ELPAÍS* : La investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a raíz del desmantelamiento de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa vinculada al PP y a administraciones gobernadas por este partido ha hallado indicios de culpabilidad en el senador del PP por Cantabria y hoy tesorero nacional, Luis Bárcenas. Correa implicó en las conversaciones grabadas por la persona que denunció el caso a Luis Bárcenas en el cobro de cantidades millonarias para el partido relacionadas con supuestas adjudicaciones desde el Ministerio de Fomento que dirigía Francisco Álvarez Cascos.
De hecho, AENA, organismo dependiente de Fomento, adjudicó entre 2000 y 2004, durante el mandato de Cascos, cientos de miles de euros en decenas de contratos a la empresa de Correa.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha emitido una nueva providencia (consulta en pdf), con fecha de ayer aunque conocida hoy, en la que consulta precisamente a la Fiscalía Anticorrupción si traslada la causa de corrupción que salpica al PP al Tribunal Supremo tras la implicación de "un posible nuevo caso de aforamiento" según el contenido de un informe policial de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales).
La causa completa para el Supremo
El pasado viernes, Garzón solicitó al servicio de reprografía del juzgado tres copias de las actuaciones con el objeto de iniciar su inhibición de la causa. Las dos primeras irían a parar a los tribunales superiores de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, como ya solicitase la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero. La tercera copia iría ahora a parar al Alto Tribunal. No obstante, el magistrado pregunta a Anticorrupción si "vista la conexión que estos hechos [derivados del nuevo informe policial] guardan con los relativos a los aforados de Madrid" procede trasladar toda la causa a la Sala Segunda del Supremo.
Hasta el momento y según se ha podido saber de las actuaciones de Garzón y los escritos de la Fiscalía, los aforados implicados en la red de corrupción serían, junto a Bárcenas, el presidente valenciano, Francisco Camps, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. La nueva providencia de Garzón, que dice haber recibido el informe policial ayer martes, solicita al Ministerio Fiscal que resuelva sobre los aforados en un plazo máximo de 48 horas. Es este plazo el que prevé con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Criminal para inhibirse de aquellas causas en las que estén implicados aforados. Precisamente, la demora en el traspaso de competencias de forma "consciente" es lo que ha llevado al PP a querellarse hoy contra el magistrado ante el Supremo y solicitar su inhabilitación por un periodo de 10 a 20 años.
FE DE ERRORES
Garzón, a través de un comunicado leído por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, ha desmentido que el portavoz del PP, Esteban González Pons, esté implicado en la trama de corrupción, tal y como ha informado en un primer momento este medio.
* ELPAIS.com - Madrid - 25/02/2009
Garzón implica al tesorero nacional del PP en la trama corrupta que dirigía Correa
El TSJ acumula ya denuncias contra medio millar de planes urbanísticos
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LEVANTE/Valencia* : Los jueces valencianos están recibiendo una avalancha de denuncias contra los programas de actuación integrada (PAI) que se desarrollan en la Comunitat Valenciana. Los recursos los están interponiendo la Delegación del Gobierno contra resoluciones de la Generalitat Valenciana, las asociaciones ecologistas, las empresas urbanizadoras y los particulares. El rechazo popular al urbanismo salvaje también está detrás de los recursos de algunos PAI.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) está analizando actualmente quinientos recursos contra los PAI, según confirmó ayer a Levante-EMV el TSJCV.
Los magistrados valencianos están trabajando a destajo para dar salida a los casos y que no se colapsen las secciones encargadas de tramitar los asuntos urbanísticos. Los jueces de lo Contencioso del TSJCV resuelven las denuncias en una media de 18 meses cuando los magistrados de otras comunidades autónomas están tardando entre cuatro y cinco años en dictar sentencia. Los jueces eluden paralizar los PAI como medida cautelar al ser conscientes de que el proceso se puede prolongar durante años si llega al Tribunal Supremo.
La complicada legislación valenciana en materia urbanística está detrás de se se hayan disparado las denuncias contra presuntas irregularidades de los PAI ante los jueces de lo Contencioso. Gabriel Echavarri, abogado especializado en asuntos urbanísticos, recordó que el problema de fondo es que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han abusado de los PAI para desarrollar actuaciones urbanísticas en detrimento de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), que tienen mayores garantías legales.
Comisión Europea
La Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Justicia Europeo las dos leyes urbanísticas valencianas. El ejecutivo comunitario considera que se han "incumplido" dos directivas europeas al adjudicar los PAI conforme a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus herederas: la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Rogtu).
Las directivas incumplidas son las referidas a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obra (Directiva 93/97CEE) y la de adjudicación de contratos públicos de contratos y servicios (Directiva 2004/18CE).
El Tribunal de Justicia Europeo tarda de media entre uno y dos años en resolver los asuntos. Si los magistrados dan la razón a la Comisión Europea, España deberá adoptar la ley en el plazo que se dé para que respete la legislación comunitaria. Si el ejecutivo comunitario verifica que no se ha modificado la legislación "puede sugerirle al Tribunal de Justicia Europeo que imponga una sanción" a España. La multa a un Estado miembro está regulada en el artículo 228 del Tratado de la Unión Europea.
El conflicto con la Comisión Europea se inició hace cuatro años. La Comisión Europea envió en marzo de 2005 la primera carta de emplazamiento para "llamar la atención sobre las incompatibilidades de ciertas disposiciones de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) con dos directivas europeas y varios principios del Tratado de la Unión Europea".
Contestación del Consell
La Generalitat contestó con una carta y un proyecto de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) como remedio a todos los males de la LRAU. La Comisión Europea reclamó explicaciones sobre la LUV en dos misivas. La Generalitat respondió con un proyecto revisado de la LUV que cambiaba 89 de los 267 artículos iniciales. La ley entró en vigor el 1 de febrero de 2006, pero antes se presentaron una avalancha de planes urbanísticos para evitar la nueva legislación más exigente.
La Comisión Europea abrió formalmente un procedimiento de infracción contra la LUV porque, al menos, trece artículos "violan" las directivas comunitarias. Poco después, la Comisión inició otro procedimiento de infracción contra las empresas mixtas creadas por la Conselleria de Territorio con un selecto grupo de promotoras para construir grandes PAI de VPO y renta libre.
* Levante-EMV - Ramón Ferrando - 25.02.09
Foto: Catarroja. Terrenos del PAI Nou Mil·leni, que es uno de los quinientos que actualmente se encuentra recurrido en el Tribunal Superior de Justicia. mrw-fotografía aérea, levante-emv.com
Anticorrupción ve indicios de delito en el urbanismo de Tres Cantos
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ELPAÍS/Madrid* : Los vecinos del municipio madrileño de Tres Cantos (40.600 habitantes) han sido testigos de varios escándalos políticos en los últimos años. Dimisiones, acusaciones cruzadas, grabaciones en las que se insinúan corrupciones... Una ensalada de desaguisados políticos. Por eso, probablemente, no se sorprenderán cuando sepan que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a varias personas que ocuparon cargos en el Ayuntamiento tricantino entre 2003 y 2007.
Entre ellos, la ex alcaldesa María del Valle de la Poza, el ex concejal de Obras Alberto Martínez Díaz y el ex jefe de Gabinete municipal Juan Carlos Delgado Quevedo. La fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, que investiga el caso, también ha señalado a siete empresas salpicadas por supuestos delitos de cohecho en la tramitación del plan general del municipio.
El fiscal presentó en julio de 2008 la denuncia ante la Audiencia Provincial, que la traspasó al Juzgado de Instrucción número 5 de Colmenar Viejo. Un juez se ha hecho cargo del caso. Tras casi dos años de investigaciones, la fiscalía considera que los hechos que condujeron a la aprobación del plan, entre 2003 y 2006, "podrían ser constitutivos de delitos continuados de cohecho, falsedad documental, fraudes de funcionarios, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales". La decisión del fiscal se produce a raíz de sendas denuncias presentadas por el PSOE local en 2006.
Tanto María del Valle de la Poza como Alberto Martínez Díaz pertenecían al partido independiente Tres Cantos Unido (TCU), del que fueron expulsados en marzo de 2007, tras una guerra política que acabó con la desintegración del partido. Juan Carlos Delgado, también denunciado, era la mano derecha de la alcaldesa.
El relato comienza el 7 de mayo de 2003, cuando el Gobierno regional da el visto bueno al nuevo plan urbanístico, que contemplaba inicialmente 4.500 nuevas viviendas. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición formada por el PP y TCU, decide contratar a una empresa privada para gestionar el futuro urbanismo del municipio, es decir, llevar a cabo las expropiaciones y la adquisición de terrenos donde iba a crecer la ciudad. Y ahí se oscurece el asunto. Unos días antes de la adjudicación del concurso de gestión del plan urbanístico a la constructora FCC, en octubre de 2004, el edil popular Antonio Reino presenta su dimisión. Se marcha revelando sospechas de corrupción. En unas conversaciones grabadas a este concejal y publicadas por EL PAÍS se le escucha diciendo: "Lo que sospecho es que en esto tiene que estar [Ricardo] Romero de Tejada [ex secretario general del PP regional]. (...) Huele que da pena; todo el mundo se va a forrar y yo no". Reino reconoció posteriormente que estas palabras fueron fruto de un calentón y restó importancia a sus afirmaciones. Desde entonces la sospecha ha marcado el plan urbano de Tres Cantos. Un portavoz de FCC rechaza comentar la situación: "Recurrimos la sentencia que anula el convenio urbanístico". Sobre lo demás no hay comentarios.
La sentencia a la que se refiere este portavoz es la que invalida el acuerdo entre el Ayuntamiento y FCC para gestionar el plan urbanístico. Un juez anuló hace dos semanas el contrato porque no se fijó el precio que la concesionaria tenía que pagar al Consistorio para ordenar la urbanización de 389 hectáreas junto a la carretera de Colmenar (M-607)."La alcaldesa participó en la votación de cuestiones relevantes del planeamiento de Tres Cantos", según el escrito de la fiscalía. "De dichas decisiones destaca la relativa a la monetización de los aprovechamientos urbanísticos", un concepto casi ininteligible que consiste en la valoración económica de los terrenos que se ceden al municipio.
Entre las obligaciones de FCC, concesionaria de la gestión del plan urbanístico, estaba la expropiación y ordenación de las 389 hectáreas urbanizables. Un jugoso negocio por el que estaba previsto levantar 7.500 pisos, casi 3.000 más de los aprobados inicialmente. A cambio, FCC debía reservar un porcentaje de los terrenos para viales y calles. También tenía que ceder otro porcentaje del suelo al Consistorio para uso municipal. El convenio permitía a la empresa entregar dinero a cambio de quedarse con las parcelas municipales. Esto es la monetización, cuyo monto no estaba precisado en el convenio urbanístico.
La fiscalía señala que la decisión de monetizar los terrenos "se aprobó por el Ayuntamiento de Tres Cantos en diciembre de 2006". Entonces gobernaba De la Poza. "No tengo nada que ver con historias de ningún tipo. Aprobamos el plan en 2003 y no hubo nada", sostiene la ex alcaldesa. "Hubo una persecución política. Estoy harta y no quiero saber nada sobre eso". La ex regidora, que ha abandonado la política, explica que hace dos años acudió a la fiscalía a explicar su compra de un piso en la playa, "pagado con la hipoteca de mi casa". De la Poza rechaza cualquier acusación y defiende la gestión de su ex compañero Alberto Martínez. "Estábamos en medio de una guerra política", zanja en una conversación telefónica.
El fiscal relata en su escrito de denuncia que Alberto Martínez "tenía intereses" cuando votó en el pleno municipal de julio de 2004 para otorgar la gestión del plan general urbano a un concesionario privado. Martínez no se abstuvo. Era propietario de la mitad de una parcela afectada cuando emitió su voto. El otro 50% del solar pertenecía a la empresa Oskasa, pero una sentencia reservaba derechos al Grupo Montemar, propiedad de Alberto Martínez y su esposa. El ex edil tenía intereses por partida doble. El secretario del Ayuntamiento, Mariano Díaz, informó aquel día que no existía motivo para la abstención del concejal. La Fiscalía Anticorrupción también denuncia a Díaz. Este periódico intentó ayer, reiteradamente y sin éxito, contactar con Alberto Martínez. La fiscalía ha investigado pagos de cantidades no justificadas a empresas vinculadas con Martínez.
Otro de los denunciados es Juan Carlos Delgado Quevedo, ex jefe de Gabinete de la alcaldesa entre 2000 y 2006. Según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa Asesoría de Proyectos de Gestión, propiedad de Delgado, recibió 787.827 euros en 2006 por parte de la sociedad Trigemer "por servicios cuya realidad no consta". La fiscalía quiere saber por qué Trigemer facturó al Ayuntamiento 3.245.841 euros entre 2005 y 2007. Además, ha comprobado los gastos de Delgado y ha determinado que entre 2004 y 2005 realizó desembolsos superiores a sus ingresos.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento tricantino, Miguel Aguado, precisa que "el PP casi siempre ha sido el responsable del Urbanismo y ha gozado de la mayoría en los gobiernos de coalición con María de la Poza". El responsable socialista asegura que le resulta "difícil entender que los dirigentes populares no supiesen nada". Y concluye: "José Folgado presidió la gestora del PP de Tres Cantos desde entonces y me cuesta creer que tampoco supiese nada, sobre todo cuando siendo en la actualidad alcalde toma siempre decisiones que perjudican a la ciudad y favorecen, siempre, a la constructora y a los promotores del suelo".
Un portavoz del Ayuntamiento no quiso entrar al trapo y afirmó que "es un asunto que tiene que ver con la anterior corporación. Estamos atentos a lo que decida la justicia".
Principales denunciados
- María del Valle de la Poza. Ex alcaldesa de Tres Cantos, entre 2000 y 2007, por el partido Tres Cantos Unido (TCU). Bajo su mandato se aprobó el plan urbanístico. Impulsó la idea de que el desarrollo del plan lo ejecutara una empresa privada.
- Alberto Martínez Díaz. Fue edil de Obras entre junio de 2003 y marzo de 2007. Antes ejercía la actividad inmobiliaria a través de sus empresas del Grupo Montemar. Votó una decisión municipal a pesar de tener intereses urbanísticos.
- Juan Carlos Delgado. Fue director técnico de Urbanismo hasta 1999. Un año después
se convierte en jefe de Gabinete de la alcaldesa. La fiscalía investiga posibles
pagos a promotoras.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 25/02/2009
Foto: Terrenos incluidos como edificables en Tres Cantos- SANTI BURGOS, elpais.com
La Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral de Almuñécar, critica el Referéndum que tendrá lugar en esta localidad
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La Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral de Almuñecar, ante la mascarada de Referéndum que, para el 28 de Febrero propone Benavides, manifiesta: - El Referéndum someterá a consulta un PGOU actualmente inexistente, pues al adaptarlo a la legalidad urbanística, el Plan Inicial ha sufrido múltiples modificaciones.
- El Alcalde de Almuñecar, según se desprende de sus manifestaciones, solo quiere el voto favorable de los almuñequeros para adquirir fuerza y, con el poder del Referéndum que piensa ganar, presionar a las Autoridades Urbanísticas y vencerlas en “el pulso” de la negociación que desea establecer.
- A este dirigente político no le importa gastarse más de 120.000 euros del pueblo de Almuñecar, en un Referéndum no vinculante e inútil por irreal. Todo vale si su “poderío político” sale reforzado.
- La demagogia de este dirigente político raya en lo patético cuando, por su televisión puesta en funcionamiento para el evento, hace llamadas a los almuñequeros para que participen masivamente en el Referéndum, diciéndonos que lo hace para que “el futuro de Almuñecar sea una decisión del Pueblo y de quienes vivimos en el”. Según parece Benavides tiene una memoria frágil y ha olvidado los muchos obstáculos y triquiñuelas legales que usaron en la fase de exposición publica del PGOU, (negar información, rechazar las alegaciones de los no empadronados, ser reacio a adjuntar las alegaciones al dossier del Plan, no contestar ni tener en cuenta lo alegado, etc. y como “broche de oro”, decir ante nuestras mas de 7.000 alegaciones contrarias al PGOU: “mis alegaciones a favor del Plan es mayor que las que habéis presentado en contra”.
- Machaconamente, sirviéndose de la televisión de su hijo, hace propaganda del PGOU en su aprobación inicial, (inexistente después de las modificaciones realizadas al mismo), vendiéndonos como la panacea que acabara con los parados, los campos de golf. Para ello entrevista a los miembros del Régimen Benavidista y a dirigentes del Partido Popular que, según dice el pueblo, colaboran en estrecha sociedad con “el prócer”.
- Según parece, para Benavides la crisis de la construcción no existe. Continua, erre que erre, con su idea de llenar el territorio almuñequero de segundas residencias y continuar con la destrucción del medio físico. Pretende culminar la destrucción que ha practicado en el litoral, con la total urbanización de los valles tropicales y las colinas que lo circundan.
- Se olvida que el Alcalde es el responsable de “la disciplina urbanística local” y critica a La Junta de Andalucía por cumplir la legalidad y parar las construcciones ilegales. Apoya a los constructores con obras paralizadas por no cumplir la legalidad urbanística y dice a los desempleados de la construcción que “están parados porque La Junta no permite que se reanuden las obras”, “que las ilegalidades se solventan en las mesas de negociación”, etc.
A los miembros del Régimen Benavidista y a sus socios del Partido Popular les pedimos que el próximo día 28 cuando ejerzan el derecho al voto, piensen en el futuro de Almuñecar y en los muchos puestos de trabajo y riquezas, agrícola y medio ambiental, que propone destruir el PGOU de Benavides. Que valoren que, para los labradores y empleados agrícolas de Almuñecar, La Vega y nuestras plantaciones de subtropicales son “nuestras fabricas” y que Benavides con sus propuestas urbanísticas, pretende cerrarlas y enviarnos al paro, o lo que es aun peor: “ponernos a recoger pelotas de golf”.
Nuestra Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral quiere un PGOU para el Municipio de Almuñecar, acorde con la legalidad y que contemple en sus propuestas el crecimiento vegetativo de la población y el periodo legal de vigencia de ocho años, que La Ley prevé para estos Planes.
* Rojo y Negro - 24 de febrero de 2009
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
Suances: Una sentencia y decenas de expectativas
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Supremo ordena demoler el pabellón, la plaza de Hinojedo y el Hotel Suances, pero los vecinos piden que se busque una solución. Ante todo tienen la sensación de que están jugando con su dinero y es curioso comprobar como los más jóvenes del municipio conocen al dedillo detalles de una historia que comenzó a forjarse en 2001.
Aquel año, el Ayuntamiento y la sociedad Hotel Suances firmaron un convenio urbanístico según el cual la sociedad hotelera cedía a la Administración municipal un terreno en Hinojedo para que construyera un polideportivo, y a cambio, el Consistorio le permitiría ampliar su volumetría y construir un nuevo hotel. Pero en 2004, el Supremo sentenció que este acuerdo era ilegal y en diciembre, el mismo tribunal ordenaba demoler el pabellón y la plaza pública de Hinojedo para cumplir así como la sentencia que anulaba el citado convenio. Desde que se hizo pública esta orden, los servicios jurídicos del Ayuntamiento no han parado de analizar la situación y el alcalde, Andrés Ruiz Moya, ha reconocido no saber qué hacer para cumplir con la sentencia.
Los que sí tienen claro que el polideportivo «no se puede tirar» son los usuarios del pabellón. Por allí pasan a diario decenas de jóvenes que se estremecen ante la idea de que su lugar de juegos y entrenamiento pueda convertirse en una montaña de escombros. Los martes y los jueves, por ejemplo, un grupo de chavales entrena al tenis entre los que están Ramón Teira, Alberto Díaz, Juan José Medina o Ilia Kornilov. Teira conoce el tema porque se lo ha contado su abuela y dice que «si pudiera hablar con el alcalde le pediría que no tirara el polideportivo porque si lo hace no tendremos donde entrenar». Lo dice con pena, la misma que se le escapa a Sebastián Sancho, el conserje de la instalación desde hace cinco años. Sancho explica además que este es el único de Cantabria con pista de frontón y con un suelo especial para practicar hockey y patinaje.
Cerca del pabellón está Francisco Crespo, un joven de 18 años que vive en Cortiguera. También sabe que el tiene orden de derribo pero dice que «desde que lo empezaron a construir ya decían que algún día tendrían que tirarlo porque es ilegal». Pero va más allá y dice que «no me parece bien que hayan pagado esto con nuestro dinero y que ahora tengamos también que pagar el derribo con nuestros impuestos».
«¿Un bien para el pueblo?»
A quien le da igual que lo echen abajo es a Gustavo Herrera, un vecino del mismo Hinojedo que vive enfrente del complejo deportivo. Reconoce que antes de que lo construyeran podía ver desde su casa todos los Picos de Europa y cree que «si las cosas están mal hechas hay que tirarlas». Pero Herrera va más allá y acusa de cometer «muchas ilegalidades» al que fuera alcalde, José Ignacio Coterillo, y al entonces concejal de Urbanismo y hoy director general de la Vivienda de Cantabria, Francisco Javier Gómez Blanco. Además Gustavo Herrera se pregunta por qué dicen que el polideportivo es un bien para el pueblo. «Si tenemos que pagar por utilizarlo, no veo dónde está el bien». Y respecto a la plaza que también hay que echar abajo, tampoco muestra ninguna simpatía. «Siempre está vacía y sólo se utiliza para la fiesta del Corpus y la de San Saturnino, que organiza la pedanía». En este sentido, el conserje del pabellón no está de acuerdo. «En cuanto empieza a hacer bueno, la plaza se llena de mamás con niños y carritos. Es un lugar muy agradable».
Ya en pleno Suances preguntar sobre las sentencias que pesan sobre el polideportivo y el hotel levanta todo tipo de suspicacias. «Con los políticos que tenemos, ¿qué podemos esperar? Esto es como Marbella pero en pequeño», dice Pilar Casanova. «No exageres -le reprende su amiga Isabel Revuelta-. No es para tanto». En lo que ambas coinciden es en afirmar que no tiene sentido que tiren nada. «Que lo dejen como está y que a partir de ahora que estén listos y no dejen levantar nada sin tener todos los permisos legales», dicen.
Un sinsentido
José Luis Álvarez cree que «no es lógico demoler ni el pabellón ni el hotel. Siempre habrá medidas mejores que tirar el dinero de los vecinos. Creo que en el Ayuntamiento hay gente capacitada para encontrar una solución». Quien ofrece una es Borja García, un joven de 28 años que «es como si fuera de Suances porque estoy casado con una de aquí». García cree que «podrían convertir el hotel en una residencia para mayores, por ejemplo. Lo que no tiene sentido es que lo derriben».
Como él piensan David Aragón, Jerson Andrés y José Carlos Canelo, tres chicos de catorce años que recorren las calles de Suances en monopatín. «Todo este follón es porque un vecino que vive detrás del hotel se ha quedado sin vistas y por eso se ha montado lo que se ha montado». Creen que «si echan abajo el polideportivo tirarían el dinero de los vecinos a la basura y, según el alcalde no tienen mucho».
Los tres saben de lo que hablan porque a pesar de su edad ya se han reunido con Ruiz Moya en su despacho. «Fuimos a pedirle que construyera una pista para patinar porque la gente siempre nos echa la bronca por la calle. Volvimos a verle y nos enseñó los planos de un proyecto pero nos dijo que no tenían dinero para hacerla. Pero claro, tienen dinero para hacer una nueva Plaza de Viares, para cambiar una acera de la playa, para la Vuelta a España...». Los tres jóvenes se alejan en su monopatín con la esperanza de que el pabellón siga en pie muchos años y miran con incertidumbre el hotel, el primero de cinco estrellas del pueblo. El único consuelo que les queda es que no lo tiren y como dice otro vecino: «¿En Cantabria han tirado alguna vez algo?. Pues eso».
* El Diario Montañés - LETICIA MENA - 24.02.09
Foto: Suances (Cantabria) - suances.net
Fiscalía abre diligencias por presunta trama urbanística en Vera
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EFE/Almería* : La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha abierto diligencias para investigar una presunta trama urbanística en el municipio almeriense de Vera, donde el ayuntamiento, gobernado por el Partido Andalucista, habría cobrado comisiones millonarias por parte de Dico por la recalificación de terrenos.
Fuentes del ministerio público han revelado hoy a Efe la incoación de estas diligencias de investigación por la presunta comisión dentro de esta trama de delitos de prevaricación urbanística y cohecho.
La actuación de la Fiscalía de la Audiencia se ha producido después de que la Fiscalía Especial de Anticorrupción y Criminalidad Organizada recibiera a través del sindicato Manos Limpias la denuncia sobre estos hechos planteada por un ex directivo del Grupo Dico.
El denunciante presentó al sindicato su denuncia por el supuesto cobro por parte del ayuntamiento de Vera de comisiones millonarias a través de diversas actas notariales que fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especial, según han apuntado a Efe fuentes del caso.
Recibidos estos documentos, la Fiscalía Anticorrupción dictó en diciembre de 2008 una resolución en la que hacía constar que los hechos puestos en su conocimiento no eran de su competencia, por lo que acordó su remisión a la Fiscalía Provincial, según el oficio al que ha tenido acceso Efe.
Tras lo anterior, la Fiscalía de Almería abrió unas diligencias por las que, por el momento, ha citado a declarar al ex directivo que ha denunciado el supuesto pago de comisiones millonarias por parte de Dico para que el consistorio de esta localidad del levante almeriense, de la que es alcalde Félix López (PA), recalificase terrenos adquiridos previamente a bajo precio por la empresa.
* ADN - EFE - 24.02.09
Foto: Vera (Almería) - ual.es
El Consell de Cultura pide que cese la presión urbanística en L'Albufera
ELPAÍS* : El Consell Valencià de Cultura (CVC) mostró ayer de nuevo su preocupación por el estado de L'Albufera de Valencia y su patrimonio cultural. En un informe sobre la situación del espacio protegido, el CVC reclama a las administraciones afectadas que controlen "por completo la presión urbanística sobre la zona del parque natural".
El organismo que preside Santiago Grisolía insta a "no ceder a los intentos de modificación de los planes de ordenación urbana ante ningún Ayuntamiento, con la finalidad de mantener, en la medida de lo posible, la zona tampón" entre el lago y su entorno. No en vano, L'Albufera está rodeada de infraestructuras y una treintena de términos municipales albergan terreno en el espacio natural, tradicionalmente sometido a la presión de crecimiento de estas localidades y al intento de consolidación de edificaciones declaradas fuera de ordenación.
El informe fue aprobado en la sesión plenaria que el organismo consultivo celebró en el Ayuntamiento de L'Eliana, donde los miembros del CVC fueron recibidos por el alcalde, Josep Maria Àngel, y descubrieron una placa conmemorativa de la visita en el 50º aniversario de la localidad como municipio independiente.
El Consell Valencià de Cultura solicita a las instituciones que intensifiquen las actuaciones para la recuperación de las aguas de L'Albufera, y cita la necesidad de completar la red de depuradoras. La institución urge también a la catalogación o inventario de los bienes culturales existentes en L'Albufera y considera la "posibilidad" de solicitar el grado de protección correspondiente como Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local de estos bienes. Ello reforzaría la protección del patrimonio cultural del parque natural.
De igual modo, el CVC sugiere la conservación tanto de los elementos hidráulicos como de la arquitectura histórica tradicional. En la misma línea, considera necesario que se limpie el fondo del lago y apuesta por un método de destrucción bacteriana, seguida de aspiración de los sedimentos tóxicos, informó Europa Press. Para este proyecto, apunta el documento, se deberán pedir fondos europeos, "presentando esta vez un proyecto mejor realizado", en referencia a otros intentos de limpiar el fondo del lago, una actuación para la que se han barajado varias soluciones científicas.
Este informe sobre L'Albufera será remitido a la Generalitat valenciana, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, a los organismos rectores del parque natural, al Ayuntamiento de Valencia -dueño del lago- y al Gobierno central. Con el documento, el CVC renueva su interés por el espacio natural, tras alertar en 2005 contra la degradación del ecosistema.
En la sesión de ayer, el CVC acordó plantear la posibilidad de que el Palau de la Música o la futura Torre de la Música alberguen un centro de investigación del patrimonio musical.
* ELPAIS.com - EL PAÍS / AGENCIAS - Valencia - 24/02/2009
Foto: Valencia, l'Albufera - elmundo.es
Vuelve el 'caso Ciempozuelos'
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ELPAÍS/Madrid* : En pleno apogeo del caso Gürtel, el titular del juzgado de Instrucción nº2 de Valdemoro, Teodoro Molino Tejedor, dio ayer un nuevo impulso al caso Ciempozuelos, en el que se investiga el presunto cobro de comisiones por parte de los ex alcaldes socialistas de la localidad Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro.
Lo hizo tomando declaración al primero de una serie de seis empresarios que, según el juez, podrían haber utilizado sus sociedades "como instrumentos para adquirir, convertir, transmitir, ocultar o encubrir bienes de origen ilícito". Es decir, podrían ser testaferros de los ex alcaldes. El magistrado pretende aclarar la relación que mantenían con ellos.
Ayer le tocó el turno a Manuel Ramón Martín Peña, responsable de la empresa Comernet Green. Durante su comparecencia reconoció ante el juez su estrecha relación con los dos ex alcaldes. De hecho, tanto Joaquín Tejeiro como la mujer de Pedro Antonio Torrejón, Elena Berrio, trabajaron para él durante "cinco o seis meses en 1999", según fuentes jurídicas. Durante el registro de la casa de Tejeiro, la policía encontró una tarjeta de crédito de Comernet Green a la que el ex regidor habría cargado diversos gastos.
"El empresario mantenía una relación de muchos años con los dos ex alcaldes", explicó ayer el abogado de Joaquín Tejeiro, alcalde de Ciempozuelos entre 1991 y 1995. Pedro Antonio Torrejón lo fue entre 2003 y 2006, cuando se vio obligado a dimitir tras estallar el escándalo en el municipio.
Según los abogados de los dos ex alcaldes imputados, Martín Peña también reconoció al Ministerio Fiscal que recibió más de tres millones de euros de la empresa Bitango por labores de mediación y asesoramiento en la compraventa de suelo en Ciempozuelos.Bitango es una de las constructoras que, según la Fiscalía Anticorrupción, habrían realizado pagos irregulares a Torrejón y Tejeiro. "En ningún momento este empresario ha podido explicar cuáles eran las labores de mediación y asesoramiento que realizaba", señaló el abogado del PP, personado en la causa, Jesús Garzas. Tras la declaración, el magistrado dejó en libertad al empresario, pese a que la Fiscalía había solicitado que se le impusiera una fianza de 18.000 euros.
Próximamente, el juez tomará declaración a otros cinco empresarios: Francisco Javier Marazuela, Juan Ángel Muñoz García, Pedro Manuel Peña, Jesús Rey Martínez y Juan Añover León.
Los abogados defensores de los ex alcaldes insisten en que se trata de una instrucción "repleta de irregularidades" y acusaron a la Fiscalía de manejar documentación "que no está en el sumario", lo que, en su opinión, "contamina el principio de igualdad de las partes".
El caso Ciempozuelos estalló en 2006, cuando los dos ex alcaldes visitaron Andorra y abrieron dos cuentas bancarias. Torrejón ingresó casi 900.000 euros y Tejeiro algo más de 100.000. El banco les pidió que justificasen la procedencia de ese dinero. Tejeiro envió desde la casa de Torrejón un fax a la entidad en el que aportaba un contrato según el cual ambos iban a recibir de la inmobiliaria Esprode alrededor de 40 millones de euros en concepto de comisiones por una recalificación urbanística. Parte del dinero ingresado está hoy en paradero desconocido. La posterior investigación judicial sacó a la luz una presunta trama de cobro de comisiones ilegales. Los dos ex alcaldes se encuentran en libertad tras aportar una fianza de 900.000 euros cada uno.
* ELPAIS.com - JAVIER S. DEL MORAL - Valdemoro - 24/02/2009
Foto: Ciempozuelos (Madrid), casa_consistorial - educa.madrid.org
El Algarrobico, tres años varado
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IDEAL* : El 22 de febrero de 2006, el Juzgado de lo Contencioso nº2 de Almería ordenó parar las obras del hotel del Algarrobico, que construía en la playa del mismo nombre, en Carboneras, la empresa Azata del Sol. Ayer, pues, se cumplieron tres años desde aquella decisión judicial, decisión que sería ratificada en marzo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pese al tiempo transcurrido, el destino del edificio, considerado por los grupos ecologistas un símbolo nacional de la destrucción del litoral, sigue siendo una incógnita.
El 23 de febrero de 2006, veinticuatro horas después, cuando los operarios trabajaban en un edificio ejecutado al 94% que aspiraba a abrir sus puertas en el verano de aquel año, el ruido de las máquinas cesó en este paraje del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
El pasado día 12, y con el fin de recordar la situación, Greenpeace tomó el edificio y cubrió sus 65.000 metros cúbicos de hormigón con una inmensa tela verde sobre la que se leía 'Parque Natural sin hotel ilegal'.
La protesta pretendía acelerar el derribo del hotel, opción a la que la Junta de Andalucía aludió ya en noviembre de 2005, cuando el Ministerio de Medio Ambiente anunció el inicio de las gestiones y negociaciones con la empresa, para su expropiación y posterior demolición.
El acto que desarrolló Greenpeace el pasado 12 de febrero avivó la polémica sobre el edificio y suscitó nuevos pronunciamientos de las administraciones, que avanzaron que aguardarían a la resolución del proceso judicial abierto antes de proceder al derribo, así como la necesidad de suspender la expropiación iniciada.
El Ministerio de Medio Ambiente justificó la medida en un informe en el que la Abogacía del Estado apuntaba a su suspensión mientras el TSJA resuelva los recursos formulados al fallo que consideró nula la licencia del hotel al afectar a suelos de especial protección.
Proceso judicial
Paralelamente, el presidente andaluz, Manuel Chaves, que anunció en mayo de 2006 que el hotel iba a «desaparecer», trasladó la «obligación» de la Junta de aguardar a la resolución del proceso judicial que, según él mismo ha apuntado, puede durar hasta 10 años.
Dentro de la maraña judicial que deja en suspenso el futuro del hotel, 2008 fue un año especialmente prolífico en el que se dictaron ocho resoluciones adversas a los intereses de Azata, promotora del inmueble que defiende que se gestó como parte de un plan de reconversión turística aprobado por el Consejo de Gobierno en 2004.
Durante el último año, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional avalaron la orden ministerial que fijó en cien metros el deslinde del Algarrobico, con lo que parte de su estructura además de sus piscinas quedaban dentro de los bienes de dominio público.
Además, el TSJA paralizó cautelarmente la aplicación del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este espacio al entender que la nueva calificación del paraje como zona C3 podría suponer la reactivación del hotel. Previamente, el TSJA ratificó la paralización de obras dictada por el juez Jesús Rivera, quien apreció indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por parte del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta, a la que acusó de modificar al margen de la Ley la calificación del paraje en el PORN de 1994 para incluirlo así en las áreas urbanizables.
Tiempo de espera
Mientras la Fiscalía dirime este asunto, el futuro de este simbólico edificio queda en suspenso a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre múltiples cuestiones, entre ellas el retracto ejercido por la Junta o la convalidación de la resolución de utilidad pública adoptada por el Consejo de Ministros.
Por su parte, la promotora del hotel anunciaba la pasada semana que estaba «estudiando» el nuevo contexto en el que las últimas sentencias judiciales han dejado el conflicto generado por la construcción del inmueble, y anunciaba un posible «cambio de posicionamiento» en la estrategia mantenida desde diciembre de 2005.
* Ideal - IDEAL Y AGENCIAS - 23.02.09
Foto: El Algarrobico (Almería), hotel ilegal - elpais.com
Castro Urdiales: Un Ayuntamiento fuera de control
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ELPAÍS/Cantabria* : Ediles que ingresan en su cuenta cheques de una empresa beneficiada por contratos del Ayuntamiento, porque el gerente es compañero de partido. Hermanos de concejales bendecidos con obras municipales que cobran, incluso, sin necesidad de hacerlas. Viviendas construidas sin licencia, sin agua o sin luz, donde los compradores pasean de noche al perro con linterna y lanzan cables por la carretera hasta el depósito de agua más cercano. Urbanizaciones que no aparecen en los mapas, es decir, en los planes de ordenación urbana.
Es una pequeña muestra de las irregularidades que un juez casi recién llegado, Luis Acayro, ha detectado en Castro Urdiales (Cantabria), un municipio a 35 kilómetros de Bilbao, refugio de muchos vascos y nido de constructores en racha, que en 15 años ha cuadruplicado su población. Gobernado por un alcalde tránsfuga del Partido regionalista de Cantabria (PRC), Fernando Muguruza, es un ayuntamiento fuera de control, según un informe del Tribunal de Cuentas.
El juez ha detectado indicios de delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa. La lista de detenciones (18) es aún más larga y salpica a casi todos los partidos. Están imputados, entre otros, el alcalde, su predecesor, Rufino Díaz Helguera (expulsado del PSOE y hoy concejal de obras), cuatro ediles de la corporación actual y seis de la anterior, una docena de técnicos y funcionarios y siete promotores. El juez investiga irregularidades cometidas en más de 30 ejecuciones urbanísticas. Ocupan más de 3.000 folios.
De momento, el juez ha dictado dos autos de procesamiento. El primero, de septiembre de 2008, contra el alcalde, el concejal de Hacienda (PP), la de Cultura (PP) y los ex ediles de Obras (IU), Medio Ambiente (PP) y Deportes (IU), entre otros, por prevaricación y tráfico de influencias. Adjudicaron sin concurso las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño a una empresa, que "ni era especializada en el sector", según el auto, pero cuyo gerente era hermano del entonces concejal de Industria. La empresa, Izeta, cobró 58.765 euros por las obras, que nunca llegaron a terminarse. El túnel está actualmente cerrado por ser peligroso.
La investigación se centra ahora en cuatro promociones de viviendas levantadas sobre el cauce de un arroyo, es decir, sobre lo que podría ser terreno público. De confirmarse, las casas, muchas ya vendidas (los compradores pagaron a Urdicam, una de las promotoras, grandes cantidades en dinero negro, según fuentes conocedoras de la investigación) serían ilegales y susceptibles de derribo. Por eso el juez exigió a los gestores de Urdicam una fianza de más de 4,8 millones de euros. Además, la licencia de obra es posterior al certificado de fin de obra del arquitecto. El consistorio autorizó la construcción cuando ya estaba terminada.
Para que respondieran por este capítulo de irregularidades fueron detenidos recientemente el alcalde, su predecesor y el ex secretario municipal, César Sáiz. Dos abogados acompañaron a Muguruza. Uno de ellos, Luis Revenga, es miembro del consejo de administración de la empresa editora del Diario Montañés, un periódico que ha dedicado varios artículos al juez. En uno de los más recientes, titulado "El juez Acayro, protagonista de una controvertida y mediática instrucción" le advertían: "En Castro no todas las miradas están puestas en Muguruza y sus socios. Otros apuntan al juez".
Tras quedar en libertad, Muguruza manifestó su "decepción con la justicia española" y aseguró haber actuado siempre conforme a lo que le habían indicado los técnicos. Sin embargo, está personado como acusación particular en la causa Fernando Urruticoechea, interventor del municipio entre 2001 y 2006. Asegura que lo hace "para defender el patrimonio de Castro Urdiales", después de que en el ayuntamiento le hicieran "la vida imposible" por elaborar informes en los que manifestaba "las flagrantes ilegalidades que pretendían llevar a cabo". Otro empleado fue hospitalizado con una crisis nerviosa por el acoso de sus superiores, según denunció IU. Ya no vive en Castro Urdiales.
Fueron los informes de Urruticoechea los que pusieron en marcha al Tribunal de Cuentas. El PP, entonces en la oposición, se los envió al tribunal en enero de 2003, pero cuando éste entregó sus conclusiones, en julio de 2008, la situación había cambiado: el PP había acaparado poder gracias a un acuerdo con el alcalde tránsfuga. Y el informe del tribunal no fue difundido.
El Tribunal arranca quejándose porque el Ayuntamiento no les da los documentos que piden. La "falta de control y de procedimientos normalizados en la concesión de licencias urbanísticas", con el consiguiente "riesgo de actuaciones discrecionales", explican, les impide averiguar cuántas se habían concedido entre 2002 y 2005. Destacan que el consistorio ha renunciado a miles de metros de aprovechamientos urbanísticos (lo que los promotores deben cederle en cada urbanización) o su equivalente económico, varios millones de euros. Y cómo desde 1991 hasta 2005 sólo se aprobaron dos presupuestos con "omisiones e inconsistencias".
El dossier de irregularidades, de más de 3.000 folios, sigue engordando. La racha se acabó en Castro Urdiales. Los especuladores necesitan otro nido.
La concejal de los 1.000 euros
Entre la documentación que ha reunido el juez Acayro, figura un cheque firmado por Trapur, una empresa "beneficiada sistemáticamente" por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, e ingresado en la cuenta personal de la concejal de Asuntos Sociales, Elisa Dopico (PP), por valor de 1.000 euros. El gerente de Trapur, Pedro María Llamas López es compañero de partido de Dopico y es miembro del comité ejecutivo y electoral del PP local.
El juez ha procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a Dopico, al alcalde, al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López (PP), y al ex edil de Pedanías, Pedro Revuelta (PP). Considera que su "amistad" con Llamas favoreció que Trapur, "empresa modesta, familiar y deficitaria" se convirtiera en "extraordinariamente rentable".
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Castro Urdiales - 23/02/2009
Foto: Urbanización investigada por estar construida sobre lo que podría ser terreno público- SANTOS CIRILO, elpais.com
Madrid: Una promotora levanta una mansión a gusto de Granados
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PÚBLICO* : El número tres de Aguirre "encargó" el proyecto para una casa de 1.000 metros pero dice que no es suya. La licencia se otorgó a la misma empresa a cuyo nombre estaba el coche que conducía su mujer en 2006. Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros.
¿Para quién se levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados, con o sin boom inmobiliario? Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, "encargó" el proyecto con la idea de comprar la casa. Y se sabe que, tres años después y pese a que la compra nunca llegó a "materializarse", Nieves Alarcón visita asiduamente la obra porque la pareja sigue "interesada" en la vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción de elegir "los suelos de mármol".
"La citan los martes"
Los entrecomillados pertenecen a las declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.
Granados ofrece una explicación insólita: el proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al otoño de 2006 tras el incendio del citado Mini Cooper y sin que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo, Nieves Alarcón "puede aparecer" en el expediente de la licencia. ¿En calidad de qué?: "Como la que se va a hacer la casa", respondió el consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a los responsables de la obra? "Será la propietaria cuando la compremos [la casa], si la compramos", espeta.
"Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo que eso estará a nombre de Obras y Vías", explica.
Sin haber abonado un euro a la promotora inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -"la citan los martes", dice su marido- para abordar la marcha de las obras, según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí "ocho o diez veces" en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar. "Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde, por decirlo clarmaente, dónde está ahí la corrupción o el escándalo".
Pero la vivienda, remacha el también presidente local del PP en Valdemoro, no es suya. "Yo no me voy a ir a una casa que esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi testaferro", argumenta.
Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra estaba "medio parada", se dijo "pues igual la venden", preguntó y comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es una casa domótica- y de climatización.
Granados, que ha visitado "un par de veces" el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de garaje -"para tres plazas", afirma- sino también de piscina, gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y lavadero. Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas, cuentan quienes conocen el proyecto.
El dirigente conservador asegura que no llegó a comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por planta, lo que significa que, en aquel momento de precios disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo 1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de 2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.
Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1 millones de euros. Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro Cid Sicluna.
El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita: los responsables de Vicfidem no ha devuelto las llamadas de este periódico.
Dos pisos ya "pagados"
Aunque Granados reitera que se decidió finalmente a comprar un chalé adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la pareja posee y tiene ya "pagados", lo hará. Y si puede vender su tercera propiedad, el adosado "con hipoteca" donde ahora reside -"costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50"- , también se desprenderá de él. "Antes de entrar en política -aduce el consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero". Su mujer es profesora.
A tenor de sus palabras, también la promotora está interesada en que los Granados formalicen la compra: "Alguna vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una entrada… si tengo dinero".
"Ahora vale 1,2 millones"
Según Granados, el terreno cambió de manos antes de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un tal "Consuelo" cuyos apellidos también desconoce, pese a que su mujer se ha entrevistado con él en la obra "ocho o diez veces" . Y pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones por la casa.
En realidad, la transacción fue parcial y se produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio- y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón fuese fotografiada a su llegada a la mansión.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid - 22/02/2009
Foto: M.PATXOT / G.PECOT - La edificación de la casa está muy avanzada.- publico.es
El Gobierno canario no consigue reducir las viviendas ilegales en los últimos 10 años
LAPROVINCIA* : Las agresiones contra el medio ambiente y la ocupación ilegal del territorio en Canarias se mantienen en niveles muy similares a los de hace una década, cuando inició su andadura la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). En 2008 se abrieron 3.348 nuevos expedientes por infracciones, de los cuales un millar corresponden a viviendas y construcciones ilegales, número similar al registrado en 1999.
La indisciplina urbanística sigue siendo más elevada en Gran Canaria, con 413 expedientes abiertos, mientras que en Tenerife se sitúan en 313. La Agencia ordenó 39 demoliciones durante el pasado año, la mayoría de ellas a costa del infractor. Según los datos oficiales, entre 2001 y 2007 se ejecutaron en Canarias 132 demoliciones tras culminar el largo proceso existente entre la apertura del expediente y el derribo final, que se prolonga una media de cuatro años. En la actualidad existen 300 expedientes con resolución firme pendientes para la demolición final.
Aunque las viviendas y edificaciones continúan siendo el atentado más agresivo contra el territorio, la Agencia ha multiplicado el número de expedientes infractores abiertos por el incumplimiento de la Ley de Residuos y por los vertidos ilegales que siembran por doquier los barrancos y costas de las Islas. El propio director de la Apmun, Pedro Pacheco, reconoce que aunque se ha logrado mantener a raya las edificaciones clandestinas gracias a la labor inspectora, no ha sucedido así con las infracciones medioambientales, fruto de la escasa conciencia social que aún existe en amplios sectores de la población sobre el cuidado del entorno.
Los expedientes abiertos en 2008 por vertederos incontrolados, vertidos ilegales, acumulación de basuras, coches abandonados, residuos peligrosos o aceites usados alcanzaron los 1.737. Gran Canaria lidera también este tipo de infracciones, con 532 expedientes abiertos. Resulta llamativo que sea La Palma la segunda isla con más conculcaciones en materia de residuos (325 expedientes), seguida de Tenerife (314) y Lanzarote (286).
Cuando se van a cumplir diez años desde su creación, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural tiende cada vez más a concentrar sus esfuerzos en detectar las agresiones sobre el medio ambiente, con el fin de frenar la anarquía que aún existe en el control de los residuos. Pacheco cree que existen suficientes adelantos tecnológicos para detectar las edificaciones ilegales sin necesidad del recorrido físico del territorio por los inspectores. A través de las revisiones aéreas o la detección por láser se puede localizar cualquier movimiento y actuar.
Canarias se mantiene aún entre las comunidades más infractoras sobre el territorio, junto a Andalucía y Murcia. Pedro Pacheco también destaca que el Archipiélago es la comunidad autónoma que está realizando un mayor esfuerzo en la detección y control de la indisciplina urbanística, lo que ha supuesto que entre 1999 y 2008 se hayan abierto 30.626 expedientes, 12.485 de ellos por construcciones ilegales.
* La Provincia - RUBÉN ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 22-02.09
Foto: Demolición de una vivienda construida de forma ilegal. LA PROVINCIA/DLP
Galicia: Un total de 121 planes urbanísticos, atascados en el trámite ambiental
ELCORREOGALLEGO* : La Consellería de Política Territorial dio luz verde a un total de 27 plans xerais de ordenación municipal (PXOM) en los escasos cuatro años de esta legislatura. Antes, el anterior Ejecutivo popular había aprobado cuatro planes desde la entrada en vigor de la Lei do Solo en 2002 -y sus posteriores reformas-, y hasta las elecciones de junio de 2005, cuando se produjo el relevo al frente de la Xunta.
De seguir este ritmo en la conclusión de la tramitación de los PXOM, Galicia tardará del orden de 47 años en ver como todos sus ayuntamientos, un total de 315, consiguen ponerse al día y dotarse de una planificación urbanística adaptada a las exigencias de la legislación vigente.
En estos momentos, un total de 121 municipios mantienen atascada la tramitación de la pertinente evalución ambiental de sus PXOM. De ellos, una cuarta parte, 32 planes, cumplirán o superarán los dos años en la misma fase desde que iniciaron este trámite y a pesar de contar con el documento de referencia que elabora la Consellería de Medio Ambiente con las pautas para que los concellos remitan la correspondiente memoria de sostenibilidad.
De los 48 planes que entraron en evaluación ambiental el pasado año 8 no han recibido el documento de referencia de parte de Medio Ambiente, 3 de ellos presentados en los meses de julio y agosto, y el resto en fechas posteriores.
La iniciativa de la adaptación de los planeamientos a la legislación vigente tiene que partir de los ayuntamientos, y la Administración mantiene que cumple con los plazos a la hora de adoptar las resoluciones oportunas.
En todo caso, el atasco en la tramitación ambiental, a primera vista, es achacable a los concellos, ya que en ninguno de los 121 procesos iniciados, los ayuntamientos han devuelto a Medio Ambiente la memoria de sostenibilidad.
No obstante, hasta hace poco los municipios no disponían de medios para afrontar la farragosa tramitación burocrática de un proyecto de la envergadura de un PXOM. Ahora, la Administración ha puesto a su disposición medios materiales y humanos para ayudar a las entidades locales a afrontar estos trabajos. Los más pequeños no tienen que desembolsar ni un euro y para los mayores se han dispuesto subvenciones que cubren los gastos hasta el 90%.
En lo que va de este año, ya han iniciado la evaluación ambiental estratégica una decena de concellos, que mantienen abierto el proceso de alegaciones y sugerencias.
A Coruña y Pontevedra son dos ciudades que, contando ya -en el primer caso desde enero de 2008, y en el segundo, desde julio del pasado año- con el documento de referencia emitido por la Consellería de Medio Ambiente, a día de hoy todavía no han elaborado la memoria de sostenibilidad exigida para que pueda continuar la tramitación y, consecuentemente, se llegue a la aprobación definitiva.
La recepción en los ayuntamientos del informe de referencia es la segunda de 7 fases del procedimiento de evalución y Medio Ambiente tarda en emitirlos entre 2 y 11 meses -como los casos de Cee y Begonte-, aunque la mayoría están entre 4 y 6.
Proceso
Complejo y con múltiples actores
El plazo medio empleado en la elaboración y tramitación de la ingente documentación que requiere un PXOM de una ciudad en Galicia para ser aprobado se eleva a 7 u 8 años, según datos del Colegio Oficial de Arquitectos. Política Territorial es la Consellería a la que compete su aprobación definitiva. Por ello, los concellos -después de elaborar los planeamientos, aprobarlos en el Pleno municipal y sacarlos a exposición pública y estudiar alegaciones- están obligados a presentarlos ante ese departamento. Sin embargo, los PXOM precisan de múltiples informes, emanados de multitud de departamentos, entre otros el preceptivo informe ambiental, en el que muchos concellos se atascan .
* El Correo Gallego - MÓNICA NOGUEIRA - 22.02.09
Foto: Evaluación Medioambiental Estratégica, proceso - elcorreogallego.es
La Fiscalía imputa a 6 alcaldes extremeños por delitos urbanísticos en sus municipios
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ELPERIÓDICO* : Seis alcaldes o exalcaldes extremeños, todos de la provincia de Cáceres, están imputados por la Fiscalía Superior de Extremadura por la presunta comisión de delitos urbanísticos. Se trata de los alcaldes de Ceclavín -Pedro Martín González Mirón (PSOE)-, Talayuela -Raúl Miranda Manzano (PP)- y Brozas -José Félix Olivenza Pozas (PSOE)-; y los exalcaldes de Coria -Joaquín Hurtado Simón (Centro Obrero Empresarial Cauriense)-, Guijo de Santa Bárbara -José Mariano Pizarro (IU)-, y Casas del Castañar -Pedro Vega García (PSOE)-.
En el caso de este último su responsabilidad penal, de existir, ha extinguido por su fallecimiento.
Ninguno de los ediles citados anteriormente están imputados por un asunto similar al de la mujer del alcalde de Villanueva de la Serena, que se construyó, y más tarde tiró, una casa en terreno protegido en el pantano de Orellana, sino por ilegalidades urbanísticas cometidas en sus respectivos municipios, a las que no habrían hecho frente, como marca la ley. Así, la Fiscalía investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística "por la concesión de licencias claramente contrarias a la ley; por la autorización de palabra para la construcción de viviendas ilegales; o por la falta de actuación una vez conocida la infracción de la legalidad, colocando incluso en eventual riesgo a los particulares por la construcción en zonas inundables de ríos", recoge el avance de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Cáceres correspondiente al pasado año.
El último de los supuestos mencionados se registra de forma especial y bastante generalizada en Coria, posiblemente el municipio cacereño donde se contabilizan más infracciones urbanísticas. Así lo reconoce la fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Cáceres, Olga Suárez, que señaló a este diario que el urbanismo de la zona de Coria es el que les está dando más volumen de trabajo, al ser este área de la provincia cacereña, junto con la del Valle del Jerte, la que tiene más edificaciones ilegales.
"Y no son ilegales solo por la zona en la que están, o por carecer de licencias y permisos..., es que en Coria hay además algunos supuestos en los que las edificaciones están en zonas inundables del río, lo que puede entrañar incluso riesgo para las personas. Además, en algún caso la situación de ilegalidad era conocida directa y personalmente por el ayuntamiento y el alcalde", especificó Suárez.
Es precisamente por esta razón por la que en una de las causas, concretamente en la que existen construcciones en zona inundable del río Alagón, está imputado Joaquín Hurtado, que fuera alcalde de la localidad, por el grupo independiente Centro Obrero Empresarial Cauriense (CEOEC) en coalición con el PP, del 2003 al 2007. La fiscal aclaró que ésta "es una causa que se está tramitando y en la que está llamado a declarar como imputado el que era alcalde de Coria cuando se inició, aunque esta declaración aún no se ha producido".
RESPONSABILIDAD Los seis ediles antes citados están imputados, como se ha indicado, por delitos urbanísticos cometidos en sus municipios, pero ¿cuál es la responsabilidad municipal en este tipo de delitos? La fiscal delegada de Urbanismo en Cáceres explicó al respecto que los alcaldes "tienen la obligación de hacer guardar la disciplina urbanística en cuanto a expedientes, y la mayor parte de las conductas delictivas de éstos es por no hacer nada, por hacer la vista gorda, pero esto es igualmente delictivo, porque los delitos se pueden cometer por acción (por algo que haces mal), y por omisión (por algo que dejas de hacer)".
En el caso concreto en el que está imputado el exalcalde de Coria es porque los técnicos de la mancomunidad --son los que cuando ven que hay alguna construcción ilegal tienen la obligación de comunicárselo al consistorio-- ya le habían dicho a él personalmente que esas construcciones eran ilegales y que había que hacer algo, "pero no hizo nada". Es por esto por lo que, en este caso, la imputación al exedil de Coria es por omisión.
Pero es que existen otros casos en Coria, añadió Suárez, en los que aún siendo ilegales, las viviendas cuentan con agua y luz. "Esto significa que desde el ayuntamiento, y pese a ser ilegales, se ha tenido que certificar la licencia; o bien se ha dado la cédula de habitabilidad a unas viviendas que no son legales". Esta, explicó la fiscal, es la otra modalidad de la actuación ilegal de un ayuntamiento, pues "¿cómo certifican a las empresas suministradoras de luz que una vivienda está en condiciones para recibir luz si es ilegal?".
Existe además una tercera modalidad, añadió, que es conceder una licencia pese a que los técnicos estén advirtiendo de que esa licencia es contraria al ordenamiento, que es por lo que en la Fiscalía hay abiertas diligencias previas de investigación contra, por ejemplo, el alcalde de Ceclavín o el exalcalde de Guijo de Santa Bárbara.
Finalmente, otros delitos que habitualmente también se imputan a los responsables de los ayuntamientos son por ejecutar o no ejecutar obras de demolición. Así, por ejemplo, señaló Suárez, hay diligencias abiertas contra el alcalde de Brozas por haber autorizado la demolición de parte de una edificación que está en trámite de ser catalogada como bien cultural, lo que requiere pedir autorización a Patrimonio, "diligencias éstas que aún están en estudio".
NINGUNO EN BADAJOZ Frente a lo que ocurre en la provincia de Cáceres, en la de Badajoz no figuran como imputados en ninguna de las causas incoadas el año pasado por este tipo de delitos ni alcaldes ni ayuntamientos. Lo confirmó así el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia pacense, Agustín Manzano, quien añadió que solo hubo una, que fue instruida anteriormente y que concluyó en el 2008 con una sentencia absolutoria, en la que estuvo implicado el Ayuntamiento de Almendralejo por unos vertidos de residuos sin depurar al río. Matizó, no obstante, que en algunas de las causas iniciadas el año pasado sí figuran los ayuntamientos, pero como ordenantes de derribos o emisores de exhortos anunciando sanciones de persistir las situaciones irregulares.
También reconoció Manzano que las causas relativas a la ordenación del territorio se incrementaron notablemente el año pasado con respecto al anterior, algo que según señaló es debido a las relacionadas con las construcciones ilegales en la zona de Orellana, que se instruyen en el Juzgado de Villanueva de la Serena. Pero insistió en que en ninguna de estas causas --en una de ellas está imputada la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena-- están imputados ni ayuntamientos ni alcaldes.
* El Periódico de Extremadura - 22.02.09
Foto: Coria (Cáceres) , ayuntamiento - picasaweb.google.com
El Consell contrató a dedo a Orange Market entre tres ofertas del mismo gerente
LEVANTE/Valencia* : Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación de la Generalitat en 2004 que dinamitó toda la arquitectura normativa. Vaersa le dio a dedo una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley.
Se "consultaron" tres empresas y todas estaban gestionadas por el imputado Luis de Miguel, uno de los expertos fiscales de la trama.
La empresa Orange Market, contratista de referencia del PP valenciano y pieza clave en la tela de araña de presunta corrupción que tejió Correa, encontró en sus primeros pasos en el mercado la misma buena acogida en la Generalitat que la que tenía en el partido que la gobierna. La firma que hoy preside Álvaro Pérez y a la que entonces ya estaba ligado laboralmente, logró en noviembre de 2004 un contrato a dedo de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), una sociedad 100% pública presidida entonces por Rafael Blasco, por su cargo de conseller de Territori, departamento del que depende la firma.
Juan Miguel Bellver era gerente de la empresa que adjudicó por 138.678 euros una campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Pese a que la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP) y la propia normativa interna de esta empresa obligan a respetar los principios de publicidad y concurrencia de ofertas en el proceso, por la cuantía de ese contrato (disposición adicional sexta del Texto Refundido de esa ley), en este caso se saltaron todos los preceptos al optar por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. La necesaria concurrencia de ofertas fue muy "sui generis". Porque la preceptiva invitación a tres empresas del sector para que presentaran propuestas fue técnicamente un paripé. Además de Orange Market, se pidió presupuesto a Boomerangdrive S. L. y a Down Town Consulting. El administrador único de la primera era Luis de Miguel Pérez. El de la segunda, también. ¿Y quién gestionaba la tercera? Pues el mismo. En el caso de Orange Market, el gerente era también cofundador de la sociedad -en escritura otorgada el 24 de julio de 2003- y prácticamente dueño único, al haber suscrito 3.005 acciones. Todas menos una, que se la quedó, por un euro, Pablo Crespo, quien ahora duerme en prisión.
Down Town Consulting no es otra cosa que el anterior nombre de Easy Concept Comunication. De Miguel, especialista en fiscalidad considerado como uno de los cerebros del entramado societario que ahora se investiga, administraba esta empresa desde hacía seis meses, según documentación mercantil a la que ha tenido acceso este diario.
Las propuestas económicas recabadas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada. Tampoco constan en el expediente del procedimiento, lo que abunda en las irregularidades de esta adjudicación. Y ahí no acaban las anomalías de una contrata que, en la lectura más laxa y amable de la normativa para el Consell, debería haber sido negociado con publicidad, según expertos consultados. Sin embargo, no hubo ninguna licitación publicada en el DOCV, como obliga el propio reglamento de la entidad pública Vaersa, ni siquiera un anuncio en prensa. Al Diario Oficial no acudió la Generalitat ni antes ni después porque la identidad de la contratista también se cubrió de un manto de silencio. Para justificar la adjudicación del contrato se argumentó, como única razón para elegir a Orange Market, la experiencia. Era difícil saber si esa variable pesaba poco o mucho porque los criterios establecidos para seleccionar la empresa no constaban en ningún pliego de condiciones ni en informe técnico alguno.
El propio contrato mercantil, firmado el 12 de noviembre de 2004, presentaba más anomalías, como para batir récords. Una de las más flagrantes: no constaba en ningún sitio que se le hubiera exigido fianza o garantía de cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria. El aval u otro tipo de garantía es uno de los requisito básicos en cualquier encargo de este tipo. En la letra gorda y en la pequeña hubo descuidos en la que fue una de las primeras experiencias de la empresa hoy presidida por Álvaro Pérez con la Generalitat del PP. Por ejemplo, el DNI que consta en el documento no se correspondía con el del representante legal de la empresa, sino con el de la apoderada de la mercantil dedicada al montaje de eventos, saraos y a la publicidad.
* Levante-EMV - Francesc Arabí - 22.02.09
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
Imputan a la alcaldesa de Valls d’Aguilar por un presunto delito urbanístico
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LAMAÑANA/Lleida* : La Fiscalía de la Seu d’Urgell ha imputado a la alcaldesa de Valls d’Aguilar por un presunto delito urbanístico, después de que hayan detectado irregularidades en el cambio de ubicación para la construcción de los nuevos depósitos de agua municipales del núcleo de Noves de Segre.
El pasado miércoles, día 18, la primera edil de Valls d’Aguilar, María Dolores Vidal Guiu, prestó declaración, en calidad de imputada y en presencia de su abogado, en las dependencias de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Seu d’Urgell, quedando posteriormente en libertad. En el transcurso de la declaración, la alcaldesa manifestó que “todo el proceso administrativo para la realización de la obra había sido correcta, que estaba tranquila y que todo se trataba de una maniobra de la oposición”.
Las investigaciones de las presuntas irregularidades comenzaron hace unos meses cuando los tres concejales de CiU del Ayuntamiento -actualmente en la oposición- presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Lleida, quien tras admitirla a trámite ordenó el procesamiento al fiscal de la Seu d’Urgell y éste a su vez a la Guardia Civil.
Todas las pesquisas realizadas, según fuentes cercanas al caso, apuntaban a el Ayuntamiento había cambiado la ubicación de los nuevos depósitos del agua sin la preceptiva licencia medioambiental. Según estas mismas fuentes, la tramitación administrativa había sido correcta, pero el cambio de ubicación de los depósitos se ejecutó sin contar con Medio Ambiente, máxime cuando la zona donde se ha construido en segunda opción es un paraje forestal.
La investigación sigue abierta y ahora las pesquisas van dirigidas a determinar si pudo haber algún tipo de lucro ilícito con este cambio de ubicación, lo que la haría incurrir en un delito de prevaricación.
La alcaldesa de Valls d’Aguilar, María Dolores Vidal, explicó a este diario que en todo momento se siente tranquila y que “todo esto ha sido una maniobra de la oposición, que viene actuando así ,de manera destructiva”.
La primera edil explicó que “en un principio se pensó ubicar los nuevos depósitos en la zona alta del pueblo, donde estaban los viejos, pero el geólogo municipal nos lo desaconsejó por seguridad”.
Fue a partir de ese momento cuando el equipo de gobierno decide darle otra ubicación, “un lugar que tenía la cualificación urbanística correcta, por lo que se podía construir por ley”. Vidal aseguró que poseen todos los permisos, “incluido el medioambiental para la nueva ubicación y lo que quiere es que todo se aclare porque aquí con esto no se ha beneficiado nadie”.
Las obras de los nuevos depósitos empezaron en septiembre y ya están acabados y dando servicio al pueblo.
* La Mañana - Felicidad Pérez 2009-02-21
Foto: Valls d'Aguilar (Lleida) - flickr.com
La Justicia ordena al Concello que derribe ya uno de los bloques de pisos más grandes de Vigo
LAVOZDEGALICIA* : Una larguísima batalla judicial que cubre casi veinte años podría estar en su fase terminal tras la decisión adoptada días atrás por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordena al Concello vigués la demolición total o parcial del edificio conocido como Piricoto. Se trata de un inmueble rodeado de polémica desde su inicio por su proximidad al pazo Quiñones de León y a los jardines que lo rodean.
La licencia para construirlo fue concedida hace veinte años y provocó una gran protesta vecinal en la parroquia de Castrelos. Durante su construcción e incluso para obtener la licencia de primera ocupación se sucedieron las movilizaciones, pese a lo cual se ocuparon las 104 viviendas que incluye.
Más tarde, la reclamación de un grupo de vecinos logró una sentencia inicial de derribo del Tribunal Superior, que años después ratificaba el Supremo. A partir de ese momento se inició una segunda pugna que todavía no ha concluido sobre la ejecución de la sentencia. El Concello ha intentado por todos los medios evitar su cumplimiento ya que el edificio fue construido con licencia y forzosamente tendría que hacerse cargo de las indemnizaciones.
Sin embargo, el TSXG acaba de rechazar el proceso de restauración presentado por el Concello y ordena al concejal de Urbanismo «que en el plazo de un mes se inicien las actuaciones necesarias para la debida ejecución de la sentencia en orden a la demolición total o parcial del inmueble». El tribunal exige que en dicho plazo se redacte el correspondiente proyecto de demolición, del que deberá dar cuenta a la sala de lo Contencioso-Administrativo junto con las medidas que se vayan adoptando.
En un primer momento el Concello había propuesto al tribunal construir una pantalla verde delante del edificio para aislarlo del pazo de Castrelos. Esta iniciativa no fue aceptada por lo que el actual gobierno municipal planteó a los jueces de la incongruencia de derribar este edificio cuando el nuevo Plan Xeral permite construir otros similares o incluso de mayor altura en la misma zona.
Nuevamente la respuesta del tribunal ha sido que no cabe otro cumplimiento de la sentencia del Supremo que no sea demoler «una edificación ilegal».
* La Voz de Galicia - Juanma Fuentes - 20.02.09
Foto: El inmueble construido junto al pazo de Castrelos tendrá que ser derribado total o parcialmente - M. MORALEJO, lavozdegalicia.es
Sant Antoni: Un juez embarga el sueldo al alcalde hasta que derribe una vivienda ilegal
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ELMUNDO/Ibiza* : El alcalde 'popular' del municipio ibicenco de Sant Antoni, José Sala, verá a partir de ahora cómo su nómina se reduce en 1.000 euros al mes por decisión judicial. El titular del juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de Palma ha decidido embargar esta cantidad del sueldo del primer edil -perteneciente al Partido Popular- desde el 1 de marzo de este año y hasta el 1 de Julio. A partir de entonces, la cantidad varía, pasando a ser de 600 euros semanales.
El juez fundamenta su decisión en el hecho de que todavía no se ha derribado un inmueble de la localidad conocido como Can Cretu, propiedad del músico Michel Cretu. La condena permanecerá vigente hasta que se derribe el inmueble. Por su parte, el ayuntamiento de Sant Antoni alega que todavía no ha procedido a su derribo debido a los problemas que está teniendo con el propietario para echarlo abajo.
El pasado mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) rechazó la posibilidad de legalizar la mansión del músico y denegó la prórroga para su demolición solicitada por el ayuntamiento de Sant Antoni, por lo que reiteró que el derribo debía estar finalizado antes del 1 de noviembre, aunque finalmente no fue así.
El Ayuntamiento de Sant Antoni se dirigió en septiembre al juzgado de lo contencioso para plantear la necesidad de una prórroga por la "enorme complejidad técnica y la envergadura considerable del proyecto" para demoler la residencia de Cretu.
* El Mundo - Ricardo F. Colmenero - 20.02.09
Foto: Sant Antoni (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es
6 meses de prisión y 7 años de inhabilitación a la ex alcaldesa de Chipiona
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DIARIODECÁDIZ* : El Juzgado de lo Penal nº3 de Cádiz ha condenado a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación a Dolores Reyes Ramos, ex alcaldesa socialista de Chipiona. La sentencia estima probado que Reyes concedió una licencia para construir una nave industrial en suelo no urbanizable y especialmente protegido.
La resolución absuelve al actual concejal de Urbanismo, José Moreno Duque, y a las ex concejalas María del Valle Romero y María Luisa Gallego, quienes votaron favorablemente la concesión de la licencia en una Comisión Municipal de Gobierno extraordinaria y urgente.
La pena impuesta por la sentencia coincide con lo solicitado por el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, quien rebajó su petición inicial al admitir que hubo dilaciones indebidas en la causa. El fiscal partía con una solicitud en su calificación provisional de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz. La licencia que ha llevado Dolores Reyes al banquillo fue aprobada, pese a que había informes contrarios a su concesión, el 23 de mayo de 2003, dos días antes de las elecciones municipales de ese año. Reyes fue en esos comicios como cabeza de lista del PSOE en Chipiona. Ganó las elecciones, continuó como alcaldesa y en octubre de 2004 dimitió. Actualmente es funcionaria del Ayuntamiento de Chipiona y trabaja en el Negociado de Estadística.
La licencia urbanística para construir la nave la solicitó en febrero de 2003 la empresa Ingeniería Flozaga Guterh S.L., que pretendía levantar en el punto kilométrico 0,700 de la carretera Chipiona-Sanlúcar una instalación para fabricar y reparar maquinaria agrícola.
El fiscal explicaba en su escrito de acusación que seis días después, el 12 de febrero, el Ayuntamiento ya tenía un informe sobre la solicitud elaborado por un ingeniero técnico municipal. Ese informe dictaminaba que no procedía la concesión de la licencia y argumentaba que, conforme al vigente Plan General de Ordenación Urbana, la empresa solicitante pretendía levantar la nave en suelo no urbanizable afectado por el Plan de Transformación en Regadíos Costa Noroeste de Cádiz. Agregaba que conforme al nuevo plan, en proceso de aprobación provisional, la clasificación del suelo era la de "no urbanizable, especialmente protegido, litoral y agrícola intensivo".
El mismo ingeniero emitió un nuevo informe en marzo del mismo año porque lo reclamó una colindante afectada. El fiscal señala que hizo constar en él que, además de lo ya dicho, la cimentación de la obra no cumplía con la separación mínima que marcaban los referidos planes, por lo que no procedía otorgar la licencia.
El concejal José Moreno Duque se mostró ayer satisfecho con la decisión judicial que lo ha absuelto y comentó que él votó a favor de la licencia porque se trataba de un bien de interés social. En aquella época, explicó el edil, en Chipiona no había suelo industrial disponible y el municipio tenía pendiente la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
* Diario de Cádiz - R. Romero/T. Ramos - 18.02.09
Foto: Chipiona (Cádiz) - uca.es
El TSJ rechaza su propio informe pericial para condenar al Ayuntamiento de Sueca
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Sueca por autorizar en 2004 la construcción de 25 adosados en la urbanización Bega de Mar sobre una parcela que era edificable, aunque dos meses después de concederse la licencia de obra fue incluida en los límites protegidos del parque natural de la Albufera.
El gobierno local suecano (integrado por concejales del Bloc, PSPV e Iniciativa) ha recurrido la sentencia ya que se da la paradoja de que, para condenar al consistorio, el tribunal ha tenido que rechazar su propio informe pericial. El fallo también contradice una sentencia del juzgado de instrucciòn número 1 de Sueca, que rechazó hace un año la querella presentada por el PP contra el ex alcalde Salvador Gil (PSPV).
Las pruebas periciales solicitadas por la misma Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV "introducen un excesivo grado de duda privando de trascendencia", alegan los magistrados. El juzgado contencioso número 2 no tuvo en cuenta las pruebas solicitadas por ellos mismos para dar la razón a la Conselleria de Territorio y Vivienda, órgano que denunció al Ayuntamiento de Sueca al considerar que el solar se encontraba dentro del Parque Natural de la Albufera.
La sentencia ha caído como un jarro de agua fría el gobierno suceano, que considera que es "injusta y arbitraria", según el alcalde, Joan Baldoví (Bloc). "La acusación no tiene fundamentos, el mismo TSJCV pidió unas pruebas periciales que luego no admiten", opina Baldoví. "Recurriremos donde haga falta porque sabemos que tenemos la razón", señala el alcalde, "y si hace falta recurrir al Tribunal Europeo lo haremos", zanja el primer edil. El ayuntamiento sostiene que el solar donde iban a ubicarse los 25 adosados se encuentra "fuera del ámbito de suspensión del Parque Natural de la Albufera".
De confirmarse esta resolución, el Ayuntamiento de Sueca podría ser obligado a desembolsar de varios centenares de miles de euros en concepto de indemnización a la empresa constructora. En este sentido, Baldoví asevera que "esta injusta sentencia perjudica seriamente los intereses de la localidad".
La promoción inmobiliariade Andián S.L. se concibió en los lindes del paraje natural por lo que desde el Departamento Municipal de Urbanismo tuvieron que presentar varios informes para corroborar que las obras se encontraban en suelo urbano. El actual alcalde defiende la actuación de los técnicos municipales, de los cuales asegura que "hicieron un trabajo impecable" en la anterior legislatura, en la que el Bloc se encontraba en la oposición. En aquella ocasión, el consistorio interpretó que el solar se encontraba en una zona de edificación abierta aunque la Generalitat se acogió al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y al Plan Rector de Usos y Gestiones (PRUG) del Parque.
El juzgado archivó la querella
contra Gil
El juzgado de instrucción número 1 de Sueca archivó hace ahora un año la denuncia que interpuso el PP contra el ex alcalde Salvador Gil por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente y prevaricación. Aquella querella también era por la polémica urbanización en Bega del Mar. Los populares recurrieron al juzgado en octubre de 2006 por la licencia de obra concedida por Gil para construir 25 viviendas en la urbanización Bega del Mar. Sin embargo, el juez vio legal la licencia de obras ya que, aunque actualmente los terrenos forman parte del espacio protegido del parque natural de l'Albufera, cuando se concedió el permiso de obras dicho suelo tenía la calificación de urbano residencial. El Ministerio Fiscal también solicitó el archivo del caso y el PP decidió no recurrir la sentencia.
* Levante-EMV - Xavier Bosch - 20.02.09
Foto: Sueca (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org
