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ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) recibió ayer el informe de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro Artero, que instruye la Operación Tótem contra una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, y en la que han sido detenidas 14 personas, para que pueda ser investigado el ex alcalde de Totana y actual diputado del Parlamento murciano, expulsado del PP, Juan Morales.
En este informe, que también incluye el escrito del fiscal José Luis Díaz Manzanera, se asegura que Morales es propietario de cinco inmuebles y tres vehículos de alta gama, según fuentes judiciales citadas por la Cadena SER.
Si Sala de Lo Civil y Penal del TSJM lo decidiese, el parlamentario murciano podría ser procesado por un presunto delito de cohecho. Según varios informes que se encuentran en posesión de la juez, a Morales le resultaría difícil justificar su patrimonio: al menos tres vehículos de gama alta (un BMW, un todoterreno y un Mercedes), tres casas en Murcia y dos inmuebles en Brasil, país de procedencia de su novia, Vaneide Freitas, quien también está imputada.
Difícil de justificar
Según las investigaciones judiciales, Morales adquirió este patrimonio en los tres últimos años, un hecho que la investigación valora como un claro indicio de enriquecimiento personal difícil de justificar ya que el desembolso supera con creces su sueldo como diputado popular y presidente del PP en Totana.
En cuanto al posible cobro de al menos tres millones de euros en comisiones ilegales a cambio de la recalificación de terrenos en la localidad murciana a la empresa gallega Nuaria, la investigación considera probado que Morales tenía en la gestoría de su ex mujer, María del Carmen Jordán, una copia de cada uno de los 70 convenios urbanísticos que firmó cuando era alcalde de Totana, y que todavía no habían sido aprobados de forma definitiva.
Según fuentes judiciales citadas por la SER, Morales podía llegar a cobrar un 30% de las plusvalías que obtuviera la empresa constructora con la recalificación de los terrenos y no se descarta que la gestoría fuera una tapadera de Morales para actividades vinculadas a su actividad política como diputado del PP.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Madrid - 15/01/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
El ex alcalde de Totana compró tres coches y cinco casas en tres años
“Salvem Montserrat”, que rechaza un plan urbanístico en Collbató, reúne a 200 personas en su presentación
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DIGITAL24h/Barcelona* : La organización explicó a los asistentes el porqué de su lucha y algunas de sus acciones. Además, buscan que los vecinos “cuelguen más pancartas” para que el Ayuntamiento de Collbató “se de cuenta que se está equivocando” promoviendo este plan urbanístico. Además, los asistentes plantaron un olivo frente al Ayuntamiento y desplegaron una pancarta. El objetivo de esta acción era “regalar naturaleza” al consistorio, según explicó Aranda.
El plan contra el que se muestran estos vecinos serviría para ampliar la zona industrial de La Ginestera de Collbató, que llegaría a sumar 28 hectáreas de suelo no natural, con 9,8 hectáreas más. Según la plataforma, esto equivaldría a 180 naves industriales más de unos 400 metros cuadrados de terreno. Según el plan, éstas tendrán unos 12 metros de altura.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de dicha plataforma, Manuel Rivero, aseguró que el Ayuntamiento “se tiene que replantear” el plan, al que calificó como “proyecto de especulación urbanística”. Además, consideró que el consistorio “tampoco ganará dinero” ya que quien lo harán “serán los inversores”.
Explicó que el consistorio ha elaborado una segunda memoria ambiental en la que aseguran que serán “más restrictivos” con las empresas que se ubiquen. Sin embargo, Rivero puntualizó que ese no es el objetivo y que su lucha busca “que no se construyan” dichas empresas.
“No nos negamos al proceso”, afirmó Rivero, que solicitó que se acepte la “participación ciudadana” en la construcción del futuro de la población.
La Plataforma “Salvem Montserrat”, formada por vecinos de Collbató, ha reunido ya más de 72.500 firmas contra dicho plan y cuenta con el apoyo de unas 800 entidades. La formación buscará reunir 100.000 firmas, por lo que ha abierto una página web para sumar apoyos –salvemmontserrat.org–.
* Digital 24horas - Barcelona - Nuria Barragan 13 Enero 2008
Foto: Collbató (Barcelona), al fondo zona industrial que pretenden ampliar - salvemmontserrat.org
La Palma ha acumulado en los últimos 9 años 3.422 infracciones urbanísticas
DIARIODEAVISOS* : Pese a que las infracciones urbanísticas registradas en La Palma en los últimos años han experimentado descensos, en el acumulado de la actividad inspectora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el territorio palmero ocupa el puesto de cabeza de las islas periféricas, por encima incluso, de Lanzarote y Fuertenventura.
La Palma, sólo superada por Tenerife y Gran Canaria, ha acumulado entre 1999 y el pasado año 2007 un total de 3.422 infracciones urbanísticas, siendo las más numerosas, las relacionadas con las construcciones ilegales, que representan un 48% del total de ilegalidades cometidas y recogidas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
El total de expedientes abiertos en la Isla en el período de referencia, contrasta con los registrados en Fuertenventura, con un total de 2.525, y Lanzarote, con 2.994. La Gomera y El Hierro mantienen una distancia mucho más considerable, con 1.379 y 978 expedientes abiertos por irregularidades urbanísticas, respectivamente. El vertido ilegal de residuos registrados en la Isla, con un total de 1.027 expedientes abiertos, ocupa el segundo lugar en número de infracciones y detectadas en su actividad inspectora por los técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. La construcción de viviendas en suelo rústico, la carencia de la imprescindible declaración de impacto ambiental, la extracción de áridos, la roturación de terrenos, y la apertura de pistas sin los preceptivos permisos, son algunas de las infracciones más habituales, entre las que también figura la construcción de viviendas ilegales. Muy alejadas de este grupo figuran la vulneración de la Ley de Costas, con un total de 100 denuncias, y los vertidos al mar, que suman un total de 49 infracciones.
* Diario de Avisos - E. Paiz, S. C. de la Palma - 15 de enero de 2008
Foto: Imagen de una demolición llevada a cabo en La Palma durante el pasado año 2007 por incumplir la Ley. / da
Los fiscales denunciarán a los funcionarios en los casos de regularización urbanística
LEVANTE* : La Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo coordinada por el Fiscal de Sala Antonio Vercher, ha acordado remitir al Fiscal General del Estado las conclusiones de un encuentro celebrado recientemente en Fuerteventura en el que proponen una intensificación del control sobre los desmanes urbanísticos y que incluye, entre otras, la persecución de las "regularizaciones" que periódicamente se acometen en algunos ayuntamientos para legalizar "a posteriori" urbanizaciones o actuaciones ilegales. La medida, al igual que otras acordadas por los fiscales especialistas en Medio Ambiente, están destinadas a "evitar excesos en la materia" y las "sensaciones de impunidad" en relación al delito urbanístico.
Los fiscales coordinados por Antonio Vercher son los encargados en cada Fiscalía provincial de coordinar las actuaciones en Medio Ambiente y Urbanismo. Durante el encuentro, el primero que celebra en la "red" tras su creación expusieron las dificultades para realizar su tarea en áreas específicas como los incendios forestales, delitos urbanísticos y patrimonio histórico. Además de aclarar cuestiones muy técnicas como los conceptos de suelo rural o urbanizado, o delimitar qué es construcción o edificación, el encuentro sirvió para unificar criterios.
Uno de los más llamativos es el que propone a los fiscales que valoren "cuidadosamente", la posibilidad de aplicar en los casos de delitos sobre la ordenación del territorio "la agravación del artículo 338 del Código Penal" relativa a las conductas delictivas en materia de Medio Ambiente y Urbanismo. El artículo establece que se impondrán penas superiores en un grado a las inicialmente previstas cuando el delito afecte a algún espacio natural protegido.
La novedad del acuerdo, más allá de la declaración de intenciones que supone, es que se recuerda específicamente que todo el territorio incluido en la Red Natura 2000 y no solo los parques o parajes naturales está protegido, lo que supone que el "agravamiento" de los tipos puede aplicarse en los delitos que se cometan en el 25% del territorio español y aproximadamente un 11,6% de la Comunidad Valenciana, donde se aprecia un fuerte retraso en la declaración formal de estos espacios.
Sin legalizaciones
Los fiscales acordaron que la legalidad urbanística que se ha de tener en cuenta para la tipificación de los delitos es la vigente en el momento de realizarse el hecho. Por tanto, en los casos de autorización "a posteriori" de la administración autonómica para que la infracción resulte impune, se considerará la posibilidad de imputar directamente los delitos a los funcionarios bien por los tipos específicos (Art. 320 y 322) o por los generales de prevaricación.
El Fiscal Antonio Vercher trasladó también los responsables de cada fiscalía "la importancia de que se acuerde la demolición de la obra ilegal en el proceso penal" para evitar "sensaciones de impunidad" y en la necesidad de una especial vigilancia por parte de los fiscales de las ejecutorias de demolición.
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 15 de enero de 2008
Piden la intervención de Bruselas por la 'urbanización masiva' en regiones con 'escasez hídrica endémica'
TERRA* : El eurodiputado del Partido de los Verdes David Hammerstein reclamó hoy la intervención de la Comisión Europea por lo que considera una 'urbanización masiva' en determinadas regiones de la geografías española con 'escasez hídrica endémica'. Hammerstein pidió al comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, que el Ejecutivo comunitario abra 'un procedimiento de infracción horizontal' que aglutine todas las denuncias presentadas en Bruselas relativas a la aprobación de 266 urbanizaciones 'con la opinión negativa de las Conferencias Hidrográficas', explicó el eurodiputado en un comunicado.
En concreto, se refiere a 121 planes urbanísticos proyectados en Murcia, 129 en la Comunidad Valenciana, 8 en Andalucía y 8 adicionales en Castilla y La Macha, pese a contar todos con informes negativos de distintas Confederaciones Hidrográficas sobre la disponibilidad de los recursos hídricos para dichos proyectos urbanísticos que el eurodiputado ha remitido a Dimas.
El europarlamentario de los Verdes justificó el procedimiento de infracción contra España por las 'decisiones sobre los recursos hídricos' de algunas regiones españolas que, a su juicio, 'hipotecan gravemente' el cumplimiento futuro de la normativa europea relativa al agua.
Hammestein sostiene que la masificación de urbanizaciones en algunas regiones de España intensifica 'el grave riesgo de no llegar nunca a cumplir los objetivos de la Directiva Marco de Agua en muchas zonas de España' debido a lo que considera un 'intenso proceso de urbanización masiva en regiones con una escasez hídrica endémica'.
Asimismo, Hammerstein recordó en su pregunta parlamentaria que todo Estado miembro debe 'abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva' de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (TUE) en materia de medio ambiente.
* http://www.davidhammerstein.org
* Terra Actualidad - Europa Press - 10/01/2008
Foto: EuropaVerde EuropaArida - mecd.es
El Tribunal Superior declara ilegal el campo de golf de Tres Cantos
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ELPAÍS/Madrid* : El Tribunal Superior de Justicia ha dado la estocada definitiva al proyecto de construcción de un campo de golf municipal, aunque gestionado por un grupo de empresas privadas, en una zona verde de Tres Cantos. La sentencia ha declarado nula la adjudicación del proyecto, hecha por el pleno del Ayuntamiento el 5 de octubre de 2001, y va en la misma línea de otro fallo dictado por el mismo tribunal, en julio de 2005, que anuló la convocatoria del concurso de adjudicación. En ambos pleitos los jueces han basado su decisión en que el proyecto carecía de declaración de impacto ambiental.
La construcción de esta instalación deportiva era un empeño del anterior equipo de gobierno del municipio, formado por los independientes de Tres Cantos Unido (TCU), con la alcaldesa María de la Poza a la cabeza, y el PP. El proyecto se topó con la oposición de asociaciones ecologistas y vecinales y PSOE e IU. La Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional también habían puesto objeciones a un proyecto que iba a convertir en campo de golf 60 hectáreas de zona verde (planificadas como el futuro parque del Este) que además son vecinas a una zona de especial protección de aves (ZEPA), el Soto de Viñuelas.
La ex alcaldesa De la Poza, por su parte, defendía que el campo de golf iba a generar 50 puestos de trabajo y que los daños ecológicos serían inexistentes. "Los terrenos son una escombrera", dijo.
La polémica, que llegó a movilizar a más de 5.000 vecinos de Tres Cantos opuestos al campo de golf, adquirió tintes entomológicos cuando un equipo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) descubrió en el lugar en 2004 un insecto desconocido para la ciencia, el Tillus ibericus, un voraz escarabajo que reina en las copas de las encinas. TCU y PP siguieron, pese a ello, defendiendo a capa y espada su proyecto. "El descubrimiento es una buena noticia", declaró entonces un portavoz municipal, "ya que el escarabajo podrá vivir muy bien en el campo de golf, ya que no se va a cortar casi ninguna encina".
La primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra el campo de golf, tras un recurso presentado por ecologistas y vecinos, marcó el principio del fin. Los jueces estimaron que el concurso debía ser anulado por no cumplir la ley al ser convocado sin el preceptivo informe de impacto ambiental.
El Gobierno de TCU y PP se mantuvo firme en sus planes y recurrió el primer varapalo judicial. Pero dentro del PP empezaron a surgir dudas sobre la idoneidad de seguir adelante con una instalación deportiva que tantas reticencias levantaba.
El nuevo alcalde de la localidad, el popular José Folgado, obtuvo mayoría absoluta el pasado mes de mayo. En su programa figuraba construir un campo de golf, pero sin precisar su ubicación. "Nunca me ha gustado este proyecto", admitió ayer. "De hecho, no lo mencioné en mi programa electoral porque creo que en esos terrenos hay que promover el parque del Este, con alguna zona deportiva y el resto que sirva para el disfrute del senderismo", añadió.
El PSOE, opuesto al proyecto desde el principio y autor del recurso ahora sentenciado, mostró ayer su alegría por la decisión judicial. "Lo que empieza mal suele acabar mal. La adjudicación no cumplió la normativa y contaba con informes contradictorios de la Comunidad de Madrid. No se estudió el impacto ambiental y, sobre todo, no era ésa la mejor forma de utilizar un suelo público. Estamos muy satisfechos de que la justicia haya venido a darnos la razón a los muchos tricantinos que nos opusimos desde el principio", valoró ayer el portavoz socialista, Miguel Aguado. Éste anunció su intención de convocar a las entidades ciudadanas para consensuar un uso respetuoso con el medio ambiente para ese suelo público.
* ELPAIS.com - ORIOL GÜELL - Madrid - 15/01/2008
Foto: Tres Cantos (Madrid), cartel golf - ecologistasenaccion.org
La belleza de la obra inútil
PÚBLICO* : El mundo de las administraciones está lleno de misterios y sorpresas. Como es sabido, esas administraciones tratan de perpetuarse en la memoria de los ciudadanos y para ello nada mejor que las obras llamadas públicas. Eso no son palabras que lleva el viento, sino piedra, cemento y acero sobre los cuales es posible e incluso necesario colocar una placa. Incluso aunque no estén ni siquiera comenzadas. El catálogo de dislates y generosidad administrativa podría ocupar un libro lleno de ejemplos. Público ha buscado y ofrece algunas de las Obras Inútiles y Absurdas más delirantes.
Estadio sin olímpico
El estadio Olímpico de Sevilla es el gran ejemplo de una obra faraónica, a la que los distintos gobiernos de la ciudad no han sabido darle uso, informa Raúl Bocanegra. Concebido a mediados de los 90, cuando Sevilla fue designada sede de los Campeonatos del Mundo de atletismo, la extraordinaria obra de los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz fue utilizada como símbolo de las aspiraciones olímpicas del entonces líder andalucista Alejandro Rojas Marcos, a las que se sumaron los sucesivos gobiernos locales y la propia Junta de Andalucía.
Desde que en 1999 albergó el Mundial, sólo se ha llenado dos veces: por dos conciertos de uno de los primeros triunfitos (Bisbal, Rosa, Chenoa) y por Héroes del Silencio. Y las aspiraciones de que albergase al Sevilla y al Betis se enterraron definitivamente en 2003, cuando el Ayuntamiento firmó sendos convenios con los clubes para recalificar los terrenos adyacentes a sus estadios.
El campo, de categoría cinco estrellas, costó 130 millones de euros, cuando se había presupuestado en 81, y ha lastrado hasta este año los presupuestos de la Consejería andaluza de Deporte y del Ayuntamiento de Sevilla. En 2007, obtuvo beneficios de explotación de nada menos que de 100.000 euros y facturó 1,5 millones, según datos provisionales
Dique a la nada
Bilbao tampoco escapa de las grandes obras fracasadas, si bien su invención se remonta a los años 70 y 80. Uno de los fiascos más sonados fue la ampliación del superpuerto, que en su proyecto original contemplaba cerrar casi por completo El Abra con los diques de Punta Lucero y Punta Galea, informa Guillermo Malaina. El primero se hizo, pero del segundo hoy sólo queda una especie de mojón en medio del mar.
Un temporal de 1976, con olas de cerca de 20 metros de altura, provocó graves destrozos en ambos muelles y obligó a revisar el proyecto. El resultado fue la paralización definitiva del dique de Punta Galea. No hay mal que por bien no venga. Porque la construcción de ese segundo muelle, de tres kilómetros de longitud, hubiera supuesto la desaparición de las playas de Ereaga y Arrigunaga, que hoy disfrutan miles de personas durante el verano. Lo que aún está en pie es la central nuclear de Lemoiz, otro proyecto faraónico de aquella época que cayó en un muy conflictivo saco roto.
La feria vacía
La Feria Internacional de Galicia costó 10.000 millones de las pesetas de 1991 y nació para convertir a Galicia en una referencia mundial de los eventos feriales agrícolas y ganaderos, según narra Pancho Tristán. El tiempo hizo su trabajo y el recinto alcanzará la edad de los que pueden votar sumido en el vacío. En sus 428.000 metros cuadrados, cabrían los campos de juego de todos los estadios de Primera y Segunda división de España. Ése es el dato grande: el tamaño. El dato crítico es el que se refiere a la ocupación: sólo tiene programados 7 días de ocupación para 2008.
En 2007, hubo allí 11 actividades durante 11 días. En el recinto, hay un auditorio para 700 personas, un restaurante en el que caben 4.500 comensales y 35.000 metros cuadrados de instalaciones cubiertas (en fútbol, como tres campos).
Un mástil para la eternidad
“La nuestra es tan grande que hasta los que no la quieran ver se la van a tener que tragar”. Con estas palabras, el anterior presidente del Cabildo de Gran Canaria y actual vicepresidente del Ejecutivo autónomo, José Manuel Soria, rechazaba las críticas que recibió al destinar 360.000 euros a la colocación de una bandera como homenaje a la Isla, escribe Paz Bernal. El mediodía del 30 de septiembre de 2006, el también presidente del PP de Canarias izó en un parque junto a la Avenida Marítima de la capital grancanaria, una bandera de 300 metros cuadrados en un mástil de 65 metros, de la que, en la actualidad, sólo queda el soporte.
La bandera, colocada “para orgullo de los grancanarios”, se cayó dos veces y tuvo el mantenimiento más caro de todas las habidas en la Isla.
Romanos y espectadores
La Comunidad Valenciana no podía escapar a esta plaga y los ejemplos abundan. Ahí está la delirante rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto, al que han dejado más bonito que un San Luis a base de robarle buena parte de su valor histórico y arqueológico. Para completar el despilfarro, se ha propuesto devolver la ruina a su estado original, de nuevo en contra de la opinión de cualquier profesional en esas materias.
Rehabilita y oculta
Madrid, aún recuperándose de la M-30, tiene una pequeña joya del absurdo. La estación Príncipe Pío fue restaurada hace años con sumo cuidado y convertida en un lugar agradable entre centro comercial e inmenso invernadero. Por desgracia, el nuevo intercambiador de metal y cristal que forma parte del rediseño de la plaza delantera se carga por completo la vista de la estación. Según parece, estos intercambiadores están normalizados y no pueden adaptarse a las características urbanísticas de su entorno.
* Público - 14/01/2008
Foto: Estadio Olímpico de Sevilla / publico.es
Protesta contra el PGOU de Sant Joan que prevé 30.000 viviendas
ELPAÍS/Alicante* : El 90% del término municipal de Sant Joan d'Alacant será urbanizables y se construirán alrededor de 30.000 nuevas viviendas para albergar a 50.000 habitantes más. Esta es en síntesis la propuesta de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que intenta aprobar el PSPV en el Gobierno local, y que amenaza la escasa huerta existente. Por todo ello, unas 150 personas participaron ayer en una marcha, bajo el lema No a este PGOU, recuperem l'horta, para exigir la protección de la huerta y la paralización del PGOU que afecta fundamentalmente a la zona de Fabraquer, en segunda línea de playa.
"Es insostenible medioambientalmente y confirma la destrucción del territorio por el urbanismo depredador", según dijo Antonio Campos, coordinador de Esquerra Unida en esta localidad del área metropolitana de Alicante.
"Estamos ante un nuevo Plan Rabassa, su impacto será brutal, y es curioso como en Alicante los socialistas se oponen y aquí son ellos los que lo aprueban y avalan", apuntó el responsable de EU. Esta formación política ha presentado ante el Ayuntamiento alegaciones para intentar frenar esta propuesta.
La marcha de ayer, que partió a las once de la mañana, recorrió la vereda de Benimagrell y el Camí Real de La Vila en la zona conocida como Fabraquer, que será recalificada en caso de aprobarse el PGOU. El acto organizado por EU contó también con el apoyo de miembros del Bloc y del colectivo de Abusos Urbanísticos No, así como de la Asociación de Vecinos de Fabraquer, que se verán afectados.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 14/01/2008
Foto: Sant Joan d'Alacant, manifestación contra PGOU - lasprovincias,es
La batalla de Sagunt
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LEVANTE/Valencia* : Sagunt resistió durante meses el asedio de Aníbal. Y ahora ha cumplido 17 años de su contemporaneidad enfrascado en una batalla judicial y política contra uno de los elementos claves de su patrimonio: su teatro romano. Una historia que aún no ha encontrado su destino final y que ha vuelto a levantar a una parte importante de su población frente a una nueva forma de conquista que, otra vez, intenta llegar de mucho más allá de los muros defensivos de su castillo. La política continúa presente y determinando la historia de la ciudad y su principal monumento pero, sobre todo, su futuro más inmediato.
Si por política y privilegios geográficos y estratétigos Sagunt fue un enclave anhelado por culturas y ejércitos durante siglos, la política podría quedar como única razón que hoy envuelva el caso de su teatro romano. Además, mucho más allá de otras consideraciones de carácter estético, cultural o arquitectónico que nada parecen ya valer.
Porque fue en una tribuna política, como Les Corts, donde arrancó este asunto hace más de tres lustros. Y se produjo en pleno debate político entre el ex diputado del PP, Juan Marco Molines, quien tomó la antorcha de la cruzada, y el entonces atrevido conseller de Cultura socialista Cipriá Ciscar. Y fue política la decisión de su rehabilitación; como también la del entonces candidato a la presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de asumir la denuncia como propia, apoyado por una sonora campaña mediática. E incluso la de incluirla en su programa electoral. Será política-pero económica para todos- la orden que la actual Generalitat suscribirá oficialmente apoyando la demolición de las obras, como así ha sugerido el Tribunal Supremo. Pero no sin recordar el Alto Tribunal que el asunto ni le va, ni le viene, ni en el fondo le preocupa. Y que, como en su momento nadie dijo lo contrario, será como él determine. Algo que marcará en la Historia, sin esperarlo, al actual presidente de la Generalitat Valenciana.
Políticos han sido los cargos público que el autor del recurso contra la intervención ha disfrutado mientras proseguía el proceso y de la administración local saldrán los 3.000 euros compensatorios que por sentencia le corresponden. Sin embargo, nadie todavía ha echado la cuenta real del coste que este proceso ha costado a nuestras administraciones en todos sus escalones: una observación que alguien debería tener en cuenta.
Denuncia administrativa. Hay un aspecto significativo que durante todos estos años ha pasado desapercibido para la misma sociedad que debe haber seguido de cerca, aunque como mera y atónita espectadora, el bullicioso debate.
La denuncia interpuesta por el abogado Marco Molines no se refería a la obra en sí; ni a la altura de los muros que cierran la escena; ni al proyecto de intervención firmado por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli; ni a la colocación de losas de granito blanco sobre la cávea del escenario, sino, simplemente, contra la orden que por aquel entonces firmó la Generalitat Valenciana por la que autorizaba la ejecución del proyecto y que aplaudió de forma casi unánime el ayuntamiento saguntino. Es la única clave. Un recurso sobre una simple firma que derivó en una cuestión de orden social y que las generaciones más recientes no llegan hoy a entender, como así han precisado. Un recurso contra un procedimiento administrativo que, sin embargo, ha derivado en una cuestión de profundo calado y consecuencia económica, urbanística y sobre todo social. Un contencioso administrativo que determina sobre el procedimiento, pero que no puede entrar de oficio sobre las verdaderas consecuencias, como así ha recordado firmemente el tribunal.
"La consecuencia lógica de la sentencia sería la demolición", contestó escuetamente el entonces nervioso y acosado Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJC), José Díez, cuando los periodistas le preguntaban insistentemente por la interpretación que debía realizarse de la sentencia que acaba de dictar su sala aquel día de 1993. Una sala gris y de muebles obsoletos que ha visto pasar año tras año a los protagonistas para consuelo de los "mass media" entre numerosos autos, sentencias, providencias y recursos.
La justificación del TSJ se encontraba en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, una norma extremadamente proteccionista, como así reconocen hoy en privado jueces, políticos y expertos en arquitectura y arqueología, pero que fue sancionada de esta manera para evitar que la joven democracia diera total carta blanca a promotores y ayuntamientos en una hipotética carrera contra la destrucción sin más del patrimonio. Y el Tribunal, como es su obligación, dictó según el contenido de la letra. De la misma manera que, ahora recuerda el Tribunal Supremo, que de dictarse la misma sentencia atendiendo al contenido de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, aprobada por el mismo Consell al que le tocará afrontar la demolición, el futuro del teatro romano sería todo el contrario. Como así ha ocurrido durante los últimos años en otros muchos ejemplos del patrimonio valenciano. Tan al contrario como marcan los actuales tratados internacionales y cartas europeas en cuestiones de rehabilitación y conservación patrimonial. Una Unión Europea que nadie ha observado todavía. Un debate al que nadie ha querido entrar en su fondo o prefiere obviar.
Ruina y rehabilitación. Para muchos expertos en arqueología y arquitectura, la imagen que llegó hasta nuestros días del teatro romano es la de una "ruina artificial" que permitía tener una idea de cómo pudo ser en su día el monumento. La documentación histórica que se conserva, aún no siendo todo lo precisa que debería ser dada la importancia de este vestigio declarado a finales del XIX Monumento Histórico Artístico, sin embargo, sí deja huella del expolio y las sustanciales modificaciones y reconstrucciones sufridas. Gran parte de su realidad, recordaba Grassi en uno de sus escritos, es producto de las intervenciones "de ordenación" realizadas durante el paso de los siglos. Intervenciones de las que no existe documentación escrita pero muchas de las cuales sí pudieron salir a la luz durante la última de sus rehabilitaciones. No existe tampoco precisión sobre cómo evolucionó la destrucción. Las crónicas lo obvian aunque algunas de ellas especulen sin prueba alguna que en el año 1550 pudo existir la escena completa.
Trabajos documentales efectuados por arqueólogas como Carmen Aranegui o Emilia Hernández despliegan apuntes sobre los cambios morfológicos de la ruina a partir de excavaciones arqueológicas previas a la restitución. Y aún son todavía más precisos los numerosos grabados y trabajos de Camarón, Laborde, Ortiz, Chabás o Chabret, o los dibujos que plasmó Van den Wijngaerde en el siglo XVI y que se recogen en la obra Las vistas valencianas. Por no hablar de las innumerables fotografías que ilustran su historia y sí permiten reconocer la verdadera evolución o la insensibilidad que parece haber existido históricamente hacia la preservación del monumento.
Una de estas instantáneas es muy significativa. Exhibe a Alfonso XIII a las puertas de la ruina durante una visita a la capital del Camp de Morvedre rodeado de una gran comitiva. A su conclusión, aseguran, fue obsequiado con dos supuestas diosas del primigenio teatro que hoy se conservan en el Museo del Prado. Y ya puestos, además de estar catalogadas, nadie reclama su devolución en estos tiempos que las normas autonómicas así lo recomiendan. No se sabe si esta imagen está recopilada en el portafolio entregado por Francisco Camps al Rey como regalado con motivo de su 70 cumpleaños.
Cantera de la población. El propio arquitecto Salvador Lara, uno de los nombres que se barajan para ejecutar la demolición de las obras cuya tesis doctoral, extensa y completa, estuvo dedicada al monumento saguntino y publicó el entonces Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Justo Nieto, reconoce en su trabajo el continúo expolio y deterioro sufrido por el complejo. De hecho, como dejaron escrito los viajeros franceses e ingleses del XVIII a estas tierras, columnas, capiteles, escudos, sillares y lápidas con inscripciones se reparten por innumerables edificios del Camp de Morvedre. Otros elementos han llegado incluso hasta Valencia, como por ejemplo, los que completan ciertas partes del monasterio renacentista de San Miguel de los Reyes.
Lara también describía en su trabajo el uso del teatro como cantera debido a su fácil acceso. Así como, los agresivos efectos que produjeron en él a lo largo de la historia las avenidas de agua debido a su situación topográfica. Asimismo, cataloga algunas de las intervenciones recientes de rehabilitación realizadas para poder mantener lo "posible", como fue la reconstrucción de una parte del monumento en la década de los cincuenta. Pero sobre todo, permite recrear la voladura parcial del mismo en 1811 para evitar que durante la invasión francesa el monumento pudiera servir como refugio de las tropas durante el asedio enemigo.
El minucioso y sensible trabajo de Lara, sin embargo, contrasta con la oferta recibida para encabezar el equipo de arquitectos que debe afrontar la demolición. Una iniciativa que, también es cierto, nunca ha admitido haber recibido formalmente e incluso ha llegado a desestimar públicamente. Seguramente, consciente de que una gran parte de sus colegas no entendería. Un conocido y prestigioso arquitecto valenciano reconocía recientemente en privado que no creía que ningún profesional que se precie sería hoy capaz de abordar una empresa de esta naturaleza. Ya no sólo por el riesgo que conlleva sino sobre todo porque se trata de realizar un ajuste de cuentas en vida a un proyecto de otro profesional cuya única culpa fue desarrollar un encargo.
jrsegui@epi.es
* Levante-EMV - JOSÉ RICARDO SEGUÍ - 13 de enero de 2008
Foto: La visita de Alfonso XIII a las ruinas de Sagunt, en 1905. levante-emv.com
Pelotazo en la Manga del Mar Menor: un campo de golf privado ocupa su mayor zona verde pública
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ELCONFIDENCIAL/Murcia* : La que debería ser la mayor zona ajardinada pública de La Manga del Mar Menor perteneciente al municipio de San Javier está ocupada ilegalmente por un campo de golf desde hace casi cuatro años. Se trata de la suma de dos parcelas. Una, de 30.170 metros cuadrados destinada a “sistemas de espacios libre” (jardines públicos) en el planeamiento urbanístico; la otra de 4.175 metros cuadrados, calificada de “espacio dotacional público”. En total 34.345. Sobre ambas hay un campo de golf en funcionamiento, que se explota comercialmente desde hace al menos dos años.
El conjunto de campo de golf y la urbanización de bloques de pisos que lo flanquea es conocido como Veneziola Golf. El proyecto del campo fue tramitado en el Ayuntamiento de San Javier, que concedió licencia para destinar a “Jardín Privado” ese espacio público compuesto por las dos parcelas el 25 de agosto de 2004, sólo cinco días después de que el entonces alcalde de la localidad, José Hernández, hiciera la propuesta pertinente, el 20 de agosto de 2004.
El campo de golf con pista de pitch and putt se construyó inmediatamente y lo explota la sociedad mercantil Ladera Dos Mares del Mediterráneo, que está acabando de construir ahora, en ambos extremos del campo, y sobre parcelas urbanizables, dos conjuntos de cinco bloques de diez plantas cada uno.
La mercantil Ladera Dos Mares publicita el conjunto residencial en su página web como viviendas junto al mar con campo de golf. Según la documentación a que ha tenido acceso El Confidencial, en el Ayuntamiento de San Javier no consta fehacientemente la propiedad actual de esas dos parcelas de uso público según las normas subsidiarias sobre las que está el campo de golf privado.
San Javier no tiene Plan General Urbanístico aprobado finalmente. El anterior gobierno municipal dio luz verde en enero de 2007 a un Plan pendiente de aprobación definitiva. Pero, en el ínterin, el PP perdió la alcaldía y el control del consistorio tras las elecciones de mayo de 2007 y ahora es el PSOE, que gobierna en minoría, el que debe tomar las decisiones oportunas para elevar o no a definitiva la aprobación inicial.
Una tramitación veloz de PP y PSOE
Desde el principio hasta el final, todo lo relativo a esta tramitación fue muy deprisa, salvo lo relativo a dotar al conjunto golfístico de agua de riego propia. De hecho, el pasado dos de julio de 2007, por lo menos un año después de que el campo fuera abierto a sus clientes, un anuncio firmado por la nueva alcaldesa socialista, Josefa García Hernández, informó de que “se ha solicitado licencia para la construcción de una planta desaladora, en la urbanización Veneziola Golf”.
Ese anuncio era el corolario de un proyecto presentado el 8 de mayo de 2006 por el Administrador Solidario de Ladera Dos Mares del Mediterráneo S.A., Antonio Luis Gil Sánchez, para una “estación depuradora de aguas residuales de la Urbanización Veneziola Golf”.
La depuradora/desaladora acaba de ser terminada, coincidiendo prácticamente con el acabado de uno de los dos conjuntos de cinco bloques de pisos que flanquean el campo y cuyas aguas residuales deben abastecer a esa estación para regar los greens.
No se sabe cómo se ha venido regando hasta ahora, pero la instalación deportiva está funcionando a pleno rendimiento, en pleno corazón de la zona norte de La Manga, la que corresponde a San Javier, desde hace dos años.
* El Confidencial - Vidal Coy, 14/01/2008
Foto: La Manga del Mar Menor (Murcia), vista - elconfidencial.com
El edificio que promovió el alcalde de Navajas tiene tres plantas más de las permitidas
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LEVANTE/Castelló* : El edificio impulsado en Navajas por la promotora del alcalde, José Vicente Torres, sobrepasa el número de plantas que permiten las Normas Subsidiarias del municipio. Esta es la conclusión de un informe visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castelló que se ha incorporado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe, donde se desarrolla un proceso penal contra el alcalde por presunta prevaricación, por avalar en su día la licencia de obras de su propia promotora, Villas de Navajas SL, que impulsa desde hace dos años un bloque de pisos en la calle Vicente Mortes.
El informe, facilitado por el abogado del denunciante, José Domínguez, está fechado el 21 de febrero de 2007, si bien no ha sido hasta hace un mes cuando se ha dado traslado del mismo a la acusación desde el juzgado. En concreto, el Colegio de Arquitectos facilita datos sobre el visado del proyecto básico del inmueble promovido por Villas de Navajas SL y, como conclusión, subraya que "el edificio proyectado sobrepasa el número de plantas indicado en el plano de altura de la edificación del proyecto de Revisión de las Normas Subsidiarias de Navajas".
Este informe fue remitido el pasado mes de octubre, para su conocimiento, al alcalde de Navajas y al jefe del servicio territorial de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Territorio. En ambos casos el Colegio, en su escrito, destaca que ya se ha advertido a los arquitectos y al promotor -Villas de Navajas- de que "en la fachada opuesta a la calle Vicente Mortesel edificio que se proyecta sobrepasa el número máximo de plantas". En concreto, se subraya que en esta cara del edificio la altura máxima "debería ser de planta baja y dos plantas, cuando la realidad es que cuenta con planta baja más cinco alturas".
El conflicto parte de la denuncia del vecino colindante a la obra, José Domínguez. Al margen de denunciar la inexistencia de un informe geotécnico, sobre todo al levantarse el inmueble sobre una conocida gruta del municipio, el vecino considera que estamos ante un proceso urbanístico marcado por la presunta falta de licencias e incluso acuerdos municipales "viciados de nulidad radical".
Uno de los puntos más polémicos de la investigación judicial, en la que ya han declarado el alcalde -que es vicepresidente de la Fundación Bancaja- y su socio en la promotora -Agustín Villanueva, hijo del presidente de la sección inmobiliaria de Bancaja (CISA)- se refiere al papel que ha desempeñado el primer edil en este proyecto.
Comisión de Urbanismo
Por un lado, el denunciante ha confirmado que José Vicente Torres "es propietario y socio de la empresa que promueve el edificio". Por ello, al ser interesado en la obra, los denunciantes recalcan que el alcalde debió abstenerse en la comisión de Urbanismo que, con fecha 19 de octubre de 2004, otorgó a Villas de Navajas SL la licencia de construcción, aspecto éste que está siendo comprobado por el juez.
Por ello, en el caso de que se confirme que José Vicente Torres participó en la citada comisión de Urbanismo y votó, según el denunciante, "el acuerdo estaría viciado de nulidad radical y, además, estaríamos ante un presunto delito de prevaricación por intervención dolosa del alcalde".
* Levante-EMV - Emilio Regalado, Castelló - 13 de enero de 2008
Foto: Una de las fachadas del edificio denunciado/ rosa piquer, levante-emv.com
Guateque: "Les pedí un 'kilito' para repartir: 2.500 para cada uno y un regalo"
ELPAÍS/Madrid* : A tan sólo cinco meses de su jubilación, Victoriano Ceballos, funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido arrestado por agentes de la Guardia Civil. La detención se produjo el pasado 14 de noviembre, cuando se iniciaron las actuaciones del caso Guateque. Fue acusado de presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar dinero a cambio de agilizar licencias de locales de ocio.
Ceballos ha visto cómo se desmoronaba la supuesta red de corrupción que presuntamente encabezaba. Todo comenzó con la demanda de un empresario que, en agosto de 2006, denunció presiones para que entregara dinero a cambio de acelerar la tramitación de la licencia de un bar de su propiedad.
Durante cinco meses, la Guardia Civil realizó escuchas a varios teléfonos, en los que aparecen numerosas conversaciones de funcionarios y conseguidores y donde se relaciona a Ceballos con el cobro de dinero a cambio de sacar adelante licencias.
En una de las conversaciones extraídas del sumario, Antonio Sanz Escribano, directivo de la empresa de ingeniería AB Sanz Escribano, y encarcelado por el juez Torres, habla con Ceballos sobre la licencia del teatro Martín, en la calle de Santa Brígida, de cuya tramitación se encarga la empresa Viagral. Según consta en el sumario, Sanz Escribano recibe otra llamada justo después de conversar con Ceballos. Esta vez es Vicente de Gregorio Alcalde, propietario de Viagral, vuelven a hablar de la licencia del teatro Martín, construido en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana a instancia del empresario de la escena Casimiro Martín. "Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos", comentan ambos empresarios.
En otra de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil Eduardo Giménez López, propietario del pub Jaleo llama a Ceballos para repartirse 6.000 euros (un millón de pesetas) por la licencia del pub, situado en la calle de Orense.
Eduardo Giménez. Oye, qué bueno. Ya sabes que les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 euros cada uno, porque los otros 1.000 euros son para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de distrito.
Victoriano Ceballos. Muy bien.
E. G. ¿Te parece correcto?
V. C. ¡¡Correcto!!
De los 187 expedientes de concesión de licencias que investiga la Guardia Civil y el juez Santiago Torres, 26 han sido tramitados por Ceballos en tiempo récord. El supuesto cabecilla de la trama despachó los expedientes de licencia en menos de un mes, cuando el tiempo medio de tramitación es de un año y medio.
Conforme avanza la investigación judicial del caso Guateque, instruida por el juez Santiago Torres, el funcionario del área de Medio Ambiente Victoriano Ceballos se va erigiendo como el cabecilla de la trama de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid. El proceso, cuyas actuaciones se iniciaron el pasado 14 de noviembre, acumula al menos 17 funcionarios imputados y 10 personas encarceladas.
En una de las conversaciones grabadas por agentes de la Guardia Civil en junio del año pasado y que figuran en el sumario, abierto parcialmente por el juez Torres la semana pasada, un arquitecto identificado como Jesús García, contratado por Viagral, llama por teléfono al directivo de la empresa de ingeniería AC 93 Sanz Escribano y le dice que los propietarios del teatro Martín han llamado a Óscar Acero, funcionario de la Gerencia de Urbanismo, para interesarse por la licencia del teatro Martín. Sanz Escribano, que ingresó en prisión el jueves pasado, le responde que Ceballos lo está arreglando con la abogada.
Jesús García. Me llaman los de Gerencia y me dicen que están llamando la propiedad de Santa Brígida para que te pregunte cómo van los trámites.
Antonio Sanz Escribano. ¿Y cómo es que no me llama a mí la propiedad?
J. G. ¿Cómo?
A. S. E. Por qué no me llama a mí la propiedad.
J. G. Pues no lo sé. Pregúntale a tu amigo Antonio que cómo va la situación. Yo creo que bien, no hay ningún problema en ese sentido, pero...
A. S. E. Estaba Victoriano Ceballos viendo con la jefe de..., con la abogada, la forma de decir que sí ahora.
J. G. Pero tú lo tienes controlado, ¿sigues controlándolo?
A. S. E. Sí, yo sigo controlándolo.
El propio Jesús García reconoce durante el interrogatorio de la Guardía Civil que "Ceballos se deja querer", en relación a "que admite dádivas por hacer favores como funcionario". A tenor de todas estas conversaciones y las pruebas inculpatorias contra Ceballos, el juez Torres determinó su ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Ceballos encabezaba presuntamente una trama en la que también participaban su superior en la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, también en prisión, y su compañera Carmen Eulalia Ibáñez. Esta última ha sido puesta en libertad bajo fianza a principios de enero tras declarar ante el magistrado. Lo que sí confirma el juez en un auto judicial es la existencia de "una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero".
Un informe elaborado por los agentes de la Guardia Civil que investigan la Operación Guateque revela que la red de corrupción ha sido posible por la falta de controles del Ayuntamiento.
"Las licencias están paralizadas"
La segunda parte del caso Guateque se juega en clave política. La oposición insiste en que el Ayuntamiento constituya cuanto antes una comisión para investigar el caso, pero el gobierno municipal, del PP, no parece dispuesto a hacerlo hasta que el secreto de sumario esté abierto completamente. La semana pasada el juez Santiago Torres levantó parcialmente el secreto de sumario. Hizo público 8 de los 10 volúmenes del proceso, los que tienen que ver con su primera actuación del pasado 14 de noviembre.
"El gobierno municipal está entendiendo el caso Guateque como una manera electoralista porque no quieren que la comisión se ponga en marcha para no manchar la figura del alcalde", afirmó el edil socialista responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento, Pedro Sánchez. Sánchez explicó que la comisión de investigación servirá para "conocer los fallos de control, calibrar si la ordenanza de licencias es o no efectiva, a nuestro entender no, y hacer conclusiones para mejorar su funcionamiento".
La batalla política está servida y más a pocos meses de las elecciones. El Grupo Municipal Socialista ha fijado su estrategia en responsabilizar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de la falta de controles. Éste, por su parte, señala que la trama viene de lejos.
El concejal socialista adelantó ayer que solicitará en las comisiones de Medio Ambiente y de Urbanismo información sobre el número de licencias concedidas por parte de estas áreas municipales desde que comenzaron las detenciones en el marco de la Operación Guateque.
"Por la información que nos llega entendemos que existe una más que probable paralización en el otorgamiento de esas licencias", señaló Sánchez. El concejal socialista añadió que existe "bastante inseguridad" entre los trabajadores del Ayuntamiento desde que el gobierno municipal "señaló como principales responsables de la trama a los funcionarios".
* ELPAIS.com - J. A. H. / J. S. G. - Madrid - 14/01/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
V de Vivienda Leganés comienza la campaña por el Referéndum y las Asambleas Populares sobre el nuevo plan de Urbanismo
LAREPÚBLICA/Madrid* : El Sábado 5 de Enero, durante toda la mañana, miembros de dicha asamblea iniciaron esta campaña mediante la colocación de mesas informativas, reparto de panfletos y, lo más importante, recogida de firmas de apoyo a la propuesta de la Asamblea. Desde las 11 de la mañana, y hasta las 15 horas de la tarde, se mantuvo el puesto de información y recogida de firmas por el que fueron pasando los vecinos, algunos convocados por la difusión previa del acto, y otros que se detenían a recibir información de la propuesta y apoyarla con su firma.
Miembros de la asamblea valoraron muy positivamente el inicio de esta campaña, de la que dicen “V de Vivienda considera que la más profunda democracia participativa es la mejor garantía de que el PGOU no se convierta en terreno de disputas mezquinas que amparen intereses especulativos de unos y otros. Leganés es de todas y todos sus ciudadanos, y todos deben discutir en profundidad su futuro. Ello se asegura de manera práctica haciendo que sea el conjunto de la ciudadanía quien tenga la capacidad de iniciativa, debate y decisión final sobre el Plan General”
También dicen en el manifiesto que se leyó que “la experiencia ha demostrado hasta la saciedad en nuestro país que dejar la elaboración del urbanismo de nuestras ciudades en exclusiva a los representantes institucionales no garantiza en absoluto que no se vaya a ceder a los intereses privados de los grandes grupos inmobiliarios, en contra del interés general, que es el que siempre se dice defender. La corrupción tiene su mejor caldo de cultivo en la reducción de la democracia, la opacidad y la pasividad de la ciudadanía”
Durante el transcurso del acto público, se produjo una anécdota muy curiosa. El alcalde de la localidad, Rafael Montoya, pasó con uno de sus guardaespaldas junto al puesto en el que estaban recogiendo firmas los miembros de la asamblea y se detuvo para tener, durante un buen rato, un debate a pie de calle que fue recogido por los micrófonos de un compañero de prensa que se encontraba entrevistando a estos.
http://www.ecoleganes.org/spip.php?article3040
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) será abordado, propuesto y aprobado por el ayuntamiento en esta legislatura, y ahora el tema central es ver si será realizado de manera verdaderamente democrática, en asambleas populares por barrios, como propone esta asamblea, y ratificado con un referéndum, o si los partidos en el poder en el ayuntamiento aplicarán el rodillo electoral para imponer a los vecinos un plan desarrollado para ellos pero sin ellos. En definitiva, “todo para el pueblo” pero… ¿con o sin el pueblo?.
Más información:
AsambleaLeganes@gmail.com
* La República - Miércoles, 9 de enero 2008
Foto: vdevivienda-leganes - pancarta
Una pareja de policías locales de inspección urbanística se construye un chalé ilegal
TERRA/Córdoba* : El sueño de edificarse un chalé en suelo rústico a las afueras de Córdoba no es exclusivo de los ciudadanos de a pie que, por desinformación o empujados por la picaresca, deciden hacer caso omiso a la ley. El fenómeno de las parcelaciones ilegales tiene raíces tan profundas en la capital y tentáculos tan extendidos, espoleado por una cierta tolerancia pública y el encarecimiento de los pisos por la burbuja inmobiliaria, que incluso aquellos que trabajan para atajarlo sucumben a él.
Esto es lo que le ha sucedido a dos agentes de la Línea Verde, el servicio encargado de las denuncias en materia de infracción urbanística de la Policía Local de Córdoba, quienes se han construido ilegalmente una casa unifamiliar aislada de dos plantas, con porche y garaje, en la finca de Torreblanca. Dicha parcelación se encuentra aún en fase de desarrollo urbanístico y, por tanto, está terminantemente prohibido poner un ladrillo, aunque en el futuro, toda vez que se complete el proceso, se pueda edificar.
Este obstáculo legal no impidió que la pareja de agentes edificara su vivienda y que lo hiciera sin solicitar la preceptiva licencia de obras a la Gerencia Municipal de Urbanismo, a sabiendas de que nunca se la hubiesen concedido porque se trata de un terreno donde no se puede levantar ni un simple muro de hormigón hasta que los trámites del proyecto de parcelación y urbanización lleguen a su término.
Control de las obras ilegales
Se da la paradoja de que ambos están muy familiarizados con el problema de las parcelaciones ilegales. Lo conocen de primera mano. Es más, trabajan para frenarlo. Su labor en la Jefatura Local de Seguridad consiste precisamente en dar parte de las edificaciones que se llevan a cabo sin licencia en la ciudad y tramitar las denuncias, que son comunicadas al servicio de Inspección Urbanística de la Gerencia.
En concreto, uno de estos dos agentes, uno de los titulares de la parcela en Torreblanca, forma parte de la Línea Verde que patrulla zonas de la periferia.
Su nombre, firma y la referencia que lo identifica como agente municipal consta en multitud de expedientes de infracción urbanística que ha abierto en los últimos años, localizados principalmente en la zona protegida de la Sierra, y que han culminado luego en cuantiosas sanciones a propietarios.
Sin embargo, esa firmeza y escrupulosidad que, como miembro del equipo de inspección policial, está obligado a ejercer con las irregularidades ajenas no se ha aplicado en contra suya.
En la Gerencia de Urbanismo 'no hay constancia de expediente por infracción urbanística a nombre de estas dos personas [en alusión a ambos agentes] por realizar obras sin licencia en el citado emplazamiento', expone el informe solicitado por este periodista al Servicio del Inspección Urbanística de la Oficina de Disciplina de Obras de la Gerencia, firmado por el jefe de este departamento y sellado el pasado 21 de diciembre. No consta tampoco que con posterioridad a esta fecha se haya impuesto ninguna multa por dicha obra ilegal, según ha podido corroborar este diario.
Cerca de la Carrera del Caballo
La vivienda en cuestión se encuadra dentro del plan parcial de Torreblanca, en una zona limítrofe con el Paraíso del Arenal, la urbanización de casas adosadas que el empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez promovió en la zona denominada Carrera del Caballo.
El Registro de la Propiedad, que en efecto da cuenta de la escritura autorizada por un notario el 30 de diciembre de 1997, describe su emplazamiento como tierras de secano, encinar y pastos, procedente de la finca que da nombre a toda la urbanización. Ocupa una superficie total de 5.200 metros cuadrados, repartidos entre varios propietarios. Los dos agentes citados son titulares del 22 por ciento.
* Terra Actualidad - VMT - 13/01/08
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - R.Alcaide, abc.es
Detienen al promotor de chalés de lujo ilegales de l´Atzúvia por un presunto delito urbanístico
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LEVANTE/Alacant* : La brigada especializada en delitos urbanísticos de la Guardia Civil de Alacant detuvo esta misma semana al constructor alemán, Klaus Dieter May, y a su esposa en su casa de l'Atzúvia por un presunto delito urbanístico. Sobre los ciudadanos recaen varias denuncias por presuntas irregularidades cometidas en suelo no urbanizable.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana aseguraron que al menos el promotor pasó ayer a disposición judicial en el juzgado número 7 de Dénia y fue puesto en libertad provisional sin fianza con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes para firmar. Se han abierto diligencias secretas, que está llevando a cabo el juzgado número 1 de Dénia, según el TSJ.
Según ha podido saber este diario, los agentes de la Guardia Civil acudieron a la vivienda de Klaus Dieter May y su esposa a principios de semana y detuvieron a los ciudadanos ante la atenta mirada de los vecinos. Sin embargo, tras pasar a disposición judicial, ayer los acusados se dejaron ver de nuevo por l'Atzúvia.
El promotor alemán ha estado ligado a la proliferación en l'Atzúvia de viviendas de gran extensión sobre suelo no urbanizable y en parcelas inferiores a 10.000 metros cuadrados. Unos hechos que han sido denunciados reiteradamente por la asociación ecologista Gelibre, Agró y el grupo municipal del Bloc, quienes han acusado al alcalde, el popular Manuel Reig, de permitir las supuestas irregularidades cometidas por el conocido constructor.
Advertencias administrativas
Fue en mayo de 2007 cuando la Conselleria de Territorio, tras recibir una denuncia administrativa de Agró, instó al consistorio a anular licencias concedidas en el plazo de un mes. La secretaria autonómica, Cristina Serrano, advertía al Ayuntamiento de l'Atzúvia de más de una docena de licencias concedidas de manera irregular para la edificación de construcciones de aperos y labranza -que no pueden superar los 32 m2 de superficie- y que han sido utilizadas para levantar valiosas edificaciones que sobrepasan con creces la volumetría permitida. Las viviendas son extraordinariamente lujosas, con piscina y pistas de tenis algunas de ellas. De hecho, existen edificaciones valoradas en tres millones de euros. Viviendas que se han construido en suelo no urbanizable y en plena montaña.
Sin embargo, el ayuntamiento alegó contra la resolución de la conselleria y fue la administración autonómica la que alertó de que podía incluso impugnar las licencias y ordenar el derribo de las casas para restablecer así la legalidad urbanística.
Futuro PGOU
Mientras se resuelven las alegaciones, el gobierno del PP de l'Atzúvia ha decidido comenzar los trámites para elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Para Gelibre, asociación ecologista local, no se trata más que de una manera de "solventar las ilegalidades urbanísticas permitidas desde hace años por el consistorio".
* Levante-EMV - M. J. Mascarell, L'Atzúvia - 12 de enero de 2008
Foto: Una de las viviendas construidas por el promotor en suelo no urbanizable de l'Atzúvia /levante de alacant
Gran Scala, un proyecto a debate
JAIME MINGUIJÓN* : Uno de los aspectos que más me ha sorprendido en relación al proyecto empresarial de Gran Scala es la fuerza con la que se ha introducido en el debate cotidiano, en las conversaciones en el trabajo, entre amigos, con la familia. Y en esos casos, ya va siendo habitual que, tarde o temprano, alguno de los contertulios te asalte con la pregunta: "¿pero, tú, estás a favor o en contra?" He de reconocer que, hasta el momento, mi respuesta ha sido siempre la misma: "pues, según cómo". Y es que, a día de hoy, lo único que sabemos es que se trata de un proyecto que si algún calificativo merece es el de desbordante.
Los datos sobre capital a invertir, trabajadores a emplear, superficie a urbanizar, casinos, centros de ocio, hoteles a construir, etc. hacen muy difícil que cualquier ciudadano medio (entre los cuales me ubico) se pueda ni siquiera hacer una idea de la magnitud de la empresa a la que nos enfrentamos. Una única iniciativa que excede sobremanera cualquier otra que haya podido haber nunca en Aragón.
Hasta el momento, el proyecto ha sido gestionado de forma discreta por nuestros gobernantes y, según nos dicen, en ello ha residido en gran medida el acierto de que al final, sus impulsores, se hayan decidido por realizar la inversión en nuestra Comunidad. Sin embargo, esa discreción, que a lo mejor era necesaria, incluso imprescindible, ha conllevado una serie de efectos perversos que no pueden dejarse de lado. Quizás el más trascendente de ellos es que se están articulando en la sociedad una serie de respuestas, tanto a favor como en contra del proyecto, que cada vez están alcanzado mayor fuerza y vigor. Estas respuestas, en general, pueden calificarse como precipitadas, pues no disponemos de la información suficiente para poder armar un argumento y un juicio definitivo sobre lo que será y representará Gran Scala en nuestra Comunidad. Y es que nos faltan datos y, mientras no se complete la información, es muy difícil desmarcarse de la respuesta lacónica y tibia que representa el "pues, según" y tomar partido por una u otra opción.
Pero los ciudadanos tenemos derecho a poder tomar partido y expresar nuestra opinión en torno a un asunto que parece tendrá gran trascendencia para nuestro propio futuro. Por lo tanto, antes de tomar una decisión política definitiva respecto al proyecto de Gran Scala, es preciso que se nos proporcione la información suficiente para que nos podamos formar un juicio de valor en torno al mismo. Este aspecto es un requisito imprescindible de cualquier proceso democrático de participación.
Sin embargo, una vez esté a disposición pública esa información de forma accesible y asimilable para la mayoría, no estará solucionado el problema, pues será el momento de abrir un debate ciudadano en torno a la cuestión, debate que tendrá una dimensión formal, a través de los medios que establezcan nuestros representantes políticos, pero que sin duda tendrá una dimensión informal, como se está pudiendo comprobar ya en las interacciones y conversaciones en las que tomamos parte. Y en ese momento deberán establecerse unos patrones claros y compartidos acerca de los elementos que habrán de ser tomados en consideración para ayudar a formar un juicio sobre el proyecto. Aunque todas las opiniones son válidas, las decisiones colectivas, los procesos de consenso, no deben ampararse exclusivamente en un acuerdo entre facciones que representan intereses contrapuestos. Ni tampoco se pueden dejar llevar por el miedo al cambio o por previsiones de todo tipo (catastrofistas y triunfalistas) que se vierten de forma demagógica. Sin olvidar los intereses particulares presentes en el debate, el criterio que más fuerza debe alcanzar en este proceso de toma de decisión es el bien común y el interés colectivo.
Pero definir el bien común tampoco es una tarea sencilla. Defender que lo que decidan las Cortes de Aragón representa, per sé, el interés general, no deja de ser una táctica peligrosa, pues significa hurtar del debate público un tema totalmente novedoso, de gran trascendencia, que nos implica a todos y que, recordemos, no ha sido objeto de confrontación ni sometido a valoración en ninguna consulta popular, pues se lanzó a la arena pública justo después de las elecciones autonómicas de mayo pasado. Por lo tanto, nuestros representantes tienen la obligación, más que en ningún otro caso, de abrir ese debate público y de establecer los criterios compartidos que deben formar parte de ese horizonte que representa el bien común.
Bien común que en la era de la globalización ha ensanchado extraordinariamente sus límites, pues ahora sabemos que cualquier acción, y especialmente una de tanta envergadura, se dé donde se dé, tiene efectos que se extienden más allá de los territorios aledaños y de las generaciones actuales. Por lo tanto, hay un criterio prioritario que debe tomarse en consideración por todos los participantes en el debate sobre el proyecto de Gran Scala desde la perspectiva del bien común: la sostenibilidad. La sostenibilidad no nos habla exclusivamente de la adopción de posturas sensibles hacia el medio ambiente, sino que abarca igualmente a las dimensiones económica y social. Un proyecto sostenible es aquel que, garantizando la pervivencia de las generaciones actuales, no hipoteca la de las generaciones futuras. Y precisamente, en esa tensión es donde nos vemos en la obligación de encontrar un difícil equilibrio, que en ningún caso puede primar "exclusivamente" uno de los polos. Por otra parte, Gran Scala tendrá una incidencia que sin duda sobrepasará los límites de los municipios donde se instale, por lo que el debate y la información debería ampliarse en círculos concéntricos, partiendo del lugar privilegiado que deben tener los territorios y personas directamente afectados, pero extendiéndose en momentos posteriores al conjunto la comarca, de la provincia, de la Comunidad Autónoma, etc.
* Sociólogo
* El Periódico de Aragón - Opinión - 13/01/2008
El juez imputa a Roca, Muñoz y Yagüe en una pieza separada por operaciones de urbanismo
YAHOO/Marbella* : El juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) investiga dos operaciones urbanísticas en una pieza separada del "Caso Malaya", en la que han sido imputados, entre otros, el ex asesor del Ayuntamiento Juan Antonio Roca y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe. El instructor, Óscar Pérez, ha abierto un procedimiento aparte de la causa en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".
El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la primera de las operaciones, además de a Roca, Arteche y Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el "Caso Malaya"-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora.
En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela "Francisco Norte", tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez no accede a la propuesta policial de proceder a la detención de Arteche y solicita al Ayuntamiento que informe sobre los expedientes urbanísticos de ambas fincas, y ordena que se practiquen distintas pruebas periciales.
El magistrado señala que en la operación "Ave María" el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.
El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros.
Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de "Ave María" a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros.
El auto judicial señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.
Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".
El magistrado apunta que, teniendo en cuenta el PGOU de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.
Dicha actuación, según Pérez, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".
Subraya además que en la hipótesis que se manejaba en el convenio de la aplicación de la revisión del PGOU de 1998 el valor de los aprovechamientos que permutaba el consistorio ascendía a casi cinco millones de euros, mientras que fueron adquiridos por Arteche por 1,8 millones de euros, "lo que muestra indicios de fraude".
* Yahoo Noticias - EFE - Marbella (Málaga), 13 ene 2008
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
Arona: El juez acusa al alcalde y a siete ediles de cohecho, tráfico de influencias y extorsión
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ELDÍA/Tenerife* : A los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio añadió los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión a raíz de la declaración testifical del empresario José Ramón Ansorena, que motivó las detenciones de un empresario y del arquitecto municipal.
El testimonio del empresario José Ramón Ansorena Cabrera, como representante de la entidad Proguito S.L., motivó no sólo las detenciones y posterior prisión del arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa, y del empresario Arsenio Zamora, sino que supuso la ampliación de las imputaciones al alcalde, José Alberto González, y a los siete concejales que formaban con él la junta de gobierno local durante el mandato anterior.
Hasta el pasado 18 de diciembre, fecha en que compareció Ansorena ante Nelson Díaz Frías, magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, tanto el alcalde como los concejales Félix Sierra, Alfonso Barroso, José Luis González, Juan José Alayón, Manuel Barrios, Sebastián Martín y Daniel Martín estaban imputados por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio. Sin embargo, el juez emitió un auto al día siguiente en la que explicaba que a tales supuestos "habría que añadir (...) los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión".
En el auto citado, en el que también procede a "declarar totalmente el secreto de las actuaciones", que estará vigente hasta el próximo día 19, el juez tiene en cuenta la declaración del representante de Proguito S.L., "así como los elementos probatorios aportados por el referido", para adoptar esta medida. De hecho, especifica que en los presumiblemente nuevos delitos incorporados a la causa "presuntamente estarían implicados, según dicha declaración testifical, varios funcionarios públicos del Ayuntamiento de Arona, aludiendo dicho testigo (José Ramón Ansorena) directamente a un concejal ya imputado", además de al detenido Arsenio Zamora.
Según otras fuentes consultadas por EL DÍA, efectivos de la Policía Judicial acudieron a la casa consistorial aronera el viernes pasado para recabar la documentación necesaria obrante en las dependencias municipales con las que constatar aspectos de lo declarado ante el juez por el empresario Ansorena Cabrera.
Se ampliará en breve
Por otra parte, el abogado de una de las partes personada en la querella, Felipe Campos, confirmó ayer a este periódico que "estoy ultimando los detalles" para proceder a la ampliación de dicha denuncia a los actos de dicho órgano municipal posteriores a la fecha (mediados de febrero de 2007) en que la Fiscalía Anticorrupción interpuso tal querella contra la Junta de Gobierno Local anterior. El motivo es que percibe una supuesta reiteración del comportamiento que dio lugar a la denuncia en el transcurso de los últimos meses del mandato que concluyó con las elecciones celebradas el 27 de mayo pasado.
Felipe Campos no especificó la cantidad de acuerdos adoptados en ese periodo por la Junta de Gobierno Local, pero sí apuntó que el mismo órgano ya ha tomado decisiones similares, supuestamente, en el mandato actual, incluyendo la concesión de una licencia vinculada a un ex concejal del equipo gobernante anterior.
El gobierno municipal de Arona durante el periodo 2003-2007 lo formaban CC, CAN y PP, mientras que el presente está integrado sólo por ediles de Coalición Canaria, que obtuvo la mayoría absoluta hace siete meses.
* El Día - MEDINA, Arona - 11 DE ENERO DE 2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas
LEVANTE/Valencia* : La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que "los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad".
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo "la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas".
La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde "no ha existido ningún tipo de publicidad", apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, "los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación". En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, "el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como", tal como lo denunció en su momento el PSPV. "Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa".
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce "sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública" y "perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación".
Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba "disolver estas sociedades mercantiles" porque en algunos casos había quedado "sin contenido el objeto social de las empresas constituidas".
Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 13 de enero de 2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
