Alcaldes en el banquillo

DIARIODEMALLORCA/Editorial* : La imagen de diez alcaldes o ex alcaldes del PP, dos cargos más de este mismo partido y dos funcionarios públicos, sentados en el banquillo de los acusados, ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, es de las que hacen época. Supone un nuevo paso adelante en la campaña emprendida por la Fiscalía contra la corrupción tras haber dado en la diana en otros casos, quizás de mayor envergadura e impacto, pero que no implican a tantos políticos como éste. La trama montada por el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, para legalizar su casa, construida o reformada de manera presuntamente ilegal en suelo rústico, no hubiera tenido la repercusión que tiene si no fuera por sus protagonistas.

Irregularidades grandes y pequeñas en la foravila las encontramos por doquier, pero el hecho trascendente está en quién las ha podido cometer: un alcalde, con el amparo de otros diez alcaldes de su mismo partido, que son -en teoría- quienes debían velar por la legalidad en sus respectivos municipios.
Desde el punto de vista de la construcción ilegal en suelo rústico, el caso caballistas podría no ser un asunto tan grave, habida cuenta de la proliferación de irregularidades que encontramos a lo largo y ancho de la geografía insular. Sabemos que muchos alcaldes han sido tolerantes con este tipo de construcciones por motivos de vecindad, por conveniencia electoral o por falta de medios de algunos ayuntamientos para ejercer el control -y de ahí que el Consell se haya visto obligado a crear un organismo supramunicipal para evitar estos compromisos-, pero tal cosa no disculpa el incumplimiento de la ley, como en el caso del que hablamos, denunciado en su día por Diario de Mallorca. ¿Dónde empieza la corrupción? ¿Hay una corrupción menor y otra en mayúsculas? La corrupción no tiene medidas, pero lo que para nosotros estuvo claro desde el principio es que el entonces alcalde de Ses Salines había traspasado la raya, en caso de que la hubiera, y así lo entendió la Fiscalía.

La disciplina urbanística no obedece a razones exclusivamente recaudatorias por parte de los municipios o al capricho de los legisladores y de los responsables municipales de turno, sino que es, o debiera ser, de interés general para el uso de un recurso escaso como es el territorio y el paisaje. En esta cuestión hay que ir con mucho cuidado. Y, por eso, no es nada ejemplar que unos alcaldes se muestren tan poco prudentes o, en el caso de Vidal, pretendieran legalizar su casa con el pretexto de ser sede de una agrupación de caballistas, cuya actividad, por otra parte, es absolutamente respetable. Ese carácter ejemplarizante es, precisamente, lo que mejor define el juicio al que hemos asistido esta semana. Las leyes son iguales para todos los ciudadanos y nadie, por muy alcalde o influyente que sea, puede infringirlas.
Es por eso que si algo ha chirriado estos días en relación al caso caballistas es la declaración del nuevo portavoz del Partido Popular, Carlos Simarro, al querer minusvalorar la importancia del juicio y denunciar una supuesta orquestación judicial en contra de su partido. A estas alturas, con tantos juicios por corrupción en marcha, apelar a una persecución política es un auténtico sarcasmo que no ayuda, en absoluto, a que la sociedad retome la confianza en los partidos y las instituciones. Ver a diez alcaldes sentados en el banquillo, sean del partido que sean, no contribuye a restituir esta confianza, pero ojalá sirva para que los ciudadanos crean en la Justicia y sepan que los delitos, por insignificantes que a algunos les parezcan, no quedan impunes.






* Diario de Mallorca - Editorial - 7.12.2008