El ex alcalde de Paterna, el de Riba-roja y el de Vilamarxant declararán por el PAI de la Vallesa

LEVANTE* : La titular del juzgado de instrucción nº12 de Valencia llamará a declarar a los alcaldes de Vilamarxant y Riba-roja, y al que fue alcalde de Paterna en 2005, dentro de la investigación sobre una supuesta trama de corrupción urbanística que implicaría sobornos a funcionarios y altos cargos de la Conselleria de Territorio, cuando el entonces conseller Rafael Blasco intentaba la reclasificación de la Vallesa del Mandor. Esta zona natural linda con dos de estos municipios.

Estas diligencias se enmarcan dentro de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra cinco abogados y empresarios por un delito de cohecho y otro de falsedad. Entre los imputados y los propietarios de la Vallesa existe una relación comercial, un informe de ingeniería sobre impacto ambiental.
Así, la magistrada ha pedido que se averigüe el nombre y el domicilio del ex alcalde socialista de Paterna, Francisco Borruey, y de los alcaldes de Vilamarxant, Vicente Betoret,y de Riba-roja, Francisco Tarazona, ambos del PP. Todos ellos "ostentaban el cargo de alcalde en la fecha de los hechos" que se investigan, julio de 2005, y algunos son limítrofes al parque natural que pretendían reclasificar varias instituciones.
La Fiscalía Anticorrupción ha investigado la actuación de estos tres ayuntamientos en aquella época. Hay que recordar las movilizaciones vecinales contra la reclasificación de terrenos en el pulmón verde de la Vallesa, cuando el entonces alcalde de Paterna, Francisco Borruey, negociaba con los Trénor -propietarios mayoritarios-, la reclasificación de 138 hectáreas a cambio de 217.
El conseller de Territorio, Rafael Blasco, denegó esta operación a Paterna mientras preparaba un Plan Especial de Protección que implica reclasificar 3,3 millones de metros cuadrados de bosque a cambio de obtener otros tantos. La oposición ciudadana y el nuevo alcalde de Paterna, el popular Lorenzo Agustí, terminaron con el proyecto al entrar a la conselleria Esteban González Pons, quien logró la protección total en 2007 del Parc Natural del Túria.

Escuchas policiales
El entonces jefe de Área de la Dirección General de Urbanismo, Vicente Collado, denunció el 20 de julio de 2005 que había recibido un sobre con 5.500 euros que le dejó sobre su mesa un mensajero. Desde aquel día, un ingeniero, su mujer y socia en la empresa de Inversiones, un asesor fiscal, su secretaria y otro empresario están siendo investigados.
De las declaraciones realizadas ante la juez por parte de altos cargos y funcionarios de la conselleria que han sido llamados a declarar, y de las escuchas policiales, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se separe parte de la investigación y se remita a los juzgados de instrucción de Alicante. De este modo, la juez se ha inhibido al juzgado de instrucción de Alicante de esta parte de la investigación, que sigue bajo el secreto de las actuaciones.
Al parecer, de las escuchas realizadas por la policía, cuyo informe fue presentado ante el juez hace casi tres meses, se deducen posibles delitos urbanísticos en varias poblaciones de la provincia de Alicante. Además, la investigación podría extenderse a otras Comunidades Autónomas.
De otro lado, se ha pedido información a ocho entidades bancarias sobre transferencias entre los imputados y otras personas objeto de la investigación. En concreto, se han remitido oficios a La Caixa, Bancaja, Banco Bilbao Vizcaya, Caixa Popular, Cooperativa de Crédito Valenciana, Bankinter y la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.





* Levante-EMV - Regina Laguna - 4.11.2008
Foto: Riba-roja (Valencia) - hojadigital.com