* YouTube - afectadosxlahipoteca
LA PAH impide un desalojo. Stop desahucios!
Mallorca.-La juez reprocha a Munar que no sacara a subasta Can Domenge
Junto a ella también serán enjuiciados Miquel Nadal, ex vicepresidente del anterior Consell; Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio; Miquel Àngel Flaquer, ex presidente de UM; Román Sanahuja Pons, el patriarca de la familia Sanahuja, propietaria de Sacresa; Santiago Fiol, abogado local de esa empresa catalana; y Mario Bernal Sanz, el principal ejecutivo de Sacresa entre 2005 y 2006.
La instructora, en su largo y trabajado auto, analiza si las fincas de Can Domenge formaban parte del patrimonio local del suelo. La conclusión es negativa, puesto que la institución nunca hizo un acto expreso en dicho sentido.
De acuerdo con la legislación los terrenos públicos, en caso de no ser patrimonio local del suelo, tenían que haber sido enajenados por el Consell "mediante subasta" o, excepcionalmente, y siempre que el precio no fuese el único criterio determinante, a través de un concurso, postula la instructora.
El auto acusa a Munar y a su plana mayor en el Consell de obviar el sistema de subasta, que habría permitido a la institución obtener una suma mucho mayor por unas parcelas de gran valor urbanístico en aquellos años.
Los imputados, tras concertarse, presuntamente, con la empresa catalana Sacresa para venderle las fincas a la mitad de su precio de mercado, se esforzaron en fabricar un expediente a la medida de dicha promotora. Por ello pusieron como justificación para el concurso la excusa de que el proyecto ganador sería emblemático para Mallorca, con lo que el precio dejaba de ser el elemento principal.
La magistrada valora todas esas maquinaciones como constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación, y uso de información privilegiada y mantiene la imputación contra 7 personas.
* Diario de Mallorca - 6.11.10
Foto: Maria Antònia Munar, en una comparecencia en los juzgados palmesanos. - diariode mallorca
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Valencia.-Los vecinos se oponen al adoquinado de las Grandes Vías y dicen que ´no lo consentirán´
Barba cree que poner adoquín en las grandes vías "no es correcto", entre otras cosas porque "se pierde el concepto de paseo". Pero asegura, además, que no es la solera más recomendable desde el punto de vista de la seguridad, pues "en el marítimo ya pusieron adoquines en un parque y al poco tiempo la gente protestaba porque se camina muy mal y hay muchas torceduras".
El responsable de medio ambiente de la federación vecinal precisó que ésta es sólo su opinión personal sobre los planes del Ayuntamiento, aunque asegura que generalmente la federación asume sus posiciones y siempre se eleva una propuesta de consenso. "No lo vamos a consentir", insistió Barba, que recuerda que en el Jardín del Turia, en el tramo de Vetges Tu, "se iba a poner demasiado asfalto y rápidamente lo hablamos y lo pararon".
Vecinos de Marqués del Turia
En un sentido parecido se pronunció Giovanni Donini, presidente de la Asociación de Vecinos de Russafa-Gran Vía. En su caso dice no tener más noticias del proyecto que las que ha podido leer en los medios de comunicación, pero tiene claro cuál es su veredicto: En contra.
"Lo primero que hay que preguntarse -dice- es qué sentido tiene esto ahora, si no hay otras prioridades en el barrio. Y en segundo lugar habría que ver qué uso se le va a dar a los 4,6 millones que va a costar la obra, porque los niños, que son los que más podrían utilizar este espacio, no van a ir a una zona tan contaminada acústicamente y tan saturada de tráfico".
Tampoco el cambio de la tierra por adoquines le parece una buena idea. A juicio de Donini, "quitar la tierra para poner losas puede quedar muy bonito para el visitante, pero en un barrio con tan pocas zonas verdes resulta agradable ver algo de tierra". "Si existe un problema de compactación que perjudica a las plantas, que se mueva y les costará menos", comenta.
Hay una última cuestión sobre la que Donini quiso llamar la atención y es la falta de carril-bici en las grandes vías, una cuestión que esta reforma del jardín interior no resuelve.
"No es una prioridad, cambia el estilo del paseo con mal gusto y no estoy de acuerdo con este plan", resume el presidente de la Asociación de Vecinos de Russafa-Gran Vía, que recuerda que no hace mucho tiempo pidió una zona de juegos para niños en la Plaza del Doctor Landete y le dijeron que no había dinero.
* Levante - 5.11.10
Foto: Aspecto de la Gran Vía Marqués del Turia a principios del siglo XX. colección Levante-EMV
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Galicia.-Solo seis concellos se han dotado de plan urbanístico en el último año
La situación actual constata que elaborar el planeamiento sigue siendo una tarea farragosa que duplica con creces los tres años de plazo que fijó la Ley 9/2002, y que expiró en enero del 2006. Más allá de los 46 ayuntamientos que cuentan con un plan general (PXOM) adaptado a esa norma, la provisionalidad caracteriza el mapa del urbanismo municipal. De los 224 concellos que están redactando sus planeamientos, 104 han consumido ya más de seis años en la tramitación. Entre el resto, 25 municipios se rigen por un PXOM que no está adaptado, y ni siquiera han iniciado los trámites para su revisión; y 21 no tienen planeamiento ni han mostrado intención de redactarlo. La fotografía final es caótica. Más de la mitad de los 315 concellos carecen de plan urbanístico, y los que se rigen solo por normas subsidiarias o delimitaciones de suelo urbano superan con creces el centenar.
Desatascar los despachos
La modificación de la Lei do Solo aprobada en marzo apenas ha mejorado las cosas. Aunque la Xunta atendió las demandas de los alcaldes y acortó los plazos en los despachos para acelerar los planeamientos, en el último año solo ha dado luz verde a seis: Laxe, Teo, Touro, Pedrafita do Cebreiro, Arnoia y Valga. El balance apenas mejora si se amplía el foco al año y medio de gestión del Gobierno de Feijoo, con nueve planeamientos aprobados, los seis anteriores más Vigo, Vilar de Barrio y Rairiz de Veiga. Solo dos de esos concellos, Vigo y Laxe, están en el ámbito de aplicación del plan del litoral. Con esta ordenación en la recta final para su entrada en vigor, únicamente cuatro de los 82 municipios en los que tendrá incidencia disponen de planes adaptados a la Ley 9/2002. Son Vigo, Oleiros, A Pobra do Caramiñal y Laxe.
La relación de los 73 concellos sin ningún tipo de planeamiento incluye a Camariñas, Muros, Sada, Barreiros, Viveiro, Gondomar, O Grove y Tui. En el lado opuesto, 40 que están tramitando su PXOM ya disponen del informe previo a la aprobación inicial. En esa fase están los de A Coruña y Pontevedra.
Un dato revelador de la desidia con la que algunos concellos afrontan los planeamientos son las lagunas en su elaboración. Un total de 70 concellos que aprobaron inicialmente sus planes hace más de dos años no han vuelto a dirigirse a la Xunta para continuar con los procedimientos de tramitación.
* La Voz de Galicia - 5.11.10
Foto: Vigo, puente y ría - lavozdegalicia.es
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Torrevieja.-Treinta y dos familias llevan 10 años esperando justicia
La pesadilla para estos vecinos y veraneantes comenzó en 1991 poco después de comprar las primeras casas. El constructor y vendedor inicial, ya fallecido, tenía una deuda de 34 millones de las antiguas pesetas con el propietario del suelo, Antonio Torregrosa, y ahora imputado. Éste se la cobró haciéndose con la propiedad de todo el inmueble y, a través de varias operaciones de compra y venta, el edificio terminó en manos de una inmobiliaria oriolana que vendió todos los pisos a otros compradores. Algo que ocurrió cuando la mayoría de los propietarios originales ya había abonado hasta cuatro millones de las antiguas pesetas por el inmueble, el precio habitual en aquel momento para la ciudad turística -julio de 1991-.
El nuevo propietario del edificio comenzó supuestamente una estrategia para, definitivamente, desalojar a los vecinos de las casas. Así encontraron en 1997 con que les cortaban la suministro eléctrico y el agua de obra por orden del Ayuntamiento en un decreto insólito para una ciudad que mantiene cientos de pisos con luz y agua de obra hoy en día. La resolución que estaba impulsada por un entonces funcionario de Urbanismo de la administración local emparentado con el citado empresario protagonista de la operación y que se enfrenta a una pena de 2 años de cárcel por alzamiento de bienes. Durante algún tiempo estuvieron sobreviviendo acarreando garrafas de agua para asearse o limpiar y utilizando bombonas de gas para iluminar las estancias, como recogió este diario en su día. Para desalojar el edificio de forma definitiva en octubre de 2001 el empresario utilizó guardias de seguridad, sin ningún tipo de autorización, que prohibieron pasar a los propietarios. Algunos de ellos tenían en estos pisos su primera vivienda y, además, no les permitieron recoger sus enseres, por el que hay abierto otro procedimiento judicial por allanamiento y coacciones.
Tras diez años de instrucción judicial los propietarios ven algo de luz al final del túnel. Algo que comentaban ayer en corrillo en los pasillos del Palacio de Justicia. El juzgado de Lo Penal 2 de Torrevieja convocó ayer la vista oral. Los denunciantes se sienten estafados, no sólo por los promotores, también por el funcionamiento de una justicia que ha tardado diez años en concretar la fecha del juicio. Durante este tiempo algunos de los compradores que invirtieron sus ahorros en Torrevieja, procedentes de municipios de la comarca como Callosa de Segura o Cox, madrileños, vascos, o manchegos, han fallecido. También han perecido dos de los intermediarios de la operación imputados en la causa mientras que el principal encausado, Torregrosa, tiene 80 años.
Los propietarios, organizados en una asociación, piden una indemnización de un millón de euros que la Fiscalía reduce exclusivamente a veinte millones de las antiguas pesetas. Muchos de los afectados, a pesar del chasco que han sufrido, volvieron a Torrevieja y adquirieron otra vivienda junto a la playa.
"Lo sabían"
El imputado Antonio Torregrosa aseguraba ayer a este diario que los propietarios conocían en 1997 que quien les vendía el piso tenía una deuda por el suelo de la finca contraída con él. Los pisos "tenían cargas" y "sólo pagaron por el piso cuatro perras. Sabían cómo estaban comprando". Sin embargo los afectados no lo ven tan claro. La mitad escrituraron sus vivienda. Ayer lamentaban la connivencia municipal en este caso concreto porque conocen muchos situaciones en la ciudad en el que el Ayuntamiento ha permitido habitar casas sin cédula de habitabilidad. El tercero en discordia ayer, el representante de la empresa que finalmente vendió los pisos a otros propietarios aseguraba que la mercantil, Eurohouse, acudía al juzgado en calidad de testigo y además actuó de buena fe porque la información registral del edificio no contemplaba ningún procedimiento judicial.
Los denunciantes sin embargo aseguraban ayer que ésta última mercantil sí conocía el procedimiento judicial abierto contra el citado empresario y vendió sus casas a sabiendas de lo que hacía. No está muy claro que Eurohouse, filial de San Antonio, pueda responder a posibles indemnizaciones, porque además de que el juzgado no las contempla, la empresa está inmersa en un concurso de acreedores. Ayer el abogado de los denunciantes Fernando del Cacho Millán lamentó la indefensión creada por un asunto que se dilata en los juzgados durante diez años aunque se congratuló de que al final se vaya a juzgar. "Puede ser un ejemplo para el montón de situaciones similares que han ocurrido en Torrevieja en los últimos años, para que este tipo de chanchullos no vuelvan a sucederse", agregó el letrado.
* Información - 5.11.10
Foto: Imagen de los propietarios que perdieron su piso en Torrevieja ayer en el juzgado a la espera de la vista oral que se aplazó - informacion
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Así lucha Finlandia contra la corrupción (y no lo hace España)
LA SAGA DE DASHIELL* : Finlandia ha sido reconocida internacionalmente como la nación menos corrupta del planeta, una parte de ese logro recae en la estricta moralidad imperante en el país, a pesar de ello, y para facilitar la transparencia, también cuenta con un conjunto de principios enfocados a evitar el abuso de poder y que son insólitos en la cultura española. Esta es la manera con la que Finlandia lucha contra la corrupción:
PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.
SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo contrarias a la ética sino ilegales.
TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.
CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.
QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.
SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el órgano político principal de las ciudades es la Asamblea popular (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.
SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su organización (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.
OCTAVO: Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad.
* Blog La saga de Dashiell - 4.11.10
Vecinos de Santa Cruz exigen la dimisión de edil de Urbanismo y solicitan que Zerolo no continúe como aforado
El portavoz de la plataforma, José Antonio Ramos, ha explicado en declaraciones a Europa Press que han decidido manifestarse a las puertas del Consistorio aprovechando que se iba a formular una pregunta del concejal de Ciudadanos Ángel Isidro Guimerá en relación con el catálogo de Viviendas "fuera de ordenación", "que no se ha realizado".
Ramos ha detallado que quieren exigir la dimisión de Reverón "por inoperancia" y "más tras la suspensión del Plan General por parte de la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente (Cotmac) del Gobierno de Canarias.
De igual forma, los vecinos quieren "advertir" al PSOE que sus ediles, Ramiro Cuende y Gloria Rivero, "no están legitimados para responsabilizarse de la oposición, ya que se ausentaron del pleno del 4 de enero cuando se aprobó el PGO".
Por último, Ramos ha indicado que este sábado comenzará una recogida de firmas para pedir que Zerolo tras anunciar que no repetirá en la candidatura de CC a la Alcaldía de Santa Cruz "no se postule" para el Parlamento de Canarias o el Senado para "esquivar" sus responsabilidades, ya que ambas instituciones permiten el "aforamiento" y por tanto un trato ante la ley diferenciado.
* 20 Minutos - 6.11.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
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La obtención de capital privado supedita obras en Castelló por valor de 4.000 millones
La entidad presentó en Castelló en diciembre de 2009 los resultados de de su estudio sobre el corredor, con el que pretende presionar a las autoridades europeas para que lo declaren prioritario.
Ferrmed hizo hincapié en la necesidad de acometer una nueva plataforma ferroviaria en ancho internacional entre la capital de la Plana y Tarragona para evitar un estrangulamiento del arco mediterráneo en este tramo. El coste estimado de los 135 kilómetros de plataforma (entre Castelló y l'Hospitalet de l'Infant) es de 2.970 millones de euros y Ferrmed abrió la puerta a que la iniciativa privada participe en su financiación.
El Ministerio de Fomento fue el siguiente que se subió al carro de la fórmula mixta. Anuló la tramitación del proyecto del AVE Castelló-Valencia, que estaba licitado en su totalidad y parcialmente adjudicado, con una inversión prevista de 640 millones de euros. El Ministerio anunció que volvería a sacarlo a concurso con participación de capital privado y actualmente trabaja en la redacción de los pliegos de condiciones. El responsable de Fomento, José Blanco, trasladó al alcalde de Castelló, Alberto Fabra, que hay empresas interesadas en participar en el proyecto.
El Tram
La reprogramación del AVE a Castelló desató las críticas del PP, que consideró discriminatorio que no se ejecute al cien por cien con inversión pública como en otros territorios. Sin embargo, unas semanas después, el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, anunció que la línea 2 del Tram -la que conectará Castelló con los municipios del área metropolitana- también se desarrollará con una fórmula mixta. La inversión de esta infraestructura se estima en 300 millones de euros. Supondrá la ejecución de 40 kilómetros de plataforma reservada para el Tram y dará servicio a más de 300.000 personas de Castelló, Benicàssim, Almassora, Vila-real y Burriana.
Empresarios de Castelló
Al respecto, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC), José Roca, manifestó su preferencia por que las infraestructuras se sufraguen con cargo a los presupuestos de la administración pública competente. "Ahora plantean una fórmula mixta, que tampoco nos parece mal", añadió. Sobre la participación de empresas de la provincia en estos proyectos, el presidente de la patronal provincial dijo desconocer si hay alguna interesada. Cree que no habrá problema para lograr financiación "si se demuestra que son infraestructuras rentables".
* Levante - 4.11.10
Foto: AVE no, Tren sí (archivo) - ecologistasenaccion.org
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Chile.- Histérica privatización de las ciudades
FUNDACIÓN DEFENDAMOS LA CIUDAD* : Los que creemos en la libertad de movimiento dentro de los espacios públicos que nos pertenecen a todos, rechazamos de plano esta ley, más todavía si es producto de una histérica campaña del miedo a la delincuencia, haciéndonos creer que las policías no pueden hacer nada más por los habitantes. El 17 de agosto publicamos en La Nación la columna “Ciudades enrejadas”, donde decíamos que senadores y diputados quieren darles atribuciones a los municipios para que cierren calles y pasajes con el fin de cautelar la seguridad de quienes viven enfrentando esas vías. Pues bien, nos hemos informado por la prensa que, a solicitud del Ministerio del Interior y de ciertos influyentes alcaldes, se confeccionó un proyecto de ley en tal sentido, llamándonos la atención que ni el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ni el Ministerio de Transportes, servicios del Estado relacionados íntimamente con las ciudades, hayan intervenido en esta iniciativa: curiosa esta omisión.
Es más, tampoco entregó su opinión el Ministerio de Bienes Nacionales, ya que el DL 1.939 es muy claro respecto del asunto.
Una comisión mixta del Congreso, conmovida por lo que se observa en las pantallas de televisión respecto de los asaltos que cometen jóvenes delincuentes en viviendas y comercios, flagelo que existe en todos los países, pasando por alto que las vialidades, por ser bienes nacionales de uso público, nos pertenecen a todos los habitantes, pretende que se apruebe esta ley, creyendo ingenuamente que con este relativo impedimento se va a terminar esta lacra social. Esto lo asociamos con el antiguo chiste de la venta del sofá de Don Otto.
A pesar de que revisamos la materia con el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos, alertando a sus miembros ante el eventual futuro escenario, esta orden profesional no ha emitido juicio acerca del cierre de las calles. No cabe duda de que si prospera esta ley, nos asemejaríamos en cierta medida a la franja de Gaza o a los campos de concentración nazis.
Los promotores de la ley hablan de seguridad ciudadana, pero no dicen que tanto Carabineros como Investigaciones y las municipalidades no han sido capaces para enfrentar la situación. Todos quisiéramos vivir en paz y tranquilidad, pero recordemos que las señales de violencia que nos entregan esos mismos canales de televisión y la abundante propaganda para adquirir bienes suntuarios son elementos que invitan a ciertos grupos desadaptados a cometer esos delitos, lo que se debe unir a las benignas sentencias de los tribunales. Es decir, en lugar de arremeter contra la delincuencia con métodos preventivos diseñados por el Ministerio del Interior y otros servicios relacionados, y correctivos por parte de la justicia, se optó por lo más fácil: ponerles estorbos a esos grupos de malhechores, asestando un golpe a la propia Constitución.
Según el proyecto, las municipalidades pueden autorizar el cierre de calles, pasajes y vías locales y además los “conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida”. Habrá un procedimiento para facilitar la circulación peatonal y vehicular de los residentes y otras personas autorizadas por ellos (sic), vehículos de emergencia y servicios públicos. Es decir, si un paseante desea transitar con su mascota en su barrio, no podrá caminar por aquellas calles redefinidas como de uso exclusivo de los residentes y sus amigos, configurándose así una situación un tanto fantasmagórica, desde el punto de vista de la igualdad de derechos que tenemos todos los chilenos, amén de la pobre imagen urbana de campamento de emergencia que ofrecerán nuestras ciudades.
Se demuestra que en esta ley no intervino ningún profesional competente en materias de ciudad, porque los cierres que objetamos se pueden efectuar en las “calles, pasajes y vías locales”, textual, en circunstancias que las calles o vías, de acuerdo con la normativa urbana y según sus características, pueden ser expresas, troncales, colectoras, de servicio y locales. Es decir, la comisión mixta parlamentaria no debió hablar de “calles”, sino simplemente de “pasajes y vías locales”, que están muy bien definidas en la ordenanza de la Ley de Urbanismo y Construcciones. Pero también podría ser posible, si ellos hablan de “calles”, que las de servicio, colectoras y las otras dos de mayor rango, también se puedan cerrar, lo que sería francamente inaudito.
Los que creemos en la libertad de movimiento dentro de los espacios públicos que nos pertenecen a todos, rechazamos de plano esta ley, más todavía si es producto de una histérica campaña del miedo a la delincuencia, haciéndonos creer que las policías no pueden hacer nada más por los habitantes. Si llegara a prosperar esta iniciativa, en unos años más se autorizará a los residentes para que coloquen bombas antipersonas enfrente de sus viviendas y más adelante no nos extrañaría que se aprobara el uso de armas de fuego y otros dispositivos para la defensa de los mismos.
Finalmente, y como esta futura ley limita una garantía constitucional, la libertad de desplazamiento y el propio DL 1.939, en razón a que los ciudadanos no podemos impugnarla en el Tribunal Constitucional antes de su publicación en el Diario Oficial, tendremos que esperar que ello acontezca para que en un futuro recurso judicial esta alta magistratura se pronuncie sobre el intento de privatizar bienes nacionales de uso público.
* Fundación Defendamos la Ciudad
* La Nación, Chile - 4.11.10
Las ventajas de un área metropolitana
"¿Se puede conducir un petrolero como una lancha?". Es la respuesta de un especialista a la pregunta de para qué sirve un área metropolitana legalmente constituida. Todos reconocen la nueva forma de ciudad, con lazos de dependencia entre A Coruña y sus vecinos, que deben ser articulados. Incluso Ayuntamiento y Xunta se llegaron a plantear una ideal, teórica, eurorregión que incluyese Carballo y Ferrol. Pero, a pesar de que han invertido tiempo, palabras, rifirrafes, despacheos y cartas en intentar, siempre sin éxito, llegar a un acuerdo, no se han parado a explicar a los ciudadanos el beneficio económico y social de crear la renombrada área metropolitana. Mientras, muchos vecinos la reinterpretan como una especie de invento político para liberar palabrería, soltarse soplamocos en público y, finalmente, no hacer nada. Y eso que, sólo en términos de rentabilidad económica, en la futura área de Vigo, se calcula que los concellos que la conformen se ahorrarán casi cinco millones de euros anuales.
Áreas metropolitanas de España. La nueva forma de ciudad es un volumen que analiza la transformación territorial y social de las urbes españolas y cómo las administraciones se han ido quedando atrás en la gestión de la nueva realidad. Su autor es Fermín Rodríguez, de la Universidad de Oviedo, quien explica que sólo se trata de "reconocer la realidad, reconocer la nueva forma de la ciudad, para poder gestionar mejor esa realidad". "Si decidimos viajar en un barco, tenemos que saber qué barco es, su eslora, su calado... si pensamos en conducir un petrolero con los conocimientos de un patrón de embarcación recreativa, ¿qué va a pasar?", advierte el catedrático, "el riesgo será muy alto, la cantidad de combustible será mayor...".
El profesor entiende que resolver problemas como la contaminación del agua, los residuos orgánicos, la energía, el aparcamiento, las zonas naturales, los vehículos, la seguridad... "todo necesita nuevas soluciones". Esta enumeración se podría trasladar a A Coruña: la ría de O Burgo, Nostián, el parque alto metropolitano del nuevo plan general, las actuaciones de los bomberos en zonas limítrofes, los tráficos, los últimos conflictos en los servicios sociales entre ayuntamientos por los realojos de chabolistas... "La ciudad ya no se identifica con Ayuntamiento", constata el catedrático ovetense, promotor de Ciudad Astur.
Todo depende de las competencias que la Xunta le quiera otorgar a esa área metropolitana, lo que podría ocurrir a costa de otras administraciones, como la local, la provincial y la autonómica. Y claro, competencia significa reparto de pastel, concursos, adjudicaciones y armas arrojadizas entre partidos. Este conflicto se dio en el caso de Barcelona, explica Fermín Rodríguez, donde hubo una entidad metropolitana de la que se deshizo el Gobierno de Pujol porque se había convertido en un contrapoder socialista a la Generalitat de CiU. También Madrid y Valencia tuvieron sus entidades, se disolvieron y ahora, al menos en el caso de la capital levantina, el tema vuelve a formar parte de la agenda política, al igual que en capitales andaluzas como Sevilla.
"No es cosa sólo de España, son soluciones que se han buscado o se están buscando en todo el mundo". Descartadas por espantavotos las fusiones de concellos (pasó en Canadá), la única área metropolitana que funciona como tal en España, con una ley autonómica que la respalda, es la de Barcelona, recuperada recientemente después del intento anterior abolido, como ya se ha dicho, en 1987. "Le ha costado cincuenta años", relata el autor de La nueva forma de ciudad.
Pero, finalmente, la ley establece que habrá un Consejo Metropolitano -con alcaldes y ediles de las 36 localidades que lo conforman- y que será el órgano que elija el presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), uno de los puntos conflictivos puesto que CiU abogaba porque el presidente siempre fuese el alcalde de Barcelona.
Otro punto clave de la ley son sus competencias urbanísticas puesto que realizará un plan director urbanístico metropolitano que, entre otras cosas, definirá criterios para el desarrollo urbanístico sostenible, configurará las políticas de vivienda económica y sentará las medidas de protección de suelo no urbanizable.
¿Sería posible un acuerdo metropolitano de tales características en A Coruña? ¿Qué competencias estaría dispuesta a ceder la Xunta de Galicia? Los estatutos del Consorcio metropolitano barcelonés se aprobaron en enero de 2009 pero la ley autonómica ratificada por unanimidad por el Parlament en verano de 2010 le da forma legislativa, carta de derecho, al nuevo ente pionero en España -que maneja un presupuesto anual de 1.500 millones de euros-. Esto todavía es un estudio en Vigo y sólo unas negociaciones infructuosas en la comarca de A Coruña.
En el caso de Barcelona, primero nació el Consorcio. Su primer objetivo fue coordinar a los tres entes metropolitanos existentes, que funcionaban independientemente: la Mancomunidad de Municipios (playas, parques, vivienda, estudios territoriales y urbanismo), la Entidad Metropolitana de Transporte y la Entidad del Medio Ambiente (servicios hidráulicos y tratamiento de residuos).
"Un municipio no puede convertir en cuello de botella al vecino", explica Ramón Torra, gerente de la mancomunidad barcelonesa, que considera que "la calidad de los servicios es más importante que abaratar costes".
Pero el objetivo teórico es crecer a partir de ahí y alentar otras actuaciones fuera de esas entidades consorciadas previamente, además de ejercer de representación de esos tres millones de habitantes e impulsar actuaciones "de planificación estratégica, promoción y desarrollo económico que permitan aprovechar todas las oportunidades para mejorar la calidad de vida y la competitividad del Área Metropolitana de Barcelona y de toda Cataluña".
En el caso de A Coruña, como tal, no hay servicios consorciados, aunque sí acuerdos puntuales en algunos temas como el turismo. Además, se está a la espera de que, entre finales de 2010 y principios de 2011, se ponga en marcha el consorcio metropolitano de transporte, algo de lo que lleva unos veinte años hablándose y que funciona desde hace tiempo en el entorno de muchísimas capitales de provincia, desde Andalucía hasta Asturias.
El otro ejemplo en la península ibérica es la Xunta Metropolitana de Oporto, que reúne a 16 municipios, que planifica o gestiona medio ambiente, cultura, ocio, residuos, agua, transportes... "Se produjo un claro ahorro financiero en proyectos comunes e intentamos buscar actuaciones supramunicipales, sobre todo de regeneración urbana, que abarcan a veces tres o cuatro municipios", relata Lino Ferreira, presidente de la Ejecutiva la entidad, que tramita las candidaturas a programas europeos, donde destacan sus proyectos en actuaciones de rehabilitación urbana.
El proyecto de Vigo todavía no es una realidad, es un proyecto de reordenación territorial que ya cuenta con un estudio de viabilidad realizado por profesores de Derecho de la universidad olívica que concluye que el área metropolitana podría ahorrarle cada año a los concellos entre 1,5 y 4,3 millones de euros gracias a la gestión mancomunada de ocho servicios.
Estas competencias que la Xunta pretende que tenga ese área metropolitana son servicios de agua, recogida de basura, promoción económica y empleo, turismo, servicios sociales, ordenación del territorio, planificación de infraestructuras y transportes, algunos en régimen de concesión y otros de gestión directa. Los autores del estudio concluyen que es condición indispensable que haya "colaboración" de la Xunta y de todos los ayuntamientos implicados, lo que obliga a superar las diferencias que han dilatado el proceso diez años.
El Ejecutivo autonómico tiene ahora un plazo de dos meses para analizar el estudio y ver si lo acepta íntegramente. El proceso está más adelantado que en A Coruña, ya con la Xunta por el medio, algo que no ha hecho todavía en el norte, en donde no ha encontrado "voluntad". Sin embargo, el consenso no es total puesto que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha prometido una alternativa a la ley del área metropolitana del Gobierno gallego el mes entrante, al considerar la propuesta autonómica "una estafa política para construir un área de tercera". Según sus deseos, la Diputación tendría una presencia "marginal" en Vigo.
* La Opinión A Coruña - 31.10.10
Foto: A Coruña, vista general - seriestemporales-ieo.net
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Comienza la demolición del ´Hotel que nunca fue´ en Marbella Golf
En palabras de su Director General, Craig Cooke, "heredamos ´el hotel que nunca fue´ antes de construir el campo de golf y hemos tenido que esperar más de 20 años para reunir las condiciones necesarias que han hecho viable su demolición". Más de un año de negociaciones y trámites con la administración pública han posibilitado que el pasado miércoles 27 máquinas comenzaran la demolición del gigante de cemento inconcluso.
El bloque de hormigón fue construido en los años 70 para convertirse en un hotel de lujo para una cadena de hoteles del norte-americana que tiene un gran número de establecimientos en todo el mundo. La mayor parte de las once plantas, claramente visibles desde la N-340 y desde la AP-7, en lugar de alojar turistas, pasaron a ser propiedad de muchas aves que anidaban en dicha estructura.
La actividad del campo de golf no se está viendo afectada por la demolición y está totalmente abierto al público. Así que no pierdas esta oportunidad histórica de visitar Marbella Golf Club y ver la demolición de este gigante jugando una partida o desde su magnífica Casa Club.
* La Opinión Málaga - 5.11.10
Foto: Comienza la demolición del ´Hotel que nunca fue´ en Marbella Golf - laopinion
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Los ricos españoles siguen apostando por el inmobiliario… en el extranjero
El inmueble consta de 66.000 m2, distribuidos en ocho plantas, que tiene como inquilino a BNP Paribas por un periodo de nueve.
MetroInvest nació en 2009 con el objetivo de invertir 500 millones de euros en edificios de oficinas con contratos de alquiler de larga duración. En este periodo, el fondo ha comprado seis edificios entre Madrid, Londres, Munich y Frankfurt, al tiempo que ultima la adquisición de su primer edificio en París, para lo que ha prolongado un año más su periodo de inversión hasta el 2011 y tratar de aprovechar el descenso de los precios inmobiliarios.
La segunda operación fuera de nuestras fronteras la ha realizado N+1 a través de Alpina Real Estate, el vehiculo de inversión inmobiliaria creado para comprar activos en los mercados de Alemania, Austria y Suiza. Con su segundo fondo, la gestora ha cerrado la adquisición de un edificio de oficinas en el centro de Stuttgart por 30 millones de euros, según ha informado la propia firma española de servicios financieros.
Este inmueble está también situado en las inmediaciones de una de las arterias principales de Stuttgart, considerada entre las más comerciales de toda Alemania. El edificio, de cerca de 6.000 metros cuadrados, totalmente ocupados, completa ya una cartera de trece activos en renta entre los dos fondos gestionados por Alpina Real Estate, todos en las principales ciudades alemanas, como Berlín, Munich, Hamburgo, Dusseldorf y Francfort.
La fiebre oportunista por el sector inmobiliario ha provocado la irrupción de nuevos inversores. Es el caso, por ejemplo, del fondo soberano de Noruega, que acaba de anunciar la compra de un 25% de Regent Street, la principal arteria comercial de Londres propiedad de The Crown Estate, la sociedad inmobiliaria de la reina de Inglaterra, por el que ha pagado 500 millones de euros.
Con menos dinero, pero con el mismo interés por Londres, están otros muchos inversores particulares españoles. La familia González Delgado, antigua propietaria del 6% de El Corte Inglés, es uno de los interesados en colocar parte de su fortuna en el Reino Unido, el país que acapara el mayor porcentaje de cuota de mercado por transacciones de Europa y cuya capital concentra los activos más líquidos.
* Cotizalia - 5.11.10
Foto: Skyline de Londres (Reuters)
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El TSJA confirma que El Algarrobico era espacio protegido cuando se edificó
La resolución del Alto Tribunal andaluz, a la que tuvo acceso Europa Press, precisa que la suspensión cautelar de la aplicación del nuevo PORN, aprobado por decreto en febrero de 2008 pero suspendido por el TSJA al sospechar, entre otras, que podría «reactivar» el uso del hotel, significa dar a la zona el mismo nivel de protección del que disfrutaba en los «planos que fueron objeto de publicación» en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) con el PORN de 1994 y, por tanto, cuando se autorizó el hotel.
El auto rechaza con estos argumentos el recurso de súplica que interpuso el ayuntamiento de Carboneras (Almería) contra el requerimiento que el TSJA hizo al alcalde, Cristóbal Fernández (PSOE), para que se abstuviese de realizar cualquier actuación urbanística en El Algarrobico después de que el Consistorio aprobase hace un año una modificación de sus normas subsidiarias en la que este sector aparecía como urbanizable.
Al hilo de la sentencia, Greenpeace ha señalado que el TSJA reconoce con este auto que «la maniobra de cambio de planos» que el Gobierno andaluz realizó en 1997, por el que el paraje aparece como urbanizable, «no tiene validez jurídica» y ratifica que los planos que defiende la Junta de Andalucía para el sector ST-1 carecen de la citada validez ya que «no fueron publicados en el BOJA, ni fueron sometidos a exposición pública ni los aprobó el Consejo de Gobierno».
Según aseguró en una nota la responsable de la campaña de Costas de la organización, Pilar Marcos, se confirma así «la manipulación de los planos que hizo la Junta, sin respetar el procedimiento legalmente establecido». El nivel de protección en este paraje está pendiente de resolución judicial por parte del Alto Tribunal, que ha suspendido de manera cautelar hasta en tres ocasiones la nueva normativa aprobada por la Junta.
«El objetivo de la Junta es recuperarlo»
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, aseguró ayer al conocer la resolución del TSJA que el propósito de la administración autonómica es «recuperar ese territorio para el uso y disfrute de los ciudadanos», a la par que dejó claro que la sentencia apunta que la licencia fue «municipal».
En declaraciones a los periodistas en Huelva, Díaz Trillo destacó que la Junta de Andalucía está «en contra de ese hotel», e incluso quiere «recuperar ese territorio». Díaz Trillo apuntó que lo quieren «para el uso y disfrute de los ciudadanos, por lo que la sentencia abunda en la misma línea en la que trabaja la Junta». europa press huelva
* La Opnión Málaga - 5.11.10
Foto: El TSJA confirma que El Algarrobico era espacio protegido cuando se edificó - EFE
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Alicante.- Detenidos dos cabecillas del 'caso Brugal' por blanqueo de dinero
Fenoll y Gregori, junto a otras 15 personas (13 en Alicante y dos en Madrid), fueron arrestados ayer por orden del Juzgado número 5 de Alicante, que desde 2009 dirige una investigación por falsedad y estafa vinculada a la empresa de Gregori, la firma de automoción Autisa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El juez indaga una estafa de 12 millones de euros en la venta de 120 camiones. Por estos hechos, Gregori y otras tres personas, entre ellas su hermano José Vicente, fueron arrestados en abril.
Más adelante, el juez añadió a la causa los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales para eludir los embargos del concurso de acreedores en el que había entrado la firma de Gregori. La policía descubrió estas actividades en el curso de las escuchas del caso Brugal. Las grabaciones revelaron que Gregori contó con el concurso de Fenoll, una amplia red de testaferros y dos abogados para materializar la ocultación de sus bienes: mediante falsas empresas y el blanqueo de capitales.
Los dos detenidos en Madrid son sendos abogados de Gregori. Los letrados, según fuentes judiciales, quedaron en libertad con cargos tras ser interrogados. Los 13 arrestados en Alicante, salvo Fenoll, permanecían anoche en la comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Ángel Fenoll acudió a las dependencias policiales en su vehículo y, tras ser interrogado en calidad de detenido, quedó en libertad con cargos.
Para Gregori, el de ayer fue el tercer arresto en lo que va de año. El primero fue en abril por estafa y el segundo, en julio pasado, como intermediario del caso Brugal. En ambos casos tuvo que abonar una fianza de 100.000 euros. Fenoll es la tercera vez que es arrestado, siempre por el caso Brugal. En la primera ocasión, en mayo de 2007, estuvo un mes en prisión, que eludió con una fianza de 100.000 euros, y en la segunda, en julio pasado, evitó la cárcel con otra fianza de 300.000 euros.
* El País - 5.11.10
Foto: José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, y su esposa, en el yate de Enrique Ortiz (izquierda).- elpais
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Totana.- El TSJ salva el 'caso Tótem' al fijar la validez de las pruebas
Pese a que el pasado julio la Sala de lo Penal declaró la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas contra Juan Morales, que por tener la condición de aforado no podía sufrir ese tipo de investigación por decisión de un juzgado de instrucción, Pérez-Templado acaba de dictar un auto por el que se mantiene la validez del resto del material probatorio. Una circunstancia que va a permitir sostener la imputación contra el diputado por una docena de cargos: dos delitos de cohecho, dos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, otro de tráfico de influencias, otro de prevaricación, otro de falsedad documental, otro de fraude, dos de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último de infidelidad en la custodia de documentos.
En concreto, el hecho más grave que se le atribuye es haber tratado de cobrar una comisión de 3,6 millones de euros a una constructora gallega que planeaba construir unas 5.000 viviendas y un campo de golf en el paraje totanero de El Raiguero.
La defensa de Juan Morales, representada por el abogado José María Caballero Salinas, pretendía que prácticamente toda la investigación contra su cliente fuera declarada nula, al considerar que la mayor parte de las pruebas eran consecuencia de los pinchazos telefónicos ilegales. En virtud de la doctrina jurídica conocida como los 'frutos del árbol envenenado', todo el material probatorio que tenga su origen en una prueba ilícita tiene que ser necesariamente invalidado.
El magistrado felicita expresamente a Caballero Salinas «por el extraordinario esfuerzo realizado y por su gran calidad», pero razona, sin embargo, que el aforamiento del que gozan los diputados, entre otros cargos públicos, «es un privilegio contrario al principio constitucional de igualdad», que es por tanto una figura «discriminatoria y por ende odiosa» y que merece «una aplicación restrictiva».
También reseña los principios de conservación del acto jurídico y de preeminencia del juicio oral sobre la fase instructora, de tal forma que considera que la anulación de pruebas debe ser decidida de manera restrictiva y que deberá ser en el juicio oral donde se valore el peso de los elementos probatorios existentes.
Reunión clave en Vigo
Establece Pérez-Templado que la mayor parte de las pruebas existentes contra Juan Morales fueron obtenidas por vías distintas a la intervención de su teléfono, como lo fueron conversaciones entre otros imputados. Entre esas pruebas destaca una que tiene una importancia considerable: el viaje que Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez Navarro y el intermediario José Antonio Alcántara realizaron a Vigo, con el fin de reunirse con el promotor Manuel Núñez Arias y, supuestamente, de negociar el pago de la comisión citada.
El desplazamiento fue controlado en todo momento por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y constituye una de las principales pruebas de cargo contra Morales y su presunto intento de cobrar ilícitamente 3,6 millones de euros. Como señala el magistrado en su auto, «no tiene explicación inocente que meses después de que Morales haya abandonado la Alcaldía y por tanto el control de los temas inmobiliarios del Ayuntamiento de Totana, Núñez reciba y hable con aquél y con su íntimo amigo Gabriel», aunque en cualquier caso le insta a que «si tiene una explicación convincente», la aporte en el juicio.
Pérez-Templado mantiene también las imputaciones contra gabriel Martínez Navarro, Manuel Núñez Arias, María del Carmen Jordán y Juan Antonio Álvarez, José Miguel Martínez Soler, Fulgencio Marín Bravo, José Antonio Carrocera García y Pablo José Maceira.
* La Verdad 4.11.10
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
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Una constructora china levanta un edificio de 15 plantas en solo dos días
Pese a la rapidez en su construcción, la compañía BSB asegura que la edificación es totalmente segura. Así, aseguran, el edificio ha pasado el nivel 9 en las pruebas de resistencia contra terremotos, gracias al refuerzo de su estructura en diagonal, a su poco peso y a su construcción en acero.
Además, ofrece seis veces menos elementos de construcción, siendo sus materiales mucho más ligeros (250 kg/m2) que los tradicionales (1.500 kg/m2). Los pisos y las paredes son sólidas, herméticas e insonorizadas, ofreciendo una eficiencia energética cinco veces superior a una construcción corriente, según los datos de la compañía. Esto es posible gracias a la inclusión de 150 mm de aislamiento térmico en las paredes y techos, triples ventanas de plástico, protección solar exterior y aislamiento térmico para mantener la temperatura.
Seis enormes grúas se han utilizado continuamente para situar cada uno de los módulos que conforman las plantas y que se ensamblan en una fábrica. La compañía china ha presentado su obra como "el primer edificio en la historia humana que combina en sus estructura materiales respetuosos con el medio ambiente". Para demostrarlo, durante su edificación sólo se ha desperdiciado un 1% de residuos en los materiales.
* Público - 4.11.10
Foto: China, construcción (archivo) - salchino
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La crisis destapa un fraude masivo en la venta de pisos sociales en Badia
Fue un "fraude masivo", según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio de Derechos Sociales Desc, en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que oficialmente no se podía vender por más de 40.000.
Según denuncian estas entidades, también entraron en el juego las inmobiliarias, que sacaron su tajada en forma de jugosas comisiones, y los notarios, que dieron por buenas estas dudosas operaciones de compra-venta. Las entidades acusan a las administraciones de no haber evitado estas irregularidades "por falta de control o simplemente porque miraban hacia otro lado".
El escándalo quizás no habría salido nunca a la luz si la crisis no hubiera dejado en el paro, y sin poder pagar sus desmesuradas hipotecas, a las víctimas de este engaño inmobiliario, en su mayoría inmigrantes marroquíes. En los últimos dos años, al menos 80 familias, algunas con todos sus miembros en el paro, se vieron obligadas a dejar de pagar la hipoteca. Estos son los casos de pisos vendidos ilegalmente que se conocen, aunque la Generalitat admite que el fraude es mucho mayor, de varios cientos de viviendas.
Las familias afectadas, tras intentar infructuosamente negociar con su banco, que inició los trámites legales para desahuciarlas, acudieron al Casal de l'Esquerra de Badia. Allí, asesoradas por abogados que revisaron todo su papeleo, descubrieron que habían sido víctimas de un fraude.Ante Adigsa, empresa pública de vivienda de la Generalitat a la que deben comunicarse las ventas de los pisos sociales, los compradores marroquíes habían firmado con el propietario una escritura de compra-venta por un precio modesto, que oscilaba entre los 6.000 y los 50.000 euros, dentro de los límites legales permitidos para las viviendas de Badia, que por decreto tienen la mitad del valor de la vivienda social de régimen general. El problema es que los propietarios habían cobrado a los compradores una suma entre tres y cinco veces superior a la escriturada, con lo que recibieron un jugoso pago en negro.
Ada Colau, del Observatorio Desc, destaca que el fraude no hubiera sido posible si las entidades financieras no hubieran concedido hipotecas por un valor que estaba a años luz del módico precio que en realidad tenía el piso. Además, agrega, estas hipotecas eran de "alto riesgo", ya que se daban a los inmigrantes "con el único aval de familiares y amigos insolventes, a veces sin trabajo y sin patrimonio". Colau denuncia que la desregulación hipotecaria "permite a los bancos dar estos créditos irresponsables para compra-ventas fraudulentas".
También la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, recrimina el "altísimo riesgo" de estas hipotecas. Trilla reconoce que, con la connivencia de los bancos, se entró en un "juego muy peligroso" que ha estallado con la crisis, pero niega que la Generalitat hiciera la vista gorda ante estas ventas irregulares. "Las escrituras notariales y el contrato de compra-venta que nos presentaban ante Adigsa cumplían todos los requisitos. Las operaciones en negro que se realizaban al margen no podemos saberlas mientras no existan denuncias, y no las hubo", señala Trilla. La secretaria de Vivienda agrega que debía ser Hacienda la que controlara el dinero negro que recibieron los vendedores. Un portavoz de la Agencia Tributaria aseguró ayer que iniciarán las investigaciones sobre el caso si reciben las denuncias correspondientes.
La dimensión que ha adquirido el caso ha obligado a la Generalitat, a CatalunyaCaixa (entidad que concedió las hipotecas a la mayoría de los afectados) y al Ayuntamiento de Badia a pactar una solución para evitar la alarma social que hubiera generado un desahucio masivo de ciudadanos que fueron víctimas fáciles del fraude por su vulnerabilidad y, en muchos casos, por su desconocimiento de las leyes y del idioma de la sociedad que las acoge.
Tras largos meses de tira y afloja, la Generalitat ha logrado que la entidad financiera frenase los procesos de desahucio que solicitó. Según el acuerdo firmado, los afectados podrán entregar el piso a la caja y esta les condonará la deuda contraída al firmar la hipoteca. Es la denominada dación en pago, una solución que en España no se aplica. Con la crisis, miles de ciudadanos se han quedado sin vivienda por impago, pero ello no les ha librado de seguir pagando al banco hasta saldar la deuda hipotecaria.
En el caso de Badia, los afectados que entreguen la vivienda al banco podrán seguir en ella en régimen de alquiler subvencionado y con opción de recompra si su situación económica mejora. Para Alicia Barreira, la abogada que ha asesorado a la mayoría de los inmigrantes, esta "no es una buena solución" para los afectados. "Habría que declarar nulos todos los contratos de compra-venta que se hicieron al margen de la ley y obligar a los bancos a retornar a los afectados la parte que han pagado de su hipoteca".
Entre los inmigrantes hay confusión. Nadie de momento se ha acogido a la solución ofrecida por la Generalitat y CatalunyaCaixa. La entidad bancaria ha declinado hacer declaraciones sobre las hipotecas concedidas en Badia, aunque sí ha confirmado la existencia del acuerdo con la Generalitat para que los afectados no se queden en la calle.
* El País - 4.11.10
Foto: Badía del Vallés (Barcelona) - poblescatalunya
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Xátiva.- El convento de Santa Clara se vendió con 10 piezas del patrimonio histórico dentro
El convento ha estado vacío y custodiado por un guardés únicamente en determinados momentos. Al templo han accedido muchas personas, sobre todo los fieles que cada 5 de agosto acuden a la iglesia, abierta al culto ese día al para que la imagen de la patrona sea brevemente procesionada en su interior. También han entrado los que son ya sus legítimos dueños. De hecho, la instalación es ya a todos los efectos una propiedad privada. Sin embargo, este diario ha podido constatar que en Xàtiva todavía siguen -al menos, hasta el mes pasado- obras tan importantes como El retrato de Na Saurina d'Entença, del XVII; San Pedro de Alcántara; los Santos Juanes, y una Purísima del XVIII. También permanecen diversas sillas tapizadas en cuero; sillas de reposo en terciopelo rojo, un aparador modernista o un escudo de madera.
Los grandes inventarios de referencia en la historia reciente de Santa Clara son los de 1981 y 1993. El segundo es una ampliación del primero, en el que no todas las piezas fueron puestas a disposición del responsable del recuento, el hoy director del museo de l'Almodí, Mariano González. Cuando la orden de los franciscanos decretó el cierre del convento de Xàtiva y trasladó a Canals a las últimas monjas y prácticamente todo su patrimonio la Conselleria de Cultura dio por bueno el inventario de 1993 y, menos el cuadro de López, verificó que todo su contenido estaba a la sazón en Canals. Al no haber salido de la Comunitat Valenciana, el traslado de las piezas estaba sujeto a derecho ya que no contravenía la normativa. Desde 1979 (lo primero fue la reja de punzones del XIV) hasta 1983 las clarisas donaron al museo algunas piezas. El gobierno municipal de la época las compensó con algunas atenciones de carácter doméstico (les regaló una lavadora, por ejemplo). Pero pese al primer inventario de González, el patrimonio de Santa Clara siguió siendo presa de cierta rapiña. Las monjas eran muy pobres y no tenían apenas medios; percibían una cantidad insuficiente por el alquiler de sus locales de la avenida de Selgas y pese a la avanzada edad de algunas de ellas, seguían cosiendo ropa para fuera de casa con una intensidad excesiva. Ello explicaría el goteo de objetos valiosos que las monjas malvendieron.
* Levante - 3.11.10
Foto: Xátiva (Valencia) - Fev; wikipedia.org
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Numancia se concentrará el domingo para exigir que llegue el tren de cercanías
Desde la plataforma exigen que el tren de cercanías «pare ya» en la comarca. No en vano, se trata de un transporte que «cada día vemos pasar de largo, pero que no podemos utilizar», remarcó Santos, quien además recuerda que la parada en las localidades sagreñas supondría un «espaldarazo importante» al desarrollo de esta zona de la provincia, que actualmente está «prácticamente muerta».
La representante añadió que la estación de Numancia debe volver a estar abierta, como también la de Villaluenga, ya que en este caso, hay que remontarse hasta 1975 para recordar la última vez que paró el tren en sus vías.
Santos explicó que la llegada del cercanías supondrá un aumento de población para la comarca, así como el fomento de trabajo y urbanismo, ya que actualmente, las personas «se están marchando de estas localidades por la enorme crisis, porque hay problemas para trabajar pero también por malas comunicaciones».
Además, recordó que la población joven «necesita este medio de transporte para salir a estudiar o trabajar a lugares como Toledo, Talavera de la Reina o Madrid. Además, el tren contamina poco y evitaría los grandes atascos que se originan en la autovía A-42, sobre todo a la altura de Parla».
De la misma forma, recordó que las localidades sagreñas necesitan mejores comunicaciones, ya que actualmente se reducen al transporte particular y a algunos autobuses, «que en el caso de Villaluenga dicen que pasan aproximadamente cada hora, pero eso no es verdad», destacó Santos.
De la misma forma, critica que, además de los jóvenes, las personas mayores que no disponen de coche «tengan que pedir favores a vecinos o recurrir a sus hijos y familiares cuando quieren ir al médico a Illescas, o coger los autobuses horas antes para llegar a Toledo», denunció.
«Cargada de razones», recuerda que el Ministerio de Fomento «tiene todo parado y no nos da respuestas, más allá que dentro de un plazo de unos 15 años podría llegar una lanzadera desde Illescas a alguna de las localidades cercanas».
Por eso, también tienen prevista una próxima manifestación en Villaluenga en marzo de 2011, que estará apoyada por asociaciones, partidos políticos y vecinos de Cobeja, Numancia, Villaluenga, Yuncos, Yuncler, Recas o Illescas.
* La Tribuna Toledo - 1.11.10
Foto: Numancia (Toledo), protesta tren (archivo) - latribuna
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La Justicia da diez días al Concello de Vigo para derribar cinco apartoteles
El gerente de Urbanismo de Vigo, José Manuel Mariño, explicó ayer que el nuevo Plan General de Urbanismo de Vigo, que ha permitido legalizar otros dos inmuebles con órdenes de derribo, no contempla el uso residencial para esa zona, por lo que no sería legalizable. Sin embargo, no aclaró si se va a derribar o no la construcción. «Esperamos a que nos digan cómo tenemos que actuar, se quiere dar cumplimiento a la normativa urbanística», añadió.
Los edificios obtuvieron en su día la licencia para apartotel y, sin embargo, fueron destinados a uso residencial. Un grupo de vecinos denunciaron los hechos y el Tribunal Supremo falló a su favor ordenando la demolición.
Pese al auto judicial dictado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el 2003 en el que obligaba al derribo, los bloques han continuado en pie. La asesoría jurídica municipal emitió entonces un informe en el que determinaba la obligación del Concello de requerir a los afectados para que procedieran a la demolición. Añadía que, en el caso de no ser así, debería hacerlo la Administración local en el plazo legal.
La licencia fue otorgada por la comisión de gobierno el 3 de junio de 1994 para dos sótanos, garaje, aparcamiento, planta baja, servicios de hostelería y locales comerciales. En total, eran cinco bloques de cuatro plantas y aprovechamiento bajo cubierta con 180 viviendas apartamento. La superficie sumaba 32.443 metros cuadrados.
Pablo Padín y Fernando Urcera encabezaron la denuncia. El primero de ellos expresaba ayer su escepticismo ante la nueva notificación judicial, después de más de tres lustros de litigios y de ganar tres veces en el Supremo.
Uno de los detalles que le sorprenden es que los vecinos que residen en estos apartamentos no hayan iniciado acciones legales contra el promotor. En su opinión, mucha gente sabía dónde se metía y otra compró condicionando la operación a la situación jurídica.
Para Padín, nunca ha habido voluntad política de resolverlo y demuestra que «el problema de Vigo es la existencia de una pandilla de señores y señoras que jugaban con el urbanismo y que pretenden seguir». A su juicio, se intenta diariamente vulnerar la legalidad.
Este no es el único caso problemático de la popular playa de Samil. Se da la circunstancia de que otro apartotel recibió una orden de desalojo por no ajustarse a la legalidad. La diferencia era que en ese caso dejaba la puerta abierta para corregir las ilegalidades con la ejecución de obras menores y no requería el derribo.
* La Voz de Galicia - 4.11.10
Foto: Fachada de los apartoteles, en los números 61 y 63 de la avenida de Samil - farodevigo
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