La batalla de Sagunt

LEVANTE/Valencia* : Sagunt resistió durante meses el asedio de Aníbal. Y ahora ha cumplido 17 años de su contemporaneidad enfrascado en una batalla judicial y política contra uno de los elementos claves de su patrimonio: su teatro romano. Una historia que aún no ha encontrado su destino final y que ha vuelto a levantar a una parte importante de su población frente a una nueva forma de conquista que, otra vez, intenta llegar de mucho más allá de los muros defensivos de su castillo. La política continúa presente y determinando la historia de la ciudad y su principal monumento pero, sobre todo, su futuro más inmediato.

Si por política y privilegios geográficos y estratétigos Sagunt fue un enclave anhelado por culturas y ejércitos durante siglos, la política podría quedar como única razón que hoy envuelva el caso de su teatro romano. Además, mucho más allá de otras consideraciones de carácter estético, cultural o arquitectónico que nada parecen ya valer.

Porque fue en una tribuna política, como Les Corts, donde arrancó este asunto hace más de tres lustros. Y se produjo en pleno debate político entre el ex diputado del PP, Juan Marco Molines, quien tomó la antorcha de la cruzada, y el entonces atrevido conseller de Cultura socialista Cipriá Ciscar. Y fue política la decisión de su rehabilitación; como también la del entonces candidato a la presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de asumir la denuncia como propia, apoyado por una sonora campaña mediática. E incluso la de incluirla en su programa electoral. Será política-pero económica para todos- la orden que la actual Generalitat suscribirá oficialmente apoyando la demolición de las obras, como así ha sugerido el Tribunal Supremo. Pero no sin recordar el Alto Tribunal que el asunto ni le va, ni le viene, ni en el fondo le preocupa. Y que, como en su momento nadie dijo lo contrario, será como él determine. Algo que marcará en la Historia, sin esperarlo, al actual presidente de la Generalitat Valenciana.

Políticos han sido los cargos público que el autor del recurso contra la intervención ha disfrutado mientras proseguía el proceso y de la administración local saldrán los 3.000 euros compensatorios que por sentencia le corresponden. Sin embargo, nadie todavía ha echado la cuenta real del coste que este proceso ha costado a nuestras administraciones en todos sus escalones: una observación que alguien debería tener en cuenta.

Denuncia administrativa. Hay un aspecto significativo que durante todos estos años ha pasado desapercibido para la misma sociedad que debe haber seguido de cerca, aunque como mera y atónita espectadora, el bullicioso debate.
La denuncia interpuesta por el abogado Marco Molines no se refería a la obra en sí; ni a la altura de los muros que cierran la escena; ni al proyecto de intervención firmado por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli; ni a la colocación de losas de granito blanco sobre la cávea del escenario, sino, simplemente, contra la orden que por aquel entonces firmó la Generalitat Valenciana por la que autorizaba la ejecución del proyecto y que aplaudió de forma casi unánime el ayuntamiento saguntino. Es la única clave. Un recurso sobre una simple firma que derivó en una cuestión de orden social y que las generaciones más recientes no llegan hoy a entender, como así han precisado. Un recurso contra un procedimiento administrativo que, sin embargo, ha derivado en una cuestión de profundo calado y consecuencia económica, urbanística y sobre todo social. Un contencioso administrativo que determina sobre el procedimiento, pero que no puede entrar de oficio sobre las verdaderas consecuencias, como así ha recordado firmemente el tribunal.
"La consecuencia lógica de la sentencia sería la demolición", contestó escuetamente el entonces nervioso y acosado Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJC), José Díez, cuando los periodistas le preguntaban insistentemente por la interpretación que debía realizarse de la sentencia que acaba de dictar su sala aquel día de 1993. Una sala gris y de muebles obsoletos que ha visto pasar año tras año a los protagonistas para consuelo de los "mass media" entre numerosos autos, sentencias, providencias y recursos.

La justificación del TSJ se encontraba en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, una norma extremadamente proteccionista, como así reconocen hoy en privado jueces, políticos y expertos en arquitectura y arqueología, pero que fue sancionada de esta manera para evitar que la joven democracia diera total carta blanca a promotores y ayuntamientos en una hipotética carrera contra la destrucción sin más del patrimonio. Y el Tribunal, como es su obligación, dictó según el contenido de la letra. De la misma manera que, ahora recuerda el Tribunal Supremo, que de dictarse la misma sentencia atendiendo al contenido de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, aprobada por el mismo Consell al que le tocará afrontar la demolición, el futuro del teatro romano sería todo el contrario. Como así ha ocurrido durante los últimos años en otros muchos ejemplos del patrimonio valenciano. Tan al contrario como marcan los actuales tratados internacionales y cartas europeas en cuestiones de rehabilitación y conservación patrimonial. Una Unión Europea que nadie ha observado todavía. Un debate al que nadie ha querido entrar en su fondo o prefiere obviar.

Ruina y rehabilitación. Para muchos expertos en arqueología y arquitectura, la imagen que llegó hasta nuestros días del teatro romano es la de una "ruina artificial" que permitía tener una idea de cómo pudo ser en su día el monumento. La documentación histórica que se conserva, aún no siendo todo lo precisa que debería ser dada la importancia de este vestigio declarado a finales del XIX Monumento Histórico Artístico, sin embargo, sí deja huella del expolio y las sustanciales modificaciones y reconstrucciones sufridas. Gran parte de su realidad, recordaba Grassi en uno de sus escritos, es producto de las intervenciones "de ordenación" realizadas durante el paso de los siglos. Intervenciones de las que no existe documentación escrita pero muchas de las cuales sí pudieron salir a la luz durante la última de sus rehabilitaciones. No existe tampoco precisión sobre cómo evolucionó la destrucción. Las crónicas lo obvian aunque algunas de ellas especulen sin prueba alguna que en el año 1550 pudo existir la escena completa.

Trabajos documentales efectuados por arqueólogas como Carmen Aranegui o Emilia Hernández despliegan apuntes sobre los cambios morfológicos de la ruina a partir de excavaciones arqueológicas previas a la restitución. Y aún son todavía más precisos los numerosos grabados y trabajos de Camarón, Laborde, Ortiz, Chabás o Chabret, o los dibujos que plasmó Van den Wijngaerde en el siglo XVI y que se recogen en la obra Las vistas valencianas. Por no hablar de las innumerables fotografías que ilustran su historia y sí permiten reconocer la verdadera evolución o la insensibilidad que parece haber existido históricamente hacia la preservación del monumento.

Una de estas instantáneas es muy significativa. Exhibe a Alfonso XIII a las puertas de la ruina durante una visita a la capital del Camp de Morvedre rodeado de una gran comitiva. A su conclusión, aseguran, fue obsequiado con dos supuestas diosas del primigenio teatro que hoy se conservan en el Museo del Prado. Y ya puestos, además de estar catalogadas, nadie reclama su devolución en estos tiempos que las normas autonómicas así lo recomiendan. No se sabe si esta imagen está recopilada en el portafolio entregado por Francisco Camps al Rey como regalado con motivo de su 70 cumpleaños.

Cantera de la población. El propio arquitecto Salvador Lara, uno de los nombres que se barajan para ejecutar la demolición de las obras cuya tesis doctoral, extensa y completa, estuvo dedicada al monumento saguntino y publicó el entonces Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Justo Nieto, reconoce en su trabajo el continúo expolio y deterioro sufrido por el complejo. De hecho, como dejaron escrito los viajeros franceses e ingleses del XVIII a estas tierras, columnas, capiteles, escudos, sillares y lápidas con inscripciones se reparten por innumerables edificios del Camp de Morvedre. Otros elementos han llegado incluso hasta Valencia, como por ejemplo, los que completan ciertas partes del monasterio renacentista de San Miguel de los Reyes.

Lara también describía en su trabajo el uso del teatro como cantera debido a su fácil acceso. Así como, los agresivos efectos que produjeron en él a lo largo de la historia las avenidas de agua debido a su situación topográfica. Asimismo, cataloga algunas de las intervenciones recientes de rehabilitación realizadas para poder mantener lo "posible", como fue la reconstrucción de una parte del monumento en la década de los cincuenta. Pero sobre todo, permite recrear la voladura parcial del mismo en 1811 para evitar que durante la invasión francesa el monumento pudiera servir como refugio de las tropas durante el asedio enemigo.
El minucioso y sensible trabajo de Lara, sin embargo, contrasta con la oferta recibida para encabezar el equipo de arquitectos que debe afrontar la demolición. Una iniciativa que, también es cierto, nunca ha admitido haber recibido formalmente e incluso ha llegado a desestimar públicamente. Seguramente, consciente de que una gran parte de sus colegas no entendería. Un conocido y prestigioso arquitecto valenciano reconocía recientemente en privado que no creía que ningún profesional que se precie sería hoy capaz de abordar una empresa de esta naturaleza. Ya no sólo por el riesgo que conlleva sino sobre todo porque se trata de realizar un ajuste de cuentas en vida a un proyecto de otro profesional cuya única culpa fue desarrollar un encargo.


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* Levante-EMV - JOSÉ RICARDO SEGUÍ - 13 de enero de 2008
Foto: La visita de Alfonso XIII a las ruinas de Sagunt, en 1905. levante-emv.com