo, de la asociación de vecinos Cristo de los Molinos. La organización, a la que pertenecen unos 800 socios y que abarca una extensión con 1.500 casas ilegales, se echó las manos a la cabeza. "Vamos a preparar una plataforma por si hay que sacarla a la calle en caso de emergencia", añade Moncayo. Entre 10 y 15 urbanizaciones les han llamado para adherirse.
El runrún de los vecinos forzó que el edil de Urbanismo, Pablo Moro, anunciara el pasado miércoles una moción para el próximo pleno en la que el Ayuntamiento vuelve a comprometerse a perseguir a los promotores para que se hagan cargo de los desembolsos. Moro intentó tranquilizar a los propietarios de los inmuebles y pidió a la oposición que les apoye en esta iniciativa.
Conscientes de que falta menos de un año para las elecciones, los autodenominados "terceros de buena fe" buscan precisamente esto, que el PSOE también se comprometa. "No sería una gran cosa, pero habría donde agarrarse políticamente", consideran.
Los socialistas han recogido el guante al segundo. "Si dentro de un año soy alcalde, ningún comprador de buena fe pagará ni un euro de compensaciones", prometió el viernes José Bernal, secretario del PSOE de Marbella. Bernal se acompañó de una arquitecta, experta en urbanismo, que aseguró la existencia de "mecanismos suficientes para no tener que exigir nada a los vecinos".
Con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado, los promotores de las viviendas en situación irregular tienen hasta mayo de 2011 para aportar de forma voluntaria las compensaciones (terrenos o dinero) que les marca el documento y así conseguir su legalización. Si no lo hacen, el Consistorio se lo puede exigir. En caso de que estén desaparecidos, el propietario de la vivienda asume la carga.
Tanto el equipo de gobierno, como la oposición, defienden que no se llegará a este extremo, pero las fórmulas para conseguirlo no están claras. El edil de Urbanismo deslizó la posibilidad de exigir responsabilidades a las administraciones implicadas, entre las que se incluye el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Bernal también apostó por esta vía, aunque no entró en detalles. "Lo único que hay que hacer es gestionar debidamente", dijo su asesora, la arquitecta Isabel Pérez.
Ya a finales de 2008, la alcaldesa trató de zanjar esta polémica con una carta que recibían todas las personas que iban a consultar el PGOU. El documento daba por hecho que todos los compradores de viviendas ilegales en Marbella las adquirieron con buena fe y les garantizaba que quedarían eximidos de pagar las compensaciones.
Para conseguirlo, aseguraba que se había introducido en el PGOU un artículo en el que esa inmunidad no aparecía recogida expresamente. La fórmula jurídica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ningún momento recoge que los dueños de las viviendas no tendrán que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.
* El País - 12.07.10
Foto: Marbella, ilegal Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com
¿Para cuándo el cambio de modelo?
JOSÉ MANUEL NAREDO* : Puede un gobierno ningunear sus propias elaboraciones? Sin duda que puede, y es lo que ocurre si por iniciativa de políticos y funcionarios bienintencionados se promueven estudios o propuestas de interés que, cuando llegan a término, no corresponden con las prioridades políticas del momento. Tras tanto hablar del cambio de modelo económico, cuando por fin se plantea en un sector tan importante como es el inmobiliario, parece que ya no cabe en una agenda política volcada en la ardua tarea de imponer disciplina presupuestaria y recortes salariales. Hace ya un mes que se presentó el Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español, elaborado por iniciativa del Ministerio de Vivienda, que señalaba la necesidad de cambiar el actual modelo inmobiliario. La importancia de los temas de fondo planteados en el mismo corrió pareja al escaso interés político y mediático despertado.
No en vano se impone el Mundial de fútbol como principal tema de interés patriótico, o saltan a la palestra otras cuestiones que no dejan hablar del “cambio de modelo” que tiempo atrás se consideró necesario para salir de la crisis. Como las prioridades son otras, la caja de resonancia de los media no ha tenido a bien amplificar ni el diagnóstico, ni las propuestas del mencionado Libro blanco, sintetizadas en su decálogo final. En él se reconoce que la crisis económica actual refleja el agotamiento del modelo inmobiliario-financiero que la había propiciado. Se analizan los resquicios que ofrece el actual marco legislativo para hacer practicable el cambio de modelo y se proponen medidas e instrumentos cuya aplicación reclama una firme voluntad política hoy por hoy inexistente. Pues rebasan el campo de la vivienda y el urbanismo reclamando un apoyo decidido de todas las administraciones que sólo cabe conseguir mediante un auténtico acuerdo o pacto de Estado, que está lejos de producirse.
En suma, que el Libro blanco contribuye a pensar y posibilitar el cambio del modelo inmobiliario-financiero que lastra el futuro de la economía española. Si el Gobierno no quiere verlo, este documento permanecerá en los cajones de la Administración como testigo del esfuerzo de los políticos, funcionarios y técnicos que lo promovieron para mostrar que sí hay alternativas. Y que la ceguera voluntaria hacia ellas está arrastrando al Gobierno por la pendiente de un conformismo bien poco ilusionante.
* JOSÉ MANUEL NAREDO, Economista y estadístico
* Público - Opinión - 8.07.10
«A la política se suelen dedicar los que fracasan en otros intentos»
+-+eldiariomontanes.es.jpg)
ELDIARIOMONTAÑÉS* : Entrevista a Luciano Prada.- A sus 84 años acaba de publicar un libro que recoge los cien últimos años de historia de Castro Urdiales. Este castreño, muy conocido en el municipio por dirigir el periódico La Ilustración durante 29 años, ha dedicado su vida a la comunicación y no hay acontecimiento social político, económico... que se haya dado en la ciudad que no conozca. Sus años de experiencia le hacen llegar a la conclusión de que «tenemos un pueblo muy bonito pero se han hecho muchas chapuzas». No culpa a los políticos, de los que dice que se dedican a ello porque han fracasado en otros intentos», sino a «todos los que los hemos puesto donde están».
-¿Cómo surge la idea de escribir este libro?
-En líneas generales esto ya lo publiqué con el nombre de efemérides en varias ediciones de La Ilustración. Con motivo del centenario de Castro como ciudad, desde el Ayuntamiento me hablaron de hacer un libro pensando que no sería difícil al haber recogido ya mucha información. He tenido que pasar muchas hojas de periódico para escribirlo. Tengo ediciones de toda la época: La Gaceta de Castro, La Voz de Castro, La Ilustración.
-¿Qué se puede encontrar en la obra?
-No deja de ser una cuestión pueblerina. En un pueblo no pasan precisamente muchas cosas.
-Últimamente aquí en Castro la actualidad está candente.
-Ése es otro asunto, el de la política. A la política generalmente se dedican los que han fracasado por otros intentos. La gente que vale va a la empresa privada y crece. Los políticos quieren que se hable de ellos y entonces generan polémica y ahí va la prensa.
-Comenta que en el libro se tratan temas del pueblo. ¿Qué atractivo tendrá para el castreño de a pie?
-Empiezo a escribir desde 1890, década prodigiosa de Castro. De esa etapa no queda gente pero desde los años 20 sí hay alguno y han vivido todo lo que cuento en el libro. Por ejemplo, la Guerra Civil, que es lo más trágico que ha sucedido en Castro, la guerra entre hermanos. Habrá mucha gente que se acordará de cosas que pongo ahí.
-Como persona que ha vivido muchos de los cambios del municipio, ¿qué diría al respecto?
-Tenemos un pueblo muy bonito donde la obra de Dios es enorme pero hemos hecho una chapuza. Cuando se aprueba el Plan de Urbanismo en el año 1.996 todos pensamos que se iba a hacer una cosa muy seria y, al final, se convirtió el chicle. Hemos hecho muchos disparates y la culpa es de todos porque a los políticos los ponemos nosotros.
-Con el urbanismo se ha perdido patrimonio pero, ¿qué ha sido de las costumbres?
-Las costumbres y la vida de los pueblos las hace la gente. Con el devenir del tiempo los pueblos crecen, cambian las generaciones, las generaciones de antes poner verdes a las que les siguen... Siempre decimos: «Es que lo jóvenes de antes no éramos como los de ahora». Y o creo que podíamos ser tan pillos como los de ahora. Y lo mismo pasará cuando los de ahora sean abuelitos, que hablarán mal de sus nietos.
-Con respecto a las costumbres, ¿qué le parece el traje típico castreño que se ha elaborado recientemente y que ha generado tanta polémica?
-Está muy bien porque si no eran así, después lo serán. Castro fue siempre una ciudad muy pobre y pasaban necesidad siempre. Se vestían con lo que podían y no podían ir tan lujosas como se planeta ese traje. Pero, es como la marmita de bonito. Ahora unos dice que tiene que llevar pimiento, otros que tomate y, al final, la marmita era el cacharro en el que los castreños metían lo que podían.
-¿Cómo era el día a día de un castreño?
-Muy duro. Muchos iban descalzos y los mineros era peor. Algunos iban todos los días desde Allendelagua hasta Setares a la mina andando y habían desayunado, si tenían alguna vaca, un poco de leche con agua.
-Anime a los castreños a leer su libro.
-Somos muy pocos castreños. Hace 20 años éramos 15.000 y lo éramos también hace 100. De ellos, hoy quedaremos 9.000. Castreños de toda la vida, estamos muy pocos.
* El Diario Montañés - 12.07.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - eldiariomontanes.es
Ecologistas en Acción critica el litoral del Campo de Gibraltar
EUROPASUR/Algeciras* : Varios de los focos de impacto medioambiental de mayor gravedad de cuantos existen en el litoral de España se localizan en el Campo de Gibraltar. Así se recoge en el informe anual de la asociación Ecologistas en Acción, publicado hace escasos días. Una de las conclusiones que se extrae tras observar el documento -de ámbito nacional- es que la comarca, en el último año, no ha avanzado nada en este aspecto. En julio de 2009 un informe similar de Greenpeace, también a nivel español, situaba exactamente los mismos déficits que ahora señala Ecologistas en Acción.
El informe que acaba de aparecer de esta organización ecologista se llama Caos en la costa. Entre otros apartados, en él se eligen los diez peores casos que ha encontrado en España de "urbanismo depredador", "vertido orgánico y deficiencia en la depuración del agua", "atentados contra los ecosistemas marinos" y proyectos portuarios que agreden al medio ambiente. En esos ránquines aparece la comarca.
La Bahía de Algeciras, refleja Ecologistas en Acción, es uno de los diez enclaves más preocupantes de España en relación a los casos de mayor impacto sobre los ecosistemas marinos y la atmósfera. "La Bahía de Algeciras se encuentra fuera de control desde la época franquista. Con la democracia, y posterior entrada en la Unión Europea, lejos de ordenar las actividades y la población en la zona, vemos como cada vez existen más impactos, vertidos al mar, vertidos a la atmósfera, fraudes y corruptelas", indica el informe.
Ecologistas en Acción distingue especialmente tres zonas: el área litoral entre los ríos Palmones y Guadarranque y sus vegas bajas, los alrededores marinos de Gibraltar a causa del bunkering y los aledaños de la monoboya de Cepsa.
La acusación sobre la costa barreña se justifica "por la pérdida de arena debida a la erosión producida de forma antrópica, los vertidos de aguas residuales (Los Barrios, San Roque…), los vertidos industriales y los procedentes del intenso tráfico de barcos y gasolineras flotantes. Igualmente por la amenaza que supone el POT para las vegas inundables de los ríos Palmones y Guadarranque, y por los rellenos ya realizados sobre las mismas".
De la práctica del bunkering Ecologistas en Acción censura los vertidos ocasionados por un ejercicio que persigue "evitar el pago de impuestos" y también critica los derrames que se producen en la monoboya de la refinería.
La organización recuerda en su informe: "Se han producido dos vertidos importantes desde barcos: el MSC Shenzhen arrojó 300 toneladas de fuel pesado en el astillero de Crinavis el 29 de octubre. Varias playas de la Bahía quedaron contaminadas. El 13 de diciembre el buque ro-ro Ropax-1 perdió 40 toneladas de fuel tras chocar con una monoboya de Cepsa. El 22 de diciembre, los Vemaoil XXI y IX, dos de las grandes gasolineras flotantes, naufragan junto a la Línea por el temporal. Afortunadamente encallaron en arena y no se produjo vertido".
Otro de los motivos de la degradación de la Bahía, según Ecologistas en Acción, son los vertidos orgánicos al mar y la deficiencias en la depuración del agua. En este aspecto el colectivo vapulea a Algeciras y a Gibraltar.
"La situación de la depuración de aguas en la Bahía de Algeciras es alarmante. En Algeciras vemos cómo, aunque la depuradora está en construcción, después de una década de reivindicaciones, las aguas residuales de más de 115.000 personas son vertidas al mar sin la más mínima depuración. Esto hace que se viertan unos 12 millones de metros cúbicos anuales de aguas fecales directamente al mar", resalta la organización ecologista, que en su documento incluso duda de que la futura depuradora esté bien planificada.
"A esto debemos sumarle que los vecinos de la colonia británica de Gibraltar tampoco depuran sus aguas y estas son vertidas en forma de cascada desde media altura del peñón al interior de la bahía", agrega Ecologistas en Acción, que, por ello, "denuncia la enorme irresponsabilidad de las administraciones andaluza y gibraltareña, ya que las aguas de la bahía de Algeciras se mezclan con las corrientes presentes en el Estrecho, que generan numerosos afloramientos en el Mar de Alborán y van, circulando por éste y alimentándose de nutrientes y contaminantes, hasta desaguar enfrente de las costas de Argelia". "Hemos de indicar que esta contaminación está afectando a los recursos pesqueros de la cuenca marina del Mar de Alborán", precisa.
Por último, en cuanto al urbanismo y los sistemas portuarios que se enfrentan a la naturaleza, Ecologistas en Acción dirige su dedo inculpatorio a Tarifa. A juicio de este colectivo, las obras de urbanización en la playa de los Alemanes (en Atlanterra), "que han destruido un valioso bosque con acebuches, sabinas y enebros marítimos", es uno de los diez proyectos urbanísticos de España que mayor impacto pueden acarrear sobre la costa.
Sobre la ampliación del puerto de Tarifa, la organización sentencia: "La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, dependiente del Ministerio de Fomento, pretende llevarla a cabo en una zona que quedó excluida del Parque Natural del Estrecho en 2003 por presiones de la Autoridad Portuaria y por una manifiesta dejación de funciones de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Las características geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas de la zona que se excluyó de forma totalmente arbitraria del parque natural, y que ahora se pretende rellenar y destruir, no mantienen diferencia alguna con las zonas aledañas que se incluyeron en este espacio protegido".
* Europa Sur- 12.07.10
Foto: Operarios limpian la arena de vertidos producidos por el 'Shenzhen'.- europasur.es
Hasta Brasil 2014
LAPRENSA/Bolivia* : El “país del fútbol” invertirá al menos 9.500 millones de dólares para obras de infraestructura. Observador global.com.- Poco después de conocer a España como campeón del mundo, el “planeta fútbol” ha puesto sus ojos en Brasil. Después de 36 años, el Mundial volverá a Sudamérica en 2014 y será nada menos que “el país del fútbol” el encargado de organizarlo en cuatro años. La gran nación luso parlante del continente perseguirá en este torneo dos ambiciosos objetivos: ganar en casa el sexto título de su historia y exhibirse ante la comunidad internacional como una nación emergente que pretende convertirse en una gran potencia planetaria.
Sin embargo, el clima actual tras la eliminación prematura en Sudáfrica y los importantes atrasos en las obras preocupan y generan incertidumbre.
Brasil parece no estar dispuesto a escatimar en gastos, pues invertirá 9.500 millones para costear la infraestructura mundialista del 2014, el doble de lo erogado por Sudáfrica. El Estado destinará 1.900 millones para acondicionar los doce estadios que albergarán la competencia. Además, el Gobierno prevé desembolsar 14.000 millones más para la organización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se celebrarán en 2016.
Sin embargo, estas cifras no comprenden los gastos en seguridad y tecnología, por lo que se estima que la inversión total del Mundial y los Juegos superará estos millonarios presupuestos. Tal vez eso haya llevado a que algunos parlamentarios opositores recortaran fondos desde la comisión legislativa que fiscaliza las obras.
Del presupuesto pautado para 2010, ya se recortaron 1.400 millones y esto, para muchos, demorará la concreción de algunas obras. El Sindicato Nacional de Empresas de Arquitectura e Ingeniería de Brasil (Sinaeco) advirtió que “el ritmo de las obras es preocupante”, según un documento difundido tras la realización de un foro de urbanismo que se desarrolló en Río de Janeiro durante el mes de marzo.
Las demoras son reconocidas por el propio Gobierno. El ministro de Deportes, Orlando Silva, reconoció que las obras de infraestructura van despacio. “Tenemos que apurar los tiempos para no hacer las cosas de forma apresurada”, señaló Silva. La preocupación por las demoras es algo central, ya que cualquier retraso haría peligrar la inyección de más de 100.000 millones que la economía brasileña recibirá a lo largo de diez años como resultado de las obras.
El éxito del Mundial es también algo vital para la continuidad del proyecto político del Partido de los Trabajadores (PT), hoy en el gobierno de la mano de Lula como presidente. Por un impedimento constitucional, el líder del PT no pudo presentarse para un tercer periodo, y su fuerza política tiene como candidata a Dilma Rousseff, que por ahora aventaja levemente en las encuestas al economista José Serra, postulante de la oposición.
“Vamos a hacer el mejor Campeonato Mundial de la historia, que será mejor que el de Sudáfrica. Queremos demostrarle al planeta que somos un país con un gran potencial y que vamos a crecer mucho en los próximos años”, afirmó Lula durante la ceremonia de presentación de Brasil 2014.
* La Prensa - La Paz - 12.07.10
Foto: Brasil, logo 2014 Copa fútbol - laprensa.com
El juez imputa a tres ediles del PP en la trama corrupta de Alicante
+-+Finca+planta_basuras+-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS* : La trama de corrupción político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la Vega Baja (sur de Alicante) engordó ayer con cinco nuevos imputados: tres ediles populares del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios, Ángel Fenoll, considerado por la investigación como la punta de lanza de la red, y su hijo Antonio Ángel. El imputado más destacado por estos hechos, denominados operación Brugal, es el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP. El magistrado le acusa de cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Tras su paso por el juzgado, el jueves, Ripoll completó ayer una agenda rutinaria, intramuros de la Diputación.
Ángel Fenoll y su hijo ya fueron imputados al inicio de la investigación, en mayo de 2007, y salieron de la cárcel tras pagar sendas fianzas de 100.000 euros. El juez, ayer, les amplió las imputaciones y les impuso dos nuevas, de 300.000 euros para el padre del clan y de 100.000 al defín. Fenoll estaba ya acusado de los delitos de cohecho y extorsión y tráfico de influencias, y el magistrado añadió los de fraude, amenazas y contra el medio ambiente.
Tras la resolución del juez, Ángel Fenoll montó en cólera y a grito pelado amenazó con tirar de la manta: "Se van a enterar todos [en alusión a los políticos] a los que les he dado dinero", clamaba por los pasillos del juzgado. El industrial salió de estampida en su coche, en contraste con la cordialidad con la que había llegado, a pie y atendiendo a los periodistas.
Antes del interrogatorio a Fenoll y su hijo, el magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, tomó declaración a tres ediles del PP del consistorio oriolano: Manuel Abadía, de Infraestructuras, Ginés Sánchez, de medioambiente, y Antonio Serrano, de pedanías. El juez les imputó los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. El magistrado rechazó la petición de fianza de 50.000 euros que solicitó el fiscal anticorrupción. Tras la declaración, los tres insistieron en que "oficialmente" desconocen de qué se les acusa.
Fuentes de la investigación relacionan el arresto de los tres ediles, de Fenoll y su hijo y del gerente de la empresa Sufi, Luis Bracho, con la contrata de la basura de Orihuela. El contrato fue adjudicado en octubre de 2008 a una UTE integrada por Sufi y las firmas Liasur y Gobancast. La contrata esta valorada en 190 millones por 20 años. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes.
El PSPV de Orihuela sostiene que las firmas Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll: "Este es quien verdaderamente controla el contrato", señalan fuentes socialistas municipales. La contrata incluye una flota de vehículos de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory. Este ha sido imputado en el sumario y el juez le impuso el jueves una fianza de 100.000 euros.
Fenoll también aspiró en este caso en unión con Sufi a la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja. Esta contrata ha sido la espoleta de la segunda fase de la operación Brugal. El contrato fue adjudicado por la Diputación de Alicante en enero de 2008 a una UTE integrada por Cespa y una empresa del contratista Enrique Ortiz, igualmente imputado. La construcción de la planta estaba prevista en la finca Lo Cartagena, pero a las semanas de adjudicarse, el ganador cambió la ubicación por la finca La Pistola, propiedad de Fenoll.
* El País - 10.07.10
Foto: Orihuela (Alicante) - Finca planta_basuras - elpais.com
El ‘plumero’ de los que callan
MANUEL J. ORTEGA/Alpedrete* : En alguna publicación he leído que uno de los mayores problemas de nuestra democracia es el manejo de la información por parte de algunos empresarios desaprensivos que manejan sus medios de una forma torticera y perversa, sobre todo cuando ven peligrar sus intereses. Es posible que estemos hablando de un tema tabú para muchos, pero yo me pregunto: ¿si se puede hablar y escribir de corrupción y de intereses espurios en el mundo de la política, por qué no se utiliza la misma vara de medir para hacer publica la manipulación en algunos medios?
Bien, sirva esto de preámbulo para el tema que vamos a tratar seguidamente, relacionado con la larga tramitación del Plan General de Urbanismo de Alpedrete, cuya aprobación inicial, después de casi cinco años de proposiciones y largas negociaciones, se produjo la semana pasada. A fin de no entorpecer esta larga tramitación, hemos esperado a que se produjera la esperada fumata blanca para realizar un pormenorizado análisis sobre los aconteceres más importantes de un PGOU que, desde mi punto de vista, parecía estar preñado por oscuros intereses. Así, el viernes 26 de febrero pasado comentábamos en esta misma sección la denuncia presentada por los responsables de Izquierda Unida ante la Fiscalía Anticorrupción “sobre el caso protagonizado por el edil de Urbanismo, Tomás Carrión Guillén, acusado de firmar, junto con otros miembros de su familia, un contrato de compraventa con un conocido constructor de esta localidad donde se reflejaba que los terrenos de su propiedad, sitos en Los Llanos Sur, se recalificarían como urbanizables en el futuro PGOU”. Esto sucedió cinco meses antes de que dicho planeamiento saliera a exposición pública y esto fue lo que denunciaron ante la Fiscalía los representantes de IU, aunque el rumor sobre dicha compraventa ya era de dominio público, hasta el extremo de que algún miembro del Ejecutivo popular hubiera mostrado en privado su preocupación porque, además, el comprador de dichos terrenos, aún con el PGOU pendiente de aprobar, había sacado ya a la venta los pisos que tenía previsto construir en dicha zona”.
Y ahí fue donde empezó la movida. La alcaldesa, Marisol Casado, en la sesión plenaria celebrada ese mismo viernes conoció el contenido de mi artículo y ello la llevó a protagonizar una intervención pública que yo posteriormente calificaría de chavista, puesto que su discurso estuvo aderezado con calificativos e insultos graves tanto hacia mi persona como hacia este periódico, algo que me pareció impropio en una autoridad democrática. Tal vez, Marisol Casado intentaba por esta vía eludir el marrón de su presunta irresponsabilidad política y así se lo hice saber. Y ahí quedó todo. Nosotros habíamos hecho nuestro trabajo y éste no era otro que informar sobre una noticia que considerábamos de interés general y la alcaldesa trató de defenderse a su manera, aunque su defensa no fuese precisamente la más acertada, sobre algo que ya se le había ido de las manos. Y digo esto porque la regidora local acababa de perder el control del PGOU, ya que su concejal de Urbanismo, tras hacerse pública su vinculación con los terrenos de Los Llanos Sur, quedaba imposibilitado de refrendar la aprobación de este planeamiento y con ello el Ejecutivo se veía imposibilitado de sacarlo adelante sólo con sus votos, como así ha sucedido. Y es ahí donde empiezan a aparecer los largos tentáculos del buque insignia del monopolio mediático de nuestra comarca, intentando defender a capa y espada los intereses inmobiliarios de su principal accionista. Y esto sucedía el día 7 de mayo, con un editorial, donde tras analizar ‘sui generis’ los motivos de la paralización del Plan General, decían: “Por qué no se soluciona este problema de una vez por todas, por qué no se acepta la dimisión del concejal de Urbanismo si, como algunas voces han apuntado en los últimos días, ésta ya se puso en la mesa sin que la regidora lo permitiera. Por qué, en definitiva, el PP ha dejado de pronto de defender con uñas y dientes una planeamiento urbanístico que desde hace unos meses era para ellos de vital importancia con todas sus premisas, incluidas las Cercas de Ávila y el nuevo polígono industrial [aquí era donde estaba la madre del cordero]... Si la cosa no se soluciona, la que debería dimitir sería la propia Marisol Casado, por no ser capaz de poner en orden tanto desorden”.
Semana a semana, el diario en cuestión siguió machacando en el mismo clavo para intentar salvar lo que ya parecía insalvable. Así el 11 de junio, bajo el título ‘El Plan General, un asunto entre PP y el UNPA’, vuelven a criticar la retirada del PGOU de la recalificación de los terrenos destinados inicialmente al nuevo polígono industrial en Los Polvorines y a las viviendas en las Cercas de Ávila, por perjudicar los intereses de su protector, poniendo la guinda a su perversa manipulación en el punto y final del editorial de ese mismo día: “..Ahora queda un largo proceso de tramitación que llevará a exposición pública el documento del nuevo (qué curioso, los planes generales tiene querencia al verano, poco propicio, con el calor y las vacaciones, a fomentar la participación ciudadana), que todavía dará muchos titulares y que nos deparará sorpresas (y nos tememos que no serán agradables). Pero el negocio ya está hecho”.
La semana pasada me preguntaba un lector de nuestro periódico el por qué de “Nosotros contamos lo que otros callan”. La respuesta ahí la tienen. Y lo malo para los que ‘callan’ habitualmente es que en cuanto abren la boca se les ve rápidamente el plumero.
* El Faro de Guadarrama - Opinión - 8.07.10
Foto: Alpedrete (Madrid) - webalpedrete.com
La burbuja del ladrillo y la ética democrática
DÍDAC MARTÍNEZ* : El estallido de la burbuja de la construcción está teniendo dos consecuencias funestas para nuestro país, la primera un incremento añadido del volumen de paro que retrasará durante más años de los debidos la recuperación de la economía, y la segunda, aún más perjudicial que la primera, la implicación imparable de parte de la clase política en casos de corrupción urbanística, que dará como resultado un incremento del desapego de los ciudadanos por la democracia. Los últimos casos como Gürtel, Baleares, Fabra, Pretoria, Palau y los que están por llegar, harán bajar los indicadores de la calidad de nuestra vida democrática.
Cuando nuestros representantes políticos usan sus cargos electos para enriquecerse, no solo están quebrantando las leyes sino que están destruyendo parte de nuestras propias vidas: la confianza, el valor y la esperanza de nuestra convivencia actual y futura.
Estos son los daños profundos e irreparables de la burbuja que acaba de estallar y que no deberíamos de ningún modo minimizar. Puede que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades económicas, pero sería catastrófico vivir por debajo de nuestras aspiraciones éticas.
* El País - Opinión - 8.07.10
Vivienda-avión - El Roto
Viñeta El Roto, vivienda-avión - elpais.com 11.07.10
Asturias.- Amigos de Salinas pide la paralización de las obras del edificio del mercado
+-+elcomerciodigital.com.jpg)
ELCOMERCIO* : La Asociación de Vecinos Amigos de Salinas acordó ayer solicitar judicialmente la suspensión de la licencia concedida por el Principado para construir un edificio de 92 viviendas de promoción pública en el solar que ocupaba el antiguo mercado de Salinas. Las obras, con un presupuesto de 5.293.462 euros y un plazo de diecisiete meses, comenzaron en noviembre, aunque el edificio todavía no ha tomado altura. Según ha podido saber este periódico, una gruesa red de telecomunicaciones atraviesa el solar, y la promotora aún no ha alcanzado un acuerdo con la operadora para desviarla. La decisión de Amigos de Salinas se basa en un informe emitido por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado, la CUOTA, que anula el cambio en el Plan General de Ordenación Urbana realizado por el Ayuntamiento para poder construir el edificio en un solar calificado de equipamiento.
«Un uso residencial, por mucho que se trate de promoción pública en régimen de alquiler, no se puede considerar dentro de los usos dotacionales, ya que no es un servicio público ni un uso colectivo», indica el informe de la CUOTA, por lo que «no cabe cobertura legal para la modificación realizada» por el Ayuntamiento.
El informe precisa que tal modificación carece de la previsión sobre «la exigencia de mayores espacios libres que se debe corresponder al aumento de la densidad de población», si bien «desde el punto de vista de fondo del asunto», no se opone a la propuesta, «que debe realizarse con una calificación urbanística acorde a lo que se pretende».
Amigos de Salinas, que desde el primer momento se opuso a la construcción del edificio, planteó el año pasado un recurso contencioso-administrativo. Entonces el fallo fue favorable al Ayuntamiento, «pero ahora la situación ha cambiado. La CUOTA ha suspendido el acuerdo plenario que aprobó la modificación puntual del Plan General, así que, por mucho que diga el Ayuntamiento, no se puede para construir allí», manifestó el presidente de la entidad vecinal, Eloy Martínez.
A su juicio, «habría que modificar el Plan General. Cuando lo hagan, si es que se hace, ya veremos lo que pasa, pero en este momento ese solar está calificado de equipamiento público, así que podrían construir un centro social, un consultorio médico, un edificio de servicios múltiples o una piscina municipal, pero no un edificio. Salinas es deficitaria en equipamientos públicos», concluyó el presidente de Amigos de Salinas.
* El Comercio - 10.07.10
Foto: La estructura del edificio aún no es visible desde la calle - elcomerciodigital.com
