DIARIODEMALLORCA/Palma* : El ex president del Govern del Partido Popular (PP) Jaume Matas aparece imputado en la mayoría de las causas separadas en que se va a dividir el sumario del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo del mismo nombre. El juez Castro dictará un auto para comunicar la nueva estructura de la causa, que podría dividirse en unas 22 piezas separadas.
El sumario ocupa en la actualidad más de 28 tomos y miles de folios, además de declaraciones en soporte audiovisual y otras numerosas carpetas anexas con documentación muy variada.
El magistrado ya ha abierto dos piezas separadas, una referente a las asesorías externas que el periodista Antonio Alemany prestó al entonces president del Govern Jaume Matas por mediación de la agencia de publicidad Nimbus y otra relativa a presuntas contrataciones irregulares en la primera etapa de IB3 y supuestos sobornos cobrados por el president Matas.
La Ópera y el gerente
Otra de las piezas separadas es la referente a los fondos pagados por un organismo del anterior Govern dedicado a infraestructuras escolares para la redacción de un anteproyecto y dos maquetas de un futuro Palacio de la Ópera en Palma.
El entonces president del Govern del PP anunció a bombo y platillo el 27 de abril del 2007 que el arquitecto Santiago Calatrava iba a construir en el Moll Vell una ópera por cien millones de euros.
Matas explicó que el proyecto se ejecutaría en la siguiente legislatura, que pensaba presidir puesto que era el candidato del PP. El president del Govern pretendía exprimir el anuncio del proyecto varios días en plena pre campaña electoral, puesto que programó para cinco días después la presentación oficial del proyecto, con una impactante maqueta del Teatro, así como con un sofisticado vídeo.
La Junta Electoral atendió una queja de la oposición y prohibió el 1 de mayo a Matas que presentara la maqueta y el proyecto, aunque no decidió abrir un expediente sancionador al candidato.
Tal y como reveló este diario, la maqueta del Teatro de la Ópera ya fue presentada por Calatrava en un concurso en Suiza a finales de los 80.
El contrato menor de Moisés
Una de las futuras subcausas cuya instrucción está prácticamente conclusa es la relativa a un contrato menor de unos 12.000 euros cobrado por el antiguo gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, a cambio de un informe sobre la accesibilidad al recinto. La fiscalía presume que ese pago fue un sobresueldo y que podría ser constitutivo de los delitos de prevaricación y malversación. Probablemente Matas no estará encausado en esa pieza.
Otro de los grandes capítulos del sumario es el de los presuntos descuadres patrimoniales de Jaume Matas, especialmente en sus propiedades inmobiliarias en Palma y Madrid.
La parte más complicada, no obstante, es la referente a todo el proceso de diseño y construcción del velódromo, donde los fiscales anticorrupción ven indicios de graves delitos. En las futuras piezas podrían aparecer muchos de los otros 40 imputados.
Aparte quedan otros flecos de la supuesta trama de corrupción, como el posible delito electoral atribuido a gestores de la agencia de publicidad Nimbus y responsables del Partido Popular de Balears o el pago de comisiones por captación de contratos públicos.
* Diario de Mallorca - 24.06.10
Foto: Palma, velódromo Palma-arena - paraisobalear.com
Matas está imputado en casi todas las 22 causas separadas del caso Palma Arena
Canarias.- Nuevo varapalo judicial a Soria
CANARIAS7* : El juez Tomás Martín ha archivado la querella de José Manuel Soria contra el empresario Rafael González, al que acusaba de prestar falso testimonio cuando reconoció durante el juicio del caso Isolux que Soria le había instado a que su empresa, Idagua, no recurriera contra la adjudicación de la desaladora. El Juzgado de Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria notificó ayer el auto que dispone el sobreseimiento libre de la querella que el hoy vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, interpuso contra el empresario Rafael González Bravo de Laguna y contra el periodista Carlos Sosa Báez por falso testimonio en juicio oral y proposición de testimonio falso a sabiendas, respectivamente.
Este archivo se suma al reciente sobre la demanda contra Benítez Cambreleng, así como las auspiciadas por Soria y su partido contra mandos policiales y el ingeniero Francisco Cabrera.
Soria presentó la querella tras llevar a juicio a Carlos Sosa por acusarle de irregularidades en la adjudicación de la desaladora de Las Palmas de Gran Canaria a la empresa Isolux, y escuchar cómo en el juicio celebrado en el verano de 2008, y durante la prueba testifical, el empresario Rafael González Bravo de Laguna, representante de la firma Idagua –que optaba al concurso que finalmente se concedió a Isolux– reconocía bajo juramento que en un encuentro casual durante una cena con otras personas, José Manuel Soria le llamó la atención sobre la procedencia de que Idagua retirara el recurso contencioso administrativo que había presentado contra la resolución del concurso a favor de Isolux.
El magistrado Tomás Martín recuerda en el auto que para que concurran todos los elementos del tipo delictivo del falso testimonio es necesario no sólo que la declaración «sea falsa», sino que recaiga sobre «aspectos esenciales a efectos del enjuiciamiento, y no sobre cuestiones intrascendentes, debiendo referirse a hechos y no a opiniones o juicios de valor».
Dicho esto, apunta el juez que González nunca dijo que Soria le hablara de retirar el recurso «a presencia de otras personas», sino que apuntó que allí había otras personas, sin recordar quiénes. Agrega que el propio empresario reconoció que el recurso se retiró pero «no por esta indicación del señor Soria, que no trasladó formalmente al Consejo de Administración de Idagua, sino porque a este órgano no le interesaba estar a malas con el Consistorio capitalino».
El auto es susceptible de recurso de reforma y apelación.
«Relación fluida y amistosa»
El magistrado Martín apunta en el auto de archivo que la polémica charla que refirió Rafael González en sede judicial y bajo juramento debe entenderse como «la propia de dos personas que mantienen una relación fluida y amistosa». Agrega en este sentido: «La esposa del querellante, no consta negado este hecho, es madrina de una hija del señor Bravo de Laguna, lo que no concuerda demasiado bien con la descripción de este relación, realizada por el querellante» [en el juicio] de que González y él «sólo mantenían saludos ocasionales».
El verano en que se cambió la valoración
Polémica adjudicación. El llamado caso Isolux se remonta a 2003. El de agosto de ese año, la Comisión de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente, resolvió la adjudicación de dos módulos de desalación de aguas, un concurso que se falla en contra de los informes técnicos y con la elaboración de un nuevo informe -encargado a un técnico de otro departamento- que hace que Isolux pase del furgón de cola entre las ofertas presentadas a ser la primera. La gran perjudicada fue Idagua, compañía de Rafael González Bravo de Laguna. La decisión se tomó con Pepa Luzardo en la Alcaldía.
La polémica que surgió en ese momento sirvió de justificación para que el PP expulsara a los concejales de la oposición de la Mesa de Contratación, rompiendo así una tradición que se había mantenido inalterada desde la llegada de la democracia. Idagua recurrió el fallo del concurso y en ese contexto se produce la conversación -con varios testigos- que está en el origen del contencioso judicial resuelto en la sentencia conocida ayer.
Falló desde el principio. La planta de desalación fue puesta en marcha de modo parcial el 21 de septiembre de 2006 -el módulo 9- y al 100% el 26 de septiembre -los dos módulos. Sin embargo, el módulo 9 se paró el 19 de octubre, sin que hubiese pasado un mes.
Continuas demoras. El contrato entre el Ayuntamiento e Isolux se firmó el 5 de septiembre de 2003: en él se daba un plazo de tres meses para elaborar el proyecto y de ocho más para construir los dos módulos de desalación. Sin embargo, Isolux tuvo que pedir varias prórrogas.
* Canarias 7 - 24.06.10
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org
Recurrida la construcción del hospital comarcal de Collado Villalba
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* recurre, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la construcción del hospital comarcal de Collado Villalba, por entender que se ha vulnerado la legalidad. Ecologistas en Acción lamenta que sea un Ayuntamiento socialista quien apueste por el modelo de sanidad privada y la destrucción del entorno natural a cambio de beneficios económicos procedentes de las plusvalías generadas.
El pasado lunes día 21 de Junio, Ecologistas en Acción, presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el fin de impugnar los cuatro acuerdos tomados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que dan vía libre a la construcción de un nuevo hospital comarcal en Collado Villalba.
Estos cuatro acuerdos son la declaración de Interés General de ubicación del hospital en la finca la Chopera de 25 de Marzo de 2010 aprobado por Consejo de Gobierno, la Convocatoria administrativa de la contratación y licitación de obras mediante procedimiento abierto aprobado por aquel a través de Resolución de 23 de Abril de 2010 y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el Viernes día 30 de Abril de 2010, el Pliego de Cláusulas Administrativas del concurso de licitación y sus Prescripciones Técnicas de Redacción elaborado por la Consejería de Sanidad y el mismo Proyecto de construcción del hospital.
La razón por la que se recurren estos acuerdos es porque Ecologistas en Acción considerado que se ha vulnerado la legalidad. El hospital se construirá sobre una finca propiedad municipal denominada Cercas de la Poveda, de 68.318 m2 y situada en el paraje conocido como La Chopera. Estos terrenos están clasificados, por el Plan General de Ordenación Urbana de Collado Villalba, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por su valor Natural y Paisajístico y también como Suelo de Ribera. El Plan General no permite la construcción del complejo hospitalario. Además por el paraje discurren dos arroyos, estos hechos resultan de gran trascendencia, en cuanto a la trasgresión y vulneración de las normas, y en cuanto a la ocupación y destrucción de una zona de alto valor medioambiental y que cumple la función de corredor ecológico de conexión con otras zonas naturales del municipio, lo que ha motivado la adopción de tal medida por parte de la asociación conservacionista.
Ecologistas en Acción insiste que existe otra alternativa de ubicación del hospital comarcal, en suelo urbanizable sin valor natural, también sobre suelo municipal, mucho mejor comunicados, junto a la autovía A-6, muy próximos a las estaciones de cercanías y de autobuses. Se trata de la parcela denominada El Caño de la Fragua.
La organización lamenta que sea un ayuntamiento socialista el que esté apostando por un modelo de sanidad privada, por la destrucción de un enclave natural de alto valor y por la especulación del suelo. El consistorio, tal y como ha publicado la prensa local, contempla el ingreso de 11 millones de euros procedentes de la construcción de este centro hospitalario vía venta del aprovechamiento medio de la parcela cedida, a la Consejería de Sanidad para la ubicación del hospital, y de la enajenación de otras dos parcelas colindantes de 6.000 m2, situadas en Cerca Montero.
* Ecologistas en Acción Madrid - 23.06.10
Foto: Collado Villalba, ayuntamiento - madriddigital.info
'Sí Se Puede' exige al Ayuntamiento de Santa Cruz que no cobre a los vecinos por usar zonas públicas para actividades
TERRA/Tenerife* : Arcila ha lamentado que la Gerencia de Urbanismo haya cobrado a estos colectivos --concretamente a la Asociación de Vecinos de El Tablero y la de 7 Islas en El Sobradillo-- por organizar en las calles o plazas, actividades socioculturales y lúdicas para la comunidad durante las fiestas en sus barrios. En palabras de Pedro Fernández Arcila, la medida afecta no sólo a las asociaciones de vecinos, sino también a 'multitud de colectivos socioculturales tanto de El Sobradillo como de El Tablero, siendo aplicado con la misma arbitrariedad en el resto de barrios del municipio, lo que incluso ha impedido la celebración de algunos actos festivos'.
Así el portavoz de Sí Se Puede pidió la retirada inmediata de este cobro 'desorbitado, injustificado y arbitrario'. Asimismo, los representantes vecinales de El Tablero y el Sobradillo, Roberto Abdullah y Juan Daniel Díaz, valoraron la medida de 'muy grave y de falta de sensibilidad por parte de este Ayuntamiento, que no tiene en cuenta el altruismo, ni el compromiso comunitario, que día a día realizan colectivos, asociaciones y personas de los dos barrios afectados' como afirmaron ambos representantes vecinales.
La medida resulta especialmente 'ilógica' en un contexto de crisis y como señalan desde el Tablero 'las actividades por las cuales el Ayuntamiento nos cobra, se lograron organizar con donativos de todas las personas del barrio que hicieron un esfuerzo para tener unas fiestas dignas'.
Ambos representantes vecinales resaltaron la diferencia entre el ánimo de lucro y el carácter voluntario y el compromiso comunitario de estas iniciativas; en este sentido Roberto Abdullah apuntó que 'en El Sobradillo, en El Tablero, y en otros barrios de Santa Cruz muchas personas trabajan de forma gratuita con un espíritu constructivo y comunitario, y no me cabe ninguna duda que si se hace efectivo el cobro, este Ayuntamiento quiere hacer negocio con el compromiso y trabajo voluntario de vecinos y vecinas de estos barrios'.
Ante esta medida irracional, desde Sí se puede se presenta un escrito donde se exige la retirada inmediata de este cobro, y que al mismo tiempo se exija al pleno del consistorio santacrucero que se posicione al respecto y que inste a la Gerencia de Urbanismo a regular 'de forma lógica' la utilización de la calle en las diferentes actividades socioculturales y lúdicas que se organizan desde cada asociación con motivo de las fiestas de los Barrios de Santa Cruz, sin castigar a los colectivos más activos que realizan actividades propia de su naturaleza en el espacio público, que recuerdan 'es de todas las personas que viven en Santa Cruz', apuntaron.
* Terra Noticias - 24.06.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
La Audiencia ratifica la inhabilitación de tres años para el ex alcalde de Santurde
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LARIOJA* : La Audiencia Provincial de Logroño ha condenado a Jesús Montoya, ex alcalde de Santurde por el PP, a tres años de suspensión de cargo público y al pago de 72.000 euros por un delito de negociaciones prohibidas a funcionario público. La sala confirma así el fallo dictado el pasado mes de septiembre por el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital riojana, posteriormente recurrido por el acusado.
Para la Audiencia, según la sentencia a la que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, «es indudable la existencia de una clara incompatibilidad en la actuación del acusado en su condición de alcalde al intervenir en dos plenos en los que se adoptaron decisiones importantes para la empresa de la que era administrador solidario y en la que tenía claros intereses económicos». Se refiere el fallo a unos hechos que se remontan al 2004.
En julio de aquel año la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño vendió una finca en Santurde por 480.708 euros a una firma, Ribera del Oja Mercantil de Inversiones de la que, días después, Montoya fue nombrado administrador solidario. La parcela, conocida como el 'Edificio de las colonias', estaba calificada en el Plan General Municipal como suelo dotacional, con uso asistencial privado.
Dos meses después, Ribera del Oja Mercantil de Inversiones pidió la modificación del PGM para que el solar dotacional tuviese un uso residencial. A partir de septiembre «con activa participación del acusado» comenzó el proceso para modificar el Plan General y el uso de los terrenos del 'Edificio de las Colonias'.
En marzo del 2005 la modificación fue aprobada por la Comisión Permanente de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. Para entonces, otra empresa propiedad de Montoya había comenzado con el derribo de las edificaciones del solar para construir en él 47 viviendas, diez de ellas unifamiliares, apartamentos, locales comerciales, un complejo deportivo y un garaje.
En cuanto a la cuantía de la multa impuesta en primera instancia al ex regidor de Santurde, la Audiencia Provincial la justifica dado que «se vulneró gravemente el deber de mantener con la debida separación su labor profesional como promotor/constructor con la de alcalde del municipio».
Jesús Montoya fue alcalde de Santurde durante 12 años -con el Partido Riojano (1995-1999) y en dos legislaturas (1999-2007) con el PP-, y en el juicio que contra él se celebró en julio del 2009 el PSOE se personó como acusación particular.
* La Rioja - 24.06.10
Foto: Santurde (La Rioja), construcciones investigadas - larioja.com
Barcelona.- Castells no admitió que el informe jurídico sobre el hotel fuese preceptivo
ELPAÍS* : El consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, no admitió ante la juez el pasado lunes que el informe jurídico sobre el hotel del Palau de la Música fuese preceptivo, contrariamente a lo que aseguraron fuentes judiciales a este diario. Durante su declaración, Castells "dejó claro que el informe jurídico no era preceptivo", aseguró su departamento en una nota de prensa. El comunicado añadía que era "falso el titular de la información, lo que solo puede obedecer a filtraciones interesadas y manifiestamente inexactas".
En la querella del fiscal Antoni Pelegrín se expone que el convenio firmado el 8 de marzo de 2006 entre Castells y el presidente del Palau, Fèlix Millet, comportaba la apertura de un expediente administrativo "del que resulta que no se hizo el informe jurídico previo y preceptivo por la asesoría jurídica de aquel departamento". En el mismo sentido, en el auto de prisión contra Millet y Montull dictado el día 17 por la juez Míriam de Rosa se insiste en que en ese expediente tampoco "obra el informe jurídico preceptivo", ni el de valoración por pérdida de patrimonio por la Generalitat, ni tampoco el de valoración del suelo adquirido por la fundación. La inexistencia de esos informes no fue negada por Castells.La investigación judicial de la causa por el hotel del Palau prosiguió ayer con la declaración de Joan Morera, el abogado de la Generalitat que debió elaborar el informe que el fiscal y la juez consideran preceptivo y Castells no. El letrado secundó la opinión del consejero y explicó que si no elaboró ese informe es porque carecía de toda la documentación y que cuando la recibió, Castells ya había firmado el convenio sobre el que debía pronunciarse.
Después declaró Xavier Casas, ex primer teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y que el 24 de octubre de 2006 firmó un convenio con la Generalitat y el Orfeó por el que el Consistorio se comprometía a modificar el Plan General Metropolitano para construir el hotel e iniciar la descatalogación de las fincas.
Casas defendió la legalidad de los trámites urbanísticos del proyecto del hotel del Palau, aunque no aclaró si, como sostienen Millet y Montull, fue él quien propuso la finca objeto de permuta con la Generalitat. El testigo invocó la necesidad de ser discreto sobre el contenido de su declaración.
También testificó el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramon Massaguer, cuya comparecencia finalizó a los pocos minutos de iniciarse. Esa actuación es la habitual cuando la justicia considera que se ha de cambiar la condición de un testigo a imputado para que pueda comparecer con abogado.
* ELPAIS.com - 23.06.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Manifiesto contra la especulación urbanística en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar
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TERCERA/Almería* : Continúan las protestas por explotar el espacio natural. "Stop al Urbanismo Salvaje en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar" convoca manifestación para el 4 de julio. Las asociaciones, colectivos, organizaciones y ciudadanos han expresado una serie de denuncias públicas:
- El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es reconocido por la comunidad científica como uno de los espacios naturales mejor conservado, más emblemático y de mayor valor ecológico de todo el Mediterráneo. MANIFESTAMOS que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es un espacio natural único e irrepetible.
- La permanencia de los espacios naturales necesita de una GESTION INTEGRAL que garantice la conservación del espacio y promoción de sus valores históricos y naturales.
- Pese a su declaración como Parque Natural, este espacio ha estado sometido a múltiples agresiones de todo tipo: agrícolas (transformaciones en regadío, invernaderos ilegales, roturaciones y extracciones de arena…), industriales con gran impacto ambiental (piscifactorías, desaladora, explotaciones mineras a cielo abierto…) y urbanísticas, con ejemplos tan demoledores como el hotel del Algarrobico. Además de estos atentados, la ESPECULACIÓN en pleno corazón del Parque Natural siempre ha estado presente, con proyectos de turismo insostenible de impacto ambiental irreversible.
- La crisis económica ha puesto en evidencia la caducidad de este MODELO ECONOMICO, basado en el ladrillo, que sólo ha dejado daños irreparables para el Medio Ambiente y altas cifras de desempleo.
- Todavía quedan proyectos urbanísticos pendientes de resolver que supondrían un daño irreversible para el espacio natural de Cabo de Gata-Níjar como: la urbanización de Marinas de Aguamarga, la urbanización de la Fabriquilla, el Hotel del Campillo de Cabo de Gata y la urbanización en torno al Hotel del Algarrobico. EXIGIMOS una solución a las administraciones competentes, que apliquen la legislación medioambiental y que garanticen la conservación del Parque Natural.
- Tras las últimas noticias aparecidas sobre el establecimiento de un complejo hotelero en el Campillo de Cabo de Gata, situado por encima de las Salinas, uno de los lugares más emblemáticos del Parque Natural queremos manifestar nuestro RECHAZO absoluto a la construcción de este hotel.
- La CONSTRUCCIÓN de este Hotel es contraria a toda la normativa ambiental aplicable (PORN, Ley de Patrimonio Natural, Normativa Ambiental Europea), ocasionaría un daño ambiental irreversible y se opone al sentir ciudadano almeriense de conservar el Parque Natural en las condiciones en que se encuentra.
Las organizaciones firmantes rechazan la especulación en torno al Parque Natural que fomentan la presión urbanística en los límites del Parque Natural, y creen que se puede promocionar la actividad turística de manera sostenible, de forma que se consiga una mayor cohesión del territorio que permita mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Los colectivos afirman que se está haciendo un estudio para instalar un cementerio de residuos nucleares. ante este último aspecto, sin embargo, Ecologistas en Acción-Almería y Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar han considerado hoy 23 de junio inoportunas e innecesarias las investigaciones sobre el emplazamiento de un cementerio nuclear en suelos arcillosos como los del Cabo de Gata, sobre todo en este momento de crisis económica y de recortes. Apelan entre sus argumentos que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), rechazó este territorio en los años 90, y en la actualidad se están buscando emplazamientos para el ATC (Almacén Temporal Centralizado) que se instalará en superficie. Además, ENRESA descartó hace años la creación de un Almacén Geológico Profundo (AGP), especialmente porque Almería, y en especial el Cabo de Gata, es una zona activa sísmicamente hablando, por lo que la instalación de un cementerio nuclear en este territorio está descartada por simple lógica de seguridad.
En cualquier caso, se ha convocado una manifestación a través de Internet, organizada por la Plataforma Stop al Urbanismo Salvaje en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, para protestar por la futura construcción de un hotel de lujo junto a Las Salinas de Cabo de Gata, en pleno parque natural. La manifestación discurrirá desde La Iglesia de las Salinas hasta la población de La Fabriquilla bajo el lema: «Ni hoteles, ni urbanizaciones, ni cementerios nucleares!», el próximo 4 de julio a las 11 horas.
En cuanto al parque, ayer 22 de junio, el Consejo de Gobierno ha aprobó el nombramiento de un periodista y economista, José Antonio Martínez Soler como presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, también director general de la empresa editora Multiprensa y Más, S.L. Un nombre tal vez vinculado a demasiados ámbitos en Almería, pero con anterioridad, ninguno de esos ámbitos guardaba relación con el medioambiente.
- Firman el manifiesto: Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Izquierda Unida, PCE Andalucía, Juventudes Comunistas, USTEA, Los Verdes de Andalucía, Andalucía Amigos de la Alcazaba de Almería, Federación de Vecinos ARGAR, Participación Universitaria Almeriense, Foro Social Almeriense,
- Amigos del Parque Natural Cabo de Gata en Facebook: http://www.facebook.com/pages/Amigo...
- http://www.cabodegata.net/
- http://www.degata.com/
* tercera Información - 24.06.10
Foto: Cabo de Gata (Almería), asociación amigos parque - tercerainformación.es
Un 20% de 'mordida' por obra en Baleares
ELPAÍS/Palma* : El empresario Jaime Fluxá, ex candidato europeo de Unió Mallorquina, cobraba en comisiones hasta el 20% de los negocios que facilitaba, una parte de ellos relacionados con Administraciones públicas, gracias a su "asesoramiento comercial". Fluxá se convirtió en personaje público al destaparse el caso Bomsai, un escándalo vinculado a la corrupción política relacionado con el cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para la adjudicación de las obras de construcción de dos edificios públicos que sirvieron para albergar el parque de bomberos y la sede de la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno balear.
Fluxá, según el sumario de la investigación judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS, cobró 120.000 euros por presentar al anterior Gobierno balear -presidido por Jaume Matas- a un banco de inversiones, Atlas Capital, que se encargó de tutelar el concurso para adjudicar los trabajos y del control financiero de esas obras públicas. Por esa tarea cobró 600.000 euros, el 1,8% del coste total de los dos proyectos.
Cuando la policía fue a detener al empresario Fluxá, halló en su despacho comercial tarjetas, anotaciones y cartas con sus contactos, entre los que había nombres de políticos con responsabilidades de gobierno y gestores de grandes empresas, tanto públicas (AENA) como privadas.
Al ser detenido, el pasado 14 de mayo, el empresario se declaró "insolvente y embargado en multitud de ocasiones". Fluxá confesó "que no pagaba a Hacienda", aun cuando recibía subvenciones para sus promociones culturales en Pollença, algo vetado a los que incumplen con sus obligaciones fiscales.
Fluxá guarda parte de su dinero en paraísos fiscales, según la investigación: Qatar, Abu Dabi, Barbados, Panamá, y en especial Suiza, de donde iba y venía con sus fondos. La policía le intervino la contabilidad, parte de ella escondida en los servicios de su oficina, y las agendas personales de una década.
Carmen Sampol, consejera delegada de una empresa que consiguió uno de los contratos de obras del parque de bomberos, declaró a la policía que la comisión de pago obligatorio al Banco de Inversiones Atlas Capital era una "una salvajada".
Federico Rodríguez, gerente de JPB, otra concesionaria de los trabajos, consideró la comisión fijada para Atlas Capital "una barbaridad de unos caraduras". Fluxá reconoce que él cobraba por dar la cara: "Yo únicamente les presenté" [Atlas al Gobierno balear]. La policía y Hacienda sostienen que además de los 120.000 euros que Fluxá cobró de Atlas, el comisionista también cobró cantidades que oscilan entre los 350.000 euros de la constructora San José hasta los 15.000 de una ingeniería. Del edificio del parque de bomberos de Palma, Fluxá percibió también 83.000 euros de un suministrador.
Al levantarse el secreto del caso Bomsai se ha conocido el rastro del comisionista, su intervención en la adjudicación de millonarios proyectos como la autopista Inca-Sa Pobla o la estación central de trenes y del metro de Palma. También trató con el Gobierno de Matas y con grandes empresas sobre dos grandes proyectos en ejecución: el hospital de Palma y el Palacio de Congresos.
* ELPAIS.com - 23.06.10
Foto: Palma, palau consell insular Mallorca - trivago.com
Aguirre pagó a MQM facturas hinchadas hasta el 400%
PÚBLICO/Madrid* : El Gobierno de la Comunidad de Madrid pagaba a Marketing Quality Management (MQM), empresa que se coordinaba con la trama Gürtel y que está siendo investigada por el juez, facturas hinchadas para los actos en los que participaba Esperanza Aguirre. Así se desprende de las facturas incorporadas al expendiente del contrato con la comunidad suscrito el 25 de abril de 2007, a las puertas de las elecciones autonómicas, al que ha tenido acceso la diputada de IU Reyes Montiel. En algún caso, el sobrecoste llegó al 400%, como en el homenaje de 2008 a las víctimas del 11-M, que como cada año y siguiendo el mismo formato se celebró en la Puerta del Sol.
Por la escenografía de este acto, que apenas dura cinco minutos, MQM cobró 118.595 euros. En 2009, ya con la trama desarticulada, la Comunidad sacó a concurso el mismo acto para 2010, que fue adjudicado a Publycom por sólo 24.099 euros.
Los que asistieron al acto de 2010 apenas notaron diferencias con respecto a las ediciones anteriores. Pero costó cinco veces menos.
En 2008, MQM había presentado a la Consejería de Presidencia dos facturas el mismo 11 de marzo, que se conmemoró dos días después de las elecciones generales. Ambas por el mismo concepto: "Acto conmemorativo 11 M que se celebró en la Puerta del Sol, exterior entrada del edificio".
La primera, por un total de 52.963 euros, IVA incluido, obtuvo el visto bueno para el pago el 15 de junio de 2008. Y la segunda, de 65.631 euros, el 8 de octubre. Ambos plácets tienen la firma de Camino Arroyo, directora general de Relaciones Externas.
Respuesta del Gobierno
Este periódico preguntó el pasado jueves a la comunidad las causas de la diferencia de precio para el montaje del mismo acto entre 2008 y 2010, pero no ha recibido respuesta.
Ante otras facturas también hinchadas cobradas por MQM en 2007 y 2008, un portavoz de la Consejería de Economía contestó por escrito: "La Comunidad ha facilitado toda la información que se le ha requerido por parte del juez. Asimismo, el Gobierno regional ha comparecido en la Asamblea para dar cumplida cuenta de la información de la que dispone el Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de Contratos".
Entre estas otras facturas hinchadas destaca la del acto institucional de la noche electoral de 2007, que costó 128.000 euros. Público ha cotejado el presupuesto presentado con expertos del sector, que han detectado partidas que en ocasiones superan el 1.000% del precio de mercado. Una portavoz de MQM declinó responder a Público porque el administrador, Antonio Martín Sánchez, se encontraba fuera de España.
El juez investiga a MQM a raíz de la denuncia de Reyes Montiel, diputada de IU. Montiel llevó a la fiscalía una adjudicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), que pagó 1,25 millones por la campaña fantasma Made in Madrid, que no llegó a realizarse. Anticorrupción remitió el dossier a la causa Gürtel.
La adjudicación del IMADE fue en octubre de 2006, pero en marzo de 2007, a las puertas de los comicios regionales, MQM se vio exonerada del 80% de sus compromisos. Inmediatamente después, el 25 de abril de 2007, firmó un contrato para el montaje de los actos de Presidencia, bajo la batuta del hoy imputado Alberto López Viejo, que incluía el acto de homenaje a las víctimas del 11-M.
El concurso tomó como base de licitación uno de los actos institucionales más caros de 2006, que cifró en 62.000 euros. En este concurso general participó también Easy Concept, cuya administradora, Isabel Jordán, imputada en el caso Gürtel, declaró al juez que se coordinaba con MQM para acceder a contratos en Madrid.
* Público - 23.06.10
Foto: Madrid, facturas hinchadas, caso Gürtel, por la Comunidad - publico.es
Las ciudades 'invaden' sus puertos
MÁLAGAHOY* : Veinte años y la herida abierta. Dos décadas después de que Málaga iniciase la discusión sobre la necesidad de abrir el puerto a los ciudadanos, el debate sigue sin cerrarse. Cuando el asunto sobre los usos públicos de los muelles 1 y 2 parecía solventado en forma de un proyecto consensuado, que impedía cualquier construcción por encima de la cota del Paseo de la Farola y subrayaba la necesidad de generar un espacio comercial de calidad "media-alta", la cuestión sigue sobre la mesa.
Y ello después de que la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y la concesionaria del uso comercial del muelle 1, Unión de Iniciativas Marina de la Farola, planteen modificar por enésima vez el plan especial para autorizar la edificación de un equipamiento cultural en la denominada esquina de oro que sobrepasará en 13 metros la cota de la calle. Una particularidad a la que se suma la idea de los privados de asentar un supermercado camuflado junto a la esquina de los muelles 1 y 2.
La estampa final diseñada para abrir el puerto a la ciudad tiene una doble dimensión claramente diferenciada: de un lado, la correspondiente al muelle del Paseo de los Curas, que alberga el Palmeral de las Sorpresas, de iniciativa pública (más de 30 millones de euros invertidos por la Junta de Andalucía) y la dársena paralela al Paseo de la Farola, de uso comercial-privado (14.000 metros cuadrados de techo).
El escenario al que se retrotrae el puerto de la capital de la Costa del Sol motiva más que nunca tornar la mirada hacia aquellas otras urbes donde los espacios portuarios se agregaron a la ciudad, al objeto de analizar los usos que en cada caso se dan. Siguiendo el consejo del profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Vicente Granados, este periódico viaja para conocer otras experiencias de integración puerto-ciudad.
Y en todos los casos analizados, la estrategia a seguir es similar a la de Málaga. Espacios de ocio y esparcimiento sobre los suelos antes portuarios; aprovechamiento de los terrenos para generar nuevas playas (caso de Gijón); reserva de parcelas sobre las que edificar iconos culturales, hoteles y usos terciarios (Barcelona, Valencia...). Son las opciones predominantes.
PORT VELL DE BARCELONA
Aunque a una escala distinta, por la envergadura del espacio objeto de la intervención (56 hectáreas), el puerto de Barcelona es pionero en una actuación de estas características. Buena parte de la misma se llevó a cabo coincidiendo con los Juegos Olímpicos de 1992, si bien desde ese origen la anexión de terrenos para el uso de los vecinos ha continuado. Sobre esta localización pesa aún la marca de la fallida actuación del centro comercial Maremagnu, que dio pie al asentamiento de bares de copas y discotecas. La estrategia, que sirvió de ejemplo a no seguir por Málaga, ha sido variada en los últimos años por parte de los responsables del complejo, donde hoy se aglutinan más de cuarenta tiendas de ropa, complementos y joyas, restaurantes, telefonía... Pero en ningún caso un supermercado, como sí se busca en Málaga.
Pero el Port Vell da cabida a mucho más. De hecho, sirve de base al Wolrd Trade Center de Barcelona, un centro de congresos y convenciones de 6.000 metros cuadrados, que alberga las sedes de 100 empresas y 25 comercios; la rambla del mar, un singular paseo sobre el agua; varios hoteles; los museos de Historia de Cataluña y Marítimo de Barcelona; un cine Imax, y el Acuario de Barcelona, entre otros equipamientos.
VALENCIA
La Autoridad Portuaria de Valencia trabaja desde hace años en iniciativas que favorecen una suave transición entre los terrenos ciudadanos y los comerciales del puerto a través de la cesión de terrenos a la urbe. En este contexto se ha dado forma al conocido proyecto Balcón al Mar, resultado de la voluntad de seguir abriendo la ciudad al mar. Este proyecto supone la transformación de los terrenos de la Dársena Interior del Puerto de Valencia de uso portuario a uso cultural y de ocio. En los últimos años se han realizado importantes avances como el Edificio del Reloj, que sirve de sala de exposiciones; la puesta en servicio del puente móvil de ferrocarril, que elimina el tránsito de trenes por el interior de la Dársena, posibilitando con ello la supresión de las vías férreas que circundan esta zona; la unión de los muelles de Levante y Poniente con el fin de suprimir el tráfico rodado que actualmente circula por la Dársena Interior (en fase de proyecto); la cesión efectiva de los tinglados 2, 4 y 5 para su gestión por parte del Ayuntamiento de Valencia. Actuaciones análogas se han llevado a cabo en los Puertos de Sagunto y de Gandía. En el primero de los casos, cabe destacar la colaboración en el proyecto de la Ciudad de las Artes Escénicas, proyecto que supuso la recuperación del antiguo complejo siderúrgico de Altos Hornos del Mediterráneo para convertirlo en una zona para representaciones de teatro, musicales, danza...
BILBAO
Uno de los mejores ejemplos de integración puerto-ciudad es el de Bilbao, que ha dado lugar al desarrollo de la zona de Abandoibarra en la zona de la ría, donde antes se asentaban las instalaciones portuarias. Tras la crisis industrial de principios de los 80, se inició la idea de configurar Bilbao como ciudad turística y de servicios. En 1989 nació el Plan Estratégico para la Revitalización de Bilbao, que permitió el comienzo de las labores de recuperación de los espacios industriales abandonados y los barrios antiguos en deterioro. Ello dio lugar a la construcción del Museo Guggenheim y del Palacio Euskalduna. Hay que destacar también la participación del Puerto de Bilbao en el desarrollo de la península de Zorrozaure, cuyo plan director fue diseñado por Zaha Hadid, ganadora en 2004 del premio Pritzker de arquitectura. Su plan contempla la creación de un parque empresarial relacionado con actividades innovadoras en el que trabajen en materia de investigación la iniciativa privada junto con la Universidad. También se habilitarán zonas comerciales y de ocio. Los espacios que antes ocuparon los astilleros, las playas de contenedores o los altos hornos, se convierten ahora en paseos, parques, galerías de arte al aire libre, nuevos barrios y zonas de negocio.
GIJÓN
El puerto de Gijón fue galardonado el pasado año con el premio que organiza la European Sea Ports Organization (ESPO) -entidad que representa a las dársenas de los Estados miembros de la Unión Europea (UE)- al mejor proyecto de puerto-ciudad, por su labor durante tres décadas desarrollando políticas en beneficio del entorno de Gijón. A comienzos de los años 80, el puerto local estaba abandonado, con una pequeña actividad pesquera y de talleres de reparación, con sus cuatro dársenas secas en bajamar.
La Autoridad Portuaria de Gijón emprendió su rehabilitación entre 1986 y 1995 y lo convirtió en un puerto deportivo con 850 atraques y el paseo marítimo peatonal del que disfrutan los ciudadanos. A partir de este hito, se iniciaron los estudios para intentar recuperar la línea de playas que existían hasta finales del siglo XIX entre dicho puerto y el de El Musel. En dicha zona la arena había desaparecido debido a la ocupación de línea de costa por las instalaciones industriales y la construcción de muros y diques para proteger la superficie ganada al mar, quedando sólo un lecho rocoso. Respetando los dos astilleros en funcionamiento en la bahía y aprovechando la superficie liberada por la desaparición de otros, se proyectaron dos playas, una, la de Poniente, de 800 metros, limitada por dos diques laterales de escollera con una superficie de playa seca de 60.000 metros cuadrados, y otra, la del Arbeyal, con un dique de escollera para contener la arena, lo que supone una longitud de playa de 440 metros lineales y una superficie de arena de 28.000 metros cuadrados.
TENERIFE
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife convocó en julio de 1998 un concurso de ideas para la ordenación del Muelle de Enlace con el objetivo de permitir la prolongación natural de la ciudad devolviendo así el mar a los ciudadanos. La propuesta presentada por el estudio de arquitectos Herzog & De Meuron fue distinguida con el primer premio. El 16 de enero de 2006 la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó de manera definitiva el plan. El ámbito de trabajo del proyecto comprendía 17,38 hectáreas y se planteaba mediante un sistema de grandes espacios que se concretan en ocho zonas a las que a su vez se les asigna los usos correspondientes. Ejemplo de ello es la Marina del Atlántico, de 13.313 metros cuadrados, donde se apuesta por uso de servicios náuticos, club marítimo y talleres, así como usos complementarios como comercios, hostelería, oficinas y aparcamientos. A ello se suma una zona recreativa, de 26.783 metros cuadrados. Otras de las piezas es la Plaza. Asimismo, destaca el que dentro de suelo portuario se levanten el auditorio, diseñado por Santiago Calatrava, y el palacio de congresos.
ALICANTE
En el caso de Alicante, la construcción de nuevos muelles para la actividad industrial permitió integrar parte de las viejas instalaciones portuarias en la ciudad. La transformación tuvo lugar a lo largo de la década de los años 90, siguiendo el modelo de Barcelona. En este sentido, destaca la construcción del centro comercial Panoramis, que acoge 40 tiendas, incluyendo unos multicines.
* Málaga Hoy - 22.06.10
Foto: Malaga, diseño conflictivo nuevo Puerto - malagahoy.es
La Fiscalía quiere que la policía controle que se ejecutan los derribos que ordenan los jueces
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LAVOZDEGALICIA* : La de la Audiencia de Pontevedra es una de las fiscalías provinciales que aboga por extremar el control policial para verificar que se ejecutan los derribos acordados por sentencia judicial. Así lo recoge la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, en cuyo informe anual refleja que se debe establecer «una especial vigilancia sobre las ejecutorias en esta materia con el fin de evitar que las demoliciones acordadas no se lleven a cabo».
Si en otras provincias, los representantes del ministerio público se encuentran con trabas de los propios ayuntamientos, en Pontevedra no ocurre así. En las Rías Baixas lo que abunda es «la picaresca en su más puro y señero estilo». El fiscal de medio ambiente pontevedrés reconoce que «las argucias que se pueden llegar a utilizar para simular una demolición son sorprendentes».
Es el caso de dos condenados que, tras la sentencia, aportaron un informe pericial , en el que se «afirmaba la realidad de la demolición incluyendo fotografías en las que no aparecía la construcción, sino un terreno en una zona [en] pendiente con unos paneles solares encima». Con el documento en la mano, solicitaron que el juez diera por ejecutado el derribo. Y el magistrado picó.
No así la Fiscalía, que recurrió. Tras una dilatada tramitación, el juez accedió a que la Guardia Civil comprobase in situ la realidad. De este modo, se sacó a la luz que los dos condenados, aprovecharon la pendiente del terreno, muy próximo al mar, para enterrar la construcción y colocar encima unos paneles solares.
Ejecución de la pena
La respuesta del ministerio público fue contundente. No solo, solicitó la ejecución de la pena de cárcel y la demolición de la edificación. En la actualidad, y tras verificarse el derribo, el fiscal ha optado por interesar «la ejecución integra de las restantes penas impuestas (multa e inhabilitación) antes de pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución de la prisión».
Para evitar la proliferación de estos casos, el ministerio público de Pontevedra ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la necesidad de que agentes del Seprona comprueben y verifiquen sobre el terreno la realidad de las demoliciones.
Además, aboga por que, antes de un derribo, el organismo competente en materia de legalidad urbanística elabore un presupuesto de demolición. De este manera, se podrá requerir a los encausados el pago de una fianza por esta cantidad para «asegurar las responsabilidades que puedan derivarse del procedimiento con apercibimiento de embargo de bienes».
De este modo, el juzgado se garantizaría el disponer de un dinero para «realizar la demolición a costa de los condenados». Asimismo, aclara que, en principio, no habría que preocuparse de la insolvencia de los mismos, toda vez que «el terreno en el que se asienta la construcción es propiedad de los denunciados».
* La Voz de Galicia - 23.06.10
Foto: REDONDELA, EL ÚLTIMO CASO. Juan Carlos Pérez Míguez fue obligado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recientemente a demoler su propia casa, en Cesantes (Redondela). - lavozdegalicia.es
La fiscalía pide la inhabilitación para el ex edil de Urbanismo de Albox
Ideal/Almería* : La Fiscalía de Almería ha pedido la demolición de nueve viviendas propiedad de ciudadanos británicos residentes en Albox dentro del procedimiento judicial abierto contra, entre otros, el ex concejal de Urbanismo del municipio, José Luis González Wandosell, para quien solicita un total de diez años de inhabilitación especial por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos.
El escrito del Ministerio Público formula acusación, asimismo, contra el constructor y los dos arquitectos encargados de redactar los proyectos e interesa penas individuales de dos años de prisión por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y multa de 24 meses a razón de 20 euros al día para ellos, quienes deberían sufragar, de producirse, el coste de los derribos tasados pericialmente en 229.6156,38 euros.
Según informaron fuentes judiciales, el titular de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, encargado de las diligencias de la causa, ha dado traslado de las actuaciones a las nueve familias perjudicadas para que se personen como acusación particular ya que el fiscal establece, asimismo, que los tres imputados deberán hacerse cargo de las "eventuales" indemnizaciones para restituir los derechos de aquellos que compraron de "buena fe".
La Fiscalía señala en su escrito que el promotor dio comienzo en 2004 a la construcción de 13 viviendas unifamiliares en el paraje albojense conocido como 'La Hortichuela' sobre suelo no urbanizable y no autorizable con los proyectos elaborados por los dos arquitectos, quienes a su vez, ahonda, tenían conocimiento de la irregularidad y de que, además, la obra se estaba ejecutando sin la oportuna licencia municipal.
Autorizaciones administrativas
Al ex edil José Luis González Wandosell, quien formó colación de gobierno con el PP desde las filas del PA entre 2003 y 2006, le acusa de firmar, a lo largo de ese mismo año, autorizaciones administrativas para nueve de las viviendas sobre las que se efectuó contrato de compraventa "consciente de que no podía" y de que no contaban, ni "mucho menos", con licencia de primera ocupación.
Subraya el fiscal, en esta línea, que el ex concejal, quien concurrió a las elecciones municipales de 2007 como cabeza de lista de GIAL, no abrió expediente disciplinario ni se ocupó de restablecer la legalidad urbanística pese a que "tenía delegadas funciones" por parte de alcalde y a que tenía la "obligación" de denunciar al tener conocimiento de que había indicios de que se podía estar cometiendo un delito.
La calificación del Ministerio Público interesa nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de prevaricación para González Wandosell y otro año más por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. Solicita, asimismo, inhabilitación profesional durante dos años para el constructor y los dos arquitectos.
* Ideal - EP. - 22.06.10
Foto: Albox, viviendas ilegales - teleprensa.net
El fiscal alerta contra el extravío de documentos en el 'caso Malaya'
ELPAÍS/Málaga* : El párrafo, de apenas seis líneas e impecable estilo jurídico, pasa bastante desapercibido en un escrito de 584 páginas que resume la mayor trama de corrupción municipal conocida en la historia de España -el caso Malaya- y pide penas que suman varios siglos de cárcel. Sin embargo, el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, ha lanzado en el tercer otrosí -petición de orden secundario- de su escrito de calificación una verdadera carga de profundidad. El representante del Ministerio Público, temeroso de que el extravío de documentos haga zozobrar el juicio, como ha sucedido en el caso Ballena Blanca, y pueda echar por tierra años de trabajo, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Málaga que "acuerde lo necesario" para que todos los documentos de la causa "puedan ser utilizados en el juicio oral".
Durante la instrucción del caso Ballena Blanca, un error administrativo propició que documentos del sumario de blanqueo de capitales se traspapelaran entre los tomos del caso Malaya. Estos documentos, algunos de los cuales pertenecen a expedientes intervenidos en el despacho del principal imputado de Ballena Blanca, el abogado Fernando del Valle, han sido anulados del juicio para regocijo de las defensas.De las 584 páginas del escrito acusatorio del caso Malaya, un total de 150 están dedicadas a detallar las piezas documentales que el fiscal tiene especial interés en que se lean. Esta lectura incluye prácticamente todos los documentos que han generado las actuaciones del sumario contra la corrupción en Marbella, y que incluyen desde las distintas declaraciones ante el juez y la policía de los 95 procesados en el caso hasta el volcado de los discos duros intervenidos en las oficinas del ex gerente de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama.
Los papeles que no se han podido incorporar al juicio de Ballena Blanca pertenecían a 10 bridas de documentación intervenida durante los registros policiales. El sistema de bridas, avalado por la Audiencia Nacional y muy usado en asuntos de delincuencia económica, que obligan a manejar mucho papel, permite empaquetar documentos por bloques y precintarlos en presencia del secretario judicial. La rotura de la brida para examinar la documentación solo la puede ordenar el juez instructor mediante una providencia, con lo que se garantiza que no hay manipulación posible de las pruebas.
En el caso Malaya, el fiscal ha solicitado que se lean hasta las comparecencias ante el juez de los agentes que realizaron las bridas documentales.
López Caballero solicita a la sala una pena de 30 años de cárcel y una multa de 810,78 millones de euros para Roca por blanqueo, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo (recibir sobornos). Además de estas sanciones, el fiscal ha pedido el comiso de las cuentas corrientes de ex asesor urbanístico y de sus numerosos bienes muebles e inmuebles. Estos incluyen 34 vehículos a motor -entre ellos dos autobuses-, una avioneta, un helicóptero, 72 fincas, 144 pisos, un hotel y dos palacios, entre otros bienes.
El juicio oral del caso Malaya, cuyo inició se prevé para el 27 de septiembre, promete ser largo. El fiscal ha pedido la presencia en la vista como peritos de dos arquitectos de la Agencia Tributaria, que valorarán los bienes de propiedad municipal que han sido objeto de convenios urbanísticos. Un catedrático universitario de Historia del Arte y la directora del Museo de Málaga tasarán los cuadros y objetos de arte que se intervinieron en las casas de Roca y por las que el ex asesor urbanístico pagó más de 25 millones de euros. Además, si la sala lo acepta, comparecerán como testigos el comisario jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera, así como otros 62 agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Según el fiscal, Roca, constituyó una "verdadera organización, integrada por un nutrido grupo de personas, que bajo su dirección gestionaban y administraban su patrimonio como si de una empresa se tratara", y apunta que el blanqueo de fondos asciende a cerca de 245 millones de euros.
* ELPAIS.com - 22.06.10
Foto: Marbella, sumario caso Malaya - malagahoy.es
Valencia.- Cercle Obert lamenta Bellver culpe a técnicos en caso aparcamiento Monforte
ABC* : La asociación Cercle Obert ha lamentado hoy que el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, "no asuma sus responsabilidades y desvíe la culpabilidad hacia los técnicos municipales". Este colectivo ha reaccionado así en un comunicado a las manifestaciones efectuadas por Bellver tras declarar ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Valencia por supuestas irregularidades en la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte, las cuales fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía por parte de esta asociación.
Bellver ha asegurado en declaraciones a los periodistas que el aparcamiento contó con todos los informes técnicos y biológicos necesarios para autorizar su construcción.
Al respecto, Cercle Obert, considera que "urgente que los funcionarios y técnicos tengan absoluta independencia y se ajusten al cumplimiento de la legalidad, sin actuar bajo el dictado de los políticos de turno".
En este sentido, ha acusado al Ayuntamiento de Valencia de actuar "por encima de la ley" e ignorar el mandato constitucional que ordena a los poderes públicos "garantizar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos".
Asimismo, recuerda que "simplemente" ha pedido "el cumplimiento de la positiva Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, redactada y aprobada por el PP".
A su juicio, el Jardín de Monforte, ha sufrido intervenciones en el subsuelo "sin contar con el obligado Plan Especial de Protección, y el informe de impacto ambiental, algo totalmente prohibido en la vigente Ley de Patrimonio Cultural Valenciano vigente".
La entidad "únicamente aspira y desea velar por la legalidad y lograr que las normativas sobre patrimonio cultural se respeten y cumplan por parte de la administración y los particulares, dado que pensamos que proteger y rehabilitar nuestro legado histórico-artístico y ambiental es una garantía de progreso", comenta.
"El único jardín neoclásico, con sabor romántico del siglo XIX de Valencia, merece un gran respeto por parte de todas las instituciones públicas y privadas", añade el colectivo, que asegura que se ha centrado "en garantizar que las intervenciones efectuadas en el subsuelo y las previstas realizar, se ajusten a la normativa legal vigente". EFE
* ABC - EFE - 22.06.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte - escapadasvalencia.com
La falta de créditos impide vender 95 pisos sociales en el área de BCN
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : El acceso a la vivienda se ha convertido en un propósito imposible incluso para los agraciados –por sorteo– con un piso de protección oficial a precios inferiores a los de mercado. La restricción del crédito hipotecario y la situación laboral precaria de la mayoría de los solicitantes ha hecho que se dispare el número de viviendas protegidas vacías, sin posibilidad de encontrar dueño, durante los últimos meses. Al menos unas 95 viviendas del área metropolitana permanecen vacías porque ninguno de sus adjudicatarios ha podido acceder a la hipoteca, a pesar de que cumplían con los requisitos de ingresos que exigía la administración para concursar. Como mínimo, en cinco municipios no se han podido deshacer de viviendas públicas ya construidas: Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Cornellà y Sant Boi.
Y cada vez la Administración tiene más dificultades para deshacerse de su estoc. El ayuntamiento de Barcelona tardó más de tres años en poder vender todos sus pisos de la calle de Pallars, valorados en unos 270.000 euros, después de haber llamado a más de 500 adjudicatarios. La mayoría no disponía de los 50.000 euros exigidos para iniciar los trámites hipotecarios. La situación ha cambiado de forma drástica. En los años del boom inmobiliario, las promociones eran adjudicadas de inmediato en el sorteo.
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet cuenta con 42 pisos recién construidos vacíos en la calle de los Pirineus. Y la empresa inmobiliaria Gramepark (ahora intervenida judicialmente por un presunto caso de corrupción urbanística) calcula que tardará unos dos años en dar salida a los pisos recién construidos más los que están en construcción, en total unos 250.
La última promoción de 18 pisos en Sant Boi, sorteada hace dos años, aún cuenta con seis pisos sin vender y otra promoción en construcción, incluida en el mismo sorteo, tampoco ha tenido ninguna adjudicación.
Adigsa, la empresa pública de la Generalitat que construye pisos sociales, confirma que hasta ahora no ha podido adjudicar 9 pisos en Barcelona y 21 en el área metropolitana, debido a que los ganadores de los pisos no han recibido la aprobación hipotecaria. Carme Trilla, secretaria de Habitatge, confirmó que Adigsa tiene cada vez más dificultades para vender sus pisos por el cierre del grifo crediticio. «No es agradable construir viviendas protegidas que luego nos cuesta adjudicar», dijo a este diario la secretaria de Habitatge.
PRECARIEDAD LABORAL / Pero la crisis económica y la pérdida de trabajo de muchos interesados en pisos de protección oficial ha hecho que buena parte de los agraciados desistan de sus intenciones. El último sorteo de pisos de protección social celebrado en Badalona en noviembre del año pasado se rifaron 35 pisos nuevos ya construidos que habían quedado sin adjudicar en anteriores procesos. Hasta ahora, la Oficina Local de Vivienda de Badalona solo ha llamado a unas 120 personas para que escojan y compren su piso protegido. Más de la mitad ni siquiera ha querido iniciar el proceso porque aseguran que se encuentran en una condición laboral precaria (algunos de ellos también rechazan al piso por la zona) y 13 no han obtenido la hipoteca. Hasta ahora, tan solo 20 han firmado los contratos de compraventa, por lo que el ayuntamiento deberá deshacerse de los 15 pisos restantes.
Los responsables de la Oficina Local de Vivienda aseguran que, dadas las dificultades, ahora están llamando a una mayor cantidad de personas de las listas de espera para intentar agilizar las adjudicaciones y liquidar el estoc de vivienda.
La problemática también se repite en Cornellà, donde el ayuntamiento ha tenido que repetir un sorteo porque los pisos para minusválidos de tres promociones del 2007 todavía no han podido ser comercializados. El ayuntamiento no ha querido hacer público el número de pisos sin vender en el municipio. El precio de estos oscila entre los 190.000 y los 310.000 euros, una cifra difícil de asumir por los solicitantes de bajos ingresos, que son la gran mayoría.
* El Periódico - 22.06.10
Foto: Dos vecinas de Santa Coloma, ante la promoción de la calle de los Pirineus, con 42 pisos sociales sin vender.- elperiodico.es
Chile.- Ciudades en un zapato chino
LANACIÓN/Santiago* : Desde el 13.02.2004 está vigente una modificación al art.59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), aprobada irreflexivamente por los parlamentarios en ejercicio en esa época. Se refiere a la caducidad, en reducidos plazos determinados, de las declaratorias de utilidad pública para las calles (expresas, troncales, colectoras, locales y de servicio), parques intercomunales y comunales, incluidos sus ensanches, descritos en los instrumentos de planificación territorial de todo el país. Quien promovió ese erróneo cambio fue el vehemente Jaime Ravinet, a la sazón ministro de Vivienda y Urbanismo.
Los plazos de caducidad en las áreas urbanas son de diez años para las vías expresas, y de cinco para las vías troncales y colectoras y parques, tanto intercomunales como comunales, plazo que se puede prorrogar, por una sola vez, por igual lapso para las vías troncales y colectoras y parques intercomunales. La fajas de vías locales y de servicio y los parques comunales debían caducar a los cinco años, la declaratoria caducó automáticamente, es decir, en febrero de 2004, para los terrenos localizados en las áreas rurales, y la correspondiente en las zonas de extensión urbana, cualquiera sea su destino, es de diez años, prorrogable por el mismo período.
Luego, el 12 de febrero de 2009, debía caducar la utilidad pública para las vías más angostas, pero por los problemas existentes, se amplió tal caducidad en un año. Entonces, desde febrero de 2010 no existe utilidad pública para esas calles y para los parques comunales. Este radical y carente de análisis cambio en las reglas del juego se efectuó hace seis años porque muchos particulares se perjudicaban con las afectaciones por períodos indefinidos que, en muchos casos, llegaban a los 50 años sin que aquéllos pudieran disponer de una parte de sus terrenos.
Asimismo se cometió otra equivocación al meter en un mismo saco a las vialidades con las áreas verdes, tipologías que, por sus características, siempre son necesarias, sobre todo en ciudades como las nuestras que tienen déficit de las mismas. Los parques bajo ninguna circunstancia pueden reducirse, por el contrario, es obligación del Estado materializarlos con abundantes árboles para mejorar la calidad del aire de las urbes, más aún las que, como Santiago, sufren con las consecuencias de la contaminación atmosférica.
Esta materia la tratamos en columnas las “Cambios en la Ley de Urbanismo” y “Sobre la Ley de Urbanismo”, publicadas en La Nación el 23 de febrero y 3 de marzo de 2004, respectivamente, criticando fundadamente la modificación porque conocíamos las consecuencias nefastas para las ciudades que su implementación significaba.
Entre otras cosas decíamos si quienes aprobaron esta modificación legal conocían el aumento creciente de la tasa de motorización que tenemos en nuestro país, cuestionando además que no existió un estudio acabado que sustentara el cambio. Decíamos que el artículo 59 de la LGUC debía mantenerse en el tiempo, buscando compensaciones económicas o de otro tipo para los perjudicados con esas declaratorias, lo que le expresamos a la Comisión de Vivienda del Senado en la ocasión en que nos recibió para conocer nuestra posición al respecto.
Con el cambio legal los parlamentarios solucionaron una situación que lesionaba a particulares afectados por las declaratorias, pero irresponsablemente no crearon los instrumentos necesarios para asegurar el desarrollo de las vialidades en el mediano y largo plazo y el resguardo de las áreas verdes mínimas para la salud de la población. Recurrimos al Minvu para que se desistiera de su antojo, pero este ministerio, haciendo gala de su autoritarismo, permaneció imperturbable. Por ello, en una de nuestras columnas, afirmábamos hace seis años que, ante los hechos consumados, habría que atenerse a lo que vendrá.
Ante la existencia de esta modificación legal, muchos municipios con la idea de que continúen afectas a ensanche las vías de servicio y locales, han mentido clasificándolas como colectoras y hasta troncales. Es decir, han pasado por alto sus perfiles (anchos de calzada y acera) y flujos vehiculares en razón de que no pueden prorrogar sus utilidades públicas. En la vialidad intercomunal del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) se redefinieron en febrero pasado varias calles aumentando sus clasificaciones, incluyendo las vías de servicio Martín de Zamora y la colectora Colón, en el tramo donde tiene un terreno Cencosud y en el cual se quería construir un mall, rechazado finalmente por los vecinos. Ahora estas dos calles, por arte de magia, son troncales a pesar de que técnicamente no califican para ello (sic).
Por la anarquía que estamos viviendo y con el propósito de que las cosas se hagan bien, el lunes 14 de junio, en compañía de las arquitectas Ximena Bórquez, integrante del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos; Sandra Gysling, asesora urbana de la Municipalidad de Santiago, del arquitecto y urbanista Jonás Figueroa, académico de la USACh, y del abogado Roberto Perut, estos dos últimos miembros de nuestra fundación, nos recibió Magdalena Matte, ministra del ramo, a quien le planteamos todos los problemas derivados con el vencimiento de las caducidades en comento.
La conversación fue muy franca, y aunque la ministra no se comprometió a nada, porque tratándose de una política del gobierno anterior era delicado que emitiera juicio, tenemos la seguridad de que sus especialistas resolverán de la mejor forma la situación para que así podamos salir de este zapato chino.
* Fundación Defendamos la Ciudad
* La Nación - Patricio Herman - 22.06.10
Foto: Santiago de Chile, parque y calles - lanacion.cl
El PP permite ahora explotar minas en los suelos protegidos de A Terra Chá
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ELPAÍS/Lugo* : La lucha de buena parte del tejido social de A Terra Chá contra la empresa Erimsa para impedir la extracción de cuarzo en la comarca se ha reactivado en las últimas semanas. Con el conflicto estancado en una batalla legal que mantiene abiertos cinco contenciosos en los juzgados de Lugo, un cambio introducido por el PP durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la Lei do Solo aprobada a finales de marzo ha encendido las alarmas entre la oposición al proyecto: la actividad minera en suelo rústico de especial protección agropecuaria -calificación bajo la que se encuentran la mayoría de los terrenos afectados por las concesiones hechas públicas en noviembre de 2006- ha pasado de "uso prohibido" a "posible", es decir, puede ser autorizada desde la Xunta.
La pirueta legal ha dejado en una posición incómoda a los alcaldes del PP en la comarca. Cuando se otorgaron las tres concesiones, los populares, que en aquel momento gobernaban en los seis ayuntamientos afectados, se unieron para solicitar a la Consellería de Industria la derogación del proyecto. El entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, llegó a calificar las autorizaciones de "alianza con el gran capital" para "jorobar a los ganaderos de A Terra Chá".
"Decisiones anteriores tomadas por otros partidos también beneficiaron a la explotación", se defiende ahora el regidor de Cospeito, Armando Castosa, "y no me parece reseñable opinar desde el punto de vista político".
La intención de Erimsa de ejecutar la concesión para la extracción de cuarzo otorgada por la entonces Consellería de Innovación e Industria dependía hasta ahora de las licencias municipales en litigio. Desde la modificación legal, cualquier nueva solicitud de licencia será remitida directamente a la Administración autonómica. "La tramitación directa con la Xunta nos beneficia", reconoce el director de Erimsa, José Luis Martínez, que afirma además que la empresa ya ha cerrado acuerdos de alquiler en la zona.
Con la explotación de cuarzo en la comarca cada vez más próxima, Castosa afirma que hay que buscar "el interés general" de A Terra Chá. "Pero no puedo precisar cuál es", añade.
En 2008, Erimsa presentó las primeras solicitudes de licencia urbanística y de actividad en su ayuntamiento y en los de A Pastoriza y Castro de Rei, tres de los seis afectados por la concesión (los otros tres son Abadín, Riotorto y Vilalba). Tres meses después, ante la falta de respuesta por parte de las administraciones locales, la empresa manifestó que entendía las licencias "otorgadas por silencio administrativo positivo".
La respuesta de los ayuntamientos fue unánime: la legislación aplicable no auspiciaba esa interpretación y las licencias sólo se otorgarían de ajustarse plenamente a derecho. Erimsa demandó a los ayuntamientos de Cospeito, A Pastoriza y Castro de Rei para defender su postura. El Sindicato Labrego Galego, Adega y varios particulares también se han personado en los contenciosos.
Son algunos de los muchos colectivos agrupados en la Comisión de Asociacións en contra das Minas da Terra Chá. En las diversas movilizaciones que se organizaron durante los primeros meses de 2007, los alcaldes se sumaron a sus argumentos en contra de la extracción de cuarzo. El principal, la salvaguarda de la que gozaba el suelo agrario de especial protección y que ahora ha quedado en el aire.
La modificación, que no figuraba en el texto del anteproyecto de la reforma de la Lei do Solo, fue introducida por el PP a raíz de un voto particular incorporado por la Confederación de Empresarios de Galicia al dictamen sobre la ley que emitió el Consello Económico e Social de Galicia el pasado diciembre.
Desde el grupo parlamentario popular suscriben la argumentación sostenida por los empresarios, que abogaron por evaluar en cada caso concreto los diferentes intereses en juego para determinar cuál debe prevalecer a la hora de conceder o denegar la autorización. El diputado popular Román Rodríguez considera que la modificación es coherente con la necesidad de que las prohibiciones sean motivadas y no genéricas recogida en la Lei da Minería de 2007, y traslada así la responsabilidad a la Xunta bipartita.
* ELPAIS.com - 21.06.10
Foto: Terra Chá (Lugo), vista desde Carballido - wikipedia.org
Córdoba.- Más de 700 multas por obras ilegales, pendientes de tramitar en Urbanismo
ABC* : Más de 700 expedientes relacionados con la indisciplina urbanística —en su mayoría corresponden a obras sin licencia en parcelaciones— aguardan su tramitación en la Gerencia Municipal de Urbanismo, según informaron ayer desde este organismo. Se trata de un volumen de trabajo desproporcionado en comparación con el escaso personal que desempeña esta labor en la Oficina de Disciplina de Obras. Este desfase fue uno de los motivos que llevaron al jefe del Servicio de Inspección Urbanística, Leopoldo Salinas, a remitió una carta de renuncia al presidente de la Gerencia, Francisco Tejada el pasado día 2.
Este responsable presentó su dimisión desbordado por la sobrecarga de denuncias que requieren una rápida tramitación para evitar así su caducidad. Es la segunda vez que un técnico que está al frente de Inspección Urbanística pide su recambio por la escasez de personal. Su predecesor en el puesto también solicitó su relevo en abril de 2006 al entonces concejal de Urbanismo y actual alcalde, Andrés Ocaña, argumentando que «la gran desproporción entre medios personales y expedientes» impedía «la atención rápida y efectiva» de los mismos.
A Salinas, de momento, no se le ha buscado sustituto. Sigue desempeñando su puesto de instructor en la Oficina de Disciplina de Obras, según corroboraron ayer fuentes del organismo municipal. Adscritas a este servicio están también las oficinas de ruinas, vía pública y actividades. Los expedientes de infracción corresponden no sólo a las obras sin autorización en suelo rústico o urbano, sino también a establecimientos que abren sin licencia, la colocación de andamios de obras sin permiso o de vallas publicitarias.
Desde la Gerencia también se alegó que la renuncia de este responsable no puede obedecer a la falta de plantilla, puesto que «sólo hay dos personas menos en su área». «Cuando él entró —en octubre de 2008— había 25 trabajadores en el Servicio de Inspección y ahora son 21 más dos empleados externos, pero el volumen de trabajo ha disminuido». No obstante, las mismas fuentes no pudieron precisar en qué porcentaje han decaído las denuncias.
Sea como fuere, a nadie pasa desapercibido que hay un atasco de sanciones pendientes de tramitarse, que no es nuevo, sino que viene heredado de ejercicios anteriores. El propio regidor, Andrés Ocaña, reconoció el pasado febrero que desde que la Policía Local deja constancia de la infracción y el inicio del expediente pueden pasar varios años. Ello se debe, según detalló, a que hay «una acumulación de sanciones» y se priorizan aquellas que están a punto de caducar.
Este desfase queda patente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se publican las sanciones. Basta con echar un vistazo a los últimos boletines para comprobar que en estos momentos se están notificando expedientes por obras ilegales que se abrieron en el primer semestre de 2005, apurando el plazo máximo de cuatro años para resolverlos que marca la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La citada norma marca que la resolución expresa del procedimiento sancionador es de un año desde que se incoa. Si pasado ese periodo, el expediente no se ha concluido, la Gerencia está obligada a comunicar que ha caducado y, por ende, dar por perdido el ingreso que preveía.
Previsiones de ingresos
Las quejas de técnicos por la falta de personal contrastan con la previsión del gobierno municipal de incrementar sus ingresos por sanciones urbanísticas en los próximos dos años. Según un informe del Servicio de Inspección, hecho público hace un año, el Ayuntamiento espera ingresar 7 y 7,5 millones de euros en 2010 y 2011, respectivamente. Se trata de una estimación optimista si se compara con el medio millón de euros escaso que se recaudó el pasado año.
* ABC - 22.06.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.es
La Generalitat lleva gastados más de 211 millones en la carrera de fórmula 1
ELPAÍS/Valencia* : "Coste neutro". El espectáculo automovilístico no iba a costarle nada al erario público. Así lo prometió el presidente del Consell, Francisco Camps, al principio, pero en seguida se vio que no sería así. Tras las dos primeras ediciones del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, la pregunta es cuánto cuesta el evento. El pasado día 3, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, aseguró, ante una comisión parlamentaria, que la Generalitat sólo ha asumido 85 millones por la construcción del circuito urbano en Valencia y el pago del canon de la prueba hasta 2015. También aseguró que Valmor Sport, la empresa privada que organiza la carrera, ha renunciado a tener "ni un euro de beneficio".
A la semana siguiente, el día 9, en el pleno de las Cortes, el socialista Francesc Signes defendía una proposición no de ley para "recuperar la inversión realizada". Los populares tumbaron la propuesta pero Signes dejó sobre la mesa una cifra del coste de las obras del denominado Valencia Street Circuit, de 110,4 millones de euros. Esa cifra engloba la construcción del circuito por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos de la Generalitat en 2008, más los trabajos posteriores de repavimentación y reforma en 2009 y este mismo año 2010.
Qué ha costado la fórmula 1 a las arcas públicas es una pregunta difícil de responder porque la Generalitat ha negado reiteradamente a la oposición el acceso a los contratos de Valmor Sport con Formula One Administration, la empresa de Bernie Ecclestone propietaria de los derechos de la competición, así como a cualquier otro documento relacionado con el acontecimiento automovilístico. Sin embargo, con lo que se sabe hasta ahora, ya puede afirmarse que supera los 211 millones de euros.
A los 110,4 millones de coste del circuito hay que añadir 90 millones que la Generalitat ha asumido pagar como canon de la competición hasta 2015, pero además, pese a las afirmaciones del consejero de Economía y Hacienda, hay otras aportaciones realizadas desde la Administración autonómica para la fórmula 1.Una de las aportaciones es un préstamo de ocho millones de euros que el Instituto Valenciano de Finanzas concedió a Valmor Sport en diciembre de 2008. El crédito, por siete años, fue concedido pese a un informe técnico del área de inversiones que advertía de la situación de quiebra de la sociedad, formada por el empresario Fernando Roig, Bancaja y una empresa en la que son socios Jorge Martínez Aspar y el presidente de Sedesa, Vicente Cotino. También señalaba las previsiones de pérdidas y la falta de garantías adicionales. "Los ingresos futuros de la sociedad se estima que son del todo inciertos y no hacen previsible el retorno del préstamo solicitado", concluía el informe.
Por otra parte, la Generalitat ha destinado a la fórmula 1 un millón de euros de la Agencia Valenciana de Turismo en 2008 y se ha hecho cargo de trabajos de montaje y desmontaje de la prueba. A través de la empresa pública que gestiona el Circuito de Motociclismo de Cheste, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, adjudicó el material de señales permanentes, los altavoces y las pantallas gigantes, tanto en 2009 como para la prueba de este año, que se celebra el próximo 27 de junio. En conjunto, esas adjudicaciones alcanzaron el millón de euros en 2009 y una cantidad próxima al millón en 2010.
La diputada socialista Maisa Lloret, a quien Gerardo Camps aseguró en las Cortes que "Circuito del Motor adelanta los pagos que le son reembolsados por Valmor" ha solicitado por escrito información sobre este extremo. Señala Lloret: "Hemos pedido explicaciones y esperamos que la Generalitat no deje otra vez de lado la información". Según la diputada, el Consell, con un sistema de adjudicaciones opaco, "está manipulando la libre competencia". "¿Cómo es posible que no sea abierto?", se pregunta Lloret, que arremete contra el préstamo de 8 millones a Valmor: "El Instituto Valenciano de Finanzas no está para pagar guateques y circos del PP sino para impulsar a las empresas productivas de la Comunidad Valenciana, que es lo que ha dejado de hacer estos años".
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, pues, está subvencionando también la fórmula 1 desde el Circuito de Cheste. Se trata de una empresa pública que el Consell ha utilizado para subvencionar diferentes acontecimientos y actividades deportivas y que, según la información recopilada por Maisa Lloret, ha recibido de la Generalitat, en cinco ampliaciones de capital desde el año 2005, cerca de 42 millones de euros.
* ELPAÍS.com - 21.06.10
Foto: Valencia, circuito Fórmula 1 (archivo) - 20minutos.es
Costas: construcción y destrucción
JUAN ANTONIO CAMPOS PALOMO* : Debido al desarrollo urbanístico descontrolado y a la falta de sensibilidad ecológica de alcaldes y constructores se ha destruido casi toda la costa española, y la poca que queda terminará siendo invadida por más bloques. Por muchas excusas que nos den -como la del progreso-, el fondo de todo es el dinero. Por el enriquecimiento de unos pocos se ha destruido un litoral costero que es de todos. Lo quieren edificar todo. El trabajo que da destruir la costa es escaso y efímero, y no es calidad de vida para los ciudadanos. Es calidad de vida para unos pocos. Los ciudadanos queremos más playas vírgenes y que se respeten las que ya hay.
El paisaje costero no es un desierto que no sirva para nada, sino que forma parte de un ecosistema que se está extinguiendo como lo demuestra el descenso del número de águilas pescadoras en toda España o la práctica extinción de la siempreviva malagueña (Limonium malacitanum) por poner dos ejemplos de especies que solo tienen este hábitat.
Quiero pedir a alcaldes, políticos y constructores que no destruyan más la costa española y que nos dejen lo poco que queda. Escuchen lo que quieren los ciudadanos. Legislen para protegernos de la construcción abusiva y que no se destruyan las últimas playas vírgenes que nos quedan.
* ELPAIS.com - Opinión - 20.06.10
