J.J.PÉREZ BENLLOCH* : "Ha sido la tercera visita que una comisión de eurodiputados amparados por el Parlamento europeo ha girado esta semana por el País Valenciano para observar de nuevo el urbanismo que se desarrolla y verificar las denuncias que, a propósito del mismo, se han presentado ante el Comité de Peticiones del mentado órgano de gobierno comunitario. Un tránsito a uña de caballo por algunos de los municipios cuestionados y de distinto color político, donde los comisionados se han reunido con los damnificados y comprobado personalmente las presuntas y portentosas hazañas de la industria inmobiliaria.
Como era de esperar, al PP gobernante le ha sentado a cuerno quemado esta reiterada inspección y ha tratado de desacreditarla por todos los medios, sin desdeñar aquellos que delataban sus querencias e inercias anacrónicas. No se ha citado el oro de Moscú, pero sí ha aludido a lobbies y contubernios financieros, así como a una imaginaria y malévola campaña de la izquierda, como causas de esta embajada parlamentaria que a su entender desdora la imagen valenciana. En el colmo de la memez y del absurdo, el diputado popular Carlos Iturgaiz se ha referido a estas requisitorias urbanísticas como tapadera de las conversaciones con ETA. Una serie de dislates a la que se ha sumado el lúcido eurodiputado José Manuel García Margallo, a quien nadie ha de aleccionarle sobre lo mucho de bananero que ha tenido por estos pagos la gestión del territorio y del ladrillar.
Recrimina el partido conservador que los afectados por el llamado desarrollo urbanístico hayan recurrido a las autoridades europeas, lo que reputan como poco menos que un delito de lesa patria, una apelación emocional muy grata a sus huestes, tan sensibles a estos zafarranchos. Soslaya, en cambio, que tal apelación a Bruselas se ha producido como fruto de la impotencia, después de un sinnúmero de tropelías al amparo de la ley reguladora del urbanismo valenciano, con el agravante de un clima de permisión, cuando no de corrupción generalizada en este ámbito y al amparo circunstancial de los jueces, indotados de medios materiales y de mentalidad para abordar este problema con la diligencia que sólo últimamente parece que están aplicando.
¿Cómo puede sorprender, pues, que en tal tesitura no se recurra a Europa? Al mismo Napoleón se le hubiese franqueado la entrada en el país si con ello se propiciaba otro orden y remedio al auge de los agentes urbanizadores y la colonización intensiva, al tiempo que arbitraria, del territorio. Los afrancesados de entonces son en buena parte los valencianos de hoy, que se esperanzan en instancias ajenas -y no tan lejanas- ante la quiebra de las propias, empezando por las políticas. Sobre todo, si del PP se trata. Resulta alarmante a este respecto su obstinación en cantar las bondades de un modelo urbanizador que únicamente pueden aplaudir cuantos lo han exprimido económicamente. Una testarudez que, sin embargo, ha tenido que ceder ante los sucesivos correctivos en forma de expedientes sancionadores, informes negativos y visitas como la que glosamos. El corolario ha sido el discurso de la sandía, ese recuelo ecologista -con visos de oportunista- a cargo del inefable consejero de la cosa, González Pons.
A esta movilización de patriotas ofendidos no han faltado los promotores inmobiliarios asociados. A su entender los diputados europeos comisionados han calumniado a su propio gremio y a la Administración al señalar estos la inseguridad jurídica que decantan las deficiencias de la ley urbanística vigente, y eso no es bueno para el mercado. Gran sensibilidad la de estos profesionales que han vivido una bonanza irrepetible, lo que probablemente les ha ocultado las quiebras escandalosas de su negocio. Al margen de lo que se entienda en este caso por calumnia -que no hemos percibido por parte alguna-, el mentado gremio tiene que asumir su parte de responsabilidad en tanto que beneficiario mudo del proceso urbanístico cuajado de abusos. Pero la inculpación no va con ellos, sino con los políticos. Son estos quienes deben valorar estas inspecciones parlamentarias como la sanción mortificante de su ineptitud o complicidad. De ahí, acaso, la algarada patriotera con que se pertrechan.
*ELPAIS.com, 04/03/2007
Zafarrancho de patriotas
La rebelión de los empresarios canarios
CristóbalGarcíaVera* : "La trama eólica, las Teresitas, el Caso Faycán, el caso Mogán... son algunos de los últimos escándalos de corrupción destapados en las Islas. Su abundancia es tal, que sólo desde la más absoluta de las hipocresías se pueden calificar ya como “hechos aislados”. Los datos que paulatinamente se han ido conociendo permiten vislumbrar, por el contrario, las características de un sistema inherentemente corrupto. Un sistema en el que los supuestos administradores de lo público gestionan los intereses de un puñado de empresarios, y en el que comisiones, tratos de favor o prevaricaciones se antojan como meros ingredientes necesarios del “Negocio”.
Cuentan quienes vivieron la llamada “transición democrática” que durante esa lejana época no estaba muy bien visto eso de "ser empresario". Incluso, nos dicen, la gente de derechas de toda la vida ocultaba su identidad ideológica con imprecisas definiciones como “centro-progresismo”, “izquierda moderada”, “centro-izquierda” y otras bagatelas. Y se comprende que fuera así. La burguesía española, al igual que la iglesia Católica, había salido muy mal parada de su íntima colaboración con la Dictadura de Franco. Durante cuarenta años habían sido los pilares más sólidos del régimen. Y en 1975, las cosas ya no estaban para bromas. El auge de los movimientos sociales era tal que para las clases hegemónicas se hacía preciso el recambio, el oportuno cambio de chaqueta.
Pero quienes nacimos por esas mismas fechas, o algo después, y crecimos mamando la cultura del pelotazo impulsada por aquel ministro psocialista de Hacienda apellidado Solchaga, adquirimos una percepción bien diferente de los llamados “hombres de empresa”. Las pláticas de Felipe González nos hicieron creer que eso de ser empresario no era nada malo, sino casi todo lo contrario. Los medios de comunicación de entonces comenzaron a desvelarnos otra imagen de los ejecutivos y de los grandes propietarios. Ya no se trataba de los obesos y seniles capitalistas del franquismo. Ahora sus filas empezaban a estar nutridas de jóvenes ágiles y dinámicos, con ambiciones transformadoras. Arquetipos como los de Mario Conde, los Albertos o las Koplowitz desfilaban casi a diario por el escaparate televisivo y las revistas multicolores de papel cuché. Poco a poco, algunos llegaron a creer, incluso, que todos podíamos ser empresarios.
Como consecuencia del dominio de estas concepciones derechistas, sabiamente inoculadas en los ciudadanos, la burguesía del Estado español se legitimó ante una buena parte de la población, que asumió sin más que son los empresarios los que “crean la riqueza”. Convertidos para muchos en modelo de éxito social, estos empresarios no dudan hoy en hacer una impúdica ostentación de sus privilegios, conscientes de la debilidad de las organizaciones que aspiran a cuestionar su hegemonía y su misma existencia como clase. No es de extrañar, por tanto, que desde esta posición de fortaleza reaccionen violentamente ante el más mínimo intento de fiscalizar sus actividades. En Canarias, por ejemplo, hemos tenido que asistir a su vergonzosa defensa del derecho a enriquecerse ilegítimamente sin las incómodas actuaciones de los jueces que investigan “presuntas” corrupciones.
Los “casos aislados” de corrupción
La trama eólica, las Teresitas, el Caso Faycán, el caso Mogán... son algunos de los últimos escándalos de corrupción destapados en las Islas. Su abundancia es tal, que sólo desde la más absoluta de las hipocresías se pueden calificar ya como “hechos aislados”. Los datos que paulatinamente se han ido conociendo permiten vislumbrar, por el contrario, las características de un sistema inherentemente corrupto. Un sistema en el que los supuestos administradores de lo público gestionan los intereses de un puñado de empresarios, y en el que comisiones, tratos de favor o prevaricaciones se antojan como meros ingredientes necesarios del “Negocio”.
Ante la implicación en estos casos de corrupción de destacados miembros del PP y CC, desde estos partidos políticos no tardaron demasiado en hacer circular el “espantajo de la persecución”. José Manuel Soria, líder de los ultraderechistas canarios, se empeñó en diluir la responsabilidad de los cargos implicados de su partido -y la suya propia como máximo dirigente del PP canario- repitiendo, cada vez que encontraba un micrófono bajo sus bigotes, que el ex ministro de justicia Juan Fernando López Aguilar les sometía a una suerte de cacería con la que intentaba allanar su camino hacia la presidencia del gobierno autonómico. Por su parte, los dirigentes de Coalición Canaria saltaron al ruedo con idéntica presteza para defender la honorabilidad del alcalde de Sta. Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, implicado por el escándalo de Las Teresitas y el caso Forum Filatélico. Paulino Rivero, al igual que Soria, cuestionó la imparcialidad de los jueces que investigaban a su correligionario. Ambos utilizaron también la ambigüedad propia del politicastro que - aderezada con unas dosis de cinismo- les permitió no sentirse aludidos por las críticas que como respuesta dirigieron las asociaciones de magistrados de Canarias a la mal llamada “clase política”.
Todos somos iguales, aunque algunos seamos más iguales que otros
Pero aunque no han faltado este tipo de actuaciones desde el comienzo del rosario de escándalos destapados durante los últimos meses, en fechas recientes se han producido las declaraciones más significativas sobre el supuesto maltrato que sufren nuestros sacrificados empresarios
Después de que se imputase al magnate de la construcción y la hostelería Santiago Santana Cazorla en el caso Mogán, y de que se conociese la existencia de una grabación en la que el empresario hablaba sobre sus negocios con el presidente autonómico Adán Martín, la patronal canaria decidió tomar cartas en el asunto.
A petición de las diferentes organizaciones aglutinadas en la Confederación Canaria de Empresarios su presidente, Mario Rodríguez, convocó un comité ejecutivo de urgencia en el que se abordó el asunto y se posicionaron oficialmente. La Confederación manifestó enérgicamente su rechazo a “las formas en las que se han llevado a cabo las actuaciones jurídicas y policiales” en los casos de presunta corrupción de sus colegas. Según Rodríguez, los empresarios se encuentran “anonadados” por estas actuaciones, que “han generado “inestabilidad jurídica, desprestigio empresarial y graves daños económicos...”. “Aquí no hay presunción de inocencia”, (1) declaró el máximo dirigente de la CCE, acabando de pintar un escenario virtual, según el cual estos indefensos y honorables miembros de la “sociedad civil” estarían siendo perseguidos por no se sabe qué oscuros motivos.
Pero, ¿de que manera se ha vulnerado la presunción de inocencia de los empresarios imputados? De acuerdo a lo expresado por los representantes de la patronal, “generando un circo mediático que en absoluto es bueno para la actividad empresarial”. (2) Aludían así -en su declaración oficial- a las “filtraciones de información” y a algo tan elemental como el seguimiento que los distintos medios de comunicación han hecho de estos supuestos casos de corrupción. Un seguimiento que, conforme a su mentalidad, quizá debería subordinarse al interés de su crecimiento económico. Aún hay, sin embargo, en el berrinche de los agraciados de la RIC, otro reproche implícito, al hecho de que ellos puedan ser detenidos como cualquier hijo de vecino. Y ello, aunque sus grandes fortunas sean la mejor garantía de que su estancia en prisión será fugaz. Y si la más elemental prudencia les ha impedido manifestar explícitamente esta reivindicación de ser tratados con una especial deferencia, Francisco Gómez Cáceres -Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC- se encargó de hacerlo en unas declaraciones que varios miembros del comité ejecutivo de la CCE suscribieron en su última reunión.
En una entrevista concedida al diario grancanario La Provincia, el magistrado Gómez Cáceres abundó en la tesis de la patronal, afirmando que algunas de las detenciones de políticos y empresarios fueron “absolutamente innecesarias”. Gómez Cáceres se refirió, concretamente, a la detención de Santana Cazorla apuntando algunas razones por las que ésta debería haberse evitado, citándolo judicialmente a declarar. Para el juez -que confía en “la seriedad y la honradez” de Cazorla- hay que tener en cuenta “las singularidades de cada caso” a la hora de aplicar la ley. “Porque no es lo mismo” -afirmó- “alguien totalmente desconocido que otro que da empleo a cuatro mil o cinco mil personas”. Alguien con “una relevancia social indudable”. (3)
Con bastante sinceridad Francisco Gómez Cáceres resumió así lo que - sin duda - piensan los sublevados empresarios canarios. Los mismos que piden habitualmente mano dura con el delito y “tolerancia cero” con los desordenes sociales que puedan perjudicar a sus negocios. ¿Es que van a ser tratados como cualquiera de sus miles de asalariados, aunque se les implique en presuntas y multimillonarias corrupciones? ¡Faltaría más! ¡Eso supondría un atentado contra su presunción de inocencia!
“Las inversiones están huyendo”
Pero, en sus declaraciones, la Confederación Canaria de Empresarios no se limita a pedir un trato especial a policías, jueces y periodistas. Más bien lo exigen, al manifestar que las actuales “formas” y la “trascendencia nacional e internacional de estas detenciones ha dado al asunto una repercusión” que estaría provocando la huída de las inversiones extranjeras. En su opinión, la “inestabilidad jurídica” creada por la manera en la que se han tratado los supuestos casos de corrupción -y no la corrupción en sí misma- está “tocando la línea de flotación de la economía”. Y lo que han denominado “circo mediático” -es decir, el conocimiento público de una pequeña parte de las corruptelas- “supone una inseguridad, un alarmismo y una preocupación que retraen las inversiones y frenan el crecimiento económico”. (4)
El mensaje de la patronal -expresado por Mario Rodríguez- resulta meridianamente claro. Confundiendo interesadamente sus intereses particulares con los de la mayoría de los canarios, alertan de que un excesivo celo en la investigación de la corrupción que padece el Archipiélago podría tener repercusiones catastróficas para su economía. Es necesario evitar la “desmesura” en estas investigaciones, puede leerse entre líneas. Es necesario impedir que un excesivo intervencionismo -aunque este sea judicial- perturbe nuestra cuenta de resultados. Al fin y al cabo, somos nosotros quienes les damos de comer.
Ante la ausencia de movimientos populares organizados con fuerza suficiente para poner coto a sus pretensiones resulta previsible que -más pronto que tarde- las inquietudes de la patronal canaria terminen por disiparse. Porque, tal y como señalaba uno de los colaboradores de este semanario electrónico, Armando Quiñones, “en esta tierra nuestra todo son voladores de verano”. “Aquí nunca estalla la traca final”. (5)
Referencias bibliográficas:
(1) "Las inversiones están huyendo". La Provincia. Diario de Las Palmas. Martes 13 de febrero de 2007
(2) Ibídem.
(3) "La ley es la que ordena que la detención no dañe la reputación de las personas". Entrevista a Francisco Gómez Cáceres, Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. La Provincia. Diario de Las Palmas. 11 de febrero de 2007.
(4) "Las inversiones están huyendo". La Provincia. Diario de Las Palmas. Martes 13 de febrero de 2007
(5) "Voladores de verano". Armando Quiñones. Canarias-semanal.com
*Canarias-semanal.com
Rebelión.org, 04-03-2007
foto: noincineraciontenerife.com
Un magistrado del TS alerta contra la «caótica e intolerable» proliferación de planes urbanísticos
CarlosAlós* : "El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José A.Martín Pallín, alertó ayer sobre la « caótica» proliferación de planes urbanísticos en la Comunitat Valenciana y otras zonas de España y aseguró que la situación es «intolerable». Martín Pallín señaló que el urbanismo se ha convertido en la antesala «de la corrupción» y quien otorga las licencias «en una especie de rey Midas», sentenció.
El magistrado dibujo un panorama muy complicado y llegó a advertir sobre la entrada de «grupos mafiosos» en el ámbito de la construcción por la facilidad con la que se generan beneficios económicos a través de terrenos que multiplican su valor cuando sobre ellos se realiza una actuación urbanística. «Debemos de aplicar la cirugía antes de que se produzca un fallo multiorgánico porque esto acaba provocando la pérdida de la fe en la democracia y hay un terreno abonado para la aparición de 'Berlusconis' y personajes similares» , añadió.
Martín Pallín participó en las jornadas sobre Urbanismo y Medio Ambiente que organiza la Universitat de València y en la que compartió mesa redonda con el magistrado Luis Manglano, el abogado José Luis Noguera y el representante de la plataforma cívica, Compromís pel Territori, Vicent Torres. Todos ofrecieron su visión sobre la situación urbanística actual y la proliferación de planes de actuación. Les precedió el fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, quien calificó de «extremadamente positiva» la visita de los eurodiputados a la Comunitat Valenciana que ha criticado el Consell. «El Parlamento es soberano y me parece que han tomado una decisión muy positiva con su visita» a la Comunitat.
Aumento del número de sentencias
Vercher se mostró satisfecho de la actuación de la Justicia contra los delitos medioambientales y la ordenación del territorio al asegurar, sin cuantificarlas, que el número de sentencias en este ámbito ha crecido hasta una cifra «impensable» hace sólo una década. «Hace unos años los delitos contra el medio ambiente se tomaban un poco a broma y nos llamaban los fiscales de los pajaritos, pero esa situación ha cambiado» , señalo.
Sin embargo, Vercher no quiso bajar al terreno de lo concreto y rechazó dar su opinión sobra la actual ley urbanística valenciana y sobre proyectos concretos que se llevan a cabo en la Comunitat. Durante su intervención animó al auditorio y a las asociaciones cívicas a llevar antes los tribunales actuaciones urbanísticas sospechosas.
*LEVANTE-EMV, 03 de marzo de 2007
Los eurodiputados trasladarán una visión muy crítica del urbanismo a la Comisión
CristinaVÁZQUEZ* : "Los diputados del Parlamento Europeo elaborarán un duro informe de la situación urbanística valenciana que trasladarán a la Comisión Europea. La delegación comunitaria cerró anoche su visita a la Comunidad Valenciana con una asamblea en la que 19 colectivos ciudadanos -Mestalla, huerta de Alboraya...-, expresaron su indefensión ante la actuación de sus ayuntamientos. Marcin Libicki, presidente de la Comisión de Peticiones, prometió a todos los afectados un informe que reflejará todos los problemas. "Las autoridades tienen que hacer más y cambiar su actitud".
Llegaron con retraso debido a una agenda excesivamente apretada. En el salón de actos de la Universidad Politécnica de Valencia, representantes de 19 colectivos ciudadanos, convocados por Abusos Urbanísticos No, todos con dosieres y power point bajo el brazo, explicaron caso a caso los abusos de los que se sienten víctima. Allí estaban los colectivos afectados por el estadio de Mestalla, los de la huerta de Vera, en Alboraia, y los del PAI de Albalat dels Tarongers -PAI respaldado por un alcalde del Bloc-. También las plataformas del Cabanyal, el movimiento Recuperem la Model, entre otros.
Todos querían hablar con los eurodiputados. Compromís pel Territori arrancó un hueco antes del acto para entregarle un informe donde se recogen, municipio a municipio, los desarrollos urbanísticos previstos. También les mostraron cómo los organismos de cuenca han multiplicado por cuatro en 2006 los dictámenes desfavorables -concretamente han sido cerca de 90 sólo en la cuenca del Júcar- sobre PAI por la falta de auga. Hasta el consejo valenciano por el Movimientos Europeo, representado por Martín Quirós, del PP, les entregó un escrito donde los miembros de esta plataforma confesaban sentirse menos europeos por la falta de diálogo.
Ya dentro, el presidente de AUN, Enrique Climent, -que poco antes reconoció su azoramiento ante la actitud "infantil" de la Generalitat hacia los eurodiputados- aseguró que éstos se han dado cuenta, tras la visita, de que después de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) "esto no se ha terminado".
El presidente del Comité de Peticiones, Marcin Libicki, tras escuchar a portavoces de los 19 colectivos, contestó a los presentes -y muy sibilinamente también al consejero de Territorio valenciano- que era un placer estar en la Comunidad Valenciana, "pero no por estar de vacaciones, sino porque vemos problemas verdaderos que queremos solucionar".
Libicki destacó que tras su entrevista con las autoridades locales, "la conclusión a la que hemos llegado es que tienen que hacer más y cambiar su actitud. La síndica de Greuges de la Generalitat es además de nuestra misma opinión", apostilló. "Algunos de ustedes dicen que es difícil hablar con las autoridades o que los abogados son caros. Y les entiendo", apuntó el político polaco, quien les aseguró, tras confesar que la agenda en estos cinco días ha durado de ocho de la mañana a las 10 de la noche, que elaborarán un informe que reflejará todos los problemas y del que darán traslado también a las autoridades españolas.
Al otro lado de la ciudad, el fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, describió la visita de los europarlamentarios de "extremadamente positiva".
*ELPAIS.com - 03/03/2007
Quejas recogidas en Cabanes, Oropesa y otros municipios
M. F. - Castellón
Los representantes del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo Marcin Libicki y Michael Cashman, presidente y vicepresidente, respectivamente, se comprometieron ayer a realizar un informe sobre los casos de "abusos urbanísticos" denunciados por los vecinos en su visita a Castellón. Durante su breve estancia en Torre la Sal, en Cabanes, uno de los pocos espacios vírgenes de la costa castellonense que en breve será desarrollado por un proyecto de urbanización de 1,2 millones de metros cuadrados, los eurodiputados insistieron en que los vecinos deben seguir denunciando los casos ante el Síndic de Greuges, pero no arrojaron mucha esperanza sobre el poder del Parlamento Europeo para defender sus derechos como propietarios de suelo. Ambos señalaron que es el Gobierno valenciano el que tiene potestad para cambiar la legislación y recordaron sus quejas sobre la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y la desprotección para los propietarios de suelo que, a su juicio, no ha solventado la actual Ley Urbanística Valenciana.
Peñíscola, Alcossebre, Cabanes, Oropesa y Benicàssim fueron algunos de los municipios sobre los que los vecinos expresaron quejas aunque los europarlamentarios se fijaron especialmente en el terreno que visitaron, donde conocieron la cantidad de agua necesaria para el desarrollo de las urbanizaciones proyectadas tanto en Torre la Sal como en Mundo Ilusión, que superan los recursos que utiliza la ciudad de Albacete. También fueron conocedores de los procedimientos que utilizan algunos ayuntamientos, como el de Cabanes, que concedió licencias sin cumplir requisitos de la declaración de impacto.
ELPAIS.com - 03/03/2007
¿Ganancias justas?
Viñeta de "El Roto" - El País 02/03
Sospechas de corrupción en el Ayuntamiento de Lisboa
ANA CACHOLA* : "Las últimas semanas han sido de confusión en el Ayuntamiento de Lisboa, donde dos concejales fueron imputados en investigaciones judiciales. Hay dos casos distintos. El primero se remonta a una investigación iniciada a finales del año 2005 que involucra al Ayuntamiento de la capital portuguesa en una empresa de construcción de Braga, Bragaparques.
Lo que está en juego es la permuta de terrenos del Parque Mayer y de la Feira Popular, los dos en Lisboa, aprobada por la Asamblea del Ayuntamiento, en febrero de 2005. Después de las investigaciones de la Policía Judicial portuguesa y del Departamento de Investigación y Acción Penal, la concejala de Urbanismo, Gabriela Seara, fue imputada. Mientras tanto, el teniente alcalde, Fontão de Carvalho, un independiente electo por el Partido Social Demócrata, fue también imputado, sospechoso del delito de malversación, en otro proceso judicial. Este segundo caso tiene que ver con el pago de incentivos supuestamente ilegales a varios administradores de la Empresa Pública de Urbanismo de Lisboa. Los dos políticos ya han sido suspendidos de sus mandatos y sus funciones en el ayuntamiento portugués. Pero ésta no es una situación exclusiva de tierras lusas.
En España el escenario tampoco es alentador, con varios políticos investigados y detenidos. Los casos de corrupción en los ayuntamientos españoles empezaron a aparecer cuando el 29 de marzo pasado, la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, fue detenida en uno de los mayores escándalos urbanísticos de España. En esta investigación, conocida como Operación Malaya, fueron detenidas 42 personas. Desde entonces, cinco alcaldes han sido detenidos docenas de concejales, así como abogados, funcionarios públicos, construtores y hasta jefes de la Policia.
En Lisboa, pese el clima de inestabilidad política, con varias investigaciones judiciales en curso, el alcalde social demócrata Carmona Rodrigues afirma que tiene todas las condiciones necesarias para mantener su cargo en el ayuntamiento. Sin embargo, algunas figuras políticas y los medios de comunicación intuyen la convocatoria de elecciones anticipadas, y hasta ya suenan algunos nombres de posibles candidatos a alcalde de la capital lusa.
blogs.hoy.es/rayadigital
*HoyDigital, Sábado, 3 de marzo de 2007
Sólo el PP vota contra la nueva Ley del Suelo, que busca poner coto a la especulación
ANABELDÍEZ* : "La futura Ley del Suelo cambiará radicalmente el criterio de valoración de los terrenos, para que su precio sea el real y no se base en las expectativas de lo que pueden llegar a valer. Ésa es la filosofía de la ley que ayer aprobó el Congreso -con el apoyo de todos los grupos salvo el PP- y que defendió su impulsora, la ministra de Vivienda, María A. Trujillo. Los populares criticaron el texto porque "pretende abaratar las expropiaciones". Los demás grupos comparten que la norma, que reserva el 30% del suelo a vivienda protegida, frenará la especulación, que se disparó con la ley de 1998.
"Con esta ley no se termina la corrupción, pero se pone freno a la especulación, que abre la puerta a la corrupción". Esta idea del portavoz socialista de Vivienda, Francisco Contreras, está en la base de la nueva norma, que aún debe pasar el trámite del Senado.
La ministra Trujillo agradeció a los grupos parlamentarios sus aportaciones y su afán de acuerdo. Al final, el marcador del pleno del Congreso fijó el consenso de todos salvo el PP. Los grupos nacionalistas como CiU y ERC, y también IU-ICV, intentarán ahora introducir cambios durante el debate en la Cámara Alta.
Ha habido mucho trabajo en torno a esta ley, que recibió tres enmiendas a la totalidad y después 300 enmiendas parciales; finalmente se retiraron totalmente 140, se aceptaron 93 transaccionales -consensuadas- y ayer llegaron al pleno del Congreso 65 enmiendas que, previsiblemente, se reiterarán en el Senado. La mayoría, por considerar que se vulneran competencias de las comunidades autónomas.
El PP, sin embargo, centra su objeción en un asunto clave de la ley: la valoración del suelo. "Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación, según su estado en el momento al que debe entenderse referida la valoración". Así reza el artículo 22 de la futura normativa, que fue explicado con un ejemplo real por el ponente socialista, Francisco Contreras.
De patatal a viviendas
Pongamos, dijo, un patatal que tiene un valor de seis euros el metro cuadrado, "como mucho". Por el mero hecho de que el patatal pase a ser terreno para urbanizar 50 o 60 viviendas por hectárea, con unos costes de edificación de 50 euros por metro cuadrado y un precio de venta de 2.000 euros por metro cuadrado, el valor del suelo a partir de ese momento se convertiría, como mínimo, en 300 euros. Es decir, se pasaría de seis a 300 euros. "Con esta ley eso no ocurrirá", aseguró Contreras.
Los beneficios de la nueva normativa que exhiben el Gobierno, el PSOE y el resto de los grupos que la apoyan no los encuentra el ponente del PP, Pablo Matos, quien, pese a haber trabajado intensamente en la tramitación y haber llegado a acuerdos parciales, finalmente emitió, con el resto de su grupo, un voto negativo.
A juicio de Matos, el objetivo de esta ley es "un abaratamiento de las expropiaciones", y no evita "la especulación ni la corrupción". El texto aprobado "destruye el concepto de justiprecio y persigue que a las administraciones públicas y a los promotores inmobiliarios les salga más barato expropiar a un ciudadano", se lamentó Matos.
Es un "disparate" pagar el precio de suelo de un patatal cuando se van a construir viviendas o naves industriales, señaló el ponente popular. "Eso sólo beneficia a las administraciones públicas y a los promotores, ya que las expropiaciones salen muy baratas". Y añadió: "Es tal el disparate que han tenido que aceptar una enmienda de Izquierda Unida que dice que ese precio podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de la localización del suelo, para igualarlo a fincas análogas".
En efecto, esa modificación fue introducida por IU-ICV, como también otra que eleva del 25% al 30% el porcentaje de suelo obligatoriamente destinado a vivienda de protección oficial, según resaltó el portavoz de ese grupo, Joan Herrera. Éste defendió globalmente la ley, aunque pidió mesura para no crear expectativas falsas sobre la solución del problema de la vivienda.
Más precisión sobre las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y singularmente de Cataluña, hubiera querido Herrera, como también los portavoces de CiU y ERC, Jordi Jané y Josep Andreu, respectivamente. Tampoco el portavoz del BNG, Francisco Rodríguez, estaba satisfecho en ese aspecto, aunque igualmente apoyó la ley. Y lo mismo José Ramón Beloki, del PNV, y Luis Mardones, de Coalición Canaria. "Esta ley justifica toda una legislatura", afirmó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para felicitar a su compañera de banco azul, María Antonia Trujillo.
*El País, - Madrid - 02/03/2007"
Entre el rubor y la indignacion ciudadana por el Puerto de Granadilla
Canarias-semanal.com*: "El consejo de Administración de la Autoridad portuaria de Tenerife aprobó, el pasado martes, con los votos favorables de los representantes del PSOE, la adjudicación de las primeras obras de la construcción del macro puerto industrial de Granadilla. No por esperada la decisión ha sido acogida con menos indignación por parte de amplios sectores de la sociedad tinerfeña.
Las primeras reacciones no se han hecho esperar. "Asamblea por Tenerife", movimiento social sobre el que ha recaído el peso de las movilizaciones de miles de tinerfeños a lo largo de los dos últimos años, declaró en un primer comunicado de prensa, que la decisión de poner en marcha las obras "es una burla a la democracia y a la justicia y demuestra que muchos políticos en Canarias siguen instalados en una impunidad total".
La Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap), por su parte, aunque ha manifestado que no hará valoraciones sobre la adjudicación de las obras del puerto de Granadilla hasta que no se produzca la reunión de sus asociados, advirtió, no obstante, que "temía por una escandalosa adjudicación de las obras del puerto de Granadilla, ante la posibilidad de que se produzca un nuevo pelotazo en las postrimerías de mandatos públicos que han dado lugar a gravísimas acusaciones de cohecho, querellas y tráfico de influencias en algunas de las administraciones locales, insulares o regionales de las islas". Su presidente, Juan Luís Lorenzo, confesó a los medios informativos su temor ante "un grave problema social con importantes repercusiones en el conjunto de la sociedad tinerfeña ante la insaciable ambición de unos pocos que, cegados por el poder que han acumulado, creen que están al margen del cumplimiento de las normas".
Partidos políticos y organizaciones ciudadanas consideran como un hecho impresentable "que un imputado por cohecho por el juez Garzón, por el caso Forum, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Luís Suárez Trenor, presida la adjudicación de la contestada obra, además sin un presupuesto consignado y sin informes de impacto ambiental específicos".
Según se informa, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria con la finalidad de poder superar las primeras dificultades, se vio obligado a aprobar previamente el primer punto del día, "el contrato de crédito para financiación externa a largo plazo, mediante la modalidad "Club Deal", para acometer los planes de inversión de esta Autoridad Portuaria en los que se recogen 120 millones de euros para poder iniciar las obras de Dique de Abrigo del Puerto de Granadilla".
Asamblea por Tenerife, por su parte, hizo pública su exigencia de que la Autoridad Portuaria ponga a disposición de la opinión ciudadana los nombres de las entidades financieras que apoyan las obras de Granadilla, para confirmar si también en esta ocasión CajaCanarias está detrás de esta operación, como lo estuvo en el pelotazo de Las Teresitas.
Según declaró la "Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz", un colectivo integrante del movimiento "Asamblea por Tenerife", una vez efectuada la ejecución del proyecto, si este se tuviera que desechar por todas las supuestas irregularidades cometidas, "la Autoridad Portuaria tendría que hacer frente, de forma innecesaria y con el dinero de todos, al lucro cesante, que suele establecerse en un 20% del coste total de la obra, o sea, unos 27 millones de euros", que se llevarían las empresas aunque la obra no se ejecutara.
Los portavoces de Asamblea por Tenerife exigieron el pasado martes "la suspensión inmediata de cualquier obra que se pretenda iniciar en el Puerto de Granadilla y solicitan del Fiscal Anticorrupción una investigación de oficio de todo el expediente, incluyendo la venta de solares anexos".
Asimismo, fuentes cercanas a "Asamblea por Tenerife" instaron al candidato socialista al Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, a que manifieste públicamente su posición en relación con la construcción del Puerto de Granadilla. "Es una incongruencia - expresaron las mismas fuentes - que el ex ministro se anuncie electoralmente como paladín de unos supuestos "tiempos nuevos" para Canarias y ahora trate de pasar de puntillas sobre un tema tan vital para el Archipiélago".
En los mismos círculos políticos de este movimiento social se estima que debe ser todo el pueblo de Tenerife el que se pronuncie sobre el macropuerto en un referéndum convocado al efecto.
La organización ecologista Ben Magec ha convocado para el próximo sábado, día 3 de Marzo a las 12:00 horas, una concentración en la Plaza de la Candelaria en la que los asistentes portarán una bolsa de basura, como expresión de la protesta por la construcción del Puerto de Granadilla.
Rebelión.org, 02-03-2007
«Por lo que conocemos, corrupción y ladrillo van siempre de la mano»
CarlosPunzón* /Vigo -ENTREVISTA a C.Jiménez Villarejo :
"Persiguió los fallos del sistema durante ocho años, llegó a flirtear con la política tras jubilarlo el PP, pero optó por seguir pidiendo por libre más garantías contra los que se lucran del dinero público. Lo nombró el PSOE y lo cesó el PP, pero él no hace distingos. Pide a todos más garantías contra la corrupción y ve en los ayuntamientos el mayor riesgo de putrefacción.
-¿Es irremediable ya pensar en corrupción a la hora de hablar de urbanismo?
-Por lo que conocemos sí, corrupción y ladrillo van siempre de la mano. El modelo de urbanismo de España se basa en el crecimiento desmedido y en una estrecha interrelación entre constructoras y promotoras con los ayuntamientos. En ese encuentro se producen alianzas muy peligrosas por la ambición de unos y el deseo de negocio de otros.
-Entonces, ¿para usted debería reducirse la autonomía urbanística de los ayuntamientos?
-No, pero las autonomías hasta ahora han ejercido muy levemente los recursos de control que le otorga la ley contra los poderes municipales que infringen las normas urbanísticas. Habría que darle un poder preceptivo mayor a las autonomías para que lo facultativo sea obligatorio.
-¿Se lograría así evitar tanta sentencia de derribo de edificios con licencia, como en Vigo, donde hay 2.000 familias afectadas?
-No puede ser que en nombre de las prisas urbanísticas se permita que la Administración local vulnere la norma impunemente y que confíe la resolución de conflictos a larguísimos procesos judiciales, que luego son imposibles de ejecutar.
-¿Es ético que un constructor sea alcalde u opte a serlo, como ocurre con algunos candidatos a las próximas municipales?
-No debería ser candidato. Tendría que haber actividades prohibidas antes y después de ejercer un cargo municipal. El número de sentencias en las que se condena a ediles por construir ilegalmente en su propio municipio es bochornoso para nuestro sistema democrático.
-Hablando de bochornos, ¿qué le parece el caso Gondomar, con un edil pillado con las manos en la masa?
-No recuerdo muchos casos como ese en mi carrera. El cohecho es de las conductas corruptas más graves. Cobrar de un particular por hacer un trabajo público es la mayor degradación posible.
-Pero los imputados fueron puestos en libertad, con cargos, al día siguiente.
-Si hay tantas pruebas, lo más ejemplarizante sería que el juicio no se demore.
*La Voz de Galicia, Viernes, 2 de Marzo de 2007
Imputado por prevaricación urbanística al alcalde de la localidad grancanaria de Firgas
EFE*: "Una juez de Arucas (Gran Canaria) ha imputado por un delito de prevaricación urbanística y otro de daños contra el patrimonio histórico al actual alcalde de Firgas, José Ramón Henríquez Hernández (CCN), a su antecesor Sebastián Arencibia Mejías (PP) y a otras siete personas. La instrucción judicial del asunto "se encuentra ya terminada", según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por lo que la juez "no ha tenido que dictar ninguna medida cautelar" contra ninguno de los nueve imputados.
Este caso de supuestas irregularidades urbanísticas en Firgas, localidad de 7.000 habitantes del norte de Gran Canaria, fue desvelado por el alto tribunal canario cuando la investigación ya va a ser remitida a la Audiencia Provincial de Las Palmas por la juez Auxiliadora Díaz Velásquez, del juzgado número 1 de primera instancia e instrucción de Arucas.
Según el TSJC, los miembros y ex miembros de la corporación imputados son, además del actual alcalde Henríquez y su antecesor Arencibia, los ex concejales Laura García Cerpa, Asunción Nuez Arencibia y Amparo Santana Gil; el anterior secretario de la corporación Humberto Cruz Marrero y el arquitecto del Ayuntamiento Javier Cabrera Caravallo.
Además, la jueza Auxiliadora Díaz Velásquez ha imputado por un delito de daños contra el patrimonio al responsable de la entidad Progar, José Javier Barrera Gallego, y al arquitecto Francisco López Gómez.
Fuentes del TSJC no pudieron aclarar el origen de esta investigación judicial y los hechos por los que se han formalizado las imputaciones, y se limitaron a afirmar que el asunto, instruido como un procedimiento abreviado, está listo ya para ser elevado a la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El actual alcalde imputado, José Ramón Henríquez Hernández, pertenecía al mismo partido, el PP, que su antecesor Sebastián Arencibia Mejías, del que fue su teniente de alcalde tras las elecciones locales de 2003.
Sin embargo, a finales de 2005 Henríquez, ya expulsado del PP y formando parte del Grupo Mixto del Ayuntamiento, encabezó una moción de censura contra el primer edil y le arrebató el puesto.
El 19 de diciembre de ese año, José Ramón Henríquez se proclamó alcalde de Firgas en un pleno cargado de tensión en el que numerosos vecinos le mostraron su rechazo con gritos de "traidor".
Tras ser proclamado alcalde, Henríquez aseguró que las "circunstancias" le habían obligado a presentar la moción de censura como "un acto de responsabilidad y pura honradez" por su parte para "enmendar todos los errores que hasta ahora —subrayó— se habían cometido".
El 20 de enero de 2007, la formación política nacionalista Centro Canario-CCN, que ahora concurre a las elecciones en solitario y que antes formaba parte de Coalición Canaria, anunció que el alcalde de Firgas y otros cuatro concejales del grupo de gobierno de su municipio se incorporaban a esta formación política.
De hecho, el comité ejecutivo autonómico del CCN, celebrado ese mismo día en La Gomera, designó al alcalde imputado José Ramón Henríguez como su candidato al Ayuntamiento de Firgas en las próximas elecciones de mayo.
El alcalde está estudiando la posibilidad de emprender acciones judiciales en contra de los que lo han denunciado a él.
*ElMundo.es, jueves 01/03/2007
Teatro y especulación urbanística
CincoDías*: "Un hilarante Albert Plá se mete con la especulación urbanística". Todo comenzó cuando alguien le explicó que existían programas de edición de vídeo tan sencillos que él mismo podría hacer cine desde su casa, con la simple ayuda de una camarita y un PC.
Al poco, tras un par de ensayos caseros, se lanzó a hacer un largometraje con su amiga y compañera en el montaje Judit Farrés.
Como él mismo cuenta, hicieron la película: “Sin director, sin productora, sin guión, SIN SENTIDO”. Así, sobre la marcha, se les ocurrió que el protagonista sería el abogado de una inmobiliaria que viaja a un pequeño pueblo para lograr la firma que le permitirá convertir el idílico paisaje rural en un polígono industrial. Y, de este modo, casi sin quererlo, les ha salido una crítica hilarante, y en ocasiones absurda, sobre uno de los males de nuestro tiempo. Ahora, tras una gira por Latinoamérica, recala en el teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes.
Albert Plá presenta 'El malo de la película'
María G. Silva / MADRID (02-03-2007)
"Es una película, y Judit Farrés y yo estamos en el escenario para ayudar a contarla", explica Albert Pla para definir su "participación interactiva" en el espectáculo.
En la parte filmada, Plá ha contado con la ayuda de los directores de cine Cesc Gai, Juanma Bajo Ulloa y Joaquim Jordá, que han participado como actores. "Tenemos cierta amistad con ellos y les pedimos que actuaran. No ha sido difícil dirigirlos", comenta el artista.
*Cinco Días.com
La ruta de las denuncias y los 'pelotazos' urbanísticos
ELPAÍS*: "La delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está desde ayer en la Comunidad Valenciana. En su agenda los parlamentarios recorrerán algunos de los municipios que han denunciado en los últimos años irregularidades y pelotazos urbanísticos. La ruta incluye: Orihuela, Torrevieja, Catral, Tibi, Parcent, Benissa, S.Miguel de las Salinas, Benicassim y Oropesa.
Orihuela. El alcalde José Manuel Medina, del PP, imputado por corrupción, acaba de adjudicar la urbanización del último tramo de costa virgen a un promotor afín al PP. Se prevén 1.700 casas. CLARO, partido auspiciado por los residentes extranjeros, denuncia que 12.000 de ellos no votarán al no haber sido localizadas sus casas.
Torrevieja. La oposición al alcalde Pedro Hernández Mateo, del PP, ha denunciado la recalificación de suelo en el perímetro del parque natural de La Laguna de Torrevieja. La denuncia hace referencia a una parcela, situada en el sector del Limonar, propiedad de la empresa que vendió una finca al alcalde Hernández Mateo, imputado por esta operación.
Catral. Un colectivo de consumidores denunció la edificación 1.200 chalés en suelo no urbanizable y sin licencia en plena huerta de Catral y en el área de influencia de protección del Parque del Hondo.
Tibi. El Ayuntamiento concluyó en 1976 la aprobación del plan parcial para la urbanización de la Finca Terol. La urbanización, formada en un principio por 1.000 parcelas, fue doblada luego a 2.200 gracias a una modificación que introdujo el equipo de gobierno, del PP.
Parcent. La plataforma Veïns de Parcent presentó una queja al Comité de Peticiones del PE contra tres PAI aprobados por el Consistorio para construir 1.800 casas. El TSJ paralizó de forma cautelar en 2006 uno de ellos.
Benissa. La Ronda Norte, donde se prevé una urbanización de 2.000 casas, y el PAI de la playa de la Llobella, uno de los pocos tramos libre de construcciones en la costa de la Marina Alta, centran la polémica.
San Miguel de Salinas. Los vecinos denuncian urbanizaciones que se han construido sin dotarlas de los servicios básicos, entre ellos el abastecimiento de agua.
Benicàssim. Al Ayuntamiento de Benicàssim aprobó en 1999 el PAI Benicàssim Golf. El proyecto contempla un gran campo de golf de 18 hoyos junto a los que se levantaría un complejo residencial con unifamiliares. En total un millón de metros cuadrados.
Oropesa. La Plataforma en Defensa de la Sierra de la Renegà y su Entorno -un enclave situado en el término de Oropesa- ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente la adquisición de terrenos "de gran valor ambiental" de la zona, con el fin de "preservarlos del proceso urbanizador": Torre la Sal.
EL PAÍS - Valencia - 01/03/2007
Foto: Cala La Mosca en la costa de Orihuela
Mitos inmobiliarios de nuestro tiempo
JoséManuelNaredo* : "No cabe duda de que uno de los principales problemas ambientales en España es el causado por un excesivo crecimiento urbanístico, fuera de toda mesura. A menudo, las reivindicaciones ecologistas exigiendo racionalidad topan con mitos y lugares comunes muy arraigados, que impiden que sean atendidas sus razones. Precisamente algunos de estos mitos son los que se desenmascaran y desmontan en este artículo. La conclusión apunta a que, a pesar de lo que se diga, en nuestro país hay ‘burbuja inmobiliaria’, empujada por la espiral de compras especulativas y créditos baratos.
La interpretación del panorama inmobiliario español está viciada por la pervivencia de una serie de mitos acordes con el negocio inmobiliario imperante que, a fuerza de repetirse, acabaron arraigando entre la población e influyendo en su comportamiento. Vamos a enumerar estos mitos y a revisar su fundamento.
El primero de ellos viene a decir así: “En España no hay cultura de alquiler: los españoles quieren vivienda en propiedad casi desde el neolítico”. Esta creencia es falsa, ya que en 1950 la situación era justo la contraria: las viviendas ocupadas por sus propietarios suponían solo el 46% del total y eran mucho más minoritarias en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Barcelona solo el 5% de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios, en Madrid el 6%, en Sevilla el 10%, en Bilbao el 12%...
La creación franquista de un Ministerio de Vivienda apuntó, entre otras cosas, a promover la vivienda en propiedad como vacuna preventiva frente a la inestabilidad social: con la retórica falangista del momento se decía que para hacer “gente de orden”, para asegurar el conformismo de la población, había que facilitar su acceso a la propiedad de la vivienda y atarla para ello a responsabilidades de pagos importantes.
El éxito de esta política vino a culminar medio siglo después de haberse iniciado y un cuarto de siglo después de muerto Franco. Solamente un continuismo digno de mejor causa, en lo que concierne a esta política, permitió cambiar la cultura del alquiler en favor de la propiedad y otorgar a España el récord europeo en este campo. Es evidente que si la situación se forzó en un sentido también podría reorientarse en sentido contrario. ¿Habrá resucitado el Ministerio de Vivienda para invertir la situación en este campo? ¿Podrá movilizar en favor del alquiler a ese tercio de viviendas secundarias y desocupadas la nueva Agencia creada para ello?
El segundo nos dice “Pagando alquiler se tira el dinero: compre una vivienda y conviértase en propietario”. Este es un buen eslogan publicitario para promover la venta de viviendas, pero esconde la verdadera disyuntiva a la que se enfrenta quien quiere habitar una vivienda pero carece del patrimonio necesario para comprarla. La decisión oscila entre pagar una renta al propietario de una vivienda en concepto de alquiler, o pagar una renta a una entidad financiera para que le preste dinero para comprarla. En ninguno de los dos casos se tira el dinero, sino que se paga por un servicio.
El engaño también procede de ignorar que el titular no es propietario pleno de la vivienda hipotecada, ya que en caso de impago el prestamista pasaría a ser el propietario, desahuciando al titular de la misma. Sólo si el comprador paga religiosamente los intereses del crédito y devuelve el principal, acabará adquiriendo al fin la propiedad –libre de cargas– del inmueble. Y con los plazos tan dilatados que hoy se establecen para posibilitar los pagos, esto podría ocurrir dentro de treinta o cuarenta años, beneficiando con la plena propiedad del piso, más que al adulto que empezó a pagarlo, a los posibles herederos y al prestamista, que habría cobrado en forma de intereses cantidades que probablemente superen el importe mismo del piso.
Son las previsiones de evolución del tipo de interés y del precio y el alquiler de la vivienda las que determinan si saldrán mejor parados los que alquilan o los que compran, además de las desgravaciones o apoyos que la fiscalidad otorgue en uno u otro sentido. Con previsiones de tipos de interés al alza y de precios de la vivienda a la baja, el alquiler sería más recomendable que la compra y viceversa. De ahí que el afán de comprar venga avalado por el siguiente mito a comentar.
Tercero: “Los precios de la vivienda nunca han bajado ni bajarán”. La experiencia indica, por el contrario, que los precios bajaron en el pasado y, con mayor razón, podrán hacerlo en el futuro. Sin ir más lejos, el índice general de precios de la vivienda, elaborado por el antiguo Ministerio de Fomento, registró caídas para la media nacional cuando la anterior burbuja inmobiliaria, que se desinfló tras los festejos de 1992. En efecto, este índice cayó para la vivienda nueva durante 1992 y 1993 y para la vivienda usada durante 1992. Y hay que advertir que en el caso de la vivienda usada este índice tiene aversión a la baja, pues no se apoya en verdaderos precios de mercado sino de tasación que, al igual que los precios de los anuncios, acusan una inercia importante: cuando decae un período de auge aumenta el período de venta y los más necesitados de liquidez acaban vendiendo por debajo de los precios inicialmente demandados en los anuncios o atribuidos en las tasaciones.
En período de declive los precios de mercado tienden a caer más que los de tasación, tal y como confirma la experiencia del ciclo anterior, en el que los precios de las nuevas promociones –más acordes con los precios de mercado– cayeron mucho más que los de tasación de la vivienda usada. En cualquier caso el declive anterior fue corto, al igual que la memoria que se tiene de él. El hecho de que no tengamos experiencias de caídas estrepitosas y prolongadas de los precios de la vivienda, como las ocurridas en otros países, permite mantener impunemente el mito de la irreversibilidad a la baja de los precios de la vivienda, pese a que los espectaculares niveles alcanzados hacen mucho más previsibles que nunca correcciones a la baja. Sobre todo cuando las promociones nuevas están inundando el mercado, que ya cuenta con un importante stock de viviendas en venta.
Cuarto: “Hay que forzar la construcción de vivienda nueva para cubrir el déficit existente”. Cuando España encabeza a la Unión Europea en número de viviendas por cada mil habitantes no cabe seguir hablando de déficit de viviendas. Sin embargo España ocupa un lugar bastante modesto en número de viviendas principales por mil habitantes. La espectacular disociación que separa la dotación de viviendas totales y de viviendas principales se explica porque España también es líder europeo en viviendas secundarias y desocupadas por mil habitantes. Pues en el último boom inmobiliario han comprado y acumulado viviendas –como inversión más o menos compartida con el uso– quienes podían pagarlas, no quienes más las necesitaban para vivir en ellas. De ahí que la masiva construcción de los últimos años haya sobredimensionado el stock de viviendas sin que con ello se haya satisfecho la falta viviendas de la población más necesitada, habida cuenta el desplome de la vivienda social.
Quinto: “Los emigrantes son los grandes compradores de vivienda que compensan el declive de la demografía interna” o, también, “la demanda de viviendas se mantiene fuerte por la entrada de emigrantes”. En los últimos años el número de viviendas construidas alcanzó máximos históricos a la vez que la baja natalidad, que se viene observando desde hace treinta años, acentuó el envejecimiento de la población y redujo a mínimos históricos el crecimiento natural de la misma. Así, cuando el estancamiento y la previsible disminución de la demografía interna no reclaman para el uso las enormes cantidades de vivienda nueva que se están construyendo, se recurre a la justificación de los inmigrantes, confundiendo dos cosas bien distintas: necesidades de alojamiento y demanda solvente de vivienda.
Todo ello con tal de no reconocer que lo que mueve tan desmedidos afanes constructivos no es ningún empeño de satisfacer necesidades de alojamiento, sino el pingüe negocio de las plusvalías derivadas de las recalificaciones de suelo, siendo la construcción el medio colaborador necesario para posibilitar la transformación de los terrenos rústicos en suelo edificado, añadiendo como poco tres ceros a su valor.
Con todo, hay que matizar que, por contraposición a los inmigrantes-trabajadores, están los inmigrantes-inversores (turistas o jubilados) que sí han inflado sensiblemente la demanda de viviendas de uso más o menos estacional en los territorios insulares y del litoral mediterráneo.
Sexto: “No hay burbuja inmobiliaria: la escasez de suelo es la culpable del alto precio de la vivienda”. Esta idea queda sin respaldo cuando se observa que la expansión del suelo urbanizable ha venido superando ampliamente las necesidades de edificación. El precio del suelo urbanizable se calcula como saldo tras descontar del precio de venta (de los metros cuadrados construidos que admite) todos los gastos de promoción y construcción. El precio así obtenido sirve para estimar el valor del stock total de suelo urbanizable, que sólo en escasa medida se moviliza y construye. Vemos, por tanto, que el precio de ese producto final que es la vivienda atribuye valor al precio del suelo y no sólo al revés. De hecho ambos precios se ligan de forma indisoluble, ya que el precio de los solares que puede comprar un promotor se estima como saldo de la manera indicada y pesa inevitablemente sobre el coste de la vivienda.
La sobredimensión del suelo que se recalifica anualmente como urbanizable denota que este suelo se valora más por las expectativas que ofrece que como materia prima para construir ya mismo los muchos millones de viviendas o locales que cabrían en él y que sobrepasarían ampliamente las exigencias de uso y la demanda solvente. Y es que el suelo no es una materia prima como los ladrillos o el cemento, ni tampoco un salario. Ni la vivienda es un producto como los tomates u otros bienes de consumo. Ambos son bienes raíces que la gente valora y atesora por sí mismos.
La confusión arranca de ignorar el carácter patrimonial del suelo (y de la vivienda) y de razonar sobre sus mercados como si de cualquier otra mercancía-flujo se tratara. En el caso de mercancías que son producidas para ser vendidas y consumidas, no acumuladas, el precio es muy sensible a los flujos de producción y consumo. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de stocks que no son producidos para ser vendidos y consumidos –como el suelo, el dinero, las acciones… o las obras de arte– sino que se atesoran por sí mismos como inversión. En este caso su valor de mercado responde sólo a la pequeña fracción de dichos stocks que cambia de mano y se revela poco sensible al coste y a la producción del bien patrimonial en cuestión, dependiendo sobre todo de consideraciones y expectativas ajenas a éstos y de su comparación con el tipo de interés, que marca la retribución alternativa del dinero.
De ahí que sus precios se hayan visto impulsados al alza cuando la caída conjunta de la bolsa y el tipo de interés desincentivó las alternativas de inversión, induciendo a la gente a adquirir y conservar la propiedad de un amplio stock de suelo urbanizable y de viviendas como inversión más o menos encubierta. Y la mayor demanda de terrenos y viviendas acarreó subidas de precios que atrajeron nuevas oleadas de compras y nuevas perspectivas de revalorización, originando esa espiral de revalorización y compra especulativa (apalancada con créditos) que suele llamarse burbuja inmobiliaria. Como hemos indicado, la mitología al uso se empeña en decir, en contra de toda evidencia, que “no hay burbuja inmobiliaria”, sino subidas normales de precios derivadas de la escasez de suelo.
* José Manuel Naredo, economista y estadístico, Premio Nacional de Medio Ambiente 2000
El ecologista nº 46
Rebelión.org - 01-03-2007
¿Quién es más culpable de que el Urbanismo esté patas arriba?
RESULTADOS ENCUESTA (DIC-FEB): Como no podía ser de otra manera, el resultado de la votación no deja lugar a dudas (ver gráfico): "los políticos" han ganado por abrumadora mayoría (50%). Según nuestros sabios votantes, la clase política, en general, es la principal culpable del actual urbanismo "patas arriba". Y así sucede con los políticos, sean del color que sean o en dónde desarrollen su actividad. Lo mismo en el doméstico escándalo municipal que en las "competentes" autonomías. En el gobierno estatal "vigilante" o en el megachollo europeo.
En segundo lugar por número de votos (24%) figuran "los empresarios", auténticos motores del desarrollo (suyo) y verdaderas águilas del ladrillo y del cemento que, gracias al sudor de su frente y a la capacidad de los maletines de cuero negro, han conseguido multiplicar milagrosamente en poco tiempo su patrimonio.
En un discreto tercer puesto (12%) han quedado "los técnicos", profesionales del sector y del funambulismo oportunista, que han sabido adaptar sus ingentes conocimientos en la materia para hacer caja y, de paso, maquillar los desaguisados con discreción y buenos modales.
Por último, "los ciudadanos" de a pie se han debido conformar con un tímido 11% del total, que, sin duda, es expresión de su bisoñez y todavía escasa agudeza para aprovecharse de las ventajas del "sistema", como han hecho otros participantes de anteriores apartados.
Ah! y del "sursum corda" mejor no hablar.
Abusos Urbanísticos justifica el viaje de los europarlamentarios en el aluvión de quejas
S.N./R.B.* : "La asociación "Abusos Urbanísticos No" rechazó el aluvión de críticas vertidas por el Consell y los empresarios valencianos a la visita de la Delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo a Alicante para inspeccionar el urbanismo de la zona. Para esta entidad pionera en la denuncia de abusos urbanísticos cometidos al amparo de la extinta LRAU el viaje de la delegación de la UE está plenamente justificado para verificar "de primera mano" las miles de quejas de los ciudadanos en materia urbanística.
Los dos grupos de la oposición, PSPV y EU, secundaron los argumentos del colectivo.
Un comunicado oficial de esta plataforma, surgida en 2004 en la Marina Alta, resalta el derecho de los ciudadanos (españoles y extranjeros) supuestamente perjudicados por iniciativas urbanísticas "a su defensa por las instituciones europeas". El colectivo también rechaza el argumento lanzado desde el Consell de que se está gastando dinero público para el viaje. "Natural que empleen dinero público, tan público como el utilizado por el presidente del Consell, Francisco Camps, cuando pronto se largó a Bruselas para exponer a Herr Poettering, presidente del Parlamento europeo sus lemas de campaña, o el que ha financiado el viaje de la jefa de gabinete de la Consejería de Territorio y Vivienda a Bruselas para tratar de reducir al máximo posible las reuniones de esta delegación con los ciudadanos que denuncian prácticas abusivas", dice el nota.
El colectivo critica el esfuerzo institucional en "desautorizar misiones y declaraciones de gente que sólo trata de ayudar a los ciudadanos europeos, que somos todos, y en esconder o minimizar ante la opinión pública las actuaciones de tantos alcaldes y concejales que actúan a espaldas de sus municipios". "No podemos aceptar", concluye el comunicado, "que la defensa de los derechos humanos y cívicos de los ciudadanos de esta comunidad, el derecho a la propiedad, al medio ambiente, a la calidad de vida, a la salud, al paisaje y tantos otros se califiquen por parte de de quien no está legitimado para hacerlo como intromisión en debate estrictamente electoral".
Por su parte, el eurodiputado valenciano del PSOE Joan Calabuig consideró que el hecho de que una misión del Parlamento Europeo viaje a la Comunidad Valenciana para estudiar quejas urbanísticas demuestra que "no se han solucionado los problemas" ya denunciados por las instituciones comunitarias.
En declaraciones a los periodistas, Calabuig recordó que el Parlamento europeo aprobó en diciembre de 2005 un informe en el que censuraba la antigua Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y recomendaba ajustarla a la legislación europea. "El Parlamento Europeo vuelve a la Comunidad Valenciana un año y pico después, alarmado por el hecho de que no se han arreglado los problemas, y las peticiones y las quejas siguen llegando", dijo.
Mientras, el portavoz del grupo municipal de EU en Torrevieja, José Manuel Martínez, aseguró que la visita de los europarlamentarios, un grupo que defendió como "variopinto", responde a las múltiples demandas recibidas en el Parlamento Europeo de muchos ciudadanos, sobre todo ingleses. Martínez defendió como obligada una visita a la Comunidad Valenciana, "porque es en la que más irregularidades se han hecho gracias a la LRAU y ahora a la LUV". Y Torrevieja es, en su opinión, con 100.000 habitantes y 140.000 viviendas "prototipo de crecimiento insostenible", una "visita obligatoria", un "ejemplo de lo que no hay que hacer", explicó. El edil de EU contextualizó las críticas del PP en que "no le conviene esta visita porque los casos de corrupción urbanística y de imputados se han hecho muy famosos y no quieren ni oír hablar del tema".
*ELPAIS.com - Alicante - 28/02/2007
Jueces para la Democracia cree que la LUV no acaba con el "urbanismo masificado"
PANORAMA-ACTUAL* : "JpD manifestó su preocupación por un "desarrollismo sin límites, estimulado desde la administración autonómica e impulsado por determinadas instituciones locales, que está degradando nuestros paisajes más emblemáticos, como el litoral, los humedales, la huerta o las masas forestales".
Jueces para la Democracia (JpD) señaló que a pocos meses de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), se están detectando "síntomas preocupantes" de que dicha norma, ante la falta de restricciones legales, "facilitará la continuidad de las construcciones incontroladas y masificadas por parte de agentes públicos y privados".
"Ante la gravedad de la situación y las pérdidas irreversibles que ya se están produciendo para la integridad del territorio", considera necesaria una apuesta por el desarrollo sostenible, que pueda conciliar el crecimiento urbanístico con la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Por ello, realiza un firme llamamiento a las autoridades valencianas para que efectúen una defensa del patrimonio común y no favorezcan unas actuaciones especulativas que resultan contrarias al interés general.
En este sentido recordó la vigencia del artículo 47 de la Constitución, que proclama "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", lo cual debiera implicar "una ordenación del territorio valenciano inspirada en valores colectivos y no en concepciones que están originando enormes beneficios para unos pocos y perjuicios a largo plazo para el conjunto de la sociedad".
La asociación considera que las actuaciones contrarias a una protección razonable del medio ambiente y de los valores paisajísticos están siendo favorecidas por el modelo que efectúa la Generalitat Valenciana y por sus alegatos a favor de un supuesto dinamismo empresarial, que en realidad representa un aprovechamiento de beneficios inmediatos más que previsibles.
Desasosiego
Jueces para la Democracia comparte el "desasosiego" expresado por las instituciones europeas, que han señalado "el impacto desastroso que dichas actuaciones urbanísticas están causando en el medio ambiente, la ecología y el paisaje de la geografía valenciana, sin olvidar la hipoteca que afecta cada vez más a nuestros recursos naturales y los riesgos concretos referentes a las condiciones futuras de abastecimiento de agua", señala en el texto. También coinciden en mostrar su preocupación ante las denuncias sobre irregularidades urbanísticas y ante el creciente número de casos de corrupción que se investigan.
Valoran positivamente la actuación de los órganos jurisdiccionales, que están mostrando su sensibilidad frente a determinadas prácticas contrarias al sistema legal y en el ámbito de la sensibilización que esta problemática está causando en el ámbito de la judicatura ha organizado unas jornadas de reflexión sobre la necesidad de optar por un urbanismo diferente.
Dichas jornadas, que se organizan en colaboración con el Fòrum de Debats de la Universitat de València, contarán el jueves 1 con la presencia de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
*PANORAMA-ACTUAL - 27/02/2007
´La corrupción es una amenaza para la democracia´
MARISAGOÑI* : "La corrupción es una amenaza para la democracia", denunció ayer el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en el Club de Opinión Diario de Mallorca, donde ofreció una conferencia junto con el profesor de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Juanjo Ganuza. "Cuando uno lee en la prensa local un anuncio que dice ´se vende chalet en primera línea con acceso directo al mar y plataforma de roca privada´, entiende lo que está pasando en las islas", comentó Jiménez Villarejo, quien propugnó la "creación de una cultura cívica contra la corrupción".
"A más democracia no hay menos corrupción, sino igual o más corrupción que en las economías de transición" apuntó el ex fiscal, quien recetó un régimen de incompatibilidades más estricto en los municipios, la recuperación de controles internos como las advertencias de legalidad de los secretarios, registros públicos de los patrimonios de alcaldes y concejales y la eliminación de reservas competenciales a los primeros ediles, que posibilitaron en su día el ´caso Gil y Gil´. También subrayó la necesidad de reformar la ley de partidos, que ya va por la prórroga número 30 en el plazo de presentación de enmiendas. Criticó especialmente la negativa del PP a eliminar las donaciones anónimas, una figura que "puede tener luego sus contraprestaciones", y recordó condonaciones de deuda, como la del PSC por parte de La Caixa. El ex fiscal señaló que en España hay 45.800 inmobiliarias, de las que sólo 4.600 tienen más de tres empleados, según datos del GAFI, que ve en esta sobredimensión del sector "un espacio abierto a posibles lavados de dinero ilícito".
En materia urbanística, el ex fiscal repasó la "abundante jurisprudencia" emanada del Tribunal Supremo que tiene sus paralelismos con el ´caso Andratx´: casos de alcaldes y concejales que construían en su propio municipio, licencias otorgadas en suelos inedificables, o licencias que excedían lo permitido por el planeamiento, entre otros. También se refirió a "decisiones aparentemente lícitas que pueden ser fraudulentas" como las 227 modificaciones de planeamientos detectados por el Consell de Mallorca en la isla entre 1998 y 2000. Entre los municipios que tratan de evitar una revisión -figura más adecuada cuando hay muchos cambios- citó el caso de Santanyí, donde se registraron 74 cambios de planeamiento entre 1985 y 2003.
"Lo que para algunos es un problema para otros es un drama. La economía frena el desarrollo. En los países emergentes y del tercer mundo es una enfermedad mortal", afirmó Ganuza, tras presentar un mapa de la corrupción en el mundo, que permite extraer algunas conclusiones generales: la corrupción prolifera más en los lugares cálidos que en los fríos y se da más entre los católicos que entre los protestantes. Entre los más limpios, los países escandinavos, entre los menos, la Europa del Este y África.
Ganuza presentó varias máximas: cuando menos corrupto es un país, más rico es, más crece; cuando más corrupto es un país, peor desarrollo humano tiene, peor sanidad y peor educación; a mayor corrupción, mayor desigualdad. "La corrupción es una trampa. Cuando hay mucha la sociedad no lo ve mal. Por eso hay mucha. Crea una círculo vicioso", comentó el profesor, convencido de que "se corrompe porque el beneficio es mayor que el riesgo de ser descubierto y castigado". Como antídoto recetó más transparencia, un sector privado competitivo y liberalizado, participación social, prensa independiente, cultura democrática, judicatura eficaz e independiente y meritocracia en el acceso a la Función Pública. Según expuso, hasta el Banco de España denuncia que la corrupción frena el desarrollo económico, social y humano de una sociedad. Los conferenciantes recibieron una intensa ovación del público, entre los que se encontraba el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, acompañado de su segundo, Ladislao Roig.
*DIARIO DE MALLORCA, Martes, 27 de febrero de 2007
La ruta de los 'pelotazos' inmobiliarios
E.SÁNCHEZ* : "Una comisión del Parlamento Europeo visitará el próximo 3 de marzo el municipio serrano madrileño de Galapagar para comprobar in situ las denuncias de ciudadanos y partidos políticos sobre crecimientos urbanísticos excesivos. También tienen intención de recorrer Torrelodones, Alpedrete, Moralzarzal, Rascafría y Las Rozas, aunque todavía no está confirmado.
- Galapagar. Esta localidad, situada a 35 kilómetros de Madrid y con el 72,56% de su término protegido, aprobó de forma inicial en julio de 2005 un nuevo ordenamiento urbano. En él se prevé la construcción de 8.910 viviendas y un techo poblacional de unas 60.000 personas. En la actualidad, el pueblo tiene 32.096 habitantes. El plan impulsado por el PP ha suscitado el rechazo de los vecinos y de la oposición municipal (PSOE, IU y Foro Verde).
- En Torrelodones los escándalos urbanísticos rompieron el partido popular. El alcalde, Carlos Galbeño, del PP, expulsó a dos de sus concejales que habían denunciado supuestas corrupciones. Una de las cuestiones urbanísticas que más críticas vecinales ha levantado en el municipio es la intención del PP de recalificar el Área Homogénea Norte, una zona de 128 hectáreas, considerada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de gran valor ecológico. El Ayuntamiento pretende edificar en este entorno 1.536 viviendas y un campo de golf municipal.
- Alpedrete. El municipio, gobernado por el PP, está tramitando un plan general que, caso de ser aprobado, duplicará la población actual de 13.100 habitantes. Los vecinos se han unido en una plataforma y han recogido firmas en contra de los planes municipales. Denuncian que con el plan urbanístico que pretende aprobar el gobierno local se multiplicará la población del municipio.
- En Moralzarzal, el regidor, José María Moreno, del PP, ha vuelto a resucitar un viejo proyecto: el desarrollo urbanístico de Los Praderones. Esta finca fue declarada hace tres años suelo no urbanizable de especial protección. La Comunidad de Madrid ha rechazado los planes municipales para una zona conocida como Los Praderones en tres ocasiones.
- Rascafría. La alcaldesa de Rascafría, Yolanda Aguirre, del PP, se vio obligada a reducir a la mitad el número de viviendas previstas para su municipio. Pasaron de 1.600 a 900 debido al fuerte rechazo que provocó entre los vecinos y los socialistas, en la oposición, sus planes para el municipio.
- Las Rozas. El municipio, gobernado por el PP, prepara un plan urbanístico que elevará la población a 110.00 habitantes, el 47% más que la actual. La propuesta municipal prevé un límite de 7.556 nuevas viviendas y agota el suelo edificable de la localidad. Para el PSOE local, los cálculos del equipo de gobierno se quedarán cortos y según sus propias estimaciones alcanzarán los 130.000 habitantes en 10 años.
*ELPAIS.com - Galapagar - 27/02/2007
Un estudio de Medio Ambiente incide en el impacto del urbanismo en la costa de Málaga
FERNANDOJ.PÉREZ* : "Las aguas que bañan Andalucía recibieron en 2004, último año de que se disponen estadísticas, un total de 3.273 millones de metros cúbicos de aguas residuales tanto de origen industrial como agrícola y urbano. Este caudal, en gran parte depurado, llegó al mar a través de los 1.182 puntos de vertido autorizados por la Junta de Andalucía, según el último inventario de la Consejería de Medio Ambiente, actualizado en enero de 2007. Los datos se recogen en un estudio elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el estado ecológico del litoral malagueño.
De los 1.182 puntos de vertidos controlados por la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Junta de Andalucía, 402 pertenecen a la provincia de Cádiz. A continuación se sitúa Sevilla, con 230 puntos autorizados. Aunque esta provincia carece de litoral propiamente dicho, los vertidos al estuario del Guadalquivir en el que se mezclan aguas dulces y marinas, acaban afectando a la costa atlántica andaluza. Sevilla concentra además 77 de los 151 puntos de salida de aguas de origen agropecuario.
Huelva cuenta con 174 vertidos; Almería, 157; Málaga, 128 y Granada cierra la clasificación con 91 puntos. La naturaleza de los vertidos es mayoritariamente urbana, con 864 puntos, frente a los 151 que genera la actividad agropecuaria y los 148 producidos por la industria. La forma de conducción más habitual (976 puntos) es el desagüe directo en un curso de agua que va al litoral, mientras que en 80 casos, las aguas residuales llegan al mar a través de emisarios submarinos.
Las emisiones de aguas residuales no parecen afectar en gran medida a la calidad del agua en las playas, uno de los motores de la economía regional. Según los datos de la AMA, en 2005, el 85,6% de las aguas litorales cumplían los llamados valores guía de contaminación. El 13,79% se encontraban dentro de los valores mínimos exigidos y apenas el 0,63% incumplía los valores imperativos. El programa de vigilancia sanitaria de las aguas de baño litorales estableció 319 puntos de muestreo en 227 playas.
Según la Junta de Andalucía, estos buenos niveles se deben en gran parte a que las 63 aglomeraciones urbanas del litoral andaluz, con una población superior a los 5,4 millones de personas, cuentan con sistemas de depuración de aguas residuales.
Las poblaciones que presentan mayores problemas están en la provincia de Cádiz. En Algeciras, el Ministerio de Medio Ambiente acaba de adjudicar la construcción de la planta depuradora. En Bolonia y Chipiona las obras están en ejecución y en Tarifa los trabajos se encuentran pendientes de licitación. En otras diez poblaciones, como Benalmádena (Málaga), las depuradoras se han quedado pequeñas para acoger el caudal de aguas residuales, que forman las desagradables natas a la orilla del mar y se están acometiendo tareas de ampliación.
Los datos de los puntos de vertido, pertenecientes a la Junta de Andalucía, estaban recogidos en el Estudio Ecocartografico del Litoral de Málaga, un proyecto encargado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y que ha costado 2,14 millones de euros. Aunque como reconoce el director técnico del estudio, Rafael Consuegra, "se trata únicamente de un análisis descriptivo" del estado del litoral, tanto de las aguas como de los primeros 500 metros del espacio costero, el estudio hace numerosas referencias al impacto que ha tenido el urbanismo en el medioambiente costero malagueño.
El estudio ecocartográfico, que ocupa 26 baúles con 125 tomos, constata científicamente que los 164 kilómetros del litoral de la Costa del Sol "han sufrido en las últimas décadas una gran inestabilidad ambiental". Los autores señalan que "la falta de orden y planificación ha traido como consecuencia más inmediata una gran sobrepoblación, modificación de la línea de costa, excesiva infraestructura urbana y vertido de sustancias de desecho". Todas estas acciones, señalan, son "responsables del deterioro ambiental y del retroceso de la calidad de vida".
En el aspecto faunístico, la "fuerte presión urbanística" ha dejado como consecuencia una "escasez de zonas naturales bien conservadas". En cuanto a la flora, el litoral cuenta con al gunas áreas que mantienen interés "pero que podrían ser fuertemente degradadas en un futuro próximo debido al alto grado de amenaza por la creación de urbanizaciones y obras públicas", advierten los expertos.
La "excesiva urbanización" del litoral ha provocado en buena medida "la desaparición y grave alteración de numerosos yacimientos arqueológicos y paleontológicos y de edificios arquitectónicamente muy valiosos".
*ELPAIS.com - Málaga - 27/02/2007
Foto: Desagüe y vertidos en playas- ÁLEX ZEA / JOSÉ BIENVENIDO
Urbanismo, vivienda y medio ambiente
IgnacioConde* : "Últimamente, en los distintos medios de comunicación podemos encontrar noticias relacionadas con una corrupción urbanística que parece generalizada. Una de dos: o antes no existía o simplemente no resultaba tan interesante como para ser publicada. Lo curioso de todo esto es que no se trata ya de un problema de los grandes ayuntamientos sino que lo podemos encontrar a una escala inferior, en ayuntamientos como Gondomar o Barreiros.
En ocasiones, vemos como en estos pequeños ayuntamientos se imponen planes generales de ordenación que suponen duplicar o triplicar el número de vecinos (o al menos el número de viviendas) en un muy corto plazo, lo que, sin duda, supone un modelo de desarrollo urbano claramente insostenible.
Esta explotación abusiva del suelo es un gravísimo problema ya que rebaja la calidad de vida de los ciudadanos y condiciona la protección ambiental de la zona. Las administraciones públicas y, muy particularmente, los ayuntamientos, deben garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a una vivienda digna (este un mandato constitucional, nada menos), pero lo deben hacer desde el respeto al medio ambiente, protegiendo el interés general en la búsqueda de mejoras sociales y económicas para los ciudadanos y evitando abiertamente toda especulación abusiva en los distintos procesos urbanizadores.
Desde el punto de vista político, en los próximos meses, previos a las elecciones municipales del 27 de mayo, los ciudadanos tenemos una buena ocasión para saber por donde se mueven nuestros “ilustres representantes” y para decidir nuestro voto. No se trata sólo de escuchar las más o menos interesantes promesas que vamos a escuchar de unos y de otros, sino de valorar lo que ya han hecho tanto en el gobierno municipal como en la oposición según el caso.
Es mucho lo que nos jugamos, yo apuesto por un urbanismo sostenible que no olvide nunca la función social de la propiedad, que garantice un equilibrio entre el acceso a la vivienda, la protección de nuestro medio ambiente y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Parece misión imposible, pero se trata de aplicar el sentido común sin caer en la tentación de vincular el progreso de las comunidades locales con el crecimiento urbanístico.
En Santiago de Compostela, la concejala responsable de su magnífico casco histórico acaba de poner en marcha un plan más que interesante que consiste en conceder ayudas públicas para rehabilitar viviendas a cambio de su posterior alquiler a personas jóvenes a precios razonables.
Lo dicho, simplemente sentido común.
*Xornal.com, martes 27 de febrero de 2007
