Argentina.- Ladrillos sin concursos

LAVOZ/Córdoba* : Crece el reclamo para que Córdoba comience a respetar algún mecanismo de transparencia a la hora de las ideas y diseños para sus nuevas construcciones públicas. Hace pocos días, la provincia se inflamaba con las novedades de la demolición de la vieja Casa de las Tejas, el escenario por donde los cordobeses hicieron o vieron desfilar a los gobernadores e interventores del último medio siglo. Que se tiraba abajo un recuerdo de Eva Perón, que los trabajos no contaban con autorización, que a los escombros los arrojaban en las barrancas de La Cañada. En medio de ese torbellino de denuncias y explicaciones, hubo quienes prefirieron poner la mirada en la manera en que se estaba llevando adelante la nueva obra prometida a cambio de la vieja edificación: el Parque Las Tejas.

Como viene ocurriendo en Córdoba hace muchos años, el Parque Las Tejas, al igual que muchas otras grandes obras públicas, fue el producto de una arbitrariedad oficial. Arbitrariedad en el sentido de que nuevamente una repartición gubernamental tomó la decisión de cómo será una obra pública con la que deberán convivir durante décadas o por el resto de sus vidas los habitantes de una ciudad. Esto sin haber abierto el juego para que la versión final sea un producto participado.

Albañilería pública. Córdoba es una provincia donde los proyectos de las grandes obras públicas no son concursados. Es una provincia donde los mejores emprendimientos los realizan, muchas veces, quienes tienen mejor capacidad de lobby o cuentan con llegada directa al poder. Pese a los ejemplos de otras ciudades y países, que convocan a amplios concursos públicos cuando deciden realizar una gran obra, Córdoba parece impermeable.

Lo que suena como un reclamo sectorial, propio de arquitectos que velan por asegurarse trabajos o para que se reparta mejor la torta de los fondos oficiales, en realidad revela una manera de administrar los recursos públicos. Habla sobre qué tan democrática es una sociedad y sobre la calidad de la participación de la que gozan sus habitantes.

Hoy, la capital provincial está envuelta por el entusiasmo de la nueva albañilería sustentada con dineros públicos. Donde estaba la vieja Casa de Gobierno ahora comenzará a brotar el Parque Las Tejas. Junto a la estación ferroviaria Mitre, surgirán la torre de 12 pisos y los dos nuevos puentes del Centro Cívico del Bicentenario. A pocos metros, se inaugurará la nueva Terminal de Ómnibus y, a unas cuadras de allí, nacerá el nuevo Archivo Histórico y Centro de Interpretación, que vendrán al mundo del ladrillo acompañados por un faro luminoso de 90 metros de altura.

Siempre en la misma zona de la ciudad, donde el precio del metro cuadrado hace años que parece no tener techo, la anterior administración, del mismo signo político, inauguró el nuevo Museo de Bellas Artes Emilio Caraffa, el Museo Superior de Bellas Artes Evita, el Museo de Ciencias Naturales y el Paseo del Buen Pastor. Antes de que el actual gobernador se vaya, se espera que alcanzará su cota la pulsión que llevó a adoquinar con pórfido patagónico todo el recorrido histórico de la zona céntrica de la ciudad, más la avenida Yrigoyen. El pórfido también cubrirá la plazoleta Vélez Sársfield, el nudo vial frente al Patio Olmos, la zona del monumento al Dante, en el parque Sarmiento, y el área bohemia del Paseo de las Artes.

Casi todas estas obras, que insumieron o insumirán un presupuesto global de varios cientos de millones de dólares, no fueron concursadas. Casi todas fueron realizadas por estudios o por profesionales que ganaron las obras ya sea por una decisión personal de los funcionarios o por su cercanía con los grupos empresarios que las propusieron y construyeron. Desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia, su presidente, Jorge Monti, y su secretaria general, Rosa Santillán, señalan que el concurso es el mejor mecanismo para avanzar sobre las obras de interés público. “El concurso –destacan– es un mecanismo democrático que permite la libre participación, garantiza la transparencia y la ecuanimidad, y otorga grandes oportunidades a los profesionales más jóvenes, junto con aquellos de mayor experiencia”.

Sin leyes. Córdoba no cuenta con un mecanismo legal que asegure esa transparencia y participación a la hora de construir las grandes obras públicas. Diferente es lo que ocurre en Buenos Aires, donde existe una ley de transparencia de la contratación pública de servicios profesionales de arquitectura, paisajismo, urbanismo e ingeniería civil, llamada precisamente “ley de transparencia”. También en la tercera gran urbe argentina, Rosario, las prácticas apuntan a favorecer la realización de concursos.

En la nación, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) cuenta hace cuatro años con un reglamento de concursos, al que podría adherir cualquier gobierno cada vez que resuelve construir una gran obra pública. Ese reglamento hace hincapié en que las obras no deben lesionar el patrimonio arquitectónico ni urbanístico, tema que ha sido una discusión constante en Córdoba en los últimos años, a partir de las polémicas que provocaron algunos emprendimientos.

Un grupo de jóvenes arquitectos trabaja hace tiempo para fortalecer el consenso de que Córdoba debe contar con su propia ley sobre transparencia. Algunos anteproyectos ya están circulando para ser propuestos ante la Legislatura. “En la situación actual, los cordobeses no tienen noción sobre cómo se va a llevar adelante el crecimiento de la ciudad. Uno ve nuevos desarrollos, pero no sabe qué tipo de proyecto tienen en mente quienes lo realizan”, dice el arquitecto Joaquín Alarcia. “Es necesario pensar en una continuidad que vaya más allá de los gobiernos y todos tenemos que tener presencia en este tipo de decisiones, no sólo el Gobierno y los desarrollistas privados”.

El estudio cordobés más activo en los últimos emprendimientos es GGMPU Arquitectos, cuya cara más conocida es el arquitecto Jorge Morini. Este estudio está vinculado a la empresa Electroingeniería y asombra la lista de grandes obras que diseñó en los últimos tiempos: el Centro Cívico del Bicentenario, el Museo de Bellas Artes en el ex Palacio Ferreyra, la nueva Terminal de Ómnibus, el Atelier de la Ciudad de las Artes, Tribunales II, etcétera. Desde el estudio, no quisieron opinar sobre el tema de esta nota.

Ganar “tiempo y dinero”. Adrián Manavella, profesor de Diseño Arquitectónico V, sostiene que “los concursos de arquitectura, si están bien organizados, son el mejor modo de tener la propuesta más conveniente para resolver una necesidad relacionada con algún problema de habitabilidad. Hacen falta especialistas que, en las instancias previas, definan el problema con perfecta claridad, contar con bases bien redactadas y con jurados reconocidos y asegurar que el concurso estará protegido por los mecanismos de control y anonimato que garanticen la equidad de la competencia”.

Para Manavella, el concurso “genera el escenario por excelencia para la compulsa de ideas. Las gestiones gubernamentales que apelan a este sistema con éxito disipan las dudas sobre la transparencia y la calidad de las decisiones”.

Desde el Gobierno provincial, en las últimas semanas repitieron varias veces los dichos del ministro de Obras Públicas, Hugo Testa, quien no sólo pasó por encima la falta de concurso, sino también la ausencia de licitación para obras millonarias como el Parque Las Tejas. “Ganamos tiempo y dinero”, explicó el ministro. Testa elogió que el Gobierno asumiera “rápidamente la ejecución de la obra sin tanto proceso burocrático”, porque “la papelería también tiene su costo”.

La arquitecta Inés Moisset, coordinadora de la Maestría en Diseño de Procesos en la UCC, recalca que “la ciudad es un asunto de todos y las decisiones sobre su funcionamiento deben ser debatidas por sus ciudadanos. ¿Cómo se define dónde es necesario un parque? ¿Hace falta abrir una calle en tal sitio? La definición de problemas, prioridades y recursos se puede canalizar a través de mecanismos de participación ciudadana. En ciudades como Porto Alegre o Rosario se ha avanzado muchísimo en eso. En Colombia, la inversión estatal en arquitectura va a los sectores con más necesidades. En Buenos Aires, está el proyecto para transformar la Villa 31 en un barrio, surgido como investigación dentro de la UBA y se lleva a cabo a través de una ley de la ciudad que instrumenta una mesa de gestión participativa”.

Por ahora, los concursos siguen siendo una rara avis que confirma la regla. El futuro Archivo Histórico y su faro que se levantará en el Parque Sarmiento, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, el Centro Cultural de la UNC frente al Colegio Monserrat, la Plaza de la Capitalidad que debía construirse junto al complejo Capitalinas, son algunas de las escasas iniciativas concursadas, que hasta ahora han sido gotas arrojadas a un mar de ladrillos con formas y tamaños decididos de antemano.



* La Voz - Sergio Carreras - 6.02.11
Foto: Córdoba (Argentina), construcción - lavoz