IDEAL/Jaén* : Ninguna empresa quiere hacer el trabajo de tirar construcciones ilegales condenadas a demolición por sentencia judicial firme. Es el panorama que se están encontrando los ayuntamientos cuando intentan ejecutar las resoluciones de los tribunales de Justicia. En los últimos tres años se acumulan pendientes de ejecución en la provincia más de medio centenar de sentencias que incluyen como reparación del daño la medida de demolición.
Dos tercios de ellas, aproximadamente, se refieren a la capital. Pero no hay forma de ejecutar ninguna.
El que fuera hasta hace unos meses coordinador de la sección de la Fiscalía especializada en combatir los delitos conta el Medio Ambiente en Jaén, Juan Ignacio Fernández Amigo, ha indicado que se conoce esta circunstancia desde hace ya «más de un año». Los jueces condenan al infractor, que debe apechugar con el coste de la demolición. Como no lo hace por su propia voluntad, son los ayuntamientos los encargados de tirar la casa para luego pasarle la factura al condenado. En varias ocasiones se ha redactado el proyecto de demolición y se ha sacado a licitación, que sistemáticamente queda desierta.
Fuentes consultadas en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaén confirman que desde Urbanismo se han licitado varios proyectos de demolición de viviendas ilegales. Pero ninguna empresa se ha mostrado interesada en hacerse con el contrato.
La voluntad del Consistorio jienense de cumplir con las resoluciones judiciales llegó al punto de plantearse adquirir la maquinaria necesaria para hacer el trabajo, y evitarse así tener que contratarlo, informan desde Medio Ambiente. Pero el alto coste de las inversiones necesarias y la ruina de las arcas municipales llevaron al dique seco esta decisión. Al menos de momento.
Desde Medio Ambiente indican que incluso el Consistorio llegó a intentar demoler una casa en La Mella cuyo propietario fue absuelto por la Audiencia de un delito urbanístico (que antes un juzgado de lo Penal había considerado probado). Los ayuntamientos son competentes para demoler por vía administrativa. Si encuentran a alguien que quiera hacerlo.
* Ideal - JUAN ESTEBAN POVEDA - 7.12.2008
Foto: Zona Protegida. Paraje de la Mella en Jaén. /IDEAL
Casas ilegales condenadas a demolición se salvan porque no hay empresas que las tiren
La Costa de "los terceros de buena fe"
ELPAÍS/Málaga* : Las asociaciones de vecinos afectados por irregularidades urbanísticas han descubierto la mejor manera de hacerse oír por los ayuntamientos de la Costa del Sol: olvidarse del de asociación y pasar a llamarse "plataforma".
En Marbella, la más influyente es la Plataforma de afectados por el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). Este grupo, liderado por José Ortiz, engloba a los propietarios de las viviendas que el documento urbanístico considera ilegales y sobre las que pesa la posibilidad de la demolición. Estos propietarios, que se califican a sí mismos como "terceros de buena fe" -compradores que adquirieron sus viviendas sin saber que eran irregulares- también rechazan la posibilidad de pagar compensaciones al municipio a cambio de la regularización de las casas.
La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz (PP), ha cultivado ampliamente la amistad de este grupo, que nunca ha cargado contra ella en sus protestas. En octubre de 2007, antes de la aprobación provisional del PGOU, la plataforma sacó a la calle a 2.000 vecinos contra el plan urbanístico que consideraban "impuesto desde Sevilla".
Frente a este grupo, se encuentra la Plataforma Vecinal 29-M, fecha del inicio de la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Este grupo, de unos 3.000 vecinos, aglutina a los realmente perjudicados por los desmanes urbanísticos de la era Gil y cuenta con la asesoría legal de la abogada Inmaculada Gálvez. El colectivo exige el cumplimiento de unas 40 sentencias firmes de demolición y plantea impugnar el plan urbanístico al entender que "es una ley de amnistía y no profundiza en las responsabilidades de las infracciones urbanísticas que se han cometido en Marbella", con más de 18.000 viviendas ilegales.
Los vecinos de Mijas que viven en las 1.700 casas diseminadas con expediente de demolición se miran en la plataforma de José Ortiz. A pesar de que su asociación ha forzado un pleno sobre sus casas, se quejan de que el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), no paraliza los expedientes mientras se revisan.
En Estepona también luchan por regularizar los campitos, las viviendas aisladas de las afueras. Este grupo denuncia que mientras a ellos les ponen multas por sus casas, empleados municipales han construido en zona agrícola impunemente.
* ELPAIS.com - F. J. P. / J. V. - Málaga - 07/12/2008
Foto: Marbella -elpais.com
Alcaldes en el banquillo
DIARIODEMALLORCA/Editorial* : La imagen de diez alcaldes o ex alcaldes del PP, dos cargos más de este mismo partido y dos funcionarios públicos, sentados en el banquillo de los acusados, ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, es de las que hacen época. Supone un nuevo paso adelante en la campaña emprendida por la Fiscalía contra la corrupción tras haber dado en la diana en otros casos, quizás de mayor envergadura e impacto, pero que no implican a tantos políticos como éste. La trama montada por el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, para legalizar su casa, construida o reformada de manera presuntamente ilegal en suelo rústico, no hubiera tenido la repercusión que tiene si no fuera por sus protagonistas.
Irregularidades grandes y pequeñas en la foravila las encontramos por doquier, pero el hecho trascendente está en quién las ha podido cometer: un alcalde, con el amparo de otros diez alcaldes de su mismo partido, que son -en teoría- quienes debían velar por la legalidad en sus respectivos municipios.
Desde el punto de vista de la construcción ilegal en suelo rústico, el caso caballistas podría no ser un asunto tan grave, habida cuenta de la proliferación de irregularidades que encontramos a lo largo y ancho de la geografía insular. Sabemos que muchos alcaldes han sido tolerantes con este tipo de construcciones por motivos de vecindad, por conveniencia electoral o por falta de medios de algunos ayuntamientos para ejercer el control -y de ahí que el Consell se haya visto obligado a crear un organismo supramunicipal para evitar estos compromisos-, pero tal cosa no disculpa el incumplimiento de la ley, como en el caso del que hablamos, denunciado en su día por Diario de Mallorca. ¿Dónde empieza la corrupción? ¿Hay una corrupción menor y otra en mayúsculas? La corrupción no tiene medidas, pero lo que para nosotros estuvo claro desde el principio es que el entonces alcalde de Ses Salines había traspasado la raya, en caso de que la hubiera, y así lo entendió la Fiscalía.
La disciplina urbanística no obedece a razones exclusivamente recaudatorias por parte de los municipios o al capricho de los legisladores y de los responsables municipales de turno, sino que es, o debiera ser, de interés general para el uso de un recurso escaso como es el territorio y el paisaje. En esta cuestión hay que ir con mucho cuidado. Y, por eso, no es nada ejemplar que unos alcaldes se muestren tan poco prudentes o, en el caso de Vidal, pretendieran legalizar su casa con el pretexto de ser sede de una agrupación de caballistas, cuya actividad, por otra parte, es absolutamente respetable. Ese carácter ejemplarizante es, precisamente, lo que mejor define el juicio al que hemos asistido esta semana. Las leyes son iguales para todos los ciudadanos y nadie, por muy alcalde o influyente que sea, puede infringirlas.
Es por eso que si algo ha chirriado estos días en relación al caso caballistas es la declaración del nuevo portavoz del Partido Popular, Carlos Simarro, al querer minusvalorar la importancia del juicio y denunciar una supuesta orquestación judicial en contra de su partido. A estas alturas, con tantos juicios por corrupción en marcha, apelar a una persecución política es un auténtico sarcasmo que no ayuda, en absoluto, a que la sociedad retome la confianza en los partidos y las instituciones. Ver a diez alcaldes sentados en el banquillo, sean del partido que sean, no contribuye a restituir esta confianza, pero ojalá sirva para que los ciudadanos crean en la Justicia y sepan que los delitos, por insignificantes que a algunos les parezcan, no quedan impunes.
* Diario de Mallorca - Editorial - 7.12.2008
Arca denuncia el incumplimiento de la Constitución en materia urbanística
CANTABRIACONFIDENCIAL* : La asociación ecologista Arca denunció el incumplimiento de la Constitución española, con motivo del treinta aniversario de su aprobación. En un comunicado, Arca aseguró que "la intervención de los poderes públicos en política territorial y urbanística sigue sin dar satisfacción a los derechos constitucionales de acceso a una vivienda digna y disfrute de un medio ambiente saludable".
La asociación ecologista incidió en el incumplimiento "sistemático" del artículo 47 de la Carta Maga, que exige regular "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", y que establece que el conjunto de la población "participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
"El urbanismo en Cantabria ha generado unas plusvalías multimillonarias, pero la población no ha recibido participación alguna, sino que ha sufrido un deterioro ambiental y una espiral de precios y endeudamiento sin comparación en el conjunto de la Unión Europea", aseveró Arca.
* Cantabria Confidencial - 6.12.2008
Foto: Cantabria - abc.es
Los arquitectos denuncian que el decreto para modernizar hoteles se salta todas las normas urbanísticas
DIARIODEMALLORCA* : El decreto ley de medidas urgentes que está ultimando el Govern para simplificar los trámites de las obras de reforma de establecimientos hoteleros no ha caído bien entre uno de los principales colectivos afectados, los arquitectos, cuyo decano, Luis Corral, es de la opinión de que se salta todas las normas urbanísticas y turísticas y convertirá a Balears en "un territorio sin ley".
Para el decano de los arquitectos de Balears, esta "libertad de manos" que se dejará a los empresarios turísticos puede propiciar una normalización de plazas ilegales que se traducirá en un aumento de camas en "claro detrimento de la calidad de los establecimientos hoteleros".
Las obras orientadas a la mejora de servicios o a la implantación de nuevas actividades empresariales o profesionales en los establecimientos hoteleros quedarán excluidas, según sostuvo Corral, del cumplimiento de las normativas urbanísticas y turísticas vigentes en la actualidad.
Cabe recordar que el decreto contempla la posibilidad de suspender por un periodo de dos años la satisfacción de estos requisitos legales con el objetivo de modernizar la planta hotelera y beneficiar a otros sectores muy vinculados a la industria turística como el de la construcción.
Corral considera que "se va a permitir la mejora de los servicios de un hotel al margen de la vigente ley general turística y, además, si la actuación incumple igualmente el actual planeamiento urbanístico, ¡pues no pasa nada!".
El decano del colegio de arquitectos de Balears criticó además el hecho de que este decreto ley suponga un agravio comparativo para los empresarios hoteleros que hasta el momento han modernizado sus establecimientos cumpliendo la legalidad vigente, de la misma manera que lo será para otros sectores económicos no beneficiados por esta norma.
"¿Qué le impedirá a un empresario industrial querer construir unas naves industriales en pleno suelo rústico si ve que a los hoteleros se les permite?", se preguntaba Corral.
"La calidad de los establecimientos decaerá con esta permisividad y habrá hoteles de cuatro estrellas de primera y de segunda categoría según las reformas y dotación de servicios se hayan hecho cumpliendo o no una normativa que se ha puesto para algo", señaló el responsable de los arquitectos.
Este norma que perfila el ejecutivo autonómico ya está despertando una fuerte contestación incluso en las propias filas del Govern. El Bloc ya ha anunciado su oposición a un decreto que, aclaró, aún tiene que ser consensuado y al que los consells insulares, las instituciones competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio, deben dar su visto bueno. La organización ecologista GOB también está muy atenta a cómo se desarrolla esta medida.
* Diario de Mallorca - I.OLAIZOLA. PALMA - 6.12.2008
Foto: Panorámica de Palma desde el castillo de Bellver - wikipedia.org
La Fiscalía comprobará si hay casas ilegales en los pueblos sin expedientes sancionadores
LEVANTE* : La Fiscalía de Valencia comprobará si hay construcciones ilegales en los términos de los ayuntamientos que no han abierto ningún expediente urbanístico sancionador. El delegado de medio ambiente ya ha recibido la respuesta de tres municipios, de los 284 que hay en la provincia de Valencia, a los que se les ha requerido que cumplan con la Ley de Urbanismo Valenciana (LUV) y le remitan todas las infracciones urbanísticas para constatar si hay delito.
De los tres primeros ayuntamientos que han respondido al requerimiento de la Fiscalía, sólo Llíria ha remitido los 220 expedientes sancionadores que tienen abiertos por construcciones ilegales en su término municipal.
Mientras que Alfara del Patriarca y Bicorp han contestado negativamente comunicando que "no hay ningún expediente sancionador abierto".
Respecto a Llíria, el fiscal Joaquín Baños explicó que éste y Chiva son de los pocos municipios que han remitido a la Fiscalía los expedientes sancionadores de forma normalizada y ya hay 50 en investigación.
De hecho, recordó Baños, "en 2007 solo seis ayuntamientos -de un total de 284 en toda la provincia de Valencia- han remitido las infracciones urbanísticas en cumplimiento de la ley".
En cuanto a los dos municipios que han negado tener expedientes sancionadores en los últimos tres años, desde que está en vigor la LUV, la explicación puede ser, según Baños, "o que se respeta escrupulosamente la ley y no hay construcciones ilegales, o que el ayuntamiento no hace nada porque se cumpla".
Para comprobarlo, la Fiscalía tiene la posibilidad de oficiar a la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil para que constate si hay chalets recientes o en construcción. A través de un sistema GPS, se localiza el chalet físicamente y, con el Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas), se comprueba su posición en el catastro.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 6.11.2008
Foto: Bicorp - comunitatvalenciana.com
Una burbuja de corrupción
IVÁN GONZÁLEZ ALONSO* : La Constitución española garantiza “el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna”. Lo mismo pregona la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero la compra y retención especulativa de grandes extensiones de suelo por constructores y grupos de presión ha supuesto que ese derecho se vea en todo el mundo más vulnerado que nunca. De los más de 25 millones de viviendas que hay en España, se estima que casi 4 millones se encuentran vacías. Están en manos muertas, no son ni residencia periódica ni esporádica del propietario. No producen beneficio alguno para la sociedad.
La Constitución española garantiza “el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna”. Lo mismo pregona la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero la compra y retención especulativa de grandes extensiones de suelo por constructores y grupos de presión ha supuesto que ese derecho se vea en todo el mundo más vulnerado que nunca. El exceso de la oferta no ha contribuido en este caso a bajar los precios.
La especulación inmobiliaria es equiparable a la especulación bursátil, aunque ésta presenta más riesgos, pues resulta difícil que el precio de la vivienda se desplome de un día para otro. Su mecanismo se basa en la retención de viviendas durante un período de tiempo para que su precio aumente y luego cambiarlas por dinero, con el que se comprarán nuevas viviendas para volver a especular con ellas.
Si hay una causa que ha favorecido la carestía de la vivienda y la práctica especulativa en España, ha sido la Ley del Suelo del 13 de abril de 1998, aprobada por el antiguo Presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Según la misma, pasa a ser potestad de los ayuntamientos la decisión de qué suelo es urbanizable y cuál no lo es. Decisión en muchos casos arbitraria, inclinada hacia el lado de la balanza que disponga de más dinero para los propios ediles y concejales.
La liberalización del suelo conlleva la corrupción urbanística, plasmada en recalificaciones de dudosa legalidad. El engranaje de corrupción comienza con el soborno a las autoridades municipales con elevadas cantidades de dinero, para que estas autoricen la edificación en suelo municipal. El dinero que desembolsan los constructores para la compra de voluntades se ve compensado con el aumento del precio de la vivienda. El comprador de la vivienda y las zonas con gran riqueza natural sobre las que se asientan las nuevas viviendas son los grandes perjudicados.
Dunas, deltas de ríos con toda su riqueza natural, humedales, montes y bosques, nada escapa a las ansias edificadoras de los constructores. Los promotores arañan metro a metro los pocos espacios vírgenes que quedan en el mundo. La saturación completa del litoral ha desplazado la fiebre inmobiliaria hacia las zonas del interior. La declaración de los parques naturales como espacios protegidos no es impedimento para la edificación. Quienes más se han enriquecido en España en los últimos años son los promotores inmobiliarios, muchos de ellos de origen humilde, que han sabido ascender en el escalafón social a base de actuaciones ilegales, de sobornos y amenazas, todo ello en connivencia con alcaldes y concejales sin escrúpulos. La corrupción urbanística no entiende de partidos políticos, y afecta también a las arcas de los estados, porque casi todo el capital que mueve es dinero negro, que no cotiza ni crea riqueza.
Existe en nuestros días una obsesión generalizada por tener un piso en propiedad. La sociedad está convencida de que es sinónimo de éxito, de realización personal. Por ello en España tan sólo el 11% de las viviendas se encuentran en régimen de alquiler, y casi todas ellas a manos los estratos sociales con una posición económica más débil. Este dato asciende al 40% en otros Estados europeos como Francia u Holanda, donde se bonifica el alquiler. En Suecia se llegan a derribar las casas que permanezcan desocupadas durante un tiempo determinado. En Estados Unidos es práctica habitual en algunas ciudades que los propietarios que especulan con la vivienda eviten el pago de impuestos especiales, ocupándolas de forma temporal con personas sin hogar, a las que devolverá a la calle en cuanto desee la venta del inmueble. La solución pasa por aplicar gravámenes sobre la vivienda desocupada y luchar con mayor eficacia contra la corrupción urbanística. No debemos olvidar que 1.400 millones de personas en el mundo carecen de un techo, ni que el derecho a la vivienda se sustenta sobre argumentos éticos, pero también legales.
* Iván González Alonso. Periodista. Centro de Colaboraciones Solidarias.
* Revista Fusión - 5.12.2008
El TSJ anula el PAI Torre d´Onda de Burriana
LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el Programa de Actuación Integrada (PAI) Torre d'Onda de Burriana "por ser contrario a derecho". Según explica el abogado de los denunciantes, uno de los motivos por los que se ha anulado el PAI es por la aprobación de las modificaciones por un órgano incompetente ya que el ayuntamiento aprobó modificaciones que debería haber aprobado la Generalitat.
"La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, ley por la que se tramitó el PAI, establece que las modificaciones de tipo estructural las ha de aprobar la conselleria", añade el abogado.
Otra causa de anulación es que el proyecto que ratificó el Consell es diferente al que se dio por bueno en el ayuntamiento por lo que la cédula (licencia de obras) que se concedió desde la conselleria no es válida para hacer el PAI programado por el consistorio. "Por poner un ejemplo es como si te dieran una licencia para hacer una casa e hicieras un bloque de pisos", aclara el abogado.
El tercer motivo por el que se considera no ajustado a derecho es que las propiedades de los vecinos denunciantes deben ser excluidas del PAI por ser suelo urbano consolidado al contar con los servicio propios de la malla urbana. No obstante, dichas parcelas no quedarán excluidas del Plan de Regulación Interna (PAI) de tal forma que "si se necesita expropiar un terreno para hacer una calle se podrá hacer pero con las indemnizaciones correspondientes", aclara el abogado del caso.
Dos años de espera
Los vecinos afectados por el PAI Torre d'Onda presentaron cinco recursos en el año 2006, año en el que se aprobó definitivamente el programa urbanístico. La denuncia se basaba en su disconformidad con las directrices que marcaban el plan y que afectaban directamente a sus parcelas.
Este mismo año, el consistorio modificaba el PAI para incluir alguna de las alegaciones de los afectados, según aseguró el concejal de Urbanismo, Javier Perelló. El edil, quien afirmó que el nuevo proyecto anulaba al anterior, declaró que dicha modificación tendría que servir para que los vecinos retirarán la denuncia.
Los propietarios de las parcelas protagonizaron algunas de las escenas más insólitas en los plenos. Durante dos años, aproximadamente, han asistido a todas las sesiones plenarias, en ocasiones disfrazados de presos, hasta que el entonces alcalde del PP, Alfonso Ferrada, les prohibió la entrada si no iban de paisano.
* Levante-EMV - Nerea Soriano - 6.11.2008
Foto: protestas. Los vecinos afectados asistieron a los plenos disfrazados de presos como protesta en la forma de tramitar el proyecto - vicent mart, levante-emv.com
Imputan al regidor y a cuatro ediles de Trives por prevaricación urbanística
LAVOZ/Ourense* : El Juzgado de Primera Instancia de Trives ha llamado a declarar a los cuatro concejales de la localidad ourensana que en el año 2006 aprobaron la recalificación del solar que antiguamente ocupaba la biblioteca municipal para que se pudieran construir viviendas en él. El juzgado ha pedido al Concello de Trives que le facilite los nombres de esos cuatro ediles, todos ellos del PP, para imputarles un delito de prevaricación urbanística.
El alcalde, Luis Álvarez, que ya está imputado por este asunto, aclaró ayer que los concejales afectados son Constantino Martínez, Isauro Pérez, María del Carmen Barja y Pío Domínguez.
Los hechos a los que se refiere el caso tienen que ver con la antigua biblioteca municipal de Trives. Trasladado el servicio, el inmueble se quedó sin uso y el Concello de Trives decidió cambiar la calificación urbanística del solar de dotacional a urbanizable. Esa resolución se tomó en el año 2003 y tres años después se acordó la venta de la parcela a Construcciones Rodrigo para levantar un edificio de tres alturas para viviendas.
Las obras estuvieron envueltas en polémica desde el principio porque el solar donde se ubicaba la biblioteca es anexo al colegio trivés. El hecho de que el edificio en obras tuviera luces abiertas hacia el patio y de que se instalase una grúa de construcción en su interior provocó las quejas de la asociación de padres.
La Consellería de Educación tomó cartas en el asunto y ordenó la paralización del proyecto. Urbanismo también optó por anular la licencia de obras otorgada al constructor, pero el alcalde no atendió ambos requerimientos y las obras continuaron hasta que, tras las elecciones, cambió el gobierno municipal.
Relación con la moción
Antes de la renovación de la corporación, un anónimo enviado a la Fiscalía llevó el asunto a los juzgados, pero el caso fue desestimado. El nuevo alcalde, el independiente Francisco José Fernández Blanco, ordenó parar las obras y volvió a presentar una denuncia cuando asumió el cargo.
Sin embargo, una moción de censura impulsada por el PP con el apoyo de dos tránsfugas del PSOE devolvió a Luis Álvarez la alcaldía y este autorizó la reanudación de las obras. A pesar de todo, la denuncia presentada por el ex alcalde independiente -que ahora relaciona su censura con intereses urbanísticos- fue atendida por la Fiscalía, que es la que ha solicitado ahora la imputación de los ediles.
* la Voz de Galicia - Miguel Ascón - 6.11.2008
Foto: Trives - ourensenet.com
Denuncian en el juzgado un plan urbanístico de Tenerife por 'prevaricador'
CANARIAS7* : La Asociación Europea de Participación Ciudadana ha denunciado hoy en el juzgado nº7 de Arona al redactor del Plan General de Ordenación del municipio y a los concejales que lo aprobaron, además de pedir su suspensión urgente, porque el documento es "prevaricador y delictivo al ser redactado bajo presión política".
Así lo anunciaron en rueda de prensa representantes de la citada asociación y el abogado que representa a este colectivo, Felipe Campos, quien manifestó que el martes también pedirán a la Comisión de Ordenación Territorial y de Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) que suspenda la tramitación del Plan General de Ordenación (PGO).
La denuncia está relacionada con la divulgación de una información periodística según la cual el redactor del PGO, Jorge Coderch, ha reconocido que "conscientemente" introdujo irregularidades en este documento "por presiones de los concejales", según Campos.
Por ello la denuncia también se ha extendido a los concejales que aprobaron en un pleno celebrado el viernes por el Ayuntamiento de Arona modificaciones que en opinión del abogado excedían los requerimientos de la COTMAC, que hace dos años aprobó parcialmente el PGO con la condición de que se subsanasen determinados aspectos.
Para Felipe Campos este asunto es "de una gravedad extrema" y supone "un caso inédito y único en España", ya que el redactor de un plan urbanístico reconoce que lo elaboró "a la carta y bajo presiones políticas".
La asociación denunciante entiende que se ha cometido un delito continuo de prevaricación urbanística y contra el territorio y según dijo su abogado, no se puede tolerar "porque sería kafkiano" que este documento regule la gestión urbanística del municipio "cuando su propio redactor reconoce que hizo una prevaricación".
A su juicio, sería conveniente que la Comunidad Autónoma "de forma inmediata" interviniese en este asunto, de manera que se redacte un plan que responda a la legalidad y a los intereses de los ciudadanos, y reclamó la dimisión "inmediata y fulminante" del alcalde de Arona, José Alberto González Reverón.
"No se trata sólo de irregularidades administrativas, sino de que el documento en sí mismo es delictivo", apuntó Campos, quien subrayó que el reconocimiento del redactor confirma las sospechas de que el planeamiento urbano de Arona se ha hecho "a la carta", por lo que este asunto "se incardina con el caso Arona" que investiga el mismo juzgado.
* Canarias 7 - EFE - 5.11.2008
Foto: Ayunamiento de Arona (Tenerife)- google
Alicante/PGOU: una chapuza a la medida
ÁNGELES CÁCERES* : No escarmientan. La crisis brutal que sacude al mundo ha hecho saltar por los aires el falsamente hinchado mundo del ladrillo, mandando al paro a miles de trabajadores. La sobreexplotación urbanística y su destrozo medioambiental, en una provincia con escasísimos recursos hídricos y una desertización galopante, es incontestable. La capital está plagada de viviendas vacías, y las urbanizaciones llenas de cajitas de cerillas sin vender. Pero las mentes preclaras que, a todo correr porque se les vence el plazo, han diseñado el nuevo PGOU, manifiestan sin empacho que "se ha hecho para que Alicante pase de 300.000 habitantes a 500.000, porque eso es lo que queremos". Olé sus huevos.
Y quieren que ese crecimiento insostenible se realice a costa de cargarse las partidas rurales. Por eso han hecho un PGOU que de un plumazo arrasa toda una forma de vida secular, respetuosa con el entorno y perfectamente integrada en él. Y quieren, así lo repitió hasta la saciedad el señor Quesada, cuadricular el campo en parcelitas iguales de 500 metros con calles asfaltadas, farolas y carril bici junto a la calzada (¡ É!) "para que ustedes vivan tan bien como los que viven en la calle Maisonnave". Chúpate esa.
Así que el jueves 27 de noviembre se presentaron en el bar El Casal del Rebolledo, en el que no cabía un alfiler, el arquitecto Quesada, un miembro de su equipo, la alcaldesa Castedo y el concejal Sobrino, que alardeó de haberse pateado hasta el último palmo de terreno "en los 100 días y 100 noches que hemos pasado trabajando sin parar para redactar el Plan"; aunque le desmontaron el alarde, ya que en muchas partidas no le habían visto el pelo. Lo de los 100 días y las 100 noches lo repitieron hasta el cansancio, como si fuera un mérito a agradecer; del por qué habían mantenido el PGOU bloqueado tantos años y han tenido que hacerlo a correprisa, no dijeron ni mú. Claro.
Se presentaron con actitud entre prepotente y condescendiente, dispuestos a conformar a cuatro garrulos y seguros de que nadie les iba a sacar los colores. Y no se los sacaron porque están curtidos, pero al final Castedo abandonó la silla y se salió, y Quesada acabó con la cabeza entre las manos, abrumado por una batería de preguntas para las que no había respuesta, por lo que se quedaron sin responder: ni por él, ni por la alcaldesa. Pero quedó claro, (Quesada lo repitió varias veces), que en el PGOU había muchos errores "porque no hemos tenido tiempo de hacerlo mejor". Y aunque intentaran marear la perdiz, quedó claro también que el Plan recogido en DVD, no está completo ni pueden abrirse varios anexos. Y que, a su conveniencia y sin potestad para ello, a la línea recta del AVE trazada por ADIF le han dibujado una curva gigantesca, que deja al Bacarot como la gran (y única) reserva de suelo por donde en un futuro se podría meter ladrillo para agigantar Alicante. Y que lo que se presenta como vergeles, para cumplir con los metros que Europa exige como parques naturales y suelo no edificable de especial protección, son eriales de piedras y alacranes, o polígonos industriales, o el campo de entrenamiento del Hércules que el señor Ortiz acondicionó para poder levantar sus rentables torres en el corazón de la ciudad; pero es que a Europa hay que callarle la boca, porque si no, no suelta dineros. Y que La Alcoraya había sido borrada del mapa y señalada como zona inundable; si bien no se mentó que la alcaldesa pedánea había alentado a los vecinos a pedir ayudas por cada gotera que tuvieran, aunque fuera de una teja rota, y las ayudas se dieron, dando con ello al Ayuntamiento argumentación para declarar inundable toda la zona. Y que cuando a Castedo se le preguntó si habían sido vendidos determinados terrenos respondió con altivez "yo no los he comprado", pero cuando se le repreguntó "¿y el señor Ortiz?", calló.
Quedó claro, en definitiva, que el PGOU es una chapuza hecha a la medida de los depredadores del urbanismo feroz. Y debe saberse que el PGOU completo está encerrado en una caja fuerte, bajo la responsabilidad de un desertor del PSOE al que Alperi le puso un despachazo; y que cuando Ecologistas en Acción exigió ley en mano una copia se le proporcionó escaneada con baja resolución, por lo que gran parte del escrito, especialmente lo relacionado con las vías de tráfico, es absolutamente ilegible. Tal vez ello explique lo que el señor Quesada no fue capaz de explicar, o sea, que en la exposición que hizo del PGOU no aparecieran ni Fontcalent ni la vía rápida de cuatro carriles; que, dicho sea de paso, es por completo innecesaria. Vía que, puesto contra las cuerdas, confesó ignorar si sería de 50 metros de ancha o de 80É pero que, desde luego, tendría carril bici: una necesidad de primer orden entre los bancales.
El señor Quesada se pasó tres horas echando balones fuera, mascullando "no lo sé", "no hemos tenido tiempo", "lo hemos puesto por ahí pero a lo mejor va por otro sitio", "me equivoqué, es un error" y otras lindezas, acompañadas del aviso "si piensan alegar háganlo pronto, porque si lo hacen a última hora no tendremos tiempo de estudiar las alegaciones"; le faltó decir "y las denegaremos de un plumazo", pero se le entendió. Eso sí: la alcaldesa Castedo no dejó de alardear de su pretendida llaneza, tuteando y dejándose tutear por los vecinos de las partidas. Aunque cortara muchas exposiciones con un: "lo que tú quieres decir, Pepe (o Juan, o Antonio), es É" y acto seguido le diera la vuelta a lo expuesto, para decir exactamente lo contrario de lo que el vecino había dicho.
Lo bueno de la penosa reunión del Rebolledo es que la gente, con sus móviles, estuvo grabando imagen y palabras para que quedara constancia. Lo malo, que todos sabemos que van a hacer lo que les dé la gana, como lo están haciendo con el plan Rabasa. Lo peor, y me temo que inamovible porque quienes tienen que dar la aprobación definitiva en Valencia son de su misma cuerda, que con el PGOU, adjudicando a los de siempre obra pública ahora que ha caído la privada, seguirán forrándose los mismos a costa del bienestar común. Pena de país, Señor. Y pena de ciudadanía, que no tiene los redaños de poner en su sitio de una puñetera vez a los políticos y a los constructores que siguen haciendo y deshaciendo a su exclusiva conveniencia. Como si Alicante fuera su cortijo.
* Información - Opinión - 5.12.2008
Arahal: La Fiscalía investiga más de 200 edificaciones ilegales en suelo rústico
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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha abierto unas diligencias sobre más de 200 posibles construcciones ilegales en suelo rústico ubicadas en el término municipal de Arahal, en la que sería la segunda investigación más importante por el número de casos que inicia el fiscal después de la desarrollada en Castilblanco de los Arroyos.
El Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación después de que el Ayuntamiento de la localidad detectase la presencia de varias urbanizaciones levantadas en suelo no urbanizable, alguna de las cuales datan de 2005, según informaron ayer fuentes del caso.
En concreto, en la inspección realizada por la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se detectaron dos parcelaciones que podrían contar con más de 100 edificaciones ilegales y otras cinco parcelas con entre 100 y 150 construcciones que no son autorizables de acuerdo al planeamiento urbanístico.
Una de las urbanizaciones se encuentra en el paraje conocido como La Jareta, donde se han detectado unas 40 pequeñas parcelas de una extensión aproximada de unos 1.000 metros cuadrados. Muchas de estas parcelas disponen de instalación eléctrica y pozos de agua.
De esta forma, el número de viviendas supuestamente ilegales que se habrían levantado en estas parcelas supera las 200, aunque las mismas fuentes explicaron que la investigación trata de averiguar cuándo fueron construidas, ya que aunque la mayoría son recientes, podría haber alguna que esté asentada desde hace más de tres años, con lo cual el posible delito contra la ordenación del territorio habría ya prescrito.
La inspección iniciada por el Seprona trata ahora de determinar si alguna de las construcciones tiene licencia municipal, el tipo de suelo, o si dispone de escritura pública, entre otros aspectos. La Fiscalía considera que las construcciones son ilegales porque, además de haberse realizado sobre suelos que tienen la catalogación de no urbanizables -donde sólo están permitidas las pequeñas construcciones con fines exclusivamente agrícolas-, no está previsto ningún cambio de uso de los terrenos en las normas urbanísticas vigentes, con lo que no serían en ningún caso autorizables.
Las pesquisas iniciadas en Arahal son las segundas en importancia de las realizadas hasta ahora por la Fiscalía de Medio Ambiente, después de la que se llevó a cabo hace varios años en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos y que finalizó con la presentación de 300 querellas por delitos contra la ordenación del territorio.
Una vez que la Fiscalía de Medio Ambiente concluya la investigación, decidirá sobre la presentación de querellas contra los propietarios de las viviendas o el archivo de las actuaciones en caso de que el posible delito haya prescrito.
* Diario de Sevilla - J.M. - 5.12.2008
Foto: Ayuntamiento de arahal -wikipedia.org
Axarquía: Gena denuncia “el abuso” de planes urbanísticos para construir en suelo rústico
INFOAXARQUÍA/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, ha denunciado hoy el abuso de los planes de actuación en la comarca malagueña de la Axarquía para construir viviendas en suelo rústico no urbanizable.
El presidente del GENA, Rafael Yus, ha explicado hoy en un comunicado que con frecuencia, estos planes de actuación, que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) reserva para edificaciones bajo condiciones y fines excepcionales de interés social, “son una mera excusa para otorgar licencias para la construcción de viviendas residenciales”.
“Se trata de viviendas que nada tienen que ver con la figura de las casas de aperos de labranza con las que se pretende justificar la licencia, porque en la mayoría de los casos no hay constancia de una actividad agrícola real”, ha señalado Yus.
El GENA ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra la actuación “de interés público” autorizada por el Ayuntamiento de Moclinejo para la ejecución de un alojamiento rural en suelo no urbanizable en el paraje Los Narcisos.
Según Yus, el proyecto “dista mucho de ser de interés público, puesto que se trata de un simple negocio inmobiliario de alquiler de viviendas y no de un recurso turístico que dé empleo y riqueza al municipio“.
Además, en este caso, un mismo propietario solicita licencia para tres viviendas, “en lo que parece un intento de hacer una urbanización fuera de planeamiento, sin asumir la cesión de superficies o la dotación de equipamientos“.
El colectivo ecologista también ha presentado una denuncia por las construcciones de viviendas en suelo rústico no urbanizable en el municipio de Macharaviaya, sin que exista permiso por parte del Ayuntamiento.
Yus considera que los casos de Moclinejo y Macharaviaya suponen un impacto ambiental considerable para el medio rural.
* InfoAxarquía - 4.12.2008
Foto: infoaxarquia.es
El ex alcalde de Paterna, el de Riba-roja y el de Vilamarxant declararán por el PAI de la Vallesa
LEVANTE* : La titular del juzgado de instrucción nº12 de Valencia llamará a declarar a los alcaldes de Vilamarxant y Riba-roja, y al que fue alcalde de Paterna en 2005, dentro de la investigación sobre una supuesta trama de corrupción urbanística que implicaría sobornos a funcionarios y altos cargos de la Conselleria de Territorio, cuando el entonces conseller Rafael Blasco intentaba la reclasificación de la Vallesa del Mandor. Esta zona natural linda con dos de estos municipios.
Estas diligencias se enmarcan dentro de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra cinco abogados y empresarios por un delito de cohecho y otro de falsedad. Entre los imputados y los propietarios de la Vallesa existe una relación comercial, un informe de ingeniería sobre impacto ambiental.
Así, la magistrada ha pedido que se averigüe el nombre y el domicilio del ex alcalde socialista de Paterna, Francisco Borruey, y de los alcaldes de Vilamarxant, Vicente Betoret,y de Riba-roja, Francisco Tarazona, ambos del PP. Todos ellos "ostentaban el cargo de alcalde en la fecha de los hechos" que se investigan, julio de 2005, y algunos son limítrofes al parque natural que pretendían reclasificar varias instituciones.
La Fiscalía Anticorrupción ha investigado la actuación de estos tres ayuntamientos en aquella época. Hay que recordar las movilizaciones vecinales contra la reclasificación de terrenos en el pulmón verde de la Vallesa, cuando el entonces alcalde de Paterna, Francisco Borruey, negociaba con los Trénor -propietarios mayoritarios-, la reclasificación de 138 hectáreas a cambio de 217.
El conseller de Territorio, Rafael Blasco, denegó esta operación a Paterna mientras preparaba un Plan Especial de Protección que implica reclasificar 3,3 millones de metros cuadrados de bosque a cambio de obtener otros tantos. La oposición ciudadana y el nuevo alcalde de Paterna, el popular Lorenzo Agustí, terminaron con el proyecto al entrar a la conselleria Esteban González Pons, quien logró la protección total en 2007 del Parc Natural del Túria.
Escuchas policiales
El entonces jefe de Área de la Dirección General de Urbanismo, Vicente Collado, denunció el 20 de julio de 2005 que había recibido un sobre con 5.500 euros que le dejó sobre su mesa un mensajero. Desde aquel día, un ingeniero, su mujer y socia en la empresa de Inversiones, un asesor fiscal, su secretaria y otro empresario están siendo investigados.
De las declaraciones realizadas ante la juez por parte de altos cargos y funcionarios de la conselleria que han sido llamados a declarar, y de las escuchas policiales, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se separe parte de la investigación y se remita a los juzgados de instrucción de Alicante. De este modo, la juez se ha inhibido al juzgado de instrucción de Alicante de esta parte de la investigación, que sigue bajo el secreto de las actuaciones.
Al parecer, de las escuchas realizadas por la policía, cuyo informe fue presentado ante el juez hace casi tres meses, se deducen posibles delitos urbanísticos en varias poblaciones de la provincia de Alicante. Además, la investigación podría extenderse a otras Comunidades Autónomas.
De otro lado, se ha pedido información a ocho entidades bancarias sobre transferencias entre los imputados y otras personas objeto de la investigación. En concreto, se han remitido oficios a La Caixa, Bancaja, Banco Bilbao Vizcaya, Caixa Popular, Cooperativa de Crédito Valenciana, Bankinter y la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 4.11.2008
Foto: Riba-roja (Valencia) - hojadigital.com
Imputan al alcalde de Narón por exceso de edificación en el Odeón
LAVOZ/A Coruña* : El alcalde de Narón y líder de Terra Galega, Xoán Gato, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación urbanística por el juez que se ocupa de supuestas irregularidades en la construcción del centro comercial Odeón y de un hotel que lleva el mismo nombre, situados en el polígono de A Gándara.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha elaborado un informe sobre la obra en el que se revela que, sobre todo en el caso del hotel, la edificación es excesiva, invadiendo zonas verdes y reduciendo viales que tendrían que tener otra dimensión. Hasta 5.000 metros cuadrados más se construyeron en una parte, dice la técnico Susana Bahamonde López, a la que la Axencia encomendó la tarea de cotejar lo edificado con los planos, ordenanzas y normativa en vigor.
Fue la fiscala que se ocupa del caso quien pidió al instructor que citase al alcalde Gato y al actual edil de Urbanismo, Xosé Manuel Blanco, que también lo era durante el período en el que se tomaron todas las decisiones relacionadas con la construcción del complejo. Ambos han sido convocados para el próximo enero como imputados por un un delito contra la ordenación del territorio en la modalidad de prevaricación urbanística.
Junto a los dos cargos públicos, el instructor ha citado también al titular de la constructora que levantó ambos edificios.
Las diligencias datan ya de marzo del 2007, si bien el juez estaba a la espera de recibir el informe técnico para adoptar una decisión sobre el camino a seguir. Solicitó a la Xunta que le nombrase unos peritos para ello y, entre tanto, se creó la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que asumió esta tarea. El pasado noviembre, el director de este organismo, Hipólito Pérez Novo, remitió al Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol las conclusiones.
Viales y zonas verdes
La perito que analizó la obra concluye que parecen haberse utilizado los aspectos más ventajosos de la planimetría de esta parte del polígono de A Gándara, cuyo territorio comparten los municipios de Ferrol y Narón, para conseguir importantes beneficios. En todo caso, Susana Bahamonde ha seguido paso a paso el proceso, desde el primer planeamiento de 1985, para concluir que se han comido parte de los viales y las zonas verdes.
Pero si en el aspecto urbanístico ocurrió tal irregularidad, apunta el informe, ocurrió otro tanto con el arquitectónico, porque al hotel no se le computaron ni los aprovechamientos bajo cubierta, una especie de apartamentos abuhardillados, ni tampoco un semisótano, con lo que se han ganado 5.000 metros cuadrados. Porque en la documentación final de la obra, la aprobada por el Concello, en el punto relativo a volumen levantado figura «como non computable o baixo cuberta e o semisoto».
La técnico, una subinspectora urbanística que estuvo auxiliada por otro subinspector, analiza también los convenios suscritos por la alcaldía de Narón y Construcciones Odeón. Además de las irregularidades urbanísticas y constructivas señaladas, el informe concluye que el centro comercial se sale de la tipología edificatoria fijada por la ordenanza municipal reguladora del polígono de A Gándara en el tramo correspondiente a Narón. La norma establece que los usos permitidos son industria, hoteles, salas de reunión, edificios sanitarios, asistenciales, oficinas, comerciales y deportivos pero «non usos recreativos», añade. A los autores de esta prueba pericial les sorprende también lo erróneo de los datos catastrales, con diferencias de más de seis mil metros cuadrados.
* La Voz de Galicia - F.V. - 5.12.2008
Foto: Narón (A Coruña) - wikipedia.org
Tarragona derriba el restaurante del Fortí tras 19 años de litigios
ELPERIÓDICO* : Tras una batalla judicial de 19 años, ayer empezó el derribo del restaurante levantado en el interior del Fortí de la Reina, un antiguo baluarte del siglo XVIII situado junto a la playa del Miracle de Tarragona. La operación se lleva a cabo en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ratificada por el Tribunal Supremo (TS).
El fallo invalidó la licencia de obras otorgada por el ayuntamiento en 1989 porque la zona estaba calificada como zona verde.
El litigio en torno al baluarte se remonta a agosto de 1987, cuando el empresario Enric Catà solicitó su "reutilización" como restaurante. En abril de 1989, el ayuntamiento socialista otorgó la correspondiente licencia de obras. En enero de 1990, Rosa Elías, vecina de Tarragona, abogada y procuradora, recurrió la licencia y el caso llegó a los juzgados.
COMPLEJIDAD
La complejidad de la situación durante todos estos años hizo que el negocio de restauración funcionara sin licencia de actividad hasta que cerró definitivamente sus puertas, el pasado mes de septiembre. Tampoco contaron nunca con la correspondiente autorización la apertura de unos ventanales con vistas al mar ni la terraza.
La sentencia del TSJC, fechada en marzo del 2007, obliga a devolver el aspecto original al recinto, si bien el magistrado contempló aplazar unos meses la ejecución, ya que el proyecto de demolición es complejo y ha precisado del apoyo de la Conselleria de Cultura. La empresa Recop Restauraciones Arquitectónicas inició ayer los trabajos de derribo, que durarán tres meses y costarán 644.000 euros.
El fin de la batalla judicial ha abierto otro frente. Los propietarios del establecimiento reclaman al ayuntamiento una indemnización por daños y perjuicios que podría alcanzar los 10 millones de euros, una petición a la que el ayuntamiento se niega. El alcalde, Josep Félix Ballesteros (PSC), considera que "ha habido un lucro irregular durante años porque la propiedad del establecimiento carecía de licencia de actividad". La portavoz del gobierno municipal, la socialista Begoña Floría, añade: "Al ser una ejecución subsidiaria, avanzaremos el dinero del derribo y luego lo reclamaremos".
El destino final del baluarte se desconoce. El nuevo plan urbanístico lo ha catalogado como monumento. "Permite algunos usos, dentro de la protección del recinto", aseveró ayer Floría. Hace unos meses, Ballesteros aludió a la posibilidad de abrir un proceso de participación ciudadana para decidir el futuro de la construcción como equipamiento. Cuando el proceso llegó a su final, 15.000 personas firmaron un documento a favor del mantenimiento del restaurante.
* El Periódico - ESTHER CELMA - 3.11.2008
Foto: El establecimiento, vallado y con un cartel referente a los trabajos de derribo, ayer. - MONTSE RIERA, elperiodico.com
Derriban el hotel de la playa de Ber
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LAVOZ/A Coruña* : El polémico hotel de la playa de Ber, en Pontedeume, ya tiene las horas contadas. A las nueve de la mañana de ayer, las máquinas entraban en esta edificación de la ría de Ares, construida sobre la arena, para tirar abajo la estructura del inmueble.
Costas inició así la última fase de los trabajos para derribar el hotel, que finalizarán a lo largo de esta mañana, según confirmaban desde la empresa Tragsa, encargada de las obras de demolición. De hecho, las máquinas trabajaron a pleno rendimiento durante la jornada de ayer, y a última hora de la tarde más de la mitad del inmueble había sido ya demolido.
Cuando hoy se tire abajo lo que resta de inmueble, se procederá a la destrucción de los cimientos que se encuentran enterrados en el arenal. Tras esta tarea, comenzarán las labores de desescombro, previsiblemente el jueves, que se alargarán durante al menos diez días, según la empresa. Para entonces, no habrá en Ber ninguna construcción que obstaculice la vista sobre el arenal y la ría.
Los trabajos de desmantelamiento del hotel se iniciaron hace unas semanas, cuando los operarios desmontaron la estructura interna, cuyos elementos fueron separados para su tratamiento posterior. Entre ellos, maderas procedentes de puertas, residuos metálicos de las ventanas, cerámicas, tabiquerías, tubos fluorescentes o cañerías.
La demolición de este inmueble ha supuesto un coste de más de 3,3 millones de euros. Demarcación de Costas inició el proceso de expropiación en julio del 2006, pero no fue hasta el verano del 2007 cuando procedió al tapiado de puertas y ventanas en tanto que no se acometía el derribo, una medida que no evitó los robos de enseres y mobiliario que aún permanecían en su interior.
* La Voz de Galicia - Susana Peña - 3.12.2008
Foto:
Imagen de los trabajos de demolición iniciados ayer por la empresa Tragsa - CÉSAR TOIMIL , lavozdegalicia.es
Lorca: Cifran en 4.000 las construcciones sin declarar en el término municipal
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LAVERDAD/Murcia* : A vista de pájaro la ilegalidad urbanística no tiene mucha escapada. Desde hace cinco meses una empresa contratada por el Ayuntamiento se dedica a sobrevolar el término municipal, catastro en mano, para identificar todas aquellas construcciones ilegales que se hayan llevado a cabo por los propietarios. No sólo se trata de viviendas, también de piscinas, garajes, o naves industriales.
En definitiva, cualquier construcción cuya superficie sea superior a los cuatro metros cuadrados.
El Ayuntamiento estima que en todo el municipio hay unas cuatro mil edificaciones que están en situación irregular por no figurar en el catastro y no estar al corriente del correspondiente impuesto de bienes inmuebles (IBI). Mediante la campaña iniciada por el Consistorio «se pretende que los propietarios puedan hacer frente al pago de los tributos que deben a las arcas municipales sin ser sancionados. No habrá multa. Lo que ocurre es que el que construyera en 2006, lleva dos años de atraso», apuntó el concejal de Hacienda, Antonio Ibarra. Ibarra matizó que «hay que diferenciar entre que la construcción no esté dada de alta en el catastro, y que se construyera de manera ilegal desde el punto de vista urbanístico. En ese caso, tendrá que ser Urbanismo quien realice el correspondiente expediente».
Por su parte, el alcalde, Francisco Jódar, opino que el pago del IBI «es una cuestión de justicia distributiva. ¿Qué me esta pidiendo la oposición?, que paguen unos y otros no. Que no cumplamos la ley. No me parece justo y sensato».
Críticas PSOE
De esta forma contestaba el primer edil a las declaraciones del concejal socialista Isidro Abellán que acusó al equipo de Gobierno de «asfixiar a los lorquinos en plena crisis. Es inaudito que los ciudadanos tengan que pagar este tributo por barbacoas, pérgolas o las casetas de los perros. Ésta es la gota que colma el vaso».
El portavoz socialista denunció además que «se podría estar incurriendo en una ilegalidad al ejecutar cientos de embargos». A estas acusaciones, el edil de Hacienda respondió que «los embargos son de justicia social. No son agradables, pero la ley es igual para todos, sino no tiene sentido. Si ha habido algún embargo por un impago que ha prescrito pedimos perdón y se devolverá el dinero, pero está claro que los que están activos hay que cobrarlos. Se dan facilidades de pago. Podemos hacer como ellos y dejarlos sin cobrar. Cuando llegamos nos encontramos unos diez millones de euros en deuda sin cobrar, con facturas impagadas desde 1998».
* La Verdad - 03.12.08 -T. M. M.
Foto: Panorámica del término municipal. / PACO ALONSO / AGM
Santiponce: Denuncian al Consistorio por usar zonas verdes para construir viviendas
DIARIODESEVILLA* : La Asociación para la Defensa del territorio del Aljarafe (ADTA) presentó ayer alegaciones al programado "cambio de uso" de seis terrenos que albergan en la actualizad zonas verdes y equipamientos para destinarlos a la construcción de viviendas, en su mayoría de protección oficial.
Aunque el colectivo no ha calculado cuántas viviendas se construirán en estos suelos, el presidente de ADTA, Juan Antonio Morales, declaró que estos cambios en el uso de los suelos se ha hecho "sin justificación por parte del Ayuntamiento", lo que afectará a la calificación de los suelos que dejarán de acoger espacios verdes y, en uno de los casos, un campo de fútbol, a ser zonas de uso residencial.
Morales precisó que las alegaciones de ADTA, presentadas ayer en el registro municipal del Ayuntamiento aljarafeño, denuncian la "ausencia de justificación" de los cambios de uso de los suelos previstos por el consistorio, "máxime cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) sólo establece cambios de uso de suelos consolidados de manera muy excepcional y no de forma generalizada, como se ha hecho aquí".
El presidente del colectivo proteccionista del Aljarafe explicó que "no se puede desvestir a un santo para vestir a otro" -en referencia a la actuación del consistorio que promueve la construcción de VPO en zonas verdes recogidas en el actual planeamiento municipal- "pero no a costa de quitar a la población en general espacios de uso público como las zonas verdes y hasta un campo de fútbol".
Morales comentó que "está bien que no se pongan en cargas nuevos suelos si hay espacios entre los suelos consolidados", pero matizó que estas viviendas "no deberían" construirse en zonas verdes mediante un cambio de uso de los suelos que difícilmente encuentra encaje en la ley actual".
* Diario de Sevilla - R.P. - 2.12.2008
Foto: Sevilla2005 - wikipedia
Madrid Río y la Cañada Real, “horrores urbanísticos” del año en la comunidad
20MINUTOS* : El abandono del proyecto para el futuro Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, la conversión de las orillas del Manzanares en un "estercolero" y el "circo tercermundista" de la Cañada Real. Son algunas de las iniciativas urbanas "más perversas e infames" del año recogidas en el Catálogo de buenas prácticas y guía de horrores urbanos de 2008 realizada por cien expertos en la materia para la Fundación para el Progreso de Madrid.
Madrid Río es la obra que ha recibido un mayor número de críticas. Una proyecto "idílico"que iba ser "la culminación natural del soterramiento de la M-30" y que se ha convertido "en un territorio en ruinas, un auténtico estercolero que no podrá ser reparado hasta, casualmente, las elecciones de 2011... eso si antes no se inundan sus túneles", afirmó el presidente de la Fundación, Francisco Herrera, durante la presentación del catálogo.
El soterramiento de la M-30 no sólo es la culpable del fracaso de Madrid-Río. Según la Fundación, también es una de las principales causas del agujero financiero del Ayuntamiento de Madrid (valorado en 6.636 millones de euros) y del deterioro del Parque de Arganzuela, que lleva dos años abandonado por las obras.
Si las sombras se centran en el medio ambiente, las otra cara de la moneda, la de las luces, se lo lleva la cultura con los Teatros del Canal (y su gestor, el controvertido Albert Boadella, a la cabeza) y el nuevo Centro Cultural de la Caixa (CaixaForum).
LO MEJOR
1.- LOS TEATROS DEL CANAL
Un "espacio privilegiado", un icono "de extraordinaria contundencia", un "gran obra cultural". Los Teatros del Canal aún no han empezado a funcionar, pero los halagos que los expertos de la Fundación para el Progreso de Madrid les lanzan no acaban nunca. Inaugurados oficialmente el pasado 22 de septiembre por la Comunidad, suponen "un paso adelante" para las artes escénicas de la región.
2-. CENTRO CULTURAL DE LA CAIXA
Abierto el 14 de febrero de este año, sustituía a la antigua central eléctrica de Mediodía, un edificio de 1899 que ha sido totalmente reinventado por un estudio de arquitectura suizo. A pesar de que aún le faltan "diez años" para que estalle todo su potencial, es "la mejor obra cultural que ha hecho una Caja de Ahorros en España".
3-. METROBÚS
La puesta en marcha de un proyecto que ha mejorado significativamente el tráfico en ciudades como Ámsterdam. Presentado el pasado abril, el Metrobús es un nuevo sistema de transportes que se basa en la utilización por parte de los autobuses de plataformas de uso exclusivo. Algo parecido al bus-VAO, pero en zonas urbanas. De momento sólo se han proyectado cuatro tramos: Alcorcón-Villaviciosa de Odón, Arroyomolinos-Xanadú, San Sebastián de los Reyes-Algete y Torrejón de Ardoz-Barajas; aunque en un futuro "lo más probable" es que lleguen "hasta el centro de la capital".
4-. AMPLIACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE MONCLOA
La ampliación del intercambiador de Moncloa el pasado 19 de febrero permitió unir 47 lanzaderas de autobuses interrubanos, 19 de la EMT y las líneas de metro 3 y 6. Una obra "sin comparación en Europa" que da servicio cada día a 360.000 viajeros.
Y LO PEOR
1-. LA DECEPCIÓN DEL PARQUE DE GUADARRAMA
Tanto Castilla-León como la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente han ido abandonando progresivamente la conversión del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama en un Parque Nacional hasta haber quedado "totalmente fuera" de la agenda política.
2.- MADRID-RÍO
Los vecinos de ambos lados del Manzanares ya no sufren las molestias del tráfico de la M-30, pero las obras han dejado un aspecto "desolador" en la superficie. Además, en septiembre, el autor del soterramiento, Manuel Meils, advertía del riesgo de inundación de los túneles si Madrid-Río seguía adelante.
3.- LA CAÑADA REAL
Más de 40.000 personas, en su mayoría marroquíes y rumanos, conviviendo en una zona de 15 kilómetros situada entre Rivas, Coslada, San Fernando, Madrid y Getafe, en unas condiciones de salubridad "tercermundistas". Ninguna administración se hace responsable de esta "vergüenza".
4.- FUNERARIA
El 2 de junio se hacía pública la sentencia del caso Funeraria... 15 años después de que se iniciara el proceso. Los jueces consideraron que hubo prevaricación y tráfico de influencias en la la venta de la funeraria municipal (la responsable de los cementerios de la ciudad) por el precio simbólico de cien pesetas. El Ayuntamiento sigue manteniendo al frente de esta empresa a dos de esas personas que, según dictaminaron los jueces, cometieron los delitos.
* 20 Minutos - OCTAVIO FRAILE. 02.12.2008
Foto: Teatros del Canal - 20minutos.es
