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ÁVILADIGITAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la concesión de agua que otorgó la Confederación Hidrográfica del Tajo a la empresa Dávila Monteblanco, que promueve la urbanización ‘Candelas de Gredos’, con 431 viviendas y un hotel, en Candeleda, al entender que no estaría garantizado el abastecimiento.
Se trata de una urbanización proyectada en el paraje de Navalpilón, junto al límite del Parque Regional de Gredos y en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), contra la que se han convocado dos manifestaciones y diversas movilizaciones de protesta.
La sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación para la Protección del Medio Natural de Candeleda “Cinclus” contra la resolución administrativa de fecha 12 de mayo de 2005, por la que la Confederación Hidrográfica del Tajo acordó otorgar la concesión solicitada por Dávila Monteblanco S.L. para captar aguas superficiales del arroyo Castañarejo y derivar un caudal de 12,07 litros por segundo con destino al abastecimiento y riego de la urbanización.
Según ha informado la Plataforma contra la Especulación Urbanística en Candeleda, la razón fundamental es que es “un acto contrario al interés público” y que no estaría garantizado el abastecimiento, además de no respetar el caudal ecológico.
“Dado que los datos objetivos permiten llegar a la conclusión de que la atención a los abastecimientos que se vienen realizando han sido insuficientes durante buen número de años para cubrir sus propias necesidades, no puede considerarse una decisión de la Administración que vele por el interés público conceder una autorización que significa detraer agua en el futuro a dichos abastecimientos para compartir un insuficiente caudal con un buen número de nuevas viviendas sin garantizar tanto los abastecimientos actuales como futuros”, se señala al respecto en la sentencia, argumentando que no solo no se garantiza el suministro para Candeleda, sino también los compromisos adquiridos con la Comunidad de Regantes de Santa María, además de los 400 chalés y un hotel.
En cuanto al estudio hidrológico aportado por el promotor, afirman que los datos son “erróneos” porque, por ejemplo, parten de aportaciones en verano de 400 hectáreas de nieve “inexistentes”.
“Oídos sordos”
A juicio de la plataforma, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid supone “un duro golpe a los intereses de la promotora”. Y acusan también a la Confederación, a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de “mirar siempre para otro lado” y de “hacer oídos sordos a las denuncias planteadas por los vecinos, favoreciendo presuntamente al promotor”.
Se trata de un proyecto urbanístico que ha sido denunciado en repetidas ocasiones, pero el proceso se ha detenido también varias veces. El pasado verano, de hecho, se llevaron a cabo obras para construir un depósito de agua e instalar tuberías, parte de ellas dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
* Ávila Digital - 11.03.10
Foto: Construcción del depósito de agua para la urbanización de Candeleda - aviladigital.com
Anulada la concesión de agua para la urbanización de Candeleda
Corrupción - El Roto
Viñeta: El Roto, corrupción - 8.03.10 - elpais.com
El Defensor del Pueblo condena el ladrillo a costa del agua
LASPROVINCIAS* : Una lluvia de sentido común cayó ayer sobre el Congreso de los Diputados, donde el Defensor del Pueblo se inmiscuyó con todas las de la ley en los abusos urbanísticos y en el conflicto territorial y político del agua con una lógica aplastante. «El agua no pertenece al territorio por el que pasa ni a sus habitantes, es un bien de dominio público», enfatizó Enrique Múgica cuando presentó el informe monográfico 'Agua y Ordenación del Territorio' ante la Comisión Mixta Congreso-Senado. Hizo una llamada al «gran consenso».
Las quejas recibidas por esta institución en los últimos años, y las correspondientes investigaciones, se han traducido en muchos tirones de orejas a las administraciones públicas por su pasividad y renuncia en casos relacionados con la vorágine urbanística o la contaminación de cauces, sin mencionar ningún territorio. La denuncia se hace extensiva a empresas y particulares que se benefician de la dejación oficial. En lo referido al ladrillo, Múgica lamentó la práctica de construir sin agua y recalcó que no se debe urbanizar sin tener antes la concesión. Las quejas analizadas han sido más de 300.
El informe realizado por un equipo de asesores rompe muchos tabúes y trata de poner racionalidad. El mensaje de que el agua no tiene dueño llega justo en el momento en el que se está debatiendo el Estatuto de Castilla-La Mancha y el devenir del Trasvase Tajo-Segura, azuzado por la pretensión de esta Comunidad de establecer una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos. La reprimenda del Defensor del Pueblo ante quienes se otorgan la propiedad del agua que pasa junto a sus puertas afecta por extensión a Aragón, donde se fijó una reserva de 5.550 hectómetros del Ebro.
¿Qué contamina más?
Señala que las confederaciones hidrográficas pueden otorgar aprovechamientos de aguas entre unas cuencas y otras si consideran que es la forma más racional, aunque precisa que las obras de conducción deben estar justificadas porque provocan más impacto ambiental. Indica que hay que distinguir entre sequía y déficit estructural, como el que sufre la cuenca del Segura, y no se pronuncia de una forma concluyente si es preferible un trasvase a una desaladora. «Depende las circunstancias de cada caso concreto», apunta. «Esta institución no se decanta por una solución u otra, simplemente sugiere que se examinen y comparen todas las opciones para resolver un problema estratégico y se elija la mejor desde el punto de vista ambiental», argumenta al analizar los trasvases y las desalinizadoras. Cree que no es lo mismo que las obras de canalización estén realizadas o no, y recalca que el principal impacto de las transferencias de agua entre cuencas afecta al caudal del río cedente. También destaca que la parte negativa de las desalinizadoras son las emisiones de CO2 (por la generación previa de energía eléctrica) y el vertido de la salmuera al mar.
Enrique Múgica sostiene que no deben concederse nuevos derechos para los que no haya recursos hídricos suficientes. «Hemos de desaconsejar resueltamente la práctica de construir urbanizaciones, campos de golf, invernaderos e industrias sin que exista agua de antemano, en la confianza de que después se obtendrá de alguna parte una vez que estén terminadas las obras», explicó ayer en el Congreso.
Estas indicaciones del Defensor del Pueblo tienen detrás muchas quejas presentadas en los últimos años por particulares que compraron casas en urbanizaciones ilegales o que no tenían garantizado el suministro. Resuelve al respecto que debe existir una mayor coordinación normativa en materia hidrológica y urbanística, y recalca que los informes preceptivos de las confederaciones hidrográficas deben ser vinculantes y tenidos en consideración.
Mejor un camión cisterna
Al abordar los problemas coyunturales de abastecimientos, argumenta que se pueden construir canales siempre que los episodios de sequía tengan periodicidad y su impacto sea asumible. De lo contrario, opina que se puede resolver con fórmulas más rápidas, baratas y reversibles, como el transporte con camiones cisterna.
Los expertos que han realizado el estudio para el Defensor del Pueblo sostienen que las nuevas concesiones de agua para el crecimiento urbanístico deben calcularse con las demandas previstas en ese momento, teniendo en cuenta la población real -permanente y estacional-y su crecimiento vegetativo a corto plazo, pero no la expectativas derivadas del desarrollo urbanístico.
Incapacidad administrativa
Otra apartado se dedica a las actividades contaminantes y las infracciones urbanísticas, de tal forma que da un tirón de orejas a la Administración porque cree que a menudo las tolera y ampara. «La Administración actúa con frecuencia como ente nodriza del agente contaminante y no de guardián de quienes padecen la contaminación». También cree que no se ha demostrado capacidad para acabar con los robos de agua, aunque reconoce que existe una leve mejoría en los últimos años. Propone, por último, que se instalen contadores de agua en todos los casos.
El Defensor del Pueblo no menciona ninguna cuenca. Hace consideraciones genéricas. En este sentido, la cuenca del Segura es una de las que más medidas está tomando para gestionar el agua y controlar el urbanismo. «Esto es lo que hay. He presentado unos problemas que son importantes, acuciantes y permanentes. Son temas de vertebración de España. A ustedes les corresponde crear un gran consenso». Señaló Enrique Múgica a la pregunta de la senadora popular Begoña Contreras: «¿Y ahora qué? Ésta abogó por recuperar Plan Hidrológico Nacional tras «los seis años perdidos».
Desde el PSOE, Miguel Angel Heredia, aseguró que el actual invierno permite ser «optimista» sobre las reservas de agua y aseguró que España está hoy más pendiente de los daños causados por el exceso de agua que por la falta de ésta. «Nosotros somos partidarios de reforzar el papel autonómico en cuencas intrarregionales, sin devaluar ni desprestigiar el papel del Estado», añadió.
* Las Provincias - 11.03.10
Foto: Murcia no se Vende, manifestación contra Marina Cope 31may08 - laverdad.es
La Xunta aporta siete millones para legalizar Barreiros
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ELPAÍS/Lugo* : El dinero público será la base para dar salida a la difícil situación urbanística del municipio lucense de Barreiros, que llevaba tres años paralizado por la anterior Consellería de Política Territorial, tras detectarse irregularidades en parte de los procesos constructivos. Ahora, la Xunta, la Diputación de Lugo y el propio Ayuntamiento aportarán algo más de 10 millones de euros, que, si la crisis no dicta lo contrario, permitirán la consolidación de 5.800 viviendas.
De ese importe, siete millones los aporta la Xunta.
Atrás quedó el criterio de "urbanismo desordenado" que en su día esgrimió la Xunta para paralizar la actividad constructiva. Ahora, el alcalde, el popular Alfonso Fuente Parga, se congratula de que a su municipio llegará la mayor inversión de su historia, con casi 4.500 euros por habitante. El convenio entre administraciones ha optado por tirar hacia delante para dotar a Barreiros de los servicios que precisa y ordenar en función de lo que ya existe. Aunque para ello se necesiten más de 14 millones de euros, de los que la mayor parte procederán de fondos públicos (aunque también se buscará aportación privada de los constructores).
En el olvido quedarán las cinco licencias para construir 345 viviendas que se levantaron pese a tener informes advirtiendo de su ilegalidad. Tampoco será un inconveniente que este municipio no disponga de un Plan General de Ordenación Municipal, cuya redacción se ha encargado este mismo mes.
En el mejor de los casos, Barreiros dispondrá de PGOM en 2013, pero para entonces el documento urbanístico, según el BNG, será "un paripé", ya que "lo más gordo" se habrá ordenado en función del convenio. En el ámbito político local dan por bueno lo pactado. Sólo el BNG se abstuvo en el pleno, aunque admitió la dificultad que entraña legalizar el caso.
* ELPAIS.com - 11.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
Alpedrete: Coordinadora Salvemos la Sierra se une a las críticas contra el "PGOU especulativo"
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EUROPAPRESS/Madrid* : La Coordinadora Salvemos la Sierra respaldó hoy las críticas que se han realizado en las últimas semanas sobre el PGOU de Alpedrete, un plan urbanístico realizado a su juicio "con afán especulativo e ignorando el interés general de sus habitantes". Asimismo, la Coordinadora ha anunciado que se opondrá "frontalmente" a cualquier intento de intimidar a quienes han denunciando los "turbios manejos" alrededor del urbanismo especulativo en Alpedrete.
A su juicio, el PGOU propuesto por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alpedrete no sólo supondría una gran pérdida en la calidad de vida de los vecinos afectados, sino que además "responde a los intereses particulares de unos pocos".
"El PGOU de Alpedrete debe ser retirado de manera inmediata para establecer modelos de participación ciudadana donde todos los vecinos que quieran puedan participar de forma directa en la elaboración de un modelo urbanístico que va marcar la vida del municipio durante los próximos años", reclama.
Por este motivo, la Coordinadora Salvemos la Sierra quiere prevenir sobre los posibles "atajos, a través de negociaciones oscuras entre el Partido Popular y los equipos municipales del PSOE y UNPA (Unión del Pueblo de Alpedrete), para conseguir aprobar un plan que, hoy por hoy, no cuenta con los votos necesarios para salir adelante".
* Europa Press - 11.03.10
Foto: Alpedrete (Madrid) - webalpedrete.com
La Nucia resucita tres grandes proyectos urbanísticos paralizados
ELPAÍS/Alicante* : El objetivo de Bernabé Cano, alcalde del PP de La Nucia, desde que accedió al cargo en 2001 ha sido su desarrollo urbanístico. Y como no podía reclasificar suelo no urbanizable por la falta de recursos hídricos, ha optado por la vía de la revisión del Plan General para poder sacar adelante la aprobación de los sectores de La Serreta, Pie de Monte y Algar, que suman casi 7 millones de metros cuadrados y prevén la construcción de 11.461 viviendas.
La semana pasada el pleno de La Nucia aprobó, con los votos del PP, el concierto previo de revisión y adaptación del PGOU, que ha redactado Salvador Muñoz Ramón, un ingeniero de Caminos del despacho de arquitectura Vetges Tu Mediterrània, de Valencia.
En el documento queda al descubierto que el consistorio también ha iniciado un procedimiento ante la CHJ para la concesión unificada de los recursos hídricos del municipio y la justificación ante el organismo de cuenca de la disponibilidad del agua suficiente que posibilite los desarrollos previstos, para lo que cursó dos solicitudes el 31 de julio de 2008 y el 15 de abril de 2009.
El anterior Plan General está agotado desde el año 2000, dado que ya se habían desarrollado 22 sectores residenciales y uno industrial hasta consumir el 27% del término municipal. Sin embargo, Cano optó entre 2002 y 2003 por reclasificar suelo, opción que favoreció a los adjudicatarios de la condición de agente urbanizador, quienes tras haber comprado varios millones de metros a precio de suelo rústico podrán conseguir, cuando se apruebe definitivamente la modificación del PGOU, más de 1,26 millones de metros de edificabilidad.
Los tres sectores presentan diferentes particularidades. El primero en aprobarse, a mediados de 2004, fue la Serreta, que estuvo paralizado cautelarmente entre mayo y noviembre de 2007 por el anuncio de Iniciativa Independiente de La Nucia de una demanda que después, sin mediar explicaciones, no formalizó. Actualmente está a expensas de la publicación del proyecto de reparcelación que necesita una financiación de más de 100 millones de euros.
En septiembre de 2004, se aprobó el PAI Pie de Monte, un proyecto en el punto de mira del caso Gürtel. Francisco Correa, todavía en la cárcel, envió a negociar su entrada en el reparto de 12.000 millones de pesetas a Jacobo Gordon, otro de los imputados, aunque finalmente la Consejería de Medio Ambiente impuso una condición insólita para otorgarle la declaración de impacto ambiental: que obtuviera un informe favorable de la CHJ que nunca llegó. Finalmente, en marzo de 2005 el Ayuntamiento aprobó el PAI del Algar, que con una rapidez inusitada fue validado por la Comisión Territorial de Urbanismo en noviembre de 2006, aunque ese acuerdo de la consejería fue anulado por el TSJ en mayo del año pasado por carecer de los recursos hídricos necesarios. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de La Nucia han presentado un recurso de casación.
La propuesta de revisión del PGOU aprobada este mes eleva el consumo de suelo urbanizado a casi el 50% del total. Otro 10% es paisaje protegido de la falda del Puig Campana o de especial protección de cauces. Si se suman el suelo de protección ambiental paisajística, las cinco vías pecuarias, los seis yacimientos arqueológicos, el patrimonio etnológico y las zonas con riesgo de erosión o contaminación de acuíferos, apenas quedará un 16% del término de La Nucia sin urbanizar.
La memoria justificativa de la propuesta de revisión aprobada parece un documento a la carta, con apuntes laudatorios a la gestión de Bernabé Cano. Aboga por el "modelo extensivo de crecimiento" para "consolidar La Nucia como destino turístico que no dependa de otros municipios del entorno". Entre 2001 y 2009 La Nucia multiplicó por tres su población (de 6.587 a 17.874 habitantes), operación que con el nuevo PGOU en marcha volverá a repetirse.
* ELPAIS.com - 11.03.10
Foto: La Nucia - tagarinet
La Junta autoriza más de un millar de viviendas en Navahondilla
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ÁVILADIGITAL* : La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila ha aprobado el expediente correspondiente al Plan Parcial ‘Cabeza de Caballo’, que incluía la construcción de un campo de golf y un millar de viviendas en una zona y que se encontraba suspendido desde febrero del año 2008.
El Boletín Oficial de Castilla y León publicó este lunes el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila de fecha 30 de abril de 2009 (casi un año después) en el que se aprueba el expediente de este plan parcial, contra el que se manifestaron varias organizaciones ecologistas por considerar que ocupaba, en parte, la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Cerro de Guisando’.
En el expediente se destaca el “potencial que actualmente tiene esta zona como lugar para la realización de actividades de ocio al aire libre, así como la influencia que, sobre ella, tendrá la ciudad de Madrid por las vías de comunicación realizadas y en proyecto”, por lo que, a mayores, en el plan se plantea la realización de “una zona deportiva y de ocio al aire libre que haga aún más atractiva la zona”.
Asimismo, se justifica el proceso urbanizador de la zona en la “creciente demanda de viviendas, principalmente como segunda residencia, pero sin descartar su uso principal”, de manera que “las casi 56 hectáreas que comprenden el sector constituyen una superficie de suelo suficiente para el desarrollo del equipamiento de carácter privativo, destinado a zona deportiva y de actividades al aire libre que se proyecta dentro del desarrollo urbanístico”.
Abastecimiento de Los Morales
Por lo que respecta al abastecimiento de la zona, en febrero del año 2007 se envió un informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), indicando que el recurso hidráulico “queda garantizado con el abastecimiento de la red municipal”, teniendo en cuenta que se refleja la inclusión de Navahondilla en el proyecto elaborado por la CHT para ser abastecido por la Presa de Los Morales, mientras que, en mayo, se solicitó verter residuos al arroyo Avellaneda de una población de 9.000 habitantes, procedente, entre otras urbanizaciones, de la de Cabeza de Caballo.
Posteriormente, en julio de ese mismo año, se amplió la documentación con otro informe enviado a la CHT en el que se evidenciaba “la implicación de las diversas administraciones en la consecución, a corto plazo” del proyecto de Los Morales, por lo que se concluía que “la procedencia del recurso hidráulico del Plan Parcial ‘Cabeza de Caballo’ queda garantizada”.
Terrenos
El expediente aprobado especifica que, entre las dos lomas situadas al norte y al sur de la zona, se sitúa una “amplia zona despejada” que estará ocupada por las instalaciones de ocio y que, por ello, “se verá escasamente alterada”, mientras que la zona norte estará ocupada por la urbanización y “los árboles afectados serán trasplantados a la zona de ocio”.
En concreto, los terrenos se ubican entre la urbanización de Navahonda y el municipio de Navahondilla y la densidad de viviendas fijadas –preferentemente, unifamiliares, aunque también viviendas colectivas en bloque de baja altura- es de 20 viviendas por hectárea, lo que da un resultado de 1.116 viviendas. Se reservan, además, 16.504 metros cuadrados a equipamientos de titularidad pública y habrá tres zonas destinadas a uso comercial, ubicadas junto al acceso sur.
También se destina a equipamientos de ocio una superficie de 168.498 metros cuadrados, para el “diseño de una zona de ocio y actividades deportivas y lúdicas al aire libre”, además de asignar otros 3.000 metros cuadrados de superficie edificable a la construcción de un club social y las instalaciones necesarias para su funcionamiento.
Finalmente, se calcula que habrá 3.293 plazas de aparcamiento, de las que 1.646 serán de uso privado y se localizarán en el interior de las parcelas y otras tantas serán de uso público y se ubicarán sobre el espacio reservado para aparcamiento en los distintos viales. Además, se localizan once parcelas de servicios urbanos, destinando una de ellas a ubicar un depósito de almacenamiento de agua para el abastecimiento de la urbanización.
Impacto ambiental
Según el expediente publicado en el Bocyl, la Delegación Territorial de la Junta en Ávila resolvió, el 21 de julio de 2006, la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto ‘Cabeza de Caballo’ en Navahondilla, informando “favorablemente” del desarrollo; una resolución que se publicó en el Bocyl en agosto de ese año, aunque exigía, como medidas correctoras, modificar los accesos al sector en el ámbito del Arroyo Perales, tras lo que se obtuvo un informe favorable de la Delegación Territorial.
Sin embargo, dicha declaración afectaba únicamente a la urbanización, no al campo de golf, que se tramitaba como “un proyecto independiente”, por lo que fue suspendido por la Comisión Territorial de Urbanismo, según se puso de manifiesto en su día, y sobre la que también votaron los vecinos del municipio, en el año 2004.
Hay que recordar que, en febrero del año pasado, la Audiencia Provincial estimó los recursos de apelación contra varias "irregularidades" urbanísticas en Navahondilla, interpuestos por la organización ecologista Sierra Oeste - Desarrollo SOStenible y por el Ministerio Fiscal contra el auto del Juzgado de Instrucción de Arenas de San Pedro, que acordaba el sobreseimiento de varias denuncias urbanísticas en la localidad.
Así y siguiendo la normativa vigente, el plazo que tiene la promotora para ejecutar el proyecto es de diez años, a contar desde la entrada en vigor del plan parcial, aunque ahora se abre un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada, ante el consejero de Fomento de la Junta, contra el acuerdo publicado en el Bocyl este lunes.
* Ávila Digital - 10.03.10
Foto: Navahondilla (Ávila) - nodo50.org
Quequé Montesdeoca: corrupción urbanística
* YouTube - Nixia - 27.10.06
Los Molinos: El TSJM anula las normas urbanísticas del año 2007
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ELTELÉGRAFO/Madrid* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las Normas Transitorias de Los Molinos aprobadas en el año 2007 y que permitían construir en suelo protegido 790 viviendas. Este planeamiento, tramitado siendo director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto Rey, pretendía autorizar actuaciones ya desestimadas por el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón.
Desde 1991 en el municipio de Los Molinos existía un planeamiento que limitaba la nueva urbanización a los sectores más próximos al casco. De esta forma se protegía el pie de monte serrano y el entorno del río Guadarrama. “Sin embargo, la Comunidad de Madrid quería declarar urbanizables, precisamente, el pie de monte de la Sierra, en concreto la ladera de La Peñota, (al noroeste y suroeste del casco) en plena Sierra de Guadarrama y dentro del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). También le interesaban los terrenos de pastizal situados al norte del casco y próximas al río Guadarrama”, explican en un comunicado Ecologistas en Acción.
Normas ilegales
“Para lograr su objetivo, en 2005, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio madrileña, argumentó que las normas de planeamiento de 1991 eran ilegales y que, por tanto, el plan urbanístico que había que aplicar era el de 1969, un planeamiento tremendamente desarrollista. A continuación, se subrogó las competencias municipales de planeamiento y redactó unas Normas Transitorias basadas en el Plan General de 1969. Estas Normas Transitorias se aprobaron definitivamente en diciembre de 2007”, continúa este colectivo.
Recursos
En 2006, Ecologistas en Acción recurrió ante los tribunales la decisión del consejero de Medio Ambiente por la que se declaraba vigente el Plan General del año 1969 y se iniciaba la tramitación de unas nuevas Normas Transitorias basadas en ese planeamiento. La sentencia “afirmaba que la actuación no había sido conforme a derecho”.
Posteriormente, en febrero de 2008, Ecologistas en Acción recurrió la aprobación definitiva de las Normas Transitorias.
La sentencia
La nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 9 de diciembre de 2009, dada a conocer recientemente por Ecologistas en Acción, reitera los mismos argumentos para anular las Normas Transitorias aprobadas en el año 2007.
Esta sentencia se suma a la de también ganada en junio de 2008 en Los Molinos “y supone un nuevo golpe a la política urbanística de Esperanza Aguirre”, señalan desde este colectivo.
Ecologistas en Acción valora esta sentencia muy positivamente, ya que “supone un fuerte varapalo a la política especuladora del Gobierno regional en la Sierra de Guadarrama”.
* El Telégrafo - 10.03.10
Foto: Los Molinos (Madrid), ayuntamiento - madridiario.es
Lezama paga un sobreprecio a una constructora sin informes preceptivos
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ELPAÍS/Vizcaya* : Las anomalías en el Ayuntamiento de Lezama siguen apareciendo. El último pleno municipal aprobó, sólo con los votos del PNV, la certificación final de una obra a la constructora Loroño S. A, que elevaba el presupuesto inicial en casi un 20%, sin la preceptiva aprobación por el órgano de contratación ni la aprobación de precios contradictorios. Estas carencias, que suponen el incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, fueron advertidas en un documento de la secretaria municipal.
El acuerdo fue refrendado por la concejal peneuvista Olatz Arabiourrutia Loroño, sobrina de los propietarios de la constructora, lo que también incumple la Ley de Procedimiento Administrativo que obliga a los cargos públicos a abstenerse en los asuntos de familiares.
La edil Arabiourrutia ya votó en 2008 y 2009 a favor de dos contratos por seis millones a Loroño S. A pero en mayo pasado dejó de apoyarlas porque "no conocía la ley". Este caso se une al impulso por parte de la alcaldesa, Alaitz Etxeandia (PNV), de un plan urbanístico en terrenos de su familia, que lo refrendó hasta en tres ocasiones.
La certificación de obras a esta empresa, correspondientes a la urbanización de la plaza principal de Lezama y que concluyó el pasado diciembre, se aprobó con los votos del PNV -que tiene la mayoría absoluta, frente a una edil de EB, que se abstuvo, y otra del PSE, que lo rechazó- en la comisión de Urbanismo del pasado 19 de febrero, y posteriormente en el pleno del día 24. La edil Olatz Arabiourrutia, presente en el pleno, no se abstuvo. Los representantes del PNV no ofrecieron ninguna respuesta, a preguntas del PSE, sobre el importe de la adjudicación y qué órganos aprobaron el aumento del precio. "No tenemos nada que comentar", aseguró ayer un portavoz del consistorio de Lezama.
La secretaria municipal tampoco realizó ningún comentario, pese a que, en el expediente, figura una nota firmada por ella el pasado 1 de febrero: "Se hace constar que el importe total certificado supera el importe de adjudicación no constando la aprobación por el órgano de contratación de modificación contractual alguna ni la aprobación de precios contradictorios". Loroño S. A ganó la adjudicación de este proyecto hace casi un año por una oferta de 429.621 euros, frente a la propuesta del otro licitador, Viconsa, que la presentó por un importe de 493.817 euros. Con el cambio en la certificación, que sin esos informes incumple el artículo 217 de la ley de Contratos, Loroño S. A cobrará finalmente 515.270 euros, por encima de la propuesta de Viconsa, y un 19,56% más de lo que ofertó.
El aumento del coste no ha llegado al 20% por sólo 30 euros, un dato significativo porque si alcanza ese porcentaje la ley obliga a realizar una nueva licitación.
* ELPAIS.com - 10.03.10
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com
El plan del litoral paraliza seis planes parciales en Muros y Boiro
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LAVOZDEGALICIA* : Técnicos municipales, equipos redactores de los planeamientos urbanísticos y políticos llevan unas cuatro semanas ocupados en descifrar el borrador del Plan de Ordenación del Litoral (POL), una tarea que, al parecer, no está resultando nada sencilla. Entre los ayuntamientos que parecen tener las cosas más o menos claras y estar en disposición de elaborar las alegaciones se encuentran Ribeira, Boiro y Muros. En el caso de los dos últimos, responsables locales indicaron ayer que el documento paraliza el desarrollo de seis planes parciales.
Miembros del ejecutivo boirense se reunieron ayer con el director xeral de Sostenibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, quien les aclaró diversas dudas sobre la incidencia de la propuesta en su municipio. El concejal de Urbanismo, Xoán León, explicó que ateniéndose al planeamiento en vigor, el POL no afecta a los núcleos rurales ni al suelo urbano consolidado. Tampoco se ve afectado el plan parcial de Barraña, pero sí otros cuatro que no están aprobados definitivamente. Se trata de los que atañen a Cabo de Cruz, la zona del río Breiro, O Corrillo y al pazo de Goiáns.
Tras la entrevista, León señaló: «En principio, Borobio deunos a esperanza de que dependendo das circunstancias se mirará a situación e pode que nalgún caso si poidamos desenvolver actuacións».
Reparcelación
Uno de los lugares en los que posiblemente no llegará a ejecutarse el plan es en Cabo de Cruz. En este sentido, León señaló que en O Castro se está llevando a cabo la reparcelación de fincas y que, al mismo tiempo, se realiza una encuesta entre los propietarios para saber si quieren seguir adelante. Aunque el plazo para responder finaliza dentro de unos días, León cree que es probable que la mayoría de los afectados decidan que no se haga. Pese a todo, Xoán León apunta: «Intentaremos que no futuro se poida desenvolver porque entendemos que o crecemento de Cabo debe facerse cara esa zona».
Aunque el ejecutivo boirense comenzará a preparar ya las alegaciones, sus responsables indicaron a Borobio la conveniencia de ampliar plazos: «É posible que haxa modificacións», comentó León. Por lo menos, lo que sí han conseguido en Boiro son unos planos más nítidos.
El edil del bipartito también explicó que el lunes tuvo lugar una reunión con los partidos de la oposición para explicarles en qué medida afecta el plan del litoral. Además, en el Concello se dan planos e información a los vecinos que los pidan.
Por lo que respecta a Muros, el alcalde, Domingos Dosil, comentó que el POL, tal y como está redactado en la actualidad, afecta a dos polígonos de viviendas que están incluidos en el nuevo plan general. Se trata de zonas urbanizables ubicadas en Louro y en Serres.
Dosil considera que, si se aprueba el plan del litoral tal y como está redactado, se frena la expansión del término muradano: «Son as únicas áreas para medrar que hai».
El mandatario precisó que los equipos técnicos están estudiando la documentación y, al igual que sus homólogos en otros municipios, Dosil manifestó que las descripciones del texto elaborado por la Xunta «son confusas».
Reunión clarificadora
También los técnicos municipales ribeirenses están inmersos en las tareas de preparar las alegaciones para el POL. La entrevista que la pasada semana tuvieron con Manuel Borobio resultó, del mismo modo, muy clarificadora, a tenor de lo indicado por el alcalde. El arquitecto ya tiene en estos momentos definidas las líneas por las que deben discurrir las enmiendas a presentar.
Ateniéndose a los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente sobre la incidencia del POL en los municipios de la comarca, Boiro y Ribeira figuran entre los que más restricciones tienen.
Por lo que respecta a Ribeira, en el planeamiento en vigor figuran 118 hectáreas susceptibles de ser urbanizadas. Sin embargo, la Xunta deja la cifra en menos de la mitad. En concreto, en 27 hectáreas que, en todo caso, deberán estar sometidas a los criterios de ordenación que se establezcan. Otras 17,62 hectáreas figuran bajo la denominación Mellora Ambiental e Paisaxística (MAP). Esto significa, según explicaron desde Medio Ambiente, que solo se autorizarán intervenciones urbanísticas que ayuden a mejorar los elementos ya existentes.
Las áreas MAP
Las zonas clasificadas por la Xunta dentro del MAP «comprenden o territorio entre a área costeira e os primeiros eixos ou espazos que articulan o modelo de organización tradicional, comprendendo a paisaxe litoral máis próxima á costa».
Se trata de los espacios que han sido sometidos a las mayores transformaciones durante la última década y el objetivo de Medio Ambiente a la hora de darles una catalogación especial se debe, según indican, a la intención de «preservar a paisaxe como un valor natural e cultural reivindicando esa fronte como un trazo distintivo».
En el caso de los municipios de Lousame y A Pobra, los únicos de la comarca que tienen el planeamiento adaptado a la vigente Lei do Solo, no hay ninguna hectárea de terreno incluida en el ámbito de ordenación del MAP.
* La Voz de Galicia - 10.03.10
Foto: Boiro (A Coruña) - lavozdegalicia.es
Los británicos nos sacan los colores
RAMÓN GÓMEZ CARRIÓN* : Como miembro de la Comunitat Valenciana me siento profundamente dolido por lo que significa que el Reino Unido envíe a funcionarios de Su Majestad al Consulado Británico de Alicante para, entre otras cosas, evitar que sean engañados cuando compren viviendas, con lo que denuncian, una vez más, que muchos compatriotas fueron víctimas de abusos urbanísticos. Esta información se produce justamente después de que se hayan denunciado nuevas estafas en venta de viviendas a extranjeros en Llíber y en varios municipios de la Vega Baja.
El Gobierno de Gordon Brown nos saca los colores y sería bueno conocer la respuesta que dará el Consell a esa iniciativa, aunque se me antojará insuficiente si va a ir en la línea de lo que ha declarado recientemente el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino: que tenemos la mejor legislación urbanística de España. No es la primera vez que desde el Gobierno de Camps se defiende el urbanismo. En años pasados nos llovieron los palos desde el Parlamento Europeo. ¿Hemos cambiado la legislación de tal forma que se impida (o se castigue ejemplarmente) a los especuladores y estafadores del sector inmobiliario? ¿Se vigila eficazmente, en coordinación con los ayuntamientos, para que sea imposible, en adelante, que se produzcan los abusos que nos han desacreditado no sólo en Gran Bretaña, sino en Alemania, Holanda, Noruega...?
Luego lloramos porque diversos medios de comunicación extranjeros (sobre todo británicos, el 'Financial Times' recientemente) lanzan ataques que no dejan de tener consistencia y que, nunca, que sepamos, son contrarrestados por campañas de la Generalitat sobre garantías a quienes vengan de esos países a invertir, aunque sólo sea en bienes inmuebles. En lugar de dejar que se hayan adelantado los británicos enviando asesores para sus compatriotas, la Generalitat, en unión de las patronales inmobiliarias y de la construcción hace tiempo que deberían haber ideado un mecanismo para atender consultas acerca de chalés o pisos en nuestra Comunitat, sobre todo en la Costa Blanca, tanto en la franja costera como en el interior. Nunca es tarde para acertar.
Reconozcamos que no siempre hemos sido serios. Cambiemos y hagamos el esfuerzo necesario para convencer a los países europeos más desarrollados de que tienen que volver a creer en nosotros. Nos va mucho en ello.
* La Verdad - Opinión - 10.03.10
Cercle Obert exige al Valencia CF que devuelva los terrenos del nuevo estadio
LEVANTE/Valencia* : El colectivo "Cercle Obert" del barrio valenciano de Benicalap ha solicitado por escrito que el Valencia CF devuelva al municipio los terrenos públicos donde se construye el nuevo Mestalla, al considerar que esta sociedad anónima deportiva adeuda al ayuntamiento "mucho dinero y diecinueve parcelas". El colectivo ha remitido el escrito a las Corts Valencianes con copia a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Esta plataforma considera que el fútbol "es un negocio privado que se hace gracias al dinero público y a la pasividad de muchos ciudadanos" y que hace ya cinco años que el Valencia debía haber compensado a la ciudad por el terreno municipal donde se construye el estadio, en el barrio de Benicalap.
La asociación ciudadana recordó que la parcela se destinó a "equipamientos públicos deportivos y de ocio, para uso y disfrute de los vecinos de la zona" en el año 2000 y que hasta ahora el ayuntamiento no ha recibido ni los diecinueve solares previstos, ni los diecisiete millones de euros que debían aportar el Valencia CF. El colectivo explicó ayer que las obras de construcción del estadio llevan un año paradas "dada la situación de quiebra" del Valencia, entidad que ha recibido "un claro trato de favor" por parte de la Generalitat, Bancaja y Canal 9 y que todas las partes implicadas han declarado siempre que los terrenos son de titularidad pública.
Servicios públicos
Por ese motivo los vecinos solicitan la adopción de "medidas urgentes para recuperar los terrenos municipales donde se construye el Nuevo Mestalla", para que se destinen a "equipamientos y servicios públicos", ya que consideran que el trato de favor que recibe una empresa privada como el Valencia Club de Fútbol es "intolerable".
"No es admisible ni legal que una entidad privada, disponga de todo tipo de ayudas, prebendas, subvenciones y tratos de favor, mientras el resto de empresas privadas tiene que soportar todo tipo de problemas" concluyeron desde Cercle Obert.
* Levante-EMV - 8.03.10
Foto: Valencia, nuevo Mestalla (montaje) - kaosenlared.net
La ONU condena a España por la opacidad ambiental
ELPAÍS* : La ONU ha condenado el incumplimiento español del Convenio de Aarhus, que regula la transparencia ambiental. En un informe pionero, aunque no vinculante, da la razón a la Asociación para la Justicia Ambiental y considera que en España se incumplen las normas internacionales de acceso a los expedientes ambientales.
La asociación denunció que un Ayuntamiento, el de Murcia, obligaba a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan -de 600 páginas- para construir una urbanización. Además, los periodos de alegaciones cayeron en verano y navidad. Así, los vecinos que se oponían sufrieron trabas para alegar contra dicho plan urbano.
Este es un caso extremo, pero estas trabas son frecuentes en expedientes ambientales pese a que, por ley, son públicos. "No es sólo un problema local de urbanismo poco transparente sino de democracia ambiental", dice Eduardo Salazar el abogado que llevó el caso.
* ELPAIS.com - 9.03.10
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org
'Operación Molinos': El juez sugiere que la Comisión de Ordenación sufrió presiones con éxito
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ELPERIÓDICO/Aragón* : El magistrado del Juzgado nº1 de La Almunia, que instruye la Operación Molinos, señala en un auto que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT) de Zaragoza "cambió el criterio que mantenía en el mes de julio" del 2008 sobre la sexta fase del polígono Centrovía, en La Muela, y adoptó "una nueva decisión completamente diferente" sobre ese plan urbanístico "sin haber variado a priori sustancialmente las circunstancias".
La afirmación se incluye en un reciente auto por el que el juez deniega la petición de archivo de las diligencias para Patxi Aramburu, un ejecutivo de Construcciones Sagain en cuyas actuaciones aprecia indicios de los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La Fiscalía emitió hace unos días un informe en el que se mostraba contraria al sobreseimiento.
La defensa de Aramburu considera que no existen indicios para atribuir a su cliente esos delitos. En el caso del uso de información privilegiada, al entender que no queda acreditado que tratara de influir en órganos municipales o autonómicos para que adoptaran resoluciones favorables a la empresa para la que trabaja. Una de las operaciones que se encuentran bajo investigación es la sexta fase de Centrovía, impulsada por Sagain y que finalmente debía llevar a cabo Inbisa.
Sin embargo, el instructor señala que las intervenciones telefónicas que obran en la causa ponen de manifiesto "los numerosos contactos" que mantuvo Aramburu con "representantes del Ayuntamiento de La Muela" y de la CPOT "tendentes a la aprobación de la delimitación de la sexta fase del polígono Centrovía, contactos que se multiplicaron después del mes de julio del 2008", cuando el órgano autonómico denegó la solicitud. "A partir de ese momento", narra, el ejecutivo, "ya directamente o a través de terceros como el propio arquitecto municipal (Francisco Núñez, imputado en la causa) o la alcaldesa de La Muela (Mariví Pinilla, en libertad bajo fianza), trataron de influir sobre la comisión". La CPOT, añade, cambió de criterio y aprobó el expediente "pocos meses después" y "sin haber variado a priori sustancialmente las circunstancias".
DATOS RESTRINGIDOS La defensa también niega que Aramburu hubiera dispuesto de soplos administrativos en sus negocios en el municipio zaragozano, ya que, "en su actividad empresarial tenía acceso a información de naturaleza urbanística del Ayuntamiento de La Muela como cualquier otro ciudadano".
El juez "no comparte" esa tesis al entender "que en la instrucción existen datos objetivos" que "demuestran" que el ejecutivo hizo para Sagain "numerosas operaciones" en La Muela que "le han reportado importantes beneficios económicos en muy poco tiempo" --pelotazos, en román paladino-- y en algunos de los cuales fue parte vendedora la Sociedad Urbanística de La Muela, una empresa pública municipal. Por otro lado, añade, las intervenciones telefónicas muestran que "tenía una estrecha relación" con Pinilla y Núñez.
El magistrado destaca en el mismo auto que La Muela y La Puebla de Alfindén, "localidades donde trabaja como arquitecto municipal" Nuñez, son "los únicos lugares" --se sobreentiende que de Zaragoza-- donde Sagain "ha realizado actividades de compra y venta de inmuebles".
HACIENDA Por último, la defensa de Aramburu mantiene que este no puede ser responsabilizado de un hipotético fraude fiscal cometido por los responsables de la constructora al no ostentar él cargo de administrador en ella.
En este punto, el juez se limita a recordar que José Miguel Mosteo, el imputado número 35, confesó que en el 2004 emitió dos facturas a nombre de Sagain por 716.768 y 348.000 euros "que obedecen a trabajos no realizados" ni cobrados por el emisor.
* El Periódico - 9.03.10
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
El hormigonado de la acequia de la Cartuja del Puig no tenía permiso local ni de Patrimonio
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LEVANTE/Valencia* : La obra de modernización de la acequia que rodea el muro norte de la Cartuja del Puig, por la que se entubó con hormigón esta infraestructura y se destruyeron elementos del «Molí de Fora», no contó con licencia municipal ni tenía permiso de la dirección general de Patrimonio. Además la intervención, realizada por la Real Acequia de Moncada, no tuvo un estudio arqueológico previo, como establece la ley, a pesar de que el inmueble afectado tiene la más alta catalogación, la de Bien de Interés Cultural.
Así lo ha puesto de manifiesto el Ayuntamiento del Puig en un informe en respuesta a un requerimiento del Síndic de Greuges. El Centre d´Estudis de l´Horta Nord denunció ante esa institución diversas obras irregulares de la Cartuja. Éstas habían sido advertidas previamente por uno de los mayores expertos en esa cartuja, el profesor de Patrimonio Artístico de la Universitat de València, Albert Ferrer Orts, así como 30 de sus alumnos; y también por el investigador del Puig, Julio Badenes, que ha realizado numerosos trabajos sobre el patrimonio local.
A partir de la queja del Centre d´Estudis, el Síndic pidió a las partes implicadas —el ayuntamiento, la Conselleria de Cultura y la propiedad del inmueble— que justificaran estas obras. Y el consistorio ha respondido con un amplio informe en el que defiende muchas de las intervenciones porque contaban con la autorización de Patrimonio. La principal excepción es la colocació de tubos en la acequia, de la que se dice que si bien «no se ha demolido el molino» que data al menos del siglo XVI, se realizó «sin solicitar licencia, lo que le ha supuesto la incoación de un expediente de infracción urbanística».
La Real Acequia de Moncada realizó esta obra con una subvención de la Conselleria de Agricultura, según el informe, que ahora le ha supuesto un doble expediente —el municipal por falta de licencia y el de la Conselleria de Cultura— lo que comportará «la demolición total o parcial de las obras realizadas y la recuperación de lo que merezca ser recuperado», según el informe municipal. Sorprendentemente, el mismo documento dice que la Real Acequia «desconocía» que actuaba en un BIC y que «la infracción no ha sido intencionada».
Otra de las denuncias sobre la cartuja se refería a que los muros interiores de la iglesia, que fueron pintados de blanco tapando el color original. El informe municipal dice que el pigmento inicial «se encuentra protegido por una capa de pintura al temple y en el caso de que se deseara restaurar dicha pintura, el proceso es fácilmente reversible. El informe insiste en que sólo se ha utilizado pintura plástica «en la zona del zócalo que, en su día, disponía de azulejos que fueron expoliados y donde se ha colocado pladur». El documento municipal indica que toda la intervención tiene la «tutela» de Cultura, a pesar de que hace meses, a raíz de investigarse la primera denuncia de Albert Ferrer, se desentendieron de la intervención tanto Patrimonio —que llegó a enviar una inspección— como el propio arquitecto restaurador, que alegó que se había pintado sin su consentimiento aunque negó el daño al pigmento original.
Respecto a la tercera presunta agresión, el recrecimiento del tejado de la celda prioral del complejo, el informe del Ayuntamiento de Puig dice también que el proyecto técnico de ampliación de ese recinto tenía asimismo autorización de Patrimonio.
El Centre d´Estudis pide que se repongan los elementos afectados
Tras recibir la comunicación del Síndic, la respuesta del Centre d´Estudis de l´Horta Nord no se ha hecho esperar. La entidad recuerda que hace más de un año denunció ante Patrimonio los hechos y que, en todo este tiempo, no han recibido respuesta, a pesar de las inspecciones y los informes realizados. Por ello, pide al Síndic que inste a todas las partes implicadas —el ayuntamiento, la conselleria y la propiedad— que garanticen en las actuaciones el cumplimiento de la Ley de Patrimonio y, en ese sentido, se proteja de forma eficaz complejo y se restituyan los elementos afectados por las obras como son la celda prioral, los muros interiores de la iglesia, la acequia exterior y el primitivo molino hidráulico. La entidad sigue defendiendo que no se ajustan a la legislación por lo que pide que se pongan en marcha los mecanismos sancionadores que se establecen en la propia normativa.
* Levante-EMV - 9.03.10
Foto: Acequia histórica que se entubó hace meses sin licencia. f. martínez, levante-emv.com
Corralejo: Freno al cemento
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LAPROVINCIA/Fuerteventura* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha solicitado al Juzgado Contencioso Administrativo 2 de la capital grancanaria que paralice la construcción de más de tres mil viviendas en Corralejo, en la isla de Fuerteventura. La actuación del ministerio público en esta jurisdicción no tiene precedentes en Canarias, pues se trata de la tercera demanda que la Fiscalía presenta en España.
Los otros dos recursos fueron interpuestos en las comunidades de Castilla y León y de Cantabria. Además, es la primera vez que se solicita la anulación de un proyecto de urbanización de estas características. De ahí la importancia de la medida cautelar pedida por Javier Ródenas, a la sazón fiscal delegado de Medio Ambiente.
La ejecución del proyecto de urbanización del SAU-10 Panorama Tres Islas, en Corralejo, fue acordada por el Ayuntamiento de La Oliva el 16 de junio de 2005, pero dicha aprobación se realizó al amparo de un plan parcial que fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La sentencia fue dictada en 2000 y adquirió firmeza dos años después, pero el Ayuntamiento aprovechó ese lapso para modificar el plan parcial y dar el visto bueno al proyecto en base a ese cambio, que trasformaba el uso del suelo de turístico a residencial.
Sin embargo, el fiscal considera en su demanda que las obras iniciadas tras la aprobación de 2005 son ilegales, ya que la anulación del instrumento de planeamiento deja sin cobertura legal a los actos administrativos dictados y ejecutados con posterioridad. En otras palabras: la anulación del Plan Parcial provoca la nulidad del proyecto de urbanización.
El TSJC tumbó el instrumento de planeamiento porque fue aprobado por silencio administrativo y carecía de estudio de impacto ambiental, un informe que es indispensable cuando el terreno en cuestión supera las 25 hectáreas, tal como expuso el propio Gobierno de Canarias en el recurso que presentó ante el tribunal canario.
En ese sentido, la Fiscalía de Medio Ambiente justifica la medida cautelar interesada por el perjuicio "grave" e "irreparable" que se puede causar al paraje de Corralejo.
El fiscal también destaca la envergadura del proyecto de urbanización para reclamar la suspensión de las obras, pues "una vez terminadas sería imposible proceder a la demolición de las mismas". De ahí que el representante del ministerio público alerte del "riesgo de permitir la consolidación de unas actuaciones urbanísticas que pudieran ser ilegales".
Y es que la construcción de la urbanización ya está avanzada y abarca una superficie de 266.300 metros cuadrados. En ella está proyectada la edificación de más de 3.000 viviendas, según recoge la demanda, que fue presentada en el Juzgado a finales del año pasado. Ese es otro de los motivos por los que el fiscal pide la paralización cautelar del proyecto, pues podrían verse afectados los legítimos intereses de la empresa constructora y otras entidades.
El fiscal también ha solicitado al Ayuntamiento de la Oliva que remita copia testimoniada de todas las licencias concedidas a Isla Acuática Azul y Otros, sociedad responsable de la ejecución de las obras.
En cualquier caso, ésta no será la única acción pública en la jurisdicción contencioso administrativa. Medio Ambiente ya prepara otras dos demandas contra las construcciones en suelo rústico de Fuerteventura.
* La Provincia - 8.03.10
Foto: Imagen del estado actual de la construcción paralizada por la Fiscalía. GABRIEL FUSELLI, laprovincia.es
Pacto de la vergüenza: PSOE-PP acuerdan en secreto no utilizar la corrupción como arma electoral
VEGAMEDIAPRESS* : La gran ganadora de los escándalos públicos es la abstención. La dimisión de la presidenta del Parlamento balear y la ausencia casi absoluta de reproches y palabras gruesas han sido la confirmación de un pacto secreto de PSOE y PP para no utilizar la corrupción como arma electoral, al menos de momento, tal como informa esta semana José María Vals en la revista Tiempo. ¿Es posible acabar con la corrupción en España? Esa es, probablemente, la pregunta del millón que se hacen miles de ciudadanos. Esos mismos españoles a los que, según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), les preocupa ya más esta actividad incívica que el mismísimo terrorismo.
Ante este escalofriante cambio de prioridades en la ciudadanía, los políticos han comenzado a ver señales de peligro y dentro de los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) han surgido en los últimos tiempos movimientos internos que urgen a adoptar medidas para terminar con la sensación de que a la política se llega con los bolsillos medio vacíos y se sale con cuentas millonarias.
Desde las directivas de los dos grupos mayoritarios no salen de su asombro con los resultados de las encuestas internas que manejan. Según fuentes de ambas formaciones consultadas por Tiempo, los datos que tienen sobre sus mesas dan como resultado dos constantes que se mantienen en los sondeos encargados por el PSOE y por el PP: el porcentaje de apoyos sobre el total de voto decidido no sufre modificaciones significativas en ninguno de ellos, pero el hastío de los ciudadanos hacia la política aumenta a pasos agigantados. En definitiva, cuando los expertos de ambos partidos mayoritarios miran la letra pequeña de las encuestas ven que el voto decidido baja y que aumentan los que no saben siquiera si van a ir a votar, y eso es un peligro cierto porque no saben a qué atenerse, ya que todo dependerá del estado de ánimo de los votantes el día de las elecciones.
Ante este panorama nada alentador, esos grupos de directivos y militantes socialistas y populares que piden mayor contundencia han comenzado también a barajar ideas para atajar la lacra de la corrupción. Desde el Partido Popular se hizo llegar al resto de partidos un documento con 50 propuestas. Desde el PSOE se propició la puesta en marcha de una comisión de trabajo, en la que están el resto de los grupos políticos, dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyas conclusiones quedaron plasmadas en el Código del Buen Gobierno Municipal aprobado por unanimidad a finales de diciembre. Ahora sólo queda que haya auténtica voluntad política de progresar en este camino y, a pesar de otros sonados de-sencuentros, parece que en este tema sí hay acuerdo entre los grandes partidos para aplicar la infinidad de medidas que ya existen pero que no se aplican.
Es decir, que la exigencia de mayor contundencia ha cambiado de lugar. Si antes había una especie de clamor popular interno en los partidos políticos para que los dirigentes de cada uno de ellos echaran en cara a los del contrario los escándalos en los que se veían envueltos, ahora se pide un esfuerzo similar, pero no para elaborar una lista de reproches, sino para evitar que haya más casos de corrupción.
Los partidos políticos –y sobre todo los grandes– han descubierto con pavor en los sondeos que hacen periódicamente para ver cómo les va desde el punto de vista electoral que la gran ganadora de los escándalos y de la bronca pública es la abstención, muy peligrosa para ambas formaciones.
No dar ventaja.
Mientras tanto, los contactos y las estrategias se mueven en dos niveles muy distintos y distantes porque nadie quiere dar ventaja al contrario. Antonio Hernando y Juan Manuel Moreno, responsables de política municipal de las ejecutivas de PSOE y PP, respectivamente, hablan entre sí de los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los populares y seguramente tendrán que hablar también de las elaboradas por la FEMP. Sus jefes, que son conscientes de que la corrupción les arrollará si no la atajan, no quieren ni oír hablar de pacto sobre un documento concreto, porque ninguna da las dos ejecutivas quiere dar el protagonismo a la contraria. Quizás estos dos políticos (Hernando y Moreno), que chupan bastantes menos minutos de televisión y muchísimas menos líneas de periódicos y revistas, acaben por ser los responsables de una propuesta de mínimos conjunta que lleve a un acuerdo final.
Esa propuesta de mínimos, si es que llega, deberá incluir necesariamente parte de las propuestas de ambas partes. Las del PP (50 en total) se agrupan en seis capítulos, denominados bases, que contienen fundamentalmente medidas para fortalecer las instituciones, hacer más transparente su gestión y la del gasto público, hacer públicos los bienes de los cargos electos y llevar a sus últimos términos el pacto antitransfuguismo, además de fijar reglas para los regalos a cargos públicos.
* Vegamedia Press - 8.03.10
Condena de prisión por edificar en terrenos no urbanizables de Alcalá de Guadaíra
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ELCORREO/Sevilla* : Es la segunda condena judicial por edificaciones en la Hacienda Clarevot. Los tres meses de prisión han sido sustituidos por otros seis meses de multa a tres euros por día y el pago de las costas. Nueva condena por construir en suelo no urbanizable en Alcalá de Guadaíra. Una sentencia del juzgado de lo penal nº10 de Sevilla condena a dos personas a pena de prisión como responsables de un delito contra la ordenación de territorio por levantar una construcción ilegal en la Hacienda Clarevot, próxima al municipio de Dos Hermanas.
El fallo del juzgado explica que los acusados, hombre y mujer, son condenados a una pena de tres meses de prisión y seis meses de multa a la razón de una cuota diaria de tres euros, aunque quedando sustituida la pena de prisión por otros seis meses de multa a razón de una cuota diaria de tres euros, más el pago de las costas procesales.
La jueza considera probado que estas dos personas, que estaban advertidas por un notario de que la finca que escrituraban era no urbanizable, procedieron a vallar la parcela y a edificar dos construcciones prefabricadas destinadas a vivienda con sus respectivas redes de saneamiento a fosa séptica, y suministros de agua que además obtenían de forma irregular.
La Hacienda Clarevot está calificada en el PGOU de Alcalá de Guadaíra como suelo no urbanizable común, no siendo las construcciones realizadas autorizables en ningún caso. Los acusados, no obstante, han reconocido los hechos y procedieron al derribo de las construcciones, además del vallado y la supresión de las redes de abastecimiento que se habían construido.
Cabaña. No se trata de la primera sentencia con pena de cárcel por una construcción ilegal ya que en diciembre otras dos personas fueron condenadas a seis meses de prisión y a pagar una multa de 2.160 euros por construir una cabaña prefabricada de madera de 25 metros cuadrados, en una finca situada también en el paraje de Cortijos de Clarevot.
En varias ocasiones el Consistorio también ha actuado en urbanizaciones como La Calerilla, La Ruana, Valdecabra, Clarevot, e incluso sobre construcciones de carácter industrial, también ilegales, por ejemplo en la zona de Palmete.
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra explicó ayer, en un comunicado, que continuará actuando conforme a ley con las parcelaciones y construcciones ilegales en su término municipal tramitando los correspondientes expedientes.
Las construcciones ilegales carecen de licencia urbanística por que el suelo sobre el que se levantan es no urbanizable, y el Consistorio recuerda que debe actuar con igualdad para todos los ciudadanos, no permitiendo que "haya un grupo que sigue la ley y otro que no la acate y construya de forma ilegal".
* El Correoweb - 8.03.10
Foto: Una de las últimas construcciones demolidas por el Ayuntamiento de Alcalá por su ilegalidad. - M.J.C. - elcorreoweb.es
Las 2.000 casas ilegales de Albalat dels Tarongers duplican su número de habitantes
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LEVANTE/Valencia* : La proliferación de segundas residencias en una zona de montaña tan apreciada como la Sierra Calderona está en el origen de una ocupación del suelo en el interior de la comarca del Camp de Morvedre a menudo caótica y no pocas veces ilegal. Y si algún municipio es buena muestra de ello este es Albalat dels Tarongers. Nada menos que unas 2.000 viviendas se encuentran fuera de ordenamiento según las estimaciones del propio consistorio.
Una cifra que resulta llamativa por sí sola, pero que alcanza ya una dimensión de auténtico escándalo si se tiene en cuenta que este municipio de la subcomarca de la Baronia cuenta, según el último padrón, con 1.100 habitantes.
Esta situación, con todo, no preocupa al alcalde, Filiberto Prats (Bloc), quien ha reconocido su intención de regularizar cuantas casas sea posible, siempre que su construcción se remonte más allá del último lustro. En este sentido, el nacionalista asegura: "Todos los propietarios que han edificado fuera de ordenación desde que llegué a la alcaldía están en el juzgado".
En esta situación se encuentran seis construcciones que ya han sido derribadas, como otros cuarenta casos, la mayoría en la zona de influencia de la Sierra Calderona, cuyo expediente para tengan el mismo final se está tramitando.
Pero Albalat no es un caso aislado en la Baronia. Otra de las localidades donde se concentra un número significativo de casetas ilegales es Torres Torres, donde los servicios municipales han cuantificado en unas 150 las casas ilegales.
La falda de la montaña de Ponera en el término de Petrés es otro de los lugares donde se ubican edificaciones ilegales, unas 40. Mientras, en la otra montaña, la de la Rodana, existe una treintena de viviendas que esperan ser legalizadas una vez que concluyan los trámites del PGOU que desarrolla el gobierno socialista de Antonio Hernández. Otro municipio afectado por las construcciones ilegales es Algar de Palancia, donde en la zona de Els Planells se concentra cerca de una veintena de casas construidas fuera de ordenación urbana. Desde el ayuntamiento, sin embargo, no se tiene intención de actuar. El consistorio, mientras, sí ha intervenido contra tres casas de madera que se instalaron en parcelas protegidas urbanísticamente. En el caso de Alfara de la Baronia, la reciente aprobación del PGOU permitió regularizar cerca de 80 construcciones ilegales, un trámite que ha dejado la cuenta a cero. Por lo que respecta a Algímia d'Alfara o Gilet, este asunto está bastante controlado en los últimos tiempos.
En la primera existen sólo ocho expedientes abiertos, mientras que en Gilet, tres casetas están a la espera de resolver los expedientes de derribo, al igual que una casa de madera, que el consistorio no sabe dónde dejar una vez que se ha declarado la ilegalidad de su actual ubicación. En este apartado de buena práctica urbanística también destacan Estivella, donde no se levantan construcciones ilegales desde 1987, así como la subcomarca de la Vall de Segó -Faura, Benifairó, Quartell, Benavites y Quart.
* Levante-EMV - 8.03.10
Foto: Las 2.000 casas ilegales de Albalat dels Tarongers duplican su número de habitantes - cartociudad/fomento
