Viñeta Forges, Gürtel pirámides - elpais 13feb11
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Ecologistas demanda a Gallardón por un delito contra el medio ambiente
El delito del que acusan a Gallardón y Botella está castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. El portavoz de esta organización, Paco Segura, que ha presentado la denuncia a las 11.00 los juzgados de plaza de Castilla, ha explicado que, tal y como reconoció la propia Botella, Madrid superó en 2010 los límites legales de contaminación para el dióxido de nitrógeno (NO2). La organización argumenta que, de acuerdo con los datos del Consistorio, 18 de las 24 estaciones de medición rebasaron el valor tope anual de este gas irritante de las vías respiratorias que producen principalmente los vehículos de motor, fijado en 40 microgramos por metro cúbico, y registraron un valor medio de la red de 44 microgramos.
Además, seis estaciones rebasaron el valor límite horario de NO2 en 2010 en más de 18 ocasiones. La estación de Fernández Ladreda registró 76 superaciones del valor límite horario de NO2, cuatro veces por encima de las superaciones permitidas; y la estación de Ramón y Cajal, además de registrar 68 superaciones del valor límite horario, registró dos superaciones de los 400 microgramos por metro cúbico. Para la organización ecologista, "nada de esto fue fortuito o imprevisible", ya que desde el año 2001, cuando entró en vigor en la UE la actual legislación sobre calidad del aire, "Madrid viene superando los límites legales para este contaminante sin que se tomen las medidas adecuadas para evitarlo. Por ello, si no se adoptaban actuaciones más drásticas de reducción del tráfico, era esperable que en 2010 volviéramos a superar los límites legales, y así ha ocurrido", indica la organización.
La estrategia que nunca se aplicó
Segura se ha mostrado indignado con Gallardón, al que acusa de mantener una actitud "inmoral" en este "grave problema que afecta a todos los ciudadanos". Ecologistas espera que, con esta denuncia penal, se tomen medidas contra estos responsables políticos "para que se consiga cuanto antes lo que desde hace años es una quimera: respirar aire limpio en Madrid". "Confiamos en que la vía judicial prospere, si no, qué otro recurso nos queda", ha añadido el portavoz.
¿Ha hecho algo por el aire el Ayuntamiento? Hace cinco años, presentó un ambicioso documento de 267 páginas que recogía todas las acciones relacionadas con la contaminación a las que se comprometía hasta 2010. Sin embargo, esta llamada Estrategia local de calidad del aire, que debía haber entrado en vigor en 2008, fue aplazada por Botella a 2010, que pasó sin novedades al respecto. Entre las medidas del documento, la más ambiciosa era la creación de "zonas de emisión baja", es decir, limitaciones de acceso a los vehículos más contaminantes a determinadas áreas del centro, entre ellos los paseos de Recoletos y Prado, las rondas, las calles de Bailén y Ferraz, el paseo de Pintor Rosales, Génova... Además, el alcalde planteó construir una red de aparcamientos disuasorios de los que nunca más se supo.
El año nuevo comenzó con Botella -que niega que la calidad del aire sea mala, en contra de los que opina la ministra del ramo, Rosa Aguilar- admitiendo que se superaron los límites legales de contaminación. El anticiclón que cubre la Península desde hace 11 días, sumado al ambiente preelectoral, ha hecho que la contaminación se sitúe en un primerísimo primer plano, no sólo en Madrid. Barcelona y Valencia están siendo investigadas también por el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher. El año comenzó también con el cambio de algunas estaciones de medición a lugares menos contaminados y la supresión de otras, medida que el Consistorio justifica en la directiva europea. Sin embargo, Vercher considera que es un ardid para enmascarar la polución. Vercher mandó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil a que instalara sus propias estaciones en algunos de los lugares ignorados por el consistorio. El resultado, según Vercher, es que apenas se ha dado "una mejora de la calidad del aire", en contra de lo que aseguran Gallardón y Botella. Hasta la ministra Aguilar también reprendió a Madrid "por hacerse trampas al solitario".
¿Qué hacemos con los coches?
El Ayuntamiento alega que no es cierto que en estos años no hayan tomado medidas. Sus portavoces, con el alcalde a la cabeza, citan en genérico "el impulso de las energías renovables" y "el fomento del transporte público". Hablan también del estacionamiento regulado, de los cargadores en superficie para coches eléctricos -una opción con mucho futuro pero poco presente- de la costosa reforma de la M-30 y de la peatonalización de calles como Fuencarral y la Red de San Luis. Gallardón no quiere ni oír hablar de limitar el tráfico. Alega razones económicas, pero a nadie se le escapa que es una medida que sería acogida con júbilo por los preocupados por el medio ambiente pero que sentaría fatal a gran parte de los ciudadanos en vísperas del 22-M. La asociación reclama el cierre al tráfico de algunas calles, entre otras medidas, ya que a su juicio, pedir a los ciudadanos que cojan menos el coche, como rezan los luminosos de la M-30 desde hace dos días, "no basta".
Un problema regional
Pero a Ecologistas no le preocupa solo del aire de Madrid, porque el problema se extiende al resto de la región. La asociación presentó ayer el informe La Calidad del Aire en la Comunidad de Madrid 2010, que adelantó el día anterior este periódico. El estudio concluye que Leganés y Coslada también superan los límites legales de contaminación establecidos por la UE. Leganés (a 11 kilómetros al suroeste de la capital y con 189.424 habitantes) registró una media anual de 44 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2, un gas irritante producto del tráfico), igual que la ciudad de Madrid.
Coslada (al este y con 90.280 habitantes) sobrepasa aún más los límites y llega a 46 microgramos. El informe también denuncia que los altos índices de contaminación de Madrid elevan la mortalidad y los ingresos hospitalarios entre los ciudadanos en un 5%.
* El País - 11.02.11
Foto: Madrid, polución atmosférica - madridiario
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Ayamonte.- Las pesquisas se centran en la ocupación de zonas verdes y primera línea de playa
El dilatado espacio temporal que abarca la investigación incluiría el proceso de compra-venta de los terrenos y fincas donde se asienta Isla Canela, muchos de los cuales provocaron protestas, expropiaciones a los colonos que ocupaban la isla , cambios de uso del suelo de turístico a residencial y de rústico a urbanizable además de multiplicarse el valor de muchas de las parcelas que se comercializaron durante los años previos al boom inmobiliario que ha culminado, de momento, con la construcción de más de 10.000 viviendas (4.000 de ellas en el entorno del paraje protegido de la Isla) en la Puerta de España.
La investigación que mantiene abierta el Juzgado número 3 de Ayamonte deberá revisar ahora decenas de planos municipales y procedimientos urbanísticos para determinar si existen irregularidades.
La lupa judicial repasará las denuncias que a lo largo de los últimos 17 años se han ido acumulando desde partidos políticos, particulares y grupos ecologistas.
Una de las zonas más problemáticas se refiere a las construcciones en primera línea de playa y ocupación de zonas verdes que fueron denunciadas por Ecologistas en Acción. Alguna de estas causas fueron archivadas al no encontrarse pruebas de las supuestas ilegalidades pero han servido para desenredar el tejido urbanístico que ahora trata de aclarar el Juzgado después de años de cambios de titulares.
Las denuncias de Ecologistas incluían advertencias sobre cambios de calificaciones urbanísticas ideadas supuestamente para conseguir la construcción de viviendas en zonas verdes. Las asociaciones ecologistas locales, Ojo con el Guadiana, también llegaron a criticar la pasividad de la Junta, que no actuó en muchos de los procedimientos urbanísticos municipales. Y eso que Ecologistas denunció el incumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En uno de los escritos que se presentó en su día ante la Fiscalía se resumía que "lo que hicieron los promotores de la recalificación fue redactar un estudio de detalle, que cambia la situación física de las manzanas y zonificación contempladas en el Plan Parcial vigente y además disgrega y desplaza una zona verde de 148.000 metros cuadrados situada en primera línea de playa, en fragmentos o trozos, en contra del interés general, para permitir en dicha zona la construcción de edificios residenciales, todo ello eludiendo cualquier control por parte de la Administración".
Esta denuncia tipo de Ecologistas no fue tenida en cuenta y el Consistorio atendió la licencia de obras que había pedido la promotora Isla Canela SA.
A raíz de estas denuncias, la Junta de Andalucía comienza a interesarse por el ordenamiento urbanístico ayamontino pero no es hasta el 15 de junio de 2010 cuando cuestiona la legalidad del Estudio de Detalle relativo a las parcelas centrales de Isla Canela, en concreto la zona UE-1A del Plan Urbano del Centro de Interés Turístico. En su resolución, la Dirección General de Urbanismo llega a requerir al Consistorio la revisión de un Pleno municipal celebrado en 2004, en el que se dio luz verde a una de las causas urbanísticas abiertas en la urbanización. La Guardia Civil ya estaba tras la pista del 'caso Isla Canela'.
* Huelva Información - 12.01.11
Foto: Protesta de los colonos de Canela en 1998 contra los desalojos de fincas agrícolas que ocupaban y que luego desarrolló Iscasa.- huelvainformacion
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El alcalde de Mondariz certifica una construcción deportiva inexistente
Se trataba de construir dos pistas: una de tenis y la otra, de multideporte, en una área aproximada de 2.050 metros. Había que preparar el terreno (3.016 euros), realizar el firme de las pistas (9.960), montar los cierres (4.133), pintar (2.033), aplicar el microaglomerado en caliente tipo M-10 con betún convencional y, sobre él, la pintura acrílica (14.150), más redes, porterías y otros complementos, hasta llegar a los citados 49.766 euros, de los que Deportes finalmente aportó el 80% y el resto, el Ayuntamiento.
Todo ello se redujo, al cabo, en un remozamiento de las pistas que ya existían en otro enclave próximo. En la fiscalización de la obra, sin embargo, el 12 de noviembre pasado, la interventora municipal se limitó a constatar dos irregularidades: que ningún técnico municipal firmase el proyecto y, por otra parte, que no se había solicitado, con carácter previo a la contratación, la oferta de tres proveedores para la realización de la obra, requisito imprescindible para acceder a la subvención, según la propia convocatoria de la Secretaría Xeral para o Deporte. Ninguna de las dos cosas se corrigió.
La obra fue realizada por Construcciones Vale, de Salvaterra de Miño, que presentó la factura en el Ayuntamiento el 9 de noviembre. Ante los reparos de la interventora, tres días después, el alcalde puso la burocracia municipal a toda máquina.
Un día agitado, ese 12 de noviembre. Con esa fecha, Julio Alén recepcionó la obra, aunque no firmó el acta de recepción (pese a estar encabezada con su nombre y ser él mismo el responsable del deparmento municipal de Obras); sí firmó, en cambio, la orden de pago a Construcciones Vale por el trabajo realizado e incorporó al expediente -para remedar la concurrencia de otras dos empresas a la adjudicación, como señalaba la interventora- las respuestas de Movexvial e Indepo Construcciones Deportivas, remitidas cuando la jornada funcionarial ya había vencido (a las 15.19 horas) desde el mismo número de fax, con el mismo texto y tipografía y que difícilmente podían compensar los reparos señalados por la interventora, ya que ambas empresas indicaban textualmente "no estar en disposición de realizar las obras mencionadas por la brevedad del plazo".
Los concejales del BNG han confirmado in situ "que no se llevó a cabo la construcción de ninguna pista deportiva nueva", sino que meramente se pintaron las existentes, se instaló una red nueva en la pista de tenis y se repararon dos puertas de acceso. Con lo cual instan a la Fiscalía a investigar el paradero de los 49.766 euros que no se utilizaron para la construcción de las dos pistas, objeto único de la subvención concedida por la Secretaría Xeral para o Deporte.
Un gasto de 24.000 euros en champú
Mucho se lava en Mondariz. El Ayuntamiento gastó en el último año más de 36.000 euros, según las facturas remitidas por un conglomerado de empresas que, en números redondos, suman 24.000 euros en champú de vehículos y detergentes; 6.000 euros en jabón y toallitas para secar las manos, y otros 6.000 en ambientadores de vainilla a pilas y bolsas de basura. Todo ello, supuestamente consumido en la nave-almacén del Ayuntamiento para la limpieza de su parque de vehículos.
Ese gasto supera los 35.000 euros del contrato por la limpieza de todos los edificios municipales (ayuntamiento, pabellón de deportes, centro de salud, escuelas infantiles, plaza de abastos, campo de fútbol y centro social), que incluye los gastos de personal y de los productos de limpieza.
El BNG ha comprobado que el precio del champú, toallitas y ambientadores está inflado entre el 250% y el 650% sobre los comunes del mercado. Las facturas, con una cadencia casi quincenal y por importes de unos 1.000 euros, son emitidas por un conjunto de siete empresas domiciliadas no en Mondariz, ni en O Condado, sino en Madrid, Barcelona, Cantabria y Vitoria. En algunas aparece el propio alcalde, Julio Alén, como "ordenante", aunque en la mayoría figura el capataz municipal, José Codeceda González, quien demanda el suministro. Y todas las facturas, con idéntica estructura formal, con independencia de logotipos y de las empresas que las remitan, señalan como "canal de cobro" tres cuentas domiciliadas en la sucursal del Banco Popular en la calle Tuset de Barcelona.
El regidor, Julio Alén, está emplazado por el BNG a explicar todas estas circunstancias para limpiar su gestión antes de mayo.
* El País - 11.02.11
Foto: Mondariz (Pontevedra), balneario - orbisv
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Málaga.- El caso de la piscina de Puerto de la Torre salpica al edil de Urbanismo
Según la cadena Ser, uno de los extremos que aparece en la documentación entregada al juez del caso tiene que ver con la adquisición por parte del concejal de Urbanismo del todoterreno propiedad de uno de los adjudicatarios de la piscina. Díaz admitió que le compró el coche a ese empresario y aseguró que dispone de toda la documentación que acredita que lo pagó, y que en total fueron 26.000 euros.
En la documentación en poder del juez también se recogen unas obras realizadas en una de las viviendas del concejal de Urbanismo. Se trata de una reforma, por valor de unos 10.000 euros, que llevaron a cabo unos trabajadores que días antes eran operarios de Urbacon, Desarrollos Urbano, una empresa vinculada al presunto mediador en la adjudicación de la piscina.
El concejal reconoció que el supuesto mediador fue quien le recomendó los trabajadores que realizaron las obras en su casa. Díaz negó que existiera trato de favor en la concesión de esta piscina y aseguró que difícilmente pudo darse irregularidad alguna cuando sólo una oferta se presentó al concurso público. "Antonio López sobre todo es amigo de mi hermano. Tenía una relación bastante cercana, lógicamente, por extensión. Yo también tenía conocimiento de ello, pero no hay ninguna relación entre el procedimiento de adjudicación y mi posible conocimiento", dijo el edil a la emisora. El concejal, además, negó que le animara a concursar: "El señor López tiene ya constancia de que va a salir el concurso de piscinas en tanto en cuanto que ya tenía algunas adjudicaciones de fundación deportiva, en concreto en la piscina de Malasaña y El Torcal con temas de socorrismo. Por tanto él, que se mueve en este mundo de gestión deportiva, lógicamente tiene conocimiento de que se está terminando una piscina y que va a salir la gestión a concurso como la de Cruz de Humilladero. Entonces él se interesa y viene a la Gerencia, como todo el mundo que está interesado, recoge el pliego, lo estudia y ya valora presentar las ofertas".
* Málaga Hoy - 11.02.11
Foto: Inauguración de la piscina de Puerto de la Torre, en marzo de 2009.- malagahoy
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Argentina.- Ladrillos sin concursos
Como viene ocurriendo en Córdoba hace muchos años, el Parque Las Tejas, al igual que muchas otras grandes obras públicas, fue el producto de una arbitrariedad oficial. Arbitrariedad en el sentido de que nuevamente una repartición gubernamental tomó la decisión de cómo será una obra pública con la que deberán convivir durante décadas o por el resto de sus vidas los habitantes de una ciudad. Esto sin haber abierto el juego para que la versión final sea un producto participado.
Albañilería pública. Córdoba es una provincia donde los proyectos de las grandes obras públicas no son concursados. Es una provincia donde los mejores emprendimientos los realizan, muchas veces, quienes tienen mejor capacidad de lobby o cuentan con llegada directa al poder. Pese a los ejemplos de otras ciudades y países, que convocan a amplios concursos públicos cuando deciden realizar una gran obra, Córdoba parece impermeable.
Lo que suena como un reclamo sectorial, propio de arquitectos que velan por asegurarse trabajos o para que se reparta mejor la torta de los fondos oficiales, en realidad revela una manera de administrar los recursos públicos. Habla sobre qué tan democrática es una sociedad y sobre la calidad de la participación de la que gozan sus habitantes.
Hoy, la capital provincial está envuelta por el entusiasmo de la nueva albañilería sustentada con dineros públicos. Donde estaba la vieja Casa de Gobierno ahora comenzará a brotar el Parque Las Tejas. Junto a la estación ferroviaria Mitre, surgirán la torre de 12 pisos y los dos nuevos puentes del Centro Cívico del Bicentenario. A pocos metros, se inaugurará la nueva Terminal de Ómnibus y, a unas cuadras de allí, nacerá el nuevo Archivo Histórico y Centro de Interpretación, que vendrán al mundo del ladrillo acompañados por un faro luminoso de 90 metros de altura.
Siempre en la misma zona de la ciudad, donde el precio del metro cuadrado hace años que parece no tener techo, la anterior administración, del mismo signo político, inauguró el nuevo Museo de Bellas Artes Emilio Caraffa, el Museo Superior de Bellas Artes Evita, el Museo de Ciencias Naturales y el Paseo del Buen Pastor. Antes de que el actual gobernador se vaya, se espera que alcanzará su cota la pulsión que llevó a adoquinar con pórfido patagónico todo el recorrido histórico de la zona céntrica de la ciudad, más la avenida Yrigoyen. El pórfido también cubrirá la plazoleta Vélez Sársfield, el nudo vial frente al Patio Olmos, la zona del monumento al Dante, en el parque Sarmiento, y el área bohemia del Paseo de las Artes.
Casi todas estas obras, que insumieron o insumirán un presupuesto global de varios cientos de millones de dólares, no fueron concursadas. Casi todas fueron realizadas por estudios o por profesionales que ganaron las obras ya sea por una decisión personal de los funcionarios o por su cercanía con los grupos empresarios que las propusieron y construyeron. Desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia, su presidente, Jorge Monti, y su secretaria general, Rosa Santillán, señalan que el concurso es el mejor mecanismo para avanzar sobre las obras de interés público. “El concurso –destacan– es un mecanismo democrático que permite la libre participación, garantiza la transparencia y la ecuanimidad, y otorga grandes oportunidades a los profesionales más jóvenes, junto con aquellos de mayor experiencia”.
Sin leyes. Córdoba no cuenta con un mecanismo legal que asegure esa transparencia y participación a la hora de construir las grandes obras públicas. Diferente es lo que ocurre en Buenos Aires, donde existe una ley de transparencia de la contratación pública de servicios profesionales de arquitectura, paisajismo, urbanismo e ingeniería civil, llamada precisamente “ley de transparencia”. También en la tercera gran urbe argentina, Rosario, las prácticas apuntan a favorecer la realización de concursos.
En la nación, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) cuenta hace cuatro años con un reglamento de concursos, al que podría adherir cualquier gobierno cada vez que resuelve construir una gran obra pública. Ese reglamento hace hincapié en que las obras no deben lesionar el patrimonio arquitectónico ni urbanístico, tema que ha sido una discusión constante en Córdoba en los últimos años, a partir de las polémicas que provocaron algunos emprendimientos.
Un grupo de jóvenes arquitectos trabaja hace tiempo para fortalecer el consenso de que Córdoba debe contar con su propia ley sobre transparencia. Algunos anteproyectos ya están circulando para ser propuestos ante la Legislatura. “En la situación actual, los cordobeses no tienen noción sobre cómo se va a llevar adelante el crecimiento de la ciudad. Uno ve nuevos desarrollos, pero no sabe qué tipo de proyecto tienen en mente quienes lo realizan”, dice el arquitecto Joaquín Alarcia. “Es necesario pensar en una continuidad que vaya más allá de los gobiernos y todos tenemos que tener presencia en este tipo de decisiones, no sólo el Gobierno y los desarrollistas privados”.
El estudio cordobés más activo en los últimos emprendimientos es GGMPU Arquitectos, cuya cara más conocida es el arquitecto Jorge Morini. Este estudio está vinculado a la empresa Electroingeniería y asombra la lista de grandes obras que diseñó en los últimos tiempos: el Centro Cívico del Bicentenario, el Museo de Bellas Artes en el ex Palacio Ferreyra, la nueva Terminal de Ómnibus, el Atelier de la Ciudad de las Artes, Tribunales II, etcétera. Desde el estudio, no quisieron opinar sobre el tema de esta nota.
Ganar “tiempo y dinero”. Adrián Manavella, profesor de Diseño Arquitectónico V, sostiene que “los concursos de arquitectura, si están bien organizados, son el mejor modo de tener la propuesta más conveniente para resolver una necesidad relacionada con algún problema de habitabilidad. Hacen falta especialistas que, en las instancias previas, definan el problema con perfecta claridad, contar con bases bien redactadas y con jurados reconocidos y asegurar que el concurso estará protegido por los mecanismos de control y anonimato que garanticen la equidad de la competencia”.
Para Manavella, el concurso “genera el escenario por excelencia para la compulsa de ideas. Las gestiones gubernamentales que apelan a este sistema con éxito disipan las dudas sobre la transparencia y la calidad de las decisiones”.
Desde el Gobierno provincial, en las últimas semanas repitieron varias veces los dichos del ministro de Obras Públicas, Hugo Testa, quien no sólo pasó por encima la falta de concurso, sino también la ausencia de licitación para obras millonarias como el Parque Las Tejas. “Ganamos tiempo y dinero”, explicó el ministro. Testa elogió que el Gobierno asumiera “rápidamente la ejecución de la obra sin tanto proceso burocrático”, porque “la papelería también tiene su costo”.
La arquitecta Inés Moisset, coordinadora de la Maestría en Diseño de Procesos en la UCC, recalca que “la ciudad es un asunto de todos y las decisiones sobre su funcionamiento deben ser debatidas por sus ciudadanos. ¿Cómo se define dónde es necesario un parque? ¿Hace falta abrir una calle en tal sitio? La definición de problemas, prioridades y recursos se puede canalizar a través de mecanismos de participación ciudadana. En ciudades como Porto Alegre o Rosario se ha avanzado muchísimo en eso. En Colombia, la inversión estatal en arquitectura va a los sectores con más necesidades. En Buenos Aires, está el proyecto para transformar la Villa 31 en un barrio, surgido como investigación dentro de la UBA y se lleva a cabo a través de una ley de la ciudad que instrumenta una mesa de gestión participativa”.
Por ahora, los concursos siguen siendo una rara avis que confirma la regla. El futuro Archivo Histórico y su faro que se levantará en el Parque Sarmiento, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, el Centro Cultural de la UNC frente al Colegio Monserrat, la Plaza de la Capitalidad que debía construirse junto al complejo Capitalinas, son algunas de las escasas iniciativas concursadas, que hasta ahora han sido gotas arrojadas a un mar de ladrillos con formas y tamaños decididos de antemano.
* La Voz - Sergio Carreras - 6.02.11
Foto: Córdoba (Argentina), construcción - lavoz
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La caída de precios hace la vivienda más accesible, pero no para los jóvenes
Para una pareja joven (cuyos miembros tengan menos de 34 años), el precio de una vivienda asumible es de unos 153.000 euros y deben aportar de entrada, por tanto, más de 55.000 euros. “Antes, en contextos de bonanza económica, la red de apoyo intergeneracional permitió a menudo que los familiares más cercanos sufragaran total o parcialmente la entrada. Bajo la forma de donación directa o créditos más o menos informales. En periodos de recesión y disparo del ahorro, estos flujos monetarios son más restrictivos”, señala el estudio.
Los bancos, por su parte, que antes estaban más abiertos a financiar más del 80% del valor de tasación de la vivienda, son “cada vez más exigentes, debido a su estrategia de asegurar al máximo la viabilidad de sus operaciones”. Y en esa prudencia tiene un impacto tremendamente negativo la precariedad laboral de los jóvenes: el 37,4% de los menores de 34 años que hoy trabajan tiene un contrato temporal, frente al 16,4% de los que superan esa edad.
El estudio recuerda que la principal barrera para la emancipación de los jóvenes es ahora mismo el empleo, cuando antes de la crisis, por el contrario, era la carestía de la vivienda.Y es que ahora trabaja sólo el 57,4% de los menores de 34 años, cuando hace dos años estaban empleados más del 70% de ellos. No sólo se ha disparado el número de jóvenes en paro (ya son 2,2 millones, el 26,3% del total), sino que otros 40.000 que hace un año trabajaban ahora, tras perder el empleo, han reemprendido los estudios.
Así, señala el Observatorio Joven de la Vivienda, por primera vez desde que se elabora el estudio ha caído la tasa de emancipación, es decir el porcentaje de jóvenes que han dejado de vivir en casa de sus padres, y ha pasado de casi el 47% que se alcanzó antes de la crisis al 45,8%. Ahora hay 264.000 jóvenes más que hace un año viviendo en casa de sus padres, un fenómeno que ha afectado sobre todo a los nacidos en los años ochenta: casi un 10% de los jóvenes de entre 22 y 30 años ha vuelto con su familia. El estudio señala que además de las multiplicaciones de “trayectorias residenciales truncadas” por la crisis, en la reducción del número de jóvenes emancipados ha influido también la emigración de algunos fuera del país, generalmente en busca de empleo.
* La Vanguardia - 7.02.11
Foto: Vivienda Digna, pancarta (archivo)- tener una casa es un derecho
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Italia limita el uso del coche y en España se minimiza el problema
Ayer todas las estaciones de la red romana superaron los niveles máximos de partículas. En dos estaciones se alcanzaron los 98 microgramos por metro cúbico, cuando el límite está en 50. Madrid registró el pasado viernes 57 microgramos de partículas de media en su red, por encima de los 50 microgramos a partir de los cuales Roma considera tomar medidas.
En Italia, la peor situación se vive en Milán, que se encuentra fuera de la normativa europea, con casi 200 microgramos de polvo en suspensión por metro cúbico, y ha agotado ya, desde el 1 de enero, los 35 días de exceso anual que permite la directiva europea.
Milán y su provincia, según comenta el profesor de la Universidad Bocconi Edoardo Croci, ex concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, "se encuentran en este momento desbordadas" por la contaminación. Tras prohibir durante dos domingos seguidos el tráfico rodado en la ciudad, sin resultados apreciables, la asamblea de alcaldes de la provincia italiana suprimió ayer esa medida. Croci ve paralelismos entre la situación de Madrid y la de Milán. "En Milán el dióxido de nitrógeno lleva varios días en niveles muy elevados. Desde el día 6 al 10 de este mes, cuatro de las ocho estaciones de la ciudad han registrado cifras superiores a los 200 microgramos, que es el nivel que indica que hay que poner en marcha medidas de prevención". Ayer, la cifra más alta fue de 339 microgramos por metro cúbico, no lejos de los 400 que la UE considera de riesgo para la salud. Madrid ha llegado a tener estos días siete estaciones que marcaban más de 200 microgramos a la vez y el pasado domingo a las 22.00, la estación de Ramón y Cajal llegó a medir 395.
El ensayo/error preside la gestión de la emergencia. Los alcaldes improvisan restricciones al tráfico a los vehículos más contaminantes, pero pocos ciudadanos parecen conocer o cumplir las ordenanzas. Los alcaldes milaneses decidieron ayer no introducir las matrículas alternas hasta que la vecina Brescia, que ya prueba el sistema, compruebe si funciona.
Las medidas serán más o menos efectivas, pero existen. En Nápoles, se limitó el tráfico ayer y hoy entre las 7.30 y las 17.30, pero no se publicitó y quizá por eso ayer no se notó. Nápoles ha decidido también vetar a partir de hoy la circulación de los coches y las motos más contaminantes. Los autos diésel podrán circular solamente si a bordo viajan tres personas como mínimo. En paralelo, el Ayuntamiento ha subido un 20% el precio de los transportes públicos urbanos, y para completar la vena surrealista, los instrumentos de medición afirman que el lugar más contaminado de la ciudad es el bosque de Capodimonte, que en teoría es el enclave más verde. Bérgamo cerrará el centro histórico a los coches entre las 10.00 y las 18.00. Y Turín y su periferia industrial restringirán el tráfico rodado el domingo 20 de febrero (iba a ser el 13 pero se ha retrasado una semana).
La comparación con España arroja algunas coincidencias pero quizá más diferencias. El Ayuntamiento de Madrid argumenta que en la capital no se ha superado ningún límite legal . El nivel de aviso a la población para dióxido de nitrógeno se activa cuando dos estaciones de la misma zona superan los 250 microgramos por metro cúbico en dos horas seguidas. Esa situación no se ha producido, pero durante estos días ha habido picos de 300 y hasta casi 400 microgramos en algunos puntos. Tres estaciones de medición ya han superado el máximo que les permite Europa para todo un año. Ni Madrid ni Barcelona cumplieron en 2010 los límites fijados por Europa, pero la Comunidad de Madrid acusa a Ecologistas en Acción de alarmistas por insistir en la mala calidad del aire.
La política vive de gestos y declaraciones. En general, los miembros del Gobierno acusan al Ayuntamiento de Madrid de fomentar el uso del coche -el ministro Miguel Sebastián le acusó de "atraer coches al centro" y de ser "poco serio" con la polución-. Mientras, los políticos de Madrid culpan al Gobierno por primar fiscalmente al diésel y esperan a que el viento disperse la nube negra.
La reunión ayer entre la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y el presidente de la Federación de Municipios, Pedro Castro, acabó con pocas medidas concretas para combatir la contaminación de las ciudades. Se comprometieron a colaborar en la elaboración del plan nacional de calidad del aire previsto en un real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de enero. La ministra confirmó que ha retomado la idea de reformar los impuestos relacionados con el automóvil para penalizar a los vehículos más contaminantes. Y aseguró que propondrá a los otros ministerios que tienen competencias, "ya que Economía y Hacienda e Industria tienen mucho que decir", que vayan estudiando una reforma.
El aire sucio envuelve la política
- Ana Botella, edil de Medio Ambiente de Madrid: "Que le pregunten al 20% de parados si le preocupa la contaminación. El paro sí asfixia".
- Ignacio González, vicepresidente de Madrid, definió la contaminación como un "fenómeno natural" propio de esta época del año.
- Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que ayer se reunió en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar: "Venía a Madrid con los pulmones oxigenados y tan solo una hora después ya noto la polución en la garganta y tengo problemas para hablar".
- Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, sobre un posible cambio fiscal para penalizar a los coches más sucios: "El Gobierno no piensa en recaudar más, sino en contribuir a mejorar la calidad del aire en la parte que le corresponde".
- Cristina Garmendia, ministra de Ciencia: "No podemos vivir con este nivel de contaminación".
- Miguel Sebastián, ministro de Industria: "La responsabilidad de mantener el aire limpio es de los Ayuntamientos, pero algunos se escaquean".
* El País - 11.02.11
Foto: Madrid, contaminacion_ciudad, 4 torres- elpais
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ONG denuncian que la reforma de la Ley de Costas pretende consolidar el "urbanismo descontrolado" en el litoral
En concreto, ha explicado que la Proposición de Ley del PP tiene como objetivo "perpetuar indefinidamente las concesiones", lo que permitiría el uso privado del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
Por su parte, la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha indicado que estas modificaciones supondrían un "inadmisible retroceso de 20 años en las políticas de protección ambiental". Además, ha subrayado que la Proposición de CiU promueve "redefinir los espacios litorales que pertenecen al DPMT". En ese sentido, ha subrayado que pretenden, bajo el concepto de 'ciudad navegable', que urbanizaciones como la Marina d'Empuriabrava (Castelló d'Empuries), los Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S'Abanel escapen a la Ley de Costas.
El director del Programa Marino de WWF, José Luis García, ha destacado que "no se puede permitir la revisión de la Ley de Costas a la carta con el fin de garantizar los diferentes intereses privados". La definición de 'ciudad navegable' se podría extender a multitud de espacios en toda la costa española, lo que "provocaría un claro proceso de privatización de la costa", ha concluido.
Finalmente, las organizaciones ecologistas recuerdan que el objetivo de la Ley de Costas es garantizar la protección de la costa y el interés público y libre acceso a playas y acantilados españoles. Por ello, exigen a los grupos parlamentarios que "rechacen estos nuevos intentos de degradar la Ley de Costa y dejar indefenso el litoral".
* Europa Press - 9.02.11
Foto: Empuriabrava (Girona), deslinde costa - lavanguardia
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Un juez investigará al alcalde de Manises por prevaricación
Según el secretario de la comunidad de regantes, Juan Sanmartín, la Audiencia sí ha visto indicios de delito, ya que el Consistorio realizó «una expropiación ilegal, y además cometió un delito de desobediencia», después de que un juez «ordenara paralizar la obra sin que hubiera una respuesta por parte del Ayuntamiento».
Según el auto de la Audiencia, «existen al menos indicios que podrían dar pie a considerar algunas de las conductas constitutivas de delito. La comunidad de regantes tiene una serie de derechos adquiridos que merecen unas mínimas diligencias de investigación en el marco del proceso penal, para poder clarificar en un principio los indicios racionales de criminalidad».
Conversaciones
Sanmartín explicó que durante el proceso que duró las obras se intentaron mantener conversaciones con el Consistorio «para que realizara de forma correcta unos trabajos que afectaban a una acequia centenaria».
Sin embargo, el secretario de la comunidad de regantes acusó al Consistorio de no tomar en cuenta, ni siquiera una orden de paralización del proyecto por parte de un juez, por lo cual también se acusa al alcalde y a su edil de Urbanismo de un delito de desobediencia civil.
* Las Provincia - 10.02.11
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia
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El ladrillazo tras el ´Prestige´
En los últimos años, la Fiscalía Superior de Galicia ha abierto cerca de un centenar de investigaciones contra políticos de la comunidad, la gran mayoría relacionados con delitos urbanísticos. Las últimas a tres regidores, dos ediles y tres empresarios de A Costa da Morte.
Oleiros, Gondomar, Nigrán, Castro de Rei, Cospeito, Barreiros, Foz... Y ahora, Fisterra, Cee y Mazaricos. La corrupción no entiende de colores políticos. En ayuntamientos gobernados por PP, PSdeG, BNG, o independientes, alcaldes y concejales se han visto salpicados por algún escándalo urbanístico. La mayoría de las causas abiertas por la Justicia gallega en los últimos años corresponden a cargos del PP (54%), seguidas de políticos del PSdeG (35%).
Una de las últimas operaciones contra cargos públicos en la comunidad, fue la practicada en el ayuntamiento lucense de Castro de Rei. El despliegue policial en este municipio de apenas 5.800 habitantes fue similar al utilizado en la operación Orquesta el lunes en A Costa da Morte. En octubre de 2009, la Policía arrestó al alcalde de Castro de Rei, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales -dos del PSdeG y uno de Terra Galega-.
En Oleiros, el alcalde, Ángel García Seoane, también fue citado a declarar como imputado en el procedimiento abierto tras la denuncia que presentó contra él la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La investigación fue abierta a raíz de informaciones publicadas por este diario sobre sus supuestos negocios inmobiliarios. En Arteixo, la Fiscalía también estudió la situación creada en el Ayuntamiento como consecuencia de las actividades inmobiliarias llevadas a cabo por el anterior alcalde, Manuel Pose, a través de empresas constructoras de las que era propietario y que trabajaban para el municipio.
En Gondomar, dos ediles del ayuntamiento, la novia de uno de ellos y un arquitecto fueron detenidos en 2007 por un delito de cohecho que los relacionaba con unos supuestos sobornos a funcionarios y el cobro de comisiones por la concesión de diversas licencias urbanísticas.
En Nigrán, la Fiscalía también presentó una denuncia penal contra el alcalde Alfredo Rodríguez y cinco ediles por un supuesto delito de recalificación de doce fincas adquiridas por el presidente del Celta.
* La Opinión A Coruña - 2.02.11
Foto: Fisterra - centros.edu.xunta.es
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El Ministerio de Medio Ambiente debe hacer mucho más
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha mantenido durante años una actitud de atonía y de condescendencia con las administraciones autonómicas y locales infractoras en materia de calidad del aire. Por ello, Ecologistas en Acción le exige un papel mucho más activo en la tarea de garantizar que los españoles podamos respirar aire limpio. En este sentido, se aportan una serie de medidas que, a juicio de la organización ecologista, se deberían poner en marcha lo antes posible. A pesar de lo que afirman, muchas autoridades locales y autonómicas, una y otra vez –que nuestra calidad del aire es buena y que los ecologistas somos “alarmistas”– lo cierto es que los estudios científicos concluyen justo lo contrario. Pero más diáfano aún resulta el hecho de que la Comisión Europea va a llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento de la legislación de calidad del aire. Esta situación se viene dando desde hace años ante la escasa y timorata actividad del MARM para exigir el cumplimiento de la legislación ante las administraciones autonómicas, que son las competentes en la materia. El MARM puede y debe hacer mucho más para que los ciudadanos y ciudadanas españoles respiremos aire saludable.
Entre otras acciones que puede y debe adoptar, Ecologistas en Acción señala al Ministerio de Rosa Aguilar las que considera más relevantes:
- Elaborar y poner en marcha un Plan estatal de reducción de la contaminación, algo a lo que está obligado según el artículo 16.1 de la vigente Ley 34/2007 de calidad del aire. Este plan debe contener exigencias tajantes a las Comunidades Autónomas (CC AA) y Ayuntamientos en cuanto a la adopción de protocolos y medidas eficaces para reducir la polución.
- Elaborar y poner en marcha la Ley de Movilidad Sostenible, algo que se aplaza una y otra vez, a pesar de la evidencia de que reducir el tráfico es sinónimo de reducir la contaminación.
- Facilitar el acceso a los datos de contaminación de todas las ciudades y CC AA españolas a través de una página Web centralizada, que permita conocer la situación en cualquier lugar desde un único punto y con criterios homogéneos (hay páginas Web municipales y autonómicas que ponen como tolerables niveles que en otros lugares se consideran malsanos, etc.)
- Que el Ministerio denuncie a las CC AA o Ayuntamientos más infractores. Es una obligación para con los habitantes de estas zonas, que no tienen porqué sufrir en su salud la inacción de sus administradores.
- Auditar la correcta ubicación de las estaciones de medición. Hay demasiada picaresca para enmascarar la contaminación por el procedimiento de no medirla adecuadamente.
- Auditar los planes de reducción de la contaminación de las distintas CC AA (tanto en su diseño como en su puesta en práctica), claro que para eso es necesario que existan previamente, lo que no es el caso en la mayor parte de las ocasiones. También es necesario que se establezcan mecanismos de participación en el seguimiento de los planes de calidad del aire, en los que podamos participar las organizaciones ecologistas y ciudadanas.
- Servir realmente de contrapeso ambiental a las políticas insostenibles del Ministerio de Fomento, que están en la base de la creciente utilización del coche (crisis aparte) en nuestras áreas metropolitanas por su política desarrollista de autovías. Por ejemplo, a pesar de que la Comunidad de Madrid es récord europeo en kilómetros de autovías en relación a su superficie, a la población y al número de vehículos, récord en contaminación… Fomento está construyendo la nueva Radial-1 mientras sigue guardando en un cajón los proyectos de carriles Bus-VAO en las carreteras radiales.
En definitiva, Ecologistas en Acción exige al MARM que mantenga un perfil más activo y beligerante del mantenido hasta hace poco contra la contaminación atmosférica, para garantizar nuestro derecho a respirar aire limpio.
* Ecologistas en Acción - 10.02.11
El juez del "caso Gürtel" imputa al actual alcalde de Boadilla
En uno de esos informes remitidos a Pedreira el pasado mes de agosto, la Policía pidió la detención de Siguero y otros tres exasesores del Gobierno de la Comunidad de Madrid por intervenir en la adjudicación irregular de contratos a sociedades vinculadas con la red "Gürtel", aunque la Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta medida.
La Unidad de Delincuencia y Económica Fiscal (UDEF) remitió al juez Pedreira los documentos intervenidos en los registros practicados en el Ayuntamiento de Boadilla, entre los que figuran facturas y contratos con varias empresas de Correa, como Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación.
En otro de los informes de la UDEF relacionado con la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, que también fue adjudicada al grupo de Correa, se afirma que Siguero, entonces concejal de Hacienda, intervino en el diseño de los pliegos técnicos y administraciones y que incluso la organización le indicó "la cantidad a proveer" en los documentos.
* La Información - EFE - 10.02.11
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
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El presidente de la FEMP apuesta por restringir el tráfico en el centro de Madrid
Al ser preguntado por qué políticas deberían ponerse en marcha para luchar contra la contaminación en las grandes ciudades, Castro ha destacado "la apuesta por el transporte público en detrimento del transporte privado" y la "descentralización de la vida en la ciudad". "Hay que sacar a las Administraciones a la periferia; no pueden llegar cuatro millones de madrileños todos los días a Madrid a hacer gestiones, trabajar o comprar", ha aseverado.
La entrevista a Castro ha tenido lugar en las horas previas a la reunión que mantendrá con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, con el objetivo de buscar soluciones a la mala calidad del aire. La ministra tiene previsto proponer a los alcaldes crear un grupo de trabajo que estudie una reforma del impuesto de circulación, el que se paga cada año y recaudan los Ayuntamientos, para penalizar los coches más sucios, informan Rafael Méndez y Carlos E. Cué.
La idea no es nueva y estaba previsto que se incluyera en la reforma de la financiación local, pero esta encalló ante la crisis. Con una reforma legal, el Gobierno daría vía libre a los alcaldes para que gravasen los vehículos más contaminantes y no se implicaría directamente. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, llegó a anunciar el cambio en 2009.
Durante la entrevista en RNE, Castro ha descartado que la FEMP vaya a sugerir una presión fiscal sobre los coches que más contaminan.
"El paro asfixia más"
Aguilar señaló ayer que la calidad del aire en la capital "no es buena", a juzgar por los medidores. La ministra replicaba así al alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, que unas horas antes aseguraba en una entrevista en la SER que "el aire de Madrid es limpio, el más limpio en 10 años". Hace unos días, Aguilar calificó su calidad de "pésima", lo que desató una guerra, la enésima, entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central, y a la que se ha sumado Esperanza Aguirre en defensa de Gallardón. De nuevo ayer, la presidenta regional aseguró que es "absolutamente impresentable" que Aguilar critique al Ayuntamiento por su política contra la contaminación porque, según dijo, "lo único que se ha hecho es cumplir la ley".
La delegada de Medio Ambiente del consistorio, Ana Botella, terciaba ayer también en el cruce de acusaciones, declarando en una entrevista en la Cadena Cope que la capital está "lejísimos" de una alerta por contaminación, algo que, a su entender, "nunca se va a producir". Botella subrayó que España pasa por momentos en los que "la gente está deprimida por el paro". "Eso asfixia más", apostilló.
* El País - EP. - 10.02.11
Foto: Madrid, contaminación aire - elpais
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El juez investiga la supuesta venta de licencias urbanísticas en Ayamonte
El fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, reconoció ayer que el hallazgo de "hechos distintos a la causa principal, susceptibles de investigación, también urbanísticos y bastante sospechosos". Flores, sin embargo, no reveló detalles al haberse decretado el secreto en las actuaciones. El fiscal declaró haberse sorprendido de que el juzgado de Ayamonte no informara a la fiscalía de la intervención por sorpresa del Ayuntamiento. Durante casi cuatro horas, varios agentes recogieron más de 30 cajas con documentos relativos a movimientos urbanísticos en Isla Canela, desde 1993 hasta ahora. Fuentes del caso apuntan a que los supuestos delitos se habrían producido entre 2004 y 2005. La trama podría afectar, por tanto, al equipo de gobierno anterior, el de Rafael González (PSOE).
En los últimos cuatro años no se han concedido licencias para la construcción de residenciales en la zona que se está investigando. Las actuaciones se encuentran en la fase de diligencias previas y no hay detenidos. De probarse las sospechas primeras, se podría formular una acusación por cohecho pero, de momento, no hay pruebas que demuestren los supuestos pagos. Por otro lado, desde Ayamonte apuntan a otras posibles irregularidades por parte de la promotora Isla Canela S.A en los residenciales construidos en Las Garzas, Las Marismas, Los Pelicanos y Las Arenas.
* El País - 10.02.11
Foto: Ayamonte (Huelva), ayuntamiento - diariocadiz
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El Defensor J.Chamizo reclama más mano dura contra los delitos urbanísticos
El Defensor del Pueblo Andaluz presentó ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda el informe especial elaborado por la institución en 2009 relativo a ordenación del territorio y urbanismo, que resalta el gran número de quejas recibidas por incumplimientos de la legalidad urbanística. En su intervención, el Defensor pidió a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que impulse una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.
Chamizo aprovechó su comparecencia en la Cámara para advertir sobre el valor "excepcional" y la "extraordinaria" fragilidad del litoral andaluz, que se ha visto dañado por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que ha pedido una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.
* Diario de Sevilla - 10.02.11
Foto: José Chamizo, ayer en el Parlamento.- diariodesevilla
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Palma.- Los vecinos se levantan contra el proyecto del segundo cinturón
Los propios vecinos no se ponen de acuerdo sobre el número de afectados por las expropiaciones previstas en el tramo comprendido entre las carreteras de Sóller y Valldemossa, aunque barajan cifras que se mueven entre los 12 y los 14. Pocos en número pero dispuestos "a todo" para no perder las viviendas en las que muchos de ellos han criado a todos sus hijos y ahora reciben ya las visitas de sus nietos. Por ello, han creado una plataforma contra las características del proyecto de Vía Conectora, que hoy será presentada bajo el eslogan Així no.
Uno de sus portavoces y presidente de la asociación de vecinos de Son Sardina, Tomás Balaguer, advierte que el problema radica en que este proyecto de prolongación del segundo cinturón ha adquirido finalmente "dimensiones desproporcionadas, con una futura rotonda en la carretera de Sóller en la que cabe un campo de fútbol". Por ello, se señala que la lucha no es contra la mejora del Camí dels Reis ni contra el carril bici que se prevé a su lado, sino que el objetivo es limitar su impacto y hacerlo "más humano". Para promover este cambio de planteamientos, ya se ha solicitado una entrevista con la presidenta del Consell, Francina Armengol.
El director insular de Carreteras, Ernesto Santamaría, considera que esta indignación vecinal es prematura. Aunque el diseño global de la denominada Vía Conectora ya se ha presentado públicamente, el proyecto en ese tramo todavía no está aprobado. Al ser el Camí dels Reis una vía urbana, el Consell está a la espera del informe del Ayuntamiento, ya que no se puede hacer nada sin su visto bueno, y también se necesita una comunicación favorable por parte de la conselleria de Medio Ambiente.
Santamaría señala que previsiblemente la aprobación inicial de esta obra podría darse durante los próximos meses de marzo o abril, tras lo cual se abrirá un periodo de información pública en el que los vecinos podrán presentar las alegaciones que crean pertinentes. "Y si nos hemos equivocado, siempre podremos rectificar", asegura.
En cualquier caso, admite que no se puede desarrollar una reforma viaria de esa envergadura sin afectar a algunas personas, "y de lo que se trata es de que sean convenientemente compensadas". Pero recuerda el enorme tráfico existente entre los polígonos de Son Castelló y Can Valero, "que el hospital de Son Espases ha venido a agravar", por lo que defiende la necesidad de aplicar las reformas previstas para desdoblar esa vía.
Hay que recordar que la institución insular tiene previsto destinar 15 millones de euros para pagar todas las expropiaciones previstas para el desarrollo del conjunto del proyecto de ampliación del segundo cinturón, desde el Coll d´en Rabassa hasta Can Valero, aunque se ha matizado que en la mayoría de los casos el suelo afectado es rústico y no tiene impacto sobre viviendas.
"¿Dónde vamos a ir? No podemos vivir bajo un puente"
Bartolomé Hernández y María Sampol tienen 78 y 75 años respectivamente y llevan 50 viviendo en el número 413 del Camí dels Reis, al que fueron a vivir recién casados y donde han criado a sus tres hijos. Y su casa es una de las que debe ser derribada. "¿Dónde vamos a ir a nuestra edad? No podemos vivir debajo bajo un puente", se lamenta él. Pero su esposa es rotunda al afirmar que "llegaremos hasta donde haga falta para que no nos quiten nuestra casa".
Bartolomé Hernández no oculta que está dispuesto a aceptar "el mal menor". "Podemos aceptar que nos quiten un par de metros del terreno, pero no la casa", y afirma también que de momento nadie les ha informado sobre la indemnización que podrían recibir
"Mis hijos me han dicho que me colocarán en sus casas"
Mercedes Porcel nació en Argentina hace 84 años, pero a la edad de cinco se trasladó con sus padres a Almería, más tarde a Granada, y hace 40 viajó a Mallorca con su marido y sus cinco hijos. En 1985 su esposo y un hijo fallecieron con pocos meses de diferencia "y en ese momento me hubiera gustado morir. Pero ahora quiero vivir y hacerlo en mi casa, donde he sido feliz durante muchos años". "A mi edad, yo me arreglo sola, no tengo a nadie que me ayude con los trabajos del hogar y me desenvuelvo perfectamente", destaca con orgullo. Y aunque sus cuatro descendientes se han comprometido a alojarla por turnos en el caso de que finalmente pierda su residencia, ella se resiste a dejar su casa del 415 del Camí dels Reis. "En su momento ya me hablaron de venderla para irme a un piso más pequeño, pero lo rechacé".
Aunque ha acudido a las reuniones que se han mantenido para crearla plataforma que deberá defender sus intereses, reconoce que sigue teniendo problemas "para entender todo lo que dicen, porque hablan en mallorquín", pero destaca que para hacerse una idea del alcance del proyecto ha contado con la ayuda de sus hijos, "que están pendientes de mí". También se declara dispuesta a aceptar la pérdida de un metro del jardín existente ante su vivienda, pero no a perder esta última.
"No podemos llevarnos a un piso todos los recuerdos"
Francisco y Magdalena Hernández también superan los 70 años de edad y viven en el número 417 del Camí dels Reis junto a dos hijos, un yerno y un nieto. Y advierten que aunque se les intente compensar por el valor económico de su residencia, nadie les podrá restituir los recuerdos de toda una vida vinculados a esa vivienda, ni podrán llevarse a un piso pequeño todas aquellas cosas con las que han ido llenando su hogar.
Como en los casos anteriores, aseguran que "si nos quitan medio metro de terreno no protestamos, pero que nos dejen nuestra casa, porque no tenemos otro sitio a donde ir". Y en relación a este tema, Francisco Hernández recuerda que a sus 78 años y a los 74 de su esposa las entidades financieras no conceden hipotecas para poder comprar otro inmueble, y que para dos jubilados resulta imposible poder empezar desde cero.
Por ello, añade a sus reivindicaciones el que se les garantice una vivienda digna en el caso de que la que tienen en estos momentos tenga que ser demolida.
"Me autorizan a reformar la casa y ahora la quieren tirar"
Pilar Real tiene 35 años y vive en el 401 de este eje viario junto con su marido y su hijo pequeño. Hace dos años tramitó ante el ayuntamiento de Palma todos los permisos necesarios para poder reformar su casa, levantar una planta más y construir una piscina. Pero cuando apenas le falta un 15% del proyecto por concluir, le comunican que su residencia va a tener que ser derribada. Y no da crédito. "Hemos pagado a Cort todas las tasas y permisos, nos hemos gastado un montón en la reforma, y todo para nada".
Pese a lo expuesto, no se considera la más perjudicada, "porque a nuestra edad todavía estamos a tiempo de empezar de nuevo". Pero lamenta el caso de su vecina Isabel, de más de 80 años, y que vive sola en la casa colindante "desque que era una niña". Pilar no oculta su preocupación por la mujer que reside a su lado ya que desde que se le notificó la posible demolición "no deja de llorar".
"Me expropian la vivienda y también la de mi madre"
Juan Manuel García y Alicia Martín se trasladaron hace 21 años al inmueble que había pertenecido al abuelo de él y "aún estamos pagando la última reforma que hicimos". En ella residen junto a su hijo, que es alumno del instituto de Son Pacs, situado en las inmediaciones. Aunque su posible traslado "no será un drama por nuestra edad, sí va a tener un coste emocional muy alto", aseguran.
Su caso alcanza una relevancia especial porque a la expropiación de su inmueble en el número 402 del Camí dels Reis se va a sumar la casa de la madre de Juan Manuel, en el número 1 de Lleonets, también afectada por la ampliación del segundo cinturón. "Tiene 76 años y es viuda. Y en esa vivienda nos hemos criado sus tres hijos".
"Mi casa va a quedar encajonada por la reforma"
José Roig no va a perder su casa del Camí dels Lleonets, pero ésta "va a quedar encajonada al quedar pegada a la nueva vía", lamenta. Se trasladó a esta zona hace siete años al nacer el último de sus tres hijos "porque queríamos ganar en calidad de vida". Para ello, adquirió un inmueble que ha reformado con "muchas horas de trabajo que yo mismo he dedicado". Y no oculta que se siente engañado, porque "el proyecto que nos explicaron era más reducido".
* Diario de Mallorca - 9.02.11
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
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Lugo.- El juzgado cita como imputada a la delegada de Urbanismo
Pide los planes al Concello
El juzgado ordena enviar un escrito al Ayuntamiento para que le remita la documentación del Plan Xeral de Ordenación Municipal correspondiente a la aprobación inicial (2006) y la del aprobado provisionalmente (2009). Hay que señalar que sobre el plan aprobado provisionalmente se hicieron cambios para atender las indicaciones de la Xunta, que fueron aprobadas por el pleno de la corporación municipal el 30 de diciembre pasado.
También reclama la titular del citado juzgado, Natalia Paz Domínguez Pernas, las actas de los acuerdos adoptados por la sociedad Club de Golf de los años 2006 a 2008, ambos inclusive. Hay que recordar que uno de los aspectos más polémicos del PXOM es la recalificación de terrenos en Fixós, en el entorno del campo de golf.
Los papeles de Liñares
La jueza ordena incorporar a estas diligencias la documentación aportada por el ex concejal Francisco Fernández Liñares (entre otras delegaciones del alcalde tuvo la de Urbanismo), a petición del propio juzgado.
Hay que recordar que el PXOM se envía a la Xunta de Galicia, para que si lo cree procedente le dé el visto bueno definitivo. Es probable que la Xunta no agote el plazo de que dispone para tal fin.
* La Voz de Galicia - 9.02.11
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv
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"Los funcionarios nunca tasaron convenios urbanísticos del GIL"
Este funcionario de habilitación nacional, al que le corresponde velar por la legalidad de las cuentas municipales, precisó también que el convenio de Crucero Banús, desde su punto de vista, "quedó sin efecto" desde el momento en que la comisión de gobierno lo aprobó a condición de que se completaran los informes que había requerido el interventor. Desde su punto de vista el acuerdo "carecía de ejecutividad" puesto que la ley sólo contempla que se ratifiquen o rechacen este tipo de acuerdos, no que se aprueben condicionados. Cree, por tanto, que para que hubiera sido aplicable primero tendrían que haberse completado esos informes y, posteriormente, volver a ser sometido a aprobación en la comisión de gobierno.
Pero esa tramitación posterior no se produjo. Al amparo de la ratificación, el equipo de gobierno expidió una licencia de obras condicionada que dio lugar al inicio de los trabajos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no sin esfuerzo, logró que se paralizaran. No obstante, a preguntas de la defensa de Juan Antonio Roca, que ejerce la letrada Rocío Amigo, el interventor admitió que el convenio de Crucero Banús, a pesar de todo, no produjo perjuicios al Ayuntamiento porque las obras no se pudieron completar. El convenio, firmado en octubre de 2002, pasaba de comercial a residencial la finca, ubicada en Puerto Banús, y le elevaba el techo edificable de 500 a 11.000 metros. Además, tasaba en 240 millones de pesetas las compensaciones municipales derivadas de la recalificación. Esto permitió que un solar comprado por 4,3 millones de euros pudieran venderlo en menos de un año el ex teniente de alcalde Pedro Román, el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca, el comisario retirado Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffmann por 10,3 millones de euros, generando beneficios netos de 6 millones de euros.
Esa falta de perjuicio para las arcas municipales derivaría de que nunca se pudieron construir las 114 viviendas previstas y que a día de hoy, el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) de Marbella cataloga reserva la finca para zona verde y equipamientos municipales. Las compensaciones nunca cobradas por convenios urbanísticos generaron en la contabilidad local una ficción en la que ahora el equipo de gobierno trata de poner orden. El interventor de Marbella precisó ayer que se han tenido que detraer 74,7 millones de euros que figuraban en el remanente de tesorería municipal como derechos de cobro que nunca se han ejecutado y que son imposibles de ejecutar.
El gobierno que preside la popular Ángeles Muñoz aprobó en julio pasado el informe del interventor para eliminar estos apuntes contables derivados de los convenios firmados por los sucesivos equipos del GIL entre 1991 y 1996. En conjunto eran 156 acuerdos urbanísticos. En 128 se modificaba el planeamiento y se establecían pagos al Ayuntamiento por valor de 64,1 millones. Otros tres eran relativos a la venta de viviendas y solares y ascendían a 9,6 millones de euros.
El juicio por el caso Malaya, centrado en esta fase en la conocida como operación Crucero Banús, continúa hoy en una sesión en la que está previsto que declaren el jefe de la Policía Local de Marbella y el secretario general de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
* Málaga Hoy - 9.02.11
Foto: Marbella (Málaga), policía Ayuntamiento (archivo) - laopiniondemalaga.es
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¿La continuidad del urbanismo?
INFORMACIÓN/Elche* : Quería comenzar este artículo por comentar la base desarrollista del documento suministrado por la Fundación Metrópoli que debe servir de base para una discusión sobre el futuro Plan General. Comenzaré diciendo que nuestro ordenamiento urbanístico ha dado un cambio sustancial al dar cabida a otras visiones del problema urbano que no estaban contenidas en el propio discurso interno del urbanismo. También nuestra entrada en Europa nos ha llevado a tener que recoger las directivas europeas y en ese sentido se ha dado entrada a ese concepto de "desarrollo sostenible" recogido en el informe Brundtland. El desarrollo sostenible tiene poca base académica y mucha base política. Como dijo Ramón Margalef cabeza de la ecología universitaria "desarrollo" y "sostenibilidad" son dos conceptos opuestos. Al unirlos resulta un oximorón. O sea un elemento poético pero contradictorio semejante a disertar sobre la blancura de lo negro. Además de esta visión de relación con el medio natural que se materializa en la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, es decir en el estudio de las repercusiones que tiene el crecimiento urbano sobre el medio ambiente, existe otro punto de vista en nuestra ley que proviene del paisajismo anglosajón. Establece el estudio del paisaje como herramienta básica en la ordenación territorial.
Y tengo que decir que sobre estos aspectos no he visto nada en la documentación expuesta. El documento que pudimos ver se parece más a un Plan de Desarrollo que a esos estudios más actuales que comienzan el análisis del territorio por una concienzuda visión de las unidades de paisaje.
Pero sea lo que sea el documento en redacción, aunque no resulte otra cosa distinta a un elemento para la discusión pública del urbanismo ilicitano, bienvenido sea. Lo curioso es que en Elche ya tenemos experiencia de ese tipo de extraños documentos que con antelación a la redacción de un plan general se encargan desde la corporación municipal.
Hay que recordar el encargo por el anterior ayuntamiento a Tony Díaz, un desconocido urbanista, de sendos estudios sobre la ciudad y el campo de Elche. Solo conozco a Tony porque publicó un libro "Incertidumbres", atribuyéndose las obras realizadas por el estudio de Damián Quero, hecho que terminó en demanda judicial y retirada del libro. Como me apresuré a comprarlo creo ser de los pocos que posee un ejemplar de tan ínclito autor.
Pues, bien, decía que a este urbanista se le encargó por la anterior corporación un estudio similar al actual que devino en dos documentos llamados POTE y POCE. ¿Y donde están esos estudios? Lo digo porque algo que falta en el urbanismo de Elche es memoria histórica. Ni siquiera existe un buen archivo sobre documentación urbanística que recoja el conjunto del planeamiento, ya sea ejecutado o simplemente ideado. Pues bien, ¿dónde están? Seguramente duermen en algún cajón de ese cementerio de elefantes que es el conjunto de documentos urbanísticos redactados y no aprobados.
Parece ya es buen momento para comenzar una discusión sobre algunas de las conclusiones que haya obtenido la Fundación Metrópoli sobre la ordenación territorial del municipio de Elche y la estructura de su futuro desarrollo. Las conclusiones son poéticas, pero no se ajustan demasiado a lo que hoy entendemos por un estudio territorial. Da la sensación de un rebautizar con atractivos eslóganes la vieja problemática de nuestra ciudad designando en un juego logo mágico como el diamante de la ciudad el cluster de la sanidad, el área 124, etc.
* Información - Opinión - 8.02.11
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