La Fiscalía quiere que la policía controle que se ejecutan los derribos que ordenan los jueces

LAVOZDEGALICIA* : La de la Audiencia de Pontevedra es una de las fiscalías provinciales que aboga por extremar el control policial para verificar que se ejecutan los derribos acordados por sentencia judicial. Así lo recoge la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, en cuyo informe anual refleja que se debe establecer «una especial vigilancia sobre las ejecutorias en esta materia con el fin de evitar que las demoliciones acordadas no se lleven a cabo».

Si en otras provincias, los representantes del ministerio público se encuentran con trabas de los propios ayuntamientos, en Pontevedra no ocurre así. En las Rías Baixas lo que abunda es «la picaresca en su más puro y señero estilo». El fiscal de medio ambiente pontevedrés reconoce que «las argucias que se pueden llegar a utilizar para simular una demolición son sorprendentes».

Es el caso de dos condenados que, tras la sentencia, aportaron un informe pericial , en el que se «afirmaba la realidad de la demolición incluyendo fotografías en las que no aparecía la construcción, sino un terreno en una zona [en] pendiente con unos paneles solares encima». Con el documento en la mano, solicitaron que el juez diera por ejecutado el derribo. Y el magistrado picó.

No así la Fiscalía, que recurrió. Tras una dilatada tramitación, el juez accedió a que la Guardia Civil comprobase in situ la realidad. De este modo, se sacó a la luz que los dos condenados, aprovecharon la pendiente del terreno, muy próximo al mar, para enterrar la construcción y colocar encima unos paneles solares.

Ejecución de la pena

La respuesta del ministerio público fue contundente. No solo, solicitó la ejecución de la pena de cárcel y la demolición de la edificación. En la actualidad, y tras verificarse el derribo, el fiscal ha optado por interesar «la ejecución integra de las restantes penas impuestas (multa e inhabilitación) antes de pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución de la prisión».

Para evitar la proliferación de estos casos, el ministerio público de Pontevedra ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la necesidad de que agentes del Seprona comprueben y verifiquen sobre el terreno la realidad de las demoliciones.

Además, aboga por que, antes de un derribo, el organismo competente en materia de legalidad urbanística elabore un presupuesto de demolición. De este manera, se podrá requerir a los encausados el pago de una fianza por esta cantidad para «asegurar las responsabilidades que puedan derivarse del procedimiento con apercibimiento de embargo de bienes».

De este modo, el juzgado se garantizaría el disponer de un dinero para «realizar la demolición a costa de los condenados». Asimismo, aclara que, en principio, no habría que preocuparse de la insolvencia de los mismos, toda vez que «el terreno en el que se asienta la construcción es propiedad de los denunciados».






* La Voz de Galicia - 23.06.10
Foto: REDONDELA, EL ÚLTIMO CASO. Juan Carlos Pérez Míguez fue obligado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recientemente a demoler su propia casa, en Cesantes (Redondela). - lavozdegalicia.es