La pesadilla para estos vecinos y veraneantes comenzó en 1991 poco después de comprar las primeras casas. El constructor y vendedor inicial, ya fallecido, tenía una deuda de 34 millones de las antiguas pesetas con el propietario del suelo, Antonio Torregrosa, y ahora imputado. Éste se la cobró haciéndose con la propiedad de todo el inmueble y, a través de varias operaciones de compra y venta, el edificio terminó en manos de una inmobiliaria oriolana que vendió todos los pisos a otros compradores. Algo que ocurrió cuando la mayoría de los propietarios originales ya había abonado hasta cuatro millones de las antiguas pesetas por el inmueble, el precio habitual en aquel momento para la ciudad turística -julio de 1991-.
El nuevo propietario del edificio comenzó supuestamente una estrategia para, definitivamente, desalojar a los vecinos de las casas. Así encontraron en 1997 con que les cortaban la suministro eléctrico y el agua de obra por orden del Ayuntamiento en un decreto insólito para una ciudad que mantiene cientos de pisos con luz y agua de obra hoy en día. La resolución que estaba impulsada por un entonces funcionario de Urbanismo de la administración local emparentado con el citado empresario protagonista de la operación y que se enfrenta a una pena de 2 años de cárcel por alzamiento de bienes. Durante algún tiempo estuvieron sobreviviendo acarreando garrafas de agua para asearse o limpiar y utilizando bombonas de gas para iluminar las estancias, como recogió este diario en su día. Para desalojar el edificio de forma definitiva en octubre de 2001 el empresario utilizó guardias de seguridad, sin ningún tipo de autorización, que prohibieron pasar a los propietarios. Algunos de ellos tenían en estos pisos su primera vivienda y, además, no les permitieron recoger sus enseres, por el que hay abierto otro procedimiento judicial por allanamiento y coacciones.
Tras diez años de instrucción judicial los propietarios ven algo de luz al final del túnel. Algo que comentaban ayer en corrillo en los pasillos del Palacio de Justicia. El juzgado de Lo Penal 2 de Torrevieja convocó ayer la vista oral. Los denunciantes se sienten estafados, no sólo por los promotores, también por el funcionamiento de una justicia que ha tardado diez años en concretar la fecha del juicio. Durante este tiempo algunos de los compradores que invirtieron sus ahorros en Torrevieja, procedentes de municipios de la comarca como Callosa de Segura o Cox, madrileños, vascos, o manchegos, han fallecido. También han perecido dos de los intermediarios de la operación imputados en la causa mientras que el principal encausado, Torregrosa, tiene 80 años.
Los propietarios, organizados en una asociación, piden una indemnización de un millón de euros que la Fiscalía reduce exclusivamente a veinte millones de las antiguas pesetas. Muchos de los afectados, a pesar del chasco que han sufrido, volvieron a Torrevieja y adquirieron otra vivienda junto a la playa.
"Lo sabían"
El imputado Antonio Torregrosa aseguraba ayer a este diario que los propietarios conocían en 1997 que quien les vendía el piso tenía una deuda por el suelo de la finca contraída con él. Los pisos "tenían cargas" y "sólo pagaron por el piso cuatro perras. Sabían cómo estaban comprando". Sin embargo los afectados no lo ven tan claro. La mitad escrituraron sus vivienda. Ayer lamentaban la connivencia municipal en este caso concreto porque conocen muchos situaciones en la ciudad en el que el Ayuntamiento ha permitido habitar casas sin cédula de habitabilidad. El tercero en discordia ayer, el representante de la empresa que finalmente vendió los pisos a otros propietarios aseguraba que la mercantil, Eurohouse, acudía al juzgado en calidad de testigo y además actuó de buena fe porque la información registral del edificio no contemplaba ningún procedimiento judicial.
Los denunciantes sin embargo aseguraban ayer que ésta última mercantil sí conocía el procedimiento judicial abierto contra el citado empresario y vendió sus casas a sabiendas de lo que hacía. No está muy claro que Eurohouse, filial de San Antonio, pueda responder a posibles indemnizaciones, porque además de que el juzgado no las contempla, la empresa está inmersa en un concurso de acreedores. Ayer el abogado de los denunciantes Fernando del Cacho Millán lamentó la indefensión creada por un asunto que se dilata en los juzgados durante diez años aunque se congratuló de que al final se vaya a juzgar. "Puede ser un ejemplo para el montón de situaciones similares que han ocurrido en Torrevieja en los últimos años, para que este tipo de chanchullos no vuelvan a sucederse", agregó el letrado.
* Información - 5.11.10
Foto: Imagen de los propietarios que perdieron su piso en Torrevieja ayer en el juzgado a la espera de la vista oral que se aplazó - informacion
0 comentarios :
Publicar un comentario