ELPAÍS/Valencia* : "Menos para vivir mejor", propusieron ayer unos 40 activistas de Ecologistas en Acción, que bloquearon, en una acción pacífica, el canal de acceso al puerto deportivo de Valencia para reivindicar un urbanismo más comedido y racional en la capital valenciana.
Varios buzos de la organización verde formaron -junto al edificio Veles e Vents- una barrera humana en el agua, desplegando varias pancartas flotantes, donde denunciaron las sucesivas ampliaciones portuarias, la construcción del circuito urbano de Fórmula 1, las infraestructuras levantadas a propósito de la Copa del América o la desaparición de la huerta. Para Ecologistas en Acción, que ha celebrado este fin de semana su décimo aniversario, estos excesos del cemento "están convirtiendo Valencia en una ciudad insostenible, donde sus habitantes ocupan un papel secundario". Con el lema Menos para vivir mejor reivindican un crecimiento más sosegado, una ciudad más compacta, donde se prime la defensa del medio ambiente, las necesidades de sus habitantes y se respete la idiosincrasia de los barrios.
* ELPAIS.com - 9.12.2008
Foto: Protesta de Ecologistas en Acción contra el urbanismo sin control- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
Protesta ecologista en el Puerto contra los excesos del cemento
Los políticos acusados de corrupción exigían comisiones de hasta el 66%
DIARIODEMALLORCA* : Lo que comunmente se conoce como comisión o soborno, y en términos legales se denomina cohecho, era llamado "bocadillo" por algunos ´iniciados´ en los tejemanejes de Andratx. Y es que en el municipio que gobernó el hoy recluso Eugenio Hidalgo (PP) estaban tan extendidas las supuestas prácticas del alcalde y su entorno, aún pendientes de demostración judicial, que se había acuñado un argot propio.
Pero no sólo en el ámbito andritxol se han producido cobros de comisiones por parte de responsables políticos. La actuación de los fiscales anticorrupción baleares desde finales de 2006 ha puesto de manifiesto presuntos cobros de comisiones por parte de gerentes de empresas públicas y otros altos responsables autonómicos durante la pasada legislatura.
Según han revelado las pesquisas policiales y judiciales, estas dádivas, ineludibles para lograr determinados contratos públicos o licencias administrativas, llegaban a alcanzar el 66% del total del presupuesto del servicio o proyecto de edificación impulsado por el sobornador, aunque la práctica ´rutinaria´ de las tramas investigadas se situaba entre el 10 y el 40%.
Cuando en diciembre de 2006 la Guardia Civil detuvo al Eugenio Hidalgo, al celador de obras Jaume Gibert y al entonces director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, la fiscalía anticorrupción ya tenía pruebas que, supuestamente, demostrarían que los tres dirigían un entramado que facilitaba licencias de edificación o certificaba la legalidad de obras irregulares a cambio de comisiones que, en general, se situaban en torno al 10% del coste de los proyectos.
El siguiente entramado presuntamente corrupto puesto de manifiesto por la fiscalía fue el protagonizado por Damiá Vidal, que cuando fue gerente de la empresa pública de informática Bitel exigía comisiones en torno al 20% a las empresas a las que contrataba en nombre de la entidad. Ante el juez que le interrogó y le impuso una fianza de 200.000 euros el ex alto cargo se excusó con el argumento de que no sabía cómo frenar el elevado tren de vida que llevaba.
Otra empresa pública, en este caso el consorcio Turisme Jove, fue de 2003 a 2007 el ´nido´ de un grupo de altos cargos políticos presuntamente dedicados al enriquecimiento propio a costa de las arcas públicas. La fiscalía considera que el jefe de Servicios y Mantenimiento del organismo, Juan Francisco Gosálbez, en connivencia con su gerente, Damiá Amengual, y, según ha declarado él mismo, con la participación del entonces director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, exigía comisiones en torno al 20%. No obstante, empresarios imputados admitieron haber pagado hasta el 66% por servicios que cobraron pero no hicieron.
El último de los grupos presuntamente corruptos desarticulado tenía al frente a la que fuera directora del Consorcio para el Desarrollo Económico (CDEIB), Antònia Ordinas, en libertad bajo fianza junto a su pareja, la soprano Isabel Rosselló, por exigir y cobrar comisiones del 40% de los contratos que autorizaba. Ordinas acusa de quedarse parte del ´pastel´ al ex director general, Kurt Viaene, y al ex conseller de Industria Josep Juan Cardona.
Aunque en el caso Son Oms también se investigan comisiones, el hoy diputado Tomeu Vicens habría pactado estas contrapartidas antes de acceder a cargos públicos.
* Diario de Mallorca - TOMÁS ANDÚJAR. PALMA - 9.12.2008
Foto: andratx.net
Marbella garantiza inmunidad por escrito a los dueños de casas ilegales
ELPAIS* : El último gesto de la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, para ganarse la confianza de los propietarios de las 18.000 viviendas ilegales ha sido garantizarles por escrito que no serán ellos quienes paguen para legalizarlas. Esta inmunidad no aparece expresamente recogida en el artículo que el equipo de gobierno del PP ha incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que tampoco garantiza la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la ley del Suelo.
La alcaldesa ha firmado una carta, que se entrega en la exposición pública del PGOU y puede leerse en la página de internet del Ayuntamiento. En ella informa a los vecinos de lo siguiente: "Entre las modificaciones que hemos incorporado al documento en esta nueva fase de tramitación, destaca la inclusión de nuevas garantías jurídicas necesarias para eximir a los compradores que, como usted, adquirieron su inmueble de buena fe, de hacer frente a cualquier tipo de compensación para regularizar la situación urbanística de su vivienda y/o negocio, toda vez que los deberes y cargas se impondrán al titular de la finca y/o promotor de la actuación urbanística".
Entre las modificaciones que el Ayuntamiento ha hecho al PGOU, redactado por la Junta de Andalucía, hay un artículo que incide en que el "promotor originario" de las viviendas ilegales "no queda sustraído de las obligaciones y deberes establecidos por la legislación urbanística". La fórmula jurídica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ningún momento recoge que los dueños de las viviendas no tendrán que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.
El edil socialista Javier de Luis asegura que el escrito de Muñoz es una "medida populista" que no garantiza la protección de los dueños de las viviendas ilegales. "Una cosa es lo que el alcalde prometa y otra muy distinta lo que recoge la ley o el contenido del Plan General", explica De Luis. "En el añadido hecho al PGOU no se hace mención de los compradores de buena fe. Además, la Administración de Justicia no entiende de buena o mala fe, sino de leyes, y no se puede garantizar algo que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no contempla."
En charlas con colectivos vecinales, el redactor del plan, Manuel González Fustegueras, se ha esforzado en dejar claro que la responsabilidad última de una vivienda ilegal siempre se encuentra en la propiedad.
Los socialistas inciden en que el añadido con el que la alcaldesa publicita la inmunidad de los propietarios de las casas ilegales tiene una "redacción farragosa" y "cae por su propio peso" tras una consulta con un abogado. "Cualquier vecino que se informe comprobará que siempre quedará como garantía, que nadie le ha liberado", añaden.
Ésta es la segunda vez que el plan urbanístico, redactado cuando Marbella tenía retiradas las competencias urbanísticas, sale a exposición pública. La primera vez recibió 8.532 alegaciones. De ellas, unas 5.000 hacían referencia al proceso de regularización viviendas a cambio de terrenos para equipamientos y zonas verdes. En su carta, la alcaldesa agradece a los vecinos su participación en el debate social creado en torno al PGOU y "propiciado para alcanzar las soluciones que mejor garanticen tanto el interés público como los legítimos derechos de los particulares". El documento permanecerá en exposición pública hasta el 5 de enero.
Viviendas en orden
- El PGOU de Marbella tiene previsto regularizar más de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema por el que se deben aportar a la ciudad los equipamientos y zonas verdes esquilmados.
- Unas 500 viviendas, auténticos pecados mortales urbanísticos, quedan fuera de ordenación, aunque Muñoz se ha comprometido a luchar para que sean finalmente legalizadas.
- La plataforma de vecinos 29-M, creada para defender la legalidad, impugnará el documento porque cree que los pagos para regularizar las viviendas no son proporcionales al daño causado.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 09/12/2008
Foto: Marbella - malagapueblos.com
Los vecinos del Cabanyal atribuyen las zonas degradas al abandono municipal
LEVANTE/Valencia* : La Asociación de Vecinos del Cabanyal-Cabanyal ha señalado que el hecho de que cuatro de los 12 asentamientos, declarados como tales por el Ayuntamiento de Valencia, se encuentren en la zona, y más cuando tres de los cuatro están en el área por donde se debe ejecutar la prolongación, no es casual y se debe a la política del caos de estrategia urbanística que tiene su ejemplo más claro en la zona de la calle San Pedro.
La organización vecinal culpa de está situación al ayuntamiento y se pregunta qué responsabilidad tiene en esta situación la política desarrollada en estos últimos años por parte de la empresa Cabanyal 2010, que ha alquilado casas inhabitables a diferentes familias y cuál el de la justicia por consentir éste tipo de prácticas de acoso inmobiliario.
Para la organización vecinal el caso más claro es el que se puede ver en la calle San Pedro. En esa zona varias familias se han visto obligadas a aceptar el realojo en lugares como la avenida de los Naranjos. "Y todo porque la encrucijada que les presenta el ayuntamiento es muy clara, y ya dura años. Los vecinos deben elegir entre la degradación y la prolongación porque nadie les ha enseñado que la rehabilitación es posible", comenta la organización vecinal.
Los focos de asentamientos se encuentran en la calle San Pedro y la de los Ángeles; en la calle Progreso y Padre Luis Navarro y en unos terrenos de los llamados Bloques de Astilleros. Las tres se encuentran en el ámbito de la prolongación lineal de Blasco Ibáñez prevista en el planeamiento, mientras el cuarto está en la calle Rosario y Progreso, de la zona conocida como Canyamelar.
La entidad lamenta que aún muchos vecinos les culpen a los hoy directivos de la asociación de ser los causantes de está situación en vez de hacerlo directamente a la alcaldesa, Rita Barberá, que es quien defiende el plan de prolongación de la avenida y la apertura del bulevar de San Pedro, como figura en el plan aún recurrido en el Supremo y pendiente de sentencia.
* Levante-EMV - 9.12.2008
Foto: Cabanyal - elpais.com
Los 'lobbies' de las viviendas ilegales
ELPAÍS/Cádiz* : Construyeron sin permiso, pagaron por sus casas mucho menos que por una vivienda habitual, e infringieron la ley. Pero ahora piden más. En torno a las barriadas ilegales surgidas en Andalucía al amparo del descontrol urbanístico se han creado grupos de presión: vecinos que han unido sus fuerzas para convencer a las administraciones de que pasen por alto los delitos que cometieron, y para rebajar el coste que deben afrontar por la regularización de sus casas.
El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez, ha puesto su mirada sobre ellos. Alerta sobre el poder de estos lobbies cuyas demandan no pueden -o no quieren- ignorar los gobiernos municipales.
"No somos ilegales". Las federaciones vecinales de Chiclana (Cádiz), que protegen los derechos de los propietarios de las casas que desde hace dos décadas comenzaron a construirse sin control en este municipio -hoy hay 15.000-, se agarran a la legislación urbanística. "Construimos sin licencia, pero la mayoría de viviendas tienen más de cuatro años. Son intocables", argumenta Rafael Ortiz, uno de sus portavoces.
Una de las primeras reuniones del recién nombrado alcalde José María Román (PSOE) ha sido con este colectivo, y ya les ha anunciado que rebajará las ordenanzas municipales redactadas por el anterior gobierno local, que preveía el pago de entre 20 y 36 euros por metro cuadrado para alcantarillado, suministro de luz o abastecimiento de agua.
La presión llega en otros municipios por la vía de la movilización. Vecinos de El Puerto y Chipiona han hecho frente común para denunciar el "impacto social" que genera la política de sanciones contra construcciones ilegales y han convocado una manifestación para el día 16. En Chipiona, con unos 300 expedientes de demolición, el propio alcalde, el socialista Manuel García, llegó a reconocer en una carta a la Junta de Andalucía que el derribo podría provocar un "conflicto social", informa Pedro Espinosa.
En El Puerto, el Ayuntamiento (PP) ha creado una mesa sectorial sobre viviendas ilegales -unas 500- dentro del equipo redactor del plan de ordenación urbana, lo que para los ecologistas significa hacer depender el desarrollo de la ciudad de estas construcciones ilegales, informa F. J. Román. Pero éstos no son los únicos casos en la provincia gaditana.
En Vejer, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio va a respetar las viviendas de El Palmar, levantadas sobre suelo no urbanizable, a cambio de que los vecinos ejerzan de controladores y no permitan que se levanten nuevas construcciones.
La urbanización ilegal de Las Pitas se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones públicas en Córdoba y sus vecinos no dejan de manifestarse y presionar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento cordobés en busca de una regularización de su situación, informa M. J. Albert.
Levantada en las inmediaciones del yacimiento arqueológico de Medina Azahara, el suelo donde se encuentra la urbanización Las Pitas fue declarado Bien de Interés Cultural en 2003. Ello ha provocado el procesamiento de seis familias que realizaron obras con posterioridad a 2006, fecha en el que las autoridades empezaron a tomar cartas en el asunto.
A los juicios, los vecinos han respondido con una verdadera campaña de presión, protagonizada por manifestaciones por las calles de Córdoba, cortes de carreteras, concentraciones en las puertas de la Audiencia de Córdoba y marchas a pie hasta el yacimiento arqueológico. Junta y Ayuntamiento se han reunido con los vecinos para explicarles el contenido del nuevo decreto que declara la expropiación de algunas parcelas sin edificar en Medina Azahara. Los propietarios de Las Pitas siguen movilizándose junto a vecinos de otras urbanizaciones de la zona, como La Gorgoja II o Córdoba La Vieja.
La comunidad británica que habita en el Valle del Almanzora, en la provincia de Almería, ha unido sus fuerzas bajo el colectivo AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora No) mediante el cual han reivindicado que se lleve a cabo un plan por parte de la Administración para legalizar las 5.000 viviendas que se encuentran fuera de ordenación en la comarca. El colectivo británico vivió con desasosiego el derribo de una vivienda en Vera, propiedad de una familia extranjera, así como la operación policial denominada Costurero que imputó a concejales y al alcalde de Zurgena por presuntos delitos urbanísticos. La comunidad inglesa ha criticado con dureza el "tardío" funcionamiento de la Justicia contra estos casos.
La visita de una delegación de parlamentarios europeos en 2007 que quisieron ver in situ la situación vivida por las familias británicas también tuvo su efecto meses después para que la Junta intentara resolver la situación. Los británicos escribieron incluso una carta al rey Juan Carlos en la que explicaban al monarca el problema de los residentes, la mayoría jubilados.
Fue en septiembre pasado cuando la Junta anunció que las viviendas construidas sobre suelo no urbanizable en ocho municipios del Valle del Almanzora -sobre las que pesa expediente de disciplina urbanística o procesos penales y contencioso-administrativos- tendrán prioridad en un plan de actuación para dar "solución" al problema. El delegado de Vivienda, Luis Caparrós, aventuró que las primeras estimaciones apuntan a que sólo un 5% de las viviendas quedarían "fuera de ordenación" pese a ocupar dominio público o suelo de especial protección.
* ELPAIS.com - LIBERTAD PALOMA - Cádiz - 07/12/2008
Foto: El Palmar, Vejer de la Frontera - mma.es
Aburridos del Plan Rabassa
MANUEL ALCARAZ RAMOS/Alicante* : Lo confieso: estoy harto, absolutamente harto del Plan Rabassa. Y creo poder decir que algunos buenos amigos y amigas sienten lo mismo que yo. ¿A alguien puede sorprender esta confesión? Va para tres años que algunos orquestamos una pequeña sublevación de las conciencias, en esta ciudad de llanuras éticas, para oponernos a lo que nos parece la mayor aberración urbanística de la historia moderna de Alicante.
La sensación, ahora, es ambivalente: sabemos que hemos conseguido, sin asesores a sueldo ni dinero a espuertas, crear una corriente de opinión crítica lo suficientemente importante como para convertir el Plan Rabassa en un símbolo de otras muchas cosas que en la ciudad sólo se atienen al beneficio privado y a la sinrazón urbanística: ni un solo técnico independiente y respetado ha apoyado el plan, el asunto dio como para que tuvieran que cambiar al redactor del PGOU -poniendo de relieve la miseria política del anterior alcalde- y al portavoz del PSOE, y hasta hubo voces discrepantes entre el empresariado y el PP. Lo nunca visto. Pero, a la vez, somos conscientes de que, por mucha fuerza que atesoremos, estamos destinados, según los parámetros habituales, a la derrota. Salvo, claro está, que el plan lo paren los tribunales, lo que es más que probable. Pero esa perspectiva nos conduce a nuevos años de elaboración de papeles, de pérdida de horas de sueño o trabajo, de rascar el bolsillo. ¿Por qué lo hacemos?
Bueno, yo diría que lo hacemos, aunque estemos hartos del Plan Rabassa, porque alguien tiene que hacerlo, porque si ese hueco no lo cubriera nadie esto ya no sería una sociedad democrática y libre. Y no crea usted que es fácil: muchos luchadores de las primeras semanas se han ido sumiendo en el silencio y no escasean intelectuales de firma fácil que se resignan con una facilidad pasmosa con tal de poder seguir repitiendo que aquí no es posible cambiar nada. Otros críticos se oponen, por fin, pero con una frialdad burocrática que les augura plan para hoy y hambre para mañana. La verdad es que es difícil seguir removiendo conciencias, en la medida en que la madeja se enreda jurídicamente. Tener enfrente maquinarias políticas y empresariales potentísimas jode, por decirlo con claridad. No sé si Sonia Castedo y Enrique Ortiz, o viceversa, han unificado ya sus servicios de agitación y propaganda, pero bien podrían hacerlo en cualquier momento; seguro, además, que la Obra Social de la CAM les daría una subvención. Pero el reparto de faena está muy claro: unos repiten machaconamente lo de la necesidad de empleo y vivienda y otra distrae a la concurrencia con sus macetitas. En conjunto el sepulcro queda muy blanqueado y los cadáveres inconfesables se pudren con prudencia. Y, mientras, a ver si nos aburrimos. Pues sí, yo estoy aburrido, muy aburrido del Plan Rabassa, de repetir que nadie es capaz de explicar en qué se beneficia la ciudad entregando a uno sólo de sus ciudadanos 4 millones de metros cuadrados cuando no se están comprando casas, cuando hay miles vacías, cuando ese mismo ciudadano podría haber hecho VPO y no ha querido, cuando podría estar construyendo en otros sitios y no lo hace, cuando abusó de la buena fe de cientos de personas creando una oficina para su mayor gloria, cuando sus fabulosas ganancias de estos años podrían invertirse en otros asuntos.
Y estoy aburrido de haber ido a otro pleno municipal -al menos hoy no me ha sacado la policía- para no escuchar de la alcaldesa ni un sólo argumento favorable y, sí, unas cuantas mentiras y banalidades contra la oposición. Alcaldesa, por cierto, que se ha reservado la concejalía de Urbanismo, igual que los generales golpistas de repúblicas bananeras gustan de guardarse el Ministerio de la Guerra. Pues eso: otro pleno aburrido y burocrático. Y más cuando es imposible no deducir que la primera decisión, la básica, la radicalmente concluyente sobre el Plan Rabassa, se adoptó en un despacho, con muy poca gente alrededor de una mesa y con unos gestos o pactos implícitos que, seguramente, nunca conoceremos. Y así se va haciendo/deshaciendo la ciudad. Y eso no cambia. Aunque forren la parcelita, a la espera de que otros tiempos aseguren la rentabilidad, con 4 millones de césped artificial que daría gloria, que a lo mejor se ve desde la luna y eso es bueno para el turismo.
O sea, sí, que estoy, que estamos hartos y aburridos del Plan Rabassa. Pero, aún, no lo bastante como para tirar la toalla, para sumirnos en esa rendición y doma que algunos tanto ambicionan para poder justificar sus cobardías. Incluso en algún momento se nos trató de insultar aludiendo a extrañas componendas económicas o políticas -¿cuántos imbéciles predijeron que todo era un montaje para "montar" una candidatura?-. Creo que a estas alturas nadie lo piensa, aunque, claro, se cree el ladrón que todos son de su condición. Eliminadas las que mueven a los señores de este mundo, las razones para perseverar son diversas y pueden discurrir desde el masoquismo hasta el amor leal a la tierra. La mía es muy sencilla: harto y aburrido, aguanto, diciendo stop al Plan Rabassa, para poder mirar a los ojos a Ortiz y preguntarle: "Enrique: ¿hasta cuándo exprimirás a esta ciudad?"; para poder mirar a los ojos a Castedo y preguntarle: "Sonia: ¿qué compromisos o herencias asumiste para poder acceder a la Alcaldía?".
* Manuel Alcaraz Ramos es profesor de Derecho Constitucional de la UA.
* Información - Opinión - 7.12.2008
Casas ilegales condenadas a demolición se salvan porque no hay empresas que las tiren
IDEAL/Jaén* : Ninguna empresa quiere hacer el trabajo de tirar construcciones ilegales condenadas a demolición por sentencia judicial firme. Es el panorama que se están encontrando los ayuntamientos cuando intentan ejecutar las resoluciones de los tribunales de Justicia. En los últimos tres años se acumulan pendientes de ejecución en la provincia más de medio centenar de sentencias que incluyen como reparación del daño la medida de demolición.
Dos tercios de ellas, aproximadamente, se refieren a la capital. Pero no hay forma de ejecutar ninguna.
El que fuera hasta hace unos meses coordinador de la sección de la Fiscalía especializada en combatir los delitos conta el Medio Ambiente en Jaén, Juan Ignacio Fernández Amigo, ha indicado que se conoce esta circunstancia desde hace ya «más de un año». Los jueces condenan al infractor, que debe apechugar con el coste de la demolición. Como no lo hace por su propia voluntad, son los ayuntamientos los encargados de tirar la casa para luego pasarle la factura al condenado. En varias ocasiones se ha redactado el proyecto de demolición y se ha sacado a licitación, que sistemáticamente queda desierta.
Fuentes consultadas en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaén confirman que desde Urbanismo se han licitado varios proyectos de demolición de viviendas ilegales. Pero ninguna empresa se ha mostrado interesada en hacerse con el contrato.
La voluntad del Consistorio jienense de cumplir con las resoluciones judiciales llegó al punto de plantearse adquirir la maquinaria necesaria para hacer el trabajo, y evitarse así tener que contratarlo, informan desde Medio Ambiente. Pero el alto coste de las inversiones necesarias y la ruina de las arcas municipales llevaron al dique seco esta decisión. Al menos de momento.
Desde Medio Ambiente indican que incluso el Consistorio llegó a intentar demoler una casa en La Mella cuyo propietario fue absuelto por la Audiencia de un delito urbanístico (que antes un juzgado de lo Penal había considerado probado). Los ayuntamientos son competentes para demoler por vía administrativa. Si encuentran a alguien que quiera hacerlo.
* Ideal - JUAN ESTEBAN POVEDA - 7.12.2008
Foto: Zona Protegida. Paraje de la Mella en Jaén. /IDEAL
La Costa de "los terceros de buena fe"
ELPAÍS/Málaga* : Las asociaciones de vecinos afectados por irregularidades urbanísticas han descubierto la mejor manera de hacerse oír por los ayuntamientos de la Costa del Sol: olvidarse del de asociación y pasar a llamarse "plataforma".
En Marbella, la más influyente es la Plataforma de afectados por el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). Este grupo, liderado por José Ortiz, engloba a los propietarios de las viviendas que el documento urbanístico considera ilegales y sobre las que pesa la posibilidad de la demolición. Estos propietarios, que se califican a sí mismos como "terceros de buena fe" -compradores que adquirieron sus viviendas sin saber que eran irregulares- también rechazan la posibilidad de pagar compensaciones al municipio a cambio de la regularización de las casas.
La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz (PP), ha cultivado ampliamente la amistad de este grupo, que nunca ha cargado contra ella en sus protestas. En octubre de 2007, antes de la aprobación provisional del PGOU, la plataforma sacó a la calle a 2.000 vecinos contra el plan urbanístico que consideraban "impuesto desde Sevilla".
Frente a este grupo, se encuentra la Plataforma Vecinal 29-M, fecha del inicio de la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Este grupo, de unos 3.000 vecinos, aglutina a los realmente perjudicados por los desmanes urbanísticos de la era Gil y cuenta con la asesoría legal de la abogada Inmaculada Gálvez. El colectivo exige el cumplimiento de unas 40 sentencias firmes de demolición y plantea impugnar el plan urbanístico al entender que "es una ley de amnistía y no profundiza en las responsabilidades de las infracciones urbanísticas que se han cometido en Marbella", con más de 18.000 viviendas ilegales.
Los vecinos de Mijas que viven en las 1.700 casas diseminadas con expediente de demolición se miran en la plataforma de José Ortiz. A pesar de que su asociación ha forzado un pleno sobre sus casas, se quejan de que el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), no paraliza los expedientes mientras se revisan.
En Estepona también luchan por regularizar los campitos, las viviendas aisladas de las afueras. Este grupo denuncia que mientras a ellos les ponen multas por sus casas, empleados municipales han construido en zona agrícola impunemente.
* ELPAIS.com - F. J. P. / J. V. - Málaga - 07/12/2008
Foto: Marbella -elpais.com
Alcaldes en el banquillo
DIARIODEMALLORCA/Editorial* : La imagen de diez alcaldes o ex alcaldes del PP, dos cargos más de este mismo partido y dos funcionarios públicos, sentados en el banquillo de los acusados, ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, es de las que hacen época. Supone un nuevo paso adelante en la campaña emprendida por la Fiscalía contra la corrupción tras haber dado en la diana en otros casos, quizás de mayor envergadura e impacto, pero que no implican a tantos políticos como éste. La trama montada por el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, para legalizar su casa, construida o reformada de manera presuntamente ilegal en suelo rústico, no hubiera tenido la repercusión que tiene si no fuera por sus protagonistas.
Irregularidades grandes y pequeñas en la foravila las encontramos por doquier, pero el hecho trascendente está en quién las ha podido cometer: un alcalde, con el amparo de otros diez alcaldes de su mismo partido, que son -en teoría- quienes debían velar por la legalidad en sus respectivos municipios.
Desde el punto de vista de la construcción ilegal en suelo rústico, el caso caballistas podría no ser un asunto tan grave, habida cuenta de la proliferación de irregularidades que encontramos a lo largo y ancho de la geografía insular. Sabemos que muchos alcaldes han sido tolerantes con este tipo de construcciones por motivos de vecindad, por conveniencia electoral o por falta de medios de algunos ayuntamientos para ejercer el control -y de ahí que el Consell se haya visto obligado a crear un organismo supramunicipal para evitar estos compromisos-, pero tal cosa no disculpa el incumplimiento de la ley, como en el caso del que hablamos, denunciado en su día por Diario de Mallorca. ¿Dónde empieza la corrupción? ¿Hay una corrupción menor y otra en mayúsculas? La corrupción no tiene medidas, pero lo que para nosotros estuvo claro desde el principio es que el entonces alcalde de Ses Salines había traspasado la raya, en caso de que la hubiera, y así lo entendió la Fiscalía.
La disciplina urbanística no obedece a razones exclusivamente recaudatorias por parte de los municipios o al capricho de los legisladores y de los responsables municipales de turno, sino que es, o debiera ser, de interés general para el uso de un recurso escaso como es el territorio y el paisaje. En esta cuestión hay que ir con mucho cuidado. Y, por eso, no es nada ejemplar que unos alcaldes se muestren tan poco prudentes o, en el caso de Vidal, pretendieran legalizar su casa con el pretexto de ser sede de una agrupación de caballistas, cuya actividad, por otra parte, es absolutamente respetable. Ese carácter ejemplarizante es, precisamente, lo que mejor define el juicio al que hemos asistido esta semana. Las leyes son iguales para todos los ciudadanos y nadie, por muy alcalde o influyente que sea, puede infringirlas.
Es por eso que si algo ha chirriado estos días en relación al caso caballistas es la declaración del nuevo portavoz del Partido Popular, Carlos Simarro, al querer minusvalorar la importancia del juicio y denunciar una supuesta orquestación judicial en contra de su partido. A estas alturas, con tantos juicios por corrupción en marcha, apelar a una persecución política es un auténtico sarcasmo que no ayuda, en absoluto, a que la sociedad retome la confianza en los partidos y las instituciones. Ver a diez alcaldes sentados en el banquillo, sean del partido que sean, no contribuye a restituir esta confianza, pero ojalá sirva para que los ciudadanos crean en la Justicia y sepan que los delitos, por insignificantes que a algunos les parezcan, no quedan impunes.
* Diario de Mallorca - Editorial - 7.12.2008
Arca denuncia el incumplimiento de la Constitución en materia urbanística
CANTABRIACONFIDENCIAL* : La asociación ecologista Arca denunció el incumplimiento de la Constitución española, con motivo del treinta aniversario de su aprobación. En un comunicado, Arca aseguró que "la intervención de los poderes públicos en política territorial y urbanística sigue sin dar satisfacción a los derechos constitucionales de acceso a una vivienda digna y disfrute de un medio ambiente saludable".
La asociación ecologista incidió en el incumplimiento "sistemático" del artículo 47 de la Carta Maga, que exige regular "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", y que establece que el conjunto de la población "participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
"El urbanismo en Cantabria ha generado unas plusvalías multimillonarias, pero la población no ha recibido participación alguna, sino que ha sufrido un deterioro ambiental y una espiral de precios y endeudamiento sin comparación en el conjunto de la Unión Europea", aseveró Arca.
* Cantabria Confidencial - 6.12.2008
Foto: Cantabria - abc.es
Los arquitectos denuncian que el decreto para modernizar hoteles se salta todas las normas urbanísticas
DIARIODEMALLORCA* : El decreto ley de medidas urgentes que está ultimando el Govern para simplificar los trámites de las obras de reforma de establecimientos hoteleros no ha caído bien entre uno de los principales colectivos afectados, los arquitectos, cuyo decano, Luis Corral, es de la opinión de que se salta todas las normas urbanísticas y turísticas y convertirá a Balears en "un territorio sin ley".
Para el decano de los arquitectos de Balears, esta "libertad de manos" que se dejará a los empresarios turísticos puede propiciar una normalización de plazas ilegales que se traducirá en un aumento de camas en "claro detrimento de la calidad de los establecimientos hoteleros".
Las obras orientadas a la mejora de servicios o a la implantación de nuevas actividades empresariales o profesionales en los establecimientos hoteleros quedarán excluidas, según sostuvo Corral, del cumplimiento de las normativas urbanísticas y turísticas vigentes en la actualidad.
Cabe recordar que el decreto contempla la posibilidad de suspender por un periodo de dos años la satisfacción de estos requisitos legales con el objetivo de modernizar la planta hotelera y beneficiar a otros sectores muy vinculados a la industria turística como el de la construcción.
Corral considera que "se va a permitir la mejora de los servicios de un hotel al margen de la vigente ley general turística y, además, si la actuación incumple igualmente el actual planeamiento urbanístico, ¡pues no pasa nada!".
El decano del colegio de arquitectos de Balears criticó además el hecho de que este decreto ley suponga un agravio comparativo para los empresarios hoteleros que hasta el momento han modernizado sus establecimientos cumpliendo la legalidad vigente, de la misma manera que lo será para otros sectores económicos no beneficiados por esta norma.
"¿Qué le impedirá a un empresario industrial querer construir unas naves industriales en pleno suelo rústico si ve que a los hoteleros se les permite?", se preguntaba Corral.
"La calidad de los establecimientos decaerá con esta permisividad y habrá hoteles de cuatro estrellas de primera y de segunda categoría según las reformas y dotación de servicios se hayan hecho cumpliendo o no una normativa que se ha puesto para algo", señaló el responsable de los arquitectos.
Este norma que perfila el ejecutivo autonómico ya está despertando una fuerte contestación incluso en las propias filas del Govern. El Bloc ya ha anunciado su oposición a un decreto que, aclaró, aún tiene que ser consensuado y al que los consells insulares, las instituciones competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio, deben dar su visto bueno. La organización ecologista GOB también está muy atenta a cómo se desarrolla esta medida.
* Diario de Mallorca - I.OLAIZOLA. PALMA - 6.12.2008
Foto: Panorámica de Palma desde el castillo de Bellver - wikipedia.org
La Fiscalía comprobará si hay casas ilegales en los pueblos sin expedientes sancionadores
LEVANTE* : La Fiscalía de Valencia comprobará si hay construcciones ilegales en los términos de los ayuntamientos que no han abierto ningún expediente urbanístico sancionador. El delegado de medio ambiente ya ha recibido la respuesta de tres municipios, de los 284 que hay en la provincia de Valencia, a los que se les ha requerido que cumplan con la Ley de Urbanismo Valenciana (LUV) y le remitan todas las infracciones urbanísticas para constatar si hay delito.
De los tres primeros ayuntamientos que han respondido al requerimiento de la Fiscalía, sólo Llíria ha remitido los 220 expedientes sancionadores que tienen abiertos por construcciones ilegales en su término municipal.
Mientras que Alfara del Patriarca y Bicorp han contestado negativamente comunicando que "no hay ningún expediente sancionador abierto".
Respecto a Llíria, el fiscal Joaquín Baños explicó que éste y Chiva son de los pocos municipios que han remitido a la Fiscalía los expedientes sancionadores de forma normalizada y ya hay 50 en investigación.
De hecho, recordó Baños, "en 2007 solo seis ayuntamientos -de un total de 284 en toda la provincia de Valencia- han remitido las infracciones urbanísticas en cumplimiento de la ley".
En cuanto a los dos municipios que han negado tener expedientes sancionadores en los últimos tres años, desde que está en vigor la LUV, la explicación puede ser, según Baños, "o que se respeta escrupulosamente la ley y no hay construcciones ilegales, o que el ayuntamiento no hace nada porque se cumpla".
Para comprobarlo, la Fiscalía tiene la posibilidad de oficiar a la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil para que constate si hay chalets recientes o en construcción. A través de un sistema GPS, se localiza el chalet físicamente y, con el Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas), se comprueba su posición en el catastro.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 6.11.2008
Foto: Bicorp - comunitatvalenciana.com
Una burbuja de corrupción
IVÁN GONZÁLEZ ALONSO* : La Constitución española garantiza “el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna”. Lo mismo pregona la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero la compra y retención especulativa de grandes extensiones de suelo por constructores y grupos de presión ha supuesto que ese derecho se vea en todo el mundo más vulnerado que nunca. De los más de 25 millones de viviendas que hay en España, se estima que casi 4 millones se encuentran vacías. Están en manos muertas, no son ni residencia periódica ni esporádica del propietario. No producen beneficio alguno para la sociedad.
La Constitución española garantiza “el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna”. Lo mismo pregona la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero la compra y retención especulativa de grandes extensiones de suelo por constructores y grupos de presión ha supuesto que ese derecho se vea en todo el mundo más vulnerado que nunca. El exceso de la oferta no ha contribuido en este caso a bajar los precios.
La especulación inmobiliaria es equiparable a la especulación bursátil, aunque ésta presenta más riesgos, pues resulta difícil que el precio de la vivienda se desplome de un día para otro. Su mecanismo se basa en la retención de viviendas durante un período de tiempo para que su precio aumente y luego cambiarlas por dinero, con el que se comprarán nuevas viviendas para volver a especular con ellas.
Si hay una causa que ha favorecido la carestía de la vivienda y la práctica especulativa en España, ha sido la Ley del Suelo del 13 de abril de 1998, aprobada por el antiguo Presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Según la misma, pasa a ser potestad de los ayuntamientos la decisión de qué suelo es urbanizable y cuál no lo es. Decisión en muchos casos arbitraria, inclinada hacia el lado de la balanza que disponga de más dinero para los propios ediles y concejales.
La liberalización del suelo conlleva la corrupción urbanística, plasmada en recalificaciones de dudosa legalidad. El engranaje de corrupción comienza con el soborno a las autoridades municipales con elevadas cantidades de dinero, para que estas autoricen la edificación en suelo municipal. El dinero que desembolsan los constructores para la compra de voluntades se ve compensado con el aumento del precio de la vivienda. El comprador de la vivienda y las zonas con gran riqueza natural sobre las que se asientan las nuevas viviendas son los grandes perjudicados.
Dunas, deltas de ríos con toda su riqueza natural, humedales, montes y bosques, nada escapa a las ansias edificadoras de los constructores. Los promotores arañan metro a metro los pocos espacios vírgenes que quedan en el mundo. La saturación completa del litoral ha desplazado la fiebre inmobiliaria hacia las zonas del interior. La declaración de los parques naturales como espacios protegidos no es impedimento para la edificación. Quienes más se han enriquecido en España en los últimos años son los promotores inmobiliarios, muchos de ellos de origen humilde, que han sabido ascender en el escalafón social a base de actuaciones ilegales, de sobornos y amenazas, todo ello en connivencia con alcaldes y concejales sin escrúpulos. La corrupción urbanística no entiende de partidos políticos, y afecta también a las arcas de los estados, porque casi todo el capital que mueve es dinero negro, que no cotiza ni crea riqueza.
Existe en nuestros días una obsesión generalizada por tener un piso en propiedad. La sociedad está convencida de que es sinónimo de éxito, de realización personal. Por ello en España tan sólo el 11% de las viviendas se encuentran en régimen de alquiler, y casi todas ellas a manos los estratos sociales con una posición económica más débil. Este dato asciende al 40% en otros Estados europeos como Francia u Holanda, donde se bonifica el alquiler. En Suecia se llegan a derribar las casas que permanezcan desocupadas durante un tiempo determinado. En Estados Unidos es práctica habitual en algunas ciudades que los propietarios que especulan con la vivienda eviten el pago de impuestos especiales, ocupándolas de forma temporal con personas sin hogar, a las que devolverá a la calle en cuanto desee la venta del inmueble. La solución pasa por aplicar gravámenes sobre la vivienda desocupada y luchar con mayor eficacia contra la corrupción urbanística. No debemos olvidar que 1.400 millones de personas en el mundo carecen de un techo, ni que el derecho a la vivienda se sustenta sobre argumentos éticos, pero también legales.
* Iván González Alonso. Periodista. Centro de Colaboraciones Solidarias.
* Revista Fusión - 5.12.2008
El TSJ anula el PAI Torre d´Onda de Burriana
LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el Programa de Actuación Integrada (PAI) Torre d'Onda de Burriana "por ser contrario a derecho". Según explica el abogado de los denunciantes, uno de los motivos por los que se ha anulado el PAI es por la aprobación de las modificaciones por un órgano incompetente ya que el ayuntamiento aprobó modificaciones que debería haber aprobado la Generalitat.
"La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, ley por la que se tramitó el PAI, establece que las modificaciones de tipo estructural las ha de aprobar la conselleria", añade el abogado.
Otra causa de anulación es que el proyecto que ratificó el Consell es diferente al que se dio por bueno en el ayuntamiento por lo que la cédula (licencia de obras) que se concedió desde la conselleria no es válida para hacer el PAI programado por el consistorio. "Por poner un ejemplo es como si te dieran una licencia para hacer una casa e hicieras un bloque de pisos", aclara el abogado.
El tercer motivo por el que se considera no ajustado a derecho es que las propiedades de los vecinos denunciantes deben ser excluidas del PAI por ser suelo urbano consolidado al contar con los servicio propios de la malla urbana. No obstante, dichas parcelas no quedarán excluidas del Plan de Regulación Interna (PAI) de tal forma que "si se necesita expropiar un terreno para hacer una calle se podrá hacer pero con las indemnizaciones correspondientes", aclara el abogado del caso.
Dos años de espera
Los vecinos afectados por el PAI Torre d'Onda presentaron cinco recursos en el año 2006, año en el que se aprobó definitivamente el programa urbanístico. La denuncia se basaba en su disconformidad con las directrices que marcaban el plan y que afectaban directamente a sus parcelas.
Este mismo año, el consistorio modificaba el PAI para incluir alguna de las alegaciones de los afectados, según aseguró el concejal de Urbanismo, Javier Perelló. El edil, quien afirmó que el nuevo proyecto anulaba al anterior, declaró que dicha modificación tendría que servir para que los vecinos retirarán la denuncia.
Los propietarios de las parcelas protagonizaron algunas de las escenas más insólitas en los plenos. Durante dos años, aproximadamente, han asistido a todas las sesiones plenarias, en ocasiones disfrazados de presos, hasta que el entonces alcalde del PP, Alfonso Ferrada, les prohibió la entrada si no iban de paisano.
* Levante-EMV - Nerea Soriano - 6.11.2008
Foto: protestas. Los vecinos afectados asistieron a los plenos disfrazados de presos como protesta en la forma de tramitar el proyecto - vicent mart, levante-emv.com
Imputan al regidor y a cuatro ediles de Trives por prevaricación urbanística
LAVOZ/Ourense* : El Juzgado de Primera Instancia de Trives ha llamado a declarar a los cuatro concejales de la localidad ourensana que en el año 2006 aprobaron la recalificación del solar que antiguamente ocupaba la biblioteca municipal para que se pudieran construir viviendas en él. El juzgado ha pedido al Concello de Trives que le facilite los nombres de esos cuatro ediles, todos ellos del PP, para imputarles un delito de prevaricación urbanística.
El alcalde, Luis Álvarez, que ya está imputado por este asunto, aclaró ayer que los concejales afectados son Constantino Martínez, Isauro Pérez, María del Carmen Barja y Pío Domínguez.
Los hechos a los que se refiere el caso tienen que ver con la antigua biblioteca municipal de Trives. Trasladado el servicio, el inmueble se quedó sin uso y el Concello de Trives decidió cambiar la calificación urbanística del solar de dotacional a urbanizable. Esa resolución se tomó en el año 2003 y tres años después se acordó la venta de la parcela a Construcciones Rodrigo para levantar un edificio de tres alturas para viviendas.
Las obras estuvieron envueltas en polémica desde el principio porque el solar donde se ubicaba la biblioteca es anexo al colegio trivés. El hecho de que el edificio en obras tuviera luces abiertas hacia el patio y de que se instalase una grúa de construcción en su interior provocó las quejas de la asociación de padres.
La Consellería de Educación tomó cartas en el asunto y ordenó la paralización del proyecto. Urbanismo también optó por anular la licencia de obras otorgada al constructor, pero el alcalde no atendió ambos requerimientos y las obras continuaron hasta que, tras las elecciones, cambió el gobierno municipal.
Relación con la moción
Antes de la renovación de la corporación, un anónimo enviado a la Fiscalía llevó el asunto a los juzgados, pero el caso fue desestimado. El nuevo alcalde, el independiente Francisco José Fernández Blanco, ordenó parar las obras y volvió a presentar una denuncia cuando asumió el cargo.
Sin embargo, una moción de censura impulsada por el PP con el apoyo de dos tránsfugas del PSOE devolvió a Luis Álvarez la alcaldía y este autorizó la reanudación de las obras. A pesar de todo, la denuncia presentada por el ex alcalde independiente -que ahora relaciona su censura con intereses urbanísticos- fue atendida por la Fiscalía, que es la que ha solicitado ahora la imputación de los ediles.
* la Voz de Galicia - Miguel Ascón - 6.11.2008
Foto: Trives - ourensenet.com
Denuncian en el juzgado un plan urbanístico de Tenerife por 'prevaricador'
CANARIAS7* : La Asociación Europea de Participación Ciudadana ha denunciado hoy en el juzgado nº7 de Arona al redactor del Plan General de Ordenación del municipio y a los concejales que lo aprobaron, además de pedir su suspensión urgente, porque el documento es "prevaricador y delictivo al ser redactado bajo presión política".
Así lo anunciaron en rueda de prensa representantes de la citada asociación y el abogado que representa a este colectivo, Felipe Campos, quien manifestó que el martes también pedirán a la Comisión de Ordenación Territorial y de Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) que suspenda la tramitación del Plan General de Ordenación (PGO).
La denuncia está relacionada con la divulgación de una información periodística según la cual el redactor del PGO, Jorge Coderch, ha reconocido que "conscientemente" introdujo irregularidades en este documento "por presiones de los concejales", según Campos.
Por ello la denuncia también se ha extendido a los concejales que aprobaron en un pleno celebrado el viernes por el Ayuntamiento de Arona modificaciones que en opinión del abogado excedían los requerimientos de la COTMAC, que hace dos años aprobó parcialmente el PGO con la condición de que se subsanasen determinados aspectos.
Para Felipe Campos este asunto es "de una gravedad extrema" y supone "un caso inédito y único en España", ya que el redactor de un plan urbanístico reconoce que lo elaboró "a la carta y bajo presiones políticas".
La asociación denunciante entiende que se ha cometido un delito continuo de prevaricación urbanística y contra el territorio y según dijo su abogado, no se puede tolerar "porque sería kafkiano" que este documento regule la gestión urbanística del municipio "cuando su propio redactor reconoce que hizo una prevaricación".
A su juicio, sería conveniente que la Comunidad Autónoma "de forma inmediata" interviniese en este asunto, de manera que se redacte un plan que responda a la legalidad y a los intereses de los ciudadanos, y reclamó la dimisión "inmediata y fulminante" del alcalde de Arona, José Alberto González Reverón.
"No se trata sólo de irregularidades administrativas, sino de que el documento en sí mismo es delictivo", apuntó Campos, quien subrayó que el reconocimiento del redactor confirma las sospechas de que el planeamiento urbano de Arona se ha hecho "a la carta", por lo que este asunto "se incardina con el caso Arona" que investiga el mismo juzgado.
* Canarias 7 - EFE - 5.11.2008
Foto: Ayunamiento de Arona (Tenerife)- google
Alicante/PGOU: una chapuza a la medida
ÁNGELES CÁCERES* : No escarmientan. La crisis brutal que sacude al mundo ha hecho saltar por los aires el falsamente hinchado mundo del ladrillo, mandando al paro a miles de trabajadores. La sobreexplotación urbanística y su destrozo medioambiental, en una provincia con escasísimos recursos hídricos y una desertización galopante, es incontestable. La capital está plagada de viviendas vacías, y las urbanizaciones llenas de cajitas de cerillas sin vender. Pero las mentes preclaras que, a todo correr porque se les vence el plazo, han diseñado el nuevo PGOU, manifiestan sin empacho que "se ha hecho para que Alicante pase de 300.000 habitantes a 500.000, porque eso es lo que queremos". Olé sus huevos.
Y quieren que ese crecimiento insostenible se realice a costa de cargarse las partidas rurales. Por eso han hecho un PGOU que de un plumazo arrasa toda una forma de vida secular, respetuosa con el entorno y perfectamente integrada en él. Y quieren, así lo repitió hasta la saciedad el señor Quesada, cuadricular el campo en parcelitas iguales de 500 metros con calles asfaltadas, farolas y carril bici junto a la calzada (¡ É!) "para que ustedes vivan tan bien como los que viven en la calle Maisonnave". Chúpate esa.
Así que el jueves 27 de noviembre se presentaron en el bar El Casal del Rebolledo, en el que no cabía un alfiler, el arquitecto Quesada, un miembro de su equipo, la alcaldesa Castedo y el concejal Sobrino, que alardeó de haberse pateado hasta el último palmo de terreno "en los 100 días y 100 noches que hemos pasado trabajando sin parar para redactar el Plan"; aunque le desmontaron el alarde, ya que en muchas partidas no le habían visto el pelo. Lo de los 100 días y las 100 noches lo repitieron hasta el cansancio, como si fuera un mérito a agradecer; del por qué habían mantenido el PGOU bloqueado tantos años y han tenido que hacerlo a correprisa, no dijeron ni mú. Claro.
Se presentaron con actitud entre prepotente y condescendiente, dispuestos a conformar a cuatro garrulos y seguros de que nadie les iba a sacar los colores. Y no se los sacaron porque están curtidos, pero al final Castedo abandonó la silla y se salió, y Quesada acabó con la cabeza entre las manos, abrumado por una batería de preguntas para las que no había respuesta, por lo que se quedaron sin responder: ni por él, ni por la alcaldesa. Pero quedó claro, (Quesada lo repitió varias veces), que en el PGOU había muchos errores "porque no hemos tenido tiempo de hacerlo mejor". Y aunque intentaran marear la perdiz, quedó claro también que el Plan recogido en DVD, no está completo ni pueden abrirse varios anexos. Y que, a su conveniencia y sin potestad para ello, a la línea recta del AVE trazada por ADIF le han dibujado una curva gigantesca, que deja al Bacarot como la gran (y única) reserva de suelo por donde en un futuro se podría meter ladrillo para agigantar Alicante. Y que lo que se presenta como vergeles, para cumplir con los metros que Europa exige como parques naturales y suelo no edificable de especial protección, son eriales de piedras y alacranes, o polígonos industriales, o el campo de entrenamiento del Hércules que el señor Ortiz acondicionó para poder levantar sus rentables torres en el corazón de la ciudad; pero es que a Europa hay que callarle la boca, porque si no, no suelta dineros. Y que La Alcoraya había sido borrada del mapa y señalada como zona inundable; si bien no se mentó que la alcaldesa pedánea había alentado a los vecinos a pedir ayudas por cada gotera que tuvieran, aunque fuera de una teja rota, y las ayudas se dieron, dando con ello al Ayuntamiento argumentación para declarar inundable toda la zona. Y que cuando a Castedo se le preguntó si habían sido vendidos determinados terrenos respondió con altivez "yo no los he comprado", pero cuando se le repreguntó "¿y el señor Ortiz?", calló.
Quedó claro, en definitiva, que el PGOU es una chapuza hecha a la medida de los depredadores del urbanismo feroz. Y debe saberse que el PGOU completo está encerrado en una caja fuerte, bajo la responsabilidad de un desertor del PSOE al que Alperi le puso un despachazo; y que cuando Ecologistas en Acción exigió ley en mano una copia se le proporcionó escaneada con baja resolución, por lo que gran parte del escrito, especialmente lo relacionado con las vías de tráfico, es absolutamente ilegible. Tal vez ello explique lo que el señor Quesada no fue capaz de explicar, o sea, que en la exposición que hizo del PGOU no aparecieran ni Fontcalent ni la vía rápida de cuatro carriles; que, dicho sea de paso, es por completo innecesaria. Vía que, puesto contra las cuerdas, confesó ignorar si sería de 50 metros de ancha o de 80É pero que, desde luego, tendría carril bici: una necesidad de primer orden entre los bancales.
El señor Quesada se pasó tres horas echando balones fuera, mascullando "no lo sé", "no hemos tenido tiempo", "lo hemos puesto por ahí pero a lo mejor va por otro sitio", "me equivoqué, es un error" y otras lindezas, acompañadas del aviso "si piensan alegar háganlo pronto, porque si lo hacen a última hora no tendremos tiempo de estudiar las alegaciones"; le faltó decir "y las denegaremos de un plumazo", pero se le entendió. Eso sí: la alcaldesa Castedo no dejó de alardear de su pretendida llaneza, tuteando y dejándose tutear por los vecinos de las partidas. Aunque cortara muchas exposiciones con un: "lo que tú quieres decir, Pepe (o Juan, o Antonio), es É" y acto seguido le diera la vuelta a lo expuesto, para decir exactamente lo contrario de lo que el vecino había dicho.
Lo bueno de la penosa reunión del Rebolledo es que la gente, con sus móviles, estuvo grabando imagen y palabras para que quedara constancia. Lo malo, que todos sabemos que van a hacer lo que les dé la gana, como lo están haciendo con el plan Rabasa. Lo peor, y me temo que inamovible porque quienes tienen que dar la aprobación definitiva en Valencia son de su misma cuerda, que con el PGOU, adjudicando a los de siempre obra pública ahora que ha caído la privada, seguirán forrándose los mismos a costa del bienestar común. Pena de país, Señor. Y pena de ciudadanía, que no tiene los redaños de poner en su sitio de una puñetera vez a los políticos y a los constructores que siguen haciendo y deshaciendo a su exclusiva conveniencia. Como si Alicante fuera su cortijo.
* Información - Opinión - 5.12.2008
Arahal: La Fiscalía investiga más de 200 edificaciones ilegales en suelo rústico
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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha abierto unas diligencias sobre más de 200 posibles construcciones ilegales en suelo rústico ubicadas en el término municipal de Arahal, en la que sería la segunda investigación más importante por el número de casos que inicia el fiscal después de la desarrollada en Castilblanco de los Arroyos.
El Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación después de que el Ayuntamiento de la localidad detectase la presencia de varias urbanizaciones levantadas en suelo no urbanizable, alguna de las cuales datan de 2005, según informaron ayer fuentes del caso.
En concreto, en la inspección realizada por la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se detectaron dos parcelaciones que podrían contar con más de 100 edificaciones ilegales y otras cinco parcelas con entre 100 y 150 construcciones que no son autorizables de acuerdo al planeamiento urbanístico.
Una de las urbanizaciones se encuentra en el paraje conocido como La Jareta, donde se han detectado unas 40 pequeñas parcelas de una extensión aproximada de unos 1.000 metros cuadrados. Muchas de estas parcelas disponen de instalación eléctrica y pozos de agua.
De esta forma, el número de viviendas supuestamente ilegales que se habrían levantado en estas parcelas supera las 200, aunque las mismas fuentes explicaron que la investigación trata de averiguar cuándo fueron construidas, ya que aunque la mayoría son recientes, podría haber alguna que esté asentada desde hace más de tres años, con lo cual el posible delito contra la ordenación del territorio habría ya prescrito.
La inspección iniciada por el Seprona trata ahora de determinar si alguna de las construcciones tiene licencia municipal, el tipo de suelo, o si dispone de escritura pública, entre otros aspectos. La Fiscalía considera que las construcciones son ilegales porque, además de haberse realizado sobre suelos que tienen la catalogación de no urbanizables -donde sólo están permitidas las pequeñas construcciones con fines exclusivamente agrícolas-, no está previsto ningún cambio de uso de los terrenos en las normas urbanísticas vigentes, con lo que no serían en ningún caso autorizables.
Las pesquisas iniciadas en Arahal son las segundas en importancia de las realizadas hasta ahora por la Fiscalía de Medio Ambiente, después de la que se llevó a cabo hace varios años en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos y que finalizó con la presentación de 300 querellas por delitos contra la ordenación del territorio.
Una vez que la Fiscalía de Medio Ambiente concluya la investigación, decidirá sobre la presentación de querellas contra los propietarios de las viviendas o el archivo de las actuaciones en caso de que el posible delito haya prescrito.
* Diario de Sevilla - J.M. - 5.12.2008
Foto: Ayuntamiento de arahal -wikipedia.org
Axarquía: Gena denuncia “el abuso” de planes urbanísticos para construir en suelo rústico
INFOAXARQUÍA/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, ha denunciado hoy el abuso de los planes de actuación en la comarca malagueña de la Axarquía para construir viviendas en suelo rústico no urbanizable.
El presidente del GENA, Rafael Yus, ha explicado hoy en un comunicado que con frecuencia, estos planes de actuación, que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) reserva para edificaciones bajo condiciones y fines excepcionales de interés social, “son una mera excusa para otorgar licencias para la construcción de viviendas residenciales”.
“Se trata de viviendas que nada tienen que ver con la figura de las casas de aperos de labranza con las que se pretende justificar la licencia, porque en la mayoría de los casos no hay constancia de una actividad agrícola real”, ha señalado Yus.
El GENA ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra la actuación “de interés público” autorizada por el Ayuntamiento de Moclinejo para la ejecución de un alojamiento rural en suelo no urbanizable en el paraje Los Narcisos.
Según Yus, el proyecto “dista mucho de ser de interés público, puesto que se trata de un simple negocio inmobiliario de alquiler de viviendas y no de un recurso turístico que dé empleo y riqueza al municipio“.
Además, en este caso, un mismo propietario solicita licencia para tres viviendas, “en lo que parece un intento de hacer una urbanización fuera de planeamiento, sin asumir la cesión de superficies o la dotación de equipamientos“.
El colectivo ecologista también ha presentado una denuncia por las construcciones de viviendas en suelo rústico no urbanizable en el municipio de Macharaviaya, sin que exista permiso por parte del Ayuntamiento.
Yus considera que los casos de Moclinejo y Macharaviaya suponen un impacto ambiental considerable para el medio rural.
* InfoAxarquía - 4.12.2008
Foto: infoaxarquia.es
El ex alcalde de Paterna, el de Riba-roja y el de Vilamarxant declararán por el PAI de la Vallesa
LEVANTE* : La titular del juzgado de instrucción nº12 de Valencia llamará a declarar a los alcaldes de Vilamarxant y Riba-roja, y al que fue alcalde de Paterna en 2005, dentro de la investigación sobre una supuesta trama de corrupción urbanística que implicaría sobornos a funcionarios y altos cargos de la Conselleria de Territorio, cuando el entonces conseller Rafael Blasco intentaba la reclasificación de la Vallesa del Mandor. Esta zona natural linda con dos de estos municipios.
Estas diligencias se enmarcan dentro de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra cinco abogados y empresarios por un delito de cohecho y otro de falsedad. Entre los imputados y los propietarios de la Vallesa existe una relación comercial, un informe de ingeniería sobre impacto ambiental.
Así, la magistrada ha pedido que se averigüe el nombre y el domicilio del ex alcalde socialista de Paterna, Francisco Borruey, y de los alcaldes de Vilamarxant, Vicente Betoret,y de Riba-roja, Francisco Tarazona, ambos del PP. Todos ellos "ostentaban el cargo de alcalde en la fecha de los hechos" que se investigan, julio de 2005, y algunos son limítrofes al parque natural que pretendían reclasificar varias instituciones.
La Fiscalía Anticorrupción ha investigado la actuación de estos tres ayuntamientos en aquella época. Hay que recordar las movilizaciones vecinales contra la reclasificación de terrenos en el pulmón verde de la Vallesa, cuando el entonces alcalde de Paterna, Francisco Borruey, negociaba con los Trénor -propietarios mayoritarios-, la reclasificación de 138 hectáreas a cambio de 217.
El conseller de Territorio, Rafael Blasco, denegó esta operación a Paterna mientras preparaba un Plan Especial de Protección que implica reclasificar 3,3 millones de metros cuadrados de bosque a cambio de obtener otros tantos. La oposición ciudadana y el nuevo alcalde de Paterna, el popular Lorenzo Agustí, terminaron con el proyecto al entrar a la conselleria Esteban González Pons, quien logró la protección total en 2007 del Parc Natural del Túria.
Escuchas policiales
El entonces jefe de Área de la Dirección General de Urbanismo, Vicente Collado, denunció el 20 de julio de 2005 que había recibido un sobre con 5.500 euros que le dejó sobre su mesa un mensajero. Desde aquel día, un ingeniero, su mujer y socia en la empresa de Inversiones, un asesor fiscal, su secretaria y otro empresario están siendo investigados.
De las declaraciones realizadas ante la juez por parte de altos cargos y funcionarios de la conselleria que han sido llamados a declarar, y de las escuchas policiales, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se separe parte de la investigación y se remita a los juzgados de instrucción de Alicante. De este modo, la juez se ha inhibido al juzgado de instrucción de Alicante de esta parte de la investigación, que sigue bajo el secreto de las actuaciones.
Al parecer, de las escuchas realizadas por la policía, cuyo informe fue presentado ante el juez hace casi tres meses, se deducen posibles delitos urbanísticos en varias poblaciones de la provincia de Alicante. Además, la investigación podría extenderse a otras Comunidades Autónomas.
De otro lado, se ha pedido información a ocho entidades bancarias sobre transferencias entre los imputados y otras personas objeto de la investigación. En concreto, se han remitido oficios a La Caixa, Bancaja, Banco Bilbao Vizcaya, Caixa Popular, Cooperativa de Crédito Valenciana, Bankinter y la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 4.11.2008
Foto: Riba-roja (Valencia) - hojadigital.com
