ELPERIÓDICO/Barcelona* : El director del Consorci de l'Orfeó Català-Palau de la Música, Joan Llinares, ha considerado que los siete convenios que Fèlix Millet firmó con la fundación de CDC, la Trias Fargas, estaban "fuera de lugar" y son "de difícil justificación". El actual gestor del Palau ha asegurado que todavía falta mucha documentación por examinar, pero que en el Palau existen papeles "extraños y sorprendentes" relacionados con adjudicaciones de obra pública realizadas por CiU, como la L9 del metro de Barcelona o la Ciutat de la Justícia. "Se tiene que seguir investigando", ha añadido.
Durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Palau, Llinares ha confirmado la información publicada hoy por EL PERIÓDICO sobre la coincidencia entre el dinero que recibía Millet de Ferrovial y los pagos que, pocos días después, realizaba el exdirector del Palau a la Trias Fargas. "Es una relación extraña y anormal, que no solo consta en anotaciones personales [el diario de la exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull], sino también en ficheros informáticos que obran en poder de la institución", ha explicado Llinares, quien ha añadido que "no se explica" por qué estos documentos están en el Palau de la Música.
Convenio "dudoso"
Asimismo, el actual director del consorcio del Palau ha insistido en todo momento en que debe ser la justicia la que dictamine si en estos documentos existe una base probatoria de algunas actuaciones irregulares. El tripartito ha dejado entrever esta posibilidad en sus intervenciones. Por ejemplo, ERC ha asegurado que el 75% de los ingresos que recibió la Trias Fargas mientras Millet dirigió el Palau provenía de Ferrovial. Por su parte, CiU se ha aferrado a que, hasta el momento, no se tiene ninguna "constancia fehaciente" de todos estos hechos.
Llinares también ha calificado de "dudoso" el convenio que Millet firmó con la Fundació Espai Catalunya, que dirigía el actual secretario de inmigración de CDC, Àngel Colom, en el año 2000. Sobre este asunto, la directora general de Dret i Entitats Jurídiques, Elena Lauroba, ha afirmado en la comisión que dicha fundación, de carácter independentista, nunca llegó a formalizar su registro. Sin embargo, sí consta, como Llinares ha dejado claro, que Millet le otorgó 150.000 euros en dos pagos. Lauroba ha asegurado que la Generalitat consignó en una auditoría a la fundación del Palau dos pagos a la fundación de CDC, en los años 2002 y 2005. "Hubiese sido mejor que esta relación no se hubiera producido", ha remachado Lauroba.
Caja única
Respecto al grueso de las irregularidades cometidas por Millet, Llinares ha remarcado que buena parte de los delitos se vieron favorecidos por el hecho de que las tres entidades existentes en el Palau de la Música (fundación, consorcio y asociación) funcionasen como una "caja única", con el mismo equipo directivo detrás de cada una de ellas. Según la auditoría que los nuevos gestores encargaron a la empresa Deloitte, el agujero que Millet y Jordi Montull dejaron en el Palau es de 33.644.000 euros. Después de detallar la profundidad del saqueo, Llinares ha asegurado que más de una cuarta parte de esta cantidad ya ha sido resarcida a la institución.
* El Periódico - 14.06.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
El director del Palau considera "fuera de lugar" y "de difícil justificación" los convenios de Millet con la Trias Fargas
'Gürtel'.- Anticorrupción pedirá enviar el caso a Castilla y León por nuevos imputados
ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la parte del sumario del caso Gürtel en la que aparece presuntamente implicado el actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago. Los hechos se refieren a la adjudicación de las obras de una variante de una autopista a la altura de Olleros de Alba (León) a la empresa Tecnología de la Construcción (Teconsa).
Anticorrupción quiere que se investigue a fondo la posible entrega de comisiones a la organización corrupta que dirigía Francisco Correa a partir de la adjudicación, en 2002, de la citada variante, que se hizo por el sistema de concurso y con la intervención del entonces consejero de Fomento de la Junta y hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, conocido como Toti. Así le menciona la trama de Correa en los documentos intervenidos por la policía en sus empresas.
La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de que el Supremo le remita las actuaciones sobre la variante de Olleros de Alba, que no fue desglosada en su día de la parte principal porque la fiscalía no quería abrir más frentes sobre la trama Gürtel, máxime tras lo acontecido en Valencia. Allí, el Tribunal Superior de la comunidad se negó a investigar al presidente, Francisco Camps.
De hecho, Anticorrupción se mantenía entonces a la espera, pues la situación le beneficiaba. La imputación por el Tribunal Supremo del ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y del ex diputado del mismo partido Jesús Merino, podía arrastrar al alto tribunal a Fernández Santiago, aforado al Tribunal Superior de Castilla y León en razón de su cargo. Así, Toti sería investigado por el Supremo junto a Bárcenas y Merino, sin romper la continencia de la causa. De paso, Anticorrupción sólo tenía que atender los frentes del Supremo y del Tribunal Superior de Madrid, donde se investiga la pieza principal de Gürtel, mientras no se aclarase la situación de la causa en Valencia.
La operación de ingeniería procesal urdida por el PP para que Bárcenas y Merino dejasen sus escaños en busca de un tribunal más favorable a sus intereses, como sería el Superior de Madrid -que ya ha anulado las escuchas en prisión de los abogados con sus clientes corruptos de la trama-, dibujó otro escenario. El Supremo se ha quedado sin clientes, Bárcenas y Merino dependen ahora del Tribunal de Madrid; el de Valencia vuelve a investigar a Camps y una eventual imputación de Fernández Santiago tiene que ser exigida ante el TSJ de Castilla y León. Eso es lo que va a intentar Anticorrupción cuando reciba las actuaciones del Supremo, según fuentes de la investigación.
En la causa hay indicios de la trama Gürtel en Castilla y León desde el primer auto del juez Baltasar Garzón en el que se implicaba a Bárcenas. Entre la documentación del contable de Correa, José Luis Izquierdo, había un fax de noviembre de 2002 de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por Fernández Santiago, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba por 2,85 millones de euros a Teconsa, empresa relacionada con la trama que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, imputado en el Gürtel y supuesto asesor de Correa en la colocación en el extranjero del capital de sus empresas.
Del auto de Garzón se desprendía que Teconsa habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación de esa variante, un dinero que este repartió entre personas citadas con las siglas T.O.; G; L, y J. Según la policía, en alusión a Toti y al ex senador Bárcenas, entre otros. Más tarde, los investigadores hallaron otra documentación que apuntaba en el mismo sentido: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León", de otro reparto similar de 96.100 euros.
Teconsa resultó beneficiaria de 23 adjudicaciones de obra pública entre 2000 y 2009 por parte de la Junta de Castilla y León, por el procedimiento del concurso, subasta, negociado sin publicidad o contrato menor. Según un informe de la Agencia Tributaria, Teconsa realizó movimientos de efectivo con billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004; 242.000 en 2005; 893 en 2006 y 202.000 en 2007.
Las últimas investigaciones policiales señalan que la relación de Correa con el grupo de empresas de José Martín Núñez, administrador único de Teconsa, es "directa", tal como se desprende de una intervención telefónica de Correa con un consejero de Teconsa, José Luis Martínez Parra, en la que hablan de un amigo común, José Ramón Blanco Balín.
* ELPAIS.com - 14.06.10
Foto: Valladolid, sede Cortes Castilla y León - vallisoletvm
Las ocho victorias de Roca
LAOPINIÓN/Málaga* : Cualquiera podría pensar que desde el 29 de marzo de 2009, fecha en la que fue detenido el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, todo le ha ido mal a este murciano que llegó a la Perla del Mediterráneo a principios de los 90 de la mano de Jesús Gil. Actualmente arrastra más de ochenta procedimientos penales en diversos juzgados del país, la mayoría de ellos en la localidad costasoleña, pero también ha habido momentos de satisfacción: ocho en concreto. Cuatro pares de instantes en los que la Justicia le dio la razón al supuesto cerebro de la trama de corrupción conocida popularmente como «Malaya».
Ha ganado, tras arduas investigaciones, siete casos urbanísticos y uno en el que estaba imputado por un fraude a la Hacienda Pública aunque, eso sí, a partir del 27 de septiembre se sentará en el banquillo de los acusados por «Malaya» y todavía debe responder por «Saqueo 2» ante la Audiencia Nacional. También le resta conocer la sentencia de «Minutas», que se desarrolla estos días.
La última alegría se la llevó el 2 de junio, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella archivó una causa contra Roca y otros nueve ex ediles del Consistorio, entre ellos Julián Muñoz, por los supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Ambos se castigan con penas que prescriben a los diez años, lo que se habría producido en este caso, en el que se investigaba la cesión por parte del Consistorio de unos terrenos a una empresa. Los delitos prescribieron.
El mismo órgano ya archivó otra causa contra el ex asesor en febrero de 2009. Se investigaba la concesión de una licencia a una sociedad para construir 63 viviendas en suelo no urbanizable, pero el pacto que la Fiscalía alcanzó con los ex concejales, por el que éstos reconocían su responsabilidad y sufrían una pena inferior, motivó que lo que eran indicios de criminalidad para Roca se convirtieran, como dice el juez, «en meras sospechas». Y es que lo que se investigaba era si el ex asesor asistía a las comisiones de gobierno que aprobaban los permisos.
Poco antes, el 27 de enero del pasado año, la Fiscalía pidió, por los mismos motivos, el sobreseimiento de la causa que había contra el murciano por la concesión de una licencia a una constructora para reformar el Hotel Guadalpín con la oposición de los informes técnicos. Al haber acuerdo entre Julián Muñoz, sus compañeros de corporación y el ministerio público, se sobreseyó el asunto.
Febrero de 2009 fue sin duda el mes de su vida. El día 10, se archivó un caso contra el ex asesor por la concesión de una licencia para la construcción de 86 casas en Guadalpín Sur. Una vez más, la asunción de responsabilidad por parte de los políticos, tras el pacto fiscal, le permitió eludir el banquillo. Sólo había sospechas de su actuación, y eso no es suficiente para condenar a nadie.
Sólo un día después, Instrucción 1 de Marbella sobreseyó las actuaciones por el otorgamiento de una licencia de obras a una promotora para la edificación de un hotel de cuatro estrellas, argumentando el magistrado lo mismo que en las ocasiones anteriores.
Instrucción 2 de Marbella se subió al carro el 17 de febrero de 2009, esta vez por otro delito urbanístico. El pacto estuvo una vez más detrás. La guinda al pastel se la puso en noviembre de 2008 el Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado, que archivó una causa contra el ex asesor de Urbanismo por un delito fiscal. No se acreditó la perpetración de delito alguno.
Antes, el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga lo absolvió por la concesión de una licencia de obra al fallecido periodista Antonio Herrero. Ocho victorias que, entre otras cosas, le han permitido mantener un optimismo moderado de cara a su situación penal.
En la cárcel de Albolote, le da clases a los presos analfabetos, «sobre todo les enseña a escribir, sumar y restar». Incluso les escribe las cartas que éstos envían a sus esposas. «Tiene don de gentes y es querido y respetado por sus compañeros. Por la tarde, se dedica con entusiasmo a preparar sus procedimientos. Está siempre encima de todos», aclaran las fuentes consultadas por este periódico.
Ya se ha agotado su periodo de prisión preventiva por «Malaya», cuatro años, pero aún se tramitan contra él 42 diligencias previas por diversos procedimientos con temática urbanística de fondo. Tiene más de 80 procesos en total.
En el último juicio de «Minutas» se le ha visto muy entero contestando a las preguntas del fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo. Como buen jugador, Roca piensa que puede seguir ganado.
* La Opinión de Málaga - 14.06.10
Foto: Imagen de archivo de Juan Antonio Roca a la salida de uno de sus procesos judiciales - laopiniondemalaga.es
Mari Carmen lleva cinco meses sin poder entrar en su casa, que ha sido 'okupada'
20MINUTOS/Madrid* : "Puedes gastar todo lo que quieras en abogados que no te va a servir de nada". Éstas fueron las últimas palabras que Mari Carmen Peña cruzó con el grupo de personas que han okupado su vivienda del paseo de las Delicias (Madrid). Ocurrió hace dos meses en el descansillo de la escalera. Una mujer con acento latinoamericano le gritó detrás de la puerta que no volviera. "No seas tan pesada y déjanos tranquilos, bruja", recuerda que le dijeron. Mari Carmen volvió a llamar a la Policía y, entre lágrimas, abandonó una vez más el edificio en donde está el piso que compró con mucho esfuerzo cuando era tan sólo una jovencita.
Pero la pesadilla comenzó a principios de abril. Un día, un vecino le preguntó si había alquilado su casa porque llevaba meses viendo luz. Ella bromeó y le dijo que no era posible porque estaba dada de baja. Más tarde la llamó para avisarla de que había visto gente en el piso. "Fui y vi que habían roto la cerradura y que le habían puesto un candado a la puerta. Llamé a la Policía y me dijeron que pusiera una denuncia porque sólo un juez podía ordenar el desalojo. Además, me explicaron que ni se me ocurriera entrar a la casa porque sería allanamiento de morada y eso complicaría las cosas", recuerda.
Los okupas utilizaron una de las cartas del buzón de la vivienda para conseguir los datos personales de la dueña (nombre, apellidos, DNI...) y poder darse de alta de la luz y el gas por teléfono. Mari Carmen consiguió dar de baja los servicios, pero desde las compañías le advirtieron de que ellos podían estar robando el gas y la luz por otro lado.
1.500 euros en abogados
Mari Carmen ya ha gastado más de 1.500 euros en abogados, ha puesto más de una decena de reclamaciones y nadie le ha dicho cuándo podrá recuperar su casa. "Mi abogado cree que pueden tardar en marcharse entre seis meses y un año, pero que no me lo asegura porque depende de la rapidez de los juzgado, no de él", cuenta.
Esta mujer tenía pensado volver a vivir en su vivienda del paseo de las Delicias porque las cosas no le van muy bien y necesita dinero."Casi he agotado el paro y no encuentro trabajo. Había pintado la casa para mudarme porque el piso donde vivo ahora es más fácil de alquilar. Es más bonito", cuenta desconsolada.
20 minutos intentó ponerse en contacto con los okupas de Mari Carmen, pero nadie contestó a las llamadas pese a que en el interior de la vivienda se escuchaban ruidos.
"Que pase lo que Dios quiera"
Mari Carmen confiesa estar harta de la situación. Asegura que la ley deja a los propietarios desprotegidos en este tipo de situaciones y que sólo defiende a la gente que entra en las casas. Por este motivo, dice que está pensando encadenarse a la puerta de su piso cuando ellos se vayan para que no puedan volver a entrar. "Que venga la Policía y que pase lo que Dios quiera", cuenta esta mujer que asegura estar pasando el peor momento de su vida.
* 20 Minutos - 14.06.10
Foto: Madrid, vivienda okupada a Mari Carmen - 20minutos.es
Costas ha detectado 218 infracciones en el litoral balear durante el último año
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DIARIODEMALLORCA* : La Demarcación de Costas del Estado ha detectado en el último año 218 infracciones en el litoral balear. Los municipios que más han vulnerado la Ley de Costas durante 2009 y los primeros meses de 2010 son Santanyí y Llucmajor con 14 expedientes cada uno. Le sigue Pollença con 13 expedientes sancionadores. Las principales infracciones corresponden a vertidos de líquidos y de escombros en el mar, obras en el dominio público marítimo terrestre, aparcamiento y circulación de vehículos en zonas de litoral prohibida y acampadas.
Los datos facilitados por Costas separan por islas las infracciones. Mallorca cuenta con 94 expedientes, seguida de Menorca con 55 y Eivissa con 54. En Formentera se han contabilizado 12. La recaudación por las multas impuestas a raíz de infracciones en el litoral ascendió a 182.826 euros, si bien esta cantidad puede corresponder a sanciones de años anteriores que durante 2009 o principios de 2010 se ha concluido el expediente y cobrado la multa.
Los datos de este año contrastan con los de 2008, donde el número de expedientes por infracción en el dominio público marítimo terrestre aumenta en casi cien casos. En concreto fueron 316 las infracciones detectadas hace dos años. En Mallorca fueron 142 por las 110 de Menorca, las 49 de Eivissa y las 15 de Formentera. La recaudación también se incrementó y el Estado cobró por multas en el litoral de las islas 290.181 euros. Esta diferencia es puramente administrativa, ya que cada expediente antes de iniciarse tienen una tramitación diferente y puede que la infracción sea cometida en un año y el expediente se inicie en otro.
Por lo que respecta a los municipios es coincidente que en los pueblos con la costa más extensa es donde se han producido mayor número de infracciones. En el caso de Llucmajor, la mayor parte de los 14 expedientes corresponde a estacionamientos y circulación de vehículos invadiendo la zona litoral. En el caso de Santanyí, también con 14 expedientes sancionadores, un número importante son también sobre vehículos, otros son obras como es el caso de la colocación pasarelas o pavimentación por parte de propietarios. También existe algún expediente por el varado de embarcaciones.
En 2008 el municipio con más infracciones fue Campos con 22. Lo curioso del caso es que 21 expedientes son por circulación de vehículos en la costa. Le siguen Artà con 20 infracciones de los cuales 15 son por acampadas en zona de dominio púbico.
* Diario de Mallorca - 14.06.10
Foto: Llucmajor (Mallorca), nuevas construcciones - T.Ramón (El País)
Imputado el ex presidente del PP de Íllora por la construcción supuestamente ilegal de un tanatorio
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IDEAL/Granada* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Loja ha llamado a declarar en calidad de imputado al que fuera presidente del PP de Íllora, Juan Francisco Palma, por la construcción supuestamente ilegal de un tanatorio en suelo no urbanizable en Escóznar. Será el próximo 30 de junio cuando tendrán que aportar su testimonio ante el juez, que ha pedido además al Seprona que informe sobre el estado actual de las obras que ya fueron paralizadas por orden judicial, según consta en una providencia de fecha 7 de junio de 2010, facilitada a Europa Press.
Según informó en un comunicado el Ayuntamiento de Íllora, el juez atribuye al ex político un posible delito de desobediencia grave, al desoír tres órdenes de paralización de la construcción del tanatorio, que se levantaba en suelo de especial protección agrícola; y otro contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.
El pasado 2 de junio el juez decretó la paralización "inmediata" y el precintado de las obras realizadas por Palma a través de la empresa 'Palmavalen S.L.', que "no estaban amparadas por licencia" y que, a pesar de la orden del Ayuntamiento de Íllora, continuaron ejecutándose.
Así, Palma prestará declaración ante el magistrado de Loja y también lo hará Gallego, que concedió una licencia supuestamente ilegal un día antes de que tomara posesión la nueva corporación municipal, del PSOE.
* Ideal - 14.06.10
Foto: Íllora (Granada) - wikimedia.org
Valladolid.- El TSJ de Castilla y León anula la orden del Ayuntamiento que "dio cobertura legal" al aparcamiento de Portugalete
NORTECASTILLA* : Una sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anula parcialmente la orden de 22 de septiembre sobre la modificación del PGOU de Valladolid con la que se buscó "dar cobertura legal" al aparcamiento de la plaza de Portugalete, según informaron fuentes de Ecologistas en Acción (EA). Según las mismas fuentes, uno de los tres magistrados de la Sala entiende que la modificación "debía haber sido anulada en su totalidad, y no sólo en parte".
Es la tercera ocasión en que el TSJCyL procede a anular esta modificación del PGOU "pensada para intentar dar cobertura legal al aparcamiento subterráneo de la Plaza de Portugalete", según explicó EA, quien recordó que el Plan General de Ordenación Urbana vigente al inicio del proyecto "no permitía la localización de aparcamientos rotatorios en el centro urbano, por lo que el Ayuntamiento de Valladolid intentó cambiarlo en marzo del 2005, y posteriormente hizo lo propio la Consejería de Fomento en noviembre del 2006 y septiembre del 2008".
Ahora, EA asegura que el aparcamiento de Portugalete "vuelve a quedar fuera del PGOU", por lo que ecologistas, vecinos e Izquierda Unida pedirán su clausura inmediata.
Los tres intentos han sido declarados ilegales, si bien el tercero y último "sólo en parte", al estimar el TSJCyL que las determinaciones de la modificación del PGOU según las cuales "es posible la construcción de aparcamientos en cualquier emplazamiento del viario que se considere técnicamente apto" y, en relación con los aparcamientos de rotación, que -"se deberán localizar en las zonas donde se produzca demanda" infringen la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que exige que el Plan General prevea los aparcamientos en suelo urbano consolidado, aunque sea de manera orientativa, "que es algo diferente de permitir su localización donde sea técnicamente apto o donde se produzca la demanda".
Dado que no es posible "la localización indiscriminada" de aparcamientos subterráneos en la ciudad, y que el estacionamiento de la Plaza de Portugalete no figura entre los previstos en los Planos de Ordenación del PGOU de Valladolid, Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida solicitarán de inmediato la anulación del proyecto de construcción y las licencias ambiental y de apertura, y se proceda a su cierre "en el menor plazo de tiempo posible", hasta que el Ayuntamiento decida reconvertir las 260 plazas rotatorias en plazas de residentes.
Al tiempo, las tres organizaciones pedirán una aclaración al TSJCyL sobre si la sentencia comporta que el centro urbano no pueda ser un lugar preferente para la implantación de aparcamientos rotatorios, y valoran la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al entender que el procedimiento de aprobación de la modificación del PGOU fue "también ilegal", por omitir la preceptiva información pública, el informe previo de la Comisión de Patrimonio y el pronunciamiento de la Consejería de Medio Ambiente.
* El Norte de Castilla - 14.06.10
Foto: Valladolid, aparcamiento Portugalete - nortecastilla.es
La "llamativa" actitud judicial en los delitos urbanísticos en Ciudad Real
MICIUDADREAL* : En su edición de ayer domingo, El País hacía referencia a Ciudad Real en una información sobre delitos urbanísticos. Una vez más, nuestra provincia vuelve a ser protagonista de la actualidad por cuestiones inmobiliarias. Según dicha información los ciudadanos, conscientes y perjudicados, "se va involucrando en la lucha contra los delitos de ordenación del territorio y urbanismo, como prueba el aumento de las denuncias contra los ayuntamientos. Pero no siempre prosperan. La complejidad urbanística hace que algunas se archiven porque el ciudadano recurre por vías equivocadas, según recoge la Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo".
La memoria no puede ser más desalentadora para el diario madrileño: "describe falta de medios y, sobre todo, de personal, amén de la excesiva variedad de interpretaciones judiciales ante un mismo hecho que hace saltar por los aires los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, en palabras de los fiscales. En algunos casos, como en Ciudad Real, se describe la actitud judicial en relación con este tipo de delitos como simplemente y por no utilizar otro término, llamativa".
La memoria vendría a poner de manifiesto la falta de relaciones fluidas entre la Administración y la Fiscalía, a lo que añade duras críticas al poder municipal "porque se entremezclan los delitos de ordenación del territorio con casos -de desidia, omisión y pasividad de la Administración local que implican una auténtica corrupción administrativa".
Las comunidades autónomas no se libran, "por no controlar y supervisar, y porque se limitan a imponer sanciones pecuniarias que no llegan a ejecutarse. Hay delitos que acaban prescribiendo y llegan a conocimiento de las fiscalías sólo a través de particulares".
Continúa El País describiendo el esperpéntico caso de Ciudad Real, en el que "para entorpecer las demoliciones, un particular llega a autodenunciarse para iniciar así un proceso penal y evitar la demolición. La pena de inhabilitación apenas le afecta al no ser promotor o constructor y la de prisión acaba en suspensión de la condena con una multa inferior a la que le impondrían por la vía administrativa".
Por último, la cabecera madrileña recoge que "la memoria propone apertura de procedimientos por complicidad contra los que favorecen el suministro de agua o luz a los promotores de construcciones ilegales. Y que se tipifiquen las conductas omisivas de autoridades o técnicos municipales cuando silencian infracciones urbanísticas, para evitar que queden impunes. En el apartado de delitos contra el Patrimonio Histórico, se alude a prevaricación urbanística y se pide que se tipifiquen como delito las excavaciones ilegales".
* Mi Ciudad Real - 14.06.10
Foto: Ciudad Real, proyecto megaresort ElReinodeDonQuijote - elreinodedonquijote.com
La investigación de Gürtel destapa más casos de corrupción en la Comunidad de Madrid
ELPAÍS* : La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción más extensa de la democracia vinculada a un partido político, ha descubierto nuevos negocios supuestamente fraudulentos relacionados con la Comunidad de Madrid gracias a la documentación incautada en los distintos registros que forma parte del sumario conocido. Las ilegalidades documentadas en el curso de la investigación salpican a empresarios hasta ahora no imputados.
La Fiscalía Anticorrupción, tomando como base distintos informes policiales, solicitó hace varios meses que se recabasen documentos para conocer si la trama corrupta había utilizado a varias empresas como pantalla para ocultar su identidad, entre ellas el Grupo Rafael y MQM.
A través de estas sociedades y a cambio de una comisión, la trama corrupta facturaba a distintas instituciones, entre ellas el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que durante cuatro años adjudicó de manera irregular cientos de contratos a la red que dirigía Francisco Correa.
La investigación había descubierto hasta ahora que uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, primero viceconsejero de Presidencia y después consejero de Deportes, decidió que todos los actos en que participara la presidenta los iban a organizar empresas de la trama corrupta de Francisco Correa.
A cambio, López Viejo cobraba comisiones ilegales, que sumaron en todos estos años más de 250.000 euros, según demostró la investigación a través del testimonio de algunos ex directivos de las empresas de la trama y los apuntes en la contabilidad incautada en las oficinas que utilizaba la red Gürtel.
La investigación reciente, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, ha destapado nuevos casos de esa práctica ilegal con decenas de contratos hasta ahora desconocidos por un monto de cientos de miles de euros y nuevas empresas intermediarias que, en realidad, actuaban como testaferros de los intereses de Correa. Documentación que este periódico publicó el 14 de febrero de 2009 y correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red corrupta que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa firma, la que más trabajó en los actos de Aguirre, inflaba los costes para ganar un 40% por contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha.
En esa tarea, según la citada documentación, contaban con la ayuda de López Viejo y de uno de sus colaboradores, Pedro Rodríguez Pendás. El jefe de la trama, Francisco Correa, reconoció a su ex amigo José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda y denunciante de los hechos que han dado lugar al caso Gürtel, que López Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo, según las grabaciones incorporadas al sumario.
La documentación que EL PAÍS adelantó acredita que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management). Un informe interno de Easy Concept al que hace un año tuvo acceso este periódico (ver infografía en esta misma página) revela cómo se fraguó dicho servicio al Gobierno de Aguirre.
El montaje del acto, según la documentación, lo pidieron expresamente López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás. A este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de Rodríguez Pendás. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que solo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto".
El citado escrito detalla cómo los contratos eran encargados por López Viejo y sus colaboradores saltándose todas las normas de contratación. Todo se resolvía mediante conversaciones privadas o correos electrónicos, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación. Easy Concept, la empresa que más actos ha organizado para Esperanza Aguirre, se ocultaba a veces a través de la sociedad MQM y otras veces a través de otras empresas que también investiga la policía.
El material para el acto de los príncipes de Asturias con la presidenta de la Comunidad de Madrid les costó 39.143 euros, pero facturaron al Gobierno regional madrileño 65.475 euros, un beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el servicio a la Comunidad de Madrid. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992 euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez y está considerado fuera del contrato referente al concurso número 03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.
La trama del caso Gürtel afecta a casi una veintena de altos cargos de los Gobiernos regionales de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Recientemente, el juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia tras observar diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps.
Pedreira, asumiendo la tesis de Anticorrupción, estimó que varios dirigentes del PP valenciano y de la Administración regional podrían haber incurrido en delitos de financiación ilegal del PP y de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que dirigía Correa a cambio de contratos a dedo de la Administración regional. El PP tiene recurrida esta resolución.
* ELPAIS.com - 14.06.10
Foto: Madrid, caso Gurtel - telecinco.es
Expertos piden proteger el patrimonio de la Alpujarra
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IDEAL/Granada* : Proteger, valorar y cuidar el paisaje y el patrimonio artístico, cultural y arquitectónico de la Alpujarra, ha sido el sentir general de las jornadas que han concentrado en la localidad de Pitres a expertos llamados por el Centro UNESCO Alpujarra Granadina, y la Asociación Abuxarra. El arquitecto, Juan Carlos García de los Reyes, uno de los doce conferenciantes que han intervenido en las jornadas, consideró que había que tomar como referencia en la Alpujarra la arquitectura y el urbanismo tradicional a la hora de proponer edificaciones.
García de los Reyes dijo que «los espacios agrícolas están en un proceso de abandono. Hay zonas con bastantes impactos. Una es La remodelada carretera Torvizcón-Cádiar-Ugíjar, que supone una herida tremenda en el paisaje. Y eso nos tiene que ayudar a pensar que las cosas se tienen que hacer de una manera más sensible», señaló.
El delegado de Cultura, Pedro Benzal, anunció que la Alpujarra contará con un elemento de gestión «para agilizar los trámites administrativos. Esta comarca dispondrá de una serie de técnicos para todos los temas que tengan que ver con Cultura. Por ejemplo, obras de restauración. Para que los proyectos tengan una repuesta inmediata», dijo.
El coordinador de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada, José Luis Rosúa, dijo estar preocupado «porque se están llevando a cabo líneas de actuación , que aunque permiten avances en el desarrollo, no contemplan iniciativas que pongan en valor la agricultura ecológica en la Alpujarra. Además no se entiende que se comercialice bajo etiquetas alpujarreñas cosas que no están producidas en la Alpujarra. De esta forma, se convierte la comarca en un intermediario, en una especie de zoco en el que todo vale» criticó el profesor Rosúa.
El presidente del Centro UNESCO de Andalucía, Miguel Carrascosa, dijo que las tierras de la Alpujarra se han abandonado. «Cuando yo era joven el 90% del censo laboral de la alta montaña se dedicaba a la agricultura. Ahora aquello ha quedado en la quinta esencia. Y eso ha influido también en los modos de vida. Se ha erosionado mucho el respeto a la naturaleza. La figura que presentaba la Alpujarra en mi infancia y juventud era la de una maceta de un verdor permanente. Yo creo que a través de estas jornadas se comiencen a corregir muchas cosas para que se recupere parte del paisaje de mi juventud. No al cien por cien porque los modos de vida son distintos», manifestó.
El diputado de Turismo, José López Gallardo, indicó que «en las últimas décadas los alpujarreños consideran más el respeto al medio ambiente y la actividad económica sostenible, y eso es bueno para todos», señaló.
El presidente del Club UNESCO Alpujarra-Granada, Ángel Bañuelos, informó que «la actual regresión demográfica de la Alpujarra, los cambios en los usos del suelo, el abandono de la agricultura tradicional y la presencia de nuevas actividades económicas, está generando una paulatina transformación del territorio que necesita de una profunda reflexión. Yo creo que es necesario ordenar, gestionar y conservar el paisaje de manera sostenible, porque solo así, podremos satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las venideras», decía el responsable de este club de la UNESCO.
* Ideal - 14.06.10
Foto: Un grupo de turistas visita el yacimiento de Galera.. :: IDEAL
Córdoba.- IU, PSOE y PP aupician la segunda 'amnistía' del urbanismo ilegal
ABC* : IU, PSOE y PP han vuelto a dejar claro en el Ayuntamiento que no les interesa combatir el urbanismo ilegal que ha campado y pervive en la ciudad desde hace mucho tiempo. Las tres formaciones, con distinto enfoque pero un mismo final, auspician lo que podría darse en llamar una segunda «amnistía» sobre irregularidades urbanísticas de calado como las 24 parcelaciones ilegales computadas en la Sierra y las naves de Colecor.
Ayer dejaron claro que van a apoyar el Plan Especial de Protección de la Sierra de Córdoba que elude por completo medidas contundentes contra todos esos asentamientos y su impacto en una zona de alto valor ambiental y que cierran filas en torno a la última propuesta sobre el plan especial que da cobertura a las naves de Colecor con un derribo de unos 15.000 metros cuadrados de techo —dejando en pie un 60% de la construcción—, dando pie a una sensible rebaja de la multa de 24,6 millones de euros (hasta un 75%, según la ley) que aún peregrina por las instancias oficiales gracias a esta regularización urbanística.
Y todo ello pese a que en 2006 los populares, liderados por José Antonio Nieto, plantearon una comisión de investigación sobre ese mismo urbanismo que hoy «bendicen» con unos matices superfluos y hasta incluso llamativos, como el hecho de pedir daños y perjuicios para Rafael Gómez, el promotor de una de las irregularidades urbanísticas más clamorosas de los últimos tiempos.
El sacrificio de Hurtado
Y aun después de que el PSOE haya convertido el caso de los almacenes de venta al por mayor de la carretera de Palma del Río en su feroz oposición a Rosa Aguilar, llegando, incluso, a neutralizar su discurso de izquierdas provocando la fuga de 14.000 votos que le llevaron a la derrota en 2007 a la que hoy, curiosamente, es la consejera de Obras Públicas y tendrá que decidir sobre las naves que permitió levantar siendo alcaldesa. Ahora, el PSOE pide «pasar página» en un asunto que llevó a los tribunales y sacrificó el recorrido del otrora portavoz municipal socialista Antonio Hurtado.
En Izquierda Unida no resulta extraño, pues, que todas sus decisiones en los últimos tiempos han ido por esta dirección: no precintó las naves de Colecor; un juzgado le anuló el expediente sancionador y el plan especial Carretera de Palma del Río; agolpa expedientes urbanísticos sin resolución; ha visto dimitir a dos responsables de Inspección Urbanística; intentó justificar el «caso Torreblanca» de los agentes de la Línea Verde con chalés ilegales y evita soluciones de futuro para las parcelaciones afectadas por la riada del pasado febrero y que estaban fuera de toda normativa.
Echando la vista atrás, no resulta significativo este acercamiento de los tres partidos cada uno por su senda. En 2001, cuando se votó el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, tanto IU como PSOE, que cogobernaban por entonces, como el PP, dieron su visto bueno a un texto que regularizaba más de una veintena de parcelaciones ilegales en la Vega y Levante propiciando que se reclasificaran más de ocho millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable.
Elecciones a la vista
Una operación que años después se amplió con ocho asentamientos más y un millón de metros cuadrados que pasarían a ser urbanizables gracias a la modificación del Plan General para ensanchar el coladero. Mientras un cordobés pagaba a precio de oro un metro cuadrado urbanizable en las zonas de expansión de la ciudad, otro, a pocos metros, conseguía el mismo metro urbanizable a un coste irrisorio y con los mismos derechos frente a la Administración.
Resta menos de un año para las próximas elecciones municipales y el voto del parcelismo sigue muy presente en la mente de todos los partidos. Más agravado, incluso, por los efectos de la crisis. Ninguno quiere abrir batallas eternas que le detraigan opciones. IU y PP han ido más de la mano en esta línea frente a un PSOE que con este paso adelante —aunque ayer intentó desmarcarse Rafael Blanco de modo impostado— cercena su discurso del último lustro. En el caso de las naves de Colecor se imponen los hechos consumados al riguroso cumplimiento de la ley.
* ABC - 12.06.10
Foto: Panorámica de las naves de Colecor con las zonas residenciales de Poniente al fondo en una imgen tomada desde las primeras estribaciones de la Sierra de Córdoba - abc.es
Los 'Al Capone' de la Costa del Sol
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El capo caído de la mafia rusa Alexander Kalashov no se escondía de la policia. Hace una semana fue detenido en una céntrica calle de Marbella cuando circulaba con su vehiculo sin oponer resistencia. Al hombre que se le conoce en el argot policial, como “El Invisible” es hoy uno de los presos más protegidos en una cárcel española. Sus acusaciones pasan desde dirigir una poderosa organización mafiosa dedicada al blanqueo de dinero, al tráfico de armas, a la extorsión y al asesinato. Ha estado en la cárcel por robo, evasión de impuestos y tráfico de drogas. Sobre él mismo pesa el delito de haber participado en varios crímenes.
¿Qué pretendía hacer este criminal en Marbella? Eso es lo que ahora trata de dilucidar la Comisaría General de Policía Judicial quienes llevan el peso de la investigación. Kalashov estaba cómodamente instalado en España y nadie le molestaba, manejaba todo su emporio a través de un entramado de empresas ficticias desde una mansión en Marbella. La estrategia pasaba, por tener influencia cerca de algunos ayuntamientos de la Costa. Amaba el lujo, pero le gustaba la comida coreana. Usaba avión privado, tenía yates y una colección de coches de alta gama. El templo del hombre invisible era el reducto donde se cobijaba tras su última detención en mayo del 2007 a las afueras de un lujoso hotel en Jumeirah, una localidad costera situada a 35 kilómetros de Dubai.
Kalashov no sabía español pero en su paso por varias cárceles españolas, aprendió el castellano. Vivía rodeado de subordinados, y “al jefe “le gustaba sentirse protegido allá donde iba y en su vecindad, un pequeño San Petersburgo arropado con muros y cámaras de seguridad. La orden de detención cursada por el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional se produce a raíz de la petición de extradición de las autoridades georgianas para que Kalashov cumpla una condena que tiene pendiente en Georgia.
En la particular liturgia de los capos de la mafia, una detención es un grado más en el escalafón. El apresamiento de Alexander Kalashov por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y del GRECO de la Costa del Sol en las calles de Marbella pasa por ser solo un episodio entre los vecinos de Marbella. Los habitantes de la Costa del Sol han aprendido a convivir con el concepto de la Mafia en sus calles: un tiroteo impune en el semáforo de una avenida, una bala perdida que mata a un niño en la puerta de una peluquería, un disparo a bocajarro en el pecho de un sicario, suicidios anónimos desde un balcón de un edificio. La mafia tiene nombre y apellido, son tahúres de una sociedad a la que ya se han habituado sus habitantes.
Historia del crimen organizado
La mayoría de los ciudadanos son conocedores de la presencia de organizaciones ligadas a la delincuencia internacional que data desde comienzos del siglo XX, con operaciones ligadas al contrabando a mayor o menor escala, o con el blanqueo de fondos de los diversos totalitarismos europeos. En los inicios de la etapa democrática, se disparó el consumo de estupefacientes, primero los derivados del cannabis. En su informe de 1979, la Fiscalía General del Estado detectó la presencia de bandas organizadas, en especial la mafia turca, en operaciones de narcotráfico desarticuladas en este mismo escenario, incluso en zonas tan “in” ahora como Sotogrande.
La progresiva liberalización de los mercados, provocó el auge de la economía sumergida que nutrió al hampa propio y extraño: la Mafia, la Ndranghetta, la Camorra y otros grupos ligados al delito en Italia, bandas belgas, británicas, portuguesas, francesas o alemanas que lo mismo se dedicaban al canje de drogas naturales o químicas que a la compraventa de vehículos robados, y la activa delincuencia organizada rusa encontraron en la Costa del Sol una plataforma ideal para el blanqueo de dinero, y como teatro de sus principales operaciones el paraíso fiscal de Gibraltar.
El mapa de los principales golpes al Crimen Organizado en la Costa del Sol parte de la Operación El Paredón, fechada en marzo de 2000 con el decomiso de 1.800 kilos de cocaína en Alhaurín de la Torre; o la Operación Tineo-Pitufo del año siguiente en Estepona, o la Operación Casino relativas ambas al robo de coches de lujo a escala internacional; o la detención de cuatro sicarios de la Camorra, en 2002, en Rincón de la Victoria, o la de Kalashov, el máximo responsable de las mafias rusas en la Costa, detenido en Marbella.
En el marco de la Operación Avispa caerían otros jefes de organizaciones de la antigua Unión Soviética, como las temibles Sonsevska, Ismailvska y Bratkskaya, con la intervención subsiguiente de un millar de cuentas bancarias, numerosas fincas en España y vehículos de alta gama. Baltasar Garzón asestó un nuevo golpe con la caída de Guennadi Petrov, el Al Capone ruso que dirigía sus negocios desde su mansión en la localidad mallorquina de Calviá, en una urbanización tan selecta que contaba con Pilar de Borbón como vecina. El mandamás de la mafia rusa se jactó al llegar a Palma de tener muy buenas relaciones con la autoridad local de San Petersburgo y, al mismo tiempo, trabó contactos con dos negociantes italianos acusados de mafiosos, Felice Cultrera y Gianni Menini. Entonces extendió su actividad a la Costa del Sol.
Las Mafias en los libros
Este fenómeno no ha pasado desapercibido entre escritores y políticos de la costa. Así Antonio Romero, dirigente de Izquierda Unida en Andalucía en su libro “Costa Nostra” detalla las tramas de corrupción con que se entrelaza el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco, centrándose en la conocida geografía mediática de la Costa del Sol.
El fallecido Félix Bayón retrató en su novela casi póstuma, “De un mal golpe” la politización del crimen organizado, cuyo máximo exponente fue el gilismo. El periodista siempre mantuvo que Jesús Gil y sus comparsas no actuaron solos sino en compañía de otros: que ahora han visto sus caras en operaciones que la Justicia ha emprendido en su contra: Malaya, Hidalgo y Ballena Blanca. “Como socios de estas escandalosas tropelías, principalmente las urbanísticas, el que también fuera presidente del Club Atlético de Madrid, se rodeó de insignes miembros del Crimen Organizado –denuncian--, entre los que destacan algunos de los capos italianos del clan Santapaola, perteneciente a la mafia de Catania, el traficante de armas saudí, Adnan Kassogui e importantes lugartenientes de la mafia rusa”. En estos libros se presta especial atención a los históricos Felice Cultrera y Gianni Menino, este último fallecido, y el primero aun en activo en la vida social de Marbella, al estar casado con Ana Muñoz, la hermana de la actual alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz.
Hidalgo y Malaya
La Justicia esta siendo lenta a la hora de actuar pero empiezan a celebrarse las vistas contra los “monigotes de las mafias”. La Operación Malaya, tal y como se bautizó a una operación que, un año después, terminó por imputar a 117 personas –entre ellos cuatro alcaldes y decenas de concejales-- con un mínimo de 2.400 millones de euros blanqueados, supuso la intervención y posterior disolución del Ayuntamiento de Marbella, con la detención de la alcaldesa y varios concejales, además del asesor de urbanismo Juan Antonio Roca.
Será en el mes de septiembre todo un reto para el sistema judicial español para romper con el modelo del “ladrillazo”. El saqueo de las arcas municipales y el expolio del patrimonio público se desmenuzan en los 73 tomos de la instrucción. Muestran con minuciosidad los perversos mecanismos empleados por la organización criminal que gobernaba en el Ayuntamiento de Marbella y que según los expertos mantenían estrechos lazos con otros grupos delictivos que blanqueaban miles de millones de euros de oscura procedencia en el sector inmobiliario. Cobraban comisiones millonarias a cambio de recalificaciones, permisos o concesiones, y desviaban importantes sumas a paraísos fiscales.
Otra causa en estos momentos en punto muerto es la Operación Hidalgo que puso contra las cueras a tres notarios, dos de ellos ya imputados en la Operación Ballena blanca. Otras veinte personas fueron detenidas en una red que permitió el blanqueo de 92 millones de euros a través de 600 cuentas en 22 entidades bancarias distintas: “La Fiscalía ha constatado la participación de ocho organizaciones con conexiones internacionales, cuyos miembros se vinculan a delitos fiscales, tráfico de drogas, fraude y malversación. Entre los detenidos se contaban personas de nacionalidad sueca, paquistaní, jordana, alemana, holandesa y española”.
Muerto el gilismo, la Mafia sigue viva en Marbella. Jesús Gil tenía encima del sillón de su despacho un cuadro del Padrino con la imagen de Vito Corleone. Este, siempre solía decir que había pasado toda su vida luchando por no ser una marioneta movida por los hilos de los poderosos. Y tal como soñó, cuando llego el momento ha perpetuado el concepto de amistad y dinero... agua y aceite.
* El Confidencial - 14.05.10
Foto: Imagen de archivo de Kalashov (Efe)
«Nos ha cegado la avaricia de vender todo el suelo posible»
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LAVERDAD/Murcia/Entrevista* : Tiene que bregar con 270 kilómetros de costa en los que convergen un sinfín de intereses públicos y privados. Para separar (y conjugar) el lucro particular y el provecho colectivo, Francisca Baraza maneja la Ley de Costas de 1988 como un bisturí sin que el tiemble el pulso. Licenciada en Biología, ha desarrollado su carrera en la Administración regional, donde se ha convertido en una autoridad en la gestión de espacios naturales. Asumió en 2005 la Jefatura de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia de la mano de Narbona, la ministra que dio un impulso a la conservación del litoral pisando callos en muchas regiones.
Paca Baraza (Águilas, 1954) mantiene un rigor profesional reconocido por responsables del PP con los que ha trabajado. Denuncia sin aspavientos los negativos efectos del modelo urbanístico de estos años, y eso no le impide tender puentes con todas las administraciones con las que debe entenderse a diario. En la regeneración de Portmán y del Mar Menor se dan «pasitos» pero no llega la solución final. Como miembro de la ejecutiva del PSRM-PSOE destaca lo duro que es hacer oposición en una Región donde el PP lo acapara todo.
-Usted es de Águilas. ¿Tiene casa en la playa?
-Afortunadamente no. Siempre he estado en la vivienda de mis padres. No está lejos del puerto, pero no vivo en la influencia de la playa.
-¿A la Demarcación de Costas le crecen los enanos en verano? ¿Se mete en muchos charcos?
-Se va sobrellevando. Costas es un trabajo apasionante y complejo. No me meto en ningún charco, sino que me limito a hacer mi trabajo. El balance de estos cinco años es positivo. Me he enfrentado a muchos problemas, pero se van superando. Hay una ley clara, recursos para aplicarla y un buen equipo.
-¿Por qué la gente quiere vivir lo más cerca de la playa? En Europa hay una tendencia demográfica a ocupar la ribera del Mediterráneo.
-Siempre han sido áreas de más actividad económica a todos los niveles. Más del 40% de la población española vive en la franja próxima a la costa. Eso genera presiones de todo tipo que hay que equilibrar. Es lo que pretende la Ley de Costas, garantizando lo público para el disfrute de todos los ciudadanos.
-¿Hay playas privadas?
-Todas son de dominio público y deben tener libre acceso. Si ha habido intención o interés por privatizar playas, la ley es contundente y se ha evitado.
-¿Qué es más peligroso, un dominguero que llega a la playa con el coche, la sombrilla y la nevera, o el propietario de una vivienda al borde del agua?
-Lo más peligroso es lo que permanece, porque es más irreversible. El dominguero se va. El modelo urbanístico que se ha impuesto en todo el litoral, de ocupar el territorio permanentemente, tiene efectos negativos. No sólo para las playas. Cuando ves la cantidad de suelo ocupado de forma definitiva, para que sólo sea aprovechado dos meses al año, resulta anti económico. No es muy eficiente. Pero es el modelo que se eligió. Ahora estamos en una fase de repensar muchas cosas. En la Región de Murcia aún queda bastante territorio sin intervenir y hemos llegado a tiempo en muchos sitios para salvar ese patrimonio.
-Usted dijo que es una bendición que haya tantos acantilados. ¿De lo contrario no quedaría un palmo de zona virgen?
-A las pruebas me remito. Las zonas llanas están todas urbanizadas. Nos queda lo que ha sido patrimonio militar, que se ha preservado muy bien. Al igual que la zona acantilada, donde es más difícil el acceso y la ocupación y donde se acumulan valores naturales que se protegen. Casi el 40% del territorio de la Región está preservado por ese motivo, afortunadamente.
-¿Con Cristina Narbona llegó una política más dura, más talibán como señalan algunos, a la hora de aplicar la Ley de Costas?
-Talibán no. Cristina Narbona dio un impulso a la ley e hizo una política más activa. Posiblemente se venía de una época más aletargada en la que quizás no se aplicaba la ley con contundencia y en todos los frentes. Narbona intentó poner en primera página la gestión de la Costa. Fue importantísimo el impulso que se dio a los deslindes.
-Provocando muchas protestas.
-Había que hacerlo. Era necesario. El deslinde es un acto muy técnico. Eso hace que los particulares pierdan la mayoría de los contenciosos. En España, el 97% de los recursos los gana el Estado porque hay una buena fundamentación técnica.
-¿Se engaña a muchos propietarios que compran casas en la playa? ¿Se venden en folletos playas paradisíacas que luego no existen?
-Posiblemente sí se ha intentando utilizar esas artimañas. Me da la impresión de que muchos compran a sabiendas de lo que hacen, intentando buscar después una solución. Pero no tiene sentido comprar una vivienda afectada por el dominio público. O estar en una playa que no responde a las expectativas. Por eso es muy importante asesorarse y ver las cosas in situ. Es muy bonito vivir en primera línea de playa, pero eso tiene muchos condicionantes.
-¿Forma parte de una cultura querer vivir en primera línea de playa?
-Efectivamente. En España hemos sido muy aficionados a eso. A tener las ventanas abiertas; todo al exterior. Por eso, una de las cosas que hemos hecho ha sido trabajar con la Oficina del Catastro, para trasladarle los deslindes con la finalidad de que cualquier persona compruebe si una finca está afectada por el dominio público y no se lleve a engaño. Aquí somos pioneros en esa tarea.
-Preservar 100 metros en la franja costera supone llevarse por delante una cantidad apreciable de viviendas, con derribos...
- No todo lo que está dentro de los 100 metros se derriba. Hay cierta confusión en la gente. La Ley de Costas separa el dominio público marítimo terrestre del privado y, a partir de lo que se define como ribera del mar, establece una zona de servidumbre. Los 6 primeros metros son de tránsito. Es donde ponemos los mojones, para que quede libre y expedito y todo el mundo pueda circular. Después, hasta 100 metros, es donde pueden existir afecciones a la ley. Para eso hay una regulación. Hay viviendas permitidas que eran legales antes de 1988 y que no se van a demoler. Las únicas que se van a derribar son las que están dentro del dominio público por delante de los mojones, no por detrás. Entre los mojones y el mar. Después de 1988 no debe haberse construido nada. Hay viviendas, en la mayoría de los casos, que están dentro de dominio público y que tenían una concesión de 1920, por ejemplo. La autoridad marítima les dio una concesión por equis años. La Ley de Costas dice que todas esas concesiones antiguas prescriben en 2018. En ese año, esas viviendas dentro de dominio público prescribirán, y el uso residencial que tenían ya no podrá prorrogarse.
-¿Cuántos expedientes de demolición tiene encima de la mesa?
-Ahora, cuatro o cinco de caducidad de concesión. Por lo general, la mayoría no son viviendas. Son jardines, muros y pequeñas invasiones que hace la gente. Cuando se derriban viviendas es porque existen concesiones caducadas, como chiringuitos o restaurantes, como el de la isla Perdiguera. No todo se puede demoler o quitar. Hay que estudiar cada caso.
-¿El restaurante que había en El Mojón era un caso de libro?
-Era de libro. Era una concesión que había prescrito y llevaba 20 años de recursos y trámites jurídicos.
-¿Y los dos locales en la playa de Santiago de La Ribera?
-¿Las pescaderías? Su caducidad está en tramitación. Cuando se resuelva, habrá que demolerlas. La Región de Murcia no tiene muchos problemas de ocupación de ese tipo.
-Los chiringuitos también tienen su cultura. ¿Cómo afectará aquí la prohibición ministerial?
-Aquí se han sabido llevar muy bien. No va a afectar porque la mayoría de chiringuitos son de temporada. Hemos llegado a un acuerdo con los ocho ayuntamientos para regularizar el sector. Tenemos casi 200 instalaciones y la mitad son chiringuitos. Tienen su economía, su trabajo, su riqueza... Le viene muy bien al bañista tener un chiringuito cerca de la playa. Se levantan en octubre y hasta la siguiente temporada. Aquí no hay problemas.
-¿Se especula a toda costa? Usted declaró hace años que Valcárcel no se debía dejar llevar por los intereses de los especuladores. ¿Ha existido abuso?
-Me remito a lo que hay. Con la Ley del Suelo que aprobó Aznar se produjo un desarrollo urbanístico desmesurado. Ese modelo de crear resorts por todos sitios y fuera de los núcleos de población me parece anti todo. Insostenible total. Los ayuntamientos no pueden responder después a los servicios que demanda ese tipo de urbanizaciones. Cuando se ocupa el territorio de forma desmesurada no creo que se genere calidad de vida para nadie.
-¿En algunos sitios se ha dado el modelo de Marbella?
-En el litoral se ha tendido a eso. En algunos ámbitos de Cartagena, de Águilas y en la zona del Mar Menor, que casi hemos colmatado.
-Si se pudiera volver hacia atrás, ¿cómo estaría ahora La Manga aplicando la Ley de Costas?
-Pues sin ninguna vivienda, o con muy poquitas. Habría algo, pero no tanto como ahora. Todo el cordón dunar estaría protegido. Debo recordar que La Manga se urbanizó con todas las de la ley. La legislación anterior al 88 no contemplaba las dunas como dominio público y lo construido estaba amparado. Después de ese año se siguió construyendo, y ahí es cuando se podía haber gestionado de otra manera. Tendríamos que haber actuado con contundencia. Ahora sabemos más, como las connotaciones que puede traer el cambio climático.
-¿Cuál es la postura del Ministerio sobre Puerto Mayor, junto al Estacio? ¿Van a aceptar que se construya la dársena deportiva?
-El Ministerio recurrió porque consideró que ahí no debe estar ese puerto. Se opuso a la concesión porque cree que estaba caducada y no tenía sentido. Mantiene lo mismo. Supongo que si la Consejería cumple ahora el fallo del TSJ tendrá que reiniciar el procedimiento de oficio. Posiblemente, el Ministerio va a recurrir porque se pedía la nulidad de la concesión, y eso no lo ha admitido la Sala del TSJ.
-Los defensores de Puerto Mayor dicen que faltan puntos de amarre en el litoral. ¿Es cierto?
-Ha existido un 'boom' de barcos deportivos paralelo al urbanístico. Un disparate. Según la Consejería, hay un déficit de amarres. Nosotros hemos hecho un estudio sobre el problema del fondeo de barcos que no están amarrados y que compiten con los bañistas. En el Mar Menor invaden las zonas de baño. Hay casi mil barcos fondeados en la laguna, aparte de los que están en los puertos deportivos.
-¿Y la solución es...?
-Debe ser compartida con el Gobierno regional y los ayuntamientos. Hay tres salidas: buscar polígonos de fondeo, poner marinas de interior y regular. ¿Eso significa que se necesitan más puntos de amarre y más puertos? A lo mejor, lo que se necesita son más marinas secas, de interior. Los barcos, al fin y al cabo, necesitan zonas de aparcamiento porque se usan muy poquito a lo largo del año. No siempre un puerto tiene que estar en el mar. Ese modelo no prolifera mucho aquí. En otras provincias sí.
-¿Es para usted una frustración que el Mar Menor siga colmatado y amenazado por los fertilizantes agrícolas?
-Llevo 30 años en la Administración pública y he aprendido que los procesos son lentos. Pero se van dando pasitos y cumpliendo pequeñas metas. Esta laguna es única en el Mediterráneo y todas las administraciones se han interesado para resolver sus problemas. Creo que las tres administraciones vamos por el buen camino. Siempre soy optimista, por eso me mantengo en estos sitios. De lo contrario, no podría.
-Portmán también se eterniza. Desde que Carlos Collado cortó el chorro de los estériles mineros han pasado bastantes años y la recuperación de la bahía no llega.
-Se eterniza, efectivamente... El proyecto espera la declaración de impacto ambiental. Mientras tanto, se realiza un trabajo de investigación. Hay un impresionante laboratorio en vivo que despierta el interés internacional. Se investiga la metodología de trabajo en relación con el material contaminado, lo cual está dando pie a que se pueda usar en otros lugares.
-Los vecinos están cansados y quieren ver las obras. Son muchas promesas realizadas...
-Se está haciendo un trabajo previo importantísimo. Primero hay que estabilizar el sustrato con garantías de seguridad para la salud humana. No se puede decir que Portmán se ha archivado, en absoluto. Además, ahora existe una situación sobrevenida con el proyecto para colocar una inmensa dársena de contenedores en el Gorguel. Justo al lado. Las administraciones tendrán que decidir la compatibilidad de los usos. Hay que analizar si puede haber afecciones o no a la bahía y a la playa que se van a regenerar y las expectativas de desarrollo de la zona. Ha habido muchos cantos de sirena, pero ahora es el momento de la verdad.
-¿A priori, ve usted un puerto de contenedores junto a Portmán?
-No lo sé. En la vida todo se puede compatibilizar si se quiere. Hay cosas que no se reducen al dinero. A priori, no veo la conjunción de estas dos obras pegadas, pero habrá que demostrar con argumentos económicos y técnicos la viabilidad de ambos proyectos.
-¿Qué opina Costas sobre el proyecto de Marina de Cope que apadrina el Gobierno regional?
-Desde el punto de vista de Costas, no debe invadir los 100 metros. Se deben evitar las pantallas urbanísticas en los 500 metros, que también lo dice la ley, aunque no es muy contundente. Y poco más.
-¿Y a usted particularmente qué le parece el proyecto?
-Tengo mi corazoncito en Águilas y Marina de Cope me gusta como está. Aunque tampoco tiene que estar como está. Se podría hacer una actuación que revalorizara la zona y le diera calidad turística, pero no la que está planteada. Creo más en lo micro que en lo macro. En pequeñas cosas que revalorizan el paisaje y sirven más a la economía, y no en grandes cosas que a lo mejor matan la gallina de los huevos de oro.
-En Puntas de Calnegre hay vecinos levantados en armas porque no quieren ser desalojados.
-Nuestra posición se ciñe a un deslinde. El poblado tiene unas 46 viviendas dentro del domino público. La Audiencia nos dio la razón y ahora está recurrido en el Supremo. Mientras tanto, le hemos pedido al Ayuntamiento de Lorca que intente reubicar esas viviendas aprovechando que tiene un plan parcial colindante donde quiere ubicar 8.000 casas.
-¿Qué hay de cierto en las denuncias de que la Región de Murcia estaba en venta? El Gobierno regional dijo que otras regiones estaban peor y que aquí se conserva más.
-No sé si son ciertas o no. Es verdad que ha habido una desmesura a partir de 2001, cuando los ayuntamiento quisieron aprovechar ese 'boom' para llenar sus arcas. Ahora lo estamos padeciendo. Están en plena crisis y arruinados y no tienen ingresos porque todo se basó en la construcción y el desarrollo inmobiliario. Hemos perdido muchas oportunidades porque nos ha cegado la avaricia de vender todo lo que podíamos del suelo. El suelo es un patrimonio y un recurso irreversible. Hay que tratarlo con delicadeza. Las reglas del juego hay que tenerlas claras. Existe un interés general y otro particular. Para eso está la Administración pública, sobre todo para el urbanismo y la ordenación del suelo. Respetando la propiedad privada, por supuesto, no en todos los sitios se puede hacer cualquier cosa.
-El Ministerio ha comprado 300 hectáreas en la costa. ¿Ha sido un brindis al sol? La propiedad ha pasado de un ministerio a otro.
-No. Defensa suele desafectar su patrimonio y venderlo. Fue una manera de blindar unas zonas de alto valor. Entre los ministerios no se regalan las cosas. Fue una buena adquisición y el ciudadano lo nota.
-Usted pertenece a la ejecutiva regional del PSRM-PSOE. Haga un diagnóstico de su partido, que parece que no levanta cabeza.
-No es que no levante cabeza. Es que estar en la oposición es muy duro en esta Región. La política del PP es muy dura para un partido en la oposición. Estamos levantando cabeza poco a poco porque cuesta mucho esfuerzo superar eso. El ciudadano tiene que ver al PSRM-PSOE como una alternativa.
-Pero aún no lo percibe.
-Porque la política del PP hace que no lo perciba. Está siempre en primera línea. Es de un clientelismo y de un acapararlo todo absolutamente... El PP hace mucha propaganda y copa todos los ámbitos, por lo que el PSOE tiene más dificultades añadidas. Soy optimista y hay que seguir trabajando hasta que el ciudadano se dé cuenta de que el modelo del PP no es el que más interesa de cara al futuro. Nuestro partido denunció hace tiempo lo que pasa ahora con aquel modelo urbanístico desaforado. Cristicó la falta de perspectivas para los jóvenes y la escasa diversificación empresarial. Por eso se han perdido muchos trenes en estas Región. Posiblemente estamos pagando ese afán por el cortoplacismo que ha imperado en el Gobierno regional.
-¿No es también una cuestión de liderazgo, el de Pedro Saura?
-Pedro Saura es una esperanza importante que debe seguir consolidándose. Lo que cuenta de verdad es el equipo. Para mí, las encuestas sirven para tomar nota de por dónde va el sentir de la sociedad.
* La Verdad - 13.06.10
Foto: Mar Menor (Murcia), aérea excesos urbanísticos - skyscraperlife.com
Vigo.- Más de 2.000 viviendas en el limbo
FARODEVIGO* : El Plan Xeral de 1993 adolecía de graves problemas de seguridad jurídica y dejó una pesada losa: una marea de sentencias contra grandes urbanizaciones, algunas de ellas con orden de derribo. En otros casos fueron los promotores los que incumplieron la licencia y acabaron en los tribunales. Al escenario se sumó un tercer factor: detrás de muchos pleitos están los mismos demandantes, que ganaron los recursos ante la debilidad de aquel PXOM. Por ahora todas las viviendas siguen en pie, pero la piqueta acecha.
El Plan Xeral en vigor desde 2008 estaba en teoría llamado a subsanar los graves problemas judiciales de casi todas las grandes urbanizaciones de la ciudad sobre las que planean órdenes de derribo. La norma da acomodo a las características de muchas de ellas, con lo que los afectados aspiran a obtener licencias, argumentar su nueva situación ante los tribunales, y salvar así sus viviendas de la piqueta. Con ello pondrían fin a años de pleitos, recursos ante el TSXG y el Tribunal Supremo, y reiterados autos desestimatorios que confirmaban las condenas e instaban al derribo en casos como O Piricoto, Jacinto Benavente o uno de los edificios de apartoteles de Samil. Con la aprobación del planeamiento, los promotores y comunidades en esta tesitura se pusieron manos a la obra y presentaron sus proyectos de legalización en el Concello.
Más de 2.000 pisos se encuentran en el limbo legal, principalmente por las lagunas jurídicas del Plan Xeral de 1993, que propiciaron una cascada de demandas. Detrás de muchas de ellas están los mismos recurrentes, que ganaron los pleitos ante las deficiencias y la debilidad jurídica de aquel planeamiento. Casi dos años después de la aprobación del PXOM que lo sustituyó se ha demostrado que la regularización no es sencilla. Sólo Jacinto Benavente y uno de los 19 edificios de Rosalía de Castro en situación irregular han obtenido licencia de la Gerencia de Urbanismo. Aún así el problema no se ha zanjado y los inmuebles siguen en peligro. Falta que los jueces avalen su legalidad y aprueben la inejecución de las sentencias, lo que en la práctica remataría el proceso con final feliz para los propietarios. En el lado contrario de la balanza está Finca do Conde, donde el propio Concello ha frenado las aspiraciones de los promotores de regularizarse con el PXOM. El pleno acordó la suspensión de licencias en el ámbito y ha iniciado el proceso para modificarlo, ya que el gobierno local considera que, con sus actuales condiciones, la urbanización incumple la sentencia que la ilegalizó. Las obras cumplían la licencia, por lo que el Ayuntamiento tendría que indemnizar a los promotores, si se llegase a ejecutar el derribo, con una cantidad estimada en 350 millones. Demoler llevaría a la bancarrota a las arcas municipales. También en O Piricoto se respetó el permiso.
Los demás afectados de Rosalía, los propietarios de las Torres Ifer de García Barbón, A Pastora y los apartoteles de Samil esperan el dictamen municipal. Y, con ello, vislumbrar la luz al final del túnel.
* El Faro de Vigo - 13.06.10
Foto: Vigo, edificio Piricoto ilegal a derribar - lavozdegalicia.es
«El desarrollo urbanístico de Castro me recuerda mucho al de Marbella»
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DIARIOMONTAÑÉS/Entrevista* : La II Bienal de Arquitectura de Castro ha cerrado su programación este fin de semana con la conferencia 'La ciudad del siglo XXI: estrategias para el cambio de modelo' a cargo del catedrático de la Escuela de Arquitectura de la ciudad de Barcelona, Joseph María Montaner. El arquitecto aportó una serie de claves sobre el futuro del urbanismo y la arquitectura de España.
-La Ley de Costas dice que hay que tirar el Hotel Miramar y el pabellón Peru Zaballa, dos edificios emblemáticos del municipio, por estar en terreno marítimo terrestre, ¿qué le parece?...
-La Ley de Costas en sí es muy flexible porque las distancias que marca varían mucho en función de si se trata de una zona urbana o de un parque... y hay muchas decepciones. Por ejemplo, en Barcelona se ha construido un hotel de superlujo, proyectado por Ricardo Bofill, que se salta la Ley de Costas. Esta ley tiene muchos pliegues, muchas excepciones y es relativamente fácil encontrar excepciones. Es absurdo derribar el Hotel Miramar. Lo que habría que hacer es buscarle un uso público, que el beneficio repercutiese en los ciudadanos y no en el sector privado.
-Algunos han llegado a comparar el desarrollo urbanístico de Castro con el de Marbella. ¿Está usted de acuerdo?
-Sí. Cuando he llegado a la ciudad me ha recordado a un viaje que realicé hace un mes por la costa mediterránea y Marbella, y sí que se parece en estas urbanizaciones extensas, donde todas las viviendas iguales y se repiten casi sin infraestructuras, y sobre todo sin haber dotado las zona de transporte, de equipamientos... No obstante, es difícil llegar a los niveles de urbanización de la costa mediterránea.
-¿La falta de servicios es entonces el caballo de batalla de Castro?
- Sí. Es el problema del modelo urbano tan especulativo. Ese urbanismo que no tiene calidad y ha entendido la vivienda como un valor de cambio, un negocio. Se ha construido primero sin equipamientos, sin comercios, y si los hay son grandes cadenas. Es clave que pueda haber pequeños comercios adecuados a cada ciudad. En Castro el comercio pequeño está ubicado en el caso urbano y los pequeños barrios debería estar dotados de este tipo de negocios. En síntesis, se tiene que construir menos, rehabilitar más y uno de los retos que va a tener nuestro país es como hacer ciudad todo esto que ha crecido desmesuradamente. El esfuerzo de las próximas décadas va a ser cómo hacer que se viva dignamente en esto que se ha construido de una manera tan irresponsable.
-¿Cree que está justificada la investigación judicial que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Castro, sobre todo, por temas relacionados con el urbanismo?
-Es muy difícil opinar sobre este asunto porque no lo conozco, pero, en lineas generales, estas investigaciones pueden ser una consecuencia de esa burbuja inmobiliaria y de este movimiento de millones de euros que, inmediatamente, ha generado comisionistas y estos porcentajes que se han pagado por obras, para tener permisos...
* El Diario Montañés - 13.06.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), masificación - S.Cirilo, elpais.com
Marbella.- El juez levanta el secreto de sumario del caso en el que está imputado Sean Connery
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SUR/Málaga* : La investigación sigue en curso, pero las partes ya pueden acceder a la parte del sumario que permanecía bajo secreto. El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella, Ricardo Puyol, ha acordado dejar sin efecto esta medida en el caso sobre presuntas irregularidades en el convenio de la finca Malibú, en el que se encuentran imputados el actor Sean Connery y su mujer, entre otros. En la causa se investiga un supuesto perjuicio de más de 2,7 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella por las operaciones urbanísticas que desembocaron en la construcción de las más de 70 viviendas que componen el complejo inmobiliario Malibú.
Connery, de 79 años, residió durante décadas en los terrenos al pie del mar donde hoy se levanta el conjunto residencial.
La imputación del intérprete escocés en el caso, iniciado en 2006, tuvo lugar el pasado mayo, poco antes de que la Policía desarrollara la operación 'Goldfinger' -en alusión a una de las películas en la que Connery interpretó al espía británico James Bond-, en la que se registraron los despachos en Marbella y Madrid del bufete de abogados Díaz-Bastién y Truán, en su día responsables legales del actor. Varios de los integrantes del despacho también fueron imputados en esta causa, que suma ya una veintena de encausados. Entre ellos, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor Juan Antonio Roca.
En el auto en el que levanta el secreto del sumario, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado defiende la pulcritud de los registros practicados en las sedes jurídicas. En este sentido, el instructor recuerda que uno de los propios abogados imputado en el caso «manifestó públicamente» en relación con uno de estos registros que había sido «ejemplar y exquisito».
El magistrado señala en su resolución judicial que de la documentación intervenida en el bufete de letrados -en soporte físico e informático, incluidos correos electrónicos- ha sido incorporada a la causa sólo aquella que guarda relación con los hechos investigados.
* SUR - 10.06.10
Foto: El complejo Malibú está compuesto por 72 viviendas - JOSELE-LANZA, diariosur.es
El juez actúa contra 14 políticos y técnicos por prevaricación en el 'caso Navas del Marqués'
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ELPAÍS* : El juez de Ávila que investiga los planes para construir una urbanización con 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila) ha concluido buena parte de la instrucción y ha actuado contra 14 políticos y técnicos por prevaricación. El juez considera que en la tramitación la urbanización -que ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia y por el Supremo- hay indicios de delito en el ex presidente de la diputación, Félix San Segundo, y el alcalde de la ciudad, Gerardo Pérez, todos del PP, en el promotor de la urbanización, Francisco Gómez alias El Paloma, entre otros.
El caso quedó separado en cuatro piezas y el juez ha concluido la instrucción de dos de ellas. En Valladolid se tramita una tercera que afecta a cargos autónomicos. El juez ha pedido al fiscal que acuse para sentarlos en el banquillo.
El juez recoge todo el trámite de aprobación de la urbanización, desde que la comisión territorial de urbanismo dio su visto bueno en 1999 pese a que "la ponencia propuso que se informara desfavorablemente" ya que "no se justificaba la necesidad de dicha reclasificación dado el elevado valor forestal y pasajístico del terreno". Todos los terrenos en los que iban las casas están en un pinar maduro protegido como lugar de importancia para la cigüeña negra desde 1995. "Hay que destacar que no existe ningún informe del Servicio de Medio Ambiente" en el expediente, apunta el auto judicial.
Al aprobar la urbanización, la comisión de urbanismo obligó a la empresa a reforestar 200 hectáreas pero la ponencia de impacto ambiental afirmó en 2002 que no podía pronunciarse sobre la medida. El plan salió adelante definitivamente el 30 de abril de 2003 bajo la presidencia de San Segundo pese a que el 3 de enero de ese año un informe interno advirtió de que no se podía recalificar y de que era necesario una evaluación de impacto ambiental. Por esta pieza el juez actúa contra San Segundo y otras 11 técnicos que participaron en la comisión de urbanismo.
En otra pieza, el juzgado investigó las relaciones entre la empresa pública Montes de las Navas -del Ayuntamiento y la comunidad autónoma, ambos del PP, y la constructora Residencial Aguas nuevas, de El Paloma. Antes de que el terreno saliera a concurso ya habían firmado un acuerdo sobre los terrenos. El juez afirma que el alcalde, Gerardo Pérez, y el secretario municipal, Carlos de la Vega, llevaron a cabo unos contratos con la promotora "en los que se obviaron exigencias legales [...] para acceder a las exigencias del promotor de la Ciudad del Golf [...], las cuales no habrían podido ser satisfechas sin vulnerar la ley.
Así, en 2001, la empresa de El Paloma y la empresa pública propiedad del monte ya acordaron su intención de llevar a cabo la compraventa del terreno. El acuerdo compromete a las administraciones para que el proyecto salga adelante. Es decir, antes de la tramitación ambienta, representantes del Ayuntamiento firmaron que se comprometían a aprobar el proyecto, como así ocurrió pese a las trabas de los técnicos ambientales. El juez da el paso para procesar a los tres. Cuando el tererno salió a concurso El Paloma fue el único que acudió y se llevó el terreno al precio de salida
Cuando en 2006 el TribunalSuperior vetó al obra El Paloma inició la tala del pinar y se llevó 2.243 de los 63.000 que inicialmente tenía permiso para arrancar.
Carlos Bravo, de la Asociación Ecologista Centaurea de Ávila, se felicitó por las resoluciones judiciales: "La instrucción se ha retrasado mucho por los sucesivos recursos. Pero que el juez mande a los responsables al banquillo tiene mucho sentido después de la sentencia del Supremo que falló que era ilegal".
* ELPAIS.com - 11.06.10
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad Golf - J.Martin ( EFE )
Blog "UrbanismoPatasArriba"
El Jueves pasado salió una reseña de este Blog en el diario El País. Desde aquí agradecer a los autores del suplemento CyberPaís por su apoyo y confianza en el Blog "UrbanismoPatasArriba", que en estos casi cuatro años ha tratado de seguir una línea de rigurosidad e independencia en el proceloso campo del Urbanismo en España.
Y agradecer también a los distintos medios de comunicación que no han puesto ninguna pega y han dado su permiso para publicar las noticias relacionadas con los temas básicos del Blog: los problemas del acceso a una vivienda digna y la escandalosa especulación (corrupción) urbanística en todo el territorio nacional (y parte del extranjero) :)
Igualmente, agradecer a todos los visitantes del Blog en estos años y, sobre todo, a aquellos que han contribuido por medio de comentarios o e-mails a mejorar la información aquí publicada :)
Actualmente andamos por unas 400 visitas diarias de media (a pesar de la bajada lógica en los fines de semana) y eso para mí significa mucho, de verdad.
Como sabéis "UrbanismoPatasArriba" es, en este momento, dirigido y llevado por mí únicamente, lo cual implica un enorme esfuerzo totalmente altruísta por mi parte y que se corresponde con mi interés personal por la mejora del Urbanismo en general. En España principalmente, pero fuera también.
Me imagino que, a estas alturas, ya sabéis que la información básica de la autoría del Blog se encuentra al principio (arriba) del menú lateral (en verde, donde pone UrbanismoPatasArriba?), allí está también el e-mail principal del Blog, donde podéis enviar vuestras opiniones y sugerencias para la mejora del mismo, que también es vuestro de alguna manera.
También en el menú lateral se encuentra el buscador interno del Blog, donde encontraréis las noticias publicadas ordenadamente sobre vuestro pueblo, ciudad, gente, etc.
Muchas gracias a todos... y aquí seguiremos con ilusión "mientras el cuerpo aguante" :)
Un saludo...
Carlos de Rueda, arquitecto
Palencia.- El TSJ estima que las parcelas del Sector 8 vendidas ilegalmente no pueden recuperarse
NORTECASTILLA* : Deshojó la margarita el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la razón cayó del lado del Ayuntamiento de Palencia, que siempre ha insistido en la imposibilidad legal y material de ejecutar las sentencias por la venta de parcelas municipales en el Sector 8. Sin embargo, aunque el Alto Tribunal de la región ha dado de nuevo la razón al Consistorio (en esta ocasión hace referencia al suelo de la calle Lola de la Fuente, en el que se han construido 66 viviendas), esto no implica que salga indemne del litigio, puesto que esta nueva sentencia no otorga validez a la actuación del Ayuntamiento, sino que corrobora el fallo judicial que anula la venta de los solares municipales por no haberse destinado a la construcción de pisos de protección oficial, sino a casas de precio libre de mercado.
Pero esta nueva resolución del TSJ establece una fórmula alternativa para el cumplimiento de la sentencia, puesto que inicialmente se ordenaba la recuperación de las parcelas libres de cargas y la transformación de las viviendas allí construidas en pisos de protección oficial. El Ayuntamiento de Palencia estimaba que esta petición no se ajustaba a derecho, puesto que en los solares ya se habían construido viviendas que se habían vendido a terceros, por lo que abogaba por buscar una solución alternativa.
Por su parte, el ex concejal de IU Mariano San Martín, que denunció la ilegalidad de la venta de los terrenos, defendía la ejecución de la sentencia en su estricto planteamiento inicial, y pedía al Ayuntamiento que recuperase las parcelas y transformase los pisos en viviendas de protección oficial, aunque para ello, tuviera que indemnizarse a las constructoras que compraron los solares y a los propietarios de las viviendas, que tendría que dejar sus casas.
El actual magistrado titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia, Victoriano Lucio Revilla, ha defendido también la ejecución inmediata de la sentencia en sus estrictos términos, con la anulación de los contratos de compraventa, la reversión al patrimonio municipal de los solares y la transformación de las casas a viviendas de protección oficial, aunque fuera necesario el derribo. Por ello, dictó un auto el pasado mes de enero que obligaba al Ayuntamiento a iniciar estos trámites, con la advertencia de que si no lo hacía de inmediato procedería a imponer multas coercitivas, lo que ya ha hecho en dos ocasiones, por lo que el Consistorio ya ha dado varios pasos administrativos para recuperar las parcelas.
Sin embargo, todo este movimiento burocrático debe pararse ahora, puesto que el TSJ acaba de dictar una nueva sentencia en la que sostiene que la recuperación de las parcelas en estos momentos no puede ejecutarse sin vulnerar los derechos de terceros, por lo que el Alto Tribunal de la región asume la tesis del Ayuntamiento de buscar una fórmula alternativa de ejecución de sentencia, que pasa por la compra de nuevos solares similares a los que fueron vendidos, en los que se deben construir las mismas viviendas que se levantaron de forma ilegal en las parcelas de la calle Lola de la Fuente. Se trata de 66 viviendas, y el TSJ sostiene que el Ayuntamiento debe destinar a la compra del nuevo suelo el dinero que obtuvo por la venta de los solares del Sector 8. El TSJ revoca el fallo del Juzgado Contencioso de Palencia dictado el 28 de enero del 2010 y declara la imposibilidad legal de ejecución en sus propios términos de la sentencia del 4 de junio del 2008, que luego fue ratificada por el propio TSJ el 5 de junio del 2009, «estableciendo como medida sustitutoria que el mencionado Ayuntamiento, con los fondos obtenidos por las adjudicaciones litigiosas, deberá disponer de solares en condiciones similares a los que fueron objeto de tales adjudicaciones con la finalidad de construir sobre ellos viviendas con algún tipo de protección oficial», se recoge literalmente en la sentencia.
El TSJ recuerda que una vez vendidas las parcelas, se concedió licencia de obras y de primera ocupación para los edificios, «circunstancias que como ya apuntó esta sala determinan la imposibilidad legal de ejecutar en sus propios términos la sentencia, máxime cuando de los informes técnicos acompañados por el Ayuntamiento de Palencia con su solicitud, resulta que las viviendas controvertidas no pueden destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial».
Asimismo, el TSJ recuerda que la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León establece que únicamente pueden integrar el patrimonio público del suelo los terrenos de naturaleza patrimonial que sean clasificados como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable de uso residencial, categoría que no tienen las parcelas del Sector 8, en las que ya se ha construido.
Esta nueva sentencia del TSJ es similar a otra dictada hace poco más de un mes, en la que el Alto Tribunal declaraba igualmente la imposibilidad material y legal de ejecutar en sus propios términos otra sentencia referida a una venta ilegal de suelo también en el Sector 8, en este caso, para la construcción de 59 viviendas en la calle Marcos de Celis.
El Ayuntamiento de Palencia ha tenido que pedir un préstamo para poder conseguir fondos (casi cuatro millones de euros) con los que comprar los terrenos necesarios para compensar la construcción ilegal de las viviendas de la calle Marcos de Celis. Ante esta nueva sentencia, el Consistorio se ve obligado a buscar financiación con la que sufragar la adquisición de otras dos parcelas, cuyo precio también se sitúa en torno a los cuatro millones de euros.
Estas actuaciones deben efectuarse con premura, puesto que el magistrado titular del Juzgado Contencioso número 1 de Palencia se muestra dispuesto a imponer multas coercitivas a los integrantes del Ayuntamiento si aprecia intención de dilatar el cumplimiento de los fallos judiciales.
* El Norte de Castilla - 12.06.10
Foto: Viviendas de la calle Lola de la Fuente, que no tendrán que ser recuperadas por el Ayuntamiento ni se transformarán en pisos de protección oficial - nortecastilla.es
