En la sentencia que Rodríguez impugnó, consta que éste reiteradamente omitió firmar la propuesta de decreto de clausura de los multicines, siendo el competente para ello y la GMU el único órgano resolutorio. Además, se refleja en la sentencia que existían varias denuncias que se habían presentado ante la Policía Local de Sanlúcar al no cumplir el establecimiento la normativa vigente relativa a las salidas de emergencia o a la falta de energía eléctrica, estando sustituida por generadores , así como que los multicines carecían de la preceptiva licencia municipal de apertura para la actividad de bar.
RECURSO
El abogado de Alfonso Rodríguez recurrió el fallo emitido por la Audiencia provincial de Cádiz refiriéndose a documentos que demostrarían la equivocación del tribunal, en cuanto a que aporta documentación en la que aduce que la apertura del centro sin licencia “se debió a actos y acciones producidas por otros, políticos del Ayuntamiento de Sanlúcar e Barrameda, quienes, de común acuerdo con promotor y constructor, sin el consentimiento ni comunicación al gerente de Urbanismo, deciden abrir el centro (...) por su exclusiva responsabilidad”, llamando la atención de otros que no han sido acusados. Además alega que la firma del decreto de clausura de los cines que le fue presentado de forma reiterada para su firma, hubiera vulnerado el derecho a la igualdad”.
Sin embargo, el Alto Tribunal, en su fallo del 1 de febrero al que ha accedido este medio, considera que, por un lado, la existencia de otros responsables por esta causa que no hayan sido juzgados, no exime de su responsabilidad al condenado, así como que otros locales no hubieran sido clausurados. Por otro, existían motivos más que argumentados para proceder a la clausura de los cines, más aún, cuando se ponen de relieve irregularidades que impedían autorizar la apertura y, como ésta se había producido al margen de la legalidad, la negativa de Rodríguez a firmar el decreto de clausura “constituye una falta de aplicación del derecho”.
En la sentencia que dictó la Audiencia provincial de Cádiz se señala que Alfonso Rodríguez “omitió el funcionamiento normal del derecho sobre licencias de apertura de establecimientos, aceptando pasivamente que la instalación continuara funcionando, pese a las deficiencias de seguridad y perjuicios causados a los vecinos que sufrían el ruido procedente de las obras”. En la misma línea el magistrado señala que “el acusado ha incurrido en una evidente, patente, flagrante y clamorosa acción por omisión en el ejercicio de sus funciones, ha ejercido arbitrariamente el poder que le confiere su condición de gerente de urbanismo (...) actuando por mor de su capricho”.
Una sentencia que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Supremo y contra la que ya no cabe presentar recurso. Del mismo modo, además de ratificar la pena de siete años de inhabilitación especial a Rodríguez por un delito de prevaricación, el ex gerente de Urbanismo tendrá que pagar 6.000 euros en concepto de indemnización a los vecinos sanluqueños y correr también con las costas del proceso judicial iniciado a raíz de la presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
* Andalucía Información - 14.04.11
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir - elpais
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