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S.Sánchez/MalagaHoy* : "Si decide emprender una obra en su casa asegúrese antes de tenerlo todo en regla, porque en caso contrario es muy probable que alguno de los que viven cerca de usted acaben dando parte y denunciando su ilegalidad. Los datos que maneja la Gerencia de Urbanismo, en concreto el departamento de Disciplina Urbanística, señalan que más de tres de cada diez denuncias que llegan al área municipal sobre posibles irregularidades urbanísticas son presentadas por vecinos.
En términos totales, el número de quejas formalizadas por entender que se está incumpliendo la norma puede cifrarse en unas 280 de los casi 800 expedientes que abre al año el Consistorio en la ciudad de Málaga.
La voz de alarma de los vecinos se ha convertido en los últimos tiempos en una de las vías más comunes con las que cuenta el Ayuntamiento para tener conocimiento de la presunta existencia de una irregularidad. La mayoría de ellas, relacionadas con un exceso de construcción respecto a lo que permitía la licencia concedida y el levantamiento de un muro que afecta al inquilino de al lado, según indican los técnicos de este departamento.
"Muchas de las denuncias que se presentan son por cosas menores", comenta el jefe de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción, Miguel Ángel Ruiz Barrionuevo, mientras el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, reconoce que en muchos de los casos se trata del levantamiento de un muro o del cierre de una terraza, por ejemplo.
Sin embargo, y a pesar de lo llamativo de las pequeñas obras sin licencia o el malestar del vecino, lo cierto es que el mayor número de expedientes por irregularidades que se abre en la capital de la Costa del Sol tiene por objeto las viviendas diseminadas que salpican el término municipal, especialmente en el extrarradio.
"Lo más significativo son las actuaciones que se ejecutan en suelo no urbanizable, sobre espacios rurales, donde la gente pide hacer un almacén para guardar los trastos y al final acaba levantando una casa con una parcela de 800 metros y con piscina", señala Ruiz Barrionuevo.
En total en Málaga, según reconoció Díaz Guirado, hay una treintena de núcleos diseminados que están al margen del planeamiento urbanístico y en los que se pueden levantar un millar de casas. "El problema radica en que se trata de inquilinos que estando al margen de la legalidad al final acaban reclamando al Ayuntamiento todos los servicios que necesitan", agrega el edil.
Para intentar normalizar la situación de estas viviendas, la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga ha incorporado once de estos diseminados, con unas 300 viviendas, con el fin de desarrollar en un futuro próximo planes de infraestructuras que abran la vía para su regularización. No obstante, la estrategia fijada en el documento no es nueva, puesto que ya en el Plan vigente, que data de 1997, se apuntaba esta posibilidad, sin haberse avanzado en ninguno de los casos previstos.
En concreto, el listado de núcleos a los que se trata de dar una salida legal en el nuevo planeamiento son Salinas (19); Cortijo los Ruices (32), El Cortijillo (16), Costilla (23), Los Pintados (29), Los Gámez (65), Venta del Boticario (14), Las Breñas (11), Piedra Horadada (14), Venta del Detalle (34) y Haza Carpintero (27). En total, el número de personas que habitan estos espacios es de unas 800. Hasta la fecha, ninguna de las irregularidades cometidas por estos propietarios, al construir sobre suelo no urbanizable, ha conllevado demolición alguna, como sí ha ocurrido en el municipio vecino de Cártama.
El resto de expedientes que se incoan por incumplir las normas urbanísticas están relacionados con construcciones a las que se les concede la licencia de primera ocupación, pero en las que se superan los parámetros urbanísticos permitidos. "Es un porcentaje pequeño", comenta el jefe del departamento de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción, al tiempo que reconoce que en este tipo de situaciones los técnicos determinan si lo que se ha ejecutado fuera de la norma es "legalizable o no, previa sanción, o si por sus dimensiones ha de quedar fuera de ordenamiento".
Uno de los casos que mayor polémica ha suscitado en los últimos años en el capítulo de las infracciones ha sido el del promotor del polémico proyecto del centro hispano ruso, que ha construido de manera ilegal una piscina junto a su casa, en el Monte de San Antón, cuando únicamente había solicitado licencia para una obra menor. A pesar de la evidencia del incumplimiento, y tras denunciarse en 2001, lo cierto es que seis años después aún no se ha podido actuar en contra del propietario.
Este hecho es censurado por Díaz Guirado y por Ruiz Barrionuevo, quienes señalan que el actual sistema y la compleja tramitación jurídica que existen hacen que en muchos casos un expediente de esta índole pueda prolongarse seis o siete años hasta que culmine en una actuación punitiva.
* Diario Malaga Hoy - 9 de Agosto de 2007
Foto: Málaga, La_Malagueta_2006 /Rux (Wikipedia.org)
Los vecinos denuncian un tercio de las infracciones urbanísticas de Málaga
Se deseca un tramo del Tajo para construir una urbanización
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La Confederación Hidrográfica del Tajo ha permitido el comienzo de las obras de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas. Ecologistas en Acción* denuncia que para ello se ha desecado el río Tajo en cinco kilómetros, entre las provincias de Toledo y Cáceres. La asociación ecologista califica de irracional esta actuación, especialmente cuando va dirigida a favorecer la ejecución de un proyecto meramente especulativo.
Ecologistas en Acción ya se ha dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT en adelante) para obtener información sobre aspectos concretos, tales como cuáles son las autorizaciones e informes que se han emitido o están en trámite de emisión por parte de la CHT relacionados con la urbanización en Valdecañas y, además, si se ha permitido el desembalse de Valdecañas o la reducción de caudales desde el embalse de Azután para facilitar el desarrollo de las obras. El beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Tajo deja en papel mojado los compromisos de caudales mínimos del tajo tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura y priva a esta actuación de las más mínimas garantías ambientales.
No podemos olvidar que este proyecto urbanístico, aunque se ubica en el Embalse de Valdecañas, en el Tajo Extremeño, afecta directamente a especies y espacios naturales tanto de Castilla – La Mancha como de Extremadura, pues uno de los efectos más notables del inicio de las obras consiste en la práctica desecación del cauce por debajo de las poblaciones toledanas de El Puente del Arzobispo y Valdeverdeja (un tramo de unos 5 kms del Tajo entre Toledo y Cáceres).
En todo caso parece injustificable que la CHT pudiera haber autorizado ya el uso del dominio público hidráulico en el vaso del embalse para el inicio de las obras y la concesión de aguas provisional sin que se haya dilucidado el fondo de la cuestión. Esto es, si hay disponibilidad de agua para el abastecimiento de los chalets, el campo de golf, el hotel, los centros comerciales, etc,. y si se va a autorizar el plan de uso nuevo para el embalse y la construcción de un puente de acceso a la isla sin que se hayan obtenido todas y cada una de las autorizaciones y declaraciones de impacto preceptivas para todas y cada una de las infraestructuras asociadas al complejo. En todo caso, parece así avanzarse en una dinámica de hechos consumados que pudiera conducir finalmente a la cesión de la CHT ante este aberrante proyecto.
Por otra parte, el descenso de las aguas ha perjudicado ya la nidificación de especies de aves declaradas “en peligro de extinción”, como la Cigüeña Negra. Debe considerarse que el período reproductor de las varias parejas de esta especie en la zona aún no ha concluido para la presente campaña de cría y que tanto en éste como en otros embalses de la zona (Navalcán, Rosarito, Azután), deben mantenerse unas mínimas condiciones ambientales (también en lo relativo a los caudales mínimos de los ríos) para garantizar la supervivencia de las nidadas y polladas volanderas que crían en este entorno, las cuales suelen utilizar estas masas de agua y sus inmediaciones durante la primavera y el verano, es decir, durante la nidificación y sus primeros meses de vida, y muy significativamente, durante la concentración postnupcial de juveniles venidos incluso desde otras zonas del centro peninsular.
El área afectada, también es zona de cría (tanto en Extremadura como en Castilla – La Mancha) de especies igualmente declaradas en peligro de extinción como el Águila Perdicera, o de otras grandes y medianas rapaces como el Halcón Peregrino, el Buitre Leonado (con una importante colonia de cría en Toledo) o el Alimoche, no declaradas “en peligro de extinción” pero de igual modo estrictamente protegidas en cumplimiento de las leyes de Conservación de la Naturaleza de ambas comunidades autónomas, especialmente en lo que respecta a sus áreas y períodos reproductores.
Por otra parte, el conjunto del completo afectará muy negativamente la invernada de gran cantidad de aves acuáticas, esteparias y un dormidero de grullas que hasta el invierno pasado descansaban en la inmediatez más absoluta de la Isla y Embalse de Valdecañas.
Además, todo el tramo desecado forma parte de la Red Natura 2000, pues se trata de zonas declaradas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura. En la parte que corresponde a Toledo habría que añadir que todo el cauce del Tajo entre el Puente del Arzobispo y el límite provincial con Cáceres, está declarado Área Crítica del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, siendo esta una de las zonas más afectadas cuando aún no ha concluido el período reproductor de la especie.
Resulta irracional e indignante, que un proyecto que a todas luces contraviene la totalidad de la normativa ambiental europea, nacional y regional al respecto de la conservación de estos espacios y especies, (Directiva de Aves, Directiva de Hábitats, Convenio de Ramsar, Convenio de Berna, Leyes de Conservación de la Naturaleza y Planes de Recuperación de especies de Extremadura y Castilla – La Mancha, etc.) haya sido declarado “De Interés Regional” por la Junta de Extremadura. Especialmente cuando lo que se favorece es el urbanismo especulador que tanto daño ha causado en zonas de la costa mediterránea y del interior del Estado. Este proyecto resulta totalmente contrario a la filosofía y all articulado de la Ley de Suelo que recientemente ha entrado en vigor. Por estas razones, el proyecto se ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
* Ecologistas en Acción - Castilla-La Mancha 8 de agosto
Foto: Río Tajo (Castilla La Mancha) /ecologistasenaccion.org
Montederramo vulnera la ley en contratos, salarios y urbanismo
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C.Huete.- ElPaís/Ourense* : "El Ayuntamiento de Montederramo ha incurrido "reiteradamente" en irregularidades y ha vulnerado artículos de la Ley Reguladora de las Finanzas Locales y del Reglamento de Organización y Funcionamiento, según consta en el informe de fiscalización del Consello de Contas referido al ejercicio 2003-2004. El informe alerta sobre las actuaciones de contratación de personal, retribuciones salariales, urbanismo y percepción de subvenciones.
El Consello de Contas ha detectado que el Ayuntamiento de Montederramo carece de registro de personal, no publica las retribuciones de la plantilla y los expedientes de los trabajadores están incompletos. Según el informe, cuenta con cuatro trabajadores en régimen laboral temporal pese a que dos trabajan desde 1993 y los otros desde 1994 y 1998 permanentemente y sin haber celebrado procedimiento de selección. Además, el Consello de Contas hace hincapié en que los cuatro perciben mayores ingresos de los que les corresponden.
Junto a ello, en 2004 el ayuntamiento aprobó un catálogo de puestos de trabajo incrementando el complemento específico "sin ajustarse a la legalidad". Sólo por estos complementos en 2003 cobraron por encima de los límites legales 10.655,84 euros.
Lo mismo ocurre con el alcalde, Antonio Rodríguez, condenado por el Supremo por falsificación de documento público y fue repescado por Baltar para encabezar en mayo pasado la lista al ayuntamiento, y con el teniente de alcalde. El informe especifica que en el mandato 2003-2007 no hubo acuerdo plenario sobre retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial, infringiendo el reglamento por el que se rigen las corporaciones locales. Además, consta que una resolución de la alcaldía de octubre de 2003 delegó en el primer teniente de alcalde, en régimen de dedicación exclusiva, el servicio de extinción de incendios que la ley reserva al personal laboral, "lo que cuestionaría su desempeño en régimen de dedicación por un cargo electo". En 2004 se le atribuye la misma dedicación al teniente de alcalde, pero ni siquiera pasó ya por pleno.
Respecto a las percepciones, Contas detalla que de nueve ayudas de manutención y locomoción que cobró el alcalde por 7.116,38 euros, sólo hubo dos mandatos de pago, de 3.638 euros. Además, consta que se le abonaron 80 dietas cuando de la declaración de la alcaldía se deducían 52. El informe verifica que alcalde, primer teniente de alcalde, secretaria y administrativa cobraron indebidamente asistencias a mesas de contratación y que se "utilizó irregularmente" el concepto de ayudas de manutención para retribuir la asistencia de la concejala de Cultura a su propia oficina y a la organización de eventos culturales. Recibió por ello 3.818,43 euros.
Respecto a la contratación de obras, Contas alerta de que sólo se certificaron por la secretaría cinco expedientes, relativos a la residencia y centro de día de la tercera edad "pese a detectarse un número mayor de contrataciones". Además, pese a que el incumplimiento de los plazos por parte del contratista "suponía la rescisión", ni se le rescindió el contrato ni se le impusieron sanciones. A ello se añade la posible duplicidad de ayudas. Asuntos Sociales aportó el 70% del presupuesto, pero posteriormente el ayuntamiento firmó un convenio con la Diputación por el cual ésta aportaba 150.000 euros. La alcaldía decretó la compatibilidad de ayudas financiando 49.255,55 euros con cargo a la aportación de la institución provincial.
* ELPAIS.com - Ourense - 08/08/2007
Foto: Montederramo (Ourense), ayuntamiento /ELPAIS.com
La tramitación de un plan urbanístico tarda hasta 6 años
P.González/LaVozdeGalicia* : "Un informe encargado por el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria concluye que la normativa recientemente aprobada por la Xunta complica y alarga el ya de por sí dilatado proceso de elaboración de los planes generales de ordenación municipal, hasta el punto de necesitarse un máximo de 71 meses (casi seis años) y un mínimo de 47 (cerca de cuatro años) desde la fase preliminar hasta la aprobación definitiva del plan urbanístico.
El cronograma considerado «óptimo» por el informe -el de 47 meses- es visto como «inviable» por sus autores, por lo que la tramitación de un plan general «comprenderá, como mínimo, una legislatura municipal completa y parte de otra, afectando por tanto a dos corporaciones diferentes», se afirma en el estudio, el primero que trata en profundidad el coste temporal y económico de la elaboración de los documentos urbanísticos.
Para la estimación de la duración del proceso, el informe no tiene en cuenta lo que los autores denominan «afecciones políticas al proceso», por lo que el cálculo del tiempo se basa en los trámites administrativos ineludibles para llegar a la aprobación definitiva del plan. Tampoco se tienen en cuenta los períodos electorales, «que se ha demostrado que ralentizan el proceso».
«La elaboración, tramitación y aprobación del planeamiento general en Galicia -se afirma en el estudio- se está mostrando tremendamente tortuosa a partir de la promulgación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre [Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural]».
El estudio, elaborado por expertos del sector, valora las consecuencias de la Ley de Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, normativa recientemente aprobada que obliga a determinados planes generales a someterse a un proceso de evaluación ambiental y a elaborar un informe de sustentabilidad ambiental (ISA). Esta nueva ley introduce en el proceso de aprobación a la Consellería de Medio Ambiente, además de la de Política Territorial, que tutela el resto de la tramitación. La evaluación medioambiental «con toda seguridad complica mucho más este proceso», concluye el estudio, que se basa en el documento de referencia que se está enviando a los ayuntamientos, «muy extenso y complejo».
En la actualidad, la Consellería de Medio Ambiente tiene abiertos programas de evaluación ambiental de los planes urbanísticos de 43 municipios gallegos.
Elaboración
En realidad, el proceso de elaboración estricto del plan general -al menos su documento preliminar- sólo consumiría entre 10 y 16 meses de los 71 que se calcula como período máximo de tramitación, a pesar de ser el estadio en el que más intervienen las cuestiones políticas.
El resto se consumiría en trámites administrativos hasta pasar por trece fases que se detallan en el gráfico de la derecha. Entre ellas destaca la elaboración del informe de alegaciones, la fase más compleja junto con la elaboración del plan (dura entre 6 y 8 meses). El informe constata que «el número de alegaciones aumenta cada vez más» y que su contenido «está también mejor fundado», por lo que este proceso cada vez es más complejo. Además, ahora hay que tramitar las alegaciones y sugerencias al ISA.
El estudio recuerda también que los documentos urbanísticos que no hayan superado la fase de información pública deben someterse a la evaluación ambiental estratégica.
* La Voz de Galicia - 7/8/2007
En lucha por la costa de Águilas
A.Teruel/El País* : "Es uno de los pocos tramos de costa virgen que quedan en el litoral mediterráneo español. Entre los municipios de Águilas y Lorca, al sur de la región murciana, se extiende una larga franja de playas vírgenes que alternan paisajes de dunas fósiles y cordilleras. El paisaje natural ha ido cediendo terreno a las construcciones que ahora se adentran a los pies de los montes y en el mismo litoral. En Marina de Cope se van a construir 9.000 casas, 20.000 plazas de hotel y cinco campos de golf.
"En los últimos años se está construyendo demasiado", explica Huerta Navarro. Nació hace 71 años en Águilas y ha sido testigo de la evolución del municipio, que tradicionalmente se ha nutrido de la agricultura y de la pesca. "Como esto siga así, dentro de poco tendremos que recorrer kilómetros para ir al campo, cuando hasta hace nada en la zona de Hornillos había cuatro casas", explica. En la bahía, las recientes edificaciones se amontonan a pie de la sierra del Cambrón. La actividad urbanística, que según los ecologistas pone en peligro a las tortugas moras que pueblan la zona y las praderas de posidonia en el mar, y queda patente en las grúas y los corrimientos de tierra en la cima del monte, donde se está edificando otro complejo de viviendas frente a la isla del Fraile.
Siguiendo el litoral se divisa la urbanización de Calabardina, antes de llegar a las llanuras de momento todavía casi vírgenes de la Marina de Cope. Asociaciones de vecinos y ecologistas han puesto el grito en el cielo centrando su denuncia en el caso más polémico, el de la Marina de Cope. El proyecto, promovido por el Gobierno popular de la comunidad, prevé la construcción de más de 9.000 casas, 20.000 plazas hoteleras, 1 marina con 2.000 amarres y 5 campos de golf.
Para ello, se ha desprotegido parte del Parque Natural de Cabo de Cope y Puntas de Calnegre. La actuación fue recurrida en 2001 ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado al respecto, aunque la comunidad ha anunciado que seguirá adelante independientemente del dictamen.
"Lo que nos parece sospechoso es que se dilate demasiado la resolución, ya que, según los expertos que hemos consultado, lo normal es que tarde unos dos o tres años", explica Martín Rodríguez, secretario de la Asociación de vecinos Amacora, vinculada a asociaciones ecologistas locales.
Lo que está ocurriendo en Águilas es una de las principales denuncias por urbanismo salvaje que incluye el informe Banderas Negras 2007 de Ecologistas en Acción. El velero de la asociación, que partió el 17 de julio de Cádiz y acabará el 31 de agosto en Barcelona, recorre la costa para denunciar las agresiones del litoral, y este fin de semana recaló aquí, donde realizó el último de los múltiples actos de protesta contra el proyecto de Marina de Cope. El titular de la Consejería de Turismo y Consumo de la región, José Pablo Ruiz Abellán, respondió a las últimas acusaciones destacando que el proyecto "será ejemplo y referente nacional e internacional en equilibrio medioambiental".
No a todos en Águilas les importa el deterioro de la costa. Empresarios como Ginés Piña, propietario de tres quioscos en el paseo marítimo de Águilas, asegura: "Para mí, cuanta más gente venga, mejor; quienes estén en contra es porque no viven de eso", opina. "El litoral acabará urbanizado, esto no hay quien lo pare, y si no se urbaniza aquí, se hará en otro lugar", asegura.
* ELPAIS.com - 08/08/2007
Foto: Aguilas (Murcia), bahía del hornillo /greenpeace 2006
Declaran urbanizable una zona verde reforestada por escolares
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J.A.Navarro/MalagaHoy* : "Málaga. Juego, set y partido. Los terrenos municipales reforestados en la zona este de la capital por un grupo de escolares hace siete años y donde el colectivo Almijara centra su labor medioambiental, serán urbanizados. Tras varios meses de tiras y afloja entre los miembros de esta asociación ecologista y responsables del Ayuntamiento y de la constructora Vallehermoso, ayer se rompió la cuerda definitivamente. En este espacio verde se construirán carriles para una urbanización.
Los terrenos afectados abarcan tres parcelas, la Hacienda Paredes, el Arroyo de los Pilones y El Polvorín, donde Almijara dice que hay más de 4.000 especies vegetales.
Después de que los técnicos de la gerencia de Urbanismo visitaran la zona afectada en varias ocasiones, por sendas denuncias del grupo ecologista, ayer se dictó la sentencia definitiva. El Consistorio comunicó a Almijara que la zona verde donde desarrollan su labor será urbanizada. "El plan general se asigna por sectores y en su desarrollo parcial se ha decidido crear un corredor verde en el cauce del río", explicó Manuel Díaz, concejal de Urbanismo. Esto significa que habrá que trasladar los árboles de una zona a otra. Para los técnicos de Almijara esto supone un atentado ecológico.
La gota que colmó el vaso cayó la pasada semana, cuando los voluntarios de la asociación se disponían a regar sus plantaciones y vieron que las maquinas habían arrasado varios algarrobos centenarios de una zona donde, en teoría, no se pretendía edificar. Esta denuncia motivó una nueva visita de los técnicos municipales el pasado lunes y ayer, cuando comunicaron a este periódico las novedades del desarrollo parcial del plan general en ese sector. "Nos duele la falta de sensibilidad del Ayuntamiento. Las horas de ilusión de los voluntarios son impagables", subrayó ayer Miguel Ángel Barba, presidente del colectivo Almijara.
Pero no sólo se ha perdido tiempo y dinero (hasta 27.000 euros de las arcas municipales se han destinado en distintas fases a la reforestación de la zona), la pérdida ecológica también es notable. De hecho, es la más importante. Según los estudios de Almijara, con esta actuación, cada año se dejarán de depurar 195.000 kilogramos de dióxido de carbono y se dejará de emitir alrededor de 39.000 kilogramos de oxigeno. Sin contar las emisiones que puedan generar el futuro tráfico rodado de la zona.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, aseguró ayer a este periódico que las especies vegetales serán replantadas al corredor verde que se va a crear junto al cauce del arroyo. Igualmente reconoció la pérdida de varios algarrobos centenarios que, según dijo, estaban huecos y se partieron al ser trasplantados. "Es imposible que sobreviva ninguno. Los olivos quizá", matizó Barba. Los afectados colaterales de esta operación son las aves de la zona, pues, según los ecologistas, ya se han matado alrededor de 1.800 pollos de decenas de especies protegidas, que ahora se encuentran en periodo de reproducción.
* Diario Malaga Hoy - 8 de Agosto de 2007
Foto: Malaga vista - Julo/wikipedia.org
Permiso para construir sobre una cañada real en Puebla de la Sierra
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Comunidad de Madrid. En Puebla de la Sierra, municipio con 60 habitantes permanentes, el Ayuntamiento pretende construir 51 viviendas sobre un terreno que históricamente ha sido una Cañada Real. Ecologistas en Acción* y vecinos llevan desde 2001 denunciado la situación. Ahora la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid ha desestimado todas las alegaciones y recursos interpuestos en defensa del trazado original de la Cañada Real.
El Ayuntamiento de Puebla de la Sierra está tramitando el Plan Parcial de la Unidad de Ejecución 1 (UE-1) que contempla la construcción de 51 viviendas en un robledal centenario atravesado por la Cañada Real de la Ciquiruela y el Cordel de la Mata de la Fuente. El paraje, conocido como Eras del Solar, se incluye en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón y en el Lugar de Interés Comunitario “Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte”.
El trazado de la Cañada Real y del Cordel está recogido en documentos históricos que se remontan al siglo XIX. Vecinos y ganaderos han recorrido estos caminos y los mayores del lugar insisten en que estas vías pecuarias pasan por la zona que el Ayuntamiento pretende urbanizar. El Ayuntamiento, por su parte, niega este extremo e intenta desviar el trazado a zonas que no obstaculicen la urbanización de Las Eras.
Ante la polémica, Ecologistas en Acción solicitó a la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid que interviniese y deslindara el trazado exacto de la Cañada Real de la Ciquiruela y del Cordel de la Mata de la Fuente. Sin embargo, tras la presentación de la documentación histórica que acredita el trazado original, alegaciones, solicitudes y recursos por parte de ARDEA-Ecologistas en Acción, asociaciones vecinales y ganaderas, vecinos y propietarios, la Dirección General de Agricultura ha desestimado todo. Agricultura considera que la Cañada y el Cordel no pasan por los terrenos que el Ayuntamiento pretende urbanizar.
Esta polémica decisión se ha tomado en contra de todas las alegaciones presentadas que argumentan que este Cordel y esta Cañada discurren por los terrenos que el Ayuntamiento pretende construir. Además, la viabilidad de este nuevo trazado resulta imposible porque discurre por fincas de particulares, por encima de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad del siglo XVIII y del cementerio.
Ecologistas en Acción considera lamentable que la administración pública no haya tenido en cuenta los documentos históricos aportados, las declaraciones de antiguos pastores, los linderos de propietarios marcados por las antiguas paredes de piedra, etc. Ni tan siquiera se han valorado los informes técnicos de la Dirección General de Agricultura que indican que la documentación en la que se ha basado el deslinde es “inexacta, imprecisa y de imposible trazado”
Por todo ello, Ecologistas en Acción acudirá al procedimiento Contencioso Administrativo, con las asociaciones mencionadas, como defensora y garante de las Cañadas y Cordeles que la Ley de Vías Pecuarias del Estado y de la Comunidad de Madrid tiene por fin proteger y respetar.
* Ecologistas en Acción - 7 de agosto
Foto: Puebla de la Sierra (Madrid), cañada real /ecologistasenaccion.org
Bienvenido al 'fast food' de las vacaciones
DAVID GISTAU* : "La percepción cinematográfica de las cosas tiende a ser engañosa. Un empresario con un bigotito que parece dibujado con un corcho quemado y con relaciones malayas con el poder político local levanta en el desierto levantino, entre Oropesa y Cabanes, un paraíso con ninfas de cartón piedra que gasta reputación de excesivo y hortera: una suerte de tardo-gilismo con el que llenar el hueco de Marbella. Y claro, el cinéfilo evoca a Bugsy Siegel cuando construyó en el desierto de Nevada y con dinero de la Mafia neoyorquina un hotel/casino al que puso de nombre el apodo de su amante, Flamingo, y desde el cual creció la inmensa hoguera de neón que es Las Vegas. Pero no. Marina d'Or viene a ser como el reverso tenebroso de ese dinamismo de los pelotazos que se atribuye a la Comunidad Valenciana y que tiene en la Copa de América y en la arquitectura de Calatrava sus aspectos más presentables.
Está en la jurisdicción de Fabra, por lo que huele como la Dinamarca hamletiana. Y es una máquina de hacer dinero que el año pasado facturó más de 400 millones de euros. El empresario Jesús Ger tiene trazado en los mapas un proyecto delirante, Marina d'Or Golf, que con 19 millones de metros cuadrados ocupará una extensión comparable a la de una capital de provincia y que remedará a Las Vegas con un inmenso decorado peplum en el que habrá volcanes, pirámides, venecias, falsas prisiones de Alcatraz y hasta pistas de esquí. Un monstruo que convertirá Oropesa de Mar en poco más que un suburbio de Marina d'Or. Un parque temático, como el que concibió Julian Barnes sobre la isla de Man en Inglaterra, en el que cabrán los tópicos de la cultura popular convertidos en fast-food del entretenimiento familiar y en un alarde de la barra libre urbanística que destroza el litoral.
Pero, mientras tanto, Marina d'Or defrauda toda expectativa cinematográfica. Con sus bloques de apartamentos y sus canchas de tenis, apenas es un Sanchinarro, uno de esos barrios impersonales como los que va pariendo la expansión de Madrid, con playa.
Ni siquiera hay vida nocturna: apenas un pub terrible, el Joker, que parece un bar de putas sin putas. Y un par de discotecas, como Aqua, en las que bostezan los adolescentes y donde los machacas de la puerta son tan de atrezzo como los arbustos recortados con la forma de un ciervo que hay en los parques.
Es verdad que en los jardines hay carpas gordas como tiburones, y un Neptuno con la picha al aire y el tridente enhiesto, y otras estatuas de inspiración griega que parecen haber sobrado de la última película de Victor Mature.
Y, también, que el balneario aspira a ser una especie de Pompeya para pobres en la que iniciarse en los simulacros del lujo como si Marina d'Or contribuyera a expandir la revolución del fenómeno low-cost: la democratización de lo que siempre se antojó exclusivo.
Lo que no ha de ser parte del decorado es el verdín y la basura que flota en las aguas estancadas del canal que da al mar, y que parece el hogar del Monstruo de la Ciénaga. Pero, más allá de eso, Marina d'Or es un lugar anodino por normal, con sus tres hoteles algo tumultuosos por los que trasegar en chanclas, y sus apartamentos de los que sólo en 2004 se vendieron cerca de 1.500.
Y quienes lo frecuentan no son chulapos del Gran Hermano, ni depredadoras de Salsa Rosa, ni especímenes horteras de una nueva corte de los milagros distorsionada por los espejos del callejón del Gato, sino la clase media de toda la vida.
La que baja a la playa con la camiseta del Atleti y encarga una paella para el mediodía. La que atraviesa el ocaso bailando pasodobles que toca una charanga o viendo el contoneo de las brasucas de una compañía de Salvador de Bahía.
La que compite en carreras de sacos alrededor de la piscina o acude a talleres de yoga para llenar la jornada. Por cierto, a la que ahora se han incorporado familias gitanas vestidas por Nike salvo por el luto eterno -incluso en la playa- de las abuelas, como si en Marina d'Or se estuviese escenificando la superación de uno de los últimos guetos que le quedaban a España.
En todo caso, los currantes que apuran la quincenita de playa antes de regresar al tajo no son los personajes sobre los cuales se estaría apoyando el advenimiento de un imperio kitsch. Los recelos sociológicos respecto de Marina d'Or son una consecuencia del esnobismo. Al moderno de la cola del Alphaville le huele a rumba de El Fary, a concentración de plebe. Y se imagina acudiendo de expedición a la urbanización como Jane Goodall a la montaña de los gorilas, cuando en realidad lo que ha de encontrarse es la España estándar. A ese mito negativo han contribuido los 12 millones de euros invertidos por Jesús Ger en campañas de publicidad implacables, ineludibles, emboscadas a traición en el zapping, de las que Anne Igartiburu es siempre la pin-up pintada en el fuselaje.
Jesús Ger no es Bugsy Siegel, por desgracia. Pero aun así tiene fascinados con su aureola fatal a los camareros que le sirven cuando se encierra en las marisquerías de Marina d'Or con su tropa de guardaespaldas: «Siempre estamos en guardia por si aparece. Hoy estamos más tranquilos, porque vino ayer».
Los famosos son un señuelo que el empresario usa hasta la extenuación. Para la inauguración de su oficina en París logró que Daryl Hannah y Gérard Depardieu cortaran la cinta. En la apertura de la de Londres le falló Sharon Stone, por lo que hubo de contentarse con Genoveva Casanova, Anita Obregón y otros 200 invitados desplazados desde España y alojados en el Savoy para unas jornadas que incluyeron una cena en el Parlamento británico.
Se trata de hacer ruido mediático hasta lograr que el término Marina d'Or no resulte ajeno a nadie, que lo conozca hasta el anciano de «¿Y el Madrí, qué...?».
Y para ello se invierte lo necesario para que por la ciudad de vacaciones pasen famosos del calibre de Naomi Campbell o Sofia Loren. O para que la carpa levantada junto al hotel Gran Duque, junto a los edificios que de noche están iluminados por juegos de luces tan bizcochosos y cursis como los que Pascua Ortega impuso a Madrid en las vísperas de la boda de Letizia, sea la sede del concurso de Miss España.
Pero por debajo de esta chicharra que toma por asalto las televisiones no hay más que un tedio de paellitas y cremas bronceadoras capaz de defraudar las expectativas cinematográficas de cualquier reportero. Gil metido en el jacuzzi, eso era un tema.
© Mundinteractivos, S.A.
* El Mundo - UVE - 6 Agosto 2007
* La Coctelera/Reggio - 6 Agosto 2007
El Algarrobico: Un réquiem que se retrasa
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Ideal* : "Las televisiones europeas lo utilizan como imagen de recurso cada vez que realizan un reportaje o cuentan una noticia relacionada con el urbanismo desaforado en las costas españolas. El Hotel El Algarrobico es una mole de cemento que ensombrece y amenaza al parque natural del Cabo de Gata. Los responsables de los gobiernos central y autonómico han reaccionado -sin que aún haya quedado claro por qué la empresa pudo llegar tan lejos en la construcción-, consciente de que se trata de un inmenso borrón que empaña una de sus banderas políticas, el respeto por el medido ambiente. Un error al que se le ha buscado la solución más rotunda: demoler la estructura principal de un complejo que ocupa 16 hectáreas y que llega hasta unos 50 metros del agua de una playa que se había mantenido virgen, pese a estar a tan solo a 4 kilómetros del casco urbano de la localidad almeriense de Carboneras.
Los directivos de Azata -la empresa constructora- ven lagunas en este plan de derribo. Recuerdan que iniciaron la obra con todos los permisos municipales en regla.
El pleito, que se antoja árduo debido a la complejidad que supone retrotraer un expediente en el que están involucradas tres administraciones, comenzó en noviembre de 2005. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, ordenó entonces que se iniciase de inmediato un expediente de expropiación de la parte del hotel que se construye sobre la zona de servidumbre de la playa.
El siguiente paso lo debía dar la Junta de Andalucía, responsable última del planeamiento en el resto del complejo, aunque fue el Ayuntamiento de Carboneras quien dio la licencia para acometer esta obra, ejerciendo sus competencias urbanísticas.
De novela policiaca
Los técnicos de la Junta de Andalucía bucearon en todos los informes posibles para buscar una vía que les permitiera salir del atolladero. Fue en el mes de mayo de 2006, cuando el propio presidente andaluz, Manuel Chaves, anunció que que la Junta de Andalucía iba a ejercer el derecho de retracto sobre el solar donde se levanta este monstruo de hormigón de 20 plantas y 411 habitaciones y cuya apertura estaba prevista para el verano del año pasado.
Como en una novela policiaca, los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente se desplazaron de forma sigilosa a una notaría de Madrid y al registro de la propiedad de Vera -donde se anotan las operaciones de Carboneras- e iniciaron una minuciosa investigación que les llevó a descubrir que la compraventa de este terreno incumplió en 1999 un precepto legal básico: el vendedor tenía la obligación de comunicar a la administración ambiental competente -en este caso a la Junta de Andalucía- su decisión por si estaba interesada en emprender su derecho de adquisición preferente. Una presunta trampa que le va a costar muy caro a Azata que, de momento, no se da por aludida. Pese a que su sueño especulativo tiene los días contados, saca pecho y amenaza con que esta jugada le va a costar a la Junta más de 300 millones de euros. Una cifra que el Ejecutivo andaluz rebaja de forma considerable, hasta dejarla en 2,3 millones de euros, que es el precio del suelo que consta en la escritura.
Desobediencia
La consignación de estos 2,3 millones -1,41 millones por la finca del hotel y 0,9, por la de un terreno colindante- supuso la anulación de cualquier posibilidad de inauguración de este establecimiento.
Chaves ya advirtió el año pasado de que la imagen de la estructura desmoronándose y la playa del Algarrobico recuperando su perfil anterior podría tardar meses o años. Sobre todo tras conocerse que la empresa Azata del Sol había recurrido ante los tribunales, lo que supuso el inicio de este largo proceso judicial que acabará, según es previsible, en el Tribunal Supremo.
Pero Azata parece que ha ido más allá. Los responsables en España de la organización ecologista Greenpeace, que han protagonizado dos movilizaciones de protesta a los pies de la estructura del Algarrobico, han entregado a la Junta de Andalucía diverso material audiovisual en el que se observa como las obras han continuado, pese a que hace más de un año que fueron paralizadas de forma cautelar por el Juzgado número 2 de los Contencioso-Administrativo de Almería.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han señalado que la promotora solicitó al Juzgado permiso para realizar obras que impidiesen el deterioro de las instalaciones. Esta solicitud habría sido rechazada por el juez, que sólo autorizaba obras de emergencia para evitar derrumbes.
Justiprecio
Pese a la encrucijada judicial, la alarma social que ha provocado este caso debería ser razón suficiente para que se aceleren los pasos de esta demolición, según los colectivos ecologistas y ciudadanos que reclaman la desaparición de esta mole.
La última novedad se anunció en el mes de julio, cuando la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, adelantó que en los próximos días se iba a publicar el edicto del justiprecio del Ministerio de Medio Ambiente sobre el hotel Algarrobico, lo que acortaría los plazos para esa ansiada y esperada demolición del edificio.
Un mes después, sin embargo, se sigue sin tener noticia del mencionado justiprecio. Septiembre puede ser un mes clave para el desenlace y resolución de este culebrón urbanístico del verano.
* Ideal Digital - 6 de agosto de 2007
Foto: hotel El Algarrobico (Almería) /andaluciajunta.es
5.000 madrileños viven en chabolas
F.J.Barroso/ElPaís* : "Lucía Pardo, una mujer de 20 años con los ojos oscuros llenos de tristeza, no sabía dónde iba a dormir. Una enorme excavadora cumplió a primera hora de la mañana del miércoles una orden judicial y derribó la chabola que tenía con su marido y su hijo de 16 meses en el poblado de El Salobral, en el distrito de Villaverde. "¿Por qué nos hacen esto? No tenemos familia y nos tocará dormir en la furgoneta. No hay derecho a esto", protestaba Lucía, mientras su marido cargaba el aparato de aire acondicionado que había en la infravivienda.
La jornada del miércoles fue "tranquila", según reconocieron los técnicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y agentes de policía. Algunos miércoles (día en el que se hacen los derribos) han llegado a tirar hasta 14 chabolas. El pasado, sólo tres. Dos por orden judicial y la tercera, por el realojo de la familia en un piso de Leganés, tras recibir un curso de cómo integrarse en una comunidad de vecinos. Este colectivo cumplía los requisitos del Instituto de Realojo e Inserción Social (IRIS, dependiente de la Comunidad de Madrid) de residir en El Salobral en enero de 2005, cuando se hizo el censo de población de esta zona marginal de la capital, situada a escasos 10 metros de la autovía de Andalucía (A-4) y de la M-45.
Lucía se dedica junto con su marido a la recogida de chatarra por la región. Vive en el poblado chabolista de Villaverde desde julio de 2004. Ayer no paraba de quejarse. "Hemos puesto muchos recursos pero nadie nos ha hecho caso. No sabía que era necesario empadronarse. Por eso no me tienen en cuenta esos meses. Si lo hubiera hecho, ahora me habrían dado una casa", añadía molesta.
La excavadora entra en la parcela de Lucía y empieza a destrozar la chabola. Las paredes de madera caen a la vez como las piezas de un dominó. Se levanta una gran polvareda. En las proximidades seis agentes de la comisaría de Villaverde y otros cuatro de la Policía Municipal vigilan junto a responsables de la EMVS el derribo. El operario de la excavadora no escatima trabajo. Tras caer el mecano de madera, la emprende con el depósito de agua. Después, derriba las verjas y construye zanjas en medio del terreno. "Es la única manera de que la gente no vuelva a levantar más chabolas", concluye un técnico municipal.
La visión de El Salobral llama la atención, sobre todo, para los que lo conocieron hace un lustro. Ya no existe el trasiego intermitente de toxicómanos en busca de su dosis diaria. Antes era frecuente que la policía montara vigilancia continua. Pedía la documentación a todos los transeúntes y comprobaba las matrículas de los vehículos que intentaban acceder a esta zona marginal. "Como ahora va mucha menos gente, la delincuencia en el distrito ha bajado. También se pueden dedicar más agentes a otras tareas", explica un responsable policial.
Y es que hasta hace un par de años El Salobral era el poblado chabolista más grande de Europa. Un título de dudoso honor. Lo formaban cerca de 500 chabolas que aumentaban continuamente. La parte más cercana a las vías y a la avenida de Andalucía estaba poblada por familias que se dedicaban al trapicheo de droga. Sobre todo, cocaína. En la parte baja, más pegada a la autovía de Andalucía, residían inmigrantes rumanos que fueron expulsados de otras zonas de la capital, como en Malmea, en el norte de Madrid.
El panorama de ahora es muy distinto. Las casi 500 chabolas han dado paso a poco más de un centenar. Las previsiones del IRIS son que este poblado haya desaparecido en marzo de 2008. Los realojos deberían de estar concluidos en noviembre de este año. El resto de chabolas irá poco a poco en función de las órdenes judiciales de derribo. "El compromiso es que en esa fecha haya concluido el proceso y esté todo terminado", señala un portavoz del IRIS.
Los habitantes que aún quedan en El Salobral tienen bastante miedo. A principios de la semana pasada se desencadenó un incendio por la noche y fueron necesarias cinco dotaciones de bomberos para extinguir el fuego de los pastos y evitar que las llamas llegaran a las chabolas. Como se quemaron los cables de la electricidad, llevan varios días sin luz. "Ahora estamos como en la mili. Todas las noches se tiene que quedar alguien despierto para ver si hay algo. Como somos tan pocos, tenemos miedo de que nos despertemos ya con un incendio muy avanzado", explica Belén, una de las residentes de esta zona marginal que ha presentado varios recursos para evitar que derriben su chabola sin una vivienda donde meterse.
"Las ratas son aquí como gatos. Son enormes y salen por la noche a buscar todo lo que hay. Da mucho miedo, sobre todo, cuando hay niños pequeños", añade.
El último censo del IRIS regional, cerrado a 31 de diciembre de 2006, recoge que hay 1.084 familias en la Comunidad de Madrid que viven en chabolas, lo que supone unas 5.000 personas. Están repartidos en 11 núcleos de infraviviendas y nueve asentamientos. La tipología del residente siempre es la misma. Familia de bajo sustrato social, generalmente de etnia gitana. Son grupos con varios hijos (cuatro o cinco) que no acuden a centros escolares. Se dedican a la recogida de chatarra y a la venta ambulante en mercadillos de la región. Esa es al menos la versión oficial, ya que también los hay que trapichean con drogas. Muchos de éstos se han trasladado al nuevo hipermercado de la droga, la Cañada Real Galiana, en el distrito de Villa de Vallecas. Se trata de una enorme calle de más de tres kilómetros de longitud a cuyos lados hay casas que carecen de licencia municipal. Flamantes coches aparcados en las puertas son el signo de este narcotráfico.
Las condiciones de salubridad en todos los poblados son nefastas. Carecen de alcantarillado, aceras, siquiera asfalto en las calles... Eso hace que cada vez que llueva se conviertan en un barrizal y que sea imposible entrar y salir salvo en todoterrenos. Éstos son los vehículos que abundan en estas zonas, pese a la supuesta falta de recursos de sus habitantes.
Las infraviviendas también disponen de los electrodomésticos de última generación. No les falta el aire acondicionado en la mayoría de los casos y muchos chabolistas han enlosado la zona con modernas plaquetas. Sin embargo, la miseria es patente. Coches robados abandonados, escombros por doquier y basura hacinada en cualquier lugar del recorrido es la estampa habitual en estas infraviviendas.
El Salobral ya ha dejado heredero. Según el censo del IRIS, el poblado de Santa Catalina, en Puente de Vallecas, es el más grande de la región, con 182 chabolas. Le siguen El Cañaveral (Vicálvaro), con 148, y Las Mimbreras (Latina), con 132.
Uno de los poblados que también han pasado a la historia, o casi, es el de La Quinta, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Ahora sólo quedan 10 infraviviendas. Lejos quedan ya el centenar de las casas que alcanzó esta zona marginal en el verano de 1992, poco después de su formación. El entonces Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada (el actual IRIS) lo levantó para alojar a las 83 familias chabolistas procedentes de los poblados de la Cruz del Cura y Ricote, en Fuencarral, y de la avenida de Aster, en Chamartín.
Las previsiones municipales ya recogían en 2006 que este poblado estuviera derruido antes del final del verano de ese año, es decir, hace 12 meses. Pero fallaron. Y aún quedan nueve familias en esa zona marginal a la que acuden decenas de yonquis para comprar sus dosis. Es de hecho donde más se trafica con heroína de toda la región.
* ELPAIS.com - Madrid - 06/08/2007
Foto: Poblado chabolista de El Salobral- ULY MARTÍN /ELPAIS.com
La retención especulativa del suelo frena la construcción de cuatro millones de pisos en las grandes capitales
C.Sánchez/ElConfidencial* : "La espectacular subida de los pisos en los últimos años suele tener un culpable para muchos analistas y expertos: la escasez de suelo. O dicho en otros términos; la incoherencia entre oferta y demanda, lo que favorece la escalada de los precios. Pero los datos del Catastro no parecen avalar ese argumento. Según datos oficiales las cinco grandes capitales españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza), donde vive alrededor del 15% de la población española, cuentan en estos momentos con nada menos que 168,8 millones de metros cuadrados clasificados como urbanos y en los que, sin embargo, no existe edificación alguna.
Una cantidad de suelo verdaderamente espectacular (equivalente a 168,8 kilómetros cuadrados) repartida en 32.859 parcelas situadas en pleno casco urbano de las cinco grandes ciudades españolas, pero sobre las que no se ha colocado ni un solo ladrillo pese a la demanda creciente de viviendas por razones demográficas (inmigrantes o nativos) y de inversión.
Un coeficiente equivalente al del Vicente Calderón
Aplicando a esos terrenos un coeficiente de edificabilidad de 1,9 metros cuadrados por metro cuadrado de superficie -similar al que se ha tenido en cuenta en el reciente Protocolo firmado entre el alcalde Ruiz-Gallardón y el Atlético de Madrid y Mahou para la reclasificación del estadio Vicente Calderón y de las instalaciones de la cervecera-, se estaría hablando de unos 320 millones de metros cuadrados, en donde se podrían construir unos cuatro millones de viviendas con una superficie media de 80 metros.
Los datos del Catastro no dejan lugar a dudas. En Madrid existen 117 millones de metros cuadrados sin edificar clasificados como urbanos, una cantidad similar a la superficie de parcelas edificadas, lo que pone de manifiesto el potencial de crecimiento de la capital. Ahora bien, el número de parcelas sin edificar representa el 10% del total de parcelas construidas: en total, 12.548 parcelas urbanas están sin edificar, mientras que algo más de 121.000 tienen encima alguna construcción. Esto se explica porque las parcelas que están sin edificar son mucho más grandes que las edificadas.
En Barcelona hay 6.449 parcelas sin construir y una cantidad similar existe en Valencia (6.065). En Sevilla, el número de parcelas sin edificar es de 2.749 y en Zaragoza, de 5.048, pese a tener 100.000 habitantes menos que la capital hispalense. En estas ciudades, el número de metros cuadrados urbanos sin edificar oscila entre los 23 millones de metros cuadrados en Zaragoza y los 6,9 millones de metros cuadrados de Valencia. El caso más significativo es, sin lugar a dudas, el de Madrid, donde hay tantos metros cuadrados clasificados como urbanos sin edificar como edificados, lo que pone de relieve hasta qué punto el suelo permanece ‘secuestrado’ por parte de sus propietarios.
La legislación define como suelo urbano aquel que cuenta con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. Es decir, aquel que está plenamente operativo si bien todavía puede estar sujeto a acciones de remodelación por parte de las autoridades municipales. Es distinto al urbanizable, que es aquel que todavía no reúne las condiciones necesarias para su consideración como urbanos, ya que depende de determinados desarrollos urbanísticos.
Fines claramente especulativos
Esta complejidad en la gestión del suelo -con una fuerte carga administrativa durante su tramitación- es lo que explica en parte la tardanza del suelo en salir en mercado; una salida más rápida habría favorecido un descenso de los precios. Pero, sobre todo, es consecuencia de la retención del suelo urbano con fines claramente especulativos. Un estudio realizado por el Ministerio de la Vivienda durante la tramitación de la nueva Ley del Suelo puso de manifiesto que apenas media docena de grandes propietarios –sin incluir a los poderes públicos- eran los dueños de buena parte del suelo existente en la Comunidad de Madrid, que no habrían puesto a la venta para favorecer la escalada de los precios.
Durante sus tiempos en la oposición, el presidente Zapatero prometió medidas legislativas encaminadas a impedir que el suelo se quedara en manos de sus propietarios y no saliera al mercado. Barajando, incluso, la posibilidad de encarecer el tipo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En algunas comunidades autónomas –como Extremadura- ya se ha puesto en marcha este tipo de medidas. Pero en la reciente Ley de Suelo se pasa de puntillas sobre este asunto, entre otras cosas debido a que, desde siempre, el Ministerio de Economía se ha mostrado en contra de decisiones que penalicen la propiedad y la inversión, y también a que se trata de competencias de las administraciones periféricas.
* El Confidencial - 06/08/2007
Foto: elconfidencial.com
Lanzarote: Otro 'Algarrobico' sin licencia
S.Menéndez/El País : "En las habitaciones del Papagayo Arena se alojan ahora familias extranjeras y españolas que duermen, se bañan y contemplan sus vistas. Cuelga estos días el cartel de lleno. Los veraneantes disfrutan ajenos a la situación de ilegalidad del hotel. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de declarar nula la licencia de edificación del hotel Papagayo Arena, construido en la cala de Las Coloradas, en el municipio de Yaiza, al sur de la isla de Lanzarote. Este hotel es conocido como el Algarrobico de Canarias por estar construido, como el de Almería del mismo nombre, encima de la arena de una playa virgen, con siete plantas y 747 habitaciones a escasos metros del agua.
En realidad, el título de El Algarrobico canario lo comparte con el hotel Dream Gran Castillo, que está inmediatamente a su lado. Ambos parecen un solo bloque que abarca toda la extensión de la playa. Su ubicación parece poco compatible con el título de Reserva de la Biosfera que se concedió a Lanzarote en 1993.
La licencia de construcción del Dream Gran Castillo fue declarada nula por el mismo tribunal el pasado 15 de enero y por los mismos motivos: los dos se han construido dentro del mismo Plan Parcial de Las Coloradas e incumplen la legalidad urbanística. A pesar de esto, los dos hoteles están funcionando desde hace varios años, aunque el Cabildo Insular de Lanzarote les denegó la autorización de apertura en su momento.
Aunque con idénticas circunstancias de ilegalidad, ubicación y características estéticas, estas dos explotaciones hoteleras han llevado procedimientos judiciales separados, lo que ha dado lugar a algunos errores en su identificación. Aprovechando el desfase temporal de ambos procedimientos, los propietarios del Papagayo Arena han tratado siempre de evitar la vinculación con el otro hotel, cuya licencia se anuló primero.
La licencia del Papagayo Arena ahora anulada se concedió por un decreto del alcalde del municipio de Yaiza el 1 de junio de 1998. El Cabildo de Lanzarote demandó a este Ayuntamiento y a la promotora, Papagayo Arena, S. L. por múltiples irregularidades: falta de adecuación a la normativa urbanística, incompatibilidad con el Plan Insular y carencia de informe favorable sobre habitabilidad, así como del preceptivo informe jurídico previo a la concesión de la licencia.
El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el expediente de expropiación forzosa para derribar el Papagayo Arena y próximamente hará lo mismo con el hotel contiguo.
El enorme impacto visual y ambiental del Papagayo ha dado lugar a que la Dirección General de Costas tramite dicho expediente "con el objetivo de incorporar los terrenos al dominio público marítimo-terrestre".
La sentencia ahora emitida rechaza el argumento de los dueños del hotel: "El problema es que [el Cabildo] no podía impugnar la licencia por no conocer sus detalles al no haberse notificado su existencia".
Apariencia de informe
La carencia del informe jurídico previo a la concesión de la licencia merece también atención especial del TSJ de Canarias: "El que pretende erigirse o hacerse valer como informe [jurídico] es una mera apariencia de informe; es decir, un documento sin contenido", razona el tribunal. Los jueces responsabilizan al secretario del Ayuntamiento de la falta de adecuación de los informes.
El Cabildo de Lanzarote denunció por la vía administrativa la existencia de múltiples irregularidades en la concesión de la licencia que el Ayuntamiento de Yaiza concedió al Papagayo Arena. Incluso entiende que puede haber una infracción penal y se han emprendido acciones contra el alcalde de Yaiza, José Fernández Reyes (antes de Coalición Canaria y ahora del Partido Nacionalista de Lanzarote) por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo relacionados con el otorgamiento de esta y otras licencias de obras.
Según el Cabildo "la construcción de este macrohotel eliminó el vial de acceso público al mar, erradicó una zona verde prevista en el Plan Parcial de las Coloradas y quebrantó el parámetro básico urbanístico de edificabilidad al estar por encima de lo establecido en la ordenanza en más de un 50%". Además, señala que "se han construido siete plantas sobre la rasante, siendo el máximo cuatro". El letrado Agustín Domingo Acosta denuncia en un informe "una estrategia de los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise para conseguir autorizar la ejecución de enormes complejos turísticos obviando el Plan Insular". Según el informe de Acosta, se han autorizado por parte de estos ayuntamientos más de 12.000 camas hoteleras ilegales. Se da la circunstancia de que el abogado Felipe Fernández Camero, que defiende al Ayuntamiento de Yaiza, es también quien defiende los intereses de la empresa explotadora de dicho hotel en el recurso que la misma ha formulado contra la resolución del Cabildo de Lanzarote que denegó la autorización de apertura a este hotel.
Según ese mismo informe, el abogado Fernández Camero fue anteriormente secretario del Ayuntamiento de Arrecife, capital de la isla, y fue destituido por el Ministerio de Administraciones Públicas por una infracción grave de incompatibilidad. Acosta, que lleva denuncias por irregularidades urbanísticas, afirma también que "el arquitecto autor del proyecto del hotel Papagayo Arena, Ángel García Puertas, fue hace años el arquitecto de la Oficina Técnica Municipal de Yaiza".
* ELPAIS.com - Lanzarote - 06/08/2007
Foto: Lanzarote, hotel PAPAGAYO_ARENA /J.Fuentes, lavozdelanzarote.com
La vivienda hecha cómic
A.RodríguezCarrasco/El Mundo* : "Para algunos la vivienda es una inversión, para otros un gran esfuerzo, para otros una utopía... ¿y para ti?". Así comienza la campaña que la ONG Arquitectos Sin Fronteras, en colaboración con la Universidad del País Vasco, ha iniciado para concienciar a la población de la necesidad de reflexionar sobre el problema del acceso a una vivienda, no centrándose sólo en el punto de vista nacional o europeo. Si se piensa en el tan trillado problema de adquirir una casa, lo primero que se viene a la cabeza son los altos precios, la especulación, las hipotecas, la subida del Euribor, etc.
Desde esta ONG se proponen dar la vuelta al tema y ofrecer otro punto de vista. Para ello han organizado un concurso de cómics con la vivienda como temática y con el título "¿Hogar dulce hogar?".
"Nuestro objetivo es que la gente reflexione, pero no sólo en el contexto de España y Europa. También queremos que sirva para que la sociedad se interese en conocer cómo viven el resto de personas en el tercer mundo", dice Íñigo Collantes, secretario de Arquitectos Sin Fronteras en el País Vasco. Y es que con este concurso buscan que no se olvide el hecho de que numerosas personas no cuenten con los servicios básicos en el hogar. Por no hablar de aquellas que se ven obligadas a vivir en pisos patera, chabolas, campamentos para refugiados, etc.
Las viñetas que se presenten deberán ser de creación propia y con personajes originales. Podrán participar individualmente o de forma colectiva guionistas y dibujantes. Los diálogos podrán estar escritos en castellano o en euskera. La fecha límite para entregar los dibujos es el 19 de noviembre, y el día 30 se darán a conocer los tres ganadores que optan a un primer premio de 600 euros, un segundo de 300 y un tercero de 200. Consulte las bases del concurso.
"Arquitectos Sin Fronteras ha protagonizado antes otras campañas de sensibilización como concursos de fotografía, de camisetas, etc.", dice Collantes. "Lo importante es darse cuenta de que hoy en día aspiramos a demasiado, nuestros padres y abuelos empezaron con muy poco y ahora nosotros queremos comenzar como viven ellos", puntualiza.
Una vez conocidos los trabajos premiados, éstos y otras obras que determine el jurado formarán parte de una exposición que durará un año. Después, los autores podrán recuperar sus trabajos. "Vamos a publicitar esta iniciativa por todas partes, pero sobre todo en foros de diseñadores y aficionados, en escuelas de dibujo... Queremos que la gente se interese y colabore", añade Collantes.
* El Mundo - Su Vivienda - 02/08/2007
Foto: cartel Arquitectos sin Fronteras, concurso de comics /asfes.org
Terra Mítica: "Hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato"
L.Garrido/El País* : "El norteamericano John Fitzgerald es director general del parque Terra Mítica, en Benidorm. Ocupa esa responsabilidad desde el 25 de octubre de 2001, coincidiendo con la entrada de Paramount en la gestión del complejo. Antes, entre octubre de 1998 y julio de 2000, fue director de operaciones, cuando el parque estaba en construcción. En su declaración como testigo, el 26 de septiembre de 2006, ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas en el parque temático, Fitzgerald explicó que sabía que había problemas administrativos, que se dimensionó mal el parque y que conoció el malestar de algunos consejeros por los sobrecostes.
Este es un extracto de su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Obras sin contrato
Abogado del Estado. Tengo otro documento, una propuesta de gasto. Generalmente, las propuestas de gastos venían determinadas por el director de división, que normalmente era el director técnico, daba el visto bueno el director general y con esto nos íbamos al departamento financiero a pagar.
John Fitzgerald. Sí.
A. E. ¿Esto no pasaba por la comisión ejecutiva?
J. F. No.
A. E. ¿Y esto no respondía a un contrato?
J. F. No.
A.E. ¿Con esto era suficiente para que la sociedad pagara?
J. F. Creo que hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato.
A. E. Y no se supone, y así se ha dicho, que el sistema de control era muy riguroso.
J. F. Si el presupuesto era de 240 millones de euros y ha costado 376 millones de euros, está claro que mucho no pasaba por los contratos originales, en particular las obras de jardinería, que no estaban incluidas en la UTE, no pasaban por la comisión ejecutiva. No me consta que ninguna de las obras de jardinería del parque pasara por la comisión ejecutiva o el consejo de administración excepto las obras de la UTE Terra Verd. Esto de Red Moreno, Altos de Carrichal e incluso las de C3 no pasaban por la comisión ejecutiva.
Sobrecostes
Fiscal. ¿A usted le consta que había un presupuesto para la construcción del parque y que el sobrecoste fue importante?
John Fitzgerald. El presupuesto original era de 240 millones de euros. Y el coste final de 376 millones de euros.
F. ¿A qué puede obedecer esa diferencia?
J. F. Es una buena pregunta.
F. Pues conteste.
J. F. Mucho tiene que ver con que si no son expertos en parques temáticos, nunca han hecho la construcción de un parque temático, han hecho bastantes errores. Por ejemplo, en la construcción de la pirámide. Cuando yo pude entrar al parque y vi las escaleras por delante de la pirámide y la decoración... He visto poner y quitar y poner y quitar hormigón cinco o seis veces, lo que supone un sobrecoste en la construcción de la pirámide.
Apartado de la construcción
Abogada de Terra Mítica. ¿Cuándo usted fue director de operaciones tenía poder para contratar?
John Fitzgerald. No
T. M. ¿Quién los tenía?
J. F. El director general.
T. M. ¿Qué persona le impide la entrada en las obras?
J. F.: Antonio Rincón.
T. M. ¿Qué explicación le da?
J. F. En su frase, yo era un grano en el culo, con todos los perdones.
Juez. ¿Cómo? ¿Qué?
T. M. Que era una molestia.
J. F. Exacto, molestia
Irregularidades
Fiscal. ¿En algún momento intuyó que algo estaba pasando en el parque? Porque cuando usted sale lo hace también el director financiero. ¿Nos lo puede contar?
John Fitzgerald. Mis motivos para salir de Terra Mítica son fáciles de resumir. Para mí el parque era demasiado grande e iba a costar mucho más de lo presupuestado. Iba a ser problemático hacer el proyecto rentable. Por eso me fui. Y también porque era un caos administrativo por dentro.
F. ¿Por qué? No había control de quién entraba, de quién salía, no había control de facturas. ¿Había demasiada gente controlando y nadie controlaba? ¿Cuál era el problema?
J. F. Cuando pones a mucha gente junta en el mismo lugar sin suficiente experiencia en presupuestos, el resultado es un caos.
F. ¿Me puede decir alguna persona sin experiencia puesta en el parque?
J. F. Estamos hablando de 1999 y 2000, de las personas responsables de sus áreas que nunca han tenido experiencia en parques temáticos. Por ejemplo, Antonio Rincón es un buen jefe de obras, pero nunca antes había construido un parque temático. Miguel Navarro estaba de director general sin experiencia en parques temáticos. Lo mismo con las otras áreas. Podemos hacer una lista bastante larga.
F. El señor Valverde [ex cuñado de Eduardo Zaplana], en el área de contratación, ¿tenía experiencia?
J. F. No, no tenía experiencia para el puesto que ocupaba.
Comisiones
Fiscal. Cambio la pregunta, en la época en la que usted estaba en el parque, ¿se comentaba, se escuchaba, había algún rumor de que se estaban presentando facturas que no obedecían a trabajos efectuados o que determinados materiales que se estaban sirviendo al parque tenían unos precios que no eran los propios del mercado? Por ejemplo, unos bancos, en lugar de pasarse a 1.000 pesetas se estaban pasando a 80.000.
John Fitzgerald. En la época antes de irme, nunca escuché un comentario de ese estilo.
F. ¿En nombre de Terra Mítica tiene algo que reclamar?
J. F. Señora fiscal, si usted puede demostrar que alguien ha hecho una estafa a Terra Mítica, nosotros queremos reclamar el dinero de los accionistas. Pero, hasta este momento, es difícil para mí decir que tengo una evidencia clara para decir que sí o que no.
Juez. ¿Nosotros quiénes son, además de usted?
J. F. La comisión ejecutiva del parque y también el consejo de administración.
Abogado del Estado. ¿Qué explicaciones se daban, porque si no me equivoco usted era en ocasiones invitado a la comisión ejecutiva para dar explicaciones, a ese importante incremento de presupuesto que poco a poco se iba dando y que usted ha dicho fue de 240 millones de euros a 376?
J. F. Nunca han hablado de ello en la comisión ejecutiva delante de mí.
A. E. Pero imagino que entre los directivos, el director financiero que también salió, usted, entre los directivos que llevaban el día a día sí que eso se observaba, eso se hablaba. No sería una cosa que oficialmente se le comunicó pero sí que se hablaba porque supongo que estaba en boca de todos, ¿qué se decía?
J. F. Señor abogado, cuando una empresa tiene una diferencia tan fuerte respecto a su presupuesto de construcción, realmente hay tres posibilidades: el presupuesto original estaba mal hecho, los gestores responsables de la construcción no conocen cómo hacer su trabajo y otros problemas que son el motivo de esta investigación. En este momento, tengo dificultades para decir cuál es la causa de una diferencia tan fuerte. Puedo decir que el presupuesto estaba mal hecho desde el principio. De hecho, hay un consejo de administración cuando entro yo, explicando porqué el presupuesto estaba mal hecho. Pero creo que el segundo motivo tiene algo que ver también con ello. Y los comentarios de algunos consejeros y miembros de la comisión ejecutiva, a solas, iban en esta línea. Pero nunca en la comisión ejecutiva, cuando yo estaba presente han hablado de la causa de esta distracción tan fuerte.
Juez. Perdone que le interrumpa otra vez, ¿cuál ha dicho que sería el tercer motivo?
J. F. Esta investigación, quizás alguien estaba cobrando comisión o pagando demasiado por las obras.
UN PARQUE DE ATRACCIONES ENTRE LA RUINA ECONÓMICA Y LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Terra Mítica fue un proyecto emblemático del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana
Se presupuestó en 240 millones de euros y acabó costando 376 millones y acumulando pérdidas. Entró en funcionamiento en julio de 2000
El complejo, participado en un 20% por la Generalitat, acumuló sobrecostes cercanos al 40%, según la Sindicatura de Comptes
Hacienda denunció ante la Fiscalía de Valencia a finales de 2005 al parque y otras 19 empresas por una trama de facturas falsas que habría estafado a la Agencia Tributaria varios millones de euros en 1999 y 2000, justo cuando el parque se estaba construyendo
La investigación mantiene imputados a 30 directivos de empresas, entre ellos ex responsables de Terra Mítica
Unas grabaciones de dos diputados autonómicos socialistas recogen el testimonio de dos imputados que vinculan a Zaplana con el cobro de comisiones durante la construcción del parque
En mayo de 2004, Terra Mítica suspendió pagos La suspensión se levantó 26 meses después gracias a la venta de terrenos adyacentes al parque por 216 millones de euros. Los compró el promotor Luis Ortiz
* ELPAIS.com - Valencia - 03/08/2007
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica /mediterranea.org
Decálogo contra la corrupción municipal
JOSÉ MANUEL URQUIZA* : "En España no existe una política global, organizada y programada, contra la corrupción, cuya notoria y perversa presencia en nuestras instituciones públicas, hoy principalmente las locales, supone, a mi modo de ver, el problema más grave de entre los que actualmente aquejan a la política española, en tanto que afecta directamente a los pilares mismos del sistema democrático. A pesar de que en el año 1994 el Congreso de los Diputados, en medio de continuos escándalos de corrupción, instara al Gobierno de la Nación para que adoptara, con urgencia y rigor, todas las medidas necesarias al efecto, lo cierto es que poco se ha hecho al respecto desde el poder político: si acaso, la creación de la Fiscalía Anticorrupción, cuya eficacia real está por ver, más allá de los consabidos ecos de prensa.
A continuación se esbozan, de manera no exhaustiva, una serie de medidas básicas que a mi modo de ver habrían de adoptarse cuanto antes, desde los poderes públicos, para luchar útilmente contra la corrupción en el ámbito municipal, en orden a mermar al menos (acabar con ella es de todo punto imposible) la distorsión política, administrativa y legal que se ha dado en llamar corrupción y que está asolando, al día de hoy, a demasiados Ayuntamientos, hasta el punto de poner en grave riesgo la autonomía municipal. Propuestas de actuación, cuya práctica requiere, obviamente, de una firme voluntad política que, hoy por hoy, brilla por su ausencia. A saber:
1.- Pacto de Estado contra la corrupción. Por aquí habría que empezar, pues supondría el reconocimiento de la gravedad del fenómeno y la necesidad de afrontarlo. Lo han de suscribir partidos políticos e instituciones públicas representativas de todos los estamentos oficiales. Se trataría de diseñar una estrategia a corto, medio y largo plazo y de asumir compromisos y acuerdos para su plasmación en el BOE. No ha de faltar el compromiso firme entre partidos de excluir de la vida pública a los cargos afectados fehacientemente por la práctica corrupta. Sólo así la clase política se hará creíble ante la ciudadanía y los poderes económicos serán conscientes del nuevo orden de cosas.
2.- Democracia interna en los partidos políticos. La Ley de partidos políticos se ha de modificar a fin de garantizar legalmente el acceso de los militantes capacitados a los cargos de responsabilidad interna, institucionalizándose en el seno de los partidos el proceso de primarias para la confección de las listas electorales, y haciendo posible la transparencia financiera de los mismos.
3.- Nuevo régimen de financiación de partidos. Frente al deficiente régimen actual, censurado todos los años, de forma impenitente y vana por el Tribunal de Cuentas, se impone una reforma legal que reduzca los recursos económicos procedentes de la financiación pública, haga más transparente la financiación privada, extreme las obligaciones contables de los partidos y refuerce la fiscalización y control de sus cuentas.
4.- Creación de Juzgados especializados. Con jurisdicción exclusiva y excluyente en la instrucción y posterior enjuiciamiento de todos aquellos procedimientos penales referidos a delitos contra la Administración, la Hacienda Pública, la ordenación del territorio o el medio ambiente. La represión de la corrupción ganaría así en calidad, celeridad y homogeneidad.
5.- Implantación de Códigos de conducta en los Ayuntamientos. Para moralizar la vida pública frente a la generalizada falta de ética de nuestros gobernantes. Es absolutamente necesario diferenciar claramente entre la responsabilidad política y la penal; de este modo, sería perfectamente compatible la existencia de un Código Penal, esencialmente coactivo, con otro de conducta, que definiera comportamientos y actitudes, estableciendo sanciones complementarías de índole no penal, inclusive el cese en el cargo.
6.-Reforma del sistema electoral municipal. En un triple sentido: de una parte, para ampliar el régimen de incompatibilidades de alcaldes y concejales; de otro lado, para limitar el número de mandatos de los corporativos; en tercer lugar, a fin de implantar las listas abiertas y la elección directa de alcalde.
7.-Reforma de la legislación de Régimen Local. Se hace indispensable extremar el control de legalidad sobre la actividad municipal y el económico financiero sobre el gasto; reducir drásticamente los supuestos de contratación directa de obras, servicios y suministros; dignificar la función pública local, poniendo coto a la designación ilimitada de personal de confianza y al abuso de la figura del concurso en detrimento de la oposición libre.
8.-Racionalización de la gestión urbanística. Del gran espacio escénico de la corrupción municipal hay que desterrar la socorrida e interesada figura del convenio urbanístico (sobre todo en el ámbito del planeamiento). Asimismo, se ha de devolver al Pleno la facultad de aprobación, en primera instancia, de todos los instrumentos urbanísticos (con reserva expresa a la Administración autonómica de la aprobación definitiva de los mismos). Se ha de controlar rigurosamente la inversión de los ingresos procedentes del patrimonio municipal del suelo.
9.-Reforma de la legislación penal. Para agravar las penas previstas para los delitos que tienen que ver con la corrupción. No es de recibo que un alcalde condenado por prevaricación administrativa pueda ser parlamentario nacional o autonómico; o que el concejal de urbanismo que haya promovido la concesión ilícita de una licencia urbanística sea simplemente inhabilitado y condenado al pago de una multa; parece ridículo, en fin, teniendo en cuenta la gravedad e importancia de la materia electoral (médula espinal del sistema democrático) que se pueda penalizar con un mes y un día de prisión y multa de 180 la conducta de alguien que haya comprado el voto de los electores.
10.-Educación en los valores democráticos y ciudadanos. De un lado, formando al ciudadano, en todos los niveles educativos, en una moral de la convivencia más solidaria. En segundo lugar, desde los medios de comunicación, creándose opinión beligerante contra las prácticas corruptas, a fin de concienciar a la ciudadanía de que la corrupción es un mal negocio, que atenta siempre contra sus legítimos derechos e intereses y, sobre todo, contra la salud de la democracia que con tanto esfuerzo pretendemos consagrar en España.
* JOSÉ MANUEL URQUIZA /ABOGADO
* Ideal Digital - 6 de febrero de 2007
El mapa de las denuncias urbanísticas tiene puntos negros en Castilla-La Mancha
ElDigitalCastillaLaMancha* : "Una veintena de municipios de Castilla-La Mancha figuran en el mapa de la (presunta) corrupción urbanística elaborado por la Fundación Alternativas sobre un total de casi 400 casos en España. Un informe elaborado por la Fundación Alternativas bajo el titulo de "Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción" pone de relieve que en 397 municipios de toda España se han denunciado casos de presuntas irregularidades urbanísticas en los últimos seis años, entre 2000 y 2006. Son irregularidades denunciadas a partir de un presunto incumplimiento sistemático de la normativa municipal o autonómica en materia de urbanismo y territorio.
De todos estos casos, veinte corresponden a municipios de Castilla-La Mancha, aunque la mayoría de ellos se encuentran ubicados en la provincia de Toledo y en concreto en Seseña, el caso más sonado por culpa de la macrourbanización de Francisco Hernando "El Pocero", Talavera de la Reina, Fuensalida, Ocaña, Toledo, Buenavista, Chozas de Canales, Cedillo del Condado, Carranque, Olias del Rey y Yeles. En Albacete, Hellín y la propia capital de la provincia. Argamasilla de Alba y Ciudad Real, en esta misma provincia. En Cuenca, Minglanilla y Cuenca capital, y por último, en Guadalajara, además de la capital de provincia, la localidad de Almoguera, que este mismo martes ha vuelto a saltar a la opinión pública por una grabación con cámara oculta al alcalde, el socialista Luis Padrino, tal como ha informado EL DIGITAL.
Sólo los casos aparecidos en los medios
En el mapa elaborado por la Fundación Alternativas, únicamente aparecen los que han aparecido en los medios de comunicación, que la propia institución ha ido recopilando, aunque es de prever que haya muchos más que no se han hecho públicos y que la justicia esté investigando.
La tipología de irregularidades es muy variada. Van desde reclasificaciones de suelos no urbanizables, a modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana, pasando por actuaciones irregulares en el marco de la gestión de los proyectos de compensación. En algunos casos, las denuncias han sido objeto ya de sentencia condenatoria por los tribunales; en otros, está en tramite de comprobación administrativa o judicial.
El caso más llamativo en España de irregularidades urbanísticas que generó en corrupción generalizada es el del Ayuntamiento de Marbella (Málaga). El juez Miguel Ángel Torres que instruye el caso, la llamada operación Malaya, acaba de procesar a 86 personas a las que ha fijado una responsabilidad civil conjunta por daños a las arcas publicas de 5.200 millones. Pero además, otro caso muy sonado en toda España es el de la Seseña de "El Pocero".
* El Digital Castilla-La Mancha - 1 de agosto de 2007
Foto: urbanización Seseña /sindinero.org
Acciones de denuncia del "Diosa Maat" en Almería
Ecologistas en Acción* con el velero “Diosa Maat” llegó a la costa de Almería el pasado día 27, viernes, procedente de Málaga, e inició sus actividades el domingo 29 con las exposiciones sobre las campañas “Atún Rojo” y “Banderas Negras”. La travesía culminó ayer martes día 31, con dos acciones en el tramo de costa “la milla negra”, del municipio de Carboneras, considerado así por ser un tramo de costa donde se localiza las peores salvajadas que se pueden realizar en el litoral...
• Puerto industrial de Holcim.
• Industria cementera de Holcim, en la que se valorizan residuos tóxicos como combustible.
• Puerto industrial de Endesa.
• Central Térmica de Endesa, fábrica de cambio climático y una de las que más contaminan de España.
• Un centenar de viviendas ilegales con implicaciones de la anterior y actual corporación municipal.
• Venta de monte público, fincas Torre del Rayo y Loma de la Mezquita, 650.000 m2, junto a los sectores urbanizables de El Algarrobico, se vende para urbanizar a constructores afines al alcalde.
• Sectores urbanizables de El Algarrobico, Sectores S-T1, S-T2 y S-T3, construcción del Hotel de El Algarrobico a 20 ms de la playa, además pretenden construir 1500 viviendas, 6 hoteles y un campo de golf.
Todo ésto en escasamente 9 kms de costa, a los que hay que sumar a 3 kms, en el municipio de Níjar:
• Viviendas ilegales en Aguamarga, con implicaciones de la corporación municipal (pasada legislatura).
• Construcción de urbanización sobre 50 hectáreas en Aguamarga, en una zona de “Hábitat Prioritario”.
Para finalizar lo que puede llegar a ser otro conflicto que salte nuestras fronteras: la construcción de una urbanización con más de un centenar de chalets y hotel en la Fabriquilla, junto a las Salinas del Parque Natural (Níjar).
Y esta es la otra cara del Parque Natural marítimo terrestre de Cabo de Gata-Níjar, y los responsables son la Consejería de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, con nombres y apellidos de Directores del Parque, Directores Generales y Consejeros-as.
Éstas barbaridades han sido el motivo para que ayer martes activistas de Ecologistas en Acción, antes de que el velero partiera hacia Águilas en Murcia, situara una bandera negra en una de las terrazas del Hotel de El Algarrobico y desplegaran una pancarta con el lema “Salvemos la costa” en el interior del puerto de Endesa bajo la chimenea de la central térmica.
* Ecologistas en Acción - Almería 2 de agosto
Foto: Algarrobico desde Diosa Maat /ecologistasenaccion.org
La financiación en los municipios gallegos se apoya demasiado en el suelo urbanizable
ElCorreoGallego* : "El Consello de Contas detecta que el suelo municipal se ha utilizado como vía de financiación de las haciendas locales ·· Esta práctica ha contribuido al incremento de los precios y la especulación ·· La mitad de los concellos sigue sin presentar el balance de su gestión. La liquidez ha primado sobre el interés de la vivienda social a la hora de gestionar los suelos municipales que los ayuntamientos reciben con cargo al 10% de aprovechamiento urbanístico.
La "monetarización" de ese patrimonio público ha sido detectada por el Consello de Contas en un estudio realizado con diez ayuntamientos sobre el ejercicio de 2004, donde el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma concluye que hasta la modificación de la ley autonómica en ese mismo año, ha sido "práctica general de los ayuntamientos sustituir el aprovechamiento municipal por su equivalente en metálico".
Desde el Consello de Contas se advierte de que esta fórmula, además de desvirtuar el fin original de este suelo, "impidió utilizar aprovechamientos que podrían haber sido destinados a vivienda protegida, por lo menos en un 50%, que es lo que fija la ley en caso de que exista demanda de vivienda de protección pública".
Para el órgano fiscalizador, la utilización del patrimonio municipal del suelo como fuente de financiación municipal ha llevado a que "los ayuntamientos no contribuyan a contener la subida de precios del suelo". A pesar de que los ingresos procedentes de las plusvalías que los propietarios del suelo han de ceder a la colectividad se reinviertan en otras infraestructuras de carácter social, el Consello cuestiona la "alteración" de un instrumento pensado para "intervenir en el mercado del suelo y luchar contra la especulación", que ha quedado reducido a "una fuente de financiación más de las haciendas locales".
Obras diversas
Tras analizar cada uno de los concellos, en el estudio ha quedado de manifiesto que, durante el ejercicio de 2004, los recursos, bienes y derechos del suelo municipal fueron utilizados en todos los casos, salvo en una actuación del Ayuntamiento de A Coruña, para fines diferentes al de la construcción de viviendas de protección pública. Incluso aparece un grupo importante de actuaciones financiadas durante ese periodo, con cargo a los recursos obtenidos de ese patrimonio municipal, que no están contempladas en ninguno de los fines permitidos por la norma gallega. Acudiendo a esta fórmula los ayuntamientos pagaron asistencias técnicas para la redacción del PGOM, obras de reparación diversas e incluso subvenciones a los vecinos para la realización de obras.
El mismo estudio de Consello de Contas, realizado con los municipios de A Coruña, Ames, Arteixo, Cambre, Culleredo, Lugo, Ourense, Ponteareas, Pontevedra y Vigo, puso de relieve la falta de un inventario o de un registro específico de suelo municipal que permita conocer la aplicación y el destino de estos bienes públicos. ".
Falta de control
El Consello de Contas ha llamado la atención sobre la "debilidad en el control" de este tipo de suelos que provoca la falta de unidades y técnicos específicos dedicados a esa función.
El órgano fiscalizador apunta la necesidad de contar con instrumentos de control del suelo municipal para garantizar su correcta gestión y la conciliación de los saldos contables. Recomienda también la creación de un registro del suelo público.
RENDIR CUENTAS
Incumplimientos reiterados
La mitad de los concellos gallegos, el 49 por ciento del total, siguen sin presentar sus cuentas ante el Consello de Contas en plazo e incluso no llegan a entregarlas. Aunque el porcentaje de municipios que no rinden a tiempo se redujo algo en los últimos años, el nivel de cumplimiento sigue "preocupando especialmente" al organismo fiscalizador.
Según los datos provisionales de 2005, el último sobre el que los concellos han tenido que rendir cuentas, un total de 155 no cumplieron en plazo con la rendición de cuentas. Así, sólo el 51 por ciento del total, en concreto 160 municipios, entregaron los documentos pertinentes dentro de la fecha prevista.
Un total de 67 municipios entregaron los documentos después del plazo establecido, del 15 de octubre de 2006, lo que supone el 21 por ciento del total. Pero además otros 88, el 28 por ciento de los 315, no rindieron cuentas, al no haber entregado las de 2005 al finalizar el ejercicio siguiente, el 31 de diciembre de 2006.
Entre los concellos con incumplimientos reiterados en la rendición de cuentas destacan los de Antas de Ulla, Barreiros, A Fonsagrada, As Nogais Pol y Triacastela (Lugo); y Bande y Cortegada (Ourense) que no presentaron los documentos pertinentes ante el Consello de Contas durante los seis últimos años, desde 2000 a 2005. También están los concellos de Cospeito, Viveiro (Lugo), Ribadumia, Silleda (Pontevedra), y Valdoviño (A Coruña).
GARANTÍAS
Necesario ajuste de la normativa
El Consello de Contas, en las recomendaciones que acompañan a su informe, se posiciona a favor de un "mejor ajuste" de la normativa autonómica para que el patrimonio municipal del suelo se ajuste a su finalidad original de intervenir en el mercado inmobiliario. En los ayuntamientos fiscalizados para el estudio se recomienda la adaptación de sus normas urbanísticas a la ley autonómica vigente.
Creación de un inventario específico
En caso de recibir el 10% del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria mediante parcelas, el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma considera que éstas deberán quedar registradas en la contabilidad financiera de la corporación, en el Registro de la Propiedad y en un inventario o registro específico que debe quedar constituido a esos efectos.
Más superficie y más protección oficial
A la espera de que se modifique la legislación, el Consello de Contas apunta a que el destino de los bienes y derechos derivados de la gestión del patrimonio municipal del suelo deberían destinarse a "la compra de más suelo o la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública" y, en todo caso, cumplir con la reserva del 50% para ese mismo fin.
Escaso interés en los ayuntamientos
La falta de interés por parte de los municipios en utilizar el suelo municipal como instrumento de intervención en el mercado inmobiliario queda de manifiesto ante la ausencia generalizada de una regulación interna. Sólo el Ayuntamiento de A Coruña cuenta con bases de ejecución y el de Vigo con una Gerencia de Urbanismo .
* El Correo Gallego - Santiago - 03.08.2007
Foto: Santiago, ciudad de la cultura /cidadedacultura.es
Sanxenxo desafía a la Xunta y da luz verde a 161 chalés
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N.Soto/LaVozdeGalicia* : "El Concello de Sanxenxo desafió ayer a la Xunta al dar otro paso en firme para la construcción de una urbanización de 161 chalés en los aledaños de la playa de Major. La Consellería de Medio Ambiente requirió en junio al Ayuntamiento la paralización de la obra situada en unos terrenos dentro de la franja de protección de los 500 metros. Ayer, la Xerencia Municipal de Urbanismo de Sanxenxo dio luz verde a la aprobación inicial del proyecto y bases de actuación del suelo urbanizable 22 de Major, localizado en la parroquia de Noalla.
El complejo de viviendas unifamiliares en una superficie de 69.186 metros cuadrados está siendo promovido por la inmobiliaria de Nino Mirón, presidente del Pontevedra CF, y los dueños del circuito de karts Paris Dakart Área Recreativa.
La postura del gobierno municipal de Sanxenxo de hacer caso omiso a la demanda del departamento autonómico que dirige Manuel Vázquez sorprendió tanto en la consellería que la maquinaria jurídica de la misma se puso manos a la obra para preparar el contencioso-administrativo que interpondrán para impugnar el proyecto de Major, localizado a pocos metros del arenal de bandera azul. De hecho, fuentes de Medio Ambiente afirmaron ayer que están ultimando el escrito de demanda que enviarán a la asesoría jurídica de la Consellería de Presidencia.
Decisión de Presidencia
Una vez remitido a los servicios jurídicos del departamento del que es responsable José Luis Méndez Romeu, «será Presidencia a que teña a última palabra e decida se se interpón ou non o contencioso-administrativo», señalaron fuentes autonómicas conocedoras del expediente de la construcción de la urbanización de Major, uno de los complejos residenciales más grandes que prevé acometer el Concello.
La Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible de la Consellería de Medio Ambiente apuntó que el plan parcial de Major «podería ter efectos significativos sobre a auga, residuos, natureza e emisións de contaminantes», de ahí la petición de anular la obra y someter la misma a la evaluación ambiental estratégica que requiere la ley. Además, el proyecto de urbanización recibió el visto bueno en un pleno de la corporación de Sanxenxo celebrado en la víspera de la aprobación de la ley de protección del litoral.
Sin embargo, el Ayuntamiento que lidera la popular Catalina González sigue en sus trece y en abril de este año optó por la aprobación definitiva del complejo «posto que o proxecto non infrinxe a legalidade». En este sentido, fuentes municipales indicaron hace unos días que Medio Ambiente remitió un escrito al Concello subrayando que para desarrollar el suelo urbanizable 22 no era necesario someter el plan «ao trámite de avaliación ambiental».
Además, la Xunta ordenó el pasado mes la paralización de un proyecto para edificar otros 40 chalés próximos a la playa de Montalvo y cuyo plan de urbanización también fue aprobado en el pleno que dio la luz verde al plan parcial de Major.
* La Voz de Galicia - 2/8/2007
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) /mma.es
