Poco a poco se va desarrollando el juicio contra la exalcaldesa socialista, Pilar Sánchez, y sus movimientos urbanísticos corruptos para favorecer a la empresa 'amiga' TISA, saltándose las normativas y presionando a los técnicos hacia sus fines partidistas. El resultado del concurso del Parque Tecnológico, gracias a estos chanchullos urbanos, fue claramente contrario a los intereses del municipio, que dejó de percibir una importante fuente de ingresos, al reducir artificialmente el precio del suelo, aunque finalmente la bancarrota del ayuntamiento jerezano impidió llevarlo adelante.
"LAVOZDIGITAL* : Recta final del juicio que sienta en el banquillo por tercera vez a la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), por el presunto trato de favor a una empresa 'amiga' a la que el Ayuntamiento le concedió una subvención de más de 244.000 euros sin que reuniera los requisitos para su instalación en el fracasado Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez.
El delegado Anticorrupción del Ministerio Público ha defendido un duro informe final esta mañana durante dos horas. En él ha solicitado al tribunal de la Audiencia Provincial que imponga «una pena ejemplar» porque considera que a lo largo de tres semanas de vista oral ha quedado acreditado que las personas que gobernaban en el momento de ocurrir los hechos (2005-2009) «faltaron a las normas básicas, se saltaron la ley a la torera y presionaron a técnicos» para favorecer a la empresa TISA.
El menoscabo que habría generado esta actuación a las arcas públicas jerezanas, defiende el fiscal, está en que «dejaron de ingresar esa cantidad». Una cifra que fue el resultado de la reducción del precio del suelo que se le ofreció a TISA dentro del PTA.
El fiscal Anticorrupción ha recordado que este trato preferente a una empresa que finalmente no puso en marcha su proyecto en Jerez se produjo en un contexto «de bancarrota» del Ayuntamiento de Jerez, con graves problemas para pagar gastos corrientes y la nómina municipal.
Así, mantiene la petición de siete años de cárcel y 17 de inhabilitación para Pilar Sánchez; cuatro años y medio para el exdelegado de Fomento, Francisco Lebrero; cinco y medio para la exedil de Medio Rural, María del Carmen Martínez y penas inferiores de hasta dos años y tres meses para los responsables de TISA y un trabajador municipal.
Este último fue quien confesó a principio del juicio que firmó el informe de valoración de la empresa, que sirvió para concederle la mayor cantidad de subvención posible por indicaciones de la edil María del Carmen Martínez y pese a que su función en el PTA era la de un simple jardinero.
El jardinero y la peluquera
Durante la intervención del fiscal, la exedil María del Carmen Martínez no paraba de sollozar. "Ella era el brazo ejecutor de las órdenes dictadas de arriba, ¿y a quién se podían referir?" En varias ocasiones ha lanzado preguntas retóricas sobre quién podía ser esa persona, para concluir que "no podía ser otra" que Pilar Sánchez. "¿Qué interés podía tener una concejala y un jardinero en conceder una subvención a una empresa a espaldas de sus superiores?"
La concejala "prácticamente está condenada", dice el fiscal, desde que el capataz afirmó que siguió instrucciones de ellas para sustituir la firma de un técnico y falsear así el documento sobre el que se asentó la posterior concesión de ayuda.
La defensa de la concejala ha apelado en distintas sesiones a la falta de formación específica de su cliente para conocer el contenido de un estudio técnico de idoneidad empresarial, recordando que antes de dar el salto a la política, había sido peluquera. El fiscal ha rebatido de antemano ese argumento afirmando que "si estaba preparada para ser concejal, debe asumir sus responsabilidades y si no, que no hubiera aceptado ese puesto".
La prueba más contundente que ha manejado la acusación pública en este procedimiento ha sido el testimonio del director técnico que debió haber firmado el famoso informe, que reconoció presiones para que mejorara la valoración de TISA y que señaló directamente a la alcaldesa, cuando le llamó a su despacho, le entregó documentación sobre ese proyecto y los teléfonos de contacto. Una escena que describió ese testigo tanto en instrucción como en el juicio.
El Ministerio Público también ha recordado el correo electrónico que este empleado remitió al jefe de gabinete y marido de Pilar Sánchez, y al "hombre de confianza" de Francisco Lebrero. En él incluía un borrador con el informe que se negó a firmar. Para la acusación es un indicio solvente de que tanto la alcaldesa como su concejal de Fomento eran los destinatarios finales de ese material comprometedor.
Las defensas han atacado a la credibilidad de este técnico, afirmando que se movía por venganza al no ver colmadas sus aspiraciones de ser nombrado gerente del PTA y ha sido tachado a lo largo del juicio como una persona conflictiva y problemática, pero que sin embargo, nunca fue expedientado en el ejercicio de sus funciones.
Si el tribunal se inclina por los argumentos de la Fiscalía, la exalcaldesa de Jerez se vería abocada al ingreso en prisión al contar ya con una sentencia condenatoria de dos años.
* La Voz Digital - Silvia Tubio - 28.1.15
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
El fiscal solicita una pena ejemplar para la exalcaldesa de Jerez por el 'caso PTA'
Santa Cruz.- El Rosarito: un grito para decir "existimos y estamos aquí"
Entre la carretera general del sur de Tenerife y un macrobarrio como el limítrofe Taco, ya en La Laguna, está encajonado un núcleo del Suroeste que apareció en el mapa con la riada del 31M de 2002. El barrio está casi abandonado desde entonces y faltan servicios e infraestructuras que nunca llegaron a construirse. Los vecinos lo denuncian ahora ante las carencias que siguen sufriendo como barrio marginal entre las dos grandes ciudades tinerfeñas.
"ELDÍA* : El Rosarito también existe. Y está en Santa Cruz. Es la declaración de principios de un barrio al que la riada del 31 de marzo de 2002 puso tristemente en el mapa. Sus vecinos superaron poco a poco aquel mal trago. Hoy en día buscan un camino de desarrollo y futuro. La tipología de toda la zona es la clásica de casas terreras de autoconstrucción porque "aquí no ha habido boom de la construcción". Lo asegura Javier Rivero, el joven presidente de la asociación de vecinos Acorán durante el recorrido.
"Hay miles de metros cuadrados de solares públicos abandonados, añade, que originan focos de suciedad e insalubridad. Están ahí, a la espera de que, una vez aprobado el PGO, llegue una urbanización que estaba en marcha justo antes de explotar la burbuja inmobiliaria. Hace falta trabajo y puede ser una posibilidad".
A Javier lo conoce todo el mundo en un barrio en el que la crisis ha agudizado el ingenio. "Este trabajo de pintura lo hacen dos vecinos a otro que lo necesita. Mejor que el dinero se quede aquí", apunta mientras saluda a alguien subido en una grúa y luego al dueño de la casa.
Rivero apunta que "infraestructuras y servicios están prácticamente igual que hace 40 años". Insiste en que el futuro "pasa por la edificación. Si el Suroeste es la zona de expansión de Santa Cruz, este barrio, exagerando un poco, puede ser la del distrito. Traería empleo y equipamientos como instalaciones deportivas, jardines o plazas. Aquí hay desarrollo urbanístico para 50 años".
Entre las carencias relaciona "la falta de marquesinas de guaguas por el problema de la estrechez de la carretera, la mejora pendiente del parque infantil, colocar badenes reductores para el tráfico en algunas calles o solucionar los malos olores de las alcantarillas".
"Siempre hay problemillas de competencias por lo del límite con La Laguna, pero se van solucionando", apunta Rivero, también miembro del tagoror por CC.
Cuatro son sus grandes retos a corto y medio plazo. En primer lugar, las dos salidas del barrio. Por un lado, conectar la calle Peregrinos con Prudencio Tadeo, ya en El Draguillo. Se han recogido 250 firmas y queda una expropiación. El otro ámbito expansivo es hacia la TF-2 con la paralizada Vía Ofra-El Chorrillo como eje. "El Gobierno de Canarias solo dota con 10.000 euros a la obra en 2015", critica.
La tercera gran línea de trabajo es "un plan de acción comunitaria a través de la Fundación La Caixa y el proyecto Juntos en la misma dirección del Cabildo, que propone rehabilitar zonas del barrio y establecer sinergias entre vecinos de Santa Cruz y La Laguna.
Por último, la preocupación más reciente: la aplicación de la ITE en viviendas con más de 50 años. "Hay que dar solución a los muchos vecinos sin recursos, mayores y carentes de formación. Están dentro de la ratio para que el informe lo haga Urbanismo a coste cero. Ha habido poca información. Después del Carnaval lo retomaremos. Tenemos preparados los listados y se ha contratado a un único arquitecto para todos".
Javier Rivero glosa su idea de El Rosarito: "Es un barrio pequeño con cosas grandes". Pero no quiso terminar sin enviar un mensaje algo enigmático de cara al futuro: "Después de seis años, tal vez sea el momento de dejar paso a otras personas y afrontar otro camino en lo personal y lo profesional".
Nombre y situación
Hasta que perteneció a El Rosario (1972), su nombre era el del municipio. Cuando lo recepcionó Santa Cruz para evitar la confusión -también con el Polígono (PROSA)- se "redujo". No fue bien aceptado al principio e, incluso, el dirigente vecinal de entonces, Manuel Hernández "el obispo", arrancó el cartel de la carretera. Pertenece al Distrito Suroeste y limita con las calles El Rosario (San Matías) y Maxorata, ambas de La Laguna, la carretera general del Sur, Tíncer y la TF-2 hacia El Draguillo.
Población
850 personas, una cifra estable.
Reseña histórica
Uno de los barrios más antiguos de la zona, conserva una casa de piedra y barro con techo de teja que tiene más de 300 años, alineada de tal manera que no se vieran luces desde la costa para evitar saqueos piratas. Flanqueado por los barrancos del Muerto y el que baja de La Esperanza, eran habituales las
casas-cuevas. La riada del 31 de marzo de 2002 marcó un barrio donde "hubo gente que lo perdió todo".
Servicios
Cartillas sanitarias, en Barranco Grande y Tíncer. Los niños van al colegio El Draguillo y luego al Bethencourt y Molina o al IES San Matías.
Fiestas
En agosto, en honor de la Virgen de El Rosario, cuya imagen donó un vecino, Eugenio Castilla. Antes procesionaba la virgen del Carmen.
Accesos
Todas las líneas que llegan a Taco, "intercambiador virtual", las 23...
Javier Rivero
"Mi recuerdo de la riada, con 13 años, es sacar fotos de las casas para mandarlas al ayuntamiento". A sus 26 años, Javier Rivero -vinculado a las Artes Gráficas y a punto de afrontar el acceso a la Universidad- lleva ya seis al frente de Acorán, donde sustituyó a un histórico, Pancho García, actualmente en Venezuela. Le viene de casta. Su abuelo era tesorero de la UD Rosario, club de fútbol antes y ahora de bolas. Y su padre, tesorero, pero de Acorán. "Nos conocemos por los apodos. Por ejemplo, el Calandria, que dio nombre a una calle, flaco y siempre nervioso. La primera fiesta fue allí, una vía sin salida, en 1972, con la Guardia Civil vigilando".
* El Día - JDM - 8.2.15
Foto: Santa Cruz de Tenerife, el Rosarito barrio - eldia
Pobreza y urbanismo segregado en la Ciudad de México
La ciudad de México ha crecido exponencialmente en los últimos años y, de la misma forma que crecía el número de habitantes, se deterioraban sus servicios básicos urbanísticos. La pobreza en muchos de sus barrios ha llegado a cotas nunca vistas, sin que haya habido una planificación urbana simultánea, constituyéndose auténticas zonas degradadas que, muchas veces, son barreras reales de modos de vida diferentes y hasta opuestos. Esto es apreciable cada día más.
"RICARDO PASCOE PIERCE* : “De acuerdo con los censos de INEGI y Conapo de 2000, en la Ciudad de México existían ocho y medio millones de personas, de los cuales 63% vivía con un ingreso de menos de dos salarios mínimos y se ubicaba en viviendas precarias y/o en situación irregular, con insuficientes o precarios servicios, ingresos familiares por debajo de los dos salarios mínimos, empleos inestables, inseguridad y violencia.” (Documento publicado por la Secretaría de Desarrollo Social del DF en 2003).
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicados en 2008, la situación de la pobreza en el DF había empeorado en ocho años, entre 2000 y 2008. La pobreza alimentaria aumentó de 5.8% de la población al 7% durante esos ocho años, mientras la línea de pobreza creció de 28% a 32.1% y la llamada pobreza de capacidades creció de 9.9% a 12.3%. Se considera que el número de pobres, como categoría general, se mantiene en 62% de la población total de la ciudad, según datos de Evalúa DF.
Esto significa 5.4 millones de personas.
Al mismo tiempo, la población total residente en la Ciudad de México se ha reducido en ese periodo en alrededor de 600 mil personas. La ciudad ha sido convertida en un espacio urbano expulsor neto de población. Las delegaciones que tienen un mayor número de colonias en condiciones de precariedad son: Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, seguidas por las que presentan condiciones de ruralidad, mientras que las delegaciones con menos precariedad son Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco y Miguel Hidalgo, y Benito Juárez, que no cuenta con ninguna.
El Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, perteneciente a la UNAM, considera que más de 60% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y existe una alta segregación y desigualdad residencial que se expresa en el deterioro de la calidad de vida de un amplio sector de su población y los intensos procesos de segregación residencial que opera en su territorio. Lo dice en su magna obra Ciudades del 2010: Entre la Sociedad del Conocimiento y la Desigualdad Social.
Justo es concluir que la gestión capitalina del PRD durante 18 años no ha podido (o querido) abatir la pobreza que existía cuando asumió el mando político-administrativo de la ciudad y que, para poder alterar en algo la cifra histórica de la pobreza urbana, se recurra a la expulsión de población para decir que los números absolutos de pobres se han reducido.
La frase del PUEC no podría ser más siniestra: “Los intensos procesos de segregación residencial que opera en su territorio…”.
El gobierno capitalino opera con una personalidad bipolar, donde una parte de ella se dedica a la repartición de dinero, despensas y otros apoyos a los “seis de cada diez” capitalinos que recibe su apoyo, según reza orgullosa la publicidad oficial. Pero la otra parte del actuar oficial vela por el enriquecimiento de individuos y empresas, a expensas de la población en general, al permitir procesos de especulación con el valor del suelo, lo cual tiende, a la larga, a obligar a muchos de esos “más de 60% de pobres” a abandonar a la ciudad y buscar vivienda más barata en el Estado de México, principalmente. El instrumento para lograrlo es muy sencillo: el gobierno local “ajusta” los cobros del predial y agua, y opera como un mecanismo “invisible” para obligar a los pobladores que no pueden pagar las nuevas tarifas a vender o abandonar sus predios y emigrar fuera de la ciudad. Hay quienes se alegran con este proceso de “intensa segregación residencial”, pues lo describen como renovación y modernización urbanas, amén de las extraordinarias utilidades que les reporta.
La gran perdedora de este proceso es la ciudad en su conjunto. Representa el rompimiento de formas tradicionales de vida en colonias, barrios y pueblos que han resistido la desaparición de lazos comunitarios que han servido para dar fortaleza a las formas de vida de los pobladores. La ética y moral se transmitía, en parte, por las formas de asociación de las miles de comunidades existentes en toda la ciudad. También el combate a la inseguridad. Y la cultura de socialización constructiva. La destrucción de comunidades enteras deteriora ese tejido social.
El GDF-PRD no ataca la pobreza. Más bien impulsa un proyecto urbanístico de destrucción de la integridad de la comunidad entera en la Ciudad de México, alegando modernidad y calidad de vida. Pero, ¿para quiénes?
* Excelsior - Ricardo Pascoe - 19.1.15
Foto: mexicocity - destination360
Diez casos estrambóticos de despilfarro con dinero público
%2C%2Bpalacio%2BCongresos%2B-%2Bpublico.jpg)
Aunque los grandes despilfarros delictivos han sido las Obras públicas, como el Ave o las nuevas Autopistas, hay casos más pequeños que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que sumando y sumando suponen una importante cantidad. Entre ellos traemos aquí una macrodiscoteca, un atril regio, un parque acuático, una enorme bandera, una pista de esquí de secano, un pregón de fiestas, dos impresoras monstruosas, un gran reno de mimbre, un palacio sin congresos, etc.
"STRAMBOTIC* : En los últimos tiempos han salido a la luz casos de despilfarro público de todos los colores. Los nombres de los alcaldes dilapidadores más famosos se han ido mezclando poco a poco con los de esas ciudades a las que les costará quitarse el sambenito de derrochadoras. Pero no pienses solo en Valencia y en las catastróficas obras de Calatrava que salpican la geografía española. Hay mucho más casos por ahí y, de hecho, los del famoso arquitecto no son, ni de lejos, los más rocambolescos. Prepara la maleta y tu mandíbula, porque este viaje te dejará con la boca abierta.
UNA MACRODISCOTECA PARA 8.000 BAILONGOS
¿En qué se nos fue el dinero? En una macrodiscoteca en Burguillos. Con 6.600 habitantes, la localidad sevillana es una de las más endeudadas de España, lo que no le impidió a su ayuntamiento financiar esta meca del ocio nocturno con capacidad para 8.000 personas.
¿Cuánto costó? El Ayuntamiento de Burguillos se dejó 1,4 millones de euros.
BARNIZAR UN ATRIL REGIO
¿En qué se nos fue el dinero? En la proclamación de Felipe VI. El hijo del mejor cazador de elefantes de Botsuana llegó a la jefatura del Estado costándonos, nada más empezar en su nuevo puesto de trabajo, un buen dinero en cosas tan útiles como barnizar el atril del Congreso, comprar cordones y medallas para los miembros de las Mesas del Congreso y el Senado y adquirir un tapete para colocar sobre él la corona.
¿Cuánto costó? 132.036 euros. Este día nos sirvió a todos los españoles para aprender que el barnizado de un atril no es nada barato: nos dejamos más de 2.500 euros en ese asunto.
UN PARQUE ACUÁTICO DE SECANO
¿En qué se nos fue el dinero? En un parque acuático que ha terminado siendo un secarral. El proyecto de este oasis veraniego entre olivares fue abandonado en mitad de su construcción, después haber gastado una buena parte del presupuesto.
¿Cuánto costó? 8,6 millones de euros. Cuando se paralizaron las obras, se estimaba que serían necesarios aún algo más de 4 millones de euros más.
UNA BANDERA DE 4 ‘KILOS’
¿En qué se nos fue el dinero? En una bandera gigante de España colocada a la entrada de Ciempozuelos.
¿Cuánto costó? 22.000 euros, cuando el gasto de este útil producto suele rondar los 9.000 euros.
UNA PISTA DE ESQUÍ EN UN SECARRAL
¿En qué se nos fue el dinero? En Meseta Ski, un proyecto financiado por la Diputación de Valladolid y que el Tribunal Constitucional echó para atrás (una vez construido, eso sí). El complejo, situado en Tordesillas, estaba formado por una pista de nieve artificial rodeada de los edificios necesarios para darle actividad a este parque temático de la nieve rodeado de matorrales.
¿Cuánto costó? Doce millones de euros.
EL PREGÓN DE BUSTAMANTE
¿En qué se nos fue el dinero? En el bonito, emotivo e intenso pregón de 15 minutos que David Bustamante hizo en Elda en 2011 para anunciar las fiestas de la localidad alicantina.
¿Cuánto nos costó? Algo más de 15.000 euros: Bustamante se llevó unos mil euros por minuto.
DOS IMPRESORAS MONSTRUOSAS
¿En qué se nos fue el dinero? En dos impresoras monstruosas compradas por el Ayuntamiento de Jerez en 2007. La más grande de ellas, japonesa, pesaba 19 toneladas y medía 8 metros de largo, 3 de ancho y 2 de alto. ¿Para qué? Nunca se supo muy bien el uso al que iba a destinar el consistorio semejante mamotreto.
¿Cuánto nos costó? En total, 600.000 euros. La impresora más grande valía más de medio millón de euros.
UN PALACIO SIN CONGRESOS
¿En qué se nos fue el dinero? En el palacio de congresos de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Este municipio de 26.000 habitantes, tiene ya (después de dos años de retrasos) su palacio de congresos aunque, eso sí, sin actividad.
¿Cuánto nos costó? Más de 13 millones de euros.
COTILLEO REAL
¿En qué se nos fue el dinero? En contratar a una empresa que analice lo que se dice sobre la Casa Real en las redes sociales.
¿Cuánto nos costó? Más de 62.000.
UN RENO DE MIMBRE
¿En qué se nos fue el dinero? En un precioso reno de mimbre comprado por la Diputación de Málaga para darle ambiente navideño a la provincia de la Costa del Sol.
¿Cuánto nos costó? 7.000 euros. Si, un reno de mimbre de 7.000 euros.
* Público - Strambotic - 4.2.15
Foto: Villanueva de la Serena (Badajoz), palacio Congresos - publico
La justicia vuelve a anular la renovación y ampliación del estadio Santiago Bernabéu
Con el fútbol hemos topado y, más aún, con el todopoderoso Real Madrid del presidente Florentino Pérez. Aunque parezca mentira, ya es la segunda vez que los tribunales echan para atrás la compleja operación urbanística del nuevo estadio Bernabeu. Otro pelotazo más, nunca mejor dicho, que pretendía el empresario-constructor de ACS. En 2012 fue autorizada y aprobada por el gobierno de la Comunidad y el propio Ayuntamiento 'popular', a través de la inútil (como siempre) Comisión de Urbanismo, pero a instancias de Ecologistas en Acción que la consideró negativa urbanísticamente para la ciudad, ya fue aceptado un primer recurso. Ahora ha llegado el segundo, aunque habrá que esperar a ver el final.
"ELCONFIDENCIAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el acuerdo del 15 de noviembre de 2012, dictado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que aprobó la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que afecta al estadio Santiago Bernabéu, informa el club.
A través de un comunicado en su web, el Real Madrid señala: "A raíz de esta sentencia, el Real Madrid trabajará conjuntamente con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en la subsanación de aquellos aspectos que sean necesarios para hacer viable el proyecto de reforma del estadio Santiago Bernabéu".
El 15 de noviembre de 2012, el Gobierno madrileño autorizó la modificación puntual del Plan General de Urbanismo que iba a permitir la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, que incluía su cobertura total, la creación de nuevas zonas verdes y la implantación de usos terciarios en el frente del paseo de la Castellana.
Esta transformación urbanística, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid y que aquel día refrendó la Comunidad tras pasar por la Comisión de Urbanismo, iba a permitir además a la capital obtener a cambio nuevos terrenos para redes públicas en el barrio de Opañel, en una zona que actualmente está infradotada. En virtud de esa autorización el Real Madrid iba a poder ampliar su estadio, incrementar su altura y cubrirlo por completo.
El proyecto de transformación arquitectónica del coliseo blanco contribuiría a la mejora del entorno urbano del estadio gracias a la creación de nuevas zonas verdes en el espacio que actualmente ocupa "La Esquina del Bernabéu". La demolición sobre rasante de este edificio, además de habilitar nuevas áreas al servicio de la población, permitiría ampliar el aparcamiento en el subsuelo.
En agosto del año pasado, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya aceptó un recurso de Ecologistas en Acción contra la permuta de terrenos del Ayuntamiento hacia el Real Madrid en la operación ‘Opañel-Bernabéu’, paralizando temporalmente la remodelación y ampliación del nuevo estadio.
* El Confidencial - 10.2.15
Foto: Nuevo estadio Bernabeu - EFE
2.000 vecinos de Castellar-Oliveral protestan contra el PGOU de Valencia
Como pasa siempre antes de unas elecciones, los políticos de turno se apresuran a aprobar sus planes urbanísticos, por más que estos sean contestados mayoritariamente por la ciudadanía. En Valencia, la alcaldesa 'popular' Rita Barberá tiene amplia experiencia en hacer lo que le viene en gana a pesar de que lo que digan los vecinos y de que, como en la pedanía de Castellar-Oliveral, salgan a la calle a protestar por un Plan que efectúa una reclasificación de la huerta protegida para la ampliación de dos autovías.
"ELPAÍS* : Unas 2.000 personas se han manifestado este sábado en la pedanía de Castellar-Oliveral contra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que el Gobierno local de Rita Barberá se propone sacar adelante antes de las elecciones municipales de mayo. La asociación de vecinos se opone a la nueva planificación porque destruye huerta protegida.
El plan general incluye una reserva de suelo para la posible ampliación de las autovías V-30 y V-31, así como la construcción de un ramal del tranvia de FGV que llegaría desde Pinedo, otra de las pedanías de Valencia, y que atravesaría el casco histórico de Castellar-Oliveral.
La asociación se ha movilizado para presentar alegaciones y se ha unido a la plataforma Per l'Horta, que ha reunido apoyos en amplios sectores ciudadanos contra la reclasificación de 415 hectáreas de huerta, según el Ayuntamiento, -la oposición las eleva a 700 hectáreas- para la construcción de 17.000 nuevas casas.
La manifestación ha salido a las once de la mañana de la plaza de Castellar y se ha organizado además una marcha en bicicleta que ha salido a las 10 de la Ciutat de les Arts i les Ciències para mostrar su rechazo al nuevo planeamiento urbanístico.
Por otro lado, los representantes del PSPV, Compromís y EU en el Consejo Agrario Local de Valencia han solicitado por registro de entrada la convocatoria extraordinaria para presentar alegaciones a la revisión del PGOU, sobre todo por la destrucción de terreno agrícola de huerta que está en producción. "La agricultura de proximidad se ha convertido en un sector refugio en la coyuntura económica actual, además de que existen decenas de miles de viviendas vacíos y parcelas para urbanizar dentro de los planes urbanizadores fracasados", añaden.
Más campus politécnico a costa de la huerta
El portavoz del grupo de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, ha exigido este sábado la retirada de la ampliación del campus de la Universitat Politècnica de València (UPV) con el fin de proteger "la poca huerta que queda" en el norte de la ciudad.
El concejal solicitará una reunión con el rector de la UPV para trasladarle esta petición y apelar "al sentido científico" para ahondar en la protección del entorno medioambiental, ha explicado en un comunicado.
Ha calificado de "vergüenza" que sea precisamente una universidad "la que vaya a encabezar la agresión más brutal contra el principal entorno medioambiental de nuestra ciudad", y propone la expansión "pero no a costa de la huerta" si no rehabilitando barrios como el Cabanyal o a través de otras fórmulas como la de la Universitat de València, que no tiene un único campus.
A su juicio, "no hay ninguna justificación ni necesidad de hacerla para llegar a una previsión de cerca de 850.000 habitantes y, por tanto, volvemos a insistir en que es una idea ya equivocada en 2007 pero injustificada en 2014".
Ha señalado que el Plan de Acción Territorial de Protección de la huerta de Valencia aún no ha sido aprobado.
* El País - Cristina Vázquez - 7.2.15
Foto: Vecinos de la pedanía de Castellar-Oliveral protestan contra la revisión del PGOU - elpais
Condenada la trama corrupta política de Lanzarote, con el expresidente del Cabildo a la cabeza
%2C%2Bcabildo%2B-%2Blanzarote.jpg)
La enorme trama de corrupción en Lanzarote sigue dando resultados judiciales. En un aparte del caso Unión continúan cayendo nuevas sentencias, así al expresidente del Cabildo y fundador del Partido Independiente de Lanzarote, Dimas Martín, le han condenado a 5 años de cárcel y otros siete años para el entonces viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez-Batllori por delitos como malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil. Es de suponer que el asunto no terminará aquí, sino que seguirá la investigación de la trama corrupta.
"PÚBLICO* : El nombre del caso, Unión, no se refiere a la unión de personas o de tramas, sino al de una céntrica cafetería de Lanzarote donde se citaban políticos y empresarios y circulaban maletines de hasta 100.000 euros en una trama corrupta desbaratada por la Guardia Civil en 2009 y que llevó a la cárcel al expresidente del Cabildo y fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín.
Este miércoles se ha conocido la primera condena de este caso y que supone cinco años de cárcel para Dimas Martín y otros siete años para el entonces viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez-Batllori por delitos como malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil, entre otros.
Esta condena se refiere a una pieza que se separó del sumario Unión para dilucidar si el responsable de Justicia de Canarias Rodríguez Batllori cobró dinero del Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa pública de aguas Inalsa por trabajos que nunca se realizaron y que, en realidad, encubrían el pago de sus gestiones para conseguir el tercer grado a Dimas Martín, que ya se encontraba en la cárcel.
La sentencia no deja lugar a dudas y condena a todos los acusados.
En concreto, la Audiencia Provincial de Las Palmas condena a Dimas Martin por prevaricación y un delito continuado de malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Arrecife a 5 años, 6 meses y 22 días de prisión y 10 años y 10 meses de inhabilitación absoluta.
Además, también se le considera culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos de la entidad Inalsa, así como de prevaricación; por lo que se le impone una condena adicional de dos años, nueve meses y veintidós días de prisión, y cinco años y cinco meses de inhabilitación absoluta.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas también condena a Rodríguez-Batllori Sánchez por un delito continuado de malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Arrecife en concurso con un delito continuado de prevaricación a las penas de dos años, nueve meses y quince días de prisión e inhabilitación absoluta por espacio de cinco años".
Sobre el caso de Inalsa, también lo considera culpable y le condena a dos años, nueve meses y quince días de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta. Asimismo, también es culpable para la Audiencia del delito de falsificación en documento mercantil y le impone penas de un año y nueve meses de prisión, y multa de nueve meses, con una cuota diaria de doce euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas.
La sala también ha condenado a dos concejales de Arrecife por esta malversación de caudales públicos y prevaricación. En concreto a la entonces concejal de recursos humanos, María Luisa Blanco (cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta) y al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez Sánchez (un año de prisión e inhabilitación de 3 años).
La Audiencia también condena a los responsables de la empresa pública Inalsa de aquella época. La entonces consejera, Plácida Guerra, y su gerente, Rafael Elorrieta Larrea, reciben penas cada uno de 5 años de prisión y 9 de inhabilitación absoluta.
Indemnizaciones
La sentencia también fija una indemnización de casi 20.000 euros de capital, más los intereses legales, en favor del ayuntamiento de Arrecife y que deberán pagar Martín, Rodríguez-Batllori, así como los exconcejales Rodríguez y Blanco.
También se deberá indemnizar a la empresa pública Inalsa con más de 26.000 euros de capital, más los intereses devengados, a pagar entre Martín, Rodríguez-Batllori, Plácida Guerra y Rafael Elorrieta.
La sentencia ordena deducir testimonio de la declaración durante el juicio realizada por el testigo Roberto Acuña Armas, que fue asesor de Inalsa, por un presunto delito de falso testimonio. Para ello, se abrirá una investigación judicial con las grabaciones del juicio y las actas con el fin de aclarar si Acuña mintió al tribunal.
* Público - agencias - 4.2.15
Foto: Arrecife (Lanzarote), cabildo - lanzarote
El mapa de los horrores urbanísticos de Madrid, el otro legado de Ana Botella
El urbanismo actual de la capital es un horror urbanístico que ha caído en manos de especuladores especializados que, poco a poco, van privatizando la ciudad y adaptándola a sus fines económicos más degradantes. Es fácil distinguirlo en cualquier actividad urbana, desde las líneas de metro hasta los nuevos complejos financieros o de ocio. Ante esta especulación urbanística generalizada hay colectivos que llevan trabajando bastante tiempo en lograr un Plan General municipal más equilibrado. Así la Plataforma 'No a Este Plan Urbanístico' pone negro sobre blanco las corruptas operaciones del Ayuntamiento de la ciudad.
"ELBOLETÍN* : La demolición del edificio España; la operación Mahou-Calderón; la operación Campamento; la recalificación de las cocheras del Metro de Ventas, Cuatro Caminos y Plaza de Castilla; el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, la venta de viviendas públicas a fondos buitre o la quinta de Torre Arias... son algunas de las “decenas de aberraciones urbanísticas cometidas en la capital “ que han recopilado las organizaciones que forman parte de la Plataforma 'No a Este Plan Urbanístico'.
Con dichos horrores urbanísticos se ha elaborado un mapa, un documento gráfico donde se sitúan todas estas actuaciones y se incluye una breve descripción, que se dará a conocer ala opinión pública en el Ateneo de Madrid.
Los colectivos que forman parte de la Plataforma 'No a este plan urbanístico' llevan ya muchos meses denunciando el gran número de operaciones urbanísticas que se están poniendo en marcha en este periodo preelectoral, “muchas de ellas hechas de espaldas a los ciudadanos, sin ningún consenso ni información, y sin que supongan beneficios para la ciudad sino todo lo contrario, pues responden en su mayoría a intereses exclusivamente privados, y de hecho privatizan una gran cantidad de suelo y edificios públicos”.
Una hipoteca preelectoral
Según ha explicado en reiteradas ocasiones “Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, colectivo que forma parte dicha plataforma, lo que se está haciendo es “una forma de puentear ese nuevo Plan General cuya aprobación se está haciendo imposible por cuestión de fechas, y una manera de hipotecar el futuro de Madrid ante la posibilidad de que se produzca un cambio de gobierno tras las próximas elecciones municipales”.
Denuncian desde la Plataforma No a Este Plan Urbanístico “la tramitación oscura y apresurada” que se ha hecho por ejemplo en el caso de la aprobación Definitiva del Plan Parcial de Reforma Interior de la Operación Mahou-Calderón y la Aprobación Provisional de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el Edificio España.
Como ejemplo, dice que “en la operación Mahou-Calderón se permite a los promotores construir ingentes rascacielos de viviendas en un barrio que sufre un déficit histórico de servicios públicos” , denunciando que “para el vecindario del entorno representa una pérdida irreparable de calidad de vida en el barrio y para muchos ciudadanos de Madrid resulta una contribución bochornosa al catálogo de desaciertos urbanísticos y especulativos que pueblan la ciudad”.
* El Boletín - 4.2.15
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
Las nuevas ciudades de los ricos
El urbanista Bernardo Secchi describe en su obra póstuma cómo el aumento de la desigualdad se percibe en el incremento de las urbanizaciones privadas. Tanto en Brasil como en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Venezuela o en Argentina, obviamente viven los ricos: la gated community es su capital espacial, lo que los distingue del resto de la población. La gated community es la negación de la ciudad, pero se convierte, junto a las favelas y los barrios pobres que inevitablemente las acompañan, en representación espacial de las características de la nueva sociedad y de su política de distinción o, en otros términos, de inclusión/exclusión.
"BERNARDO SECCHI* : A medida que el grupo de los ricos se vuelve, en sentido relativo, más pequeño y la distancia con los pobres aumenta, a las políticas de identificación y reconocimiento se unen las de separación y exclusión. Los ricos barrios residenciales del París de la Tercera República, del Londres victoriano, de la Viena fin de siècle, o del Milán de Beruto eran y son aún bien distintos de una gated community [urbanización privada].
Europa tiene una larga historia de ciudad y en la complejidad del palimpsesto del territorio europeo muchos aspectos de nuestro mundo y de su posible futuro se manifiestan desenfocados, confusos y más difíciles de reconocer. Un viaje a lo largo del continente americano, en el cual la condición social ha tenido siempre un papel menor que en Europa, puede, sin embargo, enseñarnos muchas cosas.
Si desde Canadá nos movemos hacia el sur, a través de Estados Unidos, México, los países de América Central, Brasil y Argentina, nos damos cuenta del progresivo aumento de la frecuencia y de la creciente transformación de las razones y el carácter de las gated communities. Algunas ciudades del Centro y Sudamérica se han convertido en representación clara del resultado de procesos de distinción y de exclusión/inclusión social.
En Brasil, por ejemplo, la compañía americana Alphaville ha construido y está construyendo algunas decenas de condominios fechados de grandes dimensiones, verdaderas y exclusivas ciudades nuevas con una población que puede superar en algún caso los 100.000 habitantes. En Argentina, en el área de Buenos Aires, al comienzo del siglo XX podían contarse cerca de 450 condominios cerrados, cada uno con su propio nombre.
El modelo urbanístico de referencia más frecuente es el del new urbanism nacido en Estados Unidos en los años ochenta y que ya en Peter Calthorpe, su ideólogo y propulsor, se mostraba del todo coherente —excepto en el lenguaje urbano— con la carta fundacional de la arquitectura y del urbanismo del Movimiento Moderno, esto es, con la Carta de Atenas, de la que se hacía una relectura a la luz de criterios estéticos que es inevitable señalar como “populistas”, aunque reconvertidos para clases medias altas. En los años noventa una versión más avanzada del new urbanism se apropia de las nuevas “teorías” ecológicas. Las smart cities estadounidenses, como las Alphaville brasileñas, las utilizan dentro de una gran retórica de marketing en la cual el tema de la seguridad, de una parte, y el de la calidad ambiental, de otra, se vuelven los pilares de la construcción de una nueva sociedad.
En 1996, se estimaba en 10 millones los ciudadanos estadounidenses que vivían en 20.000 gated communities
Dentro de estas ciudades, tanto en Brasil como en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Venezuela o en Argentina, obviamente viven los ricos: la gated community es su capital espacial, lo que los distingue del resto de la población. Entran por cooptación familias e individuos dotados —por usar una vez más las palabras de Pierre Bordieu— de elevado capital económico y/o cultural, y/o social; de rentas elevadas, y/o de elevado nivel de educación y profesionalidad, y/o de una red de relaciones sociales con los más altos grados del poder. Es notorio el caso del rechazo de una gated community argentina a aceptar la candidatura del más famoso futbolista del país.
La cooptación en los diferentes círculos, clubes y asociaciones es, por lo demás, en todo el mundo occidental y hace tiempo, el procedimiento utilizado por las clases superiores para reconocerse y encontrar, directa o indirectamente, adhesión y complicidad. Un procedimiento articulado y complejo que confía en el proyecto educativo de los jóvenes en los rallyes, en la asistencia a determinadas escuelas, en la participación en las fiestas organizadas en los diversos círculos y clubes. Los grupos emergentes que habitan en las gated communities adaptan su propio estilo de vida, su propia renta y su propio estatus al de sus homólogos, ya vivan estos en los beaux quartiers de Nueva York, o en Los Ángeles o en París, o en otras gated communities distribuidas por el mundo. Los pobres, desocupados o que llevan a cabo los trabajos más humildes de manutención y limpieza de las casas, de los jardines, de las calles y de las piscinas del club, viven en favelas o en áreas situadas a menudo en el entorno inmediato de la gated community. La burguesía parisina de la Tercera República construía les chambres de bonne en las buhardillas.
No existen evaluaciones globales —y la cosa no debe extrañar— de los que viven en las gated communities. Edward Blakely y Mary Gail Snyder, en 1996, estimaban en cerca de 10 millones los ciudadanos estadounidenses que vivían en 20.000 gated communities. En 2001, Thomas Sánchez y Robert Lang, con una evaluación más ajustada, contabilizaban en casi siete millones las familias (cerca del 5,9% de las familias estadounidenses) que vivían en comunidades encerradas por muros y en otros cuatro millones las que vivían en comunidades con diversos tipos de control de acceso. En total, en 2001, al menos 16 millones de personas vivían en Estados Unidos, dentro de gated communities.
La gated community es la negación de la ciudad, pero se convierte, junto a las favelas y los barrios pobres que inevitablemente las acompañan, en representación espacial de las características de la nueva sociedad y de su política de distinción o, en otros términos, de inclusión/exclusión. Pero la gated community, como de forma más discreta el círculo, el club o los impenetrables beau quartiers y de manera más ambigua y adornada los numerosos eco-barrios europeos, es algo más: es un estado de suspensión del orden jurídico-institucional del Estado al que pertenece; es lugar de nuevas y específicas formas de gobernanza construida ad hoc y aceptada en un pacto de mutuo acuerdo por sus habitantes; es Estado dentro del Estado.
Los aspectos jurídico-institucionales de la gated community son tan importantes como los físico-espaciales.
Naturalmente, el mundo de las gated communities, y más en general de la ciudad de los ricos, es muy variado y su importancia y composición social cambia según la estructura social de los diversos países y de las diversas áreas metropolitanas en las cuales se inserta. Entre las gated communities argentinas y el barrio bobo o el barrio exclusivo parisino hay profundas diferencias que no pueden infravalorarse. Papel, extensión y dinámica de las clases medias son en todo caso variables importantes para determinar su estructura y desarrollo.
La gated community se convierte en representación espacial de las características de la nueva sociedad
Lo que resulta interesante observar en las diversas situaciones es, por ejemplo, cómo opera exactamente la política de distinción sobre las clases medias: una parte es absorbida e incluida dentro de los estratos más ricos y/o potentes de la sociedad, se apropia de un capital espacial específico y queda incluida en la gated community; otra, bastante más amplia, es gradualmente excluida y arrastrada hacia una progresiva pobreza. La ciudad y el territorio construidos por la ciudad de los ricos son cada vez más “distinguidos” y fragmentados.
La búsqueda paciente de muchos arquitectos y urbanistas durante todo el siglo XX ha intentado, sobre todo en Europa, hacer que las distancias en la calidad del espacio usado por cualquier grupo social, dentro y fuera de la propia vivienda, fuesen menores que las que había entre los respectivos niveles de renta y de poder. Pero en los últimos decenios del siglo XX, en un periodo de progresivo crecimiento numérico y de centralidad política de las clases medias y del desmantelamiento del Estado del bienestar, el espacio habitado por diversos grupos sociales se ha vuelto a separar y divergir en sus aspectos fundamentales, alimentando las políticas y los comportamientos generadores de exclusión.
* El País - Bernardo Secchi - 1.2.15
Foto: Nordelta, una urbanización privada cercana a Buenos Aires. / RICARDO CEPPI
Sobre smart cities, ciudadanos inteligentes y candidatos en bici
Hay conceptos que se ponen de moda entre los urbanistas, sin saber muy bien a qué se están refiriendo, así ocurre de un tiempo a esta parte con las 'smart cities' o 'ciudades inteligentes'. A veces van a asociadas a la tecnología, otras a la sostenibilidad, pero no hay una definición clara al respecto. Incluso, sobre quién lidera esos nuevos procesos, en el que son los municipios o gobiernos municipales los que pretenden hacerlo, pero también es la propia ciudadanía la que los impulsa. La cuestión es si puede haber ciudades inteligentes sin contar con la inteligencia ciudadana para concebirlas, gestionarlas y vivirlas.
"ELDIARIO* : Algo le pasa a un concepto cuando lleva años dando vueltas y no se tiene claro su significado. Smart city, por ejemplo. De un tiempo a esta parte, no hay ciudad que no se apunte al carro smart pero nadie es capaz de explicar, ni siquiera Wikipedia, una definición convincente que incluya, además, los beneficios al ciudadano que se suponen a toda novedad en materia de renovación urbana.
Además, aplicar a este tipo de sustantivos el adjetivo inteligente —tal es la traducción de smart— da un poco de repelús. O al menos a mí, que nunca supe si bailaba techno inteligente o techno cazurro o si me reía con el humor inteligente o con el zoquete, pero supongo que eso es otro tema… El caso, volviendo a lo nuestro, es que en estos últimos días he leído o vivido tres escenas que me han dado para una reflexión. Y aquí va el paquete:
Escena 1, la semana pasada en Davos. Allí donde los queridos líderes se reúnen para jugar al mus y hablar de sus cosas que son las nuestras, un conciliábulo llamado Comisión Global para la Economía y el Clima, presentó unas cuantas conclusiones a los delegados asistentes. Lo hizo el ex presidente de México y capataz de dicha comisión, Felipe Calderón, con Al Gore, ex vice de Estados Unidos y salsa de todos los platos eco. Y lo que dijeron fue lo siguiente: “No podemos mantener ciudades diseñadas para el uso del coche. Recomendamos a las ciudades que aumenten su densidad y fomenten el uso del transporte público”. Y añadieron que había que pensar muy bien el dineral a invertir en los próximos 15 años —80 billones de euros— en ciudades en el mundo y que, como el 75% de la infraestructuras que estarán en funcionamiento para entonces aún no está ni diseñado, las decisiones que se tomen ahora repercutirán mucho en el futuro. Por supuesto, salió el concepto smart city, relacionado con otros como eficiencia y prosperidad pero, que yo haya visto, el acento no sobrevolaba por la palabra ciudadanía.
Escena 2, en esos mismos días, en Santander. Se celebraba una sesión especial del sarao llamado llamado Live In A Living City y subtitulado como Foro Internacional de la Ciudad Inteligente Humana. Allí estaba yo, de oyente, para tratar de enterarme por dónde va ahora lo smart y allí escuché a alcaldes y adjuntos al alcalde de ciudades de todo el mundo —Santander, claro, pero también Lorca, París, Braganza (Portugal), Santa Fé (Argentina) y Medellín (Colombia)—, arquitectos —muy interesantes los proyectos presentados a velocidad de cohete por Carmen Santana, de Archikubik—, urbanistas y todo tipo de gurús de la materia. Y oí cosas como que, efectivamente, “las ciudades están en el centro de la agenda mundial que se está tratando en Davos (lo dijo desde allí Carlo Ratti, de MIT). Que el objetivo común es que “el mundo esté formado por ciudades para la vida” (un puntito para Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín). Que “determinadas visiones de la ciudad consideran al ciudadano como un ciudadano pixel, un punto de una pantalla y nada más” y que “con la participación se hace mucha demagogia; se considera participación sólo como electoral, cuando puede ser permanente” (jugoso el diálogo entre Pablo Sánchez Chillón y Carlos E. Jiménez). Que “cambio, conexión y comunicación es lo que ocurre siempre en una ciudad, en las smart y en las de hace 500 años” y que “la tecnología está para servir al ciudadano, no al revés” (certera visión la de Michel Sudarskis, Secretario General del INTA). Que las “ smart cities empezaron con grandes empresas tratando de vender su tecnología a las grandes urbes, luego fueron las administraciones las que quisieron guiar esos procesos y ahora es la ciudadanía la que está empujando para no sólo ser cliente de la ciudad inteligente sino codesarrollador” y que “las ciudades que se están empezando a gestionar de abajo a arriba tendrán más éxito en el futuro” (un fuerte aplauso para Boyd Cohen, experto en estrategia urbana y climática y profesor de la Universidad del Desarrollo de Chile).
Escena 3, en estos días inciertos, en Madrid. El Antonio Carmona que no cantaba en Ketama ha dicho que quiere bajar las multas de tráfico y de aparcamiento porque “es de sentido común”. El candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, en esas mismas declaraciones, ha añadido que quiere luchar contra la contaminación y reordenar el tráfico mediante aparcamientos disuasorios, transporte público sostenible y una peatonalización que, eso sí, será “poco a poco”. Incluso ha tenido tiempo para terminar de adornar la paradoja prometiendo que va a hacer todo eso y mucho más —llenar la ciudad de cultura y limpiar las calles, por ejemplo— bajando impuestos. Días después, se ha dado una vuelta en bici por la ciudad disfrazado de algo y ha culminado su semana Dadá con unas lustrosas vaguedades sobre BiciMAD y la bici en nuestra ciudad y sin mencionar el programa de movilidad mucho más serio y competente que ha hecho la gente y que se le hizo llegar. De momento, y que se sepa, nadie le ha llamado populista.
La reflexión, ahora mismo, en el teclado de mi ordenador. Es posible que hagan falta ciudades inteligentes, pero no necesariamente esto pasa por llenarlas de tecnologías varias. De hecho, lo que necesitamos de verdad es mejores ciudades, ciudades pensadas por y para las personas y no por y para los poderes económicos, ya sean inmobiliarios, bancarios, tecnológicos o automovilísticos. Y, para ello, quizás sí que tengamos que convertirnos en ciudadanos más inteligentes. En la capital del reino, por ejemplo, tendremos que poner un poquito de coherencia y criterio en este desaguisado que es el Madrid de unos y otros pero no el nuestro.
* El Diario - Pedro Bravo - 31.1.15
Foto: Smart cities - eldiario
Leganés.- Una biblioteca vacía de 12 millones
%2C%2Bbiblioteca%2Bvac%C3%ADa%2B-%2BC.Rosillo.jpg)
Otro caso de despilfarro público en obras faraónicas se da en Leganés, donde hace ya 9 años se realizó un concurso de ideas para una nueva superbiblioteca. En 2008 comenzaron las obras con una oferta a la baja de la constructora con lo que, al final, tras su quiebra, se ha quedado sin rematar y ahora se debe realizar un nuevo concurso por un precio, lógicamente, bastante más alto. Hoy permanece abandonada y vacía, con una deuda en aumento por falta de mantenimiento, mientras los partidos políticos se pasan la pelota infructuosamente, lo que va a terminar costando unos 10 millones de euros a la localidad.
"ELPAÍS* : La Biblioteca Central de Leganés estaba destinada a ser la de mayor tamaño del sur de Madrid con sus imponentes 8.000 metros cuadrados edificados, su archivo histórico municipal y un espacio para la filmoteca del productor local Andrés Vicente Gómez. Pero hoy, lejos de ser un motivo de orgullo y disfrute del barrio de Leganés Norte, es una mole moribunda dejada a su suerte desde hace cuatro años.
El Ayuntamiento de Leganés (188.000 habitantes) asegura que en pocas semanas saldrá el concurso para contratar a una nueva constructora, tras quebrar la anterior. Su presupuesto era de 12 millones de euros y cuando se inaugure rondará los 14,5.
Cuando la constructora Imaga entró en suspensión de pagos en febrero de 2011 —ganó la subasta por seis millones menos que lo presupuestado por Leganés—, faltaba apenas un 12,96% del edificio por rematar, según cálculos de la dirección de obra. “Eso es lo que pasa cuando se hace una oferta temeraria. Se han hecho muchas locuras”, opina Desiderio Díaz, director general de Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Leganés.
La mitad de la trasera del edificio de hormigón —separado en dos por un vestíbulo de cristal— está recubierto de placas metálicas negras y el resto, a la espera de cobertura en su parte de atrás. La fachada principal, con pinceladas de colores, simula ser los estantes de una estantería. Mientras que la zona verde que circunda la biblioteca está tomada por las malas hierbas y un vallado metálico —con los carteles aún de la extinta Imaga— trata de impedir la entrada al recinto. Antes ni eso, la puerta corredera de cristal se abría con facilidad. La dirección facultativa alertó entonces del “riesgo que se produce en la falta de control en el acceso de personas, especialmente niños jugando inconscientes del riesgo”. Se terminó cerrando.
Hoy hay alambrada, pero ni rastro de custodia de la biblioteca. Un informe del servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento calculaba hace un año en 900.0000 euros las pérdidas por robos. En distintos momentos los ladrones se han ido llevando el cableado de la iluminación y hasta el aire acondicionado. “Al principio había quien la custodiaba, luego lo dejaron y robaron. Hace un año volvieron a poner policía por el día y la noche, pero ahora, desde hace meses, vuelve a no haber nadie”, cuenta Julián, un prejubilado ansioso por disfrutar de la biblioteca.
Tras la quiebra de la constructora, en 2011, el Consistorio intentó convencer a Imaga de que cediese el contrato “para evitar daños que serán de difícil recuperación y que, sin duda, representan un altísimo costo de reposición”, según el escrito municipal. No hubo acuerdo y el verano fue demoledor. “Se han producido fogatas en el interior, con nuevas roturas de cristales y daños materiales en instalaciones y mueble”, se afirmó en un informe.
Tras meses de rifirrafes con Imaga, el Consejo Consultivo de Madrid resolvió en junio de 2012 que Leganés podía contratar a otra constructora. Pero para entonces la alcaldía no era socialista —el PSOE proyectó la biblioteca en 2006 y gobernó hasta las elecciones municipales de 2011— sino del Partido Popular, que gobierna en minoría. Desde entonces unos y otros se han pasado la patata caliente y acusan al otro de no querer concluir las obras. El PP metió la biblioteca en un paquete de inversiones de 22 millones y la oposición lo bloqueó. El PSOE aseguró que había llegado a habilitar una partida de 1,5 millones para concluir las obras, pero el director general de Obras asegura que no era un extra, sino parte del dinero no pagado a Imaga.
Díaz detalla sus planes: “Parece que el Partido Popular no ha querido terminar la biblioteca y no es así. La oposición hasta última hora no ha querido sacarlo adelante. Se creó una comisión de trabajo todos los partidos y al pleno de febrero queremos llevar el pliego de condiciones del nuevo contrato para que una constructora termine la obra”. Para ese fin se van a destinar los cuatro millones que se han dejado de pagar a Imaga por incumplimiento del contrato y otros 2,5 millones que ha habido que sacar de otros remanentes municipales.
“Como necesitan seis meses para terminar la biblioteca, y ya no da tiempo a inaugurarla para las elecciones, pues han pasado de gastarse el dinero”, maldice Julián. La Biblioteca Central de Leganés, al menos, tendrá que seguir unos meses cerrada. Los libros no llegaron a comprarse y parte del mobiliario se lo llevaron las contratas.
Hace nueve años se habló de ponerle el nombre de un literato, pero ha llovido mucho desde entonces.
“Lo único que ofrecen es bares”
La biblioteca se enclava en Leganés Norte, un barrio que se levantó en 1996. Para su pesar, este entró en la historia cuando cinco terroristas del 11-M se inmolaron en uno de sus pisos. “Lo primero que tuvimos es la iglesia, luego el ambulatorio y el colegio y ahí se ha parado todo”, se lamenta Julián, un prejubilado del barrio.
“De las 4.000 viviendas, 800 son de integración del Instituto de la Vivienda de Madrid” (IVIMA), que depende de la Comunidad de Madrid. “Son muchas, pero yo veo bien que convivamos”, explica el vecino mientras señala los edificios de titularidad pública, varios de ellos justo enfrente a la biblioteca.
“Pero también necesitamos que nos arropen un poco. Tampoco han construido el centro de mayores. Lo único que ofrecen es ir a los bares”, se queja. Aunque reconoce que “por tradición” Leganés tiene una buena programación cultural. “Aquí hay buen teatro por siete u ocho euros todos los sábados”. El espacio para mayores iba a integrar el Centro Extremeño de Leganés. No ha pasado de levantarse el esqueleto de hormigón,
El Ayuntamiento de Leganés arrastra no solo el lastre de una biblioteca de presupuesto millonario (va por 14,5 millones y aún no ha sido inaugurada), sino una plaza de toros —conocida como La Cubierta—que es una ruina económica.
El pasado verano se acordó que el foso —con capacidad para 12.000 personas y que se presentaba como la primera de Madrid con techo plegable— regresará a manos municipales transcurridos solo 18 años de los 75 por los que se concedió su explotación.
La operación le va a costar a la localidad unos 10 millones de euros.
Nueve años de caos
En 2006el Ayuntamiento de Leganés convoca un concurso de ideas.
En 2007 Imaga se queda en la subasta con la construcción por 10 millones, seis menos de lo presupuestado.
Se pone la primera piedra en 2008.
El presupuesto se amplía en dos millones al incluirse una filmoteca en 2010.
En 2011 Imaga quiebra. Se deniega una ampliación del plazo de finalización.
En 2012 el Ayuntamiento suspende el contrato y el Consejo Consultivo resuelve que Leganés puede abrir expediente con otra empresa.
Una comisión da el visto bueno en 2014 a una partida de 2,5 millones para terminar la obra.
* El País - Elisa Silió - 2.2.15
Foto: La Biblioteca Central de Leganés, abandonada desde hace cuatro años. / CARLOS ROSILLO
La finca España se vende barata en internet
Este país está de saldo, todo se vende barato, barato. Las administraciones del Estado y las Comunidades se deshacen del patrimonio público a marchas forzadas. Toda clase de edificios monumentales, históricos, castillos, etc, son puestos a la venta al mejor postor. Este es el momento de que los grandes capitales internacionales se hagan con un pedacito de esta tierra a estupendo precio. A la cabeza figuran el ministerio de Defensa, con sus instalaciones militares y el de Interior con cuarteles y otras dependencias públicas. Pero también Comunidades como la de Madrid o la de Andalucía venden asequiblemente todas sus propiedades.
"F.FAFATALE* : Castillos, antiguos hospitales y casas cuarteles de la Guardia Civil, edificios históricos, pisos de lujo y solares, entre otros inmuebles, han sido puestos a la venta por las administraciones públicas españolas. No sólo el Estado, sino también las administraciones regionales se han sumado a la fiesta, vendiendo incluso las propias oficinas desde las que se realizan las privatizaciones. El patrimonio inmobiliario público incluso se ofrece al mejor postor en internet.
Los ingresos por ventas del Plan de Gestión de la Propiedad ascienden a 153 millones de euros, según expone (en inglés) el Informe Anual CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas). La Comisión CORA, impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, persigue presuntamente mejorar la eficiencia de las instituciones. En ella se jacta de adelgazar al máximo el sector público, por ejemplo, destruyendo 424.800 empleos públicos desde el tercer trimestre de 2011. El propio informe añade que “la mayor desinversión está prevista en los ministerios de Defensa y Fomento”. Hasta ahí llega la transparencia del Gobierno. Quien quiera conocer en detalle las operaciones inmobiliarias de las administraciones públicas (qué se ha vendido, a quién, por cuánto, etc.) tendrá que bucear en la red.
En efecto, el Ministerio de Defensa, que dirige el exempresario armamentístico Pedro Morenés ha desplegado un sorprendente movimiento inmobiliario, tanto por número de inmuebles como por actividad. Recientemente vendió el Taller de Precisión y Centros Electrónicos de Artillería, con una superficie de más de 14.000 m2, en la calle Raimundo Fernández Villaverde número 50 de Madrid, por 111 millones de euros a la gestora de viviendas DOMO, que ya está ofertando 355 viviendas y locales comerciales en esa parcela.
“Utilización eficiente”
En junio de 2013, en el marco de la venta de inmuebles del Estado, se puso en marcha la Propuesta de Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa, que permitió la liberalización de 3,8 millones de metros cuadrados. La venta de inmuebles de Defensa se realiza a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Este organismo tiene entre sus misiones la obtención de ingresos procedentes de enajenar inmuebles desafectados del ministerio, así como viviendas militares, pero también locales, fincas, etc., para dedicarlos, entre otros, a la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas. Este ente tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar. Tanto la operación de subasta del solar de Raimundo Fernández Villaverde como muchas otras se realizan a través del portal inmobiliario Addmeet.com. Ya en diciembre de 2013, Defensa logró 14 millones de euros con la venta de dos solares en Ibiza y Sevilla. En el sevillano se ubicaba el Cuartel de la Intendencia de La Oliva, 47.000 m2, que fue vendido a través de subasta por Addmeet a Inmobiliaria del Sur. El terreno ibicenco se vendió al empresario italiano Giuseppe Cipriani, según fuentes inmobiliarias citadas por Expansión. Pero el gran pelotazo de Defensa puede venir de la mano del magnate chino Wang Jianlin, dueño del conglomerado Dalian Wanda Group, quien mantiene negociaciones para implantar un megacasino similar al fallido Eurovegas de Sheldon Adelson en los terrenos militares de Campamento (Madrid) y recientemente ha entrado en el accionariado del club Atlético de Madrid.
No sólo Defensa hace uso de las subastas online de Admeet. También el Ministerio de Interior oferta por 9,5 millones de euros el Castillo de Maqueda de Toledo. Más conocido como el Castillo de la Vela, es una antigua sede de la Guardia Civil. La subasta ha quedado desierta. Y el Ministerio de Empleo de Fátima Báñez ofrece el antiguo Hospital de San Jorge en Zaragoza por 2,4 millones de euros, aunque la puja también ha quedado desierta. Sucede que sobre esta subasta la CNT de Zaragoza ha presentado una petición de suspensión cautelar, ya que el antiguo hospital, cuya fachada está protegida, pertenece al Patrimonio Sindical Acumulado, con lo que CNT considera que Empleo no debería enajenarlo, sino cederlo a los sindicatos, informa El Heraldo de Aragón.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ofreció al mejor postor pisos de lujo en desuso en el centro de Madrid y plazas de garaje por 20 millones de euros. La encargada en este caso de llevar a cabo el proceso de enajenación de activos fue la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, a la que El Confidencial presuntamente ha vinculado con “el pequeño Nicolás” a través de Edhinor.
Madrid hace caja
También las administraciones regionales se han sumado a la especulación con inmuebles públicos. Un caso es el de la Junta de Andalucía, pero no le va a la zaga la Comunidad de Madrid. En los últimos años ha vendido los edificios de Gran Vía, 18 y 3 por más de 26 millones de euros, y Plaza Chamberí, 8 por 40, así como un inmueble de 728 m2 en Atocha por algo más de un millón de euros, y edificios de oficinas en la calle Miguel Ángel, 28 y en la Plaza de San Martín, 4 por unos 3,5 millones de euros cada uno. Por el edificio del Registro de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en Gran Vía, 20, ha amasado 20 millones de euros. Y otros 35 millones por dos edificios, uno en Embajadores, 181 y otro en Vía Lusitana. Se le está resistiendo a Ignacio González el edificio protegido del año 1880 y sito en Alcalá 1. El vídeo-anuncio de internet informa de que está cerca del futuro Proyecto Canalejas y que comparte planta baja y sótano con Bankia, pero omite que alberga la sede de la Consejería de Economía, ofreciendo incluso usos hotelero y residencial, equipamiento y ocio recreativo. Por él, la Administración madrileña ha llegado a pedir 10,7 millones de euros, pero actualmente tiene oculto el precio de venta.
Muy cerca del pelotazo Canalejas, en la Carrera de San Jerónimo, se encuentran las oficinas del Área de Hacienda, con las que el sucesor de Esperanza Aguirre también quiere hacer caja: pide por ellas más de 14 millones de euros. Incluso ha puesto a subasta, irónicamente, el edificio sede de la Oficina de Información de Vivienda Pública, de 1.493 m2, en el barrio de Carabanchel, por el que pide casi 4,9 millones de euros, y la sede de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, por 7,9 millones de euros.
Barcelona tampoco se libra del afán inmobiliario. La Generalitat de Catalunya ha vendido la emblemática Casa Burés de Barcelona, un edificio modernista de 1905 catalogado como Bien de Interés Cultural, por 18,8 millones de euros a Trinder Promociones y el fondo británico Europa Capital Partners. Sin contar esta operación, desde el año 2012 la Generalitat ha vendido inmuebles por valor de 578 millones de euros, según La Vanguardia.
Andalucía vende su patrimonio
Uno de los casos más recientes y llamativos de venta de patrimonio público por administraciones regionales, debido a su volumen, es el protagonizado por la Junta de Andalucía de la socialista Susana Díaz, que ha vendido 70 edificios por 300 millones de euros al grupo estadounidense WP Carey, a través de su filial en España Inversiones Holmes. La operación es de sale & leaseback, es decir, que la administración andaluza vende sus oficinas y se quedará en ellas como inquilina durante 20 años pagando una renta anual de 23,6 millones.
* Diagonal - F.F - 2.2.15
Foto: Defensa vendió por 111 millones el Taller de Precisión y Centros Electrónicos de Artillería a la gestora de viviendas DOMO. / ÁLVARO MINGUITO
La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia a doce entidades de crédito por ofrecer hipotecas ilegales
Continúa el tema de las hipotecas ilegales por parte de ciertas entidades bancarias que incumplen así las leyes al respecto. Y lo hacen después de todo lo que ha llovido con el tema y la cantidad de ciudadanos afectados por este asunto ilegal. La Plataforma por una Vivienda Digna ha vuelto a denunciar a doce entidades de crédito por estas prácticas irregulares de ofrecer hipotecas a 35, 40 y hasta 50 años, siendo 30 años lo máximo permitido por ley para una vivienda habitual, con lo que vuelven a vulnerar los derechos de los consumidores.
"REBELIÓN* : La asociación de carácter nacional Plataforma por una Vivienda Digna ha denunciado a doce entidades de crédito ante el Ministerio de Economía y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por ofrecer hipotecas que presuntamente incumplen la legislación vigente en materia de hipotecas: la Ley 2/1981, de 25 de marzo (en su redacción dada por la Ley 1/2013), reguladora del mercado hipotecario, que sólo permite conceder hipotecas por un máximo de 30 años para la vivienda habitual.
La Plataforma por una Vivienda Digna ha detectado que al menos doce entidades de crédito, entre ellas Bankinter, Bankia, Uno-E, BBVA, Pichincha, OpenBank o ING Direct, ofrecen en sus páginas web hipotecas por plazos de 35 y 40 años, incluso ampliables en algunos casos a 50 años. Consideramos que estas ofertas presuntamente ilegales vulneran los derechos más elementales de los consumidores, fomentando nuevamente el modelo de las "hipotecas subprime" que tanto daño han causado a este país y alentando nuevamente las subidas artificiales de los precios de la vivienda. Este tipo de ofertas demuestran no solamente que los bancos actúan con total impunidad, sino que además siguen pretendiendo convertir en "esclavos hipotecarios" a los ciudadanos con perfiles sociales más vulnerables, no sólo por sus ingresos sino también por la precariedad e inestabilidad de sus puestos de trabajo.
Igualmente, y después de la gravedad de todo lo acontecido en este país con la burbuja inmobiliaria y la dejación de funciones mostrada por nuestras instituciones -cosa que esta asociación lleva años denunciando-, es totalmente inadmisible que las administraciones sigan cerrando los ojos ante el gravísimo riesgo que supone empujar a los segmentos más débiles de la población a unas deudas impagables y que provocarán nuevamente una crisis de desahucios. Se nos hace muy difícil de aceptar que los mecanismos de control y supervisión no hayan cambiado nada después de que la burbuja inmobiliaria haya llevado al país a una situación límite y que sigan sin perseguirse de oficio estas prácticas con contundencia.
Para la Plataforma por una Vivienda Digna, incrementar los plazos de las hipotecas sólo conduce a elevar los precios de la vivienda e incrementar los beneficios de los bancos en concepto de intereses. Es una evidencia que los préstamos con plazos muy largos son más arriesgados, son más sensibles a las variaciones de los tipos de interés y suponen un incremento exponencial del pago de intereses, hasta el punto de que se puede llegar a abonar más dinero por intereses que por la amortización del capital prestado. De esta forma se arroja aún más gasolina a un fuego que aún no ha terminado de extinguirse y que a juicio de todos los analistas, tanto nacionales como internacionales, está en la raíz indiscutible de nuestra gravísima e interminable crisis social y económica. Es intolerable que el interés de los bancos y promotores inmobiliarios siga guiando nuestro modelo económico, como si el pasado no existiera y no fuera necesario aprender de una vez la lección.
Confiamos en que las autoridades competentes sancionen a las entidades que contravienen la legalidad vigente, al igual que a cualquier ciudadano se le sanciona, embarga o condena cuando no cumple con sus obligaciones legales.
* Rebelión - 31.1.15
Foto: Vivienda Digna, viñeta derecho a techo
Sospechas de corrupción en los jefes de Urbanismo de Los Alcázares y Murcia
%2C%2Bpolic%C3%ADa%2Bentrada%2BAyuntamiento%2B-%2B%2Blaverdad.es.jpg)
El alto nivel de corrupción urbanística alcanzado en toda la zona murciana no se podía quedar solo en los cargos políticos y, por fin, parece que se van aclarando, una década más tarde, las responsabilidades de los técnicos jefes de Urbanismo, algo que hemos denunciado muchas veces. Tanto en Los Alcázares como en en Murcia capital hay fuertes indicios de corrupción entre los arquitectos municipales respectivos. El asunto no es pequeño ya que se estaría hablando de toda una trama mafiosa encargada de desviar fondos públicos hacia negocios privados con el consentimiento político-técnico.
"LAVERDAD* : Su enorme capacidad de influencia sobre la marcha de los proyectos urbanísticos, que alcanzó cotas especialmente relevantes en los años de la explosión inmobiliaria que la Región vivió la década pasada, constituye el germen de algunos casos de aparente desviación y abuso de poder que se han registrado entre arquitectos municipales. El caso de los dos altos funcionarios de San Javier y Fuente Álamo, Miguel Botella y José Mariano Sánchez Martini, respectivamente, a quienes el fiscal imputa presuntos delitos de asociación ilícita y negociaciones prohibidas a funcionarios, son un ejemplo más de esas supuestas tramas de corrupción que habrían germinado en torno a las Oficinas Técnicas de Urbanismo.
En el año 2008, los agentes de la UCO desmantelaron otra supuesta red ilícita en el Ayuntamiento de Los Alcázares, que llevó a la detención del exalcalde socialista Juan Escudero y del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, quien aparecía como supuesto líder y cerebro de la trama. Perrmanece imputado desde entonces en el denominado 'caso Ninette', acusado de haberse aprovechado de su condición de alto funcionario municipal para enriquecerse a través de un despacho privado, al que bautizó como 'Gyps Fulvus'. Unos hechos muy similares a los narrados sobre Botella y Sánchez Martíni.
En la misma línea van las imputaciones contra el exjefe de Plenamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, imputado en los casos 'Barraca' y 'Umbra' y que también se habría lucrado mediante un despacho que dirigían su padre y su hermano.
El propio director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, fue detenido en 2010, acusado de haber hecho negocios con representantes de grandes promotores cuyos proyectos tenía que tramitar.
* La Verdad - Ricardo Fernández - 26.1.15
Foto: Los Alcázares (Murcia), policía entrada Ayuntamiento (archivo) - laverdad.es
Madrid.- Yuanes chinos en un espacio público: vecinos y ecologistas contra Wang Jianlin
El megacomplejo de ocio y viviendas que el magnate chino Wang Jianlin quiere levantar en la antigua zona militar de Campamento sigue adelante de forma poco transparente, según denuncian los vecinos que se oponen a esta gran operación urbanística. Pretenden que estos terrenos no urbanizables se conviertan en un corredor ecológico que una la Casa de Campo con el Parque Regional del Guadarrama, mientras la actual zona de cuarteles abandonados podría ser dedicada a viviendas y dotaciones públicas. Para ello llevan luchando ya 20 años, a fin de que los terrenos públicos no sean privatizados al mejor postor. Pero como ocurrió con 'Eurovegas' el asunto es complicado y nada sencillo de solucionar ya que la Comunidad de Madrid da todo tipo de facilidades al empresario chino.
"ELCONFIDENCIAL* : No todo podía ser tan fácil ni todo el mundo podía estar de acuerdo. Al magnate chino Wang Jianlin le ha salido un enemigo en su inversión en España. Y no es un enemigo cualquiera: son los vecinos donde se va a construir el complejo de ocio, comercio y viviendas, los vecinos de Campamento. Es un enemigo pequeño, pero persistente. Las asociaciones de vecinos y los ecologistas se oponen radicalmente a que este inversor extranjero desbloquée la llamada Operación Campamento, 20 años paralizada a pesar de la necesidad de su rehabilitación, a golpe de yuanes (unos 3.000 millones de euros).
Quieren que la administración convierta estos terrenos no urbanizables propiedad del Ministerio de Defensa en un corredor ecológico que una la Casa de Campo con el Parque Regional del Guadarrama. En la parte en la que actualmente se levantan unos abandonados y fantasmagóricos cuarteles apuestan por viviendas y dotaciones públicas.
Su reclamación se alarga durante dos décadas, las que llevan las diferentes administraciones intentando rehabilitar la zona. Ahora el llamado Eurovegas chino vuelve a frustrar sus intenciones. Esta semana la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Ecologistas en Acción y la plataforma Salvemos Campamento han decidido unir sus fuerzas para iniciar todas las reivindicaciones posibles para luchar contra el gigante del dinero oriental.
Quieren que la administración convierta estos terrenos no urbanizables propiedad del Ministerio de Defensa en un corredor ecológico que una la Casa de Campo con el Parque Regional del Guadarrama. En la parte en la que actualmente se levantan unos abandonados y fantasmagóricos cuarteles apuestan por viviendas y dotaciones públicas.
Su reclamación se alarga durante dos décadas, las que llevan las diferentes administraciones intentando rehabilitar la zona. Ahora el llamado Eurovegas chino vuelve a frustrar sus intenciones. Esta semana la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Ecologistas en Acción y la plataforma Salvemos Campamento han decidido unir sus fuerzas para iniciar todas las reivindicaciones posibles para luchar contra el gigante del dinero oriental.
La alfombra roja de la Administración
Será una lucha vista otras veces: construcción frente a protección ecológica. En esta ocasión hay un tercer factor que puede hacer que se decante la balanza hacia un lado: el empleo. Con un país con la tasa de paro en el 24% las promesas de puestos de trabajo en la zona del suroeste de Madrid pueden ser demasiado apetecibles.
“Se ha vendido la moto en casos similares y se han quedado en humo. Hay que ver los proyectos, si son perdurables, si no van a hipotecar a Madrid de una manera irreversible y la van a convertir en desiertos urbanísticos como en otras ocasiones”, opina Juan sobre las oportunidades de trabajo.
Los impulsores del corredor ecológico de Campamento tienen en frente, curiosamente, a las administraciones públicas -regional y local- que están interesadas en facilitar la entrada al inversor extranjero. Ana Botella, que anunciaba que se reunirá con el magnate chino la próxima semana, decía que este proyecto no implica, necesariamente, una modificación del plan urbanístico. Ya lo señalaba, semanas atrás, el portavoz de Gobierno municipal, Enrique Núñez. “El grupo Wanda podría empezar a construir mañana”, ya que su proyecto se adapta al Plan Parcial firmado en 2009.
La Comunidad de Madrid también le ha puesto la alfombra roja tras el fracaso de las negociaciones con Sheldon Adelson. "Espero que el Estado tome también la iniciativa para hacer posible esta magnífica inversión”, apuntaba Ignacio González, quien también habla de lo “buena” que sería para el Ayuntamiento esta operación porque se recuperaría una zona que lleva muchos años “prácticamente inutilizada”.
Y es que para expertos como Pablo Méndez, director de Negocio, Suelo y Rehabilitación de Aguirre Newman, esta operación “tiene sentido” desde el punto de vista Inmobiliario. “Quizá al promotor nacional esta zona no le resulte atractiva pero él va a posicionarse donde no hay competencia”. A un lado Campamento, sí, pero al otro Pozuelo, donde también se encuentra la exclusiva urbanización de La Finca.
Méndez cree que es proyecto es más viable que el de Eurovegas y con mayor posibilidad de hacerse realidad. En aquella ocasión había varios propietarios con los que negociar; en esta ocasión, sólo uno, el Estado. “Es una noticia positiva que alguien de fuera quiera invertir aquí en estos momentos”. Augura que las primeras viviendas podrían estar terminadas en dos o tres años.
Wang Jianlin ha venido para quedarse. Primero le compró el Edificio España al Banco Santander, donde construirá un centro comercial, un hotel y viviendas de lujo. Posteriormente, acaparó el 20% del Atlético de Madrid y ahora quiere Campamento. Ha puesto su ojo en nuestro país, pese a quien le pese, y es probable que no lo quite tras la operación en el suroeste de Madrid. El acuerdo con Enrique Cerezo ha sido una buena entrada para seguir conociendo inversores en nuestro país. “Banderín de enganche” lo llegó a calificar el propio Ignacio González.
* El Confidencial - Angela Sepúlveda - 25.1.15
Foto: Madrid, terrenos Operación Campamento - soitu.es
El Supremo anula parcialmente el Plan Xeral de Urbanismo de Teo
%2C%2BPlan%2Bxeral%2B-%2BSoler.jpg)
El Plan General del municipio coruñés de Teo se ha visto anulado parcialmente por carencia de Estudio de Impacto Ambiental en lo referente a la nueva autovía y al cercano polígono industrial. El Plan fue recurrido por los vecinos y los tribunales les han dado finalmente la razón al advertir importantes irregularidades en su tramitación y desarrollo.
"LAVOZDEGALICIA* : El Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el pasado 23 de diciembre, ha declarado la nulidad parcial del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Teo en lo que concierne a la autovía de cuatro carriles proyectada entre la carretera N-550 en As Galanas y la AC-841 en Cacheiras, pasando por Montes. Asimismo, anula el plan en lo relativo al polígono industrial calificado como SUD-9, proyectado entre la autopista y Cacheiras y las aldeas de Montes y Póboa. El motivo de la anulación es la falta de estudio de impacto ambiental en ambas actuaciones.
La sentencia del Supremo da la razón a dos vecinos afectados que recurrieron en casación y tumba el fallo dictado en mayo del 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El recurso contra el PXOM de Teo fue promovido por Ana Palacios Bartolomé y otro vecino, facultativo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, propietarios de sendas viviendas en Montes sobre las que se proyectó la autovía y frente a los terrenos previstos para el polígono industrial SUD-9, por lo que debían ser expropiados. Ambos vecinos fueron representados por el letrado Sebastián Lorenzo Viejo.
El Tribunal Supremo va más lejos, al considerar que las irregularidades cometidas en la tramitación administrativa por parte de los demandados -el Concello de Teo y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas- serían motivo para decretar la nulidad de todo el PXOM teense, que fue aprobado definitivamente por orden del citado departamento autonómico el 4 de junio del 2010 (DOG de 15 de junio), pero como los demandantes reclamaron en la parte que afectaba a sus propiedades, la declaración de nulidad afecta solo a ambos puntos.
El Supremo incide en ese aspecto tras expresar su «absoluta discrepancia con la aquiescencia» prestada por el TSXG a la declaración de inviabilidad del sometimiento del PXOM de Teo a los trámites de evaluación ambiental y estratégica. Añade que «llegamos a la conclusión de que tal conformidad con el proceder manifiestamente ilegal de la Administración urbanística implica la vulneración no solo del principio de desarrollo territorial urbano sostenible [...], sino también la conculcación de lo establecido en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución». El Supremo añade que la citada sentencia «ha extendido un manto de silencio cómplice sobre la arbitraria actuación administrativa, proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución [principio de legalidad] y sobre la sinuosa actividad desplegada por ambas Administraciones urbanísticas demandadas». El TS reitera que «no está debidamente justificada» la inviabilidad del trámite «preceptivo y esencial» de evaluación de impacto ambiental estratégica del PXOM de Teo, por lo que al haberse incumplido en su aprobación definitiva, quedan invalidados los puntos impugnados.
* La Voz de Galicia - 26.1.15
Foto: Exposición pública del proyecto del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Teo hace casi diez años. X. A. SOLER
Madrid.- Sanidad cierra medio ambulatorio tras funcionar 10 años sin licencia
Si ya está mal el sistema sanitario gracias a los recortes del gobierno, solo faltaba que las obras de las infraestructuras se hicieran ilegalmente. Esto ha pasado en el distrito de La Latina de Madrid donde la irresponsabilidad de la Consejería de Sanidad mantenía abierto un Centro de Salud sin la correspondiente licencia. Problemas administrativos llevaron a esta situación anómala, con peligro para los pacientes que allí acudían sin tener conocimiento del tema. Ahora se ha llegado al consenso de dejar abierto solo la mitad, pero esto también es mala solución ya que cierra espacios públicos imprescindibles.
"ELPAÍS* : La dejadez o la negligencia de la Consejería de Sanidad han permitido que el centro de salud Puerta del Ángel, en el paseo de Extremadura (distrito de Latina), lleve una década atendiendo a sus más de 20.000 pacientes sin licencia de apertura ni de funcionamiento. Un problema urbanístico de difícil solución lo impedía: parte del terreno sobre el que está construido es suelo industrial, es decir, no puede albergar un centro sanitario.
El Ayuntamiento de Madrid se plantó el año pasado y ordenó el cese de la actividad. Pero ahora ha llegado con la Comunidad de Madrid a un arreglo creativo: levantar unos tabiques y dejar una parte del centro de salud inutilizada.
La Consejería de Sanidad ya ha pedido las licencias correspondientes para hacer las obras de separación y para iniciar la actividad en la parte “legalizable”, es decir, en la que no está sobre el suelo de uso industrial, explican fuentes municipales. El plan consiste en trasladar el material y las consultas, tapiar el área y seguir con la actividad sanitaria en el resto del edificio. El local ocupa unos 800 metros cuadrados, según una fuente conocedora del contrato de alquiler. La parte legalizable supera los 500 metros cuadrados, por lo que el centro de salud perdería aproximadamente el 40% de su superficie.
Los vecinos de este barrio de la capital llevan meses protestando para evitar el cierre del centro de salud. Ese parecía que iba a ser su destino cuando, a principios del verano pasado, el presidente del distrito, el popular José Manuel Berzal, firmó la ejecución del cierre. Antes de eso los técnicos habían escrito varias actas de inspección en las que documentaban la ilegalidad del ambulatorio. Las opciones, hace unos meses, eran cambiar el uso del local para resolver el inconveniente administrativo o buscar uno nuevo en la zona, según decía la Consejería de Sanidad, que en las últimas dos semanas no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS sobre el futuro del centro.
Fuentes municipales explican que es inviable cambiar el uso del local, al menos inmediatamente. De ahí que Sanidad haya optado por partirlo y seguir funcionando a medio gas. Estas fuentes añaden que después habrá que hacer un plan especial para legalizarlo todo. Con este trámite, el Ayuntamiento recalificará el uso para que sea terciario y no industrial. La Comunidad de Madrid tiene que solicitarlo a la Concejalía de Urbanismo.
José Luis Yubero, portavoz de la Plataforma Latina en defensa de la sanidad pública, asegura que los vecinos “no van a aceptar un recorte así, con las salas de atención al paciente reducidas casi a la mitad”. Yubero teme que parte de los más de 20.000 pacientes que tiene asignados el centro sean derivados a otros del distrito que a su vez ya están “saturados”, lo que obligaría a personas de edad avanzada —este barrio supera la media de la capital en población de la tercera edad— a desplazarse. La otra alternativa, atender a la misma cantidad de personas en la mitad de espacio, tampoco le convence.
Cuando la Consejería de Sanidad firmó el contrato de arrendamiento del local con Coymar el documento especificaba que una parte era suelo industrial y debía usarse como almacén, explica la fuente conocedora del acuerdo. “Alguien de Sanidad se equivocó al hacer la obra”, añade.
* El País - Elena Gª Sevillano - 26.1.15
Foto: Pasillo del ambulatorio de Puerta del Ángel, en el distrito de Latina. / CARLOS ROSILLO
