LAVERDAD/Alicante* : Otra polémica pone en primera línea de actualidad las actuaciones políticas del equipo de gobierno de San Fulgencio y que han supuesto este mes el sobreseimiento del caso del 'vídeo-prueba' por el que se ha levantado la imputación sobre los componentes del gobierno municipal. Ahora es el juzgado de Instrucción nº1 de Orihuela quien ha emitido un auto por el que considera que la actuación de la alcaldesa socialista, Trinidad Martínez y varios ediles de su equipo han cometido presunta prevaricación en el caso de las villas deportivas que la primer edil del PSOE aprobó en un anterior mandato a partir del 2001 y mantiene su imputación. La juez Raquel Lacunza sostiene, a tenor de las diligencias previas que este hecho pudiera ser constitutivo de un delito contra la ordenación del territorio o prevaricación urbanística por parte de la alcaldesa y los concejales José Mora, Teresa Torres, Luisa Alberola, Simone Elster y Mariano Martí.
La juez expone en el documento judicial que todos ellos votaron a favor de la concesión de licencias para la construcción de una villa deportiva en comisiones de gobierno de marzo del 2001, octubre del 2002 y diciembre del 2004 «pese a que -y conscientes de que- las obras a ejecutar no se ajustaban a la calificación del suelo en que se situaba la parcela», suelo que según el Plan General del municipio, prosigue el auto de incoación, «se trata de equipamiento deportivo de titularidad privada».
La juez prosigue recordando que según el PGOU ese terreno estaba destinado a la práctica de deporte, así como a actividades complementarias tales como vestuarios, bares, duchas, pabellones deportivos, viviendas de vigilancia y otras, y que acabó finalmente construido el complejo deportivo Sport Resort «con ocho bloques e instalaciones deportivas al aire libre, construcción de 98 apartamentos de dos o tres dormitorios y 99 plazas de aparcamiento», según afirma conforme a un informe de la Guardia Civil.
Asimismo recuerda la juez que en la información aportada por el Seprona (el servicio de la Benemérita para delitos ecológicos) tres de los bloques destinados a apartamentos se encuentran finalizados, residen en ellos algunas familias y desde el 2005 se hallan inscritas en el Registro de la Propiedad como obra nueva y en régimen de división horizontal, «lo cual sería incompatible con la normativa urbanística aplicable, según el informe del perito judicial». Asimismo deja constancia de que algunos de los otros bloques están sin finalizar, destinado también a su uso como viviendas, se encuentran vendidos en su mitad, mientras que el destinado a instalaciones deportivas cubiertas está sin construir y del que sólo existen los cimientos.
Por otro lado, la juez Lacunza también mantiene la imputación para los arquitectos técnicos al servicio del Ayuntamiento, ya que su informe favorable fue determinante para la concesión de las licencias.
ELPAÍS/Málaga* : Óscar Benavente, uno de los hombres de máxima confianza del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, no llegaba a mileurista. El hombre al que la policía sorprendió con más de dos millones de euros en metálico, supuestamente pertenecientes al exasesor urbanístico marbellí, aseguró ayer que Roca se lo llevó a Marbella desde Madrid "por 900 euros al mes y la casa". A cambio, Benavente actuaba como persona para todo: desde administrar dos de las principales empresas de Roca -la ganadería Marqués de Velilla y la inmobiliaria Gracia y Noguera, con intereses en Mallorca- hasta llevar al colegio al hijo de Roca y "ayudar un poco" a la esposa de este. Roca pagaba a su empleado de confianza en metálico y sin ningún tipo de nómina. La sociedad Gracia y Noguera era la que se encargaba de inyectar liquidez, bajo la forma de préstamos, a las sociedades del entramado empresarial de Roca.
Sin embargo, Benavente ha olvidado en su declaración ante el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, los detalles de su trabajo: "No recuerdo a qué sociedades se pasaba dinero ni el importe. Yo iba y firmaba lo que me decía Manuel Sánchez Zubizarreta [el jefe de los abogados mercantiles de Roca] por orden de Roca", ha asegurado.
Benavente, que antes de trabajar con Roca era empleado del empresario Carlos Sánchez, amigo de su padre, ya fallecido, firmó la póliza de 8,6 millones de euros que sirvió para asegurar parte de la colección de obras de arte adquiridas por el exasesor urbanístico marbellí. Sin embargo, en este extremo también la he asaltado la amnesia: "No tengo ni idea de cómo se adquieren los cuadros. Cuando declaré sobre ello en la fase de instrucción, lo hice con la única pretensión de salir de la cárcel, adonde usted me mandó sin hacerme ni una sola pregunta", le ha reprochado al fiscal. Al contrario de lo sucedido con otros testaferros, Roca firmó con Benavente un contrato de fiducia, por el que este se ponía al frente de las sociedades con la condición de reconocer que el verdadero dueño era el exasesor.
Benavente, para quien el fiscal pide seis años de cárcel y 100 millones de euros de multa por blanqueo y falsedad documental, fue la persona que puso a Roca en contacto con la también testaferro Montserrat Corulla, encargada de la gestión de los negocios hoteleros del supuesto cerebro de la trama. "Roca estaba buscando a alguien para los hoteles y yo le hablé de Montserrat, una amiga mía desde la infancia muy lista y trabajadora. Ella estaba en México pero tenía ganas de regresar a España. Roca la llamó para entrevistarla, pero yo no estuve presente", ha recordado.
CINCODÍAS* : La banca aprieta aún más el cierre del grifo del crédito. Cuando estalló la actual crisis económica hace tres años, las entidades financieras se apresuraron a endurecer los requisitos de concesión de créditos debido a los crecientes problemas de acceso a la liquidez y también para intentar contener el temido repunte de la morosidad en España. Ahora, con los márgenes aún más debilitados por el esfuerzo que la banca ha tenido que realizar para captar pasivo y con una abultada cartera de inmuebles adquiridos -procedentes de créditos impagados o de promociones fallidas-, el campo de batalla ha pasado a ser el precio. Según los últimos datos del Banco de España, entre el pasado diciembre y enero de este año, el interés medio de los nuevos préstamos para la adquisición de vivienda ha pasado del 2,66% al 2,92%. Pero estas son solo las cifras oficiales. En realidad, muchas entidades aplican ya diferenciales sobre el euríbor a un año, el principal índice de referencia de las hipotecas, que alcanzan el 3%, frente a los 0,5 puntos que se pedían justo antes del estallido de las turbulencias.
Este es el caso, por ejemplo, de Caja Madrid, que en su oficina telefónica de atención al cliente ofrece La Hipoteca, con un interés del 3% sobre el euríbor. La entidad también ha incrementado los costes en comisiones: un 0,3% la de estudio, un 1% la de apertura y un 0,5% la de amortización. Del mismo modo, Banco Popular propone por esta misma vía un préstamo para la compra de una casa con un diferencial del 2% sobre el euríbor durante los tres primeros meses y del 3% a partir de este momento. La entidad afirma que solo aplica la comisión de apertura, fijada en el 1%.
En la red de sucursales de Banco Santander reconocen que "los criterios que se aplican son ahora mucho más restrictivos. Las tasaciones son mucho más estrictas y estamos cobrando euríbor más un diferencial entre el 1,5% y el 2,5%", comentan a este periódico. En las oficinas de La Caixa son más benévolos y proponen un 0,75% sobre el euríbor, que se reduce hasta el 0,5% si se domicilia la nómina y se contratan otros productos con la entidad. Eso sí, los empleados de la entidad catalana afirman que tienen la orden de no conceder créditos por un importe superior al 60% del valor de la tasación, frente al tope del 80% que tenían establecido antes, e independientemente de cuál sea el volumen de ingresos del solicitante.
El coste para adquirir una vivienda, por tanto, se ha encarecido en los últimos meses, ya que si se suma la prima que cobra la banca al euríbor a un año -en febrero se situó en el 1,714%, pero el viernes ya cotizaba en el 1,916%-, el interés real por un crédito roza ya el 5%.
Más subidas de tipos
Esta factura, además, podría aumentar en los próximos meses si el Banco Central Europeo (BCE) cumple finalmente sus advertencias. Su gobernador, Jean-Claude Trichet, avisó hace unas semanas que no era descartable un endurecimiento de la política monetaria en la eurozona el próximo abril para intentar contener la escalada de los precios. Un riesgo que ha cobrado peso con las persistentes tensiones en Oriente Próximo, la cuna del oro negro, y el peligro de que la inestabilidad en los principales países productores del petróleo provoque presiones sobre la inflación. Sin embargo, la subida de tipos podría aplazarse tras la catástrofe nuclear en Japón.
Una vía de escape para el cliente para abaratar su cuota hipotecaria es la vinculación. En este caso, las entidades mejoran las condiciones, como también sucede si se trata de una subrogación, es decir, un crédito que se lleva de otro banco. Así, Sabadell en su página web anuncia la BS Hipoteca Bonificada, con un coste a partir del segundo año del euríbor más un diferencial entre el 0,9% y el 1,9%, dependiendo de los productos que se tengan contratados. En Catalunya Caixa explican que la entidad "no marca su política comercial en hipotecas por el precio sino por la vinculación".
Caja Madrid también informa en su web de la Hipoteca Bonificada, que cuenta con un diferencial del 0,8% sobre euríbor si se domicilia la nómina y los recibos en la caja, se contrata un seguro de hogar o plan de pensiones y se cuenta con tarjetas de crédito de la entidad. El cliente puede elegir entre tipo variable durante toda la vida del préstamo, cuyo máximo plazo es de 40 años, o un tipo mixto: fijo los cinco primeros años y variable el resto.
Caída de volumen
Las entidades replican que no han restringido el crédito, sino que el problema es la caída de la demanda, una tendencia que afirman se ha agudizado con la eliminación de los incentivos fiscales a la compra de la vivienda para rentas anuales de más de 24.100 euros.
"Hay que tener en cuenta el problema de demanda propio de la débil situación económica actual, que provoca que en algunas líneas se observen dificultades para alcanzar nuestros crecimientos de objetivos", señalan en Novacaixagalicia, resultado de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia.
Según los últimos datos del Banco de España del cuarto trimestre del pasado año, que incluyen solo las hipotecas a particulares, el volumen se cifró en 662.797 millones de euros al cierre del tercer trimestre del pasado año, frente a los 654.566 millones del mismo periodo del año anterior. Entre octubre y diciembre se registró un ligero repunte, como consecuencia de que muchos ciudadanos adelantaron la decisión de compra de una casa para beneficiarse de las ventajas fiscales.
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) corrobora estas cifras: el crédito hipotecario para hogares y empresas bajó un 2,06% en 2010, hasta situarse su saldo en 1,08 billones de euros. "Continúan las incertidumbres respecto a la crisis, la evolución de los tipos de interés y el empleo, junto a cuál será el resultado de la reestructuración que vive en estos momentos el sector financiero", explica Santos González, presidente de la AHE.
Gónzalez añade que en estos momentos el mercado se encuentra en un punto de inflexión, en el que todavía hay claroscuros. "Somos moderadamente optimistas. Hay algunos elementos positivos, como que el ajuste en el precio de la vivienda está empezando a tener su impacto en la transaccionalidad. Además, existe demanda. Estos factores al final tienen que jugar a favor del mercado. Aun así, para este año con incrementar un poco el saldo o terminar en empate nos damos por satisfechos", concluye. Respecto a las previsiones de tipos, la AHE maneja una escenario para finales del ejercicio con un precio oficial del dinero en el entorno del 2%, lo que situaría el euríbor a un año en el 2,5%.
En Novacaixagalicia señalan que "según los distintos indicadores, los precios continuaron descendiendo durante el año pasado, pero el ajuste fue menor que en ejercicios anteriores. Todo parece reflejar que se requerirán nuevas caídas de precios para reactivar la demanda en los próximos años, aunque los descensos serán cada vez más moderados". La caja asegura que su estrategia seguirá centrada para este ejercicio en el crecimiento del crédito a pequeñas y medianas empresas y a familias. "Novacaixagalicia nunca ha cerrado el grifo del crédito". Y recuerda que la entidad creció en hipotecas en 2010 un 5%, aunque redujo los préstamos a promotores en un 4%. Para 2011, su objetivo es mantener estos ritmos de crecimiento.
Pero no todas las entidades han tenido que hacer los mismos esfuerzos de prudencia. BBK, una de las entidades más solventes y menos expuestas al ladrillo, explica que no han modificado los requisitos. "Nosotros no hemos restringido el crédito. En 2010 crecimos en hipotecas un 5,7% y seguimos ganando cuota de mercado en Vizcaya. Hacemos un traje a medida e intentamos dar a cada cliente el préstamo que necesita. Normalmente el límite es el 80% del valor de tasación, pero también contemplamos dar el 100%. Nuestra oferta está muy ligada a la vinculación", sostienen en la caja de ahorros vasca.
Actividad
Bancos: de los 662.797 millones de euros en hipotecas a particulares, 249.848 millones están en manos de los bancos. El porcentaje de morosos se situaba a finales del pasado diciembre en el 2,28% de su cartera, según los datos del Banco de España.
Cajas de ahorros: estas entidades concentran 359.582 millones de euros, con un 2,44% de créditos que han entrado en impagados.
ELPAÍS/Galicia* : El puerto deportivo de A Lagoa, en Teis (Vigo), parece abocado al derribo de la nave principal, de más de 1.000 metros cuadrados, de que constan sus instalaciones. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de confirmar la orden de demolición que pende sobre la construcción, levantada sin permiso municipal, por lo que deja en manos del Ayuntamiento su derribo definitivo. El fallo se suma al rosario de sentencias contrarias a la marina, construida en las faldas del monte vigués de A Guía, cuyos promotores acaban de perder otro recurso ante el Supremo. La sentencia del TSXG desestima el recurso presentado por la promotora del puerto, Astilleros y Construcciones La Lagoa, contra un fallo anterior de un juzgado de Vigo, con idénticos argumentos.
Así, respalda la resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vigo, que desestimó los recursos de los propietarios de la marina contra la orden de demolición de la nave principal del puerto, construida sin licencia municipal e incompatible, según el Ayuntamiento, con el planeamiento.
Tanto la sentencia del juzgado de Vigo como la del TSXG declararon que esa obra era "ilegal". El recurso de la promotora, propiedad del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, que se hizo con la empresa con el proyecto ya en marcha, apelaba a la supuesta "competencia exclusiva" de la Autoridad Portuaria y a que no se había tramitado correctamente el procedimiento de restauración de la legalidad. La sentencia en primera instancia rechazó todos estos motivos, y negó que se debiera haber dado audiencia al Puerto. También avala que el Ayuntamiento tenía competencias para pronunciarse sobre la legalidad de las obras.
El TSXG precisa que la exención de obtener licencia municipal se refiere exclusivamente a las obras públicas de interés general dentro del dominio público de un puerto de esa naturaleza, como es el de Vigo. "Las naves de un puerto deportivo no son una obra pública de interés general", precisa el tribunal. La sentencia también ratifica que las obras de la nave eran "ilegalizables". "En definitiva, ningún defecto se observa en el procedimiento tramitado para llegar a la resolución dictada, ni tampoco en el contenido de esta", añade. Fuentes de la empresa insisten en que, una vez que fue aprobado el nuevo plan de urbanismo de la ciudad, hace dos años, el Ayuntamiento estaría obligado a dar licencia para la nave en cumplimiento de la autorización concedida por el puerto. "Si ahora nos la derribasen, tendrían que autorizar que la levantásemos de nuevo", afirmaron fuentes de la promotora, que anunciaron un nuevo contencioso-administrativo para exigir la licencial.
Aunque es la de mayores dimensiones, la nave cuyo derribo se confirma ahora no es la única instalación del puerto de A Lagoa, que ya cuenta con otra sentencia firme contra un segundo almacén de embarcaciones. La promotora también construyó un restaurante de 150 metros cuadrados con un permiso para una caseta desmontable de 30 metros destinada a taberna, precintado por orden municipal.
El puerto deportivo, con capacidad para 355 embarcaciones, se construyó con la autorización de la Autoridad Portuaria, entonces presidida por Julio Pedrosa (PP), para la ocupación de una lámina de agua. Las instalaciones carecen de permisos municipales para las obras en tierra. En su construcción, la empresa utilizó como acceso un cortafuegos municipal sin permiso del Ayuntamiento, lo que aplazó durante años el proyecto del paseo marítimo de A Guía, inaugurado hace año y medio, después de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, lo precintara y pusiera los terrenos a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. La promotora también culpa al Ayuntamiento por no haber construido un acceso al puerto, que necesitaría una servidumbre por cuestiones de seguridad.
Varapalo del Supremo
Para poder seguir utilizando el antiguo cortafuegos municipal como acceso para el tráfico pesado, la promotora solicitó a la Audiencia Nacional la paralización cautelar del proyecto que lo convirtió en un paseo marítimo. La petición fue rechazada en primera instancia y acaba de ser confirmada, con el bulevar marítimo ya ejecutado, por el Supremo, en una sentencia del pasado 1 de marzo, conocida la pasada semana.
El fallo del Supremo hace un exhaustivo repaso de todos los reveses judiciales sufridos por la promotora del puerto deportivo, concluye que esta actuación supone "una perturbación grave de los intereses generales". "Del conjunto de resoluciones jurisdiccionales dictadas", añade, "puede extraerse una apariencia de ilegalidad en las actuaciones desarrolladas por la entidad recurrente".
La sentencia defiende los intereses generales frente a los particulares que invocó A Lagoa SA, y avala la "inexistencia de vía de hecho municipal" que defendía el puerto deportivo, en realidad un cortafuegos. "Es indudable que el interés público implícito en la ejecución" del paseo marítimo "ha de prevalecer respecto de los intereses particulares" de la promotora, "dada la menor entidad de estos", añade. La promotora subrayó que el fallo carece de eficacia una vez que el paseo ya está construido.
LASPROVINCIAS* : La partida rural de Monnegre, a quince kilómetros de Alicante de cuyo Ayuntamiento depende administrativamente, es un verdadero puzzle urbanístico encajonado el término municipal de Mutxamel, con el que comparte territorio, y en la que, para situarse y no perderse, es necesario llevar un plano de la ordenación del territorio. La conforman cuatro núcleos de población repartidos por una amplia extensión de terreno, Valle del Sol, El Boter, El Portell de la Moleta y Llofriu, en los que están censados 282 habitantes según la estadística municipales, y a los que hay que añadir las viviendas diseminadas que se sitúan en el cauce del río Monnegre, una garganta profunda que serpentea por el lado del Portell y la urbanización Río Park, de las que le separan la carretera CV-819 de la Diputación Provincial.
Sin embargo, en cada una de estas núcleos o urbanizaciones, son más los residentes que viven todo el año pero que no están empadronados. Y es que, como explica Loreto Asensi, presidenta de la asociación de Vecinos Valle del Sol-El Boter, «no tenemos servicios de ningún tipo», asegura. Entre estas muchas carencias, destaca la falta de dotaciones sanitarias como un consultorio, de equipamientos educativos, alumbrado en las calles , de transporte público, o simplemente de un parque al que acudir y en el que poder convivir con el vecindario, aunque tienen la promesa de los dos ayuntamientos de realizar un parque conjuntamente.
Estas deficiencias resultan más complejas de resolver si se tiene en cuenta que las viviendas de estas urbanizaciones pertenecen a una u otra administración local, la de Alicante o Mutxamel, dependiendo de su situación, lo que hace que sea necesario un acuerdo de ambos ayuntamientos para resolverlas.
Este es el caso de Valle del Sol, urbanización dividida por una línea perpendicular que determina la separación entre los dos términos municipales, de tal manera que calles como al de Montiboli, Estambre y Pistilo, entre otras pocas más, son de Alicante, y el resto de Mutxamel. «Hay residentes en el núcleo de población de Valle del Sol que, sin moverse de casa, duermen en el término municipal de Alicante y comen en el de Mutxamel», comenta Loreto Asensi, y lejos de ser un chiste responde a una realidad que también afecta a la urbanización de El Portell de la Moleta.
Una de las necesidades de los vecinos de la pedanía ha sido la red de agua potable en la pedanía. Una deficiencia que resulta impensable que se pueda producir en pleno siglo XXI y que, después de muchos años de lucha con los dos ayuntamientos, han conseguido que se corrija, y es ahora cuando se han empezado a acometer las obras de instalación de las canalizaciones, aunque sólo en el núcleo del Valle del Sol-El Boter. Actuación ésta que llevan a cabo las empresas Aquagest, en las calles que pertenecen al término municipal de Mutxamel, y Aguas de Alicante en las demás calles.
En el caso de El Portell de la Moleta, el presidente de la asociación de vecinos y también alcalde pedáneo de Monnegre, Juan Bleda, lamenta de que este servicio no se haya hecho extensivo a las viviendas de este núcleo, si bien indicó que el Ayuntamiento de Alicante está redactando un proyecto para instalar la red de agua potable. Refiere que hasta tanto la solución pasa «por contar con un aljibe que recoja el agua de lluvia o comprarla en bidones». Hasta ahora los vecinos sólo podían contar con agua que sólo pueden usar para lavar. De hecho llama la atención que a la entrada del Valle del Sol una pequeña fuente tenga un cartel que advierte que el agua no es potable.
También se queja de que el minibús de transporte público de Mutxamel no llegue hasta la urbanización, por lo que Bleda mantiene una permanente batalla burocrática con el fin de que se establezca este servicio y para el que, según le han dicho, tiene que solicitarlo a la Generalitat. En cambio disfruta de alumbrado público, caminos asfaltados -salvo los que pertenecen a la zona de Mutxamel- y de una plaza, a la que denominan de las fiestas y cuenta con un pequeño parque de juegos infantiles, en la que el Ayuntamiento de Alicante les ha instalado casetas prefabricadas, que utilizan como oficinas, centro de reunión de vecinos y otras actividades.
* Las Provincias - 21.03.11
Foto: Red de agua . Obras de canalización del agua potable en la urbanización Valle del Sol.- lasprovincias
Una breve explicación de como la corrupción se esta adueñando de nuestra vida politica en España. Asi es como se esta tomando ejemplo en muchas zonas de España para hacer buenas politicas pensando en el enriquecimiento personal en vez del beneficio de las personas. Muchos politicos españoles, han visto este video para entrar en politica.
ELPAÍS* : A las 8.45 han llegado para demoler el lugar que había sido su casa durante tres años, un autobús y una caravana destartalados en las que vivían 14 miembros de la misma familia de gitanos rumanos, cuatro adultos y diez menores de entre uno y 14 años, en la calle Somport de Las Tablas, en el norte de Madrid. Son agentes de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional, una grúa, una excavadora, el Samur y responsables de Urbanismo del Ayuntamiento. Tres horas después, los dos vehículos han sido reducidos a chatarra por las palas de la excavadora. "No queremos irnos. No hay derecho", se lamenta el patriarca, Fran Stan, apoyado por una decena de voluntarios de la Parroquia de San Carlos Borromeo. El Ayuntamiento ha confirmado que ha ordenado la destrucción de ambas infraviviendas porque se trata de un "asentimiento ilegal". Al desguace de sus viviendas han asistido los padres y los niños pequeños, ya que los mayores están escolarizados en un centro escolar de la zona y ya se habían ido a clase cuando ha comenzado el desalojo.
Para facilitar la operación de derribo, loa agentes han cortado el camino de Fuencarral a Hotaleza. En el autobús vivían Fran Stan, su esposa Grazieria y ocho de sus hijos. Al lado, en la caravana, la hija mayor, Persida, con su esposo Ciprián y sus dos hijos, que pronto, en un par de meses, serán tres. Tanto ella como su pareja, están buscando trabajo. Según ha indicado un voluntario de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real, se trata de una familia "muy integrable, muy educados, los niños hablan español perfectamente y asisten a colegios en la zona".
A San Roque y Valdelatas
El jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, ha considerado "un éxito" la operación de desalojo, que se ha desarrollado sin incidentes de ningún tipo y después de que las familias sacaran sus enseres. Fran Stan, de profesión chatarrero, reclama que, al menos, le den el amasijo de hierros en el que se han convertido sus viviendas para venderlos. Calcula que vale 1.500 euros. Sin embargo, la chatarra va a ser depositada en un vertedero. "han tenido tiempo para desalojar el lugar y vender los vehículos para chatarra pero no lo han hecho", indica Santos.
La familia, de origen rumano, llevaba asentada desde 2008 en el camino de Fuencarral a Hortaleza. Se instalaron allí cuando el jefe de Stan, que tenía un negocio de vehículos que él vigilaba, les dio el autobús que convirtió en su vivienda y que ya no existe. Entonces, salieron de la Cañada Real, donde, según Stan, "la vida era muy conflictiva". En Las Tablas, lograron agua y luz. Un empalme casero les conecta al alumbrado público, y el agua corriente la sacaban de una toma de agua en la calle. Hasta que la policía les visitó el sábado para decirles que los desalojarían hoy. "Estamos muy bien aquí, ¿qué vamos hacer?", se lamentaba ayer en un castellano perfecto delante del viejo autobús.
A finales de 2010 el Ayuntamiento mandó una orden administrativa que requería la salida voluntaria de varias familias rumanas que vivían en chabolas por la zona -una treintena de rumanos, muchos de ellos niños-. Todos se marcharon menos la familia de Stan. "No tenían los papeles para echarnos, así que nos quedamos", explica el padre. Pero el Consistorio reunió los papeles necesarios. El Ayuntamiento les mandó una carta el pasado 10 de marzo en la que hacía referencia a una sentencia del Juzgado número 19 de Madrid y les requería a que procedieran "de forma inmediata al desalojo de personas y enseres". En caso de no salir voluntariamente, se procedería "a la ejecución forzosa por parte de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad", como finalmente ha sucedido.
El Samur Social ha llevado ya a las familias a los campamentos para personas de origen inmigrante con riesgo de exclusión de San Roque -Fran Stan, Grazieria y sus ocho hijos menores- y Valdelatas -Ciprián, Persida y sus dos niños-, donde van a alojarse esta noche y donde al parecer podrán quedarse unos tres meses. Stan y su mujer llegaron a España desde Rumanía en 2001. Persida ha mostrado su descontento con esta decisión ya que para ella está "muy lejos", además de no conocer "a nadie en ese sitio". En octubre de 2011 hará 10 años que se empadronaron y, según ellos, tendrán "derecho a pedir una casa".
* El País - 21.03.11
Foto: La maquinaria pesada tarda 30 minutos en convertir en chatarra la caravana y el autobús donde vivían catorce personas.- elpais
ELCONFIDENCIAL* : El Gran Blanqueador, José Ramón Blanco Balin, se esfuerza en hacer honor al sobrenombre con el que se ha hecho conocido en el ámbito judicial. El hombre que llegó a ocupar la vicepresidencia de Repsol YPF gracias a su amistad en su día con José María Aznar y que ha estado implicado en algunos de las tramas de blanqueo de capitales más sonadas de los últimos años, como la propia red Gürtel, ha vuelto a ser detenido en Madrid. Ahora, en el marco de una operación contra el fraude fiscal coordinada por la Agencia Tributaria en Galicia en la que también ha sido detenido también José Luis Martínez Parra, dueño de la inmobiliaria Teconsa. Tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número tres de Ferrol, que instruye el caso en secreto, ambos quedaron ya en libertad con cargos. Se les acusa de haber escatimado a Hacienda más de 3,2 millones de euros en aranceles e impuestos entre 2008 y 2009 a través de un negocio de importación de materiales de construcción y de clínker, un componente utilizado para fabricar cemento.
Se saltaban, sistemáticamente, la aduana del puerto de Ferrol utilizando como pantalla la empresa Molienda de Clínker SL. Habrían introducido de esta forma toneladas de clínker en España procedentes de China.
Blanco Balín, que llegó a ser amigo muy estrecho de Aznar e inspector de Hacienda como él, entró a formar parte del Consejo de Administración de Repsol YPF en 1996, tras la victoria electoral del PP. Su cercanía al ex presidente del Gobierno fue tal que Blanco Balín llegó incluso a escribir un libro de texto con él para el Centro de Estudios Financieros. En el año 2000, obtendría el cargo de vicepresidente y consejero delegado de Repsol cuando la compañía estaba presidida por Alfonso Cortina. Su nombre llegó a incluso a barajarse para sustituir a Miguel Boyer al frente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).
Desde entonces, Blanco Balín empezó a relacionarse con la trama corrupta de empresarios vinculados al Partido Popular y que lideraba Francisco Correa para montar la estrategia de blanqueo de capitales de toda la red, según confesó Antoine Sánchez al juez Baltasar Garzón. Blanco se convirtió así en el administrador del entramado empresarial de varias de las compañías de Gürtel como Hator Consulting, Osiris Patrimonial o Inversiones Kintimani.
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales reveló cómo el dinero lavado en paraísos fiscales con ayuda de Blanco Balín fue reinvertido después en ladrillo por la banda de Correa. Además, los ‘pinchazos’ de las comunicaciones carcelarias de los principales imputados en la trama corrupta también sirvieron para descubrir como el ex vicepresidente de Repsol coordinaba con su abogado los movimientos en las empresas patrimoniales de Correa.
Consejero de Orange Market
Ramón Blanco figura también como consejero de Orange Market, filial en Valencia de Special Events, compañía desde la que presuntamente Francisco Correa ejercía de conseguidor de contratos públicos de las administraciones populares. Pablo Crespo -uno de los detenidos por Garzón, secretario de organización del PP en Galicia hasta 1999 y administrador único de Special Events- figura junto al propio Blanco desde el 17 de junio como apoderado en la sociedad Castano Corporate, dedicada a la promoción inmobiliaria. Tanto Crespo como Blanco habían sido administradores de la sociedad junto a Jacobo Gordon, actual administrador único y también imputado.
Sin embargo, Garzón tuvo que dejarle en libertad en febrero de 2009 al no haber pedido para él las fiscales anticorrupción, Miriam Sánchez y Concha Sabadell, ningún tipo de medida cautelar después de que el juez le tomará declaración como imputados por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
A su salida de la Audiencia Nacional, Blanco Balín confesó a los periodistas que estaba “hasta los huevos”. “Cuando pongáis algo en los periódicos, hacedlo con algo de respeto. Os lo pido por mí y mi familia", reclamó. “No me gusta que mis hijos lean por la mañana que su padre es un delincuente".
Por otro lado, la estrecha relación de Blanco Balín y los Albertos -condenados por el Tribunal Supremo a más de tres años de prisión por estafa en el llamado caso Urbanor y absueltos en 2008 por el Tribunal Constitucional al entender que el delito había prescrito- se remonta al menos a 1995, cuando el Gran Blanqueador fue nombrado apoderado de Corporación Financiera Alcor, la sociedad que gestiona buena parte del patrimonio de los Albertos. Los primos, sin embargo, siempre han negado que “el abogado Ramón Blanco Balín haya trabajado a las órdenes de Alberto Cortina y Alberto Alcocer para ocultar en el extranjero decenas de millones de euros de los multimillonarios empresarios y primos”.
DIARIOMONTAÑÉS* : El Parlamento de Cantabria aprobó ayer una nueva ley para dar solución a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo. Si el pasado mes de julio reformó la normativa urbanística con el fin de abrir vías para la legalización de las viviendas, ayer completó la tramitación de otra reforma legal destinada a modificar los procedimientos de reclamación patrimonial para los supuestos en que la legalización no sea posible y, así, facilitar el cobro de las indemnizaciones a los afectados. Como consecuencia de esta nueva ley, ninguna vivienda de Cantabria podrá ser derribada hasta que su propietario cobre la indemnización, algo que no contempla la legislación de ningún otro punto de España. Un marco legal cuya aplicación retroactiva no está legalmente aclarada.
La reforma legal culminada el 26 de julio de 2010 obtuvo el respaldo de los tres grupos políticos con representación en la Cámara regional (PP, PRC y PSOE), pero no el de los afectados, que cuestionaron la medida por insuficiente. La de ayer se aprobó igualmente de manera unánime, pero además fue bendecida por los propietarios de las viviendas.
«Hacemos una valoración muy positiva», aseguró Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), minutos después de concluir el debate parlamentario. Vilela acudió al Parlamento acompañado por un centenar de afectados, quienes siguieron el debate repartidos entre la tribuna de invitados del hemiciclo, unos, y el salón habilitado al efecto con circuito cerrado de televisión, el resto.
La norma aprobada ayer -conocida como Ley de Indemnizaciones- implica que «sólo se podrá proceder a la demolición cuando haya finalizado el procedimiento de determinación de responsabilidad patrimonial, se haya establecido en su caso el importe de la indemnización y se haya puesto este a disposición del perjudicado». Ninguna vivienda será demolida, por tanto, hasta que las administraciones hayan abonado su valor a los propietarios de los inmuebles.
También contempla nuevas garantías para los compradores de vivienda, como la obligación de establecer anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad para las viviendas cuya licencia hubiera sido recurrida ante los tribunales o la obligación de que los promotores en esta situación contraten «avales y seguros» para hacer frente a las cantidades adelantadas por los compradores.
Tramitación parlamentaria
Los cambios introducidos en la legislación son el resultado del proyecto de ley aprobado el pasado 13 de enero por el Gobierno de Cantabria, pero sobre todo del procedimiento de tramitación parlamentaria seguido a continuación, en el que todos los grupos políticos han tomado parte mediante la presentación de enmiendas al articulado.
Para su debate en comisión, PSOE y PRC presentaron una y PP tres. A partir del dictamen, todavía fue registrada otra transaccional por parte de socialistas y regionalistas, como alternativa a las enmiendas que los populares mantuvieron 'vivas' (aquellas que se debaten en Pleno al no haber sido admitidas por la comisión). La portavoz del PP, María José Sáenz de Buruaga, todavía defendió ayer las ventajas de su propuesta -tramitar anticipos- frente a las de la transaccional registrada por PRC y PSOE, pero aceptó finalmente retirar sus enmiendas para que el Pleno pudiera debatir, y admitir, la de sus oponentes.
El resultado fue que, con las cesiones de unos y otros, el Parlamento aprobó ayer la Ley de Indemnizaciones, respaldada por todos los grupos y, además, bendecida por los afectados.
Opiniones políticas
Como en todo acto parlamentario, no faltó el debate. Intervinieron el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, en nombre del Gobierno; el diputado Francisco Fernández Mañanes, en nombre del PSOE; Rafael de la Sierra, en el del PRC; y María José Sáenz de Buruaga, en el del PP.
Mazón aseguró que «el proyecto de ley era suficiente, pero estas enmiendas tienden a reforzar sus objetivos»; Mañanes dijo que su grupo «puede sentirse orgulloso de haber estado siempre en la solución del problema»; De la Sierra apuntó que «estamos haciendo que Cantabria sea la más avanzada de España en el planteamiento de soluciones»; y Buruaga subrayó que «no nos importa que se apunten ustedes el triunfo porque los afectados salen ganando».
«Ha habido cintura y al final se ha hecho una norma que es positiva», añadió, por su parte, Vilela. «Estamos muy emocionados».
* El Diario Montañés - 22.03.11
Foto: Los afectados fueron ayer protagonistas en el Parlamento, por su presencia y por el contenido del debate.- diariomontañés
ELPAÍS/Alicante* : Un imputado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en Alicante) destapó ayer ante el juez la caja de los truenos. Luis Bracho, gerente de la mercantil Sufi, firma que en una UTE con Liasur y Gobancast ganó la contrata de la basura de Orihuela, ratificó al magistrado que estas dos últimas empresas están controladas por el cabecilla de la trama, el industrial Ángel Fenoll. El empresario niega la acusación y asegura que nadie puede demostrar que las empresas son suyas. La declaración del directivo de Sufi corrobora la tesis de la investigación policial que considera probado que Fenoll creó estas dos falsas empresas para quedarse con la contrata. Bracho también admitió ante el juez que, previamente a la adjudicación, mantuvo dos reuniones con el concejal del PP Manuel Abadía y Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa oriolana, la popular Mónica Lorente.
El ejecutivo, no obstante, manifestó que no le constaba que el Ayuntamiento conociera que Ángel Fenoll controlaba Liasur y Gobancast.
El directivo de Sufi declaró por segunda vez ante el magistrado instructor, Carlos San Martín, titular el Juzgado número 3 de Orihuela, tras su arresto el 6 de julio de 2010. Bracho fue interrogado por espacio de casi cuatro horas y respondió a las preguntas de todas partes (12 letrados) más el representante de la Fiscalía Anticorrupción y el juez. El gerente está imputado por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
La UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast, se hizo con la contrata de la basura de Orihuela en octubre de 2008. El contrato está valorado en 190 millones por 20 años. El Ayuntamiento, presidido por Mónica Lorente, del PP, retomó la adjudicación del concurso que dejó desierto su antecesor en el cargo, José Manuel Medina. Éste congeló el proceso precisamente ante una denuncia de Fenoll de un supuesto soborno por la concesión.
Bracho aseguró al juez que cuando la mercantil Sufi se interesó por la contrata de basura de Orihuela contactó primero con Fenoll, "porque este tiene un vertedero en el municipio". El directivo aseguró que Fenoll le dijo que iba a ir al concurso, pero no con su empresa oficial, la mercantil Colsur, sino que crearía otras nuevas, que al final resultaron ser Liasur y Gobancast.
El ejecutivo admitió que fue él personalmente quien negocio la formación de la UTE de Sufi con Liasur y Gobancast y que los interlocutores de esas mercantiles eran Fenoll y su clan familiar. "Me dijeron que en principio iban a vender Colsur y que iban a trabajar con Liasur y Gobancast", declaró Barcho. El contrato de la UTE se firmó en la sede de Sufi en Madrid el 7 de mayo de 2008. En esa fecha, el ejecutivo confesó al juez que ya era sabedor de que Fenoll optaba al concurso también con la firma Colsur. "Me dijeron que se tenían que presentar ellos [el grupo de Fenoll] para guardar las apariencias", puntualizó Bracho al magistrado.
El directivo de Sufi también admitió ante el magistrado que mantuvo dos encuentros con el concejal del PP Manuel Abadía y el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente. Respecto al primero puntualizó que desconocía que se tratara de un concejal. "Me lo presentaron como Manuel y me enteré que era concejal tras la adjudicación", dijo. En cuanto al segundo sí lo identificó como el familiar de la alcaldesa. No obstante, Bracho descartó que en esos encuentros obtuviera algún tipo de información privilegiada, "fueron intrascendentes", precisó. Manuel Abadía también fue arrestado en julio de 2010 y está imputado por tráfico de influencias y cohecho.
Discrepancias entre socios de conveniencia
La declaración de Luis Bracho, gerente de Sufi y, a su vez delegado de la mercantil para el área de la Comunidad Valenciana y Murcia, ha puesto al descubierto las primeras discrepancias entre los socios de la UTE adjudicataria de la contrata de la basura de Orihuela. En el transfondo de esas diferencias planea la picaresca del industrial Ángel Fenoll a la hora de pesar la basura.
Bracho, que al inicio de su declaración confirmó al magistrado que su alianza con Fenoll respondió a un pacto de conveniencias mutuas, concluyó su testimonio acusando a Fenoll de deslealtad a la UTE en el peso de la basura que llega a su vertedero. La UTE contrató con Liarsur el transporte de la basura de la costa de Orihuela a la planta de Fenoll, "pero sospechamos que hay servicios que se están cobrando por Liarsur sin realizarse, aunque no tenemos báscula para demostrarlo", puntualizó.
Bracho relató al magistrado los problemas de la concesionaria para prestar el servicio que comenzó seis meses después de la adjudicación. El principal escollo fue la entrega de la flota de camiones por la falta de financiación. Los vehículos fueron comprados a través de la empresa Autisa, del empresario Rafael Gregori, también imputado en este sumario.
El ejecutivo de Sufi declaró que, tras la adjudicación del contrato, cuando había problemas con el Ayuntamiento el encargado de hablar con el equipo de gobierno, era el gerente de la UTE, Miguel San Andrés. "Hasta la fecha la UTE ha perdido un millón y medio de euros y no se ha repartido como beneficios ningún dinero a Liarsur y Gobancast", aseveró Bracho.
El representante de Sufi también advirtió al juez de que "Miguel San Andrés sabía que detrás de Gobancast y Liasur estaba la familia Fenoll".
El imputado, en cambio, se mostró firme a la hora de rechazar que Sufi tuviera acceso a ningún tipo de información privilegiada (contenido del pliego de condiciones de la contrata) debido a los contactos del Ángel Fenoll con ediles del Ayuntamiento o como consecuencia de los dos encuentros que mantuvo con el concejal Manuel Abadía y el hermano de la alcaldesa. También desvinculó que Fenoll le facilitará un nuevo teléfono móvil en abril de 2008 en un intento de burlar las escuchas telefónicas. "Me dio el teléfono porque las cuentas le salían más baratas y las cargaría a la UTE", dijo. "Sabía que había un procedimiento judicial, pero pensaba que era el relativo al plan zonal y que no tenía nada que ver con la UTE", aclaró al juez.
* El País - 16.03.11
Foto: Orihuela (Alicante), protesta planta residuos (archivo) - diarioinformacion.com
LAVERDAD/Málaga* : Entre tantas familias árabes de postín con sus interminables séquitos, coches deslumbrantes con lunas tintadas y guardaespaldas como armarios que toman la Costa del Sol en verano, a Saif al Islam Gadafi le resultaba sencillo pasar inadvertido año tras año. A más de 1.700 kilómetros de su Trípoli natal, casi nadie sabía que bajo esa aparente fachada de serio y rudo hombre de negocios de 38 años se escondía el «sucesor natural» del dictador libio. El arquitecto e ingeniero tenía en los alrededores de Estepona un refugio para olvidarse de los tejemanejes de su padre. Pero nada de la 'dolce vita' a la que acostumbran los multimillonarios árabes en Marbella. En Puerto Banús no le recuerdan ni pavoneándose ni gastando miles de euros a espuertas por sus exclusivas tiendas como otros mimados 'hijos de'. Discreción absoluta y ni un escándalo que le pusiese en la picota por más que estos días se le haya visto en televisión, más alterado de la cuenta, defendiendo el régimen de su amado padre con un dedo índice acusador.
Y eso que la defensa le saldría gratis, ya que su única hermana, Aisha, de 32 años, es otra de las habituales de la Milla de Oro marbellí. Ya formó parte de parte de la defensa del expresidente de Irak Sadam Husein y de Muntadhar al-Zaidi, el periodista que le lanzó un zapato a Bush.
En los corrillos de la Costa del Sol se da por sentado que hasta dos mansiones lucen el escudo Gadafi en la zona, además de otras posesiones que al parecer atesoran en el municipio gaditano de Sotogrande, Sevilla y Granada a través de sociedades de todo tipo. La familia del dictador, en cambio, lo niega todo: «Nos da risa que se diga que tenemos dinero en Europa o en Suiza. Somos una familia muy modesta y todo el mundo lo sabe», ha declarado Saif al Islam a la cadena de televisión americana ABC.
El Gobierno español, de momento, ha bloqueado la finca La Resinera en su plan para inmovilizar la red de empresas y propiedades que Gadafi posee en nuestro país. Sin embargo, no piensen en una finca con una asombrosa mansión perdida en la montaña entre los pueblos malagueños de Júzcar, Pujerra y Benahavís (donde precisamente veraneó Michelle Obama el año pasado). Solo hay campo y más campo y mucho barro. Todo muy verde tras las últimas lluvias y con el Mediterráneo en el horizonte. En total, un terreno de 7.000 hectáreas en el que se pretendían construir 1.915 casas adosadas, un campo de golf y un palacio de congresos... pero que llevan años esperando a que se ponga la primera piedra: el plan no ha recibido el visto bueno de la Junta de Andalucía.
Nada de fiestas
Valorada en más de 20 millones de euros, oficialmente su propiedad depende del Libyan Foreign Bank, «pero por aquí todos los vecinos dicen que es de Gadafi», argumentan en Benahavís. Los anteriores dueños soñaron con construir en la finca un parque temático. Por ahora la única aventura es moverse por este terreno, que solo en mantenimiento requiere la friolera de 300.000 euros al año, dos guardas forestales incluidos. También se gastaron un buen pico en vallar el recinto con fines cinegéticos, pero dicen que Saif al Islam no ha pegado un solo tiro en la zona por más que, al parecer, haya compartido alguna cacería en España con Alejandro Agag, yerno de José María Aznar.
El preferido del clan Gadafi y su hermana, conocida como 'la Claudia Schiffer del norte de África', tampoco han paseado su palmito por las glamourosas fiestas marbellíes. No han coincidido en un photocall con Carmen Lomana o Gunilla von Bismarck ni han compartido canapés en las cientos de causas solidarias que atraen a lo más granado de los veraneantes. Eso sí, cuentan las leyendas urbanas que el 'ingeniero Saif' se atrincheró hace unos años en el por entonces megalujoso hotel Las Dunas de Estepona (una noche en una de las suites salía por unas 269.000 pesetas más IVA en 2001) para negociar con EE UU el levantamiento del embargo a Libia. Curiosamente, poco después, tras firmarse la tregua, fue Aznar el primer líder occidental en ser recibido por Gadafi, que además le regaló un caballo pura sangre. A partir de entonces, las relaciones bilaterales fueron de lo más fluidas, y el coronel llegó a plantar en 2007 su jaima en el Palacio del Pardo. Entre sus múltiples caprichos de rey no faltaron todas las noches espectáculos flamencos, con Rafael Amargo a la cabeza.
Entre palmas y algún que otro olé se estrecharon todo tipo de lazos comerciales. En la última década, la inversión directa de Libia en España ha alcanzado los 290 millones de euros; además, su petróleo representa un 13% del consumo español y su gas, el 2%. Junto con Repsol, otras empresas patrias se han dejado caer por el país, como la constructora Sacyr, que firma el proyecto de urbanización de la ciudad de El Beida y el plan urbanístico de Benghazi, o Bruesa, que se encuentra tras el complejo universitario de Anoakat Alkhams. Sin olvidar la venta de material de defensa y militar español a Libia, que solo en el primer semestre de 2010 ascendió a más de 6,9 millones de euros, según los datos del Ministerio de Industria. O, como recuerda el periodista Tico Medina, cronista oficial de Granada, las casi 5.000 cabras granadinas que se llevó para su desierto.
Quizás por ese 'feeling', Gadafi mandó a su hijo pequeño hace un año a estudiar a España un MBA en el Instituto de Empresa. Pero Jamis -también escrito Khamis-, de 28 años, optó por camuflarse bajo el apellido de su madre para evitar las miradas indiscretas de sus compañeros, y lo consiguió hasta su expulsión como consecuencia de las revueltas árabes. Se suponía que el pequeño Gadafi tenía que estar haciendo prácticas en Estados Unidos, pero en realidad se encontraba al frente de la brigada 32, la mejor equipada y más moderna del Ejército libio. Pese a su juventud, el pequeño vástago es el más temido. Su apodo lo dice todo, 'el agente del miedo', aunque después en Mallorca fanfarronee a todo trapo de un espectacular barco y de su fama de ligón.
Excentricidades que le vienen de serie. En el centro de Málaga aún recuerdan la visita de Gadafi por sorpresa días antes de comenzar su primer periplo oficial por nuestro país en 2007. Primero le tocaba visita privada a Andalucía, donde se suponía que iba a estar de cacería por Sevilla... pero cambió de planes. Un tipo enchaquetado entró muy apurado en la recepción de un hotel de cuatro estrellas de la capital de la Costa del Sol. «¿Tienen algún canal de televisión árabe?», preguntó sin más rodeos. Tras la respuesta afirmativa llegó el asombro: más de medio centenar de habitaciones para un séquito de 200 personas, incluidas las vírgenes amazonas expertas en artes marciales y dispuestas a matar si hiciera falta, además de una veintena de coches de alta gama. Todos para arropar al líder libio, que esa noche durmió en una de las suites tras meterse entre pecho y espalda un estofado de carne cocinado por su chef personal y picotear de una cesta con seis kilos de frutas tropicales. Y, mientras tanto, su hijo Saif se daba una escapadita a Marbella... Para repetirlo tendrá que esperar.
LAVANGUARDIA* : La asociación de consumidores ha presentado un informe al Congreso de los Diputados donde se calcula que existen 4 millones de hipotecados con 'cláusulas suelo' que les suponen un perjucio anual de cerca de 3.000 euros. Adicae ha denunciado que miles de consumidores están pagando en su hipoteca un tipo de interés un 250% superior al que correspondería legalmente a causa de las 'cláusulas suelo' de los créditos a la vivienda, según informa en un comunicado. La asociación explica que la documentación de los contratos ha puesto de manifiesto que muchas entidades fijaron 'cláusulas suelo' del 5%, por lo que los hipotecados no se han beneficiado de la bajada del Euríbor y están pagando tipos de interés muy elevados. Según el análisis de los datos, en un 50% de los casos el suelo está fijado en niveles superiores al 3,5%, mientras en un 35% de casos los suelos están entre el 3 y el 3,5%. De esta forma, el perjuicio que están sufriendo muchos hipotecados podría ascender a cerca de 3.000 euros anuales.
La asociación calcula que existen 4 millones de hipotecados con 'cláusulas suelo' y prevé que el periodo 2007-2011 finalice con cerca de 750.000 embargos. Adicae anuncia que ampliará de 45 a 100 la lista de entidades financieras incluidas en la demanda colectiva por la venta de estos productos, que tramita el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid.
Por ello, Adicae ha presentado al conjunto de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un informe sobre el impacto de las 'cláusulas suelo' en la economía familiar de los españoles junto a una propuesta para regular las limitaciones a los tipos de interés y declarar estas cláusulas abusivas.
Además, la asociación advierte que de la subrogación en la hipoteca del constructor ha servido de mecanismo para ocultar la existencia de la 'cláusula suelo' a gran parte de los 4 millones de afectados.
Por último, Adicae advierte a los clientes de estas hipotecas de las "manipulaciones" de diversos bancos y cajas, que individualmente están ofreciendo reducciones simbólicas de los 'suelos' hipotecarios a cambio de contratar múltiples productos y de asumir gastos diversos, ante las numerosas quejas.
INFORMACIÓN/Alicante* : "Un auténtico escándalo". Así calificó ayer el Ayuntamiento de Benidorm la última modificación aprobada por el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, en el planeamiento del área de reserva del parque temático Terra Mítica, que supone incrementar de forma notable la densidad urbanística en cinco parcelas de 132.885 m2 ubicados junto al complejo de ocio y que ha sido promovida por la Sociedad Parques Temáticos, de capital público, a instancias de las tres promotoras con intereses en el suelo y entre las que se encuentra una del constructor alicantino Enrique Ortiz. "La administración pública se ha puesto al servicio de las mercantiles privadas", denunció el concejal de Urbanismo de Benidorm, Jaime Llinares. El pasado 21 de febrero, Cotino firmó en una resolución la modificación nº6 del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras (PEDUI) de Terra Mítica, que llegó al Ayuntamiento de Benidorm el 4 de marzo y que regula esa zona, que en principio formaba parte de un área de 700.000 m2 concebida para una futura ampliación del complejo de ocio y que al final ha acabado por reservarse para edificar hoteles y apartamentos turísticos, a pesar de que es suelo "no urbanizable no protegido". Esa parcela fue adquirida por las empresas privadas en subasta pública por 85 millones de euros.
Los cambios ahora incorporados por la Conselleria, que ayer fueron desgranados por Llinares, amplían la densidad urbanística de la zona, hasta el punto de que el edil se lamentó de que "desaparece hasta el último pino y el último arbusto y ahí se van a poder construir un equivalente a 2.000 apartamentos". Así, se elimina la parcela mínima de 2.000 m2, se disminuye la distancia entre edificaciones, se incrementa el número de plantas a bajo más tres pisos, más ático y se aumenta la altura de cornisa a 16,5 metros y la de cumbrera a los 18.
El concejal de Urbanismo anunció que propondrá al próximo pleno que el Ayuntamiento de Benidorm lleve estas modificaciones a los tribunales -en concreto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana- después de que la Conselleria haya rechazado las alegaciones presentadas por el Consistorio. En este sentido, Llinares esgrimió un informe del secretario municipal que advierte de la "falta de legitimidad de la Generalitat" en la tramitación de estos cambios , que en realidad suponen "una clara intromisión en el Plan General de Benidorm", toda vez que ya no se trata de una tramitación al servicio del interés público sino de unas sociedades mercantiles. Y en este sentido, Llinares realizó una revelación: "Lo que Cotino no ha contado es que en el plan de participación ciudadana del PEDUI, la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana admitía que la modificación había sido promovida por las mercantiles Creambiente Mediterránea S.L., Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras e Implantación de Técnicas Innovadoras". Es decir, que "son las mercantiles privadas las que le dictan a Cotino los cambios en esas parcelas", agregó el regidor.
Llinares instó tanto a "los partidos progresistas de las Cortes Valencianas" como a los "grupos ecologistas" a sumarse a Benidorm en esta vía judicial. Y también exhortó al grupo municipal del PP de Benidorm a que se vote en el pleno a favor de la misma propuesta.
El Consistorio también se opone a las variaciones del Consell porque a juicio de los técnicos municipales la administración autonómica pretende una modificación trascendental del planeamiento de Benidorm (en cuyo suelo se ubica un 80% de los diez millones de m2 del PEDUI) y de Finestrat (con un 20%). Y ésta no es sólo una cuestión técnica sino también económica: según Llinares, Benidorm tendría derecho a un 10% del aprovechamiento de esos terrenos, algo que sin embargo Cotino le niega porque se trata de suelo no urbanizable. "Parece que la Generalitat se haya decidido a implantar una especie de territorio de Liechtenstein dentro del término municipal de Benidorm", dijo Llinares para añadir, ya en un tono muy crítico, que "lleva a la confusión que en una zona arbolada quemada se implante un parque temático que acaba siendo un cortijo; porque es increíble que en pleno siglo XXI sigan existiendo cortijos".
Por si fuera poco, el informe del secretario municipal cree que algunos de los cambios "de los parámetros urbanísticos" sancionados por la Sociedad Parques Temáticos no se ajustan a la ley, como la eliminación de la parcela única de 2.000 m2 o el radical fraccionamiento de las manzanas de esta futura zona residencial, toda vez que el mismo se realiza en suelo no urbanizable.
En las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento se le recordaba a Cotino que en toda España sólo existe una autonomía que regula este tipo de problemática, Cataluña, que lo está haciendo desde 1989 con su Ley de Centros Recreativos Turísticos para hoteles y zonas residenciales y comerciales. Según Llinares, esa ley sí que hubiera reconocido el derecho de la capital turística a cobrar el 10% del aprovechamiento urbanístico. Sin embargo, en un tono ácido y un tanto sorprendente, Cotino señaló que la alusión a ese cuerpo legal era "improcedente y entraba en contradicción con el Estatuto de la Comunidad Valenciana y con la soberanía de esta última".
ELPAÍS/Andalucía* : La prescripción de la infracción por construir viviendas en suelo no urbanizable, que la ley fija en cuatro años, no implica que las construcciones puedan ser legalizadas, por lo que los Ayuntamientos no tienen autoridad para otorgarle licencias de primera ocupación. La consejería de Obras Públicas y Vivienda ha tenido que hacer este recordatorio a los Ayuntamientos tras comprobar que en los últimos meses un buen número de ellos han aprobado ordenanzas municipales sobre la asimilación de casas en situación de fuera de ordenación que exceden lo establecido por la La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y por el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), porque vienen a significar una legalización indiscriminada de las viviendas construidas en suelo no urbanizable.
Las leyes autonómicas estipulan que las viviendas en suelo no urbanizable cuando han transcurrido cuatro años de su construcción sin que haya existido ningún procedimiento disciplinario quedarán en situación de fuera de ordenación -no podrán ser asimiladas en el planeamiento-. "Su régimen asimilado no constituye un procedimiento de legalización de edificaciones en sentido estricto, sino un régimen de tolerancia". Solo podrían obtener licencia aquellas casas que se ajusten a lo que la LOUA permite en suelo no urbanizable, y es que estén vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
"No queremos que se creen expectativas a los propietarios de que se les va a legalizar sus viviendas, ni que hagan ningún gasto en permisos que no tienen ninguna base jurídica alguna y que podrían encontarse después con problemas legales", explica el director general de Urbanismo, Daniel Fernández.
Dada la enorme proliferación de viviendas en suelo no urbanizable en Andalucía, que algunas organizaciones llegan a estimar en medio millón, la Junta prepara un decreto para la normalización de estas casas. La norma establecerá la posibilidad de que obtengan un permiso de pervivencia de efecto similar a la licencia de ocupación si cumplen una serie de requisitos y se dotan de los suministros e infraestructuras esenciales por cuenta de sus propietarios, sin causar nunca gastos a las arcas públicas.
El problema es que estas ordenanzas aprobadas por los Ayuntamientos sobre la asimilación del régimen de fuera de ordenación es la confusión que generan porque explícitamente no está recogida que se trate de una legalización, pero los propios municipios se han encargado de publicitarlas como la solución al problema de las viviendas ilegales.
Es el caso por ejemplo de las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de Marchena el pasado octubre, que incluyen las ordenanzas fiscales para determinar la cuantía de los pagos por equivalencia, un concepto de compensación creado por la ley para los casos de viviendas ilegales sobre las que hay una resolución de reposición de la realidad física alterada cuando ésta resulte imposible de reestablecer, y que, advierte la Junta, no es aplicable para el caso de las viviendas en no urbanizable que han prescrito.
El Ayuntamiento de Lebrija hizo una consulta a la Junta sobre estas ordenanzas para aprobar unas similares en caso de que no hubiera impedimento. La consejería contestó que el texto de la ordenanza no conculca la ley porque no se desprende que se trate de un proceso de legalización, pero que "cuestión diferente es que de la lectura de las octavillas informativas pueda interpretarse que se va a producir una masiva legalización de edificaciones o transmitirse la expectativa de un indiscriminado otorgamiento de licencias de ocupación que no tienen sustento en la legislación".
* El País - 21.01.11
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas ilegales - sur.es
LEVANTE* : La Comunitat Valenciana lidera la balanza de carbono de las comunidades autónomas españolas. Según el informe "Sostenibilidad en España 2010", presentado esta semana en Madrid, la valenciana es la autonomía que más kilotoneladas de carbono al año emite a la atmósfera (casi 300) que los expertos achacan a los cambios en la ocupación del suelo experimentados entre 2000 y 2006. No obstante, en el balance neto de CO2, lo que se emite más lo que se absorbe, la Comunitat Valenciana desciende a la cuarta posición (25.000 kilotoneladas de Co2 al año) por detrás de Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha. El informe "Sostenibilidad en España" se elabora desde 2005 por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), con sede en Madrid. Los datos de la balanza de carbono los elaboran técnicos del Observatorio a partir de los datos del Corine Land Cover (la base de datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El caso valenciano se destaca "por encima de todas las demás" comunidades en el capítulo 15 dedicado al cambio climático del Informe de Sostenibilidad 2010. El caso de la Comunitat Valenciana destaca en la "balanza de carbono" que analiza la "variación de la cantidad de carbono acumulada en las comunidades autónomas a partir de los cambios de ocupación en el suelo entre 2000 y 2006 y el balance neto de CO2 (lo que se emite menos lo que se absorbe), calculado a partir de los datos del Inventario Forestal Nacional y de las emisiones de CO2". La Comunitat Valenciana destaca en esta balanza porque "tiene una elevada emisión de gases de efecto invernadero (GEI) debida a los cambios de ocupación del suelo muy superior al resto de comunidades". La siguiente comunidad que más carbono emite por nivel de ocupación del suelo es Andalucía pero apenas supera las 100 kilotoneladas de carbono al año, frente a las casi 300 de la Comunitat Valenciana.
Unas cifras que quedan avaladas cuando el Informe de la Sostenibilidad 2010 realiza un análisis por provincia de las mayores extensiones de superficie artificial. Entre las cuatro primeras, dos son valencianas. "Las provincias que que presentan mayor extensión de superficies artificiales en 2006 son Madrid (110.249 hectáreas), Barcelona (85.356 ha), Alicante (49.966 ha) y Valencia (46.350 ha)".
De Madrid y Barcelona, los técnicos del Observatorio recuerdan que "son las principales regiones metropolitanas del país, donde se concentran las actividades y donde la expansión urbana es históricamente continuada, aunque no está justificado por el aumento poblacional". Sobre las provincias de Alicante y Valencia, los autores del estudios destacan que el "proceso intenso de artificialización está relacionado con el hecho de que son focos atractores del turismo litoral (además de constituir también áreas urbanas importantes) y basar su modelo de desarrollo turístico en la vivienda vacacional, lo que ha fomentado una fuerte expansión inmobiliaria y de infraestructuras asociadas".
Parte de esta suelo artificial fue a costa del suelo agrícola ya que, según señala el Observatorio, cinco provincias españolas perdieron más de 4.500 ha de zonas agrícolas entre 2000 y 2006 y de nuevo dos son valencianas: Madrid (12.915 ha), Valencia (6.585 ha), Toledo (5.316 ha), Zaragoza (4.886 ha) y Alicante (4.771 ha).
* Levante - 20.01.11
Foto: Una urbanización en la Serra Calderona, con fuerte impacto en el paisaje y construida a costa de suelo forestal.- levante
ELPAÍS/Lleida* : La Generalitat pretende levantar muchas de las restricciones a la construcción que fija el plan urbanístico del Val d'Aran, aprobado hace menos de un año por el Gobierno tripartito. En la primera reunión convocada por el Ejecutivo de CiU, la Comisión de Urbanismo de Cataluña modificó ayer la normativa para dar más autonomía a los Consistorios al planificar el crecimiento urbanístico. Los alcaldes de Vielha y Naut Aran, de Convergència Democràtica Aranesa, formación afín a CiU, han liderado el frente que exige una flexibilización de la ley para recuperar el control para acometer grandes operaciones urbanísticas en la capital y en el norte del valle, donde está ubicada la estación de esquí Baqueira Beret, participada por Catalana de Occidente, empresa que ha financiado a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya.
Según la Generalitat, la modificación se hace para interpretar preceptos del documento del anterior Gobierno que generaban dudas sobre las competencias municipales; según la Comisión de Urbanismo, los nueve municipios del valle estaban preocupados "por la vulneración del principio de autonomía y las competencias de los Ayuntamientos".
El Ejecutivo de CiU ha atendido todas las reclamaciones municipales. Las dudas que se pretende resolver afectan al parque del Garona, espacios de protección patrimonial, infraestructuras viarias, normativa de edificación, regulación del enclave de Era Bordeta como suelo urbano, y reconocimiento de asentamientos preexistentes, mantenimiento y preservación de las antiguas cabañas de pastor, entre otros.
La Dirección de Urbanismo redactará el nuevo documento con la participación de los Ayuntamientos araneses. Este proceso no requiere la suspensión temporal del plan vigente, que fijaba numerosas restricciones en algunas zonas para nuevas edificaciones respecto a la normativa de 1982.
CARLOS MÁRMOL* : Nada volverá a ser como antes. Probablemente, además, no amainará en mucho tiempo. El estallido de la burbuja inmobiliaria, sobre la que se sustentó durante algo más de un lustro parte de la expansión económica española, ha tenido un efecto similar a un movimiento telúrico en el mapa financiero. En buena medida es también la causa por la que, con independencia de la recesión internacional (que es asimétrica; unos países están mejor que otros), la espiral en la que se encuentra la economía nacional (paro, déficit, crisis global) vaya a durar mucho más que en otros territorios. La complejidad del problema no permite reducir el fenómeno a una única causa. Pero, a tenor de la opinión de los expertos, la singularidad de la crisis española se resume en una frase: el urbanismo, esa disciplina árida y técnica sobre la que reposaba uno de los pilares de nuestra economía, ha reventado. El resultado: un espectacular excedente de activos inmobiliarios (viviendas y suelo en diferentes fases) que es el símbolo del frenazo en seco de la industria del ladrillo. El itinerario que nos ha llevado de la opulencia (relativa) a una crisis con vocación de perdurar. Un lustro como mínimo.
Las cifras sobre el stock real de viviendas son un arcano. Su valoración (el factor con mayor impacto en las economías de particulares y empresas) también. No existen cifras fiables. Tan sólo aproximaciones y diagnósticos de empresas, sociedades de tasación y patronales -como la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE)- que trabajan con estimaciones parciales. La verdadera cifra, como quedó de manifiesto en el cónclave nacional que los promotores celebrado en Sevilla el pasado noviembre, es un misterio. Peligroso, además. Los estudios trabajan con metodologías diferentes que hacen imposible comparar los datos.
El último informe estadístico sobre el mercado inmobiliario español de la consultora Acuña & Asociados, que trabaja desde hace treinta años para empresas del sector y entidades financieras, hace un diagnóstico global de la situación del sector del ladrillo que narra el paso de la cima a la sima en apenas tres años. Los analistas de esta consultora estudian la encrucijada por la que pasa este importante sector económico (esencial en el PIB) y concluyen que el desajuste producido en 2007, cuando la rueda del crédito frenó en seco el mercado, no es de índole coyuntural, sino un problema estructural.
Según sus datos, que coinciden con otros estudios, en España existe un stock de viviendas y suelo (urbanizado) de 1,5 millones de pisos. La demanda actual máxima se estima en 280.000 viviendas, lo que implica que hasta que esta bolsa residencial no se diluya (un proceso imposible debido a la crisis y a los altos niveles de paro) el horizonte del sector será gris. Casi negro.
En el caso de Andalucía, el cálculo de esta consultora cifra en 281.581 las viviendas sin vender, paradas o iniciadas sin terminar. Una cifra algo inferior a la que esta misma semana ha dado el economista Ricardo Vergés en una conferencia en la Fundación Fidas. Vergés, con una metodología diferente, habla de un stock global de 385.000 viviendas en Andalucía. Su informe ha sido publicado por el Observatorio Inmobiliario y de la Construcción.
Con independencia del número exacto (que fluctúa en función del método de cálculo) el descenso de las ventas ha generado una bolsa residencial imposible de digerir a medio plazo. Sin contar, obviamente, las inversiones en terrenos (calificados o con expectativas). La estimación de Acuña & Asociados es que España sufrirá al menos seis años de ajuste inmobiliario. Hasta 2015 como mínimo. Los motivos son evidentes: la demanda de vivienda está en regresión (como resultado del paro, el descenso de los ingresos familiares, el incremento del Euríbor, la incertidumbre económica) y el stock de pisos de las entidades financieras (en su mayoría procedentes de los promotores inmobiliarios) supone un factor nuevo de distorsión del mercado ordinario que hace prácticamente imposible anticipar cuando mejorarán las cosas.
El mercado residencial, por su propia naturaleza, está atomizado. No existen parámetros comunes. Normalmente los expertos trabajan con valores medios, aunque con la prevención de que, a efectos de oferta y demanda, no es lo mismo una ciudad que otra, un piso en el litoral o en un área metropolitana y una segunda residencia o una vivienda principal. También influye la ubicación, los equipamientos y una multitud de factores (analizados por los tasadores) que complican sobremanera las conclusiones de cualquier estudio.
Lo evidente, en todo caso, es que el valor (potencial) de estos activos inmobiliarios se está deteriorando. Al menos, dada la situación actual de mercado. Si con carácter global Acuña & Asociados estima que el ajuste no terminará hasta 2015, en determinadas zonas y enclaves periféricos la recesión durará todavía más. En algunos casos hasta siete años. Incluso más. Del panorama han desaparecido, a efectos de demanda, todo lo que no es vivienda finalista. Hablamos por tanto de las residencias familiares ordinarias (nuevas y usadas) y de las viviendas que compran los extranjeros. Ambos capítulos suman el 70% de la demanda.
Nadie invierte ya en vivienda para obtener un rendimiento inmediato, como ocurría en los años del boom del ladrillo. La paradoja es que, existiendo necesidad residencial, las circunstancias económicas y financieras impiden la adquisición de los pisos.
La distancia entre oferta (el citado 1,5 millón de viviendas) y la demanda (280.000 pisos) es tal que, a juicio de estos expertos, la depreciación inmobiliaria es inevitable. ¿Cuánto bajarán los pisos? ¿Significa esto que serán más baratos? No es fácil responder a ambas cuestiones. Sobre el descenso del precio medio (una convención estadística, porque cada piso es diferente en términos de mercado) la consultora madrileña augura un retroceso que oscilaría entre un 20 y un 30% en un lustro. Las proyecciones a más largo plazo se antojan inciertas, pero en función de cómo vaya la economía estos ratios pueden aumentar. Depende de las zonas y del estado de ejecución de los proyectos.
En el caso del suelo el panorama aún es más inestable: hay inversiones en terrenos (sobre todo si no están legalmente calificados para edificar) que se dan por perdidas. El stock en suelo duplica al de la vivienda. Y eso sin entrar en la actualización de estos activos en los balances empresariales, todavía por hacer y sujeta a la nueva ley estatal del suelo y valoraciones, que permitía una moratoria en su aplicación pero manteniendo el principio de eliminar el valor de expectativa de los años dorados.
El descenso de precios no implica siempre más accesibilidad a la vivienda. Dependerá del papel de los bancos, convertidos en las nuevas inmobiliarias (se estima que tienen casi 200.000 pisos) y de elementos como el tratamiento fiscal (inexistente ya para rentas medias), el IVA o la normativa de provisiones bancarias. España tiene los hogares más endeudados de Europa.
El impacto empresarial es otro relato. Sin incluir las hipotecas particulares, la deuda global del ladrillo con los bancos sumaba 450.000 millones en 2006. El 20% de esta cifra correspondería a Andalucía. La facturación ahora es de 43.000 millones, lo que significa casi una década de sacrificios para devolver el dinero prestado. La carga financiera ha pasado de comerse el 28% de las ventas (en 2006) a fagocitar el 60% de las transacciones. Resultado: el 40% de las empresas del sector están en quiebra técnica y un 20% más con serios problemas. Sólo un 40% de las empresas sobrevivirán al actual apocalipsis inmobiliario. Nada volverá a ser como antes.
VEGAMEDIA/Murcia* : Medio centenar de personas, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Región de Murcia, han impedido esta mañana que la entidad bancaria Banesto desahuciara a una familia con seis hijos, de una vivienda ubicada en la calle Peñón de Gibraltar de Molina de Segura. El piquete ciudadano se había instalado media hora antes de la hora prevista para el desahucio, las 11 de la mañana, con la determinación de evitarlo. Finalmente, los funcionarios del juzgado de Molina, a pesar de que iban a acompañados por media docena de agentes de la Policía Nacional, desistieron. Ahora, la familia tiene al menos tres meses de tregua hasta que reciban una nueva orden de desahucio, “aunque para esa vez vendrán con un amplio despliegue policial para ejecutarlo”, dijeron a VMPress fuentes de la plataforma.
Quince minutos después, el piquete ciudadano se dirigió a ocupar la sucursal de Banesto ubicada en la plaza del Casino de Molina, irrumpiendo por sorpresa y gritando consignas contra los banqueros.
El intento de un vigilante de seguridad de la sucursal de retener, o "detener" al portavoz de la plataforma, José Coy, terminó en un enfrentamiento entre el guardia y manifestantes indignados, produciéndose algunos empujones e insultos. Cinco minutos después de haber desalojado el banco voluntariamente, dos unidades de la policía nacional llegaban a la entidad, alertados por los empleados.
En la comarca de la Vega Media hay previstos cerca de 200 desahucios para 2011, 9.000 en toda la Región de Murcia.
José Coy explicó a VMPress que la familia “pierde la casa, pero también una condena de por vida. Hemos planteado la dación en pago al banco. Pero es una vergüenza que en esta tierra haya 400.000 personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Los bancos tienen más de un 25% de beneficios, y los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres”.
Coy pide que “la gente se rebele, porque está naciendo un movimiento muy fuerte en el país. Hay que perder la vergüenza. Las entidades bancarias saben que hay deudas incobrables pero no ponen voluntad de resolver los problemas. La gente tiene derecho a empezar de nuevo. Hay una gran insensibilidad de los gobiernos de la nación y de la Región”.
El candidato de IU a la alcaldía de Molina, Antonio López Vidal, criticó que “los bancos no entienden de humanidad ni de dignidad humana. Lucharemos por esta y otras familias para que no vayan a la calle”.
Asimismo, entre los vecinos se encontraba Teresa Rodríguez, que será desahuciada de su casa de Las Torres de Cotillas el 24 de marzo, por la CAM. A pesar de que fue la misma caja la que propuso la dación en pago, ahora pretenden embargar y además reclamar una deuda de intereses de 90.000 euros: “Yo firmé el contrato de alquiler, con la cuota, y la dación en pago. Me dieron ilusiones y esperanzas en la CAM y me han engañado. Si me echan de mi casa, todavía me quedo con una deuda millonaria que se han inventado”.
DIAGONAL* : Castilla León aprueba por ley un vertedero que incluye también una incineradora para la quema de distintos residuos peligrosos. Las organizaciones ecologistas y sociales se oponen. Los vecinos de la comarca de Tierra de Campos en Palencia ven peligrar su entorno. El pasado 14 de febrero la Junta de Castilla y León dio el visto bueno al estudio de impacto ambiental del macrovertedero que se situará en el municipio palentino de Ampudia y que también albergará una incineradora. La Junta de Castilla y León aprobó en 2010 por ley el vertedero como un Proyecto Regional de interés, lo que permite que éste salga adelante sin que las sentencias judiciales de posibles recursos puedan pararlo. Esta artimaña legal blinda el proyecto, como ya pasó con los macrovertederos de Santovenia, Valladolid y Freno del Río en Zamora que gestiona la constructora ACS.
El macrovertedero de Tierra de Campos ha sido adjudicado a la empresa Complejo Medioambiental Tierra de Campos S.L., creada ex profeso por Befesa, filial de la constructora Abengoa y una de las principales empresas de gestión de residuos tanto en el Estado español como en la UE, lo que hace que la zona se convierta en el destino de residuos de todo el país, pese a la ausencia de industrias importantes en el entorno.
El proyecto, denominado Centro de Tratamiento Integral de Residuos Industriales no Peligrosos, consta de una superficie de 18 hectáreas y una capacidad de tres millones de toneladas, y contará con una planta de estabilización, tratamiento de lodos y evaporación de lixiviados, así como un horno incinerador de residuos industriales en masa, bautizado como Planta de Valoración Energética, algo que Ecologistas en Acción de Palencia ha calificado como una “completa novedad” en Castilla y León, “no contemplada en el Plan de Residuos Industriales de la comunidad”.
Se prevé que acoja 190.000 toneladas de residuos anuales, de los que solamente el 10% podrán ser reciclados, 76.000 de ellos en la citada incineradora. Ecologistas en Acción denuncia que “la mayor parte de los residuos que se pretenden quemar serán lodos industriales, que previamente habrá que desecar, lo que invalida la justificación de que quemándolos se pretende producir energía”.
Además, esta organización apunta que también “se quemarán rechazos de papel y plástico de todo tipo, incluyendo plásticos clorados como PVC, lo que garantiza la emisión de importantes cantidades de sustancias tóxicas orgánicas como dioxinas y furanos, conocidos alteradores hormonales de carácter cancerígeno, además de hasta 2,3 toneladas al año de metales pesados cuyo alcance el propio proyecto se fija en 25 km”, lo que supone afectar a localidades importantes, incluida la capital palentina.
Para luchar contra este macrovertedero se ha constituido la Plataforma Meseta Limpia, integrada por varios ayuntamientos de la comarca, organizaciones ecologistas, sindicatos agrarios y ganaderos, cooperativas agroalimentarias y empresas turísticas de la zona.
MÁS DE 600 ALEGACIONES
La Plataforma contra el vertedero de Tierra de Campos ha presentado 600 alegaciones, entre las que destacan que no existe un estudio sobre el volumen y características de los residuos que se generan y el tratamiento que precisan, lo que vulnera la Ley de Residuos y la Directiva 2006/12/CE, que obliga a establecer una jerarquía que prioriza la prevención de residuos, y, si no fuera posible, su preparación para la reutilización, reciclado y en última instancia otro tipo de valorización y eliminación.
También afirman que con la incineración se crea un problema mayor que el que se pretende resolver incluso si se hace caso a la calificación dada por la Junta de residuos “no peligrosos” que la empresa aplica a éstos, ya que las dioxinas sí están consideradas como residuo extremadamente tóxico.
Las alegaciones al proyecto ponen de manifiesto que en las inmediaciones se encuentra la Nava de Pedraza, una de las zonas húmedas más importantes del Estado español, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) incluida en el Espacio Natural de La Nava Campos de Palencia. Según las organizaciones en contra del proyecto, éste también supondrá empobrecer la comarca “ya que perjudica al turismo rural y natural y el establecimiento de industrias limpias o de carácter agroalimentario, inutilizando los grandes esfuerzos a favor de un desarrollo sostenible realizados en los últimos años”.
El sindicato agrario COAG señala que una planta de este tipo no puede situarse en una zona agrícola sino junto a las empresas que producen los residuos.
Además, los alcaldes de la zona han tachado de demagogo al representante de la empresa promotora, Alfredo Velasco, y le acusan de ocultar del proyecto de adjudicación y de no cumplir las condiciones para licitar el proyecto.
Las organizaciones ecologistas criticaron que el periodo de alegaciones fuese sólo de 10 días y en fechas festivas (en Navidad de 2010). Tras la declaración favorable del estudio de impacto ambiental, la Plataforma contra el macrovertedero anuncia que continuará con las movilizaciones.
CUATRO INCINERADORAS EN 125 KM.
de la Planta de Residuos Industriales de Ampudia, que contempla una incineradora de 76.000 Tonelada/año, Palencia albergará la mayor concentración de incineradoras de residuos del mundo en el mínimo espacio, ya que la provincia ha autorizado ya cuatro incineradoras, de las que actualmente funcionan dos.
Palencia va a contar con cuatro incineradoras en 125 kilómetros de distancia, tres en 55 kilómetros aproximadamente y dos separadas por una distancia de 30 kilómetros.
