* YouTube - Salvar el Palmar - 23.10.10
El Palmar. La última playa de Asterix
Arrecia la oposición al silo en Zarra ante una posible decisión
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ELPAÍS/Valencia* : Los partidos de la oposición en las Cortes Valencianas y las plataformas ciudadanas contrarias a la instalación en Zarra del almacén nuclear se han movilizado ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros decida este viernes el municipio elegido para albergar esta instalación. Esta localidad valenciana, lindante con Albacete, es la mejor situada en un informe elaborado por el Ministerio de Industria para acoger el silo y ya estuvo a punto de ser seleccionada en la reunión el Consejo del 17 de septiembre.
El documento suscrito por el PSPV, Esquerra Unida y Compromís, y dirigido al Ministerio de Industria, insiste en mostrar el "más rotundo rechazo" al silo nuclear, después de que hace un mes -esta vez con el apoyo del PP- ya lo hicieran las Cortes Valencianas. Además, recuerdan las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "quien aseguró que el consenso era indispensable a la hora de decidir el lugar donde situar el ATC".
El PP no ha apoyado esta medida este jueves. Tampoco otra resolución que solicitaba al Gobierno valenciano que retirara un recurso contrario a la anulación de la recalificación como suelo industrial de los terrenos donde se levantaría el almacén. La retirada de este recurso implicaría que Zarra "cayera a una segunda o tercera posición" en la lista de candidatos, según Compromís.
La plataforma contra la instalación del cementerio nuclear en Zarra denuncia en un informe que ha habido una "manipulación técnica" de Industria "para condicionar la opción que políticamente le convenía más al ministro Miguel Sebastián" en los datos que se emplearon para designar a Zarra como el emplazamiento ideal. Además, se ha manifestado en Ayora contra el silo y anunciaron movilizaciones para este viernes en La Moncloa.
* El País - 28.10.10
Foto: Vecinos de la localidad de Ayora protestan contra la instalación del cementerio nuclear en Zarra.- EFE
Un artículo del 'New York Times' ilustra los problemas del sistema hipotecario español
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20MINUTOS* : El reportaje compara la situación española con la de EE UU y la UE. Un trabajador toledano y un inmigrante que vive y trabaja en Barcelona han sido los elegidos por el diario The New York Times para personalizar los problemas del sistema hipotecario español en este momento de la crisis. En un reportaje publicado por el prestigioso periódico se compara la situación española con la estadounidense tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, una situación que ha afectado a ambos países.
El periodista, que además de entrevistas ha recogido datos de diferentes asociaciones de usuarios de banca, ilustra "los excesos bancarios", remontándose para ello a la época en la que los precios de las casas estaban por las nubes y el crédito corría fácil.
Casi un millón y medio de españoles encaran según el diario, un procedimiento de embargo. Pero el diario destaca, además de la cifra, las dificultades añadidas que se tienen en España debido a las peculiaridades de nuestro sistema.
Como dice el reportaje, para la mayoría de estadounidenses "un embargo es el final del problema, pero para miles de españoles, es sólo el comienzo". Esto es debido a todos los costes extra que el antiguo propietario en nuestro país debe pagar, incluido la diferencia entre el valor actual del piso -por lo general más bajo tras la caída del sector inmobiliario- y el valor por el que había pedido el crédito.
* 20 Minutos - 28.10.10
Foto: Viviendas anónimas (calle) en Cantabria - EP
La Policía se lleva datos urbanísticos de la Pobla de Farnals
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LEVANTE/Valencia* : La alcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García, ha dicho hoy que la investigación que ha motivado que la Policía Judicial se llevara hoy del consistorio varias cajas con información sobre expedientes urbanísticos se centra en "dos manzanas" de edificios construidos por el equipo de gobierno local anterior, del PP. En declaraciones a EFE-TV, García ha asegurado que su equipo de gobierno, declarado tránsfuga en diciembre de 2008, está "muy tranquilo" ante la investigación que se ha iniciado en materia urbanística. Agentes de la Policía Judicial, el fiscal y el secretario del Juzgado de Instrucción nº1 de Massamagrell se han personado sobre las 09.30 horas en la Casa Consistorial para "recabar una documentación" y no lo han abandonado hasta las 14.10 horas con varias cajas de información urbanística.
"Les hemos entregado expedientes urbanísticos, hemos llamado a nuestros letrados y se les ha entregado", ha relatado la alcaldesa, quien ha rehusado precisar el contenido de la documentación entregada porque forma parte de unas "diligencias secretas".
No obstante, ha reconocido que los expedientes reclamados por la Guardia Civil se refieren a "dos manzanas" de edificios construidas por "el equipo de gobierno anterior", dirigido por el popular José Manuel Peralta.
El entonces alcalde del PP fue relevado por su ex compañera de partido y actual alcaldesa en octubre de 2008, tras la votación de una moción de censura que prosperó gracias al apoyo del grupo socialista y el también concejal popular Ignacio José Lluch.
Posteriormente, la Comisión del Pacto Antitransfuguismo consideraría "tránsfugas" a los dos concejales del PP y a los seis ediles del PSPV-PSOE, que fueron expulsados del partido, al igual que los populares, según fuentes de ambas formaciones.
García ha aclarado que su equipo de gobierno "no ha trabajado sobre estas manzanas" y ha reiterado que están "muy tranquilos".
"Únicamente lamentamos que los funcionarios no hayan podido desarrollar su labor", ha manifestado la alcaldesa de esta localidad de la comarca de l'Horta Nord y cercana a Valencia.
Preguntada por cómo han recibido la noticia, García se ha limitado a decir que la investigación se encuentra bajo "secreto de sumario" y que "las diligencias judiciales responderán".
"Me gustaría que se acabara lo antes posible", ha dicho para lamentar también el "espectáculo" que, a su juicio, "se ha montado en torno a una presunta denuncia".
* Levante - EFE - 28.10.10
Foto: Pobla de Farnals (Valencia) - C. FRANCESC (El País)
Alicante.- El sumario del 'caso Brugal' destapa un sinfín de corruptelas de cargos del PP
ELPAÍS* : Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana, pero también a alguno del PSOE. La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos. La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores.
Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.
- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.
El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.
- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.
- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.
- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.
- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.
- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.
Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz. Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.
* El País - 28.10.10
Foto: El consejero Juan Cotino (en primer término) y el diputado y ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en las Cortes valencianas.- elpais
Madrid.- "La infravivienda es la asignatura pendiente de Lavapiés"
MADRIDIARIO* : Desde que en 1998 se puso en marcha el Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Lavapiés, las ayudas públicas para la conservación de las viviendas han llegado a 8.000 familias. Pero la infravivienda vertical, que ha ido apareciendo durante décadas -sobre todo tras la Guerra Civil- a costa de pisos más pequeños y reducir los patios interiores, sigue siendo una realidad sin atajar. Así se desprende del libro 'Lavapiés. Intervención y rehabilitación 1998-2008', de Vicente Pérez Quintana, realizado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que se presenta este miércoles.
Madridiario ha entrevistado a su autor.
¿Cuál es el balance de estos diez años de rehabilitación?
Hay cosas positivas y otras no tanto. Lo positivo es que se han rehabilitado unas 8.000 viviendas con ayudas públicas; y sin subvenciones, otras 7.000 más. Se ha aumentado el equipamiento del barrio, sobre todo el metropolitano. Se abrieron las Escuelas Pías, se hizo el teatro [el Centro Dramático Nacional] o la Casa Encendida. En cambio, el equipamiento para el barrio apenas ha aumentado, salvo con el Casino de la Reina, y la escuela infantil y el centro de mayores que se terminarán ahora. También se ha urbanizado, se han mejorado las infraestructuras del barrio, se ha trabajando en algún parque y algunas plazas, aunque se haya criticado su diseño, como es el caso de Cabestreros y Agustín Lara.
¿Cuál es la parte negativa?
En un barrio como Lavapiés cualquier actuación tiene que ser una intervención integral sobre la vivienda, el espacio público y la red de equipamientos; pero también sobre los colectivos más vulnerables, las políticas sociales y las económicas. Tiene que ser una actuación muy participada, que cuente mucho con las opiniones, los valores y las expectativas de los residentes. Y tiene que tener mínimos costes y máximos resultados. En todo esto yo creo que hay muchas lagunas en el caso de Lavapiés, porque se ha actuado mucho sobre la vivienda y las infraestructuras, pero las políticas sociales y de apoyo al tejido económico han sido débiles. Dentro del carácter integral que debería tener la intervención, la pata social cojea.
¿Qué más se puede pedir en este sentido?
La gente se queja muchísimo de la inseguridad. También de la limpieza de las calles y la recogida de basura. Y no es que ahora esté el tema de moda, sino que en Lavapiés viene de muy lejos. Principalmente, se debe a la presencia de comercios mayoristas, que crean una cantidad de residuo enorme, incapaz de ser asumida por los servicios de limpieza normales de un barrio. A las siete o las ocho de la tarde, las calles se llena de montañas de cartones y de basura. El hecho de que en un barrio residencial tan delicado desde el punto de vista social y arquitectónico, con calles pequeñas, haya centenares y centenares de comercios al por mayor es un problema. Es un polígono industrial en una zona residencial.
Y una contradicción al estar dentro de un área de prioridad residencial, ¿no?
Exactamente. El comercio mayorista ha traído enormes disfunciones y problemas al barrio. Crea suciedad y problemas de tráfico y no ayuda al tejido social. Todo eso la gente lo denuncia y ha hecho que la pata social de la rehabilitación deje mucho que desear. Lo del polígono industrial habría que resolverlo. Nunca se debió permitir que eso se instalara aquí y ahora lo que hay que hacer es favorecer que se vayan. Además, ha tirado de los precios de los alquileres.
¿Cuáles son las cifras de la rehabilitación en Lavapiés?
Con apoyo público se han rehabilitado más de 8.000 viviendas, con unos 50 millones de euros en subvenciones. Además, se ha hecho mucha rehabilitación no subvencionada, porque la entidad gestora no aprobaba subvenciones a aquellos edificios que tienen infravivienda generalizada. Se entendió que estos edificios son aquellos en los que la infravivienda superan el 50 por ciento.
¿Cuál es la definición de infravivienda que se utiliza?
La del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Son viviendas muy pequeñas, en general de menos de 25 metros; interiores, que no tienen ni huecos a la calle, ni luz natural ni ventilación; no tienen cuarto de aseo; y son muy bajas, de menos de 2,5 metros de altura. Infravivienda son viviendas pequeñas, interiores, bajas y sin cuarto de aseo.
¿Hay muchas infraviviendas en Lavapiés?
Según los estudios del Ayuntamiento, cuando arrancó el Área de Rehabilitación Integral había unas 8.900 infraviviendas solo en Lavapiés. Hoy casi sigue habiendo las mismas; la reducción ha sido mínima. La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ha eliminado unas 300. Para ello, compró 26 o 27 edificios, en los que ha eliminado toda la infravivienda. Pero suman unas 300 de las casi 9.000 que había. Los particulares no han eliminado infravivienda e, incluso, ha habido casos en los que ha aumentado. La infravivienda es la gran asignatura pendiente de Lavapiés.
Había una propuesta del Ayuntamiento para eliminar la infravivienda que consistía en remodelar manzanas completas, realojando a los vecinos y rehaciendo los edificios para crear viviendas con unas condiciones más adecuadas. ¿Qué pasó con eso?
Ahí habría que explicar dos cosas. Primero, en el área estaban contempladas dos tipos de ayudas, a la rehabilitación propiamente dicha y la reestructuración de los inmuebles. Las 8.000 viviendas de las que hablamos han recibido subvenciones para reparación de edificios. Reestructuración no ha habido ninguna. Se iniciaron dos edificios pero los acabó comprando la EMVS porque los particulares no los sacaban adelante. Se trataba de rehacer el edificio por dentro para hacer viviendas con exteriores y tamaños mínimos aceptables.
Ante ese fracaso el Ayuntamiento empieza a estudiar posibles intervenciones, pero en estos momentos no hay ningún plan. Lo que hay es un estudio centrado en algunas manzanas sobre cómo se podría hacer y punto. Para que eso prospere se necesita en primer lugar que la Comunidad de Madrid apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, porque la propuesta que hace el Ayuntamiento supone cambiar algunos aspectos de la normativa urbanística. Pero, hasta el momento, lo único que se ha hecho es pedir el permiso a la Comunidad y eso lleva ya mucho tiempo.
¿La petición es que se pueda construir más?
No, la edificabilidad se mantendría o incluso se podría reducir. Lo que se plantea es hacer viviendas más grandes. Eso necesita, en primer lugar, una revisión del concepto de infravivienda, que ya está en las normas urbanística, o tocar la famosa normativa de patios azules, por lo que la comunidad debe dar el permiso. Pero en su día se necesitaría algo más importante que el permiso y más problemático, que sería el dinero. Si no se consiguen esas modificaciones ahora, se hará dentro de unos años porque Gallardón ha dicho que si gana las elecciones va a hacer un nuevo plan general de Madrid. El problema será cuando le digan a la Comunidad "¿cuánto pones?".
Si finalmente se llevara a la práctica, ¿podría provocar un problema social al suponer también el realojo de vecinos?
No se podría hacer sin la opinión y la voluntad de la gente que vive en el barrio, no solo de los propietarios, sino también de los inquilinos. Se plantea un segundo tema: realojar a la gente, dónde, cómo, con qué condiciones... Eso no se puede hacer sin negociar, sin hablar.
¿Cómo ha condicionado que los edificios sean de principios del siglo XX, del XIX e, incluso, anteriores a la hora de ejecutar las rehabilitaciones?
Ha condicionado muchísimo porque la edificación es muy antigua, muy peculiar y tiene valores arquitectónicos e históricos. Y, además, aquí hay infravivienda.
¿Están contentos los vecinos con las rehabilitaciones?
Con algunas cosas sí y con otras no. En primer lugar, hay una peculiaridad en Lavapiés: muchos edificios no han mejorado tanto. Aunque en algunos se haya hecho una rehabilitación, al cabo de tres o cuatro años han vuelto a dar problemas. Aquí hay un montón de edificios que o bien repiten obra cada cierto tiempo o bien están siempre en obras. Quitan el andamio y enseguida lo ponen otra vez. Se debe a que las obras que se hacen en muchos edificios no son suficientes, con lo cual el edificio sigue siempre mal. Eso crea sinsabor, desazón, angustia y un escepticismo muy grande frente a la rehabilitación. En esto las comunidades tiene parte de responsabilidad.
Por otra parte, se ha creado bastante insatisfacción en los edificios con infravivienda que han acometido la obra sin apoyo público. Ellos no entienden que la Administraciones no les hayan ayudado. Y, tercero, en la casa del pobre la dicha nunca es completa. La gente no pide solo una rehabilitación integral de sus viviendas, sino también una actuación más global en el barrio.
En el libro se recoge que se empieza a hablar de gentrificación en Lavapiés. ¿A qué se refiere y qué implica?
Más que la haya es el temor de alguna gente a que la haya. Se trataría de quitar a la gente de toda la vida y traer en su lugar a otra gente con un nivel económico más alto. No creo que eso haya ocurrido, pero es un temor de algunos colectivos más o menos politizados que el Ayuntamiento, las Administraciones, tengan esta intención. No digo que nunca se haya tenido esta idea, porque es un discurso que existe en la Administración, sobre todo en otros barrios. Pero en Lavapiés, si lo querían, no les ha salido.
Se ha actuado sobre unas 15.000 viviendas y el barrio tiene unas 22.000, así que aún tienen quedar edificio por rehabilitar.
Quedan viviendas sin rehabilitar que están bien y otras en las que los dueños quieren hacer obras. Por eso, desde la asociación de vecinos se plantea que las ayudas, que está previsto que acaben este año, se mantengan, porque todavía la entidad gestora tiene bastante demanda. En la encuesta que hicimos se ve que había un 20 por ciento de familias, que tenían previsto rehabilitar los edificios o pensaban que era necesario. Además, está la infravivienda. Eso exige una intervención bastante más ambiciosa que la que permite un ARI.
* Madridiario - 27.10.10
Foto: Madrid, infraviviendas Lavapiés - madridiario
Una urbanización de Dénia sin pluviales ni aceras pide amparo al Defensor del Pueblo
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LEVANTE/Alacant* : Los vecinos de la urbanización Residencial Puerto Romano están dispuestos a llegar a donde sea para que el Ayuntamiento de Dénia les dote de unos servicios básicos que reclaman desde hace diez años. Han enviado un escrito al Defensor del Pueblo en el que explican que desde el año 2000, cuando se empezaron a habitar las 375 viviendas de la urbanización, la avenida Miguel Hernández se inunda cada vez que llueve. "No podemos cruzar hacia el centro de la ciudad; nos quedamos incomunicados, a no ser que nos metamos en el agua hasta las rodillas".
Los vecinos dicen que el problema es que en la avenida "no hay alcantarillado".
También denuncian que el firme de este vial está "en mal estado". Además, en el tramo final de la avenida no hay aceras. "Solo están los bordillos y, cuando llueve o después de la lluvia, lo que debía ser una acera está lleno de agua y hay que caminar por la carretera".
En el escrito, los vecinos informan al Defensor del Pueblo de que durante los últimos años han trasladado de forma reiterada sus quejas al ayuntamiento, pero no ha servido de nada. Critican que mientras las inversiones y mejoras sí llegan a otras calles, "la nuestra está olvidada pese a ser una avenida próxima al centro de la ciudad".
Los residentes de esta urbanización citan la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo que indica que los municipios deben prestar servicios básicos como el de alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. Lamentan que, en el caso de Residencial Puerto Romano, el ayuntamiento, tras diez años, todavía no ha garantizado estos servicios básicos.
* Leante - 27.10.10
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
Estepona.- El juez apunta a tres empresas como las "vértebras" del 'caso Astapa'
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ELPAÍS/Málaga* : El juez que instruye el caso Astapa sobre la trama de corrupción institucional en Estepona, Jesús Torres, ha levantado por quinta vez el secreto del sumario y centrado su atención en tres empresas, una pública y dos privadas, a las que considera "vértebras" en la investigación. Se trata de la sociedad pública Empladus, dedicada al planeamiento urbanístico, y de las entidades privadas Aedon y Ad Volution. En el caso de Aedon, el portavoz municipal del PP, Ignacio Mena, ex concejal de Urbanismo y testigo en la causa, se la describió al fiscal como una sociedad a la que el Grupo Independiente Liberal (GIL) adjudicó "la redacción global de todas las figuras de planeamiento de todo el término municipal". Es decir, por esa oficina pasaban todos los proyectos urbanísticos de la ciudad.
Eran los años 1995-1999 en los que el gilismo controlaba la ciudad y pretendía hacer el mayor negocio posible con los suelos del municipio desde el Ayuntamiento. Cuando en 1999 un gobierno cuatripartito expulsó al GIL de la alcaldía, el nuevo Ayuntamiento rechazó los proyectos presentados por Aedon al municipio a través de la sociedad Empladus, al considerar su precio desorbitado. Sin embargo, la empresa privada reclamó sus honorarios, cercanos a cinco millones de euros. Según la opinión de Mena, Aedon "redactaba sus proyectos a espaldas de los propietarios de los suelos y buscaban que estos "tuvieran altos costes para que así los márgenes de beneficios fuera mayores".
En 2003, recuerda Mena, el gobierno de coalición PSOE-PES (posgilistas) trató de solucionar la deuda con Aedon. Un arquitecto municipal tasó el valor de los proyectos que seguían siendo útiles en unos tres millones de euros, pero el gobierno local, presidido por Antonio Barrientos, ahora expulsado del PSOE, optó por seguir el consejo de un arquitecto externo y pagar a Aedon una cifra "cercana a cinco millones". Los suelos que se desarrollaron con los proyectos de Aedon tuvieron un sobrecoste que repercutió en los promotores y, muy probablemente, en los compradores finales.
El levantamiento parcial de 20 tomos del sumario ha dejado nuevas pinceladas de las supuestas prácticas corruptas en el consistorio esteponero entre 2003 y junio de 2008, cuando se inició el caso Astapa, que suma alrededor de 70 imputados.
Uno de ellos es el abogado y empresario Ramón Marrero Gómez, que fue consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1994 y 1996. En el tomo XI de las actuaciones figura la declaración como imputado por cohecho de Marrero. Al juez Torres le ha llamado la atención las donaciones efectuadas por la sociedad Arcai Inmuebles, una filial inmobiliaria de Caja Inmaculada de Zaragoza, a la que estuvo asociado el ex consejero hasta el pasado febrero. Arcai pagó 47.000 euros en agosto de 2007 para pagar los recibos de electricidad pendientes de la residencia de ancianos Virgen del Carmen, de titularidad municipal. Según la fiscalía y la policía, a cambio de esta prestación, se desbloqueó una licencia de primera ocupación para una promoción de Arcai.
Un socio de Arcai en esa urbanización, Vladimiro Merino, declaró que el que fue jefe de gabinete del ex alcalde Barrientos, José Flores, uno de los cerebros de la trama, les pidió que sufragaran la deuda de la televisión municipal a cambio de la licencia de primera ocupación. "Pagué bajo coacción, sin libertad. Tenía a los compradores presionando y temía pérdidas importantes si no pagaba", admitió.
* El País - 28.10.10
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Palma.- Joan Flaquer, imputado en el caso Palma Arena
DIARIODEMALLORCA* : El juez del "caso Palma Arena" ha citado a declarar como imputado al ex conseller de Turismo Joan Flaquer (PP), quien también está encausado en otra causa de presunta corrupción, el "caso Ibatur". El titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Palma, José Castro, ha dictado hoy dos providencias con citaciones relacionadas con esta extensa causa en la que se investigan varios delitos de corrupción durante la pasada legislatura del PP relacionados con el velódromo Palma Arena, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Flaquer está citado el próximo 19 de noviembre y tendrá que comparecer en relación a la pieza del caso -dividido en unas 25 partes- que trata acerca del convenio que firmó por el que el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependiente de la Conselleria de Turismo, patrocinó el Mundial de Ciclismo que se celebró en el velódromo.
El ex conseller ya prestó declaración ante el juez Castro el pasado mes de febrero, aunque en calidad de testigo, y fue preguntado acerca de este convenio supuestamente irregular por una cantidad de 350.000 euros.
Entonces, afirmó al juez que habría sido "imperdonable" que el Ibatur no hubiera patrocinado el Mundial de Ciclismo en el Palma Arena.
Durante el interrogatorio, se preguntó a Flaquer cómo era posible que este expediente de patrocinio se tramitara en un fin de semana (la petición se cursó un viernes y al lunes siguiente se comunicó a Nimbus que se le otorgaría), a lo que contestó que quizá hubiera un "error" en el tampón de la fecha y que ignoraba cuánto se tarda normalmente en tramitar estos expedientes.
En defensa de este convenio del Ibatur, afirmó que "el no haber patrocinado ese evento hubiera sido imperdonable para la Conselleria de Turismo" y que, cuando lo firmó, estaba "convencido" de que suscribía un patrocinio "como tantos otros", por lo que no tuvo oportunidad de examinarlo detenidamente.
El día 19 también está citado como imputado el ex secretario del Instituto Balear de Turismo Miguel Ángel Bonet, en libertad bajo fianza de 250.000 euros por el "caso Ibatur", en el que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos desde este organismo público en la pasada legislatura autonómica.
En otra providencia, el juez Castro ha citado asimismo a declarar como imputado el día 17 de noviembre al dueño de la empresa de publicidad Nimbus, Miguel Romero, cuya comparecencia fue suspendida el pasado lunes debido a que las defensas pidieron más tiempo para estudiar una documentación.
Nimbus fue la empresa encargada de la campaña publicitaria del Mundial de Ciclismo y está siendo investigada en el "Palma Arena" por una supuesta financiación ilegal del PP.
* Diario de Mallorca - EFE - 27.10.10
Foto: Palma de Mallorca, velódromo Palma Arena - diariodemallorca.es
Ivex y Terra Mítica no son 'Malaya'
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ELPAÍS/Valencia* : La lentitud de los casos judiciales del ente exportador y del parque temático contrasta con la rapidez del asunto más complicado de corrupción en España. "La justicia es lenta". "La justicia se toma su tiempo". "En la justicia todo va despacio". Son afirmaciones de propios y extraños a los tribunales, sin hacer distinción de casos, causas o jueces. Pero no es, en todo caso, igual de lenta en todas partes, ni teniendo casos similares. Más aún, ni teniendo casos más sencillos. La prueba es el caso Malaya. Pasa por ser la investigación más vasta contra la corrupción urbanística. Se inició en 2006. La causa tiene cerca de 200.000 folios. Hay 95 imputados por cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Se instruyó durante tres años.
Inició el asunto el juez Miguel Ángel Torres, que permaneció incluso en el juzgado en comisión de servicio una vez ganada la plaza en Granada, y lo terminó el juez Óscar Pérez, con el obstáculo que supone hacerse con un asunto de tal envergadura cuando está extraordinariamente avanzado. Ha habido un fiscal de la sección de Anticorrupción. Y el juzgado de Instrucción número cinco de Marbella, en el que también se instruía de forma paralela el caso Ballena Blanca, otro de los más importantes en materia de corrupción, ha tenido refuerzo, pero no desde el principio: de los tres años de instrucción, menos de dos.
No se han cumplido cuatro años desde que se empezaran a atar los cabos que destaparían una red de corrupción que obligó incluso a la Junta de Andalucía a retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella "por afección grave de las competencias autonómicas en materia de ordenación y planeamiento", cuando la sección primera de la Audiencia de Málaga ya está, desde el pasado 27 de septiembre, celebrando juicio.
En el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado 19 de mayo, la sala se anticipaba incluso a posibles complicaciones por la complejidad de los delitos, los muchos imputados y los numerosos abogados y procuradores para evitar "dilaciones indebidas". En los juzgados de Valencia, los casos Ivex y Terra Mítica llevan más de cinco años en instrucción y no parece que vayan, en breve, a tener el destino del caso Malaya. Es otro ritmo, más lento. El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia se ocupa del caso Ivex. El origen fue una querella presentada por los socialistas valencianos por supuestas irregularidades en el contrato suscrito entre el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y el cantante Julio Iglesias para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana. El contrato se firmó en 1998 por 2.253.795,39 euros (375 millones de pesetas). Se presentó incluso en las Cortes. Pero tenía un anexo que el PP ocultó a la Cámara y al Síndic de Comptes que superaba los 3.600.000 euros (600 millones de pesetas). La causa se abrió por los delitos de malversación de fondos públicos, delito fiscal y blanqueo. El periplo judicial se inició en 2001. Primero fue a la Audiencia Nacional. Ésta rechazó la competencia. Y tras varios avatares el asunto fue a parar al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia. Y ahí está desde hace más de seis años. La causa tiene algo menos de 8.000 folios. La llevan el juez titular del juzgado, sin refuerzo, y el fiscal de ese juzgado. El asunto se dio por cerrado el pasado marzo. Pero la Audiencia de Valencia ordenó hace escasos tres meses su reapertura para la práctica de varias diligencias, entre ellas, la declaración del cantante Julio Iglesias. El juez archivó provisionalmente la causa porque el principal imputado, José María Tabares, el que fuera director general del Ivex, está huido de la justicia, en Japón (país con el que no existe convenio de extradición). El resto de los imputados, poco más de media docena, miembros del consejo de administración de la sociedad pública, no pueden, a juicio del fiscal y del juez, ser juzgados sin Tabares, porque fue la figura capital en el asunto. En el caso Malaya, hay tres imputados que se consideran importantes para el asunto que están en paradero desconocido; pero esa circunstancia no retrasó la instrucción. Ni las comisiones rogatorias, que en el caso Ivex han sido varias y se han demorado en el tiempo.
En el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia está el caso Terra Mítica. Tiene 15.600 folios. Hay poco más de 20 imputados y otras tantas empresas implicadas en un fraude fiscal a través de facturas falsas de 4,4 millones de euros relacionados con la construcción del parque Terra Mítica de Benidorm. Está destinada al caso una fiscal de la sección de delitos económicos, que solo lleva la mitad de un juzgado ordinario. Desde hace casi dos años, la causa está a la espera de un informe de un perito de la Agencia Tributaria. Entre tanto, ni la fiscalía ha impulsado notablemente el caso (aún no se han depurado las imputaciones) ni el juez ha podido ponerse al día en la respuesta de los innumerables escritos presentados por las partes. Más aún. El juez rectificó su decisión de archivar el delito fiscal el pasado verano. El asunto se sigue por los delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales y el recuperado delito fiscal.
Pedro Viguer, decano de los jueces de Valencia, dijo el pasado mes de julio que "la justicia solo interesa a los políticos para controlarla". Y consultadas algunas de las partes personadas en los casos Ivex y Terra Mítica, es eso lo que hace falta para sacarlos adelante. Los 21 juzgados de instrucción de Valencia tuvieron en 2009 una media de asuntos de 6.988, según información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia. No es una cifra muy distinta de la de los cinco juzgados de Instrucción de Marbella, que tuvieron el pasado año una media de 6.278 asuntos.
¿Por qué no se refuerzan los juzgados que tienen asuntos de tal envergadura, que afectan incluso a la vida política? Cuando se detecta un atasco en un juzgado, bien por motivos estructurales, por carga de trabajo o por falta de funcionarios, a instancias del propio juzgado o cualquiera de las partes de un proceso que se consideran afectadas por un retraso importante, pueden solicitar a la sala de Gobierno un refuerzo. Ésta, tras estudiarlo, si lo estima oportuno remite un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si éste da el visto bueno para destinar un juez como refuerzo, da traslado al Ministerio de Justicia, que es el que debe dar luz verde económicamente. Y, por último, la Administración autonómica debe destinar funcionarios o admitir el gasto de una ampliación de jornada de los que haya.
Tienen refuerzo los juzgados de lo Social y lo Contencioso de Valencia, los de Vigilancia Penitenciaria de Castellón y Valencia, y varios penales (incluidos los de ejecutorias). Pero ninguno de los de Instrucción.
* El País - 25.10.10
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org
Imputadas 41 personas en Aran por construir chalets en suelo protegido
ELPERIÓDICO/Lleida* : Allí donde antes hubo viejas cabañas de ganado, las ancestrales bordas del Pirineo, ahora se erigen viviendas de alto standing, casas unifamiliares culminadas con una coqueta chimenea sobre un tejado de pizarra. A su alrededor, prados donde pastan rebaños de vacas u ovejas y espesos bosques de abetos. El sueño de paz y tranquilidad que ansía todo amante de la montaña. Tanta paz y tanta tranquilidad acabaron levantando en el Vall d'Aran las sospechas del equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, que ayer hizo pública una lista de 41 personas imputadas en presuntas irregularidades cometidas en la construcción de las bucólicas viviendas. Dos de esas personas, un exalcalde de Vielha, el socialista Joan Riu, y la secretaria del consistorio aranés entre los años 2005 y 2007, están también implicadas en un delito de prevaricación.
Los sospechosos supuestamente autorizaron, promovieron o edificaron un total de 37 casas en terrenos rústicos, en algunos casos en parajes naturales protegidos, en los términos municipales de Vielha, Es Bòrdes y Naut Aran entre el 2005 y el 2007. Esas edificaciones, erigidas en lugares antes ocupados por bordas donde se estabulaba el ganado, carecían de licencias de obra municipal y de otros permisos necesarios, informó ayer el Ministerio del Interior en un comunicado.
Fuentes próximas a la investigación indicaron que la Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con la unidad de delitos urbanísticos y de la Fiscalía de Lleida, están investigando, de hecho, un centenar de bordas del Vall d'Aran, que pueden estar incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio, al tratarse de un suelo de especial protección.
EL CRITERIO DE LOS TÉCNICOS / El exalcalde Riu, que en la actualidad es concejal en la oposición, afirmó, en la declaración policial prestada en noviembre del 2009, que las licencias concedidas por el consistorio se otorgaron «de acuerdo con la normativa urbanística y el criterio de los técnicos municipales». Por ello, negó la existencia de irregularidades en esos trámites. Riu corroboró sus afirmaciones con documentación sobre el proceso de autorización de las obras.
Según la Guardia Civil, las viviendas investigadas no solo carecían de licencia de obra, sino también del preceptivo informe de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat y el dictamen favorable del Conselh Generau d'Aran, además de incumplir -en muchos casos- la normativa técnica en cuanto a medidas y alturas. Todas las edificaciones están situadas en suelo no urbanizable, no legalizable por su situación. Algunas se encuentran, además, en zonas incluidas en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN).
GOTEO DE DENUNCIAS / El caso se empezó a investigar a raíz de una docena de denuncias presentadas ante la Fiscalía de Lleida por la Conselleria de Política Territorial. Aunque las competencias de urbanismo están transferidas desde el 2005 al Conselh Generau d'Aran, la máxima institución de la comarca aranesa, «la Generalitat es la que habría tenido que recalificar los terrenos y, en esos casos, no se había producido la revisión», indicaron ayer fuentes del departamento. Tras esas primeras demandas, a lo largo del 2009, ayuntamientos y particulares fueron denunciando irregularidades en la rehabilitación de bordas e incluso nuevos edificios en suelo rústico del valle, bajo licencias municipales para restaurar antiguas cabañas de pastores.
El Ayuntamiento de Canejan, por ejemplo, denunció la construcción ilegal de dos viviendas en fincas rústicas, edificadas al amparo de un permiso municipal para restaurar una única borda. Algunas de las denuncias han desembocado en expedientes sancionadores de Urbanismo que, como en el caso de unas bordas en Gausac, reclaman el derribo de las casas.
* El Periódico - 28.10.10
Foto: Valle de Aran, bordas - nevasport.com
El fiscal de Brugal implica a directivos de Bancaja y CAM
LEVANTE/Alacant* : El alcance del caso Brugal trasciende a la alcaldesa de Alicante, a su antecesor Luis Díaz Alperi y al constructor Enrique Ortiz. El sumario, que contiene varios informes policiales, implica en el escándalo de presunta corrupción a un total de 21 personas. Entre ellas, al ex presidente de la CAM Vicente Sala, a la mujer de Ortiz, a directivos de Bancaja y de la propia Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como a empleados y amigos del constructor y a un hermano de la alcaldesa de Alicante. El jefe de la elaboración del Plan General también estaría implicado en la trama, según el acusador público. Además, otro de los que están salpicados por el caso Brugal es el hijo del anterior alcalde Luis Díaz Alperi.
Informe de la Unidad de Blanqueo
La policía reclamó para poder hacer frente a la investigación los datos fiscales de 25 empresas a la Agencia Tributaria, muchas de ellas vinculadas a Enrique Ortiz. Entre estas firmas, la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pidió a Hacienda los movimientos de ingresos y pagos de la firma Salvetti Abogados y Consultores SLP, creada por Javier Gutiérrez Miguélez —colaborador externo del equipo de redactor del PGOU de Alicante— y José Luís Castedo Ramos, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo. La investigación apunta a que esta mercantil estaría colaborando de manera irregular con Enrique Ortiz para la obtención de beneficios por parte de éste en relación a las modificaciones en el citado plan.
Entre la relación de firmas figuran también tres mercantiles –Verass Operadores Publicitarios, Obras Profesionales Alicante y Mas Pcovein– vinculadas a uno de los hijos del ex alcalde Luís Díaz Alperi, sobre las cuales Ortiz habría aportado patrimonio, tanto para su constitución y contratación como, supuestamente, para la continuación de unas obras, según consta en uno de los informes policiales adjuntos.
Entre el listado también se citan varias empresas de Ortiz, entre ellas Enrique Ortiz e Hijos, principal mercantil de contratación de obra pública del grupo Cívica.
El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales destaca que ha sido adjudicataria de carreteras y un tramo del TRAM de Alicante por parte de la Conselleria de Obras Públicas a cambio, según la Policía, de una aportación al Mar Alicante de Balonmano Femenino.
Un campeón de rallies medió entre Ortiz y la administración del PP
El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pone de manifiesto diversas aportaciones de Ortiz a empresas de Miguel Ángel Fuster, campeón de España de Rallies, como contraprestación a su labor de intermediación entre el empresario alicantino y diferentes instancias de la administración autonómica. Asimismo, «parecen registrarse», según cita el documento, «abonos al despacho de abogados en el que trabajaría el padre de Ricardo Costa» como contraprestación a supuestas gestiones llevadas a cabo por su hijo. También se pidió información sobre empresas de Ángel Fenoll y Rafael Gregory, así como del Hércules SAD. Entre las firmas también destaca Cala Merced, filial de Ecisa y promotora de los pisos que presuntamente Ripoll adquirió como contraprestación a su presunta mediación en el Plan Zonal; o Tabarka Media y Canal 37 de Televisión, las empresas en las que, supuestamente, Ángel Fenoll inyectó dinero a instancias de Ripoll para compensar su presunto apoyo en el plan zonal de residuos.
* Levante - 26.10.10
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi (archivo) - adn
Boadilla.- Tres ex cargos del PP cobraron 780.000 euros de soborno por una obra
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PÚBLICO/Madrid* : Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla (Madrid), y dos de sus más estrechos colaboradores, el todavía diputado Alfonso Bosch y el ex directivo de la empresa local de suelo, Tomás Martín Morales, se repartieron en 2007 un soborno de 780.000 euros que, presuntamente, pagó Constructora Hispánica por una sola obra: el Parque de la Salud y el Deporte, adjudicado en 29,6 millones de euros pese a que la oferta de Hispánica no había sido la mejor valorada por los servicios técnicos municipales. Así consta en un informe policial incorporado al sumario Gürtel y al que ha tenido acceso Público.
El informe desvela cifras exorbitantes. Porque la comisión ilegal pagada por Hispánica, ahora en manos de propietarios ajenos al caso, fue aún mayor: 900.000 euros "como mínimo", dice el informe. Esa cifra equivale al 3,53% de la adjudicación de la obra sin IVA. A Panero y sus correligionarios, los tres imputados, no llegó todo el dinero: Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Correa en la red Gürtel, retuvo 120.000 euros.
González Panero, El Albondiguilla como lo llamaba la trama, cobró 510.000 euros. Martín Morales, uno de los hombres fuertes de Correa para sus gestiones en ayuntamientos del PP, recibió 150.000. Y Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla, se hizo con 120.000 euros, según el informe policial.
Los archivos de la contabilidad secreta de la red corrupta han resultado, de nuevo, cruciales para tirar del hilo. El informe policial cita los denominados Caja B Actual.xls y Box V51x.ls, que reflejan la entrada de los 900.000 euros en las arcas de la trama corrupta. La red, continúa la Brigada de Blanqueo, se refería al concurso con la referencia "Neveras -2" al concurso del Parque del Deporte, "que origina el cobro de una cantidad tan elevada en concepto de comisión". El dinero para los tres políticos se entregó en mano a Tomás Martín. El archivo Box 51 lo hace constar, así como los criterios para su reparto con Panero, "Ref. Albondiguilla" y Bosch, a quien la red llamaba "Bujías", relata el informe.
Premio al empleado
El soborno, argumenta la policía, podía ser aún mayor si se computan otros 150.000 euros anotados en la contabilidad opaca de la trama el 22 de mayo de 2005 con idéntica referencia: "Neveras-2".
Según la policía, que se basa en la contabilidad de la trama, cobraron el 22 de mayo de 2007. Tres semanas antes, el 11 de mayo, el ayuntamiento había adjudicado el Parque del Deporte a Hispánica. Para la adjudicación fue clave un informe de los técnicos de Deportes que contradecía al emitido por los servicios técnicos. Lo firmó un empleado eventual, y fue él quien inclinó la balanza en favor de Hispánica. Un mes después, fue nombrado director técnico de Actividades Físico Deportivas.
* Público - 27.10.10
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
El vertedero de Torremolinos echará el cierre antes de que finalice el año
SUR/Málaga* : El único basurero al aire libre que queda en la provincia tiene los días contados. El Ayuntamiento de Torremolinos hizo pública ayer por primera vez su intención de cerrar el vertedero municipal. Lo cierto es que no le queda otra opción, ya que hay un auto del pasado 29 de enero del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº1 de Málaga que así lo ordena, pero tampoco es menos cierto que desde entonces se ha venido demorando su sellado. De momento no hay fecha fijada, pero fuentes municipales confirmaron ayer a este periódico que será antes de que finalice el año.
De esta forma se pondrá fin a un largo litigio que arrancó en 2006 con la apertura de un expediente sancionador por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente con el argumento de que las instalaciones no cuentan con la pertinente autorización administrativa, carece de estudio de impacto ambiental y entraña un riesgo de contaminación para los acuíferos del subsuelo de la sierra, de donde se abastecen Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín de la Torre. En el otro bando, el gobierno municipal del PP, con Pedro Fernández Montes a la cabeza, siempre ha defendido la legalidad del complejo esgrimiendo que todo este proceso responde a una «persecución política» por parte del PSOE. Unas palabras que ayer volvió a pronunciar en repetidas ocasiones el primer teniente de alcalde, Ramón del Cid, encargado de anunciar el cierre del vertedero, en cumplimiento de un pronunciamiento judicial que «hay que acatar». «La persecución del PSOE con el argumento del vertedero se inició nada más empezar a gobernar el PP, en 1996, mientras desde que se abrió en 1990 hasta 1995, cuando el PSOE seguía gobernando el municipio, no se produjo ni un solo problema», afirmó.
Aunque el Consistorio ha mantenido el pulso hasta el último momento, de puertas para adentro llevan meses haciendo cuentas para valorar el sobrecoste que conlleva trasladar la basura a la planta de tratamiento de Casares (está a 96 kilómetros), gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y a la que llegan todos los residuos desde Manilva hasta Benalmádena (salvo Mijas, que tiene su propio vertedero).
A partir del 1 de enero de 2011
El cálculo, realizado en base a las 46.000 toneladas que se han recogido en lo que va de año, indica que el coste del servicio podría ascender a 39 euros más por tonelada o, lo que es lo mismo, 1,8 millones de euros. Un tercio será sufragado por las arcas municipales, mientras que el resto saldrá del bolsillo de los ciudadanos. Para ello, el equipo de gobierno tiene previsto aprobar hoy en pleno una modificación de la tasa de basura para que, a partir del 1 de enero de 2011, esta subida venga reflejada en el recibo, la cual será proporcional en función de cada consumo.
El anuncio del cierre del basurero fue aplaudido ayer por la delegada provincial de Medio Ambiente de la Junta, Remedios Martel, quien lamentó la «actitud irresponsable» del Ayuntamiento «durante años a sabiendas de que el vertedero es ilegal, como después ha quedado demostrado en una resolución judicial». En cuanto al encarecimiento de la tasa de basura, Martel acusó al equipo de gobierno de usar esta situación para justificar «una subida encubierta», además de recordar que el sellado del vertedero «debió llegar hace años, con lo que habrían tenido tiempo suficiente para analizar la gestión de los residuos».
* Sur - 26.10.10
Foto: Torremolinos, la Carihuela - listandalucia
Baleares.- La Fiscalía mantendrá la imputación de Maria Antònia Munar
DIARIODEMALLORCA* : La Fiscalía Anticorrupción mantendrá la imputación de la ex presidenta del Parlament balear Maria Antònia Munar en el "caso Can Domenge", sobre supuesta corrupción en la venta de un solar, cuya fase de instrucción ha pedido que se dé por finalizada. Según han informado a Efe fuentes del caso, la también ex presidenta del Consell de Mallorca y de Unió Mallorquina seguirá imputada en esta causa de supuesta corrupción que investiga la titular del juzgado de instrucción nº12 de Palma.
El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, afirmó ayer que "en pocos días" el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, decidiría si levantar o no la imputación de Munar en esta causa, así como del ex conseller de Medio Ambiente del PP Jaume Font en el "caso Plan Territorial de Mallorca".
Los fiscales Anticorrupción han pedido hoy a la jueza instructora de "Can Domenge" que dicte un auto de incoación de procedimiento abreviado, lo que daría por terminada la investigación y pasaría a la siguiente fase judicial, en la cual la Fiscalía y las defensas deberán presentar sus escritos.
En este caso se investiga un presunto cobro de comisiones en el pasado mandato por parte de miembros de UM, gracias a la venta por el Consell del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.
La Fiscalía ha ultimado el escrito de acusación, en el que también están imputados el portavoz del PP en el Consell, Fernando Rubio; el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal (UM); el ex conseller insular de Economía y ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens (UM).
Munar y Nadal están imputados en otra causa de supuesta corrupción, el "caso Maquillaje", y serán juzgados por una pieza de la misma en la cual la Fiscalía pide para ellos una pena de 6 años de cárcel por malversación, falsedad y prevaricación.
Munar afirmó en el pasado mes de julio ante la jueza del "caso Can Domenge" que ella no cobró ninguna comisión por la adjudicación del solar, y añadió que no le constaba que "nadie" lo haya hecho.
La ex presidenta del Consell -imputada por fraude, tráfico de influencias e información privilegiada- defendió el expediente de adjudicación del solar y aseguró que estaba "convencida" de que se tramitó correctamente.
Agregó que "nadie", ni la oposición ni los demás grupos del Consell, manifestó nada en contra de las bases del mismo.
Munar dijo desconocer un primer pliego de este concurso en el que el precio inicial era de 20 millones de euros, rechazado por la Intervención del Consell.
En las condiciones finales del concurso, del que existieron hasta ocho pliegos, se establecía que el precio máximo por el que se podía enajenar Can Domenge eran 30 millones de euros, una decisión en la que Munar afirmó no haber participado formalmente.
* Diario de Mallorca - EFE - 27.10.10
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com
Recuperemos Andalucía verde.- Greenpeace
YouTube- Greenpeace - octubre 2010
A menos ladrillos, menos chorizos
ANXEL VENCE* : Una organización dedicada a medir el nivel de mangancia de los gobernantes constata en su último ranking que el número de chorizos ha dejado de crecer aquí tras varios años de pertinaz subida. España, que había caído del puesto 23 al 30 en la peculiar liga que ordena de menor a mayor los países más corruptos, consigue mantenerse esta vez; pero ello no quiere decir que hayamos recuperado la virtud y el decoro. Infelizmente, los voceros de “Transparency International” –que así se llama la benemérita ONG– atribuyen el descenso en la cifra de corruptos al derrumbe del negocio inmobiliario que tanto dinero hizo correr por arcas privadas y públicas. No se trata tanto de que haya aumentado el nivel de honradez como de que se estancase el flujo de billetes de 500 euros y, con ellos, las tentaciones en las que al parecer caían algunas de las gentes con mando en plaza de este país. A menos ladrillos, menos chorizos: tal es, en apariencia la deducción a la que han llegado los analistas de “Transparency”, estableciendo así un sorprendente vínculo entre el ramo de la construcción, el de la política y el de los embutidos.
Tampoco es que hayan descubierto América. Basta un somero vistazo a las secciones de economía y/o de sucesos de los periódicos para colegir que la construcción era hasta hace poco un terreno abonado –con billetes– en el que los corruptos florecían con mayor abundancia que el forraje. Nada más natural si se tiene en cuenta que cualquier alcalde o incluso un mero concejal del estratégico sector de Urbanismo disponían de una varita mágica capaz de obrar prodigios en las fincas. Un simple toque de la varita –o el lápiz– de recalificar era suficiente para que empezasen a crecer ladrillos y dinero en un solar hasta entonces improductivo y carente de valor.
Tales milagros requerían, como es lógico, la existencia de políticos de moral distraída que a menudo experimentaron un súbito crecimiento de su patrimonio mientras duró la década de oro del hormigón. Algunos de ellos entraron muy a su pesar en tratos con la Justicia durante ese período que, no por casualidad, coincide con el brusco descenso de posiciones de España en la clasificación de honradez de “Transparency International”.
El reflujo de aquella marea tiene su mejor expresión gráfica en el banquillo que acogió a todo un batallón de encausados por los sucesos urbanísticos de Marbella. Ahí se mezclan en alegre barahúnda los políticos, los constructores, las folclóricas y las gentes de las revistas del colorín para recordarnos que este sigue siendo, por otras vías, el país de Luis Candelas.
Con todo, la ola de mangancia que anegó España al abrirse las compuertas de la especulación podría estar tocando a su fin de ser ciertas las apreciaciones de los observadores internacionales. Del mismo modo que una vez muerto el perro se acaba la rabia, también la corrupción tendería a disminuir con el cierre del negocio que la sustentaba: o eso sostienen al menos en “Transparency” desde su dilatada experiencia en choricería mundial. Ya que no la honradez, será la necesidad la que acabe con el urbanismo basado en la ley de Mahoma, según la cual tanto gana el que da como el que toma. La mejora de posiciones de España en la liga mundial de la corrupción sugiere que se acabó lo que se daba y, por tanto, lo que se tomaba.
Por desdicha, la caída del imperio inmobiliario que ha privado de oportunidades a los corruptos se llevó también el empleo de millones de trabajadores y la ilusión –breve, pero intensa– de que este era un país próspero. A diferencia de otras naciones más aburridas e industriosas, España confió al casino de la vivienda todas sus posibilidades de crecimiento; y ahora no existe un Plan B con el que suturar la hemorragia de paro que está desangrando su economía. Siempre nos quedará, eso sí, el viejo consuelo de ser pobres pero honrados.
anxel@arrakis.es
* Faro de Vigo - Opinión - 27.10.10
Dénia y Xàbia deben pagar indemnizaciones millonarias por sus fiascos urbanísticos
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LEVANTE/Alacant* : Del maná del urbanismo de hace unos años, cuando se daban licencias a destajo, a las condenas judiciales que obligan a los dos principales ayuntamientos de la Marina Alta a hacer frente a indemnizaciones millonarias. Los tropiezos urbanísticos se pagan. Y a los consistorios de Dénia y Xàbia les están saliendo muy caros. El portavoz del PP de Dénia y responsable de Hacienda, Vicente Chelet, reveló ayer que el ayuntamiento acaba de perder dos importantes pleitos urbanísticos. Aludió a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la que ya no cabe recurso. Ratifica que el consistorio debe indemnizar con 600.000 euros a los propietarios del suelo expropiado en la partida de Beniadlà para construir el hospital.
En realidad, estos propietarios poseían 18.000 metros cuadrados de los 60.000 totales que se expropiaron.
El concejal popular también hizo público otro revés judicial. En este caso, el ayuntamiento debe devolver a un promotor los 75.000 euros que le cobró de excedente de aprovechamiento urbanístico en les Marines. Ya otros fallos anteriores obligaban a retornar esta tasa, que el actual gobierno (PP e independientes) suprimió.
El portavoz popular se refirió a estas sentencias de soslayo mientras lanzaba puyas contra el anterior pacto de PSPV y Bloc. Culpó de las sentencias a la ex alcaldesa Paqui Viciano, del PSPV, y a la disuelta gerencia de urbanismo. "Fue una etapa negra para el urbanismo de Dénia, en la que se dieron más de 2.500 licencias", dijo Chelet, que afirmó que en aquellos años se gastaron 400.000 ? en defensa jurídica.
El edil popular avanzó también que la auditoria económica de 2006 a 2008, los dos últimos años de la alcaldía de Viciano, ya está casi acabada, y desvela que en ese período se gastaron más de 15 millones de euros.
Pero el Ayuntamiento de Dénia no es el único que pena en los tribunales sus fiascos urbanísticos. El de Xàbia se enfrenta a una factura incluso más abultada. El Tribunal Supremo lo ha condenado a indemnizar con dos millones de euros a los promotores de un plan parcial en la Corona. Otra sentencia le obliga a indemnizar con 2,57 millones por una expropiación y una desclasificación de suelo en Capsades. En este último caso, los denunciantes no se conforman y exigen del consistorio 7 millones porque creen que se les debe abonar el valor catastral actual de los terrenos.
La oposición de Nueva Jávea auguró ayer que todavía llegarán más condenas judiciales. Su portavoz, Paco Català, acusó al gobierno local (Bloc-Centristes, PP y CpJ) de aprobar un documento consultivo (avance del nuevo PGOU) "económicamente insostenible". Dijo que las desclasificaciones de suelo y la imposibilidad de desarrollar sectores urbanizables reducen a cero el valor del suelo. "La recaudación se reducirá de forma drástica", vaticinó Català, quien expuso que la desclasificación del Saladar priva al consistorio de ingresar cada año en concepto de IBI 2,5 millones.
La edil de Nueva Jávea, Ana Vasbinder, dijo que será difícil hacer frente a las condenas judiciales, toda vez que las arcas están vacías y en el nuevo PGOU no hay terrenos urbanizables suficientes para compensar con suelo las indemnizaciones millonarias.
* Levante - 27.10.10
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
Castro.- El juez retira a Muguruza las competencias de urbanismo, personal y contratos
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha dictado hoy una medida cautelar que prohíbe al alcalde de la ciudad, Fernando Muguruza, tomar ninguna decisión en materia de urbanismo, contratación y personal, según han indicado a Efe fuentes judiciales y del propio Ayuntamiento. Su resolución, dictada a petición de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, también suspende cautelarmente al teniente de alcalde y concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, en las competencias de urbanismo y contratación y retira al edil Salvador Hierro las facultades que posee en materia de agua y saneamientos.
No obstante, deniega la suspensión de competencias que las acusaciones habían solicitado para otros dos miembros del equipo de gobierno, el concejal de Atención Ciudadana, Rufino Díaz Helguera, y la edil de Cultura y Educación, Concepción Carranza.
El juez instructor, Luis Acayro Sánchez Lázaro, ha dictado este auto de medidas cautelares dentro de las actuaciones que sigue para investigar las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en La Loma, el mismo asunto por el que ordenó prisión cautelar para Muguruza, que estuvo recluido en El Dueso durante 20 días.
Ésta es la segunda vez que el juez retira cautelarmente al alcalde de Castro Urdiales las competencias de urbanismo y contratación. Ya lo hizo en octubre de 2009 dentro de la misma investigación sobre La Loma, pero la medida decayó el pasado 9 de marzo cuando la Audiencia de Cantabria revocó la orden de prisión.
Las acusaciones particulares personadas en este procedimiento -la Junta Vecinal de Santullán, una asociación de vecinos y el partido La Unión- habían pedido al juez que suspendiera de nuevo a Muguruza en sus principales funciones, porque entendían que su actuación suponía "un grave riesgo para los intereses sociales y ciudadanos".
* El Diario Montañés - 26.10.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
La corrupción avanza a nivel mundial por la crisis, según Transparencia Internacional
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20MINUTOS* : La corrupción avanza en todo el mundo a causa de la crisis financiera y casi tres de cada cuatro países suspenden este año el Índice de Percepción de Corrupción de la ONG Transparencia Internacional (TI), publicado este martes en Berlín. La organización destacó en rueda de prensa que estos resultados, los peores de los últimos cuatro años, están ligados a la actual coyuntura económica y su débil recuperación, e instó a acelerar y aunar los esfuerzos en la lucha contra este "serio problema de corrupción". "Los resultados indican que hay que reforzar de forma significativa el buen gobierno en todo el mundo. El buen gobierno es una parte esencial de la solución de los retos políticos globales a los que se enfrentan hoy los países", aseguró Huguette Labelle, presidenta de TI.
Por su parte, Alejandro Salas, director regional para las Américas de TI, calificó en declaraciones de "bastante negativo" el escenario general, en el que destacó el "estancamiento" de varios miembros de la OCDE, el club de países industrializados, y las "sorpresas positivas" de algunas economías emergentes.
Como en los últimos años, las naciones mejor situadas en el "Índice de Percepción de la Corrupción 2010" (CPI) son Dinamarca (9,3), Nueva Zelanda (9,3) y Singapur (9,3). Los países que más puntuación obtienen son los menos corruptos; cuanto menos puntos, mayor la percepción de corrupción. En el extremo contrario se sitúan Irak (1,5), Afganistán (1,4), Birmania (1,4) y Somalia (1,1), que cierran la lista de 178 estados y regiones.
Por su parte, España mejora dos puestos, del 32 al 30, pero mantiene su puntuación en los 6,1 puntos, y continúa entre los países donde mayor es la percepción de corrupción de la Unión Europea.
EE UU empeora
Los países que más han empeorado en este ránking con respecto al año pasado son la República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Madagascar, Niger y Estados Unidos, que cosechó su peor resultado en los últimos quince años.
La primera economía del mundo cayó cuatro décimas con respecto a la edición anterior, de los 7,5 a los 7,1 puntos, y del puesto 19 al 21. Venezuela repitió como país donde la percepción de corrupción es la mayor de América Latina, al situarse en el puesto 164, a la par de naciones como Guinea y la República Democrática del Congo.
Por su parte, Cuba, que históricamente se había situado entre los países latinos menos corruptos, cayó desde los 4,4 puntos del año pasado hasta los 3,7 enteros, ocho posiciones hasta el puesto 69. Los países que han experimentado unas mejoras más significativas en los últimos doce meses son Bután, Chile, Ecuador, Macedonia, Gambia, Haití, Jamaica, Kuwait y Qatar.
* 20 minutos - 27.10.10
Foto: Transparencia y corrupción (archivo) - 20minutos
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