Una zona verde sin vida

CARLOS ARRIBAS* : La demanda de los campos de golf está relacionada con el urbanismo depredador de baja densidad, y no con la demanda social de la práctica de un deporte. Con menos de 25.000 federados (el 6% de la federación española) no se puede decir que el golf sea un deporte de masas en el País Valenciano. La mayoría de los campos están vacíos todo el año excepto en épocas vacacionales. Con casi una treintena de campos de golf en funcionamiento, muchos de los nuevos proyectos de campos (otros 30), como los ya implantados, están relacionados con PAI, y aunque tienen todos los permisos oficiales, sin embargo, están en espera de tiempos mejores debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2007 que los paralizó. La Ley 9/2006 de 5 de diciembre, de la prolífica factoría Blasco, intentó desvincular los campos de golf de los proyectos urbanísticos, pero aprobada en puertas de la explosión de la burbuja, ha sido virtual, ya que no se aplica a los proyectos presentados antes de su aprobación.

La mayoría de los nuevos campos aprobados recientemente vienen de esa época y siguen relacionados con el mal llamado turismo residencial. El campo de golf es la dotación que prestigia y valoriza la urbanización, estableciéndose una gradación en los precios de las viviendas en base a la cercanía al green, igual que en la costa los apartamentos ven aumentar sus precios en primera línea de playa, independientemente de sus prestaciones reales.

El campo de golf se vende como un espacio de gran calidad ambiental, cuando en realidad no pasa de ser una zona verde artificial, con intenso tratamiento fitosanitario y un desierto en cuanto a biodiversidad, ya que fuera de las cespitosas y de algún árbol decorativo la vida está prohibida.

El riego de los campos de golf supone una presión importante sobre los recursos hídricos. Aunque la Ley 9/2006 recomienda el uso de aguas residuales depuradas, es práctica común y legal el uso de agua potable que compite con el uso agrícola, con el beneplácito muchas veces de las comunidades de regantes, hábilmente infiltradas por los promotores urbanísticos.


* Carlos Arribas es portavoz de Ecologistas en Acción del País Valencià.

* El País - 17.04.11
Foto: Golf_y_urbanización - ecologistasenaccion.org

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Madrid.- Una decena de bienes históricos, en peligro por obras y abandono

20MINUTOS* : El patrimonio histórico de la región corre peligro. Si nadie hace nada por evitarlo, al menos una decena de edificios, ruinas y paisajes podrían desaparecer en los próximos años. "Lo más penoso es que un monumento se venga abajo por el abandono total, y eso está ocurriendo. También sufren por una mala rehabilitación, por un uso inadecuado, por obras que no respetan su integridad o, incluso, por el expolio debido a la falta de vigilancia", cuenta Carlos Morenés, vicepresidente de Hispania Nostra, una asociación creada para defender el patrimonio cultural. Entre sus acciones está la elaboración de la Lista Roja del Patrimonio, donde se incluyen los ataques más flagrantes recogidos por los propios ciudadanos. En ocasiones, ni siquiera se respeta la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), que obliga a las administraciones a proteger los vestigios.

En riesgo

Ruinas romanas (Arroyomolinos). La rápida urbanización del municipio ha arrasado con los restos de villas romanas encontrados en la zona. "Han construido sobre miles de metros cuadrados de ruinas, en el segundo yacimiento romano más importante de la región [del siglo III]", critica Santiago Martín, de Ecologistas en Acción. La crisis del ladrillo ha dado un respiro al área.

Casa de Canto del Pico (Torrelodones). Este edificio, situado en lo alto de un monte y visible desde la A-6, fue construido en los años 20 del pasado siglo y estuvo habitado hasta hace tres décadas. Casa de Canto del Pico (Torrelodones).Después ha quedado abandonado y con amenaza de ruina a pesar de haber sido declarado BIC. "Viene sufriendo actos de vandalismo y robos por parte de intrusos", según Isabel Pérez, la ciudadana que ha alertado de su deterioro. "Allí entran a dormir, a hacer juergas y han expoliado todo lo valioso", añade Morenés.

Capilla Universitaria San Ildefonso (Alcalá). Uno de los primeros edificios de la Universidad de Alcalá, del siglo XVI, sufre un "deterioro progresivo", según el Grupo en Defensa del Patrimonio Complutense. Han detectado humedades y grietas en los muros, y desprendimientos y suciedad en el sepulcro de Cisneros.

Castillo de Torrejón de Velasco. "El paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas están provocando que se caiga a trozos, sin que nadie lo remedie", dice el vicepresidente de Hispania Nostra. Este castillo, del siglo XV, está parcialmente en ruinas y "sometido a agresiones de desalmados". Existe un proyecto de rehabilitación.

Ermita de la Virgen de la Oliva (Patones de Arriba). Solo permanece en pie el ábside de esta construcción del siglo XII. Además, lo que queda está en ruinas, con riesgo de desprendimientos e invadido por maleza tanto en el interior como en la techumbre.

Ermita de San Polo (Aldea del Fresno). Uno de los pocos ejemplos del arte mudéjar en Madrid está en "ruina progresiva por total abandono", según Juan Durán. En su entorno hay restos arqueológicos sin proteger contra el expolio.

Frontón Beti Jai (Madrid). La lucha vecinal ha conseguido que se declare BIC, con lo que la Comunidad podrá obligar a su propietario a que lo restaure. Actualmente, este ejemplo de arquitectura deportiva del siglo XIX está en estado de ruina por falta de mantenimiento y en peligro de derrumbe.

Jardines de Las Vistillas (Madrid). El minivaticano que proyectan el Arzobispado y el Ayuntamiento de la capital amenaza con destruir los jardines y tapar el perfil histórico del parque de la Cornisa. El TSJM ha sentenciado en contra dos veces, pero el Ayuntamiento quiere seguir adelante. De hecho, la Iglesia ha levantado ya un muro sin permiso municipal.

Canal del Manzanares (Madrid, Getafe y Rivas). El canal que hacía navegable el río hasta Rivas está sufriendo las obras del AVE a Valencia, como destaca Álvaro Bonet. Adif estudia restaurar una de las esclusas que han salido a la superficie para musealizarla.

No hay marcha atrás con la M-501

La Comunidad desdobló la M-501 (Carretera de los Pantanos) pese a que la construcción de la vía estaba tramitándose en los juzgados. En febrero, el Tribunal Supremo rechazó un recurso del Ejecutivo regional contra una sentencia en contra del TSJM, con lo que la declaración de la obra como ilegal cobró firmeza. Sin embargo, ya no había marcha atrás: la obra ya estaba hecha y no había forma de recuperar el estado original del entorno. Ahora, incluso quieren ampliar la carretera hasta Ávila.


* 20 Minutos - 18.04.11
Foto: Madrid, Las Vistillas con obras minivaticano - 20minutos

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Balears tiene suelo urbanizable vacío para albergar a más de medio millón de habitantes

DIARIODEMALLORCA* : Balears cuenta actualmente con suelo urbanizable sin ocupar suficiente para dar cabida a más de medio millón de habitantes, y ello pese al intenso consumo de territorio que se ha registrado en las islas entre 2001 y 2008, unos años en los que las nuevas edificaciones han ocupado el equivalente a medio campo de fútbol diario. En concreto, estos terrenos vacantes permiten levantar un total de 160.180 nuevas viviendas. Estas son algunas de las conclusiones del estudio sobre suelo disponible en las islas que durante el último año y medio ha elaborado la conselleria de Movilidad y Ordenación del Territorio. En este informe se destaca que en 2001 el archipiélago disponía de 5.835 hectáreas de terrenos urbanizables sin ocupar, una extensión que en 2008 se había visto reducida hasta las 3.949 hectáreas aproximadamente.

Y la principal causa de este fuerte recorte ha sido el boom del ladrillo que se vivía durante ese periodo, y que ha generado un consumo de 1.069 hectáreas. Las 817 restantes que han desaparecido se explican por los cambios en la normativa urbanística que se han aprobado, incluida la protección que se ha aplicado sobre algunas zonas.

El director general de Ordenación del Territorio del Govern, Bernat Aguiló, pone de relieve que estos datos "reflejan las dos tensiones que han caracterizado los últimos años: las prisas por construir y el impulso que desde las Administraciones se ha querido dar a la protección de muchas zonas del archipiélago".
Pero para apreciar el alcance de estos cambios, basta señalar que en 2001 el suelo residencial y turístico que ya estaba edificado tenía capacidad suficiente para albergar a 1,4 millones de habitantes. Siete años más tarde, ese potencial se ha incrementado hasta los 2,1 millones de plazas. Y ello teniendo en cuenta que la población residente en el archipiélago es en realidad de 1,1 millones de personas, a los que hay que sumar los visitantes que cada año pasan temporadas en nuestro territorio.
Como se ha indicado anteriormente, si se consumiera todo el suelo vacante que todavía queda en Balears, esa cifra de plazas se elevaría en 508.191 más, lo que supondría que las islas tendrían una capacidad para albergar a 2,6 millones de individuos.
Bernat Aguiló, pone de relieve que a partir de 2008 el consumo de suelo se ha visto prácticamente paralizado a causa de la crisis en el sector inmobiliario, pero no oculta que el ritmo con que se construía durante la etapa del boom era claramente insostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental y paisajístico –un hecho fundamental para una comunidad autónoma que vive del turismo y, consecuentemente, de la calidad de su entorno–, sino incluso para las arcas de las Administraciones públicas.
El director general de Territorio admite que ni el Govern ni los Consells o los Ayuntamientos pueden hacer frente a la dotación de nuevas infraestructuras necesaria para dar servicio a semejante aumento de población, ya sea en materia de carreteras, centros de salud o escolares, por citar algunos ejemplos.
Porque la actual capacidad estimada de 2,1 millones de habitantes en las plazas ya edificadas no contempla aquellos casos en que un solar está ocupado por un inmueble de una o dos alturas y que realmente podría ser todavía más alto según el planeamiento urbanístico, de ahí que la cifra antes señalada podría ser incluso superior.

Crecimiento extensivo

El estudio elaborado por la Conselleria no solo analiza cuanto suelo queda y cuanto se ha consumido, sino también las características del mismo. Y uno de los aspectos que llama la atención es que un 42% de los terrenos que quedan vacantes están pensados para albergar únicamente al 14% de las futuras plazas, dado que están destinados a viviendas unifamiliares.
Según Bernat Aguiló, este hecho refleja también el desarrollo urbanístico que se ha dado durante los últimos años, con un fuerte consumo de territorio para dar cabida a una cifra baja de habitantes, y del que Marratxí se ha señalado siempre como uno de los ejemplos más claros.
Del suelo vacante que todavía queda en las islas, 1.688 hectáreas, el 42% del total, están destinadas a viviendas unifamiliares aisladas, en las que se podrá dar cabida a 68.967 personas, únicamente un 14% del total del crecimiento posible. La desproporción, según lamenta el director general de Ordenación del Territorio, es evidente. Mayor equilibrio existe en el caso de los adosados, para los que se reserva un 11% de los terrenos vacantes con el fin de albergar a un 8% del aumento poblacional.
Por contra, el suelo sin ocupar para futuras viviendas plurifamiliares alcanza una superficie de 12.080 hectáreas, alrededor de un 28% del total, pero en él tendrán cabida el 58% de los futuros residentes. El 19% de suelo restante se asigna a otras tipologías.
Por islas, Mallorca es la que tiene asignado un menor porcentaje de plazas para las construcciones de carácter unifamiliar, mientras que las Pitiüses concentran las tasas más elevadas.
"Cada núcleo de población tiene sus propias características y necesidades –apunta Bernat Aguiló–, pero como principio general es mucho mejor que el desarrollo urbanístico sea más compacto, ya que además de consumir menos territorio hace que las infraestructuras estén más cerca y reduce las necesidades de hacer uso del vehículo privado. En cualquier caso, ni es bueno el modelo de Los Angeles ni el de Hong Kong, por citar los dos extremos".
Un aspecto que pone de relieve el representante del Govern es que este informe no contempla las construcciones que se han desarrollado en suelo rústico ni las que se pueden haber registrado en los polígonos industriales.
Por otro lado, indica que este análisis del suelo vacante ha implicado un año y medio de trabajo, una parte del cual ha supuesto analizar las fotografías aéreas tomadas en 2001 y 2008. En cambio, con el nuevo Mapa Urbanístico de Balears (MUIB) que estará operativo en pocas semanas, este informe se podrá ejecutar en cuestión de días.


* Diario de Mallorca - 17.04.11
Foto: Baleares, urbanizaciones a pie de costa - Pep Vicens (El Mundo)

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Planes en barbecho en el Camp de Túria

ELPAÍS/Valencia : La zona que más proyectos de golf concentró en toda la Comunidad Valenciana durante el boom urbanístico fue la comarca de Camp de Túria, donde nueve localidades promovieron 10 campos de golf en 17 millones de metros cuadrados, la mayoría de suelo rústico cultivado que hoy ha degenerado en un paisaje desolador. Centenares de agricultores vendieron sus campos convencidos del Gran Dorado que atraería el desarrollo urbanístico aparejado al golf. Pero la comarca está ahora jalonada por grandes secarrales. El de La Pobla de Vallbona es un ejemplo paradigmático de esta evolución. Una empresa vinculada a Lubasa y Edival, adjudicataria del PAI del Sector Golf, ha acordado con el Consistorio la rescisión del contrato. Este plan pretendía la construcción de un campo de golf y 3.118 viviendas en la huerta histórica del municipio.

Tras la huida del urbanizador, un empleado municipal ofrece a los agricultores el cultivo gratuito de los mismos campos para evitar incendios. Y como en la huerta histórica solo pagan 12 euros por hanegada y año por toda el agua que necesiten, entre unos pocos han acumulado centenares para cultivar alfalfa como pienso, con rentabilidades de entre 500 y 1.000 euros anuales por hanegada.

El aluvión de proyectos en la zona arrancó en 2002, cuando Sedesa presentó su proyecto estrella en la feria Urbe: 2.006 viviendas, campo de golf, un hotel y un centro comercial en 2,2 millones de metros cuadrados en Llíria. En pocos años se presentaron otros nueve campos de golf que contemplaban 25.871 nuevas viviendas.

Benaguasil, Nàquera (con dos propuestas), Serra, Bétera, Vilamarxant, Riba-roja, San Antonio de Benagéber y hasta Pedralba vieron en estas promociones la forma de obtener ingresos con la reclasificación del suelo. En Benaguasil, su alcalde, José Joaquín Segarra, del PP, firmó un convenio con Lubasa (4.400 viviendas, un campo de golf con hotel) y recibió 3,5 millones de euros en concepto de mejoras, pero el proyecto incumplió la condición de aprobarse en dos años. En Bétera, la empresa Onofre Miguel presentó otro de 1.380 viviendas con campo de golf previa compensación al Consistorio de seis millones.

En la comarca destacaron especialmente los planes del grupo Llanera, con el Montehorquera Golf (4.071 viviendas) en Vilamarxant y el Riba-roja Golf Resort (4.650 casas en 2,36 millones de metros) en la localidad del mismo nombre. Pero Llanera se pasó tres años en suspensión de pagos y nunca más se supo.

Hasta la Serra Calderona se vio amenazada por 7.100 casas, cinco campos de golf, hoteles y zonas comerciales. Los de Náquera y Serra implicaban 3.500 viviendas en suelo protegido. Otro de los proyectos que se ha quedado en el camino es el de San Antonio de Benagéber, de 3.246 viviendas.


* El País - 17.04.11
Foto: La Pobla de Vallbona (Valencia) - laregioninternacional.com

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Illa de Arousa, a precio de oro

ELPAÍS/Galicia* : Vivir en A Illa de Arousa era bastante más caro después de la construcción del puente. Una revalorización del suelo que casi se multiplicó por diez tras la aprobación del Plan de Ordenación Urbana en 2002, que impuso fuertes restricciones a la expansión del ladrillo. Pero ahora, el Plan de Ordenación del Litoral (POL) reduce en un 70% aquellas previsiones, lo que elevará a precio de oro los pocos terrenos donde se permite construir. Una licencia que, además, tendrá carácter autonómico, relegando las competencias en urbanismo del Gobierno local. Las previsiones del POL han provocado una rebelión entre los habitantes del único municipio insular de Galicia y han unido al PSdeG, en el Gobierno local, al PP y al BNG. Los tres partidos consensuaron las alegaciones al plan de la Xunta pero todas fueron desestimadas y sin posibilidades de negociación.

Ahora, el grupo de Gobierno socialista ha emprendido acciones judiciales contra la Xunta para evitar que el urbanismo del municipio "sea una decisión discrecional del conselleiro o la conselleira de turno". Será el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) el que decida si las normas autonómicas vulneran los derechos adquiridos por los vecinos, que están pagando como suelo urbano lo que se convertirá en rústico, y si invade el principio de autonomía municipal. Porque los territorios que no están afectados se incorporan a un fichero de la Xunta, bajo unos criterios aún sin definir, en los que no podrá decidir el Ayuntamiento.

Políticos y vecinos pretenden que sean los tribunales los que reconozcan la viabilidad del planeamiento municipal, donde implícitamente ya se recoge la definición de "singularidad" de la isla. Un tratamiento especial que por su propia orografía y las características del territorio insular, en su mayor parte no apto para la creación de nuevos núcleos urbanos, puso techo al crecimiento hace ya nueve años. Pero la "singularidad" de A Illa de Arousa está sin concretar en el planeamiento autonómico pese a los intentos de hacerlo por parte del Gobierno insular, que solicitó una reunión con el director general de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, y la secretaria general de Urbanismo, Encarna Rivas.

De las 108 hectáreas que el Ayuntamiento contempló en sus previsiones de crecimiento y cuyas ordenanzas permiten construir en sus principales calles un máximo de edificabilidad de bajo, dos alturas y bajo cubierta, la normativa autonómica sólo deja 32 abiertas a futuras licencias, además, en zonas que están urbanizadas. Pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG podría tardar años en resolver el recurso y mientras tanto, el Gobierno local tiene claro que será el plan de urbanismo municipal el que regule la construcción y no las normas de la Xunta. La solución convertiría al Ayuntamiento en infractor, una medida que podrían imitar otros municipios costeros en similares circunstancias donde el impacto del POL es notable. Es el caso, por ejemplo, de O Grove, que tampoco descarta la vía del contencioso, o Sanxenxo, también molesto con el bloqueo urbanístico impuesto por la Xunta.

Con un crecimiento vegetativo positivo y una población de 5.020 habitantes, que casi se triplica en verano, la propiedad en A Illa también tiene sus peculiaridades, que quedan perfectamente reflejadas en un curioso plano del catastro, donde cientos de rayas casi imperceptibles delimitan minúsculas tiras de terreno que apenas tienen un metro de fachada. Por tradición, en A Illa la tierra se divide en partes iguales entre los herederos, por lo que cada vecino puede ser propietario de varias fracciones y hay que ponerse de acuerdo para reunir la superficie necesaria donde poder construir. El impacto del POL, en términos económicos, convertirá a la mayoría de los isleños en bastante más pobres y a unos pocos mucho más ricos. "Aquí todo el mundo está afectado porque la propiedad está muy dividida y la gente no entiende de ideologías cuando le tocan su patrimonio", afirma el alcalde, Manuel Vázquez.
Un acto de "mala fe"

Aunque el regidor y candidato socialista a la reelección en A Illa de Arousa prefiere dejar aparcadas las valoraciones políticas, Manuel Vázquez vierte duras acusaciones contra el Gobierno gallego. "Podíamos hacer mucha demagogia con esto, pero no voy a entrar en partidismos. El nuevo mapa de ordenación del territorio es la prueba de que la Xunta ha actuado de mala fe", afirma el regidor.

"En estos 12 años nunca conocí una Administración tan nefasta para el municipalismo, algo que no ocurría ni en el Gobierno de Fraga. Con él no nos hubieran tenido de despacho en despacho, unos pasando la pelota a otros, como si fuésemos una bola de pimpón. Y esta apreciación no es sólo mía, muchos alcaldes la compartimos, pero en petí comité", comenta.

"Después de rechazarnos el 100% de las alegaciones, nadie en la Xunta nos ha dado la más mínima explicación, las vías de negociación están agotadas y ni siquiera han contestado las reclamaciones de particulares. Esto es contestar con el silencio administrativo y al menos los ciudadanos merecen una explicación, es una tomadura de pelo", se lamenta el alcalde. Esta no será la primera vez que A Illa defienda en los tribunales su modelo de urbanismo. El recurso contra Costas del Estado permitió el desbloqueo de algunas zonas urbanas vetadas por la ley.


* El País - 17.04.11
Foto: Arousa, illa - farodevigo.es

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'Malaya'.- Tres eran tres, las cajas de Montse Corulla

EL CONFIDENTE* : El mismo día que la fulgurante carrera de Montserrat Corulla se truncó, recibió un sms poco antes de las diez de la mañana, un sms procedente del celular de su adiestrada secretaria, Ursula Quinzano. El texto decía: "Montse, llámame. Policía de paisano preguntando por nosotros. Valeriano, el portero, no le ha dejado entrar”. Aquellas escuetas palabras eran el principio del fin. La mujer de paja encargada de gestionar los negocios hoteleros de Juan Antonio Roca no era consciente ni de que iba a ser detenida, ni del gran interés que tenían sus conversaciones telefónicas. Uno de los agentes de la unidad de blanqueo de la Comisaría General de Madrid, que ha declarado estos días en la vista que se sigue por el caso Malaya, aseguró que la abogada había intentado ocultar tres cajas con documentación minutos antes de que la Policía irrumpiera en sus oficinas y la detuviera. Lo que letrada ignoraba entonces era que, además de las grabaciones de la policía, también el novio que tenía había pinchado su teléfono por motivos diferentes a los judiciales: celos puros y duros.

La mañana del 29 de marzo de 2006, Ursula Quinzano, hizo lo posible por poner ‘a salvo’ cierta documentación. Para ello se valió del bueno de Valeriano, el fiel portero, que se las agenció como pudo para que los agentes no se colaran en el inmueble de Príncipe de Vergara 47, sede de la empresa Condeor S.L. administrada por Corulla. A este empleado de la finca le caía bien doña Montserrat y, llegado a este extremo, intentó proteger los intereses de la inquilina de la finca. Pero ya era tarde. La policía sabía que la secretaria de Corulla le había entregado al conserje tres cajas con documentos. Valeriano ya no podía erigirse como el héroe de la femme del velo blanco.

Montse nunca admitió nada. Tal y como viene siendo habitual en sus declaraciones en el juicio, Corulla lanzó balones fuera y no asumió haber ordenado nada a su fiel secretaria. Más aún, la empresaria dijo que toda la responsabilidad de lo sucedido con las cajas era de su empleada.

“Toda la Policía Judicial tras mis pasos”

Sin embargo, gracias al aviso de su subordinada, Corulla telefoneó desde su coche a su amigo Agustín y le ordenó que tuviera "bien guardado" lo que “le había dado” porque ella tenía "a toda la Policía Judicial" tras sus pasos. De igual forma, mandó poner a buen recaudo una serie de documentos. Estos documentos, junto con los que bajaron en cajas al portero, versaban sobre los hoteles que gestionaba y su vinculación con Roca.

Agustín Aguirre era administrador único de Aguirene, la sociedad que compró el viejo frontón Beti-Jai. En aquellos momentos, Corulla estaba realizando las gestiones ante la Gerencia de Urbanismo para lograr el cambio de uso del espacio, de deportivo a residencial. Cuando el juez se ha interesado por las cajas, lo único que ha dicho ávidamente Montse es que Roca le había encargado a Ursula Quinzano que realizara unas copias de ese material y la secretaria había aceptado con el objetivo de ganar algún dinero extra. Tres eran tres las cajas de Montse.


* El Confidencial - Opinión - 15.04.11

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La policía registra el despacho de abogados del hermano de la alcaldesa de Alicante por el 'caso Brugal'

ELPAÍS* : Agentes de la Policía Judicial registraron ayer, durante casi siete horas, el despacho que comparten en Alicante el abogado y exconcejal socialista Javier Gutiérrez, y el también letrado José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante y número uno de las candidaturas del PP a la Alcaldía de la ciudad y a las Cortes Valencianas, Sonia Castedo. El registro se llevó a cabo por orden del juzgado de Instrucción nº5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, investiga la pieza separada del caso Brugal que tiene que ver con supuestas irregularidades en el del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, plan que empezó a elaborarse siendo alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi y concejal de Urbanismo la actual alcaldesa.

Los agentes informaron de que se trataba de una "inspección rutinaria" ordenada por el juzgado que se efectuó en estas oficinas, en la Casa Salvetti de la calle Castaños de Alicante. Según fuentes del caso la Policía se llevó abundante documentación relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y dos ordenadores que se encontraban en las oficinas, aunque antes de su retirada permitieron que el personal de la empresa copiara los discos duros, según publican hoy los diarios Información y La Verdad.

El magistrado Manrique Tejada investiga varios presuntos delitos en la confección del Plan General de Alicante que se habrían descubierto a raíz de la intervención de distintos teléfonos, entre ellos el del empresario Enrique Ortiz, como consecuencia del sumario abierto en Orihuela para determinar si hubo irregularidades en la concesión de una planta de basuras de la comarca al citado empresario y al también industrial oriolano Ángel Fenoll por parte de la Diputación Provincial que preside José Joaquín Ripoll, imputado en ese caso y número dos de la candidatura de Alicante del PP.

Como consecuencia de esas escuchas se apreciaron otros posibles delitos distintos al que originó el caso y que fueron remitidos por el juez de Orihuela Carlos Sanmartín, en piezas separadas, a distintos juzgados de la provincia, entre ellos el que preside el juez Tejada.

En este caso, entre otros se investiga un posible tráfico de información privilegiada para beneficiar supuestamente al empresario Enrique Ortiz.


* El País - 15.04.11
Foto: Alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es

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La Audiencia juzga al ex concejal de Urbanismo de Tías para el que la Fiscalía pide 6 años de prisión

DIARIODELANZAROTE* : El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tías, José A.Reyes, se sentará el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo 27 de abril acusado de un delito de falsedad documental en un expediente sancionador a Indelasa por el que la Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión. El origen del caso se remonta al año 2000. En septiembre de ese año, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) emite un informe en el que concluye que un depósito de áridos en suelo rústico potencialmente productivo construido por Indelasa no cuenta con calificación territorial del Cabildo ni con licencia municipal. Al mes siguiente, el Ayuntamiento de Tías abre un expediente sancionador a la empresa y ordena, entre las medidas sancionadoras que podrían llevarse a cabo, “la reposición de la realidad física alterada” como consecuencia de las obras.

Por su parte, y a la vista de que tampoco contaba la empresa con permiso de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias para la construcción de un edificio en suelo rústico, la Apmun decide suspender las obras y precintarlas el 6 de octubre del año 2000. Al mismo tiempo, da un plazo a Indelasa para que trate de legalizarlas.

En julio de 2001, la Agencia de Protección del Medio se dirige al Ayuntamiento de Tías para conocer “si se había procedido a la demolición” de las obras. La respuesta municipal la ofrece el entonces concejal de Urbanismo, según la Fiscalía, “con la palmaria intención de faltar a la verdad en el ejercicio de su cargo público”.

Reyes indica a la Agencia, en agosto de 2001, que el procedimiento sancionador a Indelasa “había finalizado con el abono de la correspondiente sanción” y que las obras “habían sido legalizadas”. Esa contestación, según el fiscal, “faltaba notoriamente a la verdad de los hechos” por cuanto las obras ni se habían legalizado ni hubieran podido legalizarse.

En ese sentido, el fiscal recuerda en su escrito de acusación que el Cabildo denegó en 2004 la calificación territorial. Y que el acusado envió a la Agencia de Protección del Medio una documentación que no tenía nada que ver con las obras “construidas ilegalmente por Indelasa” sino con una solicitud de “vallado y plantación de palmeras”.

“Maniobra de engaño”

La Fiscalía considera que está clara “la manipulación subrepticia efectuada por el acusado” y añade que “con esta maniobra de engaño se pretendía, en definitiva, hacer ver a la Apmun que por parte de la Corporación municipal de Tías se había hecho el conveniente uso de la potestad sancionadora en defensa de la legalidad urbanística”.

Así, añade el fiscal en su escrito de acusación, lo que supuestamente hizo el entonces concejal de Urbanismo y hombre fuerte del PSOE de Tías fue impedir “la actuación sancionadora de la Agencia y la reparación del orden jurídico menoscabado”.

Por ello, el Ministerio Fiscal solicita que sea condenado por un delito de falsedad documental a una pena de seis años de prisión, inhabilitación por el mismo tiempo y una multa de 14.400 euros.


* Diario de Lanzarote - 16.04.11
Foto: Tías (Lanzarote) - clubrural

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Málaga.- La crisis y el retraso del PGOU impide llenar los vacíos industriales

SUR* : Hace mucho que su poderío industrial se esfumó, pero la transición de Málaga como ciudad manufacturera a la urbe turística, tecnológica y de servicios que pretende ser en el siglo XXI aún no se ha completado. Y no lo habrá hecho hasta que los vacíos que dejó el ocaso de la actividad fabril queden cubiertos por otros elementos urbanísticos más acordes a esa nueva definición de ciudad. A vista de pájaro es fácil identificar las grandes cicatrices que ha dejado en la ciudad la desaparición de sus mayores infraestructuras industriales: los depósitos de Repsol, la Térmica, la fábrica de teléfonos Citesa, Confecciones Sur, la industria química del Amoniaco y los talleres de Hitemasa, entre otras. El espacio que un día ocuparon aquellas industrias tan señeras está hoy baldío, transformado en enormes solares que, según la estación del año, ofrecen un aspecto embarrado, terrizo o herboso. Y no por falta de ideas sobre qué hacer con estos terrenos, pues sobre ellos están diseñados algunos de los proyectos urbanísticos que más podrían contribuir a cambiar la imagen de la ciudad.

Pero los continuos retrasos en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, sobre todo, la crisis han congelado su desarrollo. Actualmente, la mayoría de las iniciativas para construir torres de viviendas, oficinas, hoteles o parques empresariales donde un día humearon fábricas están completamente en el aire.
El ejemplo donde más claramente se observa la nefasta conjunción de la mala coyuntura económica y las trabas burocráticas es el de las torres de Repsol. En 2006, el Ayuntamiento de Málaga firmaba el convenio urbanístico más cuantioso ligado al nuevo PGOU: un acuerdo con la promotora Comarex abría la puerta a la construcción de los primeros rascacielos de la ciudad -cuatro bloques con 1.300 viviendas- en los terrenos de los antiguos depósitos de petróleo, en lugar del gran parque que en principio se había proyectado. A cambio, el consistorio se embolsaría 82,3 millones de euros. Cinco años después, el PGOU sigue sin estar totalmente aprobado, al Ayuntamiento le faltan por embolsarse 70,3 millones y la situación económica ha cambiado mucho, demasiado. De hecho, la promotora del proyecto, que ya no es la misma que en 2006 -ahora lo lideran Caixa Galicia y el Grupo Dae-, ha pedido revisar la cantidad a pagar.
Las cuentas no salen
Y es que las cuentas no salen. Los pisos no se venden al mismo precio que hace cinco años; es más, ni siquiera se venden. El mismo problema le han mostrado al Ayuntamiento los promotores de Citesa y La Térmica, también condicionados al nuevo plan de ordenación urbana. La antigua fábrica de Martiricos fue demolida el año pasado a toda prisa después de que surgieran voces que pedían su protección arquitectónica, pero el proyecto para construir dos rascacielos, un edificio de VPO y un parque aún no tiene fecha de inicio puesto que sus promotores, Espacio y Unicaja, están negociando una rebaja de los 11,6 millones de euros que deberán abonar al Consistorio cuando entre en vigor el PGOU.
El extenso solar que dejó La Térmica quedará pronto desocupado cuando las instalaciones de Limasa se trasladen a su nueva ubicación en Los Asperones. Pero el proyecto para construir viviendas, oficinas y hoteles en esta zona está ligado a un convenio de 40,6 millones de euros que Endesa debe pagarle al Ayuntamiento cuando se publique el nuevo PGOU. Y esa cantidad de dinero también está en cuestión.
Más compleja aún es la situación urbanística del enorme solar de la fábrica del Amoniaco. Parte del terreno está destinado a albergar la ampliación del Centro de Transporte de Mercancías, mientras que otra parte previsiblemente servirá para reubicar las naves del polígono San Rafael. Unas actuaciones que están vinculadas a un acuerdo que firmaron hace nada menos que 12 años el Ayuntamiento y la Entidad Estatal de Suelo Sepes, y que ahora está dando sus primeros y tímidos pasos. Una tercera zona de este sector, destinada a albergar viviendas, está vinculada al nuevo PGOU.
Otras actuaciones proyectadas sobre suelos industriales no se han visto retrasadas por trabas urbanísticas, sino simplemente por la crisis inmobiliaria. Es el caso de Innova Park Málaga, el parque empresarial diseñado sobre los terrenos de Hitemasa. En 2008 debería haberse puesto en servicio la primera fase de este ambicioso proyecto, cuya inversión prevista superaba los 120 millones. Pero los problemas internos de su promotora -un consorcio liderado por ING- y la falta de perspectivas de comercialización dieron al traste con todos los plazos. Hoy sigue sin saberse cuál será su futuro.
Los bloques de viviendas proyectados en el espacio que ocupaba Confecciones Sur y el complejo de oficinas planteado en Cervezas victoria -una de las pocas fábricas que aún sigue en pie, aunque en desuso- también están en el aire por problemas financieros de sus promotores o, simplemente, por la falta de una coyuntura económica apropiada.


* SUR - 17.04.11
Foto: Málaga, terrenos Repsol vista aérea - laopinionmalaga

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Vigo.- El TSXG ratifica derribar una urbanización en Navia proyectada como residencia estudiantil

FARODEVIGO* : El Tribunal Sup. de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado un serio varapalo a los dueños de una urbanización con medio centenar de apartamentos en la parroquia de Navia y a solo 500 metros de la playa de Samil. La alta instancia judicial desestima el recurso presentado por la comunidad de propietarios contra una primera sentencia ya condenatoria del Juzgado de lo Contencioso nº2 de Vigo, y ratifica el derribo decretado por el Concello en 2008. Los bloques integrados en el recinto, denominado Residencial Gran Lar y situado en la calle Redondo, fueron construidos en 1995 con una licencia para residencia de estudiantes, y el TSXG emitió tres años después una dura sentencia en la que anuló el permiso al resultar acreditado que el fin al que se dedicaron los inmuebles era el de "urbanización destinada a la venta y subsiguiente adquisición en régimen de propiedad privada de cada una de las viviendas y apartamentos que la integran", reza el texto. La nueva resolución señala que es inviable la legalización "ante la evidente incompatibilidad de lo construido con los usos permitidos por la ordenanza".

Los promotores pidieron licencia de rehabilitación de cuatro inmuebles ya existentes en la parcela y la construcción de un quinto edificio. La superficie edificada ronda los 6.000 metros cuadrados. Ya en el momento de solicitar los permisos de primera ocupación, en septiembre de 1995, se produjeron informes municipales negativos al constatar los técnicos que no se estaba dedicando la urbanización a residencia de estudiantes y se evidenciaba la existencia de apartamentos en un régimen de propiedad horizontal incompatible con esos usos. Una inmobiliaria recurrió el acuerdo de concesión de la licencia, el Tribunal de Xustiza la anuló, y el Supremo desestimó la casación. La Concejalía de Urbanismo instó en una orden del 31 de enero de 2008 a los propietarios a ejecutar el derribo en función de la citada sentencia del TSXG.
Los afectados recurrieron esta orden a los tribunales, y entre otros motivos alegaron que la urbanización podría legalizarse con el nuevo Plan Xeral, que establece para la parcela la consideración de suelo urbano consolidado sujeto a una ordenanza de carácter residencial. El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo descartó esta posibilidad en una sentencia de 19 de octubre de 2009 y concluyó que las obras son "incompatibles con el ordenamiento urbanístico, tanto si se toma como referencia el Plan Xeral de 1993 –en vigor cuando se construyó la zona residencial– como con el planeamiento vigente en la actualidad, aprobado con posterioridad a la terminación de las obras y a la firmeza de la sentencia que anula la licencia".
El magistrado señala en aquel fallo que el problema no se ciñe al uso, sino que existe "una conducta dirigida a crear una apariencia constitutiva de fraude de ley anterior a la obtención de la licencia, de manera que se trata de una licencia viciada porque, no siendo autorizable el uso residencial, se solicita y se obtiene al amparo de una presunta utilización permitida, referida a los alojamientos colectivos como el de residencias, colegios mayores y edificios análogos". Agrega que, aunque se hicieron cambios en los planos y se creó una asociación destinada a promover actos culturales y sociales dentro del recinto, "es una urbanización de viviendas y apartamentos". Respecto a la ordenanza del nuevo PXOM, tampoco sería aplicable por superar lo construido "el fondo máximo edificable".
El fallo reciente del TSXG avala los argumentos del emitido por el juzgado vigués y establece que "se trata de obras carentes de licencia y no legalizable, no apreciándose un supuesto de fuera de ordenación sino de una obra ilegal con la que se corresponde adecuadamente la orden de demolición".


* Faro de Vigo - 15.04.11
Foto: Vigo, residencia a derribar en Navia - farodevigo

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PSOE cómplice de la corrupción en Grazalema

ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : Estando finalizándose las Diligencias Previas que instruyen el Juzgado de Ubrique por el caso de presunta corrupción urbanística en Grazalema, la jueza ha dictado un auto en el que asegura estar “acreditado inicialmente que el arquitecto técnico del Ayuntamiento cobraba comisiones a constructoras y otros profesionales de la construcción por la concesión para la realización de obras”. La causa abierta por el Juzgado de Ubrique a raíz de la operación “Pinsapar” que desarrolló la Guardia Civil, tiene su origen en las denuncias presentadas en octubre de 2005 por Ecologistas en Acción por el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de Grazalema para permitir la construcción de un bloque de pisos al que el Ayuntamiento de Grazalema concedió una licencia ilegal en agosto de 2005, siendo alcaldesa Mª José Lara.

Un bloque construido anteriormente, también ilegal, contó con licencia de su antecesor y tío Antonio Mateos. Tras dichas denuncias, la alcaldesa se vio obligada a paralizar las obras, provocando un escándalo que terminó en los juzgados en 2006 con acusaciones mutuas entre los constructores, el técnico municipal y alcaldesa.

Tras cinco años de instrucción, la jueza entiende que el ex arquitecto técnico municipal, los promotores del bloque de pisos de la Plaza de la Asamblea -la empresa Inmocentral-, el anterior alcalde, la actual alcaldesa y dos concejalas más pudieron incurrir en sendos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.

La existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Grazalema era del perfecto conocimiento del anterior alcalde, de la actual alcaldesa y de los máximos responsables del PSOE gaditano. Desde el año 2000 Ecologistas en Acción ha venido presentando numerosas denuncias por infracciones urbanísticas en Grazalema, sin que el Ayuntamiento abriera expediente alguno. Al investigar la inactividad municipal ante estas ilegalidades, pudimos comprobar como desde la Oficina Técnica se elaboraban informes que, falseando las normas municipales, aseguraban sistemáticamente que las obras denunciadas eran legales. La respuesta del entonces alcalde Antonio Mateos fue apoyar al técnico municipal Juan Prieto.

Cuando Prieto se construyó una casa manifiestamente ilegal en suelo no urbanizable del Parque Natural fue denunciada por Ecologistas en Acción. El anterior alcalde le pidió al mismo Prieto un informe, en el que concluía que su casa era legal. Al final han tenido que abrirle expediente y decretar su demolición, reconociendo los promotores de los mencionados bloques de la Plaza de la Asamblea que realizaron las obras de forma gratuita como pago de los favores recibidos.

Ante estos graves hechos, en noviembre de 2003 remitimos una amplia denuncia al alcalde en la que, tras hacer una pormenorizada relación de los informes ilegales que venía realizando el técnico municipal para favorecer a determinados promotores, concluíamos:

“Es por tanto evidente la veracidad de las acusaciones efectuadas por Ecologistas en Acción, en el sentido de que la Oficina Técnica de ese Ayuntamiento viene realizando informes que contradicen la legislación urbanística y medioambiental vigente… por tanto le solicitamos que inicien las acciones legales oportunas contra el responsable de dichos informes, ya que se podría estar incurriendo en posibles delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos”.

Desde entonces Ecologistas en Acción ha venido solicitando de forma infructuosa que se nos informe de las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento ante estas denuncias, Ni antes Antonio Mateos, ni después Mª José Lara, hicieron nada al respecto, habiendo desaparecido todas las denuncias de Ecologistas en Acción de los archivos del Ayuntamiento, a pesar de que constan en el registro de entrada del Ayuntamiento y tenemos copia sellada de las mismas. Dichas denuncias han sido aportadas a la instrucción y constan como prueba de cargo.

El Ayuntamiento nunca abrió expediente alguno por estas infracciones urbanísticas ni por la actuación manifiestamente ilegal de la Oficina Técnica, pero acometió una campaña de acoso contra el principal denunciante de esta trama de corrupción, Juan Clavero, llegando la actual alcaldesa a decretar la demolición de la vivienda de su familia en Benamahoma, represalia de la que tuvo que dar marcha atrás ante la demanda judicial que le presentaron.

En vista de esta situación, Ecologistas en Acción presentó denuncia en numerosos organismo –Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Consejería de Obras Públicas, Delegación del Gobierno de la Junta, Diputación provincial…-, sin que ninguno abriera investigación alguna por los graves hechos denunciados. Ya en diciembre de 2001 Ecologistas en Acción remitió a Francisco González Cabañas, en su calidad de secretario general del PSOE de Cádiz, un escrito donde se le exponía las actuaciones urbanísticas ilegales del Ayuntamiento de Grazalema. Nunca nos contestó. Ante nuestra insistencia, su Jefe de Gabinete, Francisco Aído, nos remitió al entonces Diputado del Área de Cooperación Municipal, y actual consejero de Gobernación Francisco Menacho, para que nos atendiera. Hasta la fecha.

Ecologistas en Acción entiende que por acción u omisión existe una clara responsabilidad política de los máximos dirigentes del PSOE a nivel local y provincial por la trama de corrupción que se ha destapado en la localidad de Grazalema, y no se entiende que personas que desde responsabilidades políticas han amparado la corrupción, no actuando cuando se ha denunciado, se vuelvan a presentar de nuevo para ostentar cargos públicos. El PSOE tendrá que dar explicaciones.


* Ecologistas en Acción Cádiz - 14.04.11
Foto: Grazalema (Cádiz), Guadalete - Ecologistas en Acción

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Tiburones en Arrecife

DOMINGO GARCÍA/Lanzarote* : De repente, Arrecife, se llena de tiburones. Esperan dar el zarpazo y comerse de una mordida la capital y todo lo que en ella huela a riqueza. Nunca se había visto tanto potentado, disputándose la Alcaldía de Arrecife. El negocio se les ha quedado pequeño y necesitan abrir nuevas vías de enriquecimiento. El dinero, mucho dinero, no parece bastarles para ser felices. Necesitan darse un atracón a costa de los bienes públicos. Quieren sentirse, no sólo ricos, sino además, poderosos y que nosotros lo sepamos. Me sorprende y me mosquea tanto interés por parte de tanto magnate, queriendo ocuparse de los problemas vecinales. Me resulta extraño, que salgan de su boca, palabras como servicios sociales, pobreza y marginalidad. Es admirable, que en tiempos de crisis económica, los pudientes se acuerden de los pobres, parados y desheredados de la sociedad. A esa gente, que ellos tanto han exprimido en tiempos de opulencia, le vienen ahora a decir, que no se preocupen, que ellos, los sanadores de todos sus males, realizaran, de manera desinteresada, un sobreesfuerzo, para sacarles de la miseria en que se encuentran enterrados. Eso sí, sin decirles que la culpa de tanta miseria ha sido el egoísmo de esos mismos salvadores.

Ahora, cuando se está en el camino de resolver la principal incógnita que tiene la ciudad, que es el Plan General de urbanismo, se meten todos en listas electorales. Y no en el puesto 18, ¡ni de coña!, en el primero, que no es plan de tentar a la suerte y ver que los vecinos no te votan, y te quedes compuesto y sin novia.

Verles hablar de resolver el transporte público, cuando siempre han viajado en primera, hablar de guarderías, los que siempre han tenido niñeras, o de educación pública, a los que han vivido en internados suizos resulta, como poco, impertinente. Fachendosos y cínicos a la hora de plantearnos sus pródigas propuestas, llevarnos a todos al paraíso, sin salir de la calle Real.

Como iluminados, nos tratan de convencer de que no tenemos mejor cosa para salir de la crisis que fiarnos de quienes se enriquecen a costa de expoliar al pueblo. Ejemplos claros: impedir que se construyan nuevas superficies comerciales, mientras se fabrica la propia, bajo dudosa legalidad. Otra: aprovechar una determinada posición política en el ayuntamiento para ensanchar aceras, quitar aparcamientos públicos, a la vez que se levantan aparcamientos privados de su propiedad. Y la más escandalosa: que un alcalde se convierta en el intermediario de un terrateniente con sueños de gran arquitecto.

Difícil de entender que en la pecera de Arrecife puedan caber tantos tiburones juntos. Ellos, los tiburones, cazan en grupos, al igual que los adinerados metidos a políticos. Tratan de sentar sus reales posaderas en los salones del poder para participar en un festín, sin límites ni control. Ya no se conforman en poner a sus intermediarios, quieren estar presentes en lo que pretenden pudiera ser el saqueo de las arcas públicas y el reparto de la ciudad.

Tiburones que huelen la sangre de las instituciones, nadan a favor de la corriente. Conocedores de que la población está demasiado ocupada en rebasar el día a día vienen con sus cantos de sirena, cuando la realidad es que llegan con sus dientes ensangrentados, dispuestos a darse la gran panzada.

Ellos, que pretenden un gran icono, cuando los barrios se ahogan si caen cuatro gotas. Sueñan con un superpuerto deportivo, mientras los barcos huyen de Los Mármoles cuando sopla el viento, o se recrean en una fotografía de un auditorio, cuando los niños en las escuelas, asustados, no saben si se les vendrá encima.

De ellos, no me preocupa que sean ricos, ni que quieran ser lo más. Me preocupa que esa riqueza la quieran buscar en el Ayuntamiento.


* La Voz de Lanzarote - Opinión - 13.04.11

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Llanes.- Los letrados auguran una «lluvia de pleitos» por la anulación del plan urbano

LNE/Asturias* : Los expertos en derecho urbanístico auguran una «lluvia de pleitos» y de reclamaciones patrimoniales como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes, ratificada hace dos meses por el Tribunal Supremo. Los participantes en el debate «SOS Llanes: 20 años después», celebrado ayer en el Club Prensa Asturiana de LNE, dibujaron un negro panorama para el urbanismo llanisco, tras la anulación de todos sus planeamientos anteriores. El acto, organizado en colaboración con la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), contó con la participación de la secretaria de este colectivo, María José Rodríguez; Javier Calzadilla Pérez, ex decano del Colegio de Arquitectos de Asturias; Gerardo de la Iglesia Guerra, letrado especialista en urbanismo; Jorge Álvarez de Linera Prado, letrado de Andecha Astur en la sentencia que anuló el último planeamiento de Llanes, y Olga Álvarez, abogada de AVALL para el recurso contra el plan de Llanes.

María José Rodríguez señaló al delegado del Gobierno y anterior alcalde de Llanes, Antonio Trevín, como «autor y madre poderosa del engendro» urbanístico. Aseguró que el anunciado régimen provisional de cooperación con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) que permitirá seguir concediendo algunas licencias en el concejo es, «dicho en cristiano, una retirada de competencias». Con la ayuda de fotografías aéreas ejemplificó el «deterioro» y la «destrucción» de diversas zonas del municipio. Y habló abiertamente de «tremendo pelotazo» cuando detalló las sucesivas ventas de La Talá, una de las actuaciones «estrella» del plan de Llanes, desde que, en 1990, la adquirieron en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) dos inversores madrileños, hasta que Cajastur la compró al Grupo Nózar, en 2008, en 47 millones de euros, según las cuentas que ofreció Rodríguez.

Gerardo de la Iglesia indicó que el urbanismo llanisco es «la historia del empecinamiento y del engaño político continuado y doloso». Aseguró que a partir de ahora llegará «el vacío total y absoluto», pues las competencias del Ayuntamiento «son cero» y «todo depende del Principado». Advirtió sobre las responsabilidades patrimoniales del Ayuntamiento, al que «le lloverán pleitos». Por ejemplo, los ciudadanos afectados por la anulación podrán exigir al Ayuntamiento «la devolución de los pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años, más los intereses correspondientes».

Javier Calzadilla relató el «pintoresco» proceso urbanístico de Llanes, desde que, en 1988, el Ayuntamiento llamó a participar en el avance a «inversores reales y comprometidos», en lugar de a todos los ciudadanos, como exige la ley. Calzadilla recordó que el Colegio de Arquitectos alegó en contra de aquel planeamiento, al considerarlo «altamente especulativo», «técnicamente confuso», «absolutamente irrespetuoso con el medio ambiente» y «lleno de defectos procedimentales». Desde entonces, Ayuntamiento y Principado se han dedicado a «sostenella y no enmendalla», lo que ha desembocado en la «calamitosa situación actual», según Calzadilla.

Olga Álvarez criticó el empeño de las autoridades en «tirar p'alante» pese a las continuas sentencias condenatorias y advirtió sobre un «grave problema»: las autoridades han aprobado planes después de las sentencias anulatorias; entre ellos, los de La Portiella-La Llavandera, Los Barquitos, La Talá, La Huertona y Los Altares. Esta circunstancia deja, en su opinión, en el aire el futuro de estas actuaciones, algunas de ellas ya desarrolladas.

Jorge Álvarez de Linera destacó los numerosos «errores de bulto» cometidos durante la tramitación por el Ayuntamiento y el Principado y señaló que los últimos veinte años de urbanismo en Llanes han sido «un homenaje a la chapuza» y un «despropósito hecho a propósito». Anunció que ya se ha investigado el patrimonio de los miembros de la CUOTA que dieron «luz verde» al plan de Llanes, con vistas a la petición de «responsabilidades económicas personales» por el «altísimo coste» que tendrá la anulación del plan general, que, en su opinión, implicará «derribos» en algunas zonas, como La Talá.


* La Nueva España - 16.04.11
Foto: Llanes (Asturias), urbanización La Talá - elcomerciodigital.com

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El fiscal coloca a Del Nido en el epicentro de la corrupción marbellí

SUR/Málaga* : El fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez-Villarejo no ahorró calificativos ayer para explicar por qué pide al tribunal que juzga el 'caso Minutas' que condene a 30 años de cárcel al abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido. El acusador público, en una extensa intervención en su informe final, reprendió con dureza al letrado sevillano por su actuación en el Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003, donde se realizaron encargos jurídicos supuestamente irregulares por más de seis millones de euros. Lejos de considerarle cooperador necesario, Jiménez-Villarejo colocó a Del Nido en una «posición de dominio», en el «núcleo duro de la toma de decisiones» del área jurídica desde la que, en su opinión, se pudo «descapitalizar» el Consistorio marbellí. El acusador público fue más lejos al afirmar que en Marbella se produjo «una perniciosa y promiscua confusión entre lo privado y lo público», que es el germen del desarrollo de la corrupción, porque «este proceso no es ni más ni menos que un proceso sobre un caso de corrupción pura y dura».

Tras recordar que 'Minutas' es un «caso atípico» porque no tuvo una investigación policial ni hubo escuchas telefónicas, sino que comenzó con un informe del Tribunal de Cuentas que provocó una querella de la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal dijo que «este proceso judicial hay que contextualizarlo en el marco social en el que se produjeron los hechos, en el único ayuntamiento que ha sido disuelto por corrupción en la etapa democrática».
El papel de Del Nido, según el fiscal, fue el de «abogado de confianza» del fallecido Jesús Gil, con el que tenía una relación directa, «de tú a tú», quien lo contrató para el Ayuntamiento obviando los más elementales sistemas legales de la contratación administrativa. Y para ello puso un ejemplo muy gráfico: «Una cena en Puerto Banús entre Gil y Del Nido. Ese fue el expediente de contratación», espetó.
Para Jiménez-Villarejo, el ingreso en prisión en 1999 de Gil por el 'caso Camisetas' marcó un punto de inflexión en su forma de actuar. «En esos tres días en la cárcel -agregó- Gil sacó sus conclusiones: primera, que no iba a figurar ya más en papel alguno, delegando luego en Julián Muñoz, y segunda, sustituir a su abogado de confianza que entonces era José Luis Sierra, con el que se había peleado, por José María del Nido».
La confusión entre lo público y lo privado en Marbella, la comparó el fiscal con las formas del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi: «Él dirige el país desde un palacio que no es la sede de la presidencia del gobierno y Gil dirigía el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades desde un anejo (el Club Financiero) de su mansión 'Villa Ángeles' en la avenida Ricardo Soriano».
«Todo se decidía allí con un desprecio absoluto a la legalidad», añadió el acusador, quien aseguró que existía una asesoría jurídica municipal perfectamente organizada, pero fuera del Ayuntamiento, en el Club Financiero, que fue montada por José Luis Sierra y en la que luego, a partir de 1999, se instaló Del Nido, que «no era un asesor jurídico externo, sino interno».
Luego el fiscal se dirigió a los trece acusados en este proceso, entre ellos Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, para advertirles: «Todo el mundo le echa la culpa al muerto (Jesús Gil), pero eso no sirve en el ámbito penal. Las personas que firmaban y daban apoyo a este 'sistema' paralelo a la legalidad, son responsables y están sentadas en esta sala».


* SUR - 16.04.11
Foto: Marbella, imputado Del Nido (archivo) - elmundo

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Barcelona.- Los peritos judiciales ratifican los pagos a CDC en el 'caso Palau'

ELPAÍS* : Gemma Montull no tiene ni la más remota idea de supuestos pagos de Ferrovial a Convergència a través del Palau de la Música. La exdirectora financiera de la institución musical tampoco sabe quién es "Daniel", el nombre que aparece ligado al cobro de comisiones irregulares y que para Hacienda no es ni más ni menos que Daniel Osácar, extesorero del partido nacionalista. Montull, en definitiva, no conoce nada del caso ni quiso indagar más en su día, pues se limitaba a ejecutar órdenes de sus superiores, los saqueadores confesos del Palau: Fèlix Millet y su padre, Jordi Montull. "No me pagan por pensar", afirmó ayer ante el juez la que fue responsable de finanzas del Palau. Montull declaró como imputada en la pieza separada del caso Palau que indaga el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica a cambio de la adjudicación de obra pública. En esa trama, los exresponsables del Palau actuaron como intermediarios.

Los peritos judiciales de la Agencia Tributaria ratificaron ayer, durante una declaración de casi tres horas, el contenido del informe que acredita los presuntos pagos a Convergència. Según el informe, las partidas que podrían haber servido para satisfacer comisiones a CDC suman 2,33 millones. Las comisiones se pagaban camufladas como patrocinios al Palau y suponían el 4% del valor de las obras que se acababan adjudicando a Ferrovial. Las obras bajo sospecha son de envergadura: la línea 9 del metro y la misma Ciudad de la Justicia en la que ayer declararon los imputados.

Mera hipótesis

La conclusión de Hacienda sobre el desvío de fondos del Palau al partido nacionalista se basa en buena medida en un documento en el que aparece consignada una relación de años y de pagos bajo el epígrafe "Daniel", en alusión a Daniel Osácar. De ese documento se incautaron los Mossos d'Esquadra en el registro del Palau de la Música, en julio de 2009.

Los abogados de los imputados trataron de cuestionar la credibilidad del informe. El letrado Javier Melero afirmó que los peritos describieron su informe como una mera hipótesis. Según los abogados de GPO y Ferrovial, el peritaje de Hacienda se hizo de forma "vaga", ya que no se estudió la documentación relativa a los concursos o a los convenios de patrocinio de Ferrovial, ni los convenios de la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC.


* El País - 14.04.11
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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Cee contrataba la empresa con la propuesta más cara

LAVOZ/A Coruña* : Los agentes que investigaron las adjudicaciones de obras en la operación Orquesta -por la que fueron intervenidos los ayuntamientos de Cee, Mazaricos y Fisterra- dejan claro en sus informes que las adjudicaciones de obras a una misma empresa -Construcciones Ogando- se hacían de modo irregular. «Dichas adjudicaciones -dicen refiriéndose al caso de Cee- se hacían a sabiendas de su injusticia, a través de una resolución arbitraria en procedimiento administrativo, como es la resolución de adjudicación definitiva de las obras, la cual consta firmada en todos los casos por el alcalde de Cee, Ramón Vigo», dicen los investigadores en el sumario. En Cee la empresa Ogando se llevó dos obras importantes, la del campo de fútbol, de unos 400.000 euros, y la de la Casa da Cultura, en distintas fases. En el primer caso el pliego utilizado no fue el correcto, ya que se empleó uno para un procedimiento negociado con publicidad y no para un procedimiento abierto. Donde debía haber una valoración puntuada de distintos aspectos de las ofertas presentadas, lo que había eran solo unas casillas en las que los técnicos apuntaban «muy bien, bien, regular o mal». A la oferta pública se presentaron nueve empresas, y la de Ogando, con el presupuesto más caro, fue la que salió elegida.

Otra compañía ofreció algo similar pero con cinco días de plazo de ejecución más y 30.000 euros menos de coste. Fue rechazada. Es más, Ogando consiguió esa obra ofreciendo un plazo de ejecución de un mes, que después hubo de ampliar en contra de los criterios de la intervención municipal.

Más allá de las cifras hay conversaciones intervenidas en las que se habla de comisiones del 5% y en las que el alcalde se refiere a futuras actuaciones dando por hecho que las iba a hacer la misma empresa, antes de que se convocara el concurso.

Criterios subjetivos

En la Casa da Cultura, la de Ogando fue la segunda oferta más cara de las ocho presentadas. Un informe de la Interventora deja claro que de un total de 100 puntos «tan solo 15 se adjudicarán en virtud a aspectos objetivos y 85 puntos serán sometidos al discernimiento de quien sea el encargado de valorarlos». La empresa ganadora, además, presentó su oferta fuera de plazo, y fue aceptada por la mesa de contratación en contra del criterio de la secretaria.

En Fisterra, en la adjudicación de otro campo de fútbol de hierba artificial, los investigadores constatan que el arquitecto «contravino de manera ilícita sus obligaciones al facilitar asesoramiento a una empresa privada en un asunto en el que debía intervenir por razón de su cargo». Ogando se llevó la obra sin que existan en el Ayuntamiento los informes preceptivos del secretario. En la trama Orquesta hay hasta el momento 23 imputados. Hoy declararán en el Juzgado de Corcubión varios funcionarios de Cee.


* La Voz de Galicia - 14.04.11
Foto: Cee (A Coruña), registro ayuntamiento (archivo) - lavoz

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La alcaldesa de Guadarrama dimite del PP y acusa de irregularidades a su predecesor

ELPAÍS/Madrid* : La alcaldesa de Guadarrama, C.Pérez del Molino, ha presentado esta mañana su baja en el PP junto a otros seis integrantes del equipo de Gobierno, que hasta esta renuncia estaba compuesto por once concejales. Y lo ha hecho tras asegurar que su partido ha prescindido de ella por oponerse a prorrogar un contrato de una permuta firmada de forma "irregular" por el entonces regidor y presidente del PP local, José I.Fernández Rubio. Según la alcaldesa, el PP de Guadarrama le anunció después de prescindir de ella su intención de llegar a un acuerdo con la familia que había denunciado el incumplimiento del contrato, que no fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, especifica la primera edil. En una rueda de prensa celebrada en el salón de plenos del Consistorio, la regidora explicó que el exalcalde del municipio y ahora candidato del PP en Las Rozas, José I.Fernández Rubio, aprobó desde la sociedad del suelo una permuta de unos terrenos con un privado sin conocimiento del resto del Ayuntamiento. Según Pérez del Molino este acuerdo sería irregular, ya que los terrenos eran del Ayuntamiento y no de la sociedad municipal del suelo, que fue la entidad que acordó el contrato. Además, explicó que la valoración del suelo intercambiado perjudicaría claramente los intereses del Consistorio.

La alcaldesa especificó en declaraciones a Europa Press que las discrepancias con el seno del Partido Popular de Guadarrama, cuyo presidente es el viceconsejero de Empleo y Mujer, y exalcalde de la localidad, Juan Ignacio Fernández Rubio, vinieron motivadas su negativa a llevar adelante un convenio urbanístico que "él había firmado y con el que no estábamos de acuerdo" y por "no estar de acuerdo con la política económica que él había llevado a cabo en el Ayuntamiento". "Éramos conscientes de que Fernández Rubio nos iba a echar por nuestra forma de gobernar a lo largo de este tiempo. Hemos hecho justo lo contrario que él nos pidió que hiciéramos", puntualizó.

Según Pérez del Molino, cuando Fernández Rubio abandonó la alcaldía "dejó una deuda municipal de 30 millones de euros". "Nosotros hemos retomado el Ayuntamiento con una política de ahorro y austeridad diferente a la que él había llevado a cabo. Esto ha indignado mucho al presidente del

PP y ha puesto de candidato a su mano derecha", apostilló.

A juicio de la alcaldesa, el Partido Popular "no ha valorada nada" el trabajo realizado por su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento. "El PP no ha estado a la altura del esfuerzo que hemos llevado a cabo en

estos dos últimos años, donde el gasto corriente superaba en 7 millones de euros a los ingresos. Los ingresos se desplomaron. Tirar para adelante en esas condiciones ha sido un trabajo y un esfuerzo increíble. Muchos concejales han estado al pie del cañón junto a todo el personal del Ayuntamiento", ha concluido.

La primera edil reseñó que hasta que se celebren las elecciones continuará gobernando la localidad sin

adscripción política, aunque si los concejales del Ayuntamiento "creen necesaria" una moción de censura "a estas alturas, están en su derecho". Pérez del Molino ha anunciado que se presentará como candidata a la Alcaldía por la formación política que ha creado bajo la denominación

Agrupación Popular por Guadarrama (APPG). Su intención es continuar gobernando la localidad "como hasta ahora" y fomentar la creación de empleo, entre otras medidas. "Me presento a las elecciones satisfecha con el trabajo realizado", dijo.


* El País - 14.04.11
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es

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Sanlúcar.- El Supremo ratifica la condena al ex gerente de Urbanismo por el caso de los cines

ANDALUCÍAINFORMACIÓN : El Tribunal Supremo acaba de ratificar la condena emitida en 2009 por la Audiencia provincial de Cádiz en la que condenaba al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar, Alfonso Rodríguez, a siete años de inhabilitación especial como responsable de un delito de prevaricación y al pago de 6.000 euros en concepto de indemnización a los vecinos que denunciaron los hechos. La sentencia se refiere al proceso judicial abierto a raíz de la denuncia de dos vecinos de la calle Nao Victoria de Sanlúcar, donde se ubican los multicines Al-Andalus, que denunciaron la apertura de estos sin la preceptiva licencia municipal y el funcionamiento de los cines con dos generadores de electricidad que provocaron numerosas molestias al vecindario por el ruido que producían.

En la sentencia que Rodríguez impugnó, consta que éste reiteradamente omitió firmar la propuesta de decreto de clausura de los multicines, siendo el competente para ello y la GMU el único órgano resolutorio. Además, se refleja en la sentencia que existían varias denuncias que se habían presentado ante la Policía Local de Sanlúcar al no cumplir el establecimiento la normativa vigente relativa a las salidas de emergencia o a la falta de energía eléctrica, estando sustituida por generadores , así como que los multicines carecían de la preceptiva licencia municipal de apertura para la actividad de bar.

RECURSO

El abogado de Alfonso Rodríguez recurrió el fallo emitido por la Audiencia provincial de Cádiz refiriéndose a documentos que demostrarían la equivocación del tribunal, en cuanto a que aporta documentación en la que aduce que la apertura del centro sin licencia “se debió a actos y acciones producidas por otros, políticos del Ayuntamiento de Sanlúcar e Barrameda, quienes, de común acuerdo con promotor y constructor, sin el consentimiento ni comunicación al gerente de Urbanismo, deciden abrir el centro (...) por su exclusiva responsabilidad”, llamando la atención de otros que no han sido acusados. Además alega que la firma del decreto de clausura de los cines que le fue presentado de forma reiterada para su firma, hubiera vulnerado el derecho a la igualdad”.

Sin embargo, el Alto Tribunal, en su fallo del 1 de febrero al que ha accedido este medio, considera que, por un lado, la existencia de otros responsables por esta causa que no hayan sido juzgados, no exime de su responsabilidad al condenado, así como que otros locales no hubieran sido clausurados. Por otro, existían motivos más que argumentados para proceder a la clausura de los cines, más aún, cuando se ponen de relieve irregularidades que impedían autorizar la apertura y, como ésta se había producido al margen de la legalidad, la negativa de Rodríguez a firmar el decreto de clausura “constituye una falta de aplicación del derecho”.

En la sentencia que dictó la Audiencia provincial de Cádiz se señala que Alfonso Rodríguez “omitió el funcionamiento normal del derecho sobre licencias de apertura de establecimientos, aceptando pasivamente que la instalación continuara funcionando, pese a las deficiencias de seguridad y perjuicios causados a los vecinos que sufrían el ruido procedente de las obras”. En la misma línea el magistrado señala que “el acusado ha incurrido en una evidente, patente, flagrante y clamorosa acción por omisión en el ejercicio de sus funciones, ha ejercido arbitrariamente el poder que le confiere su condición de gerente de urbanismo (...) actuando por mor de su capricho”.

Una sentencia que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Supremo y contra la que ya no cabe presentar recurso. Del mismo modo, además de ratificar la pena de siete años de inhabilitación especial a Rodríguez por un delito de prevaricación, el ex gerente de Urbanismo tendrá que pagar 6.000 euros en concepto de indemnización a los vecinos sanluqueños y correr también con las costas del proceso judicial iniciado a raíz de la presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.


* Andalucía Información - 14.04.11
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir - elpais

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Los desajustes y limitaciones en los municipios gallegos

X.ÁLVAREZ CORBACHO* : Las elecciones locales deberían ser una magnífica oportunidad para aflorar los graves problemas del municipalismo gallego. Los desajustes institucionales son diversos y se motivan por razones demográficas, financieras, urbanísticas y económicas.
1. Desajustes demográficos. 
Los desajustes demográficos afectan principalmente a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes (200 concellos), aunque el epicentro y las urgencias se encuentren en los municipios menores de 2.000 habitantes (94 concellos), concentrados en las provincias de Ourense y Lugo. Por otro lado, están las áreas urbanas (ciudades y municipios limítrofes). En ambos casos la demografía exige cambios inexorables en la ordenación del territorio y en el mapa municipal. Apreciamos que para atender a una población reducida existen (período 1960-2025) cada vez mas concellos inválidos, provocando así una divergencia imposible. El panorama se resume de la siguiente manera. Por un lado, hay una población menguante, envejecida (los mayores de 64 años oscilan entre el 30 y el 50% de la población municipal), dispersa (encarece los servicios) y dependiente del sector público (pensiones, sanidad, servicios sociales). Por otro, hay municipios menores de 2.000 habitantes con una debilidad financiera acusada y con escasa profesionalidad y desarrollo tecnológico.

Todo ello explica las dificultades de la institución para desarrollar los servicios a los que la ley obliga. Estamos ante un desajuste estructural evidente entre la demografía, el territorio y la institución municipal. La solución exige cambios radicales.

2. Agonía financiera

El presupuesto municipal se nutre, básicamente, de tributos y subvenciones. En las ciudades, los ingresos tributarios representan casi el 60% del total, mientras las transferencias y subvenciones apenas suman el 30%. En los municipios menores de 5.000 habitantes esas cifras se invierten. Los ingresos tributarios suelen ser inferiores al 30%, mientras las subvenciones rondan el 70% del presupuesto. Los tributos son importantes porque sin responsabilidad fiscal no existe responsabilidad política.

¿Cómo son los tributos en los municipios gallegos? La respuesta se resume en el cuadro adjunto. Los municipios están fiscalmente normalizados o son de fácil normalización cuando sus ingresos tributarios per cápita se aproximan a la cifra media de los municipios españoles de población similar, atendiendo a su capacidad fiscal. Si esos ingresos se distancian, la normalización tributaria es difícil, problemática o imposible a medio plazo. En Galicia solo el 22% de los municipios están normalizados o son de fácil normalización, mientras el 78% restante (246 concellos) operan en escenarios problemáticos que, en general, se agravan a medida que el municipio es más pequeño. Las consecuencias de estos hechos son relevantes (dependencia, clientelismo, agravios comparativos, voto cautivo, etcétera) y exigen cambios importantes en el diseño político e institucional.

3. Convivencia con el territorio.

El planeamiento urbanístico y su gestión son una parte esencial de las políticas públicas locales. Por su dimensión de pacto social básico, por sus efectos en el crecimiento ordenado de la ciudad, pues introduce racionalidad en el reparto de beneficios y costes del proceso urbanizador y añade disciplina y sensibilidad a nuestra convivencia con el territorio. Pero urbanismo y fiscalidad -expresiones genuinas del poder político municipal- no parecen preocupar a nuestros gobernantes.

La Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural daba tres años para que los municipios adaptasen su planeamiento a las condiciones exigidas. Pero van allá ocho años y los concellos que cumplen la norma son 46 (14% del total). El resto funcionan a su manera con riesgos evidentes. Pero sin planeamiento no hay proyecto de urbanización, ni redistribución de fincas, ni cesión obligatoria y gratuita de terrenos, ni financiación a cargo de los interesados. Además, edificar vía licencia directa es socializar infraestructuras y servicios, construyendo así un país insostenible. El círculo se cierra cuando la indisciplina triunfa rodeada de silencios cómplices y de sentencias judiciales incumplidas. Los cambios aquí también deben ser profundos.

4. Promoción económica y desarrollo endógeno

Es otro déficit que acumulan los municipios gallegos. Anclados en geografías distintas, el factor territorio (comarcas) es clave para entender y desarrollar las ventajas competitivas de empresas y actividades que operan ya en una economía globalizada.

El gobierno municipal está obligado a promocionar y ayudar esas actividades económicas, incentivando la especialización, la innovación y la excelencia. Elaborando programaciones estratégicas con los municipios limítrofes y otras Administraciones, implicando a empresas y profesionales interesados. El gobierno local ya no es el último eslabón de una cadena de mando, sino una institución abierta que opera y se relaciona en red con otros actores. Las políticas económicas locales experimentan así transformaciones sustantivas en objetivos y funcionamiento. Todo un mundo por descubrir y recorrer.

¿Hablarán los partidos políticos de estas cosas en las próximas elecciones? ¿Se protegerá la dignidad de nuestros mayores? ¿Se entenderá que el territorio es más que una mercancía y que el clientelismo político hunde sus raíces en la lógica de la corrupción? Stéphane Hessel escribió un libro y quiere que nos indignemos. Y eso está bien. Pero sin olvidar que la actividad municipal pone a todos ante el espejo. Es la grandeza oculta que también encierra el más humilde de los municipios.



* La Voz de Galicia - Opinión - 13.04.11

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La UE condena a España por no sanear aguas residuales

ELPERIÓDICO* : España recibió ayer un nuevo y severo varapalo de la Unión Europea en materia medioambiental. En esta ocasión, la reprimenda está motivada por sus persistentes carencias en la depuración de aguas residuales, concretamente en 38 ciudades repartidas por todo el país, a pesar de las reiteradas advertencias de la Comisión Europea desde hace más de seis años. El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por no respetar la directiva de 1991 de saneamiento de aguas residuales urbanas, pese a los sucesivos requerimientos que el Ejecutivo comunitario emitió en los años 2004, 2007 y, nuevamente, en el 2008, como detalla la sentencia. Las estaciones de depuración de aguas residuales debían de haber estado ya en funcionamiento como muy tarde el 1 de enero del 2001, hace más de una década. Si España no corrige en breve esas deficiencias, la Comisión Europea abrirá un nuevo expediente y solicitará al Tribunal de la UE la imposición de elevadas sanciones económicas.

La sentencia del tribunal precisa que España no ha podido demostrar en sus alegaciones que Arenys de Mar disponga de un sistema de tratamiento adecuado y que en su respuesta a los requerimientos de la Comisión Europea el Gobierno reconoció que "la instalación de depuración que existe en la aglomeración no tiene capacidad suficiente para llevar a cabo el tratamiento secundario de las aguas residuales".

Respecto a Pineda de Mar, el Gobierno español aseguró, en sus alegaciones a las amonestaciones, que la estación depuradora ya ha entrado en funcionamiento. Pero el Tribunal de la UE señaló que las obras se finalizaron en un plazo posterior al fijado por la Comisión Europea, por lo que España "incumplió" la directiva y no respetó los dictámenes del Ejecutivo comunitario.

GALICIA, ANDALUCIA Y LEVANTE El Tribunal de la UE indicó que tampoco se respetó la obligación de depuración de las aguas residuales en ciudades tan importantes como A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Baiona, Tui, Noia, Irún, Llanes, Gijón , Tarifa, Chipiona, Barbate, Estepona, Nerja, Elx, Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Alcossebre y Ceuta.

La sentencia indica que el Gobierno reconoce que aún está elaborando los proyectos o iniciando la construcción de las depuradoras de la mayoría de las 13 ciudades andaluzas denunciadas por la Comisión Europea. España también anunció que ya ha iniciado el concurso para las obras de las depuradoras de Llanes y Gijón--en el este en Asturias-- y para la ampliación de las del valle de Guerra y la licitación de la del valle de Güimar, ambas en Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno, asimismo, aseguró en sus alegaciones que las depuradoras pendientes de Castellón y de Alicante estarán finalizadas en el 2013. Además, España reconoce que debe mejorarse la depuradora de Irún y que la licitación de las obras para las depuradoras de Vigo y Santiago aún están pendientes de licitación.


* El Periódico - 15.04.11
Foto: La riera de Arenys, en Arenys Munt, ayer - elperiodico

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