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ELPAÍS* : La investigación judicial para esclarecer una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante) va más allá de una "mera contrata de basuras", señalaron ayer fuentes del caso. Las diligencias judiciales se extienden a otras dos supuestas actividades ilícitas de relevancia: presunta financiación irregular de partidos políticos en la comarca y blanqueo de dinero, según las mismas fuentes.
La investigación considera clave en el apartado del blanqueo de dinero la participación de uno de los arrestados en la operación del martes, en concreto, del empresario de compraventa de vehículos Rafael Gregori. Este empresario, además, posee un concesionario de vehículos pesados, entre ellos camiones utilizados para la recogida de basuras. Gregori, que a su vez es presidente de la Fundación del Hércules, fue arrestado por una presunta estafa de más de siete millones de euros a una financiera. El caso se sigue investigando en los juzgados.
La implicación de los detenidos en operaciones vinculadas con blanqueo de capitales se deduce de una de las constantes de los interrogatorios a los que fueron sometidos en las dependencias de la Comisaría de Alicante los 11 detenidos el martes. En todos los casos, la policía repitió tres cuestiones de un cuestionario que apenas superó la decena de preguntas: ¿tiene dinero en paraísos fiscales?, ¿cuánto gana? y ¿ha ofrecido dinero a cambio de algún favor?
Estas dos ramas colaterales de la investigación para destapar la supuesta trama corrupta completan el eje central de la investigación: la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal número XVII, que corresponde a la Vega Baja, contrato dependiente directamente de la Diputación de Alicante, que presidía y sigue presidiendo el popular José Joaquín Ripoll. Esta investigación por la contrata de basuras comenzó en marzo de 2007 y arrojó los primeros arrestos una semana después de las elecciones municipales celebradas en mayo de ese mismo año. En esa fecha y por orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, los agentes arrestaron a Ángel Fenoll, industrial afín al PP y a su cúpula empresarial. En total, seis personas.
Al trascender a la opinión pública la posible vinculación de esta contrata con la operación judicial en curso, Ripoll paralizó el concurso. En enero de 2008, el presidente de la Diputación retomó el expediente y adjudicó la contrata a una UTE integrada por Cespa y el grupo Ortiz e Hijos, del contratista Enrique Ortiz. El contrato era por 20 años y estaba valorado en unos 250 millones de euros.
La planta dará servicio a 27 municipios de la comarca. Inicialmente, la adjudicación preveía que la planta se ubicaría en la planta denominada Lo Cartagena, ubicada en el término de la pedanía de Orihuela de Torremendo. Sin embargo, unos meses después, el adjudicatario cambia este emplazamiento por el de la finca aledaña denominada La Pistola. Este terreno es propiedad de Fenoll.
El supuesto trato de favor en la adjudicación de esta contrata está recogido en uno de los centenares de grabaciones que la policía incautó al industrial Fenoll en su domicilio y sede de sus empresas durante los registros efectuados con motivo de los arrestos de 2007. La investigación judicial se completó con nuevas pruebas incluidas en grabaciones telefónicas.
* El País - 8.0.10
Foto: Finca Lo Cartagena, lugar donde iba a estar en principio ubicada la planta.- elpais.com
La trama de Alicante no es solo basura, según la investigación
El TSXG tumba el urbanismo por «silencio administrativo» del alcalde de Viveiro
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ABC/Lugo* : Revés judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al alcalde de Viveiro, el socialista Melchor Roel. La Sala de lo Contencioso Administrativo sentenció el pasado 31 de mayo que es ilegal la concesión de licencias urbanísticas mediante el trámite del silencio administrativo cuando éstas vayan de forma flagrante en contra del ordenamiento jurídico, tumbando así la concedida por el concello lucense en el año 2006 para la construcción en la parroquia de Covas de un edificio de cinco plantas y 200 viviendas.
La sentencia firme del TSXG ratifica así el fallo en primera instancia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lugo con fecha de 10 de diciembre de 2008 —del que ya informó este periódico en febrero del pasado año—, y además impone de forma expresa al ayuntamiento que preside Roel el pago de las costas procesales, una nada despreciable factura que alcanza los 1,3 millones de euros entre los gastos de la defensa y los de la parte demandante, el ex alcalde viveirense, César Aja.
En diciembre de 2006, la Junta de Gobierno local otorgó la citada licencia a pesar de que tenía suspendidas temporalmente las competencias urbanísticas por la Xunta, la constructora no había aportado el estudio de seguridad y el proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones que exige la ley, y existía un informe negativo vinculante de la Consellería de Cultura por tratarse de un entorno protegido por la Comisión de Patrimonio. Pese a todas estas circunstancias, el Concello de Viveiro concede la autorización urbanística basándose en el silencio administrativo, sin informe jurídico que lo avale.
El Tribunal Superior recuerda que la Ley 9/2002 de la Xunta vigente en aquel momento ya estipulaba que «las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y planeamiento urbanísticos», al tiempo que «en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo en contra»
de las leyes, una posición sostenida además en su jurisprudencia por el Supremo.
Así, la Sala de lo Contencioso afirma que «resulta palmaria la imposibilidad de entender otorgada por silencio administrativo contra legemla licencia». Además, entiende que «parece plausible la remisión de testimonio de las presentes actuaciones contenciosas» a la Fiscalía, «habida cuenta de la eventual comisión» de un posible delito contra la ordenación del territorio por parte tanto del arquitecto que informó favorablemente de la concesión de la licencia pese a contravenir la normativa como de quienes finalmente la autorizaron «a sabiendas de su injusticia».
Proceso penal
El Ministerio Público ya se adhirió a la investigación judicial que el Juzgado de Instrucción de Viveiro realiza sobre esta misma licencia y otras diez concedidas por el mismo procedimiento administrativo—que permitían la construcción de 678 viviendas y un hotel en esta villa lucense—, sobre los que la Policía Judicial emitió res informes subrayando su presunta ilegalidad, como desveló ABC el pasado 2 de mayo.
Las once licencias concedidas —nueve en construcción, una finalizada y la de Covas, paralizada— tienen en común los informes en contra —entre otros— de los técnicos municipales de urbanismo, que según queda de relieve en las diligencias judiciales fueron ignorados por la Junta de Gobierno que preside Melchor oel «para aprobarlas a través del silencio administrativo». En el caso de las 200 viviendas de la parroquia de Covas, las diligencias judiciales recogen documentos periciales de la Policía Judicial en los que se le imputaban al alcalde socialista y su Junta de Gobierno la presunta comisión de cuatro delitos de prevaricación y otro relativo a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico.
Otro de los casos ás representativos corresponde a la promoción de 154 viviendas «Primeira Calidade», actualmente en construcción en una
parcela de suelo urbano no consolidado en la que según «reiterados informes emitidos por el ingeniero municipal» no se puede edificar por carecer de la condición de solar al no haberse realizado obras de urbanización en el entorno.
En un informe fechado el 5 de febrero de 2009, la Policía Judicial recoge cómo el ingeniero aconsejó al alcalde en julio de 2006 consultar a la Xunta la calificación urbanística de la parcela. Roel, sin embargo, optó seis meses más tarde por pagar una asesoría técnica a un arquitecto externo, Manuel Cortón, para que le justificas «la viabilidad de la construcción». Los instructores no sólo creen «que la licencia no se podía conceder por no reunir los requisitos» que marca la ley y entienden que Roel y su Junta de Gobierno pudieran haber incurrido en un hipotético delito de prevaricación, sino que atribuyen a Cortón un supuesto delito de falsedad documental por elaborar un informe carente de fundamento legal y faltando a la verdad».
Sin embargo, la causa contra Roel sigue sin concretarse de momento, ya que tres años después de la apertura de diligencias previas, la juez instructora del caso no ha formulado todavía escrito de acusación, mientras acumula sobre la mesa informes de la Policía Judicial que ponen de manifiesto las cuestionables prácticas urbanísticas en el concello de Viveiro.
* ABC - 8.07.10
Foto: Viveiro (Lugo), edificio ilegal 200 viviendas - abc.es
Los desfases urbanísticos en Lanzarote amenazan su estatus de Reserva de la Biosfera
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ELPAÍS* : Lanzarote podría salir de la Red de Reservas de la Biosfera por no comunicar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), responsable de su coordinación a nivel internacional, los recientes casos de uso de fondos europeos en el desarrollo de hoteles cuya construcción incumple la normativa urbanística, según informa hoy el periódico Financial Times. EL PAÍS ya publicó hace dos años sendos artículos de Rafael Méndez en los que se revelaban los desmanes urbanísticos del sector hotelero en la isla durante más de una década y que, tras una sentencia que confirmaba las irregularidades del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2008, Bruselas reclamó a España la devolución del dinero.
Lanzarote fue reconocida como Reserva de la Biosfera en 1993 e incluida como tal en la red de la Unesco, que revisa el grado de cumplimiento de los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de estas áreas cada 10 años. La condición de reserva designa aquellas áreas con una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. En España actualmente hay 26, y más de 450 en todo el mundo. La pertenencia a la red permite acceder a las fuentes de financiación que recaba la Unesco para su consolidación y desarrollo. Su gestión y protección, sin embargo, recae sobre los propios Estados, que son los únicos capaces de revocar su condición de espacio medioambientalmente sensible.
Según recuerda hoy el FT, "grandes hoteles de la isla, algunos de los cuales utilizan el reclamo de Reserva de la Biosfera para publicitarse, se beneficiaron de 23,6 millones de fondos de la UE destinados a mejorar el empleo en la zona". Algo relevante si se tiene en cuenta que Canarias, con una tasa de paro del 30,1%, es la comunidad con un mayor nivel de desempleo de toda España. No obstante, añade el periódico, este dinero se destinó a "impulsar un boom inmobiliario en una zona medioambientalmente sensible".
Numerosos delitos urbanísticos
A favor de este argumento, el periódico británico reitera que "más de 30 políticos y empresarios de Lanzarote han sido arrestados por su implicación en delitos urbanísticos". Además, también saca a colación que el Cabildo de la isla denunció que 22 establecimientos hoteleros, de los que ocho recibieron en su día fondos europeos, incumplieron el plan de ordenación de la isla diseñado para "preservar la biosfera", según el propio Gobierno insular. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un carrusel de sentencias en las que anulaba los preceptos por los que fueron autorizados por parte de las autoridades locales de los municipios de Yaiza y Teguise.
Y de ahí al quid de la cuestión. Los estatutos de la Unesco obligan a los Gobiernos de las regiones y países en los que están ubicadas estas áreas de especial necesidad de protección a informar de cualquier circunstancia que afecte a su condición de Reserva de la Biosfera. Pero en el caso de Lanzarote, según Meriem Bouamrane, directiva del organismo dependiente de la ONU contactada por el 'FT', no se les comunicó este extremo. "El turismo de masas no era lo que desarrollaban, sino un turismo que era más sostenible con el medio ambiente y natural", afirma Bouamrane. Algo incompatible con la presencia de hoteles urbanísticamente irregulares que se beneficiaron de subvenciones para zonas deprimidas.
Respuesta del Cabildo
"Estamos en contacto con las autoridades españolas acerca de esta situación. Si los promotores no están respetando las necesidades locales e impactando en el medio ambiente, el título puede ser revocado", ha trasladado Bouamrane al diario. Sin embargo, tanto desde el Cabildo de Lanzarote como desde la Oficina de Reserva de la Biosfera de la isla han asegurado a EL PAÍS que desde la Unesco no se han puesto en contacto con ellos para informarles de la supuesta revisión. Además, el Gobierno insular ha querido destacar que ningún hotel a los que se alude en el texto se construyó en suelo rústico, sino en clasificado como turístico.
En caso de confirmarse, no sería la primera vez que la UNESCO amenaza con desposeer a una región española de alguno de sus distintivos. El más reciente es el del Sevilla, que ha visto como el organismo ponía en duda su condición de ciudad Patrimonio Mundial hasta no aclarar el impacto de la Torre Pelli, un rascacielos de 178 metros de altura, sobre la catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Estos tres monumentos fueron los que permitieron que la capital andaluza entrara en la lista del Patrimonio Mundial.
* EL País - 7.07.10
Foto: El hotel Meliá Volcán, en Yaiza (Lanzarote), cuya licencia ha sido anulada por el Tribunal Superior de Canarias- elpais.com
Oviedo.- La Unión Europea estudiará si el párking bajo Uría es ilegal
LAVOZDEASTURIAS* : La Unión Europea analizará si el convenio firmado por el ayuntamiento y la empresa Comamsa que permitirá el párking bajo Uría para saldar la deuda municipal derivada de la expropiación de Villa Magdalena es ilegal. La UE acaba de admitir a trámite la denuncia interpuesta por Asciz, al igual que ya hizo con la de IU. Ayer, Asciz solicitó a la UE que la sesión sea pública y pueda intervenir algún representante de los ciudadanos.
TARTIERE La Comisión de Urbanismo también dio vía libre ayer a la apertura de una sala de conciertos en los bajos del Carlos Tartiere. El concejal Alberto Mortera explicó que el aforo de la sala será de 1.000 personas y que el lugar para su ubicación es el adecuado por estar "aislado de la zona residencial y encastrado en el estadio, con muros de hormigón de metro y medio". En cambio, el socialista Alfredo Carreño, criticó la iniciativa al entender que abre la puerta a "la instalación de discotecas en edificios dotacionales, como el auditorio o el Calatrava".
CATALOGO URBANISTICO La recreación de un edificio en la Plaza del Paraguas constituyó otro de los asuntos más controvertidos de la sesión de ayer. Asciz comparó este hecho, que afecta a una construcción catalogada, con la fórmula que el equipo de gobierno planteó para El Fontán: "destruyamos primero y construyamos después". "Eso no es rehabilitar", indicó. Roberto Sánchez Ramos recordó que en Oviedo "hay 844 edificios para hacer una recatalogación, 204 de ellos en el Oviedo redondo".
Alfredo Carreño, por su parte, reiteró la necesidad de que se modifique el Catálogo urbanístico y de poner en marcha una especie de ITV para los inmuebles. "El ayuntamiento no puede tirar un edificio por no permitir la habitabilidad; de actuar así no habría ciudades de más de 50 años"
LA TENDERINA La Comisión también aprobó que Sogepsa desarrolle Mercadín Este-Peñeo, donde se levantarán 1.700 viviendas.
* La Voz de Asturias - 8.07.10
Foto: Oviedo, calle Uría - laregioninternacional.com
Dimite el edil de Urbanismo de Mogán, imputado en el "caso Góndola"
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CANARIAS7/Gran Canaria* : El edil de Urbanismo, Seguridad y Limpieza del Ayuntamiento de Mogán, Silverio Hernández, (PP), imputado en el "caso Góndola", ha dimitido por "cuestiones personales" y por el "cansancio" y el "estrés" que le han ocasionado los "años que lleva en el gobierno" de este municipio grancanario. Así lo aseguró hoy a Efe Hernández, quien informó de que entregó su acta de concejal a las 12.00 horas de ayer y que durante esta mañana ha estado reunido con el alcalde, Francisco González, a quien ha manifestado que su renuncia "es irrevocable".
Silverio Hernández ha asegurado que su dimisión no está relacionada con su imputación en el "caso Góndola", relacionado con supuestas irregularidades urbanísticas, y ha informado de que su sucesor será Eduardo Gabriel Marrero, propietario de una licencia de auto-taxi.
El hasta ahora concejal de Urbanismo de Mogán informó de que volverá a trabajar en la fábrica de cemento del barrio de El Pajar, donde permanecía en situación de excedencia, y rechazó también que su dimisión se relacione con la suspensión del Plan General del municipio por parte del Gobierno canario.
Agregó que seguirá siendo miembro del PP en Mogán y manifestó que mantiene buenas relaciones con el resto de compañeros de la Corporación, en la que el grupo de gobierno lo conforma el PP y donde descartó que se vayan a producir más dimisiones, tal y como se ha especulado en el municipio, ya que en él "no hay fisuras", dijo.
* Canarias 7 - EFE - 8.07.10
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com
Un partido desbordado por la corrupción
ELPAÍS* : Los populares valencianos sufrieron ayer una nueva réplica del seísmo de la corrupción. Con las estructuras ya debilitadas por el caso Fabra y los sucesivos escándalos del caso Gürtel, la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, acabó por deprimir el precario estado de ánimo de la militancia popular. La principal preocupación del PP fue la de intentar mantener la imagen de unidad del partido por encima de reproches y enfrentamientos internos.
Y ello, pese a que algunos cargos campistas no pudieron reprimirse a lo largo de la jornada y llegaron a solicitar, en privado, medidas disciplinarias contra su principal enemigo, el zaplanista José Joaquín Ripoll.
Fuentes del PP indicaron que el propio presidente de la Generalitat se esforzó por mantener la imagen de unidad y evitar declaraciones altisonantes. Las mismas fuentes indicaron que Camps argumentó en privado que lo sucedido con Ripoll demuestra que se trata de una causa general contra el PP.
En ese contexto, el vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, criticó a última hora de ayer "la acción propagandística" desarrollada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Da la sensación de que, más que ante una operación de la policía, estamos ante una acción propagandística de Rubalcaba", dijo González Pons. El dirigente popular indicó que al ministro "le ha salido el tiro por la culata porque ha intentado que el PP se pase la semana previa al debate sobre el Estado de la nación dando explicaciones sobre la Diputación de Alicante y al final se pasará la semana explicando cómo se hace un despliegue policial tan exagerado para nada".
Para sustentar la teoría de la conspiración, González Pons recurrió a un comunicado de la propia Diputación de Alicante que anoche aseguraba, en contra de las evidencias, que Ripoll había sido puesto en libertad sin cargos por el juez.
En ese contexto, la prioridad de los populares, que hoy analizarán el impacto de la detención en la opinión pública, es evitar que las discrepancias sobre la situación interna del partido empiecen a aflorar en público. El presidente de la Generalitat no tiene hoy agenda pública prevista y personas de su confianza, como el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, y el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, anularon sus actos previstos para hoy, presumiblemente con la intención de evaluar los daños y reconducir su estrategia. Especialmente en la provincia de Alicante, donde el PP está fracturado entre zaplanistas y campistas. Sin embargo, la situación judicial de los principales dirigentes del PP valenciano no deja mucho espacio para tomar aire. Los populares están pendientes de los recursos interpuestos contra el auto del magistrado Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Madrid, que ha decidido inhibirse en favor del TSJCV en la mayor parte del caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana. Un auto que puede traducirse en la imputación por varios supuestos delitos, como financiación irregular o delito electoral, de nuevos aforados del PP.
Además, Presidencia de la Generalitat está muy pendiente de la imputación por cohecho pasivo impropio que instruye el juez José Flors del Superior de Valencia contra el propio Camps, el ex secretario regional del PP Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos.
En Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, se enfrenta a la imputación por tres delitos, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, que están a punto de sentarle en el banquillo frente a un tribunal de jurado. De momento, el titular del juzgado número 1 de Nules ha rechazado todos los intentos de Fabra de archivar la causa y el juez mantiene que hay indicios suficientes de su mediación ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de agilizar las licencias de los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, que fue quien le denunció por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Carlos Fabra, probablemente, se sentará también en el banquillo, acusado de cinco fraudes fiscales. En Castellón, el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón también está imputado, Vicent Aparici, para el que la fiscalía pide siete años de cárcel por un presunto delito de prevaricación medioambiental.
Y por si fuera poco, la detención de Ripoll acabó por salpicar el reducto zaplanista que parecía ajeno a la corrupción.
* El País - JOAQUÍN FERRANDIS / MARÍA FABRA - Valencia / Castellón - 07/07/2010
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elmundo.es
Vergüenza nacional
F. P. PUCHE/Valencia* : Doscientos sesenta y cuatro a doscientos. No es, ni pretende serlo, un avance del resultado del partido de esta tarde. Hablamos de algo más serio y desmesuradamente más vergonzoso. Se trata del número de causas judiciales abiertas, por presunta corrupción, contra políticos de los dos principales partidos españoles. Y aunque todos los que tocan poder cuecen habas, el PSOE lleva sobre sus hombros el dudoso honor de ganarle al PP por ese deshonroso tanteo: 264 a 200. Las cifras las dio el fiscal jefe del Estado, Cándido Conde-Pumpido y lo único que hay que advertir sobre su calidad es que se facilitaron en noviembre de 2009, fecha del último balance. Quiero decir que las 730 causas abiertas, los 800 imputados que se registran en ayuntamientos, diputaciones y autonomías de toda España, es seguro que han crecido, tanto en calidad como en cantidad, en los últimos meses. El propio fiscal jefe anunció, para despejar dudas, que en la cifra que facilitaba se incluían 136 diligencias de investigación. Que son como pimientos de Padrón, que unos pican y otros non...
Viene todo esto a cuento, desde luego, de las tristísimas noticias que llegan desde Alicante. En efecto, era lo que nos faltaba para completar un mapa regional salpicado de casos en las tres provincias, de norte a sur. Mientras las televisiones repiten con fruición las imágenes de esos furgones policiales que anuncian registros, un rosario de hechos previsibles nos aguardan: incautación de ordenadores, concejales de Urbanismo señalados, promotores inmobiliarios interrogados. En este caso, incluso se señala al presidente de la Diputación, lo que hace más grave la mancha de dudas, careos, agujeros, sospechas y demanda de explicaciones políticas que nos aguardan.
No es para describir cómo la buena fe de los electores, en este tiempo de amarguras económicas, naufraga día tras día. Aunque el señor Conde Pumpido dijera en noviembre una gran verdad -los imputados no son ni el 1 % de los que disfrutan un cargo público- tendremos que coincidir en que estamos ante un capítulo que produce asco. Y que es urgentísimo que la regeneración pública que España necesita empiece por donde más huele: por las competencias urbanísticas y los modelos de gestión del suelo.
* Las Provincias - Opinión - 7.07.10
Alicante.- Ripoll sale en libertad tras doce horas detenido por una operación contra la corrupción
LEVANTE* : Con epicentro en Orihuela, Alicante y la diputación, un terremoto político y judicial de primera magnitud sacudió ayer de norte a sur la Comunitat. En el marco de la denominada «operación Brugal y en un despliegue sin precedentes, la policía detuvo ayer a 11 personas —entre ellas, el presidente de la institución provincial y del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, tres concejales de Orihuela y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll—, al tiempo que practicó sendos registros de la vivienda de Ripoll, de la Diputación y del consistorio oriolano.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) también registraron los domicilios de Ortiz y Fenoll, así como las oficinas del Grupo Cívica y de Inusa, empresas propiedad de Ortiz, quien fue localizado en Pamplona en pleno San Fermín. En una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Número 3 de Orihuela, los detenidos están acusados, según los casos, de prevaricación, cohecho, fraude, encubrimiento y tráfico de influencias por el presunto pago de comisiones por la adjudicación al citado empresario alicantino del Plan Zonal de Residuos para 27 municipios de la Vega Baja, aprobado en enero de 2008. Después de 12 horas detenidos, la mayoría de los implicados fueron puestos en libertad con cargos y tendrán que comparecer ante la juez. Ripoll está citado mañana. Además de los siete citados también fueron detenidos el hijo de Fenoll, un empleado de Ortiz y un amigo de éste, que figuraban en la documentación policial pero no hay constancia de que prestaran declaración, y también un empresario de Valencia.
La noticia, de amplia repercusión nacional, conmocionó ayer todos los ámbitos públicos y sociales de Alicante y la Comunitat. Mientras Rajoy eludió la cuestión y el presidente Camps pedía «prudencia y responsabilidad», el PSPV se limitó —extrañamente— a expresar su confianza en la Justicia y EUPV y Compromís pidieron la dimisión de Ripoll, el azote interno del presidente de la Generalitat en el «caso Gürtel». «El presidente de la diputación está tranquilo y bien», señaló uno de sus representantes legales tras ser trasladado a primera hora de la tarde desde la institución a la Comisaría Provincial para prestar declaración.
Aunque en varios mentideros políticos de Alicante se especulaba desde hace semanas con el desarrollo de esta segunda fase de la «operación Brugal», fue ayer cuando estalló con toda la intensidad tras el análisis de horas de pinchazos telefónicos y otras pruebas de la adjudicación del Plan Zonal a la firma Cespa-Ortiz. Estalló con los registros simultáneos de la vivienda del presidente de la diputación y del Ayuntamiento de Orihuela sobre las 8 de la mañana. A esa misma hora, un amplio despliegue policial también custodiaba ya el Palacio de la avenida de la Estación, al que se impidió el acceso a toda persona ajena a la institución.
Unas cuatro horas duró el registro de la vivienda de Ripoll, que fue trasladado a la Diputación en un vehículo de la UDEF bien entrado el mediodía. Justo a las 12.45 llegaba al Palacio Provincial el abogado penalista y ex Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, llamado para defender al también presidente del PP. «Vengo como abogado», dijo el letrado a distancia a los más de 30 periodistas que aguardaban noticias extramuros del recinto. Tras más de dos horas, en las que los agentes intervinieron diferente documentación del área de Presidencia en presencia de Ripoll, éste fue trasladado a la Comisaría Provincial custodiado por los mismos vehículos.
«En el auto de la entrada de registro hay indicaciones genéricas, pero no nos han explicado todavía cuáles son los hechos que motivan las imputaciones», explicó Del Rosal tras salir del registro de la diputación. Otro de los representantes legales de Ripoll, Fernando Candela, destacó que tanto ellos dos como el político están «tranquilos y bien». Ambos resaltaron la predisposición de éste a colaborar «en todo momento» con la Policía.
La declaración de Ripoll ante la Policía, muy breve, se hizo coincidir con la llegada a la comisaría de los tres concejales de Orihuela detenidos: Ginés Sánchez, Manuel Abadía y Antonio Rodríguez Murcia, responsables respectivamente de Calidad Medioambiental, Servicios e Infraestructuras y Pedanías. Pasadas las ocho de la tarde también comparecieron Ortiz tras su viaje relámpago a Pamplona y Ángel Fenoll. Todos ellos fueron puestos en libertad con cargos.
Calma tensa en el PP
La detención del presidente provincial del PP, abiertamente enfrentado al líder regional Francisco Camps, conmocionó a todo el partido en la Comunidad y añadió un nuevo quebradero de cabeza a su líder nacional Mariano Rajoy, que eludió la cuestión cuando fue preguntado. Mientras los consellers suspendían ayer tarde y apresuradamente sus agendas para hoy, la dirección provincial del PP salió en defensa de Ripoll y Camps pidió «prudencia y responsabilidad» a la espera de nuevos datos sobre esta segunda fase de la «operación Brugal».
Los agentes intervienen dinero, documentación y soportes informáticos
El operativo policial bautizado como «operación Brugal» se centró en Alicante, Orihuela y Valencia con un total de 19 registros en domicilios particulares y sedes de las empresas de varios de los implicados, según confirmó el Ministerio del Interior a través de un comunicado. También fueron registrados la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Orihuela, de donde los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal intervinieron «numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos», precisó la Dirección General de la Policía, que también hizo hincapié en que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas. El ministerio no precisó la cuantía del dinero en metálico intervenido, ni tampoco a quién pertenecía. Antes de que la Policía difundiera estos datos, la diputación publicó una nota en la que aseguraba que Ripoll salió en libertad «sin cargos».
* Levante-emv - 7.07.10
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com
Barcelona.- Millet y Montull tenían trato asiduo con los dirigentes de la Trias Fargas
ELPERIÓDICO* : Fèlix Millet, el expresidente del Palau de la Música, mantuvo contactos de forma habitual y en ocasiones hasta mensuales con Carles Torrent, administrador de la Fundació Ramon Trias Fargas (ahora CatDem), vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y responsable de finanzas del partido nacionalista hasta su fallecimiento, en el 2005, según figura en el dietario del exdirectivo de la entidad cultural al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Y el sustituto de Torrent, Daniel Osàcar, conversaba de forma asidua con Jordi Montull, exjefe de administración del Palau y mano derecha de Millet. Existen anotaciones de las administrativas que lo corroboran. El trato con varios cargos de Ferrovial también eran constantes.
El dietario de Millet y su agenda ofrecen una visión panorámica de la copiosa actividad que desarrollaba el que fue máximo responsable del Orfeó Català-Palau de la Música. Reuniones internas de los directivos del auditorio y de sociedades donde el saqueador participaba como ejecutivo –como la filial inmobiliaria de Agrupació Mútua (AMCI)– y entrevistas con importantes empresarios, banqueros, altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona y políticos de diferentes partidos (el PP, CiU, el PSC y ERC).
Los temas tratados en las entrevistas no se detallan en las agendas de Millet, que resumen un periodo que abarca desde 1999 hasta el 2009, cuando se produjo el registro del Palau y empezó el declive del que durante muchos años fue el máximo responsable de la institución. Sin embargo, esos documentos son una radiografía de cada uno de los polémicos asuntos tratados en la comisión de investigación del Parlament o en los dos procesos judiciales abiertos: el del saqueo de la entidad y el de la operación urbanística para construir un hotel de lujo en las cercanías del auditorio.
630.554 EUROS / En los dietarios aparecen una serie de apuntes (más de 30) sobre los supuestos contactos de Millet con Carles Torrent, cuando este era administrador de la Trias Fargas. El primero data de marzo de 1999. Desde septiembre del 2001 hasta octubre del 2003 fueron casi mensuales. Luego se distanciaron en el tiempo. El último es del 24 de febrero del 2005, días antes del fallecimiento de Torrent. La fundación vinculada a CDC recibió entre 1999 y el 2008, en la época Millet, un total de 630.554 euros del Orfeó. Los últimos convenios los firmó, por parte de la fundación convergente, Daniel Osàcar, que mantuvo varios contactos, según admitió en la comisión parlamentaria, con Montull. Las llamadas entre ellos, según las fuentes consultadas, eran regulares.
En las agendas figuran, además, más de una treintena de apuntes desde 1999 y hasta el 2005 sobre conversaciones de Millet con Pedro Buenaventura, directivo de Ferrovial, aunque el expresidente del Palau también aprovechaba sus viajes a Madrid para verse con otros cargos de la constructora, principal patrocinadora de la entidad musical.
RECALIFICACIÓN DE TERRENOS / Asimismo, en los dietarios se especifican las gestiones que realizaba Millet por sus negocios y proyectos particulares, como la recalificación de unos terrenos en L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). En la página del 5 de noviembre del 2002 se puede leer: «Dinar Felip Puig [conseller de Obres Públiques de CiU), Joan Llort [entonces director de Urbanismo], A. Calzada / C. Díaz [arquitecto]».
En los ordenadores del Palau se halló un documento, fechado al día siguiente, con la frase: «Informe según lo acordado con los señores Llort y Puig». El escrito detalla un proyecto sobre la urbanización Can Plandolit, propiedad de Millet. En otras anotaciones en poder de la justicia se habla de unas presuntas comisiones políticas por la recalificación.
* El Periódico - 7.07.10
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com
Los dos 'euro-moscones' del urbanismo español
ELMUNDO* : El urbanismo español tiene dos puntos negros que escaman a los europarlamentarios de Estrasburgo, dos pesadillas que el ejecutivo de Zapatero arrastra desde la anterior legislatura, ambas de difícil solución: por un lado, el "urbanismo salvaje" del litoral, denunciado por ecologistas y partidos verdes de la cámara baja europea -con la eurodiputada danesa Magrette Auken al frente- y que amenaza seriamente con provocar la pérdida de los jugosos fondos que la UE destina a España.
Por otro, los derribos de viviendas irregulares que se suceden en zonas rústicas y protegidas del mismo litoral que afectan a miles de particulares -muchos de ellos británicos- a raíz de una política de estricta aplicación de la Ley de Costas de 1988 durante el periodo en que Cristina Narbona se hizo cargo del Ministerio de Medio Ambiente y de varios avisos procedentes de Europa. Al amparo de dicha Ley, se calcula que unas 300.000 viviendas ya construidas serían irregulares y podrían ser derruidas. Muchas ya han desaparecido del mapa.
En este farragoso capítulo, otra eurodiputada, la liberal británica Marta Andreasen, que representa al Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP) desde 2009, se ha convertido en la nueva piedra en el zapato del Gobierno. Andreasen, que fue Jefa de Contabilidad de la Comisión Europea, no ha dudado en comparar las prácticas del gobierno de Zapatero con las del régimen Mugabe cuando derribaba las casas de los colonos británicos, en el pleno europeo en el que Zapatero decía adiós a la presidencia europea.
"La situación que se está produciendo es una violación de Derechos Humanos, amén de ser un componente importante de la crisis que vive España. ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?", espetó al presidente del Gobierno durante la clausura de la etapa española en la presidencia de la UE.
Hace un mes que Andreasen -argentina de nacimiento, que posa en su web bajo un retrato de Winston Churchill- se abrió una cuenta en Youtube para recopilar sus iracundos alegatos en favor de los ciudadanos británicos afincados en Andalucía y Murcia, víctimas -muchos ellos, al parecer- de constructores españoles sin escrúpulos que construyeron sus viviendas a pocos metros de la costa, en suelos rurales o en parques naturales como el Cabo de Gata.
Solución complicada
En Europa, mientras a un lado de la cámara se exige a Zapatero que limpie la costa de ladrillos, al otro, se pide justicia para los propietarios de unas edificaciones que han quedado al margen de la ley.
Los dos problemas, protección del litoral y viviendas irregulares, chocan entre sí y su resolución no es sencilla ni uniforme, pues en ellos intervienen muchos escalones institucionales del Estado y los tribunales.
Ambos, sin embargo, encuentran un documento de denuncia común en el Informe Auken, donde la diputada verde danesa recogió en marzo de 2009 los puntos en los que el ladrillo español incumplía las leyes medioambientales europeas, y que denunció la "destrucción o demolición arbitrarias de propiedades de particulares adquiridas legítimamente", básicamente la tesis que también defiende la eurodiputada británica. [Lea el informe]
Mientras, los propietarios de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, agrupados en decenas de colectivos, apelan a que son víctimas de la permisividad y la avaricia de los ayuntamientos durante la época del 'boom', como en el caso de los municipios de Almanzora o la Albox- y que las normas únicamente se ejecutan para las casas de los menos pudientes.
Además, denuncian que si se aplicara la ley en su totalidad los afectados ascenderían a 500.000 ciudadanos y equivaldría a tirar 50.00 millones de euros a la basura.
* El Mundo - 6.07.10
Foto: Las eurodiputadas Margrete Auken (Los Verdes) y Marta Adreansen (UKIP) | Elmundo.es
Cercle Obert pide al juzgado un informe "independiente" sobre Jardín Monforte
ABC/Valencia* : La asociación Cercle Obert solicitará al juzgado que investiga la construcción del aparcamiento que hay junto al Jardín de Monforte de Valencia un informe "independiente" sobre las condiciones fitosanitarias de este conjunto histórico. Así lo ha anunciado hoy este colectivo en un comunicado, en el que denuncia "la existencia de numerosos informes contradictorios, emitidos por los mismo técnicos y organismos municipales que controla y dirige el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver", que exhiben, a su juicio, una "evidente falta de rigor".
Ante esta situación, Cercle Obert remitirá "urgentemente" un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia para que reflexione sobre "la necesidad de encargar a verdaderos técnicos independientes y de reconocida solvencia la investigación y evaluación de la actual situación fitosanitaria del jardín" y la posible influencia del aparcamiento en la misma.
Este estudio, en su opinión, debería ser realizado por "técnicos y especialistas" "alejado de cualquier institución local y autonómica", y que tampoco tengan "contacto alguno con la Comunitat Valenciana, en aras de evitar presiones o manipulaciones".
La Fiscalía denunció a Bellver por prevaricación y delito contra el patrimonio por las presuntas irregularidades en la concesión de la licencia para construir, en 2004, el aparcamiento existente en el subsuelo de los Jardines de Monforte, declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
Estas supuestas irregularidades fueron puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal por la asociación Cercle Obert, que considera que se cometió "expolio" en esta actuación urbanística. EFE
* ABC- EFE - 5.07.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte - escapadasvalencia.com
Chile.- Patrimonio Cultural y los Monumentos en Arica
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ELMORROCOTUDO* : Se tiende a confundir los términos “Patrimonio” y “Monumento”. Se suele entender al Patrimonio Cultural como un amplio concepto que involucra un conjunto de aspectos materiales e inmateriales que son valorados colectivamente como insumos que dan forma a nuestra identidad cultural. Más allá de un listado de cosas que todos deberíamos apreciar y cuidar, el Patrimonio Cultural consiste en un proceso social dinámico en que cada individuo identifica y tiene una particular relación con los hitos de su historia y su paisaje.
En este sentido, el Patrimonio Cultural y Natural regional ha sido frecuentemente nombrado como uno de los puntales de la identidad de nuestra administrativamente nueva, pero ya milenaria región de Arica y Parinacota. Además, el Patrimonio Cultural también es visto como un conjunto que puede servir para lograr el anhelado desarrollo económico y social.
En nuestra región el tema patrimonial se ha ido instalando de alguna forma en la comunidad. Así, lenta pero consistentemente la comunidad va exigiendo que los edificios, las plazas, las calles y los diversos lugares en donde reside la memoria y la historia local estén protegidos de intervenciones que no respeten esos valores. Incluso esta misma comunidad se pregunta por qué las autoridades y las leyes no logran impedir la pérdida de estos lugares que poseen un innegable valor cultural e histórico.
Es en este punto donde yace la diferencia con el concepto de Monumento. En términos legales, los Monumentos Nacionales, son aquellos lugares, construcciones o ruinas que gozan de la protección legal de la Ley Nº 17.288. A través de esta Ley, sólo se puede proteger una parte del Patrimonio Cultural, el patrimonio tangible y en lo posible de grandes dimensiones o “monumental”.
La Ley 17.288 señala cinco categorías de Monumentos Nacionales: Monumentos Históricos, Zonas Típicas, Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Arqueológicos y Monumentos Públicos. Los tres primeros requieren de un decreto otorgado por el Ministerio de Educación para lograr esa protección, mientras que los dos últimos, lo son sin necesidad de decreto alguno.
En la ciudad de Arica han sido declarados como Monumentos Históricos un conjunto de edificios y lugares que por sus especiales características históricas y arquitectónicas deben resguardarse. Destacan los siguientes: El Morro de Arica, la Ex–Isla del Alacrán, el Regimiento “Rancagua”, la Antigua Aduana de Arica, el Edificio del Ferrocarril Arica-La Paz y la Catedral San Marcos de Arica. De esta forma, cualquier intervención que se requiera hacer en estos Monumentos Nacionales, incluso una conservación, debe ser autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales, quien velará para que los valores patrimoniales por los cuales fue declarado se mantengan. En Arica, la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales está presente para orientar tanto a los privados como a los servicios que tengan dudas respecto a la intervención y manejo de los Monumentos Nacionales.
Sin duda, en la ciudad existen otros lugares y edificios que poseen las condiciones para lograr esta protección legal. Con tales declaraciones se evitaría el riesgo de deterioro e incluso pérdida de estos componentes de nuestro patrimonio. Entonces, no basta con ser reconocido como Patrimonio Cultural para que los lugares y edificios significativos se conserven, y sólo adquiriendo la calidad de Monumento Nacional, éstos pueden ser resguardados.
Además de la Ley 17.288, existe otra herramienta de protección para algunos inmuebles patrimoniales, dentro del Plan Regulador de la Comuna de Arica, sancionado el año pasado. En este Plan Regulador se reconoce un conjunto de Inmuebles de Conservación Histórica, los cuales sólo pueden ser intervenidos si cuenta con la autorización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). En la página “Patrimonio Urbano” del MINVU hay un listado de los inmuebles de la ciudad de Arica que posee esta protección.
Estamos claros que la actual legislación no es suficiente para salvaguardar este patrimonio urbano de Arica, principalmente porque no da los incentivos a los dueños privados, ni da los presupuestos al Estado para que se mantengan adecuadamente los Monumentos Nacionales. Esto ha resultado, ya muchas veces, en la pérdida de edificios o espacios públicos que se intervinieron o se perdieron irremediablemente.
Por ejemplo, hace menos de un mes la comunidad rechazó la destrucción del antiguo Lazareto en la calle 18 de Septiembre con Lautaro. Si bien estaba reconocido por la comunidad por su valor dentro de la historia de la salud ariqueña y como indicador de los antiguos límites de la ciudad, no se pudo evitar la pérdida, ya que este edificio no contaba con ningún tipo de resguardo. Actualmente en ese lugar se construye un establecimiento educacional. Hubiera sido fácil para arquitectos con sensibilidad patrimonial haber incorporado el antiguo edificio a las nuevas necesidades de espacio universitario.
Más dramático es el ejemplo del año pasado cuando se demolió el edificio del antiguo Colegio San Marcos (ahora Colegio Juan Pablo II) para dar paso a uno nuevo. Esto fue trágico pues ese edificio estaba considerado como Inmueble de Conservación Histórica en el Plano Regulador vigente, pero esto no bastó para evitar que fuera destruido. No sabemos exactamente cómo se permitió esto, si primó un anterior decreto municipal de demolición o si el mismo MINVU no estaba al tanto de sus atribuciones.
Además, con un potencial riesgo de pérdida irremediable están las casi únicas evidencias de la arquitectura colonial de Arica: Las ruinas monumentales de la antigua Iglesia de San Juan que ocupan gran parte de la manzana de Baquedano con Sotomayor. Una pequeña porción de su estructura se exhibe en el interior del Edificio Consistorial, pero la mayoría se encuentra en terrenos privados y en un avanzado grado de deterioro. Las ruinas han sido crecientemente presionadas por los modernos edificios colindantes y actualmente el terreno es ocupado para un estacionamiento vehicular. Los actuales dueños dicen estar obligados a destruir los muros coloniales, ya que ponen en riesgo la integridad de los vehículos de sus clientes.
Por otro lado, el actual Mercado Central, en la calle San Marcos entre Baquedano y Colón, se emplaza en el antiguo Convento de San Francisco, conservando en el subsuelo evidencias coloniales que constituyen Monumento Arqueológico. Tras los sismos del siglo XIX, un conjunto de elementos arquitectónicos de la época peruana de Arica, como los pilares de fierro forjado de la antigua Aduana, fueron habilitados en este lugar para dar forma a un Cuartel Militar y posteriormente al Mercado de Abastos.
Hoy en día, aunque el Mercado Central es considerado un Inmueble de Conservación Histórica por el Plan Regulador de Arica, cuenta con un decreto municipal de demolición y esta en permanente riesgo de que el Municipio destruya el edificio. Esto no sólo pone en riesgo el valor arquitectónico e histórico del inmueble, sino que además todo el valor social y la memoria colectiva que también forma parte de nuestra identidad ariqueña, que descansa en el Mercado Central y sus trabajadores.
Si los ariqueños queremos conservar los valores históricos y patrimoniales de la ciudad de Arica, en especial del casco antiguo, debemos identificar y solicitar la declaración de nuevos Monumentos Nacionales. Esta es una herramienta que no asegura una adecuada gestión, pero si protege de las eventuales destrucciones por razones inmobiliarias que se desentienden de nuestra historia. Es importante conservar estos edificios y lugares, con el objeto de reforzar nuestra identidad cultural y a partir de ella, también es posible desarrollar nuevas alternativas de Turismo Cultural, y encaminarnos en el esperado desarrollo regional.
* El Morrocotudo - Álvaro L. Romero G. - 6.07.10
Foto: Arica (Chile), monumentos - elmorrocotudo.cl
Funcas admite que el exceso de crédito agravó el 'boom' inmobiliario
MÁLAGAHOY* : El sector financiero admite que no sólo aportó la chispa, sino que además echó más madera a la hoguera de la construcción en España. "El sistema crediticio proporcionó el combustible que la burbuja inmobiliaria necesitaba para continuar el proceso de crecimiento de los precios". Ésta es una de las conclusiones de un estudio de la propia Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre el boom de la construcción. El informe señala que entre 1995 y 2007 el crédito para comprar vivienda se multiplicó por nueve y la financiación para actividades de construcción por 6,7, mientras que el crédito para actividades inmobiliarias fue el que más creció, multiplicándose por 25.
El crecimiento del crédito derivó no sólo del aumento de las operaciones, sino también de las mejores condiciones para los demandantes de financiación. Según datos de la Asociación Hipotecaria Española, el importe medio de una hipoteca en 1997 era 50.786 euros a un plazo de 19 años. En 2007, en plena cresta de la ola, la hipoteca media nueva ascendía a 149.000 euros y tenía un plazo de amortización de 28 años.
Pese al mayor importe medio de las hipotecas, el esfuerzo para pagar los préstamos fue menor por dos razones: el mayor plazo de devolución y los menores tipos de interés debido al proceso de integración de la economía española en el euro y la política monetaria laxa que mantuvo el Banco Central Europeo en sus primeros años.
El estudio resalta que el sector financiero agravó sus desequilibrios al concentrar su negocio en las actividades inmobiliarias. "Así, si en 1996 el crédito a este tipo de actividades representaba el 40% del total, en 2007 este porcentaje era del 61,4%". Para poder financiar el fuerte crecimiento del crédito, "las entidades financieras españolas tuvieron que acudir de forma masiva a la financiación exterior mediante la emisión de deuda o la titulización de activos".
El estudio destaca el "carácter especulativo de una inversión basada en las expectativas de que los intensos crecimientos de precios iban a ser sostenidos en el tiempo". "En concreto, la etapa expansiva que se inició en 1997 duró justo el doble que la anterior -entre 1985 y 1990-, por lo que aunque desde distintas instancia se alertaba de la formación de la burbuja, la realidad iba confirmando las expectativas de crecimiento de los precios ", narra el estudio. La respuesta a este crecimiento fue "muy superior a otras etapas expansivas, e incluso a la de la mayoría de los países desarrollados". El número de viviendas anuales iniciadas llegó incluso a doblar al de la creación de nuevos hogares, y aumentó el peso de la construcción en la economía, pasando el 7,5% del valor añadido bruto en 1995 a un máximo del 12% en 2006.
La fiesta comenzó a decaer con la subida de los tipos de interés a partir de 2005, en respuesta al encarecimiento del petróleo. Y se acabó en 2008 con la crisis financiera internacional, que secó "la abundante liquidez que había alimentado la burbuja".
* Málaga Hoy - 6.07.10
Foto: Burbuja inmobiliaria, evolución - malagahoy.es
Alicante.- El campo del Hércules costará 55 millones que saldrán de plusvalías
ElPAÍS* : Ladrillo con ladrillo se paga. El Ayuntamiento de Alicante cerró ayer con el Hércules los trazos gruesos para la financiación del nuevo estadio Rico Pérez, que se levantará sobre la actual y obsoleta instalación. La obra, que incluye la remodelación integral de los aledaños del campo y de los dos polideportivos contiguos, supondrá una inversión de 55 millones de euros. La cifra la aportará el Consistorio mediante aumentos de aprovechamientos urbanísticos (más techo construido, en casas o terciario) en distintas unidades de actuación. Estas plusvalías las cederá a la sociedad deportiva, es decir, al Hércules, CF. A la conclusión de la obra, el Ayuntamiento recuperará la propiedad de estadio que, a su vez, volverá a alquilar al club.
El primer paso de esta operación, que ayer pactó la comisión municipal creada para tal fin, incluye que el actual propietario del Hércules, la firma Aligestión ceda la titularidad del campo a la entidad deportiva. Aligestión, cuyo socio mayoritario es el contratista Enrique Ortiz, recompró el campo al Ayuntamiento en 2007 por 7,2 millones de euros. Aligestión pasaría así a ser acreedor del club al igual que Hacienda y la Seguridad Social. Estas dos últimas instituciones le reclaman 14 millones de euros. El Ayuntamiento ha mediado en el pago de esa deuda con un crédito avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas.
La alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, promotora de esta fórmula de financiación destacó el coste cero de la operación para el ciudadano: "Se paga una obra con nuevas plusvalías, y no con el 10% oficial de aprovechamientos que corresponden al Ayuntamiento, cuya titularidad se recuperará revalorizada". La regidora declinó dar fechas del calendario de las obras. "Lo primero será una reforma urgente de las carencias más destacadas, césped, vestuarios, aseos y aledaños", dijo. Estos trabajos se sufragarán en parte con los 4,2 millones comprometidos por Ortiz cuando recompró el estadio.
El PSPV, a través de su portavoz Roque Moreno, se mostró satisfecho con la solución final. "Hemos actuado con responsabilidad. Nuestro objetivo es mantener un minucioso control para que no haya desvíos", señaló.
El presidente del Hércules, Valentín Botella, también expreso su satisfacción. No obstante, fuentes del club señalan que la cifra de 55 millones es inferior a la de sus previones iniciales, en torno a los 70 millones.
* El País - 6.07.10
Foto: Alicante, estadio Rico Pérez - urbanity
Cáceres.- La Plataforma “Desplaza2” pedirá ante la fiscalía la paralización de las obras de la Plaza Mayor
REGIÓNDIGITAL* : La Plataforma "Desplaza2", una agrupación ciudadana que cuenta ya con cerca de 10.000 firmas, pedirá la paralización de las obras de la Plaza Mayor mediante un escrito a la fiscalía porque consideran un "disparate monumental" y una "obra innecesaria" la que está llevando a cabo el Consorcio Cáceres 2016. "Desplaza2" se ha dado a conocer este lunes ante los medios de comunicación en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Asociación de la Prensa de Cáceres, en la que han asegurado que las actuaciones que se están llevando a cabo "no resuelven los problemas básicos y carencias de Cáceres", sino que plantean "unas soluciones ñoñas, anticuadas y basadas en las ideas de los años 90".
"Que te digan que eres carca y retro porque no quieres cambios, queremos cambios, pero serios, que se resuelvan los problemas de aparcamientos y no como ahora que se ha colapsado todo", ha explicado a Región Digital María González, miembro de la plataforma.
En este sentido, ha apuntado que "ya no se puede circular, la carga y descarta, la recogida de basura, los taxis y las emergencias son un caos" y ha criticado además que "han tenido 4 años y 5 millones de euros para prensar un proyecto, que tenía que haberse hecho mediante concurso público, y se lo han cogido entre cuatro amiguetes".
"Al final han hecho una obra de maquillaje y han dejado una ocasión de oro que había para resolver temas de aparcamientos, cableado, iluminación, etc., pero lo que se va a hacer es cambiar el pavimentado y alicatar la plaza mayor a base de quitar losas de granito y ponerlas de hormigón", ha lamentado González.
Para la plataforma, estas obras son "ilegales, no han pasado los filtros de urbanismo" y los informes "se han ido incorporando". "Antes había errores de tipo formal y ahora directamente van en contra del Plan de Urbanismo de Cáceres, del Plan Especial y del Plan de Ordenación Urbana", ha añadido.
"Es una pena, estamos indignados porque los políticos se van, pero los que vivimos aquí nos quedamos con una ciudad inhabitable", ha señalado González, que ha añadido que los vecinos de la zona no tienen donde aparcar, "han empantanado todo y no se ha resuelto nada".
"Es todo maquillaje puro y duro y se van a gastar un dineral en cuatro plazas mal hechas", considera Desplaza2, que lamenta además que la Plaza Mayor "tiene una estructura, elementos y tipología propia" por lo que consideran que las obras "rayan la ilegalidad manifiesta".
"Pensábamos que la capitalidad iba a ser una oportunidad magnífica para Cáceres, pero a los que dirigen Cáceres 2016 les importa un bledo y van a lo que van". "No sabemos si conseguiremos la capitalidad pero no queremos que nos dejen Cáceres empantanado a costa de un dineral que se han gastado pudiendo hacer cosas más importantes para la ciudad, queremos la capitalidad pero no a cualquier precio", añaden.
Por todo ello, desde la plataforma van a poner un escrito en manos de la fiscalía pidiendo "que se paralice la obra cuanto antes para no causar trastornos a la empresa adjudicataria ni al Ayuntamiento". "Todavía están a tiempo porque lo que han hecho ha sido quitar", añaden.
"La obra se ha hecho con falta de previsión, no era necesario remodelar las plazas que se remodelaron hace 4 años y los problemas que plantean son gordos", ha apuntado González, quien ha señalado además que el Consorcio Cáceres 2016 "tendrá que cumplir con la legalidad por mucho que sea un ente supramunicipal".
Para la plataforma "hay evidencias de la ilegalidad, el Consorcio se ha saltado a la torera todo y no se puede revitalizar algo si se crean más problemas", ha añadido María González, que ha apuntado que "no hay ni un solo cacereño que no esté vinculado a ellos que defienda lo que se está haciendo".
* Región Digital - 5.07.10
Foto: Cáceres, obras Plaza Mayor - regiondigital.com
La Policía Nacional registra la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela, la casa de Ripoll y la empresa de Ortiz
INFORMACIÓN* : La operación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado nº3 de Orihuela, que instruye el llamado 'caso Brugal', que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja. Los agentes han detenido, de momento, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía. La Policía Nacional realiza registros en la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela desde primera hora de la mañana, en una operación dirigida por la fiscalía anticorrupción y el juzgado 3 de Orihuela. Fuentes policiales y locales no han facilitado información sobre la operación en ambas instituciones públicas dirigidas por el PP, aunque otras fuentes próximas a los partidos de la oposición han apuntado a Efe que "podría estar relacionada con un Plan de Residuos Zonal".
Las mismas fuentes señalaron que la Policía Nacional también se ha personado en el domicilio de José Joaquín Ripoll, presidente del PP de la provincia, así como en el del empresario afín al PP, Ángel Fenoll.
Vehículos y agentes policiales permanecen en el exterior tanto del edificio consistorial, dirigido por la popular Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina.
Los agentes han detenido, de momento, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales.
La Policía ha ordenado a los funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por la popular Mónica Lorente, abandonar sus puestos de trabajo mientras se efectúa el registro, centrado fundamentalmente, al parecer, en las áreas de Intervención y Contratación Municipal.
Paralelamente se está interviniendo las instalaciones de una de las empresas de Enrique Ortiz, también en Alicante. El constructor y máximo accionista del Hércules, según ha podido saber informacion.es, se encuentra en Pamplona con motivo de los sanfermines.
Todo apunta a que la operación está relacionada con el llamado caso Brugal, que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja.
La agenda de la Diputación se ha visto, lógicamente, trastocada por los registros policiales. Así, la recepción a la delegación de la Diputación de la provincia italiana de Taranto en un primer momento se había decidido trasladar a la sede del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, pero una nota posterior ha informado de que quedaba anulada.
* Información - 6.07.10
Foto: Numerosos curiosos se han acercado al Palacio Provincial de la Diputación de Alicante al observar el despliegue policial - diarioinformacion.com
Banderas Negras 2010. 'Caos en La costa'
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* ha presentado el Informe “Banderas Negras 2010. Caos en La costa”. En este informe se analiza, un año más, la situación de la costa y se identifican los 40 casos con mayor degradación de la costa debido a los principales problemas de vertidos orgánicos e industriales, urbanismo, regeneraciones y obras costeras y la desplanificación de los Puertos de Interés General. Ecologistas en Acción ha realizado un completo análisis de las principales causas de degradación de la costa y ha identificado los principales lugares de degradación en el litoral del estado español. En el informe se denuncia la extrema situación de desplanificación y falta de rumbo, en torno a, la gestión de los recursos naturales que existen en la costa, lo que ha ocasionado una situación de caos, en este estrecho y frágil territorio.
Las principales causas de degradación en la costa son generadas por la colmatación urbanística, vertidos orgánicos e industriales, obras en costas y regeneraciones de playas y, la desplanificación entorno a los puertos de interés general.
El informe aborda el problema urbanístico según los datos del Observatorio de sostenibilidad Español (OSE), los cambios en la ocupación del suelo entre los períodos 1987-2000 y 2000-2005, descubrimos de forma impactante como las zonas urbanizadas han aumentado un 50% en esos 19 años, tanto en el interior como en el litoral, urbanizando a un ritmo escalofriante de 3 hectáreas por hora entre 2000 y 2005. Destacando la bandera negra otorgada a la costa de Marbella y Fuengirola como el caso más transformado y degradado por urbanismo en el litoral.
Ecologistas en Acción denuncia, en este informe, que las distintas comunidades autónomas de la costa se saltan sistemáticamente la Directiva Marco de Aguas. Ya que, ninguna de ellas depura y reutiliza sus aguas como la ley contempla. Existe un déficit generalizado de infraestructuras, sobre todo en el Cantábrico. Además, también se identifica en este informe que el tratamiento de los vertidos al mar que establece la ley de costas se incumple de forma sistémica. Destacando la Bandera Negra otorgada a la Cascada de la merda en el Paque Natural de la Sierra Helada en el País Valenciano como el caso más degradado por los vertidos de aguas residuales.
Ecologistas en Acción denuncia, en el informe, las carencias de la ley de responsabilidad ambienta que nos deja indefensos ante vertidos como el ocasionado por la petrolera British Petroleum en el Golfo de México. Así como, los impactos producidos por los vertidos industriales en la costa, destacando la Bandera Negra concedida a la ría de Huelva como el lugar más contaminado industrialmente.
Ecologistas en Acción denuncia el derroche 230 millones de euros anuales en las mal llamadas regeneraciones de playas y obras en costas destinadas a abastecer las demandas privadas. Destacando la Bandera Negra otorgada a la playa de la Barceloneta como el lugar más transformado y consumidor de dinero público de toda la costa, 60 millones de euros en los últimos 5 años.
Ecologistas en Acción denuncia también en el informe la proliferación de Puertos del Estado por toda la costa. Estos puertos no cuentan con una justificación económica y ambiental y podrían suponer el mayor impacto de la costa española, en el siglo XXI. Los puertos planificados son: Granadilla (Tenerife), Tarifa (Cádiz), Melilla, El Gorguel (Murcia), Ibiza (Baleares), Vigo, El Musel (Asturias), Pasajes (Euskadi).
Ecologistas en Acción denuncia que la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, es el origen de los problemas de esta desplanificación y lucha de poderes. Esta ley posibilita la independencia y planificación económica por parte de cada una de las Autoridades Portuarias repartidas por toda la costa, la posibilidad de inversión privada en los proyectos y actuaciones de estos puertos de interés general y, además la posibilidad de competir unos con otros. Es decir, si traducimos esta ley, lo podemos resumir como el fin de la planificación estratégica de los Puertos del estado.
Ante la gravedad de esta situación, Ecologistas en Acción solicita a las administraciones competentes y a la propia sociedad, un cambio de modelo social y económico urgente. Modelo que debe basarse en el estudio de la capacidad de carga del territorio y sus ecosistemas y, con programas de restauración ambiental y reconversión de sectores altamente depredadores como el turismo y la construcción. Además, Ecologistas en Acción, solicita que se comience de forma urgente a gestionar el mar para proteger actividades en peligro como la agricultura ecológica y la pesca sostenible.
* Ecologistas en Acción - 1.07.10
Foto: Ecologistas en Acción - Banderas negras 2010
Córdoba.- El pabellón de Castillejo, otra ruina
ELPAÍS* : El 27 de noviembre de 2004, un concierto de la orquesta de RTVE sirvió para inaugurar el enorme pabellón sociocultural que Cajasur había levantado junto al Parque Joyero de Córdoba. El presupuesto destinado para este gigante -que fue bautizado con el nombre del entonces presidente de la caja, el sacerdote Miguel Castillejo- terminó disparándose hasta superar los 35 millones de euros. A 31 de marzo de 2005, Cajasur ya había desembolsado 33,4 millones. A pesar del millonario gasto, desde su apertura, el centro apenas ha sido utilizado, al margen de la feria anual de joyería Joyacor y otros eventos puntuales. Además, por sus deficiencias constructivas, se han tenido que hacer reformas este año. El pabellón fue cedido en 2008 al Centro Andaluz de Diseño.
Originalmente, el edificio fue encargado por los empresarios que impulsaron el Parque Joyero. Se diseñó para albergar muestras expositivas de carácter comercial. Pero cuando lo compró Cajasur, se decidió ampliar sus funciones para que pudiese acoger todo tipo de eventos culturales de gran aforo. Así, se convirtió en el único edificio cerrado de Córdoba en el que, en teoría, podía ofrecerse un espectáculo para 6.000 personas. Cuando se inauguró, la superficie total construida era de 33.150 metros cuadrados, repartidos entre dos plantas y sótano.
Como se explica en un informe de la Subdirección General de Auditorías de Cajasur, de mayo de 2005, la relación de la entidad con el proyecto del pabellón comenzó el 16 de mayo de 2003, cuando la caja se hace con el inmueble y la obra del mismo, que comenzaba a construirse, pagando 19,9 millones. La auditoría destaca que, en el momento de la compra, "no existía ni conocimiento ni autorización previa para esta operación por parte de órganos de gobierno". La adquisición se realizó con el estilo poco claro que caracterizaba la gestión de la caja, controlada por la Iglesia. Así, de la operación no se tuvo noticias en la dirección hasta seis meses después, cuando la compra fue ratificada por el consejo de administración el 14 de noviembre. Un mes después, por la asamblea.
Enseguida, los 19,9 millones que Cajasur había desembolsado comenzaron a crecer. Un testigo que entonces se encontraba en la dirección de la entidad señala que Castillejo decidió de manera unilateral acometer importantes cambios en el proyecto, que trajeron de cabeza a los técnicos. "Quería que allí pudiesen celebrarse grandes óperas", afirma, "y aquello se había diseñado para ferias". Para cumplir los deseos del presidente, Cajasur aprobó una inversión estimativa de 7,5 millones.
Pero fue sólo el principio. El pabellón terminó convirtiéndose en un sumidero de dinero para la caja cordobesa. Así, como destacaba la auditoría, justo un año después de la compra del recinto, el consejo de administración aprobó un informe que actualizaba la valoración inicial de las mejoras. En una nueva tasación se comprobó que la inversión en las reformas había ascendido a 9,9 millones. Pero en el informe se señalaba además que existían otras partidas nuevas que no se habían contemplado, como el mobiliario, la creación de un escenario y otros gastos. Todo ello fijaba un presupuesto final, a obra terminada, de 35,1 millones de euros.
Entre estos nuevos gastos que inflaron los costes destacan los destinados al mobiliario, de 2,3 millones de euros. También despuntan los 1,5 millones para el sistema de acústica virtual, los 4,9 del sistema de aislamiento acústico y los 1,6 millones del sistema de aire acondicionado. En su informe, la auditoría criticaba que la acometida de trabajos no contemplados en los presupuestos aprobados no contaba "con el preceptivo estudio que aconseje su realización". Y seguía: "De igual manera dichas desviaciones no cuentan con el conocimiento y visto bueno de los órganos de gobierno".
En octubre de 2004 se solicitó a la sociedad de tasación Tinsa una valoración del inmueble. Calculó que el edificio valía entonces 32 millones, con la condición de que el pabellón generase 5,3 millones al año. Pero sólo un lustro después, en octubre de 2009, otra tasación situaba su valor en 8,8 millones, lo que multiplica las pérdidas de la caja.
* El País - 5.07.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.com
El Monopoly de la ciudad
FRANCISCO SAN MARTÍN OLEA/Málaga* : Cuando éramos aún niños e incluso ya más crecidos el juego del Monopoly nos entretenía durante muchas horas, y suponía un divertimento donde la sensación de comprar y vender (aquí pongo un hotel y allí una casa, te cambio la estación por...) en el tablero de la Ciudad nos aproximaba a la fantasía de acceder a un poder de decisión que en realidad está sólo al alcance de unos pocos. A pesar del tiempo transcurrido desde que en 1956 entró en vigor la primera Ley estatal del Suelo, una de las cuestiones urbanas donde tengo la impresión que hemos avanzado poco, incluso considerando el periodo democrático de la política local y autonómica a partir de 1979, es en el papel que jugamos los ciudadanos en este gran tablero de intereses que es la Ciudad.
Y ello considerando que después de treinta años de la recuperación de la libertad de opinión, la pérdida progresiva de interés de la ciudadanía por 'la cosa pública', permite añorar un poco la concienciación y el compromiso de los antiguos movimientos vecinales, hoy posiblemente sustituidos por una aparente participación de gente próxima a los partidos políticos, faltos de una posición crítica más allá de que le arreglen un bache de la calle, limpien la pequeña plaza ó le financien la verbena.
En los últimos años, al menos en esta tierra nuestra malagueña que inspiró no sólo a artistas sino incluso a una clase dirigente de aquel siglo XIX que impulsó la economía local dejando también una huella urbana, que hoy aún reconocemos y que en muy pocas ocasiones ha sido superada por su calidad, capacidad funcional y belleza arquitectónica, sin embargo venimos observando que la renovación y transformación del espacio colectivo responde a políticas muy contradictorias, en una práctica al uso entre el Municipio y la Comunidad Autónoma.
No sé como lo hemos logrado en Andalucía, pero hemos hecho del 'Urbanismo de la Ciudad' no sólo un gran galimatías normativo, a base de aprobar leyes, no sólo de carácter urbanístico y territorial, sino también sectoriales (de Carreteras, Patrimonio, Vivienda Protegida, Medioambiente...), que no dudo que contienen determinaciones lógicas y sensatas, pero que entre todas han construido un elevado muro burocrático entre la génesis del Proyecto Urbano, ó sea 'LAS IDEAS', y su instrumentación legal para llevarlas a la práctica, donde los ciudadanos sólo son parte de la tramitación.
El problema que se suscita con esta situación es que 'la cosa pública no interesa a casi nadie' hasta que la actuación toma cuerpo real, ó sea se construye, y en ese momento comienza el verdadero debate ciudadano. Pero entonces, ¿estamos a tiempo de subsanar algo?, sin duda no, y ya sólo nos quedará que el tiempo nos ayude a mimetizar la intervención urbana en el nuevo paisaje de la Ciudad.
Y en este sentido, de una Ciudad que quiere y sus Administradores públicos no dejan de repetir que tenemos que convertirnos en un referente cultural y turístico, podríamos preguntarnos, ¿a qué Cultura y a qué Turismo, nos estamos refiriendo?
Algún ciudadano que tenga la paciencia de leer estas líneas ya estará pensando, se está refiriendo a la nueva actuación en los muelles 1 y 2 del Puerto de Málaga. Lo siento pero no es así, ó en realidad eso sólo es una pequeña muestra de lo que trato de explicar. Y aquí sí debemos volver al juego del Monopoly, donde sólo juegan unos pocos, y los ciudadanos tenemos un papel de meros espectadores de la partida, que sólo nos enteraremos de la actuación cuando sea una realidad construida.
Si ampliamos la visión al marco del territorio municipal, resulta incomprensible que el planeamiento urbanístico, reconocido como el PGOU, se haya convertido en un documento de debate político, muy alejado de los intereses de la Ciudad. Y esto que se encuentra en la génesis del Urbanismo, entendido como 'acción de gobierno', deja de tener sentido cuando va pasando el tiempo desde que se iniciaron los primeros trabajos, creo que hacia 2004, y los supuestos e hipótesis que se barajaron en ese momento para reforzar el nivel urbano de Málaga, languidecen aparcados por una crisis financiera, pero también de valores, de la que se sabe cómo hemos entrado, pero no se tiene ni idea de cómo vamos a salir. ¿El desencuentro continuará?
Y para concluir pondremos un nuevo ejemplo. En estos últimos meses, el país se ha visto sometido a una 'supervisión exterior', motivada especialmente por desconocer el nivel de endeudamiento público y también privado, cuando no es difícil reconocer que hemos vivido por encima de nuestra capacidad real de ingresos. Se ha comentado mucho de unas críticas quizás interesadas, en el caso de la prensa alemana e inglesa, pero lo que no debemos olvidar es que en 1986 entramos a formar parte de un 'Club de países europeos', que sin duda nos han ayudado a modernizar nuestras infraestructuras, pero de los que posiblemente no hemos aprendido ciertas prácticas, donde la renovación urbana de la Ciudad tiene un reflejo claro y evidente.
Hace unos diez años visité la ciudad de Berlín, que en ese momento estaba inmersa en la reconstrucción de un nuevo centro moderno, institucional y comercial, donde la intervención en la Potsdamer Platz trataba de convertirse en una actuación urbana que simbolizara la reunificación de la Ciudad, tras la caída del 'Muro'.
Esta actuación era una operación de inversión pública-privada que requería de una importante capacidad para generar la economía necesaria que pudiera financiar el nuevo espacio colectivo. Nunca olvidaré la exposición de ese Proyecto Urbano y los debates públicos que se producían en un edificio municipal, próximo a la Puerta de Brandeburgo. La gente comentaba las soluciones, observaba las maquetas, los planos y los vídeos del proceso de transformación, incluidas las imágenes de una historia que era su referente, y también nos sentábamos alrededor de representantes públicos y de los arquitectos e ingenieros que estaban interviniendo en esa actuación, para escuchar y preguntar sobre los diversos aspectos de los proyectos, aceptándose sugerencias que aún se pudieran incorporar por su interés colectivo.
Aquello significó para mí no sólo un buen ejemplo de una práctica urbana más próxima a una sociedad civil, democrática y moderna, sino especialmente una forma de dar transparencia y legitimidad a las intervenciones públicas en la Ciudad contemporánea. Hoy aún sueño alguna vez, que a esta Málaga que llevamos en el corazón, lleguen también esas formas de gestionar lo público, porque NEGOCIO Y CULTURA no deben ir por separado, ya que en esto siempre perdemos los ciudadanos.
* FRANCISCO SAN MARTÍN OLEA | ARQUITECTO Y URBANISTA
* SUR - Opinión - 5.07.10
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