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LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado estimar el recurso interpuesto por el Bloc de Altea y anular, por tanto, el PAI Puentes del Algar. El tribunal "tumba" de esta forma la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante adoptada el 31 de enero de 2006 por la que se aprobaba definitivamente una modificación puntual del Plan General y la homologación del citado sector urbanístico. Este plan parcial pretende urbanizar 500.000 metros cuadrados en el entorno a una zona húmeda de especial protección -el río Algar-, con la construcción de unas 6.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, cuatro zonas hoteleras y tres macroáreas comerciales.
La sentencia fue notificada el viernes y tiene fecha del 8 de mayo.
El tribunal fundamenta su decisión en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de una de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, en concreto la relativa a la desclasificación de suelo público en el Plan Especial El Áramo. Ese suelo estaba calificado como no urbanizable y debería pasar a protegido. Con gobierno del PP se inició la tramitación, aunque antes de finalizar su mandato se paralizó, según explicaron fuentes del Ayuntamiento. Con la llegada del nuevo gobierno, PSOE-Cipal, se decidió desestimar la tramitación "hasta que no se solucionara el conflicto existente con las propiedades de algunos vecinos".
Aquel conflicto tenía su origen en que el Consistorio tenía registradas a su nombre algunas parcelas de particulares. La sentencia también pone de manifiesto que el expediente de desclasificación del suelo se puso en marcha "sólo con posterioridad a la interposición del presente recurso". Por ello, para el tribunal "carece de relevancia si dicho expediente ha sido continuado o paralizado con posterioridad, o si introduce nuevos elementos territoriales".
"Se cometieron ilegalidades"
Quienes más satisfechos se encontraban por la resolución eran los ediles del Bloc porque la sentencia "confirma los argumentos contra la urbanización de este paraje y justifica la larga y persistente lucha ante los tribunales". A su juicio, queda acreditado que "el proyecto es insostenible desde el punto de vista medioambiental y, además, que se cometieron ilegalidades en su tramitación y en la adjudicación a la urbanizadora".
Los concejales nacionalistas creen que la petición de 14 millones de euros de la empresa "no tiene fundamento". En opinión de los regidores, el fallo es "un nuevo revés a la política de depredación urbanística a la que nos han sometido tanto el gobierno autonómico como el anterior gobierno municipal del PP". Los ediles Narbó y Ripoll instaron al actual gobierno a tomar medidas para proteger el río Algar.
* Levante-emv - 30.05.10
Foto: Imagen de los terrenos en los que estaba previsto desarrollar el plan parcial. Información
Altea: El TSJ anula un PAI con 6.000 casas y un campo de golf
'Pretoria': Las alcantarillas del oasis
ELPERIÓDICO/Barcelona* : «La política se hace en las alcantarillas», manifestó el exconseller de Economia Macià Alavedra en una conversación telefónica mantenida el 17 de abril del 2009 con el exsecretario general de Presidència Lluís Prenafeta. Los 10.643 folios del sumario del caso Pretoria –en los que se incluye la transcripción de la citada conversación de los dos exaltos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, entre otras muchas– son, hoy por hoy, una prueba concluyente de que Alavedra tienen razón. Cada vez que sale a la luz un episodio de prácticas políticas de particular sordidez, los principales dirigentes de los partidos del país suelen cantar a coro una letanía conocida: son casos aislados, estas cosas ocurren en todos los ámbitos, la política es una actividad noble, no todos somos iguales... Sin embargo, sus voces difícilmente pueden neutralizar el impacto que hoy causa la lectura de diálogos como este...
Alavedra: Nos hemos dejado tomar el pelo por esta gentuza de mierda. Yo estoy indignado. Ahora me gustaría que me dijeran con quién pactarán [CiU] si ganan. Pueden hacer Gobierno con quien convenga, pero con cualquiera, sin complejos. También con el PP, coño. El ejemplo del PSC...
Prenafeta: En 23 años de gobierno un día hubiéramos podido meter una hostia a alguno, fuerte.
A: Pues no, no lo hemos hecho. [...] Y en vez de meter a alguno en la cárcel, nos querían meter a nosotros.
P: Sí, que no hemos ido de puro milagro. Mira a Servitje [exsecretario general de Treball, condenado a cuatro años y medio de prisión por malversación de fondos], al final lo enganchan en una cornada. Pobre Servitje, siempre pringa...
A: Sí. ¡A la cárcel, cojones! [...]
P: Por 45.000 euros.
A: Por 45.000 euros, que es un bote. Pero son muy imbéciles, y la culpa es de haber ganado el tema de Banca Catalana y que a Pujol no le pase nada. Y a partir de ese momento, Pujol se ha desentendido de todos.
P: Como a él ya no le volverán a encausar, ha dicho: «Oye, yo ya estoy tranquilo. [Los exfiscales] Villarejo y Mena no volverán a por mí, que destrocen a quien sea». Y, coño, un poco más y nos destrozan a nosotros. A mí, de milagro...
A: Nos han hecho sufrir estos cabrones. Por nada, por hacer un sacrificio por el país. Y, cojones, no te lo agradece nadie.
La última afirmación de Alavedra –«no te lo agradece nadie»– es cuanto menos discutible a juzgar por las revelaciones del sumario del caso Pretoria, que describe cómo, años después de haber abandonado toda actividad pública, los dos exaltos cargos nacionalistas desarrollaban una productiva actividad como comisionistas a base de aprovechar sus contactos en las altas esferas de la política catalana. En síntesis, el papel de Alavedra y Prenafeta en la trama de Pretoria, tal como aparece descrito en la investigación, consistía en interceder ante distintas autoridades, valiéndose de su relación personal con estas, para que favorecieran determinados proyectos urbanísticos o inmobiliarios. Por esta labor recibían entre un 3% y un 5% del total de la operación, dinero que cobraban a través de sus respectivas sociedades (Versabitur SL y Poliafers SA).
Las presiones del dúo Alavedra-Prenafeta no se dirigían hacia cargos intermedios o periféricos, sino que apuntaban al centro mismo de la administración catalana. Un ejemplo: conocedores de la intención del Govern de la Generalitat de ir trasladando las sedes de las conselleries que se hallaban en inmuebles alquilados a edificios de propiedad pública (un proyecto que empezó a tomar cuerpo en la época de Pasqual Maragall), los comisionistas pretorianos no dudaron en acudir a las más altas instancias para mediar en favor de una inmobiliaria (Espais, del empresario Lluís Casamitjana) que les retribuía generosamente sus servicios. Las más altas instancias no eran otros que los propios consellers competentes en cada caso.
El conseller que aparece citado más veces en el sumario del caso Pretoria es el de Economia, Antoni Castells, que, por lo que se desprende de las conversaciones incluidas, mantenía una relación de cordial camaradería (no sería un exceso verbal decir amistad) con el que había sido su antecesor en la época de Pujol. Macià Alavedra no tuvo reparo en utilizar ese vínculo personal para pedir reiteradamente a Castells que actuara en favor de la venta de un edificio de Espais a la Generalitat para ubicar allí la sede de la Conselleria de Acció Social i Ciutadania. Prenafeta también trató de persuadirle. La operación no prosperó. Los diálogos entre ellos no permiten inferir, en ningún caso, que el conseller colaborara con los comisionistas, pero sí revelan que conocía de primera mano los manejos de la pareja en las alcantarillas de la política, por emplear la elocuente expresión de Alavedra.
La siguiente conversación tuvo lugar el 20 de abril del 2009.
Alavedra: Hemos quedado para el día 19.
Castells: Sí, eso me han dicho ahora.
A: Pero tengo al pequeño [Prenafeta] que no deja de marearme.
C: ¿Por qué? ¿Está nervioso? Si yo pensaba que la cosa con el Salazar... [se refiere a Miquel Salazar, que en esas fechas acababa de dejar el cargo de secretario de Política Financera y había sido relevado por Jordi Pericàs].
A: Que dice que te quiere ver.
C: Pero [...] una reunión él, tú y yo, es que es muy raro, a ver si me entiendes. Él a veces con quien tiene que verse..., ya se ve con quien toca.
A: Yo no tengo que estar para nada.
C: Ya le llamaré. Yo ya he hecho una reunión con él, con Casamitjana, con Salazar [...]. Hemos reconducido las cosas y me consta que se estaban haciendo. [...]
A: Dile que a mí no me moleste más, que está como desesperado.
C: Me ha llamado aquí. Mi secretaria dice que el señor Prenafeta... si podemos hacer una reunión el señor Alavedra, él y...
A: El señor Alavedra para nada.
C: Es que queda muy raro, Macià. Es mezclar las cosas.
A: Es que es tonto este tío.
De la investigación del caso Pretoria se deduce que, en cualquier caso, el acoso de los comisionistas a la administración autonómica no dio fruto. Más suerte tuvieron en el ámbito municipal. Y ahí resultó fundamental el concurso de Luis García, Luigi, un exdiputado del PSC con una agenda telefónica de lo más provechosa (más de 400 números, preferentemente de políticos y empresarios de la construcción) y excelentes contactos en diversos ayuntamientos de los alrededores de Barcelona: Badalona, Sant Andreu de Llavaneres, Montcada i Reixac y, por encima de todos, Santa Coloma de Gramenet. Los pelotazos urdidos por Luigi –la operación Pallaresa, en Santa Coloma; Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres, y Marina Badalona–, ya han sido prolijamente relatados, pero el seguimiento de la connvivencia entre el conseguidor Luis García y el entonces alcalde colomense, Bartomeu Muñoz, ha permitido además destapar unos modos de hacer política municipal radicalmente alejados de los principios de honestidad, transparencia y ecuanimidad que llegado el momento de las campañas electorales se convierten en divisa de todo candidato.
El sumario describe un episodio que nada tiene que ver con las irregularidades urbanísticas pero sí mucho con la corrupción entendida como una espiral de injusticia y degradación moral que, una vez liberada, se apodera de todos los ámbitos de la actividad pública:
En mayo del 2009, Bartomeu Muñoz recibe una llamada de una mujer, R.M., que le comunica que se presenta a unas oposiciones para auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y le explica que hay 36 plazas para 38 candidatos. El alcalde le dice «que ya se ocupa él, que se quede tranquila». Poco después, Muñoz llama a Pascual Vela, director de servicios del consistorio, y le explica el caso. «Tengo altísimo interés en una tía», le dice. Las llamadas para interesarse por el caso se repiten, y Vela le aclara que uno de los candidatos no reúne las condiciones y que ya solo hay que suspender a uno. Una vez pasado el examen, el alcalde vuelve a hablar con su director de servicios.
Vela: El tribunal decidió que el profesor que habían tenido en el curso de formación les corrigiera el examen. Entonces, ahí no podemos hacer nada. [...]
Muñoz: A este profesor, ¿quién le paga?
V: Nosotros, nosotros.
M: Eh, que suspenda alguien, tú. [...]
V: A ver, nosotros, lo que hemos mirado es que sí sale. Pero, claro, el problema está en que quien corrige los exámenes esta vez es el que les dio clases.
M: Sí, pero, este tío querrá seguir dando clases, ¿no?
* El Periódico - 27.05.10
Foto: Luis García, ‘Luigi’, recoge sus pertenencias al llegar a la Audiencia Nacional el 30 de octubre del 2009. - elperiodico.com
El Consell rebaja los requisitos para construir en suelo no urbanizable
ELPAÍS/Valencia* : El Consell ha decidido revolucionar las normas urbanísticas por decreto ley y sin consenso político. La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, anunció ayer -en ausencia del titular de Medio Ambiente, el vicepresidente Juan Cotino- la aprobación de un decreto destinado a facilitar "la implantación en suelo no urbanizable de actividades productivas". La nueva regulación pretende estimular la instalación de "casas rurales, tiendas de productos agrícolas o de plantas ornamentales y frutales, estacionamientos de vehículos y maquinaria, campamentos de turismo y centros deportivos o recreativos, y centros educativos y sanitarios" en suelo no urbanizable.
Para ello, la nueva regulación establece "un nuevo procedimiento de urgencia" para tramitar la implantación de actividades productivas en suelo no urbanizable que permitirá obtener en un plazo máximo de tres meses la declaración de interés comunitario. El decreto elimina la obligación de que las casas rurales se sitúen a más de cinco kilómetros de distancia del casco urbano y permitirá que la parcela sea inferior a la media hectárea si la Consejería de Turismo considera que el establecimiento tiene interés. A los campamentos de turismo y centros deportivos se les exime de la obligatoriedad de reservar al menos la mitad de la parcela para uso agrario o forestal. A los centros educativos y sanitarios se les permitirá que computen sus espacios libres (pistas deportivas o aparcamientos) en la obligación de dejar sin edificar la mitad de la parcela no urbanizable.
La nueva normativa anula la reversión automática del suelo que haya sido reclasificado a urbanizable en caso de que no se ejecute el plan de actuación urbanística (PAI) previsto. La medida, válida hasta 2013 con posibilidad de prorrogarse, pretende que los ayuntamientos puedan volver a poner en marcha sus proyectos urbanísticos cuando pase la crisis o, si lo deciden expresamente, revertir el suelo a no urbanizable.El decreto ley, que abre la mano a la implantación de negocios en suelo no urbanizable, modifica parcialmente la Ley Urbanística Valenciana (LUV), la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) y la Ley de Suelo No Urbanizable y sus reglamentos. Una legislación que el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, quiere reformar y simplificar. El pasado mes de febrero Cotino presentó el borrador, encargado por su antecesor ya fallecido José Ramón García Antón, y elaborado por algunos de los mejores especialistas de España para acabar con una etapa de caos legislativo y urbanismo salvaje que mereció la reprobación de la Unión Europea. El decreto ley es un avance del proyecto que prepara Cotino.
La norma aprobada por el pleno del Consell reduce la burocracia, pero también la publicidad y la transparencia de los planes urbanísticos. Así, se elimina la obligación de publicar los planes urbanísticos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). A partir de ahora solo será necesario publicar el acuerdo de aprobación y la normativa del plan urbanístico, sin los planos de ordenación, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
La nueva norma suprime el concierto previo para la tramitación de planes generales, la preceptiva cédula territorial de urbanización para tramitar planes que modifiquen la estructura del plan general y la necesidad de que los suelos dotacionales de red primaria (parques, infraestructuras de transportes y comunicaciones, etc.) adscritos a un sector estén colindantes con este.
Entre las medidas que incluye el decreto está la eliminación de la declaración de interés comunitario para reformas sin ampliación exterior de edificios autorizados en suelo no urbanizable. Con el decreto, los ayuntamientos podrán reducir hasta la mitad el canon por actividades en suelo no urbanizable y otorgar prórrogas o fraccionamientos del mismo. El dinero que recauden los municipios por estas actividades en suelo no urbanizable se podrá gastar sin necesidad de tramitar programas de sostenibilidad, como hasta ahora. El dinero se podrá destinar a vivienda protegida y, si el municipio ya tiene sus necesidades cubiertas, a parques, casas de cultura, polideportivos, etc.
También se eliminan restricciones para actuaciones de renovación o reforma interior en centros históricos o barrios con industria.
Por otra parte, el pleno del Consell también aprobó ayer la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial del Corpus Christi en Valencia, que incluye la catedral y la práctica totalidad de las parroquias del centro de la ciudad y elementos muebles como las rocas y la indumentaria de los personajes de la procesión.
En la misma reunión del Consell se decidió convertir el decreto de autoridad del profesorado en proyecto de ley y ampliar su ámbito de aplicación a la escuela concertada. El Ejecutivo de Francisco Camps también decidió destinar 13 millones de euros a construir los accesos del futuro aeropuerto de Castellón.
La nueva regulación urbanística
- Los antecedentes. La aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) alentó un urbanismo salvaje, que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) solo complicó más. Tras las denuncias de la Unión Europea, el Consell anunció una ley negociada con la oposición que acabase con la inseguridad jurídica y simplificase los trámites.
- El decreto-ley. Permite adelantar los aspectos que el Consell considera prioritarios de la nueva reglamentación urbanística en preparación, que refundirá todas las leyes. Se aprueba tras hablar con ayuntamientos y promotores, pero no con la oposición.
- Las novedades. Pretende fomentar la implantación en suelo no urbanizable de negocios que generen empleo; impide que la caducidad de un PAI signifique la desclasificación del suelo como urbanizable, y reduce la burocracia pero también la transparencia.
* ELPAIS.com -30.05.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
La Xunta debería derribar diez obras ilegales cada semana para resolver las órdenes dictadas
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FARODEVIGO* : Tras décadas de vista gorda por parte de la administración, las excavadoras irrumpen en los solares para tumbar cientos de edificaciones ilegales. Desde la creación en 2008 de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la Xunta derribó ya 50 obras construidas sin licencia municipal ni autorización autonómica. Ocho de ellas en lo que va de año –cuatro en la provincia de Pontevedra y otras tantas en Lugo–. Pero la lista de viviendas, hoteles y naves amenazadas por la piqueta va en aumento. En la actualidad, el Gobierno gallego tiene sobre la mesa un total de 286 demoliciones pendientes de ejecución, lo que supondría una media de diez derribos a la semana en lo que resta de año para dar carpetazo a las órdenes irrevocables de derribo dictadas por la APLU.
El balance de los dos últimos años puede parecer pequeño, pero supone un paso de gigante si se compara con las demoliciones ejecutados durante los últimos años. Antes de la creación de APLU por parte del bipartito, y tras casi tres décadas con las competencias en materia de urbanismo transferidas , el Gobierno gallego sólo consiguió completar con éxito la demolición de una vivienda. Fue a partir de 2008 cuando la Xunta dio un impulso a los derribos de obras ilegales con la puesta en marcha de la agencia de control urbanístico: cinco obras ilegales demolidas en 2008, 37 en 2009 y ocho entre enero y abril de este año.
Para impulsar los trabajos de demolición de obras ilegales, el Gobierno de Feijóo –pese a recortar las competencias y el personal de la APLU tras la destitución del anterior director– ha reservado para este año 600.000 euros, lo que supone un 25% más del presupuesto asignado el año pasado y cuatro veces más que el de 2008.
89 en Pontevedra
De las 286 órdenes de demolición pendientes de ejecutar, la provincia de A Coruña es el mayor volumen con un total de 104 (36,3%), seguida por Pontevedra, con 89, lo que suponen un 31,1% del total. Mientras que el interior de Lugo y Ourense registran la tasa más baja de órdenes de ejecución, con un total de 45 y 48 respectivamente. En cuando a las ejecutadas en lo que va de año, según datos de la Consellería de Medio Ambiente, dos se llevaron a cabo en el municipio de Poio –ambas obras demolidas eran viviendas–, una en Bueu, también una casa; otra en Nigrán –una nave industrial–, así como tres demoliciones de viviendas en las localidades lucenses de Palas de Rei, Conturís e Vilamarín, y un remolque situado en suelo rústico de protección natural en Foz.
Una de las últimas órdenes de demolición de la APLU fue dictada a finales de abril y afecta a 52 chalés construidos a cien metros de la playa de Balea, en O Grove. Tres meses es el plazo del que dispone la promotora que levantó la urbanización para demoler las casas y restituir la situación original.
Y uno de las primeras sentencias de derrumbe promulgadas por la agencia de control urbanístico afectó a una vivienda de la provincia de A Coruña. Los inquilinos del chalé de planta baja construido en Arteixo en el punto de mira de la APLU no contaban con el correspondiente permiso de la Xunta. La orden derribo de la vivienda, de 122 metros cuadrados en suelo rústico protegido por la normativa de costas, se dictó enero de 2008 y fueron necesarias varias multas coercitivas para lograr que los dueños restituyeran la legalidad.
Y es que antes de que una orden de demolición sea firme, el propietario suele agotar todas las vías administrativas y judiciales a su alcance. E incluso una vez agotadas, la APLU debe cumplir hasta 16 pasos diferentes (iniciar el expediente de contratación del derribo, encargar el proyecto de coordinación y seguridad, presentar la solicitud ante la autoridad judicial competente…) para poder ejecutar la demolición. Una vez que la Xunta emite una orden de derribo, son los propietarios los responsables en primera instancia de su ejecución. Pero si no acatan la orden, la ley permite imponer multas coercitivas para forzar al infractor a cumplir. Si tras siete apercibimientos por parte de la agencia urbanística, con sus correspondientes multas, el infractor no ejecuta la demolición ordenada, la APLU se hará cargo de forma subsidiaria asumiendo todos los gastos, que podrá reclamar después al responsable.
La compleja y larga tramitación de los expedientes de derribo explica por qué las órdenes de demolición fueron casi anecdóticas en Galicia durante las últimas décadas, cuando las únicas construcciones que se derribaron fueron obras menores como muros o galpones.
Pero desde la creación de la APLU, las excavadoras echaron abajo chalés e incluso edificios enteros construidos en suelo rústico sin contar con la licencia municipal o la preceptiva autorización por parte de la Xunta.
* Faro de Vigo - 30.05.10
Foto: Nigrán (Pontevedra) - mma.es
La otra cara de la burbuja inmobiliaria
RAMÓN LÓPEZ* : Magnífico el artículo de José Ignacio Torreblanca (EL PAÍS, 24 de mayo). Un país que presume de tener más kilómetros de autopistas y de AVE por millón de habitantes que nadie y que ha construido durante años más viviendas que toda Europa central junta tiene bastante de caja tonta, es como un ordenador de última generación sin programas y con un usuario digitalmente analfabeto. La otra cara de la sobreinver-sión en infraestructuras no es desde luego hacer el país más competitivo o más eficaz, sino simplemente apoyar el despliegue de la sobreurbanización de la costa y de las periferias próximas y lejanas de sus áreas urbanas y metropolitanas. Ambos excesos, el boom de las infraestructuras y el del ladrillo, pueden verse como dos caras de la misma moneda: enterrar la inversión pública y el ahorro privado -y buena parte de la deuda exterior- en bienes improductivos, al menos a partir de un cierto nivel que hemos sobrepasado hace al menos una década.
Se recorta el presupuesto de Innovación y Desarrollo, se escatima en educación técnica y superior o en gasto social, pero se pretende seguir construyendo cientos, si no miles, de kilómetros de autopistas infrautilizadas, se exige que Santander y Teruel estén directamente conectados por AVE y se permite clasificar y urbanizar suelo para centenares de miles de nuevas viviendas a decenas de kilómetros de Madrid. El perfecto retrato de un modelo de desarrollo anticuado e insostenible.
Pero en cuanto se suavice la crisis insistiremos en él, sea quien sea el partido que ocupe el poder. Recordemos que el PEIT (Plan Especial de Infraestructuras del Transporte) del PSOE es un calco del PEIT que en su día aprobó el PP, y la costa andaluza, de algún modo, un remedo marítimo de los secarrales periféricos madrileños o vallisoletanos.
* RAMÓN LÓPEZ, (Catedrático de Planeamiento Urbanístico en la Escuela de Arquitectura.) - Madrid
* ElPAIS.com - 28.05.10
Galicia: Medio Ambiente desprotege el Miño para construir una autovía
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ELPAÍS* : La desembocadura del río Miño es costa a todos los efectos. Tanto es así que está afectada por el deslinde de dominio público marítimo-terrestre hasta más allá de Tui, adonde llegan los efectos de las mareas. Es además Red Natura y está declarada Reserva de la Biosfera, pero el Plan de Ordenación del Litoral (POL) no la protege. "No reúne las condiciones geomorfológicas ni paisajísticas necesarias", sostiene la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. La desprotección de la ribera a la altura de Tomiño permitirá a la misma consellería construir una autovía pegada al cauce del río.
El pasado marzo, la Xunta anunció que descartaba el trazado del tramo central de la vía de alta capacidad Tui-A Guarda que había seleccionado el Gobierno bipartito, que circunvalaba Tomiño por el norte. Se decantaba por el trazado sur, pegado al río. Por las mismas fechas, la consellería que dirige Agustín Hernández ultimaba el Plan del Litoral. En lo que afecta al Miño, el POL establece distintos tipos de protección desde A Guarda hasta el puente internacional de Goián. Ahí es donde empieza el tramo de autovía paralelo al río, y ahí es donde la protección del Miño desaparece por completo.
Todo ello, a pesar de que la ribera de los ríos merece en el Plan del Litoral la mayor de sus categorías de blindaje, la de área de protección, que afecta a 200 metros a cada lado del cauce. Esta reserva, que se aplica incluso a regatos por los que no fluye el agua desde hace años, como han denunciado numerosos ayuntamientos, no será efectiva Goián arriba en el caso del Miño.
La Xunta ha optado por declarar la zona como prelitoral, libre por lo tanto de cautelas ambientales especiales. La explicación de la consellería es que ni la salinidad del agua ni la influencia de las mareas son "variables definitorias" para establecer ámbitos de protección. En el caso de la salinidad, por ser "muy variable temporal y espacialmente", y en el de las mareas, porque carecen "de rango fijo". "En ríos franceses este influjo supera los 100 kilómetros", argumenta la Xunta. Sí son definitorias para el POL, en cambio, las formaciones vegetales de la ribera y la morfología del canal, valores que la consellería no aprecia en ese tramo del Miño.
No habrá por lo tanto entre Goián y Tui cautelas ni siquiera paisajísticas, que de establecerse impedirían la construcción de este tramo del vial, de 10 kilómetros. La mitad de ellos, los más próximos al puente de Goián, ocupan una franja muy próxima al río, con terraplenes y viaductos incluidos. Uno de ellos, de 1.900 metros de longitud y apoyado en columnas de 11 metros de altura. Según sus detractores, se convertirá en un muro entre el río y los valles de Tomiño, que contrasta con las cuidadosas actuaciones de conservación que se llevan a cabo del lado portugués.
El impacto ambiental de la alternativa sur, cuyo presupuesto es superior en un 22% al de la norte, está provocando una fuerte contestación social y política. Los socialistas han presentado iniciativas en el Parlamento para reclamar al Gobierno de Feijóo que retome el trazado que propuso el bipartito. El Ayuntamiento de Tomiño, mientras, mientras, ha alegado con un informe en el que reclama que se abandone la alternativa elegida. Un grupo de 220 vecinos también ha creado una plataforma de rechazo.
Los efectos de la autovía contrastan con los objetivos que cita el Plan del Litoral, que propone dotar a las riberas de los ríos de "un valor añadido como espacios necesarios para el buen funcionamiento del sistema". El POL aboga por "preservar la biodiversidad de los ecosistemas" de los ríos y por la "puesta en valor de ese rico patrimonio". Para la Xunta, el patrimonio del Miño acaba en Goián.
Denuncia admitida
Mientras la Xunta sigue adelante con su proyecto, los afectados no se han quedado quietos. Unos 200 se han constituido en una plataforma que pretende paralizar lo que consideran una aberración medioambiental. Han presentado una denuncia en la que reclaman la paralización del proyecto, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la ha admitido a tramite. Se trata de un recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación de afectados Plataforma Cidadá para a Vía de Alta Capacidade, en contra de la resolución de la Dirección Xeral de Infraestructuras en la que se aprueba el estudio informativo del tramo.
Tanto los vecinos como el Ayuntamiento de Tomiño recuerdan que el tramo elegido oficiosamente por la Xunta -los dos están expuestos al público, pero la consellería ya se decantó por el sur- no dispone de declaración de impacto ambiental. La Consellería de Medio Ambiente trata de sacar adelante el proyecto con el estudio de otra alternativa anterior, manejada en el Gobierno de Fraga, sólo similar a la que ahora se propone. "Su caducidad es patente", sostienen las alegaciones del ayuntamiento. El proyecto carece además de proyecto de integración paisajística, programa de vigilancia ambiental y métodos de control.
* ELPAIS.com - 29.05.10
Foto: Tui (Pontevedra), desembocadura Miño - pueblos-espana.org
Martín Pallín alerta de que la llegada de mafias está ligada a la ´locura urbanística´
INFORMACIÓN/Alicante* : El mensaje fue claro y preciso: "Pérdida de ética y corrupción de la clase política, derivada del urbanismo especulativo que financia a los partidos políticos". Esa fue una de las conclusiones de la jornada sobre Urbanismo Insostenible y Corrupción Política celebrada ayer en Almoradí, que ofreció una visión crítica del desarrollo urbanístico y la corrupción desde el punto de vista económico, judicial y político.
El magistrado emérito de la Sala II del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín dibujó un panorama sombrío al analizar las aspectos más negativos de "la locura" urbanística que se ha cebado especialmente en zonas económicamente dependientes de la construcción como la provincia de Alicante. "No sólo porque la crisis mundial aquí tiene mayor incidencia. También porque se trata de un sector que ha ido en contra de un turismo que debe ser atractivo, sostenible y rentable". Un sector, aseguró el veterano jurista, que tiene mucho que ver en la aparición de mafias relacionadas con el tráfico de armas y drogas, y "todo, por el dinero fácil y la falta de escrúpulos", aseguró Pallín.
El magistrado alertó sobre la envergadura de la corrupción asegurando que "nunca una sociedad democrática ha sido derribada por el terrorismo, pero por la corrupción sí". Y fue más allá al relacionar la corrupción urbanística con entidades financieras "normales y legales" que "mantienen actividades paralelas en paraísos fiscales. La única forma de desactivar las finanzas ilegales y los paraísos fiscales es disminuir la corrupción, un negocio con infinidad de variedades". Tras destacar la "inseguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas" valoró que las penas de prisión no sólo deben ser aplicadas a aquellas personas no integradas en la sociedad "también por aquellas integradas que han alcanzando un alto estatus económico, y social, de conocimientos, pero que han fallado en lo ético y lo social dejando de lado la legalidad y cogido el atajo de actividades ilícitas".
Decomiso
En este sentido dijo que el Código Penal "se resistía" hasta ahora a que por este tipo de delitos se entrara en prisión. Sobre la legislación urbanística dijo sentirse "desmoralizado" porque muchas sentencias de derribo no se cumplen, por ello, y como vía alternativa apostó por que "se decomise el producto al igual que cuando se detiene a un traficante con un kilo de cocaína".
* Información - 29.05.10
Foto: En el encuentro sobre urbanismo de ayer en Almoradí participó el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín, en el centro - diarioinformacion.com
Álora: Una denuncia del Seprona salpica al Consistorio por prevaricación omisiva
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MÁLAGAHOY* : Un nuevo caso de urbanismo irregular se cierne sobre la comarca del Guadalhorce. En esta ocasión es el Ayuntamiento de Álora el que se ha visto implicado a raíz de una denuncia que la Guardia Civil ha remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente por la supuesta construcción de forma irregular de una vivienda sobre suelo no urbanizable y por la que el alcalde del municipio, el socialista José Sánchez, podría verse salpicado por un presunto delito de prevaricación por omisión.
* Málaga Hoy - 29.05.10
Foto: En las diligencias puestas en conocimiento del fiscal, se hace también referencia al constructor y al promotor de la construcción, al parecer, un extranjero de origen británico propietario de la parcela que podrían ser responsables de un presunto delito contra la ordenación del territorio al haber llevado a cabo una obra no autorizable en suelo rústico, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.
La vivienda en cuestión fue descubierta por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en una inspección rutinaria llevada a cabo en la zona. Lo que llamó la atención de los agentes es que además de está casa, ya construida con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados y una piscina de unos 168 metros cuadrados, había otra en obras y una pequeña piscina también en ejecución.
Esta segunda construcción estaba a una distancia de entre 300 y 400 metros de la residencia principal y tras la averiguaciones de la Guardia Civil se determinó que contaba con una licencia municipal pero únicamente para levantar una nave de aperos. Sin embargo, en las diligencias realizadas por la Guardia Civil consta que, al parecer, se había construido un porche y se había distribuido su interior. En cuanto a la piscina, el propietario de la finca tampoco contaba supuestamente con permiso.
El Seprona requirió entonces por escrito al Ayuntamiento de Álora información sobre la situación de esta construcción, aunque supuestamente no constaba que se hubiera abierto ningún expediente ni sancionador ni de restablecimiento de la legalidad urbanística alterada. Y eso a pesar de que, al parecer, la Policía Local del municipio realizó una inspección a la construcción hace dos años.
Sin embargo, según precisaron las mismas fuentes, el Ayuntamiento no incoó entonces ningún expediente y la construcción continuó supuestamente adelante.
Fue a raíz de la investigación llevada a cabo por los agentes del Seprona cuando, al parecer, el Consistorio inició un procedimiento administrativo contra el promotor de la obra presuntamente irregular que se estaba ejecutando sobre suelo no urbanizable.
De ahí, que la Guardia Civil haya remitido al fiscal de Medio Ambiente unas diligencias en las que el alcalde de Álora podría estar implicado en un presunto delito de prevaricación omisiva, ya que el instituto armado entiende que debería haber actuado paralizando la obra en el momento que se tuvo conocimiento de su supuesta irregularidad.
Este periódico se puso en contacto con el alcalde de Álora, José Sánchez, que aseguró ayer "no tener ni idea del tema porque nadie me ha dicho nada", aunque matizó que su Ayuntamiento "siempre ha abierto un expediente sancionador cuando ha habido que hacerlo" al igual que se le aportado al Seprona "toda la documentación requerida".
Ahora será la Fiscalía de Medio Ambiente la que tendrá que decidir en base a la investigación del Seprona si sigue adelante con este caso, en el que no se descarta que haya más implicados.
Es el segundo caso de presunto urbanismo ilegal en la comarca en apenas dos meses después de otro destapado en Coín.
* Málaga Hoy - 29.05.10
Foto: Álora (Málaga), vista - malaga101.com
'Pretoria' se extiende por el Barcelonès
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ELPAÍS/Barcelona* : La mancha de la corrupción se extiende por el Barcelonès. La revelación del sumario del caso Pretoria -que implica a los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres- añade más administraciones a la lista. Un informe de la Guardia Civil, basado en escuchas y seguimientos, revela que el gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès, Imanol Pujana, y el alcalde de Sant Adrià de Besòs, Jesús María Canga, ambos socialistas, intentaron amañar un concurso -finalmente impugnado- para que el arquitecto del agrado de la trama diseñara un tanatorio.
Bartomeu Muñoz, el ex alcalde de Santa Coloma imputado en el caso, propuso el negocio a Luis García Sáez, Luigi, el cerebro de la trama. Muñoz llamó a Luigi y le aconsejó sobre cómo convencer a los dos responsables políticos para amañar la adjudicación: de Pujana le explicó que buscaba colocar a su hijo, arquitecto, en un gabinete reputado; de Canga le detalló que buscaba trabajo para su esposa. "Esto te lo arreglo yo en tres minutos", le respondió Luigi.
Luigi empezó a mover los hilos y se citó con Pujana, que, según la investigación, asumió el apaño con la aquiescencia de Canga, informado de todos los movimientos por el propio Luigi. Estos hablaron varias veces, y en una ocasión Canga le dejó claro que las adjudicaciones se presentaban "mangoneadas ya" en el pleno municipal.
Luigi movió los contactos y habló con el arquitecto Josep Ribas -elegido por el promotor de Cubics en Santa Coloma, Enric Viñas- para redactar el proyecto. La licitación se fechó en octubre de 2009. Cinco meses antes del concurso, Ribas visitó el terreno donde se ubicaría el tanatorio y recibió de Pujana las instrucciones para ganar la adjudicación. "En tus manos está ", le dijo Luigi al arquitecto, y le tranquilizó: "Lo tengo clarísimo. El tanatorio, al señor Ribas". La llamada, concluye el sumario, deja claras las "intenciones del grupo: la adjudicación del concurso al señor Ribas con la intermediación de Luis García y la influencia de Muñoz, Pujana, y Cangas".
Una vez cerrado el contrato, Pujana y Luigi hablaron de comisiones: "Primero hace falta saber quién da todo y después cómo repartimos", le avisó el gerente comarcal, que aparece en el sumario relacionado con otros negocios ilegales en Santa Coloma.
El amaño del tanatorio se truncó porque las otras empresas que pujaron por la adjudicación la impugnaron. Sin embargo, las diligencias de la Guardia Civil dejan claro que, pese a que falló el negocio, se realizaron "todos los actos necesarios para la adjudicación a estas personas del concurso".
Los implicados negaron ayer las acusaciones que se desprenden de la investigación. Fuentes del Consejo Comarcal del Barcelonès aclararon que el proyecto nunca se adjudicó porque "poca gente muere en Sant Adrià". Su alcalde desmintió haber negociado con el cerebro de la trama: "Con Luigi he hablado mil veces. La habilidad que he tenido yo es sacarme a este tío de encima como buenamente he podido", aseguró Canga. También negó haber dicho que las adjudicaciones estaban "mangoneadas". "Es imposible. ¿Cómo voy a decir eso?".
Ribas, que reconoció haber contratado "en prácticas" al hijo de Pujana, aseguró que solo fue consultado por el gerente porque había diseñado otros tanatorios y aclaró que nunca aceptaría "concursos amañados". La misma versión sostuvo el gerente ante la Guardia Civil. Los interrogadores aseguran que mintió.
* ELPAIS.com - 28.05.10
Foto: Badalona (Barcelona) - J.Sánchez (El País)
"Si la gente se entera... nos harán la piel tireta"
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ELPAÍS/Barcelona* : En la agenda de Luigi, como se conoce a Luis García Sáez -el presunto cerebro de la trama Pretoria-, aparece en no pocas ocasiones el nombre "E. Mas". Luigi mantenía una relación fluida con Emili Mas, ex gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), dependiente de la Generalitat, un hombre por el que el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, no dudó en poner "la mano en el fuego". Pero el fiscal considera que podría haber cometido un delito de asociación ilícita y de negociaciones y actividades prohibidas a un funcionario público.
Según el sumario, Mas elaboró un informe para Santa Coloma siendo gerente del Incasòl y pudo intervenir en los pelotazos de Cerdanyola y El Prat. Mas también despachaba los asuntos de Santa Coloma y su constructora municipal, Gramepark, con Luigi cuando este no tenía ningún cargo dentro de la empresa ni en el Consistorio.
-¿No tenemos una ARE [área residencial estratégica]? ¿Y no tenemos terrenos en la ARE? Que no lo haga Regesa, lo concesionamos y el que compra la concesión compra una parte de la propiedad de Gramepark y nos salva del lío -le indica Luigi.
-En eso estoy, te lo cuento el martes.
Mas conocía, según la conversación, cuál era ese "lío", presuntamente la situación precaria de las finanzas de Gramepark, de acuerdo con las conversaciones que hay en el sumario. En esa llamada, Luigi y Mas negocian sobre la edificabilidad del área residencial estratégica, que en principio está pensada para vivienda pública. Pese a ello, Mas espeta: "¿Y dónde está dicho que tenga que ser vivienda de protección residencial. Tú, le pagamos en libre por el importe de la hipoteca y a tomar viento". Emili y Luigi están de acuerdo en que la ARE debe plantearse desde un punto de vista empresarial.
-Si la gente se entera, me matarán.
-Nos harán la piel tireta, y más cuando ves que la lista son moritos -dice Mas, en una supuesta referencia a los adjudicatarios de vivienda social.
Mas comentaba con Luigi la posibilidad de que Gramepark accediera a créditos del Instituto Catalán de Finanzas. Un informe de la Guardia Civil se refiere a la "relación profesional" entre ambos, "encaminada a la búsqueda de soluciones para los diferentes proyectos municipales". Es más, Emili Mas entraba dentro de esa rueda en la que todos descalificaban a todos. Luigi se refería al ex alcalde Bartomeu Muñoz como "el señorito", y este, a su vez, hablaba de Mas como "el tonto del haba de Emili".
En otra ocasión, el 11 de mayo, Luigi habla con el constructor Jordi Mensa sobre una cita que tiene con Emili Mas un viernes. El empresario se queja de que Mas piensa que su empresa ya tiene muchas obras adjudicadas. "No es así", sostiene. Luigi le sugiere que le pase una nota para Emili Mas, a lo que responde el empresario, refiriéndose a una lista de obras públicas que quiere levantar:
-Te hago una que esté en color verde. Que el color verde es como un semáforo, que es la que nos gusta, y hay unas que están en amarillo, en ámbar, que dices: hombre, si no nos pueden dar una de las verdes, que nos den una de las amarillas.
* ELPAIS.com - 28.05.10
Foto: Santa Coloma (Barcelona), ayuntamiento - efe
Tres oportunidades para jugar a la ruleta rusa del crecimiento irracional
El comienzo del año 2010 ha traído varias noticias relacionadas con el dinero público en nuestra ciudad y cómo el Ayuntamiento se dispone gastarlo. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* de Alcalá de Henares procura no seguir la zanahoria y el palo que desde los gabinetes de prensa de los distintos poderes locales nos suelen mostrar, y por ello hemos esperado a que se produjeran varias acciones políticas para poder tener una visión más global e integrada del gasto público local. Así, hemos esperado a que terminase el periodo de exposición pública del presupuesto municipal 2010 y las posibles alegaciones, que era lo último cronológicamente, para ofrecer nuestra opinión al respecto.
El Plan Estatal para el Fomento y la Sostenibilidad con el cual se accedía a más de 22 millones, debía promover, entre otras sostenibilidades, la sostenibilidad ambiental (ahorro y eficiencia energética y de recursos hídricos; accesibilidad y uso de energías renovables; movilidad urbana sostenible; refuerzo de medios de transporte menos contaminantes), y para el cual Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares ofreció al gobierno municipal varias decenas de propuestas.
La resolución del Plan ES fue una auténtica decepción. Los proyectos adjudicados para preservación del medio ambiente o para los proyectos sostenibles ambientalmente eran testimoniales. Tres únicos proyectos para la sustitución de luminarias en las vías públicas (4,7% del presupuesto total) y el proyecto de seguir perpetrando “vías ciclables” por la ciudad (6,8% del total).
Y si en el Plan ES fue decepcionante, el anuncio de las inversiones previstas de más de 16 millones con cargo al Plan Prisma 208-2011 fueron la reiteración en el error de seguir configurando una ciudad inviable en un futuro próximo. Casi 50 infraestructuras nuevas para fomentar la peor movilidad posible: la particular, individual y motorizada. Eso sí, con la guinda “verde” de una pasarela para el puente del Zulema.
En ninguno de los dos casos nada nuevo ha salido de las oficinas municipales para intentar cambiar el modelo productivo e intentar asegurar la sostenibilidad futura de la ciudad. Más de lo mismo para seguir jugando a lo mismo que nos ha metido en la profunda crisis ambiental, económica, social y financiera que vivimos.
Finalmente quedaba por saber cual sería la apuesta del presupuesto municipal 2010 en este momento de cambio necesario y urgente. Y la apuesta del gobierno municipal fue volver a jugar en la ruleta del casino del crecimiento irracional.
Ni un solo cambio en el modelo de ciudad, ni en el modelo productivo, ni en fomentar una ciudad sostenible. Aunque es verdad que esta vez se hace un esfuerzo de gasto… basado en fomentar las dinámicas de nueva construcción y actividad comercial o industrial sea la que sea.
La presentación mediática de los presupuestos por capítulos sin hacer referencia a los programas y a las partidas dentro de esos programas que aparecen, desaparecen o cambian es hacer una lectura parcial y no objetiva de los mismos. Por eso es siempre más democrático dejar que los/as cidudadanos/as alcalainos/as puedan acceder directamente a los datos. De ello hablaremos más adelante.
Tomemos como ejemplo el presupuesto destinado a Medio Ambiente. Oficialmente se anuncia que se mantendrán los servicios del año anterior, pero que el presupuesto aumenta un 16,7%. Se nombran cosas obvias, pero simplemente leyendo partida a partida son detectables partidas que provocan preguntas tanto por lo que enuncian y por el silencio de los cargos públicos sobre alguna de ellas.
El dinero asignado al abastecimiento energético casi llega a 900,000 euros. Sin modificación respecto a 2009 ¿Donde están los planes de ahorro energético y las inversiones del Plan ES? Partida nueva de “Control de Zonas Verdes”, 60,000 euros ¿para controlar el trabajo de la concesión de la limpieza, cuando los responsables municipales de medio ambiente no se han cansado de repetir que es un servicio eficiente y ya controlado? A la “Campaña de Educación Ambiental” no le afecta la subida del 16,7% general y se queda en los 2,000 raquíticos euros de 2009.
Mucho han hablado los responsables municipales sobre las sentencias de los barrancos del antiguo vertedero, asignadas a Urbanismo, pero Medio Ambiente tiene la suya también, de la que no se han dado detalles: 800,000 euros con el epígrafe “Sentencia Zonas Verdes”. Todo lo anterior dando una hojeada al presupuesto de Medio Ambiente, pero parece que no esta claro de quien son las competencias sobre ciertos asuntos, pues en el programa de Turismo se prevé gastar 296,000 en “Recuperación Huertos de los Leones–Jardín de la Palabra”.
Hay números muy fáciles de hacer ¿Cuánto es el porcentaje que suponen 400,000 de 215,6 millones) Exactamente 0,185%. Eso es lo que dedica nuestro Ayuntamiento a Cooperación Internacional y ayuda humanitaria de emergencia. Ni siquiera eso, porque de ese dinero una parte se dedica a actividades de sensibilización.
Los fondos dedicados a Cooperación han sido durante los últimos años los mismos, lo cual dice que cada vez Alcalá de Henares se aleja más del 0,7% recomendado por las Naciones Unidas. Cada vez es menos solidaria. La situación empeora más teniendo en cuenta que el año pasado no hubo ningún dinero para Cooperación. Precisamente cuando la situación de crisis en donde más golpea es los países empobrecidos.
Dejamos para el final la valoración sobre transparencia y acceso a la información de la ciudadanía a las cuentas públicas municipales. La información telefónica respecto a la consulta en exposición pública (obligatoria por ley) del presupuesto municipal es muy deficiente. La consulta debe ser físicamente en el edificio de la Casa Consistorial en día laborable en horario de mañana. Sin descentralizarlo. No hay ningún espacio habilitado para la consulta de un documento de más de un centenar de páginas con abundante información. No hay servicio de copias inmediatas y mucho menos digitales.
Procedimientos de hace doscientos años en el mismo ayuntamiento que ha dispuesto en su sitio web la tributación digital y otras herramientas facilitadoras de la información y gestión municipal. No es un problema de recursos, es solamente una cuestión de decisión política Y esto es más grave porque denota una actitud anti-participativa y de negación de los recursos para la información a los/as ciudadanos/as.
En noviembre pasado el concejal responsable de Relaciones con los Vecinos , Francisco Bernáldez anunciaba que los presupuestos participativos serían posibles, aunque ahora mismo no es el momento más idóneo. Siempre habrá una excusa.
* Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares - 27.05.10
'Villa Miseria' - El Roto
Viñeta: El Roto - 28.05.10, elpais.com
Los ‘conseguidores’ cobraban del 3% al 5% de los proyectos
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : El polémico 3% que citó Pasqual Maragall en el Parlament cuando era president y que levantó tanta polvareda coincide con el porcentaje mínimo que cobraban los dirigentes de la trama Pretoria, aunque en muchos casos llegaba al 5%, por sus gestiones para conseguir cambios de uso de edificios, recalificaciones de terrenos, o compradores institucionales para solares o edificios de constructoras e inmobiliarias privados. En las tres operaciones más destacadas de la causa, las del proyecto Cúbics de Santa Coloma de Gramenet, o las ventas de terrenos en Marina Badalona y los cambios de usos en Sant Andreu de Llavaneres, Luis Andrés García (Luigi), Macià Alavedra y Lluís Prenafeta cobraron en conjunto una media de un millón de euros, aproximadamente, en cada caso.
PAGOS A CARGOS LOCALES / A esta cifra hay que añadir los pagos a autoridades municipales, entre las que destaca el exalcalde Bartomeu Muñoz, que ingresó más de un millón de euros en una ocasión de una tacada, según el instructor, Entre los cobradores hay cargos relacionados con el planeamiento urbanístico autonómico, así como concejales y técnicos municipales que intervienen de forma decisiva en la adjudicación de obras municipales de todo tipo.
En proyectos basados en la venta inicial de terrenos públicos por unos 10 millones de euros, la Guardia Civil calcula que entre la adjudicación inicial a una empresa, el posterior cambio de propietario y la recalificación del proyecto, todo ello controlado o auspiciado por la trama con sus contactos, provocan el consiguiente aumento del valor del solar con unos beneficios por el incremento del precio de «unos 10 millones de euros de media aproximadamente» en un año. Pero esas cantidades «no revierten en los consistorios sino en los inversores o intermediarios y gestores».
Alavedra, Prenafeta y Luigi actuaban de forma coordinada desde el 2002, según el sumario, participando en operaciones en «distintos municipios de la provincia de Barcelona en las que se observan irregularidades en adjudicaciones aparentemente ilegales y un manejo de los tiempos del urbanismo, la información privilegiada que se tiene antes de que los proyectos estén ofertados, en beneficio de un reducido grupo de empresarios».Entre los afortunados destacan Josep Singla, de Proinosa y Lluís Casamitjana, de Espais, ambos imputados. «Todos ellos pagan comisiones por consecución de obras a Luis García, Prenafeta y Alavedra».
Existen «tres ligeras variantes del mismo negocio», utilizando las palabras del sumario. La primera y más sencilla es la obtención de una comisión (del 3% al 5%) por conseguir una obra local para una empresa, ya sea amañando concursos o utilizando información privilegiada. Esto sucede en muchas obras menores de Santa Coloma. La segunda afecta al ámbito autonómico, intercediendo a favor de un empresario para lograr compraventas. Y la tercera, más compleja, interviniendo en un desarrollo urbanístico para lograr modificaciones de usos.
* El Periódico - 28.05.10
Foto: Los edificios del proyecto Cúbics, en Santa Coloma de Gramenet.- elperiodico.com
'Caso Pretoria': La trama intentó su último 'pelotazo' en la plaza de Europa de L'Hospitalet
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ELPAÍS/Barcelona* : Unos terrenos ocupados durante décadas por chatarreros se convirtieron de repente en solares codiciados por el gremio del ladrillo. El soterramiento parcial de la autovía de Castelldefels a su paso por L'Hospitalet era una asignatura pendiente que cosió el urbanismo de esta ciudad hace ya seis años. En aquellos terrenos se levantan ahora flamantes edificios de oficinas, hoteles de diseño y las sedes corporativas de diversas sociedades, Proinosa entre otras.
La plaza de Europa de L'Hospitalet se ha convertido en el espacio de centralidad de la zona y eso era conocido por la trama pretoriana, que si algo sabía era anticiparse a la revalorización de los terrenos, aunque hubiera que forzarla con actuaciones susceptibles de ser incluidas en el Código Penal.
Para acometer el soterramiento de la autovía, desde el barrio del Gornal hasta la plaza de Cerdà, la frontera con Barcelona, se creó un consorcio público en enero de 2002, siendo alcalde Celestino Corbacho, ahora ministro de Trabajo e Inmigración. Tras la reparcelación, a la sociedad Inmuebles Godó, SA, le fueron adjudicadas cinco parcelas. Como se le exigieron 6,3 millones de euros en concepto de cargas urbanísticas, optó por vender dos de esos solares a la sociedad Doskasde, SA, en enero de 2003. Cada parcela tenía 2.371 metros cuadrados de superficie y 7.661 de techo edificable. En ambos casos eran de uso residencial y se pagó un total de 22,98 millones de euros.
En esa venta actúan dos intermediarios. Uno fue Enrique Lacalle, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, quien percibió 1.124.853 euros más IVA a través de sociedades de su propiedad. Él mismo mostró las facturas a la Guardia Civil cuando declaró el pasado 6 de febrero en el cuartel de Sant Andreu de la Barca.
Apenas año y medio después de comprar, el 19 de agosto de 2004, Doskasde, SA, firmó un contrato privado de compraventa con Espais, la inmobiliaria del imputado Lluís Casamitjana, que luego vendió dos solares al Incasòl en Cerdanyola y El Prat, y que pinchó con la venta un edificio de la avenida Diagonal a la Generalitat. Por la compra de las dos parcelas de la plaza de Europa, Espais pagó 32,2 millones y ese mismo día firmó un contrato con Poliafers, SA, la sociedad instrumental de Lluís Prenafeta, por el que este cobró 1.107.600 euros, IVA incluido, de los que 458.200 se los quedó él, 348.000 fueron para Macià Alavedra y los restantes 301.400 para Luigi. El motivo oficial que siempre aparece en las facturas es "trabajos de asesoramiento", pero la Guardia Civil explica en el informe entregado al juez que la intervención de Poliafers "sigue patrones semejantes a los propios" de las operaciones de Badalona y Sant Andreu de Llavaneres supuestamente delictivas, si bien en este caso no hubo una recalificación urbanística de los usos. El informe policial recuerda que fue otra empresa distinta a Poliafers la que asesoró a Espais, por lo que se sugiere que "esta cuestión posiblemente debería ser aclarada por Lluís Prenafeta".
En esas parcelas se están construyendo dos torres que tendrán un máximo de 15 plantas cada una y que Espais está promocionando como viviendas. Sin embargo, el año pasado se ofrecieron los edificios a la Generalitat para que se trasladara allí la sede del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Fue a través de una carta remitida el 5 de marzo de 2009 a la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, y de diversas llamadas y reuniones en las que tampoco se llegó a nada.
"Únicamente ha quedado pendiente conocer el objeto concreto de la sociedad Poliafers" y otras, que "están vinculadas a la operativa" de Prenafeta, Alavedra y García Sáez, admite la Guardia Civil en su informe dirigido al juzgado. La investigación sigue abierta y habrá que esperar.
El interrumpido sigilo policial
El souflé mediático del caso Pretoria estaba desinflado a primeros de febrero. Entonces ya empezaban a circular los comentarios de los agoreros de turno que pronosticaban "otra garzonada", una expresión acuñada para desacreditar al juez de la Audiencia Nacional.
Suele ser propia de los que confunden el deseo con la realidad, hasta que ésta les desborda. Y más después de que Alavedra, Prenafeta y Muñoz se hubiesen comido los turrones en casa, se les hubiesen rebajado las cuantiosas fianzas que prestaron para quedar en libertad y solo Luigi permaneciese entre rejas.
Los tiempos periodísticos nada tienen que ver con los policiales, y mucho menos con los judiciales. La Guardia Civil, actuando a las órdenes del juez luego defenestrado, seguía trabajando en sigilo, pero trascendió que un grupo de agentes llevaban semanas en Barcelona con los flecos de la trama. Se ignoraba dónde ni qué investigaban, porque el caso seguía bajo secreto de sumario.
El levantamiento de esa medida, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimase un recurso de la abogada de Luigi, ha revelado que aquellas pesquisas se centraban en dos parcelas de la plaza de Europa. La investigación policial se recoge en un informe de la Guardia Civil fechado el 3 de mayo, en el que se sugiere que se vuelva a tomar declaración a Prenafeta para que aclare el cobro de comisiones a través de Poliafers, la sociedad instrumental que creó para estos fines.
Ahora le toca mover ficha al juez Santiago Pedraz o al sustituto de Garzón que nombre el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí que ha producido un indisimulable alborozo en aquellos agoreros. Y se ha perdido el sigilo del que disfrutó la Guardia Civil para trabajar. Nada es lo mismo.
* El País - 28.05.10
Foto: L'Hospitalet (Barcelona), plaza Europa - elperiodico.com
Benidorm: Un promotor pide 74 millones al Ayuntamiento por la parálisis de un sector urbanístico
INFORMACIÓN/Alicante* : Por si las complicaciones económicas del Ayuntamiento de Benidorm fueran pocas, ayer se conoció una nueva que puede traer de cabeza al equipo de gobierno y que amenaza con provocar la quiebra del consistorio, como admitió ayer el concejal de Urbanismo, Jaime Llinares. Se trata del agente urbanizador del PAU-1 Murtal, que reclama al Ayuntamiento el pago de 74 millones de euros como consecuencia de los perjuicios que le ha causado no poder desarrollar el sector urbanístico.
Ese plan parcial fue adjudicado en el año 2000 a la empresa Prometosa Construcciones, ocupa una extensión de 907.000 metros cuadrados y recoge la construcción de unas 2.000 viviendas. La mercantil es propiedad de Francisco Gómez Hernández, conocido como El Paloma, que fue imputado por un PAI que preveía cuatro campos de golf y 1.600 casas en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila).
Llinares desveló ayer que el promotor ya ha presentado por registro de entrada la reclamación del pago, que atribuyó a la "nefasta, incompetente, inútil y sorprendente gestión del ex alcalde Pérez Fenoll y su edil de Urbanismo". Llinares incidió en que en el caso de prosperar la reclamación "supondría la quiebra absoluta del Ayuntamiento". El promotor, por su parte, señala en el escrito que el sector no se ha podido desarrollar por la "inactividad municipal y falta de voluntad" de los responsables políticos de los últimos años.
Problemas judiciales
El desarrollo de este plan urbanístico ha estado jalonado de múltiples batallas judiciales y decretos desde su adjudicación. Primero, Pérez Fenoll decretó que el Ayuntamiento pagara con suelo municipal el 10% que le correspondía en el sector los gastos de urbanización del PAU-1 Murtal, lo que fue rechazado por el juzgado. Igualmente, otro decreto acordaba la suspensión cautelar del sector a causa de las dudas de los técnicos municipales sobre una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al urbanizador a rebajar las tasas de urbanización. Éste reintegró el dinero a quienes habían pagado de más, pero no lo hizo con los que le habían pagado con suelo.
Posteriormente la empresa presentó un escrito en el que daba por aprobado el proyecto de reparcelación "por silencio administrativo positivo". El Ayuntamiento, todavía en manos del PP, le respondió que no era así y procedió el año pasado a decretar la suspensión de la citada reparcelación. Una decisión que fue recurrida ante el contencioso administrativo.
Según explicó Llinares, el reclamante asegura que el Ayuntamiento "no ha tenido una actuación leal y eficiente en el trámite de reparcelación" y precisó que "al secretario municipal se le apartó por decreto del expediente". Igualmente, el promotor denuncia que en el expediente no han tomado parte técnicos municipales, sino asesores externos, lo cual restaba "rigor y garantía jurídica".
A la petición del promotor se suma la de un particular, que reclama el pago de otros 500.000 euros por la dilatación del plan.
* Información - 28.05.10
Foto: Imagen de los terrenos del Murtal, en donde se desarrollaría el plan parcial. DAVID REVENGA, diarioinformacion.com
El juez vuelve a imputar al edil de Urbanismo de Mataró por el caso de Can Fàbregas
ABC/Barcelona* : El titular del juzgado nº3 de Mataró ha vuelto a imputar al concejal de Urbanismo, Ramón Bassas, en el caso de Can Fàbregas, ha informado hoy el ayuntamiento de Mataró. El pasado 15 de marzo, la Audiencia de Barcelona dejó sin efecto la imputación del concejal pero ahora el juez lo ha vuelto a acusar de los delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico. El caso de Can Fàbregas se remonta a principios de año cuando el Juzgado de Mataró aceptó a trámite la querella presentada por el Fiscal contra el desmontaje de la antigua fábrica de Can Fàbregas e imputó al alcalde, Joan Antoni Barón (PSC), por presuntos delitos de atentado contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico.
El concejal Ramón Bassa ha explicado esta tarde en rueda de prensa que está "muy tranquilo" y ha asegurado que todo el proceso de Can Fàbregas es "perfectamente legal".
Bassa ha afirmado que la situación "es como una ducha escocesa, ahora sí ahora no, si se me permite la broma (...) desde el primer momento nos hemos mantenido allá donde estábamos confiando en que todo era legal y siguiendo todo el proceso".
El edil de Urbanismo deberá volver a declarar ante el juez, que también ha citado a declarar a petición de la Fiscalía a varios testigos, entre ellos el director General de Patrimonio Cultural de la Generalitat, el arquitecto designado por PUMSA para dirigir el proyecto de desmontaje, traslado y almacenamiento de la nave, y tres miembros del Consejo Municipal del Patrimonio.
"La única preocupación que tenemos es que se pierda el tiempo durante todo este proceso y la ciudad se quede sin una cosa que necesita puesto que estamos hablando de muchos puestos de trabajo, de una inversión importante para la ciudad", ha añadido el concejal.
En este sentido, Ramon Bassas ha asegurado que El Corte Inglés sigue manteniendo su voluntad de instalarse en Mataró a pesar del proceso judicial abierto.
Además de la imputación de Bassas, el juez también ha ordenado parar de nuevo las obras de desmontaje de Can Fàbregas después de estimar parcialmente un recurso de la CUP y la Plataforma Salvem Can Fàbregas.
La decisión coincide también en que hace un mes el anterior magistrado autorizó al Ayuntamiento que finalizara las labores de traslado de las pieza que estaban paradas desde enero.
A pesar de ello, Ramon Bassas ha destacado que durante este periodo el consistorio no ha tenido tiempo de retomar los trabajos "por motivos burocráticos y por los episodios de lluvia de las últimas semanas".
La base de la chimenea y los restos de la planta baja del inmueble de la antigua fábrica de Can Fàbregas son los únicos elementos que quedan en el solar. EFE
* ABC - 27.05.10
Foto: Mataró, desmontaje Can Fábregas - mataro.org
Granada: Los delitos urbanísticos salpican a una veintena de cargos públicos municipales
GRANADAHOY* : Durante años, el ladrillo ha sido la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. Las nuevas urbanizaciones eran, a la vez, fuente de riqueza para los consistorios y oportunidades de negocio para los promotores cuando ser constructor no era una actividad de riesgo. Pero donde hay tentaciones puede nacer el pecado y, en este caso, donde se mueven ingentes cantidades de dinero puede surgir el delito.
Durante el año pasado, la Fiscalía de Ordenación del Territorio, Patrimonio y Medio Ambiente realizó unas veinte diligencias de investigación penal -o lo que es lo mismo, indagó si se había cometido delito- por parte de alcaldes, concejales y técnicos municipales por delitos de prevaricación urbanística, según el propio fiscal considera en la Memoria de actividades de 2009, que estima como un "elevado número".
Especial mención le merecen al Ministerio Público "las causas seguidas contra el alcalde -ya ex regidor- y otros responsables del Ayuntamiento de Atarfe", aunque en este caso se excluye precisamente la causa que le podría llevar a la cárcel si la Audiencia Provincial así lo estima cuando vea el recurso, en septiembre, sobre los vertidos ilegales en el municipio.
El fiscal considera que en la mayoría de los casos de prevaricación urbanística, "el modus operandi coincide". Se trata de "la utilización de un instrumento de planeamiento" que no es el idóneo "que permite eludir los controles y las garantías legales". Incluso se establece cuál es la figura de planeamiento que "mejor se presta a este fraude de los controles legales para la consecución de un fin ilícito", que no es otro que el estudio de detalle. De hecho, incluso se establecen tres estadios: uno, el de una ordenación "vigente y vinculante que no permite el lucro pretendido", al que le seguiría "el acuerdo con los promotores para alterarla en su beneficio por medio del convenio urbanístico" que culminaría con "la utilización de un procedimiento que sortea todos los controles y garantías aplicables porque se sabe que el resultado perseguido viola los parámetros urbanísticos vigentes". Porque el estudio de detalle, detalla el fiscal, es una figura "puramente accesoria" que no puede servir para modificar un Plan General de Ordenación Urbana.
En cuanto al mapa de la presunta prevaricación urbanística en la provincia -más allá de los límites de Atarfe-, la Fiscalía de Granada resalta el procedimiento que se sigue contra el anterior alcalde, el ex concejal de Urbanismo y otras nueve personas por la construcción del Centro Comercial Nevada en Armilla -de la que recuerda que se ha solicitado la "demolición íntegra". También subraya otras "acusaciones y sentencias de importancia" que tuvieron lugar durante el año pasado que se refieren a los ayuntamientos de Almuñécar, Carataunas o Monachil.
* Granada Hoy - 26.05.10
Foto: Grafitis en el Albaicín.- granadahoy.com
La Fiscalía dice que alcaldes y ediles entorpecen el derribo de casas ilegales
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DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz afirma que uno de los principales problemas a los que se enfrenta es la falta de colaboración de los Ayuntamientos cuando debe ser cumplida una sentencia que ordena demoler una vivienda construida ilegalmente. Con demasiada frecuencia, señala, alcaldes y concejales de Urbanismo plantean serios problemas. Hasta tal punto, que en ocasiones la Fiscalía se ve obligada a advertirles de que cometen un delito si continúan con su labor de entorpecimiento del derribo acordado por una resolución firme.
La lamentación de la Fiscalía gaditana, que deja en un lugar nada plausible a los Ayuntamientos de la provincia, está recogida en la Memoria de 2009 de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico del TSJA.
Al hilo de esa queja, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz insiste en alertar sobre algo que ya advirtió en su día el anterior fiscal de ese departamento, hoy asesor del ministro de Justicia, Ángel Núñez: la creación de lobbies defensores de lo construido ilegalmente.
Con ocasión de los denominados procesos de regularización de viviendas ilegales, aunque no sólo en tales casos, los propietarios de construcciones ilegales constituidos en asociaciones "se convierten en auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea que deben seguir los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística", anota la Fiscalía.
Tales grupos, agrega, "no sólo exigen la legalización de sus edificaciones, muchas de ellas incursas en procedimientos penales, sino que, con base en su supuesta incapacidad para hacer frente a los gastos, además tratan de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos (proceso que en estos casos es especialmente gravoso precisamente porque la edificación se ha hecho al margen de toda previsión) se finalice con fondos públicos".
La Fiscalía sostiene que esos grupos que organizan manifestaciones en las que se reivindica la inobservancia de la legalidad urbanística, "ante la pasividad del resto de los ciudadanos, acaban en muchas ocasiones imponiendo sus planteamientos".
Pese a esos aspectos negativos, la Fiscalía señala que en general, siguiendo la tendencia que comenzaba a marcarse en 2008, "puede decirse que durante 2009 se ha reducido considerablemente la actividad edificatoria ilegal".
Lo achaca a varios factores. Por un lado, dice, a "los beneficiosos efectos preventivos generales que está suponiendo el notorio incremento en el número de sentencias condenatorias de los Juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial, que acuerdan además la demolición de lo ilícitamente construido". Por otro, a "un mayor grado de cumplimiento -aunque continúan existiendo lamentables excepciones- por parte de los Ayuntamientos de sus obligaciones de traslado al fiscal de los casos que presenten indicios de delito". La crisis económica también se ha dejado sentir en este ámbito, de suerte que son menos las construcciones que se inician, anota la Fiscalía.
* Diario de Cádiz - 26.05.10
Foto: Derribo de una vivienda ilegal en Chiclana, el pasado diciembre.- diariodecadiz.es
Caso Gürtel. El juez ve indicios de delitos en el Consell
LEVANTE/Valencia* : El juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, acordó este miércoles la inhibición parcial a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la investigación que sigue para su unión a las diligencias previas que se instruyen en dicho tribunal por un presunto delito de cohecho impropio, según un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Además, el juez ve indicios cree que otros hechos de la facturación de Orange Market podrían constituir delito electoral vinculado a las elecciones de 2008.
Tal y como recoge en el auto el juez, al parecer esta decisión está encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana.
Además, el magistrado ve indicios de delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de Francisco Camps. También, halla indicios de delitos contra la Hacienda Pública y advierte que de que los informes de la Agencia Tributaria se desvela que otros hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales.
Asimismo, destaca en el auto las numerosas irregularidades en la contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación.
La inhibición se realiza después de que el Supremo reabriera la causa contra Camps y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
DELITOS ELECTORALES
El juez pide la acumulación de los delitos electorales sobre las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007. Esgrime que estos delitos están vinculados con el pago de servicios prestados por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de los citados comicios. "La deuda que el citado partido habría contraído con la mercantil se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél, sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria", señala el magistrado en el auto.
Pedreira también añade que "esa deuda del PPCV --en cuantía de, al menos, 345.200 euros--, habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades". "Facturas que, en consecuencia, reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles y que de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al PP de la Comunidad Valencia en cuanto cancelan una deuda de éste".
IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN Y COHECHO PROPIO
No obstante, en el auto, se solicita la acumulación al TSJCV por causa de conexidad de los delitos investigados contra la Administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana. En concreto, el juez alude a un informe de la unidad de auxilio judicial del 13 de abril de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia.
Indica que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana. Entre otros datos, la intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el Gabinete del Presidente.
Además, el juez se refiere a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 que pone de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad Valenciana. "La participación de Ricardo Costa Climent en estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los regalos percibidos por el mismo, y que son objeto del procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia".
PLANTEA COMPROBAR RELACIÓN ENTRE REGALOS Y CAMPS
Por otra parte, consta en el auto el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia".
Así, resalta que "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como con la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados en el procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia y los cargos que ocupaban en el PP y en la Generalitat valenciana Rafael Betoret; Víctor Campos; Ricardo Costa y Francisco Camps".
DELITOS CONTRA LA HACIENDA
Asimismo, el juez cita de nuevo el informe de la unidad de auxilio judicial de la AEAT de 6 de mayo de 2010 para corroborar los datos y conclusiones expuestos por la unidad de auxilio judicial de la UDEF, de 31 de julio de 2009, respecto a la facturación en el años 2007, de la mercantil Orange Market S.L. al PP de la Comunidad Valenciana.
El instructor entiende que los hechos expuestos podrían ser constitutivos de dos delitos electorales sancionados por el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; de delitos contra la Hacienda Pública por el IVA y el Impuesto sobre Sociedades de 2007 de la sociedad Orange Market S.L. y de delito de falsedad documental.
"Una de las personas que aparece como partícipe en estos delitos es Ricardo Costa Climent", a quien se le imputa en Valencia la percepción de regalos por parte de responsables de Orange Market. Por esas dádivas, uno de los delitos que se le imputan es el de cohecho.
* Levante-emv - 26.05.10
Foto: Barberá, Camps y la esposa de éste, Isabel Bas, el sábado en un acto en Valencia- CARLES FRANCESC - elpais.com
La Fiscalía ve un nuevo urbanismo ilegal con casas prefabricadas
ELCORREOWEB/Andalucía* : La red de fiscales especializados en delitos urbanísticos destaca, en su memoria de 2009, una mayor conciencia en los ayuntamientos para perseguir y denunciar las construcciones ilegales. Frente al descenso de 2008 por la crisis del ladrillo, las causas incoadas han aumentado, en parte por ese mayor control. Sin embargo alertan de nuevas estrategias para burlar la legislación en materia de ordenación del territorio y en concreto aluden a la "proliferación" de auténticas urbanizaciones de casas prefabricadas con vocación de permanencia incluso en espacios protegidos como el Parque Natural del Estrecho.
El fiscal delegado de medio ambiente, urbanismo y patrimonio de Cádiz reseña la "creciente tendencia de colocar casas prefabricadas de importantes dimensiones en zonas del Parque Natural y en terreno no urbanizable" no fijadas al terreno sobre plataformas de hormigón pero equipadas con infraestructuras de agua y luz que hacen su movilidad "relativa" e indican una "vocación de permanencia" cuyo fin es "eludir las consecuencias penales". "El efecto práctico es que el uso de la casa es permanente y con vocación de permanencia futura y el impacto medioambiental que este tipo de viviendas está representando es muy importante", concluye.
Su colega de Huelva alerta del "aumento de supuestos donde se colocan casas prefabricadas de madera o similar en parcelas de suelo rústico" y alude a casos en la playa de Matalascañas y al "ejemplo más extremo" detectado por el Seprona de "una finca en Villalba del Alcor donde existían más de una decena de estas casas y se estaban empezando a construir piscinas".
La memoria insiste en reclamar unos criterios homogéneos entre tribunales a la hora de enjuiciar estos delitos -el fiscal de Córdoba alude a un intento fracasado en su provincia- porque la heterogeneidad actual genera "incertidumbre e inseguridad jurídica". Y denuncia la falta de medios personales y técnicos como peritos para hacer informes sobre causas muy complejas.
Pero su principal crítica es que, si bien hay más disponibilidad en los jueces a ordenar la paralización cautelar de edificaciones bajo sospecha, llegan tarde con las obras casi culminadas.
Las condenas que incluyen la orden del derribo son aún escasas y las que se dictan son difíciles de ejecutar. Son prácticamente inexistentes los casos en los que el promotor o propietario condenado se hace cargo, especialmente los extranjeros que las tienen como segundas residencias por la dificultad de hacerles llegar los avisos y fallos judiciales. La Fiscalía también revela que los ayuntamientos tienden a dilatarlo y eludir hacerlo.
La memoria destaca la frecuente implicación de alcaldes y concejales en este tipo de delitos y da cuenta exhaustiva de casos como el de Atarfe (Granada) -cuyo regidor burla la ley usando el instrumento del estudio de detalle para modificar los planes parciales- o la imputación de cuatro regidores de Jaén por prevaricación o la omisión del deber de perseguir el delito. Pero advierte "cierto retraso en el enjuiciamiento" de delitos cometidos por autoridades o que afectan a promociones múltiples de viviendas. El fiscal de Almería da un dato:en 34 procedimientos abiertos con 14 alcaldes implicados y seis autoridades municipales aún no hay ningún regidor enjuiciado.
El ministerio público también ve en los regidores "modus operandi" coincidentes para modificar el planeamiento sin control en base a determinados intereses e, incluso, para legalizar construcciones doblegándose a la presión ejercida desde grupos de propietarios constituidos en auténticos "lobbys".
* El Correo web - 26.05.10
Foto: Las infraestructuras de las casas prefabricadas indican su voluntad de permanencia. - El Correo
