ELUNIVERSAL/Ciudad de México* : Por primera vez en América Latina, los 10 'bloggers' más influyentes a nivel mundial en materia de arquitectura, arte, urbanismo, música y diseño se reunirán para crear una radiografía completa de la cultura contemporánea, en la tercera edición de 'íPostópolis!'. Se trata de una sesión pública de cinco días de continua conversación, la cual se llevará a cabo del 8 al 12 de junio en el Museo Experimental El Eco, en asociación con la galería neoyorquina de diseño Storefront for Art and Architecture, tomo.mx y la revista italiana de diseño Domus Magazine.
Dentro del programa de actividades de este acontecimiento también se efectuarán entrevistas, presentaciones, películas y paneles para fusionar, de esta manera, el acercamiento informal e interdisciplinario que provee Internet, con la interacción cara a cara de estos personajes.
En este encuentro se realizará un maratón de entrevistas con destacados personajes y pensadores de la Ciudad de México, entre los que se encuentran: arquitectos, urbanistas, artistas, historiadores, cineastas, activistas y músicos, entre otros.
Los blogs participantes son: 'Urban Omnibus' (Cassim Shepherd) www.urbanomnibus.net/; Intersections (Daniel Hernández) danielhernandez.typepad.com/; 'DPR Barcelona' (Ethel Barona Pohl) www.dpr-barcelona.com; 'Tóxico Cultura' (Gabriella Gomez-Mont) : www.toxicocultura.com/; 'Tomo' (Guillermo Ruiz de Teresa) www.tomo.com.mx.
'Mudd Up!' (Jace Clayton aka DJ /rupture) www.negrophonic.com/; 'Edible Geography' (Nicola Twilley) www.ediblegeography.com/; 'We Make Money Not Art' (Regine Debatty) www.we-make-money-not-art.com/; 'Strangeharvest' (Sam Jacob) www.strangeharvest.com; 'Wayne & Wax' (Wayne Marshall) wayneandwax.com. Con la colaboración de Blog 'Non Stop' www.blognonstop.tv.
Entre los personajes invitados se encuentran: Eduardo Terrazas, José Castillo, Juan Carlos Rulfo, Martha Schteingart, Derek Dellekamp, Ali Gua Gua, Carlos Alvarez Montero, Gabriela Jauregui, Rodrigo Díaz, Pablo I. Kobayashi (@_materia) , LA76 (@LA76guys) , Perros Negros, Gregory Berger, Antonio Vega Macotela, María Moreno Carranco, Mark Powell y José Luis Cuevas.
También estarán Héctor Galván, Alejandro Hernández, Alfonso Morales, Mariana Delgado/Proyecto Sonidero, Carlos Prieto Acevedo & Ximena Labra, Geraldine Juárez & Magnus Ericksson, Jorge Legorreta, David Lida, Rachel Laudan, Dr. Ravi Singh, Fernando Llanos, Gilberto Esparza, Rozana Montiel, Ehecatl Cabrera, Frida Escobedo, Camilo Smith, Pedro Reyes, Said Dokins, Wendell McShine with Saner & Lili Carpinteyro.
La primera edición de 'íPostópolis!' se realizó dentro de la galería de Storefront for Art and Architecture en el verano del 2007 y la segunda tuvo lugar en Los Angeles, en 2009.
Las charlas serán en español e inglés con traducción simultánea, y terminarán con una fiesta cuyos anfitriones serán algunos de los 'blogs' de música con más fuerza de esta ciudad.
* El Universal - 8.06.10
Foto: México-city - destination360.com
Llega a México la tercera edición de 'íPostópolisí'
El Gecen denuncia al Consell por reducir la protección de la Colomera en Oropesa
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LASPROVINCIAS/Castellón* : El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) y la asociación de vecinos R de Renegà han presentado un recurso judicial contra la decisión de la Conselleria de Cultura de reducir de 200 a 50 metros el entorno de protección de las torres vigías de La Cordà y Colomera de Oropesa. Así lo anunciaron ayer fuentes del grupo ecologista en un comunicado, en el que recuerdan que «la Administración autonómica no dio opción de alegar contra dicha modificación».
En concreto, desde el Gecen consideran que la decisión del Consell de reducir en 150 metros el entorno de protección de las torres medievales de Oropesa «está subordinada a los intereses urbanísticos» y es que, según denuncian, «está previsto construir un hotel a escasos metros de la Colomera».
Por todo ello, ecologistas y vecinos han decidido llevar a la Conselleria de Cultura ante los tribunales, al entender que no se les dio la oportunidad de alegar en contra de una modificación que, según lamentan, «atenta contra el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico de Oropesa». El Gobierno autonómico, critican, «está apostando por la cultura del hormigón y actúa al servicio de los intereses privados, dejando de lado la protección de la poca superficie de costa que todavía queda sin urbanizar en la localidad».
Asimismo, desde el Gecen instan al Consell a que «dé explicaciones sobre por qué es necesario construir un hotel a escasos metros de la torre Colomera, en una zona ya de por sí macrourbanizada».
En este sentido, cabe recordar que, ya a principios del pasado mes de marzo, el grupo conservacionista remitió un escrito a la Dirección General de Costas para reivindicar «su intervención en la defensa del dominio público marítimo-terrestre y su entorno, excluyéndolo de los intereses mercantilistas».
Cabe destacar que los ecologistas llevan muchos años luchando contra la saturación urbanística del litoral oropesino. De hecho, en 2007, la agrupación instó a la Fiscalía General del Estado a investigar la venta de suelo municipal en la zona de la Renegà y su entorno. Según alegaron entonces, el Ayuntamiento de la localidad podría haberse embolsado «más de 40 millones de euros, procedente de la venta de 200.000 metros cuadrados derivados de los excesos de aprovechamiento urbanístico».
* Las Provincias - 8.06.10
Foto: Máquinas trabajando en los alrededores de la Colomera.- lasprovincias.es
El empresario Eugenio Mora ganó más de 13 millones en el 'caso Pretoria'
ELPAÍS/Barcelona* : La persona que más dinero ha ganado con el caso Pretoria no es el presunto cerebro de la trama, Luis Andrés García, Luigi, a quien el sumario abierto por la Audiencia Nacional atribuye ocho millones en comisiones y cobros opacos. Tampoco es ninguno de los alcaldes, concejales, altos cargos, constructores, comisionistas o testaferros incluidos en la lista de una veintena de imputados en la causa. El mayor beneficiado de los tres pelotazos que forman el corazón de Pretoria -Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres- es un rico empresario que ha vivido en la última década a caballo entre Barcelona y Londres, de nombre Eugenio Mora Olivelles, ex dueño de Burberry España y el rostro que se oculta tras las sociedades instrumentales que, con sede en paraísos fiscales, cubrían las inversiones que necesitaba la trama para sus fabulosos negocios.
Los informes de la Agencia Tributaria incluidos en el sumario revelan que Mora ha ganado más de 13 millones de euros en los tres pelotazos de Pretoria. Esto es casi la mitad de los 30 millones que la investigación estima que generaron los negocios ilícitos y casi el doble de lo ganado por el ya célebre Luigi.
De los más de 10.000 folios del sumario se desprende que en los grandes negocios de Pretoria funcionó un reparto de papeles. Luigi era el cerebro, "el auténtico punto de referencia y nexo en común entre las autoridades municipales y los empresarios adjudicatarios, inversionistas y constructores". Mora era el músculo, la fuerza bruta del capital capaz de invertir en poco tiempo 11 millones para ganar casi el doble. Según la Guardia Civil, Mora movía desde paraísos fiscales "fondos que introducía en España para un lucrativo negocio con un coste fiscal nulo" para, tras el pelotazo, "volver a situarlos en el exterior".
Los destinos de Luigi y Mora se cruzaron (no hay constancia de que se conozcan personalmente) en un documento que la Guardia Civil requisó en 2005 en el bufete de los abogados Pretus, presuntamente el enlace entre ambos. En apenas una decena de páginas, los investigadores encontraron un detallado plan de negocio que, según la Agencia Tributaria, anticipaba "con asombrosa semejanza lo que ocurriría después", en la Operación Pallaresa, el pelotazo de Santa Coloma.
En síntesis, el negocio consistía en comprar una empresa con un proyecto empantanado (Centre Comercial Gramenet, S.A.), invertir en unos terrenos, esperar a que el Ayuntamiento de Santa Coloma aprobara un cambio de usos del suelo (para permitir construir más viviendas que zonas comerciales) y venderlo.
Para lo primero, Mora pagó en noviembre de 2003 un total de 2,7 millones (1,8 millones sirvieron para comprar a Luigi dos tercios de Centre Comercial Gramenet S.A. por los que él sólo había pagado 200.000 euros 15 días antes). Para lo segundo, la costosa compra en esas mismas fechas del suelo era para lo que Luigi necesitaba a Mora. En una operación con origen en Madeira, Mora introdujo en España 8,4 millones con tal fin. Los más de 11 millones invertidos en total por Mora fueron canalizados a través de la empresa holandesa Ard-Choille.
La parte de Mora ya había concluido. Ahora solo quedaba que Luigi lograra la recalificación y encontrara un comprador. Lo primero lo consiguió el 26 de julio de 2004 en un tormentoso pleno municipal en el que la oposición en Santa Coloma acusó al Gobierno del PSC de permitir "enriquecerse excesivamente a los promotores" y de solo dejar a los concejales dos semanas para estudiar una recalificación que multiplicaba por cuatro (de 4.240 metros cuadrados a 17.000) la superficie construida destinada a viviendas.
Casi todos los que pilotaron este cambio -Luigi; Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma; Manuel Dobarco, teniente de alcalde; Pascual Vela, director de Servicios, y Emili Mas, entonces gerente del Consell Comarcal del Barcelonès- están hoy imputados.El último paso para cerrar el negocio se produjo a los dos años de su puesta en marcha: en noviembre de 2005, la promotora Prosavi pagó a Ard-Choille 28 millones de euros por el 100% de las acciones de Centre Comercial Gramenet S.A. La Agencia Tributaria estima los beneficios de Ard-Choille en la operación en 10,3 millones de euros. El dinero fue puesto a buen recaudo fuera de España.
El segundo pelotazo de Pretoria, el de Sant Andreu de Llavaneres, siguió un esquema muy similar: comprar unos terrenos, lograr una recalificación para que en ellos pudieran construirse 72 viviendas en lugar de las 12 previstas y venderlos al poco tiempo con unas jugosas plusvalías. También en este caso, casi todos los que pilotaron la recalificación urbanística (el alcalde, Víctor Ros, del PP; y el concejal de Urbanismo, Antonio Jiménez, del PSC) están imputados en la causa. Y también aquí los documentos encontrados en 2005 en el despacho Pretus revelaban que la operación había sido diseñada con antelación con el mínimo detalle.
La inversión necesaria en este caso fue de unos seis millones de euros, aunque sobre la mesa sólo hubo que poner unos 3,5 porque el resto se tramitó a través de préstamos participativos. El beneficio final que, según la Agencia Tributaria, se repartieron los socios de la operación tras la venta del suelo en octubre de 2004 a la promotora Proyecto Inmobiliario Valiant por 9,7 millones, ascendió 2.430.150 euros. Ard-Choille figura otra vez entre los socios de la operación, en este caso con el 33% del negocio, lo que habría reportado a la sociedad de Mora unos 800.000 euros de beneficios.
El tercer pelotazo investigado, el de Badalona, tiene notables diferencias respecto a las dos anteriores. La primera es que no hay una sospechosa recalificación municipal. Aquí los socios del negocio invierten 15,4 millones en marzo de 2003 para la compra de un terreno a la empresa Badalona Building Waterfront, participada por el Ayuntamiento de Badalona y el Consejo Comarcal del Barcelonès, y venderlo un año después por casi el doble (29 millones) a Espais y Procam, la filial inmobiliaria de Caixa Catalunya.
La Audiencia Nacional puso el foco en la operación por la opacidad administrativa del proceso, la maraña de pagos y comisiones que lo rodearon y el hecho de que una Administración pública vendiera el solar por un precio tan por debajo de lo que el mercado estaba dispuesto a pagar.
La segunda gran diferencia de la Operación Badalona con las dos anteriores es que el número de inversores es mucho mayor. Badalona Building Waterfront se reserva el 10% del negocio; Caja Navarra, el 45%, y el resto se lo reparte un grupo de inversores (Schroeder Invest), entre los que Eugenio Mora tiene una posición dominante. En total, la empresa Moldavite (otra sociedad controlada por Mora) invierte unos cuatro millones de euros y obtiene unos beneficios de 3,6 millones, según los informes de la Agencia Tributaria.
Las empresas controladas por Eugenio Mora ganaron así unos 14,7 millones de euros en los tres pelotazos (10,3 en Santa Coloma, 0,8 en Llavaneres y 3,6 en Badalona), aunque Hacienda estima que cerca de una décima parte no los ingresó él, sino que fueron abogados y otros intermediarios.
Los más de 13 millones de beneficio de Mora, sin embargo, no le hacen responsable ante la justicia. "Mora no intervino en los trámites administrativos de los ayuntamientos que ahora investiga la Audiencia Nacional. Él fue un mero inversor al que propusieron un negocio y lo hizo", explica su abogado, Cristóbal Martell.
Los documentos encontrados en el bufete de Pretus son la trinchera tras la que se refugia la defensa de Mora. Si, según esta versión, era Luigi y su red quienes alteraban trámites administrativos, pagaban comisiones ilegales y corrompían a políticos, nada de eso implica responsabilidad para Mora.
Lo único que puede imputarse al ex dueño de Burberry es que invirtió, ganó dinero y lo sacó de España sin tributar, algo por lo que ya está siendo procesado en otra causa desde 2005 por la expatriación sin pagar impuestos de los 18.000 millones de pesetas (más de 108 millones de euros) que cobró por la venta de su parte de Burberry a la matriz internacional. Fue ese dinero el que, desde el exterior, siguió moviendo para lucrarse con operaciones como las del caso Pretoria.
El juicio por fraude fiscal de Mora aún no tiene fecha, aunque previsiblemente se celebrará en 2011. Cuando se siente ante el juez, lo hará en buenas condiciones. Hace poco acordó devolver a la Agencia Tributaria 27 millones (entre ellos varios de los ganados en el caso Pretoria). Una repatriación de capitales (la mayor de la historia en España) que permitirá a Cristóbal Martell pedir para su cliente la atenuante muy cualificada de reparación total del daño.
Dos sombras, sólo dos, se proyectan sobre la intervención de Mora en el caso Pretoria, aunque la justicia no ha entrado en ellas. La primera es un pago de 605.000 euros que, en Suiza, el empresario hizo a una sociedad instrumental de Luigi en noviembre de 2005, después de que Mora lograra el mayor pelotazo del caso. "Es un pago por los servicios prestados que no implica nada delictivo", afirma Martell.
La segunda es lo detallado del plan de negocio de Luigi en el que Mora aceptó invertir. El negocio era tan apetitoso como arriesgado, ya que sin la recalificación (supuestamente ilegal) de los terrenos de Santa Coloma todo se podía ir al traste. Un buen motivo para confiar en que todo iba a salir bien eran las "comisiones a intermediarios" (entre 759.000 y 5,3 millones de euros, según el beneficio final) que el documento hallado en el despacho Pretus ya preveía invertir en el negocio.
"Al sac i ben lligat!"
El abogado Antonio Peñarroja Castell no pudo ocultar su alegría al cerrarse una operación de Pretoria. "Avui sí que podem dir que és blat, perquè és al sac i ben lligat!", escribió en una carta para Eugenio Mora. Peñarroja no se olvidó de alabar "el ojo clínico y sentido del riesgo" de Mora y añadió que sin sus "virtudes esta operación no hubiese podido llevarse a cabo".
* ELPAIS.com - 7.06.10
El caos judicial enreda los casos 'Ballena Blanca' y 'Malaya'
ELPAÍS/Málaga* : El pasado miércoles, el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo, se sometió en el Consejo General del Poder Judicial (CJPJ) a la entrevista como aspirante a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Entre sus méritos, Arroyo destacó la organización de macrojuicios contra la corrupción en Marbella como los casos Minutas, Ballena Blanca -ambos en curso- y Malaya -previsto para el 27 de septiembre-. José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo, guardaba una pregunta incómoda: "¿Cree que estos juicios están bien organizados y se podrán llevar adelante? Le recuerdo que han desaparecido tomos del caso Ballena Blanca...".
Gómez Benítez se hacía eco del último sobresalto que ha conocido el considerado como mayor caso de blanqueo de capitales de la historia de España, y que, según distintas fuentes, no es achacable a una mano negra sino a la combinación de errores humanos y falta de medios que sufren los juzgados de Marbella.
El pasado 23 de abril, la defensa del principal acusado, el abogado marbellí Fernando del Valle, alertó de la ausencia de 27 bridas con documentación relativa al caso. El sistema de bridas, instaurado por la Audiencia Nacional, es una forma de recoger, empaquetar y ordenar documentos empleado en causas que requieren del manejo de gran cantidad de papeles, como las de delincuencia económica. La Policía Judicial recaba los documentos por bloques, los describe y los precinta en presencia del secretario del juzgado instructor, de forma que no hay manipulación posible hasta llegar al juzgado.
La defensa de Del Valle constató la desaparición de las bridas -no de los tomos del sumario, como apuntó el vocal Gómez Benítez- durante el mes en que el caso Ballena Blanca estuvo suspendido para subsanar otro error judicial. El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella no había entregado a las partes 32 tomos del sumario del caso, y el 22 de marzo hubo que interrumpir la vista oral para que los abogados pudieran estudiarlos.
El pasado 5 de mayo, el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, supo que 10 de las 27 bridas desaparecidas del caso Ballena Blanca se encontraban traspapeladas entre el sumario del caso Malaya, instruido por el mismo juzgado y que se trasladó el pasado mes de enero a la Audiencia Provincial de Málaga. López Caballero intentó que estas bridas, a las que hacía referencia la policía judicial en sus informes del caso, fueran incorporadas a la vista oral, pero el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, Federico Morales, se negó a ello, para regocijo de los acusados. Morales había denegado anteriormente el permiso para investigar dónde se encontraba la documentación echada en falta por las partes, que en su mayor parte corresponde a papeles intervenidos en el despacho de Fernando del Valle.
Todas las fuentes consultadas consideran que el extravío de las bridas ha sido consecuencia de un "error administrativo" o de un "fallo en el transporte" de los sumarios de los casos Ballena Blanca y Malaya de los juzgados marbellíes a la Audiencia malagueña. Ni la Fiscalía ni la Audiencia han promovido una investigación para saber qué pasó para que se mezclaran ambos sumarios. A nivel gubernativo, ni el TSJA ni el CGPJ han abierto expediente alguno sobre este caso. Eso sí, las defensas han contado con un argumento más para desvirtuar ambas causas contra la corrupción, investigadas por el mismo magistrado: Miguel Ángel Torres.
Para evitar que se produzcan fallos similares en el caso Malaya, con 96 procesados y 200.000 folios de sumario, la Audiencia está cotejando todas las pruebas documentales antes de la vista oral. Como respondió Arroyo a su entrevistador Gómez Benítez: "Conseguir que los juicios se inicien y avancen ya es un éxito".
* ELPAIS.com - 7.06.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
El interés público es invisible
LEVANTE/Valencia* : El juez alerta del ´riesgo de corrupción´ en reclasificaciones como la de Mestalla. El magistrado critica también el sistema de permuta de suelo "cuando la subasta pública tiene más garantías que un convenio con una constructora". Y cuestiona el interés público de la operación. No es la primera vez que pone en solfa estos convenios y cambios de Plan General acometidos bajo el paraguas de un supuesto interés público. En el caso del Valencia CF, pero también en el convenio que hoy abordará la comisión municipal de urbanismo sobre la reclasificación del Estadio Ciutat de Valencia para que el Levante UD consiga 64.000 metros de residencial y terciario.
Ese presunto interés general ya fue cuestionado por este magistrado en otro voto particular que formuló en el auto de 30 de diciembre de 2008 sobre un recurso vecinal contra la reclasificación del solar de la Avenida Corts Valencianes, donde precisamente se está levantando el nuevo campo del Valencia CF. El juez objetó en aquella sentencia que no veía ningún interés público en aquel cambio de planeamiento.
El grupo municipal socialista recurre, en su escrito de conclusiones del recurso de Mestalla, al antecedente de ese voto particular para cuestionar el interés público de la operación en el viejo campo. "Pasados dos años y medio desde su aprobación definitiva no ha sido aún llevada a cabo simplemente por la imposibilidad del Valencia SAD de lograr un comprador para las parcelas que se generaban en dicha modificación", expone el PSPV. Y acto seguido formula unas cuantas preguntas a la sala del TSJ para que se reflexione: "¿Cómo se demuestra el interés público que debe presidir toda modificación del planeamiento si el único obstáculo para que se ejecute son las dificultades financieras del Valencia CF?, ¿Qué intereses públicos se perseguían que no han sido llevados a la práctica?, ¿Por qué no se ejecuta la actuación por Aumsa si es de gestión directa?".
* Levante-emv - 7.06.10
Foto: Estado actual de las obras de Mestalla, paradas desde hace más de un año. EFE
HipoPopoPotaT@mo - Ramón
Viñeta de Ramón - elpais.com, 20100606
Palma.- Calatrava endosó a Matas una ópera que diseñó 18 años antes para Zúrich
DIARIODEMALLORCA* : El Palacio de la Ópera que el ex presidente del Govern del PP Jaume Matas se sacó como un as de la manga en la víspera electoral de 2007 tenía firma y honorarios de prestigio –Santiago Calatrava–, pero carecía de originalidad. En realidad, el reconocido arquitecto valenciano pretendió colocar en Palma el mismo proyecto que había diseñado casi dos décadas antes y ex profeso para el lago Lucerna, en Zúrich, pero que finalmente nunca se llevó a cabo en la ciudad suiza. Tampoco en Mallorca llegó a fructificar la fastuosa obra, al perder el PP el poder tras los comicios.
Sin embargo, Matas apuró su mandato en funciones y cuatro días antes de abandonar definitivamente el Consolat de Mar aprobó el pago de 1,2 millones de euros a Calatrava por la redacción y presentación del anteproyecto, que el nuevo Govern de centroizquierda se negó a ejecutar. Para más inri, unos meses más tarde, en septiembre de 2007, el Premio Nacional de Arquitectura reclamó por carta al nuevo presidente socialista Francesc Antich la devolución de la maqueta. Alegó para ello la cláusula firmada en su día con Matas, con la que blindó la titularidad de la miniatura: "Todo el material, esto es, las maquetas y vídeo, son propiedad intelectual y material de Santiago Calatrava". El actual Govern no se la ha devuelto.
Ahora, el juez José Castro, que instruye la conocida causa contra Matas por presunta corrupción, investiga también si hubo irregularidades en torno a dicho pago al arquitecto valenciano. El magistrado acaba de solicitar oficialmente al Govern "cuanta documentación exista sobre el proyecto de la ópera, adjudicatario, sumas pagadas y cauce utilizado para su abono".
A juzgar por las maquetas de ambos proyectos –el suizo y el mallorquín–, la única diferencia radica en su funcionalidad... y los extras: En Zúrich, el edificio en cuestión flotaría en solitario sobre el lago, y tendría un uso polivalente; en Palma emergería del mar, y albergaría una ópera. Además, para ser fiel al tradicional espíritu del Urbanismo mallorquín, el teatro llevaría aparejada la construcción anexa de un gran complejo de ocio y comercial de dos plantas.
El viernes 27 de abril de 2007, pocos días antes de las elecciones autonómicas, Matas anunció la construcción de una ópera diseñada para encajarla en un extremo del muelle viejo de Palma, con un coste aproximado de 100 millones de euros. Su autor, Santiago Calatrava, "lleva tiempo trabajando para el diseño de un máster plan de la bahía de Palma", explicó por sorpresa el entonces presidente. Posteriormente, el ex conseller de Turismo, Joan Flaquer, se encargaría de desvelar que Calatrava recibió el encargo del Govern hacía "más de un año".
La Junta Electoral frustró finalmente el deseo de Matas de presentar a bombo y platillo los detalles del proyecto arquitectónico junto al propio Calatrava. El edificio en cuestión iba a ser "emblemático", en palabras de todos los consellers del momento, y venía a ser una especie de nenúfar emergente del agua, en la fachada marítima y enfrente de la catedral, comunicado por una pasarela con el muelle viejo y, por extensión, con la ciudad. La conexión con la autopista se realizaría a través de un paseo peatonal con la citada zona comercial a ambos lados del mismo.
Lo más llamativo de la infraestructura circular no era el hecho de que brotara del mar, sino su cúpula, que en forma de gajos se abría como una flor y permitía la entrada de la luz solar. En concreto, 24 elementos retráctiles, los mismos que el techo móvil de la "isla flotante" proyectada originariamente por Calatrava para Suiza.
La prestigiosa revista internacional de arquitectura El Croquis dedicó en 1992 un monográfico al técnico valenciano, en el que repasa sus principales diseños hasta el momento. Entre ellos aparece el llamado "Pabellón de hormigón en Vierwaldstätter" (Lucerna, en español), consistente en una "plataforma flotante" concebida en 1989 para Zúrich, el centro financiero de Suiza. "Este pabellón de hormigón se construirá sobre el lago en conmemoración del 700 aniversario de la Confederación Suiza. El proyecto consiste en una plataforma flotante que podrá ser aprovechada por la organización para usos múltiples", reza el texto acompañado de ilustraciones del proyecto.
En lo que parecen ser palabras del propio Calatrava, la revista prosigue: "Nuestra intención fue la de establecer un diálogo entre una hermosa forma armónica hecha de materiales modernos, y los más bellos paisajes de las montañas y de los lagos del centro de Suiza". De hecho, el también ingeniero y escultor trasladó su residencia habitual a Zúrich tras concluir sus estudios en Valencia, y también allí tiene fijada la sede central de su reputado estudio de arquitectura.
"Es un regalo para los ciudadanos", afirmó el propio Calatrava sobre su proyecto para Palma el 28 de junio de 2007. Según explicó, "el único motor" que le llevó a diseñar esa ópera fue su "profundo cariño y gran respeto" a la ciudad, un "centro cósmico", según su interpretación.
* Diario De Mallorca - 6.06.10
Foto: La maqueta para Palma (2007), abierta. El Palacio de la Ópera que Jaume Matas quiso encajar en un extremo del muelle viejo de Palma se ubicaba sobre una plataforma que emergía del mar y cuyo techo se abría con 24 ´hojas´ retráctiles, el mismo número y la misma silueta que el proyecto original, diseñado 18 años atrás para un lago suizo. - B. ramón / Revista ´El Croquis, diariodemallorca.es
¿Cacique o ciudadano ejemplar?
ELPAÍS/Castellón* : "Si ser cacique es ejercer de presidente, sí soy cacique". "El que paga, manda". "Si me toca la lotería, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida". "Ni sé a la gente que habré colocado en 12 años". "El pueblo me ha absuelto". Estas son algunas de las frases más sonadas del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Frases que revelan su forma de entender la política, su forma de hacer política.
En la corta distancia y hasta hace poco tiempo, Charly tenía pocos límites. Divertido, ameno, espléndido en su atención a amigos o invitados, se ha caracterizado por beberse la vida a tragos largos.
Antes de que finalice el año podría estar sentado en un banquillo, frente a un jurado popular, para responder a las acusaciones de supuesto tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública, bajo cuyo paraguas se especifican delitos como el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. Se le acusa de haber utilizado su cargo, haber sacado rédito por ese uso ilícito y, además, no haber declarado a la Hacienda pública todos sus ingresos que, en parte, podrían tener su origen en ese enriquecimiento ilícito. La vida pública y la privada mezcladas y unidas en una causa judicial.
El caso es que la Agencia Tributaria y dos peritos inspectores de Hacienda han destapado un incremento patrimonial que no se ajusta a los ingresos declarados. Según el informe que analiza sus movimientos bancarios y patrimoniales, Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, movieron, entre 1999 y 2004, más de ocho millones de euros en sus cuentas, de los que algo más de cuatro tienen origen y procedencia conocida y lícita, lo que no pasaría con otros 3,6 millones de euros. El informe se ciñe a las cuentas personales de los Fabra. Al presidente provincial, durante esos años, todas las declaraciones de Hacienda le salieron a devolver.
¿Qué han hecho los Fabra con ese dinero del que ahora se cuestiona la licitud de su origen? El mismo informe indica cómo la familia adquirió, durante esos años, varias parcelas, una casa en la urbanización Les Platgetes de Oropesa y un piso de 400 metros cuadrados en Las Salesas de Madrid. Según los datos del mismo informe, el coste de estos inmuebles asciende a, aproximadamente, 1,5 millones de euros que, en cualquier caso, no fueron desembolsados sino que forman parte de las deudas que, a través de préstamos hipotecarios, adquirieron. Aún así, el informe también indica que los Fabra han vendido otros inmuebles por los que, en estos años, deben haber percibido algo más de un millón de euros.
¿Y el resto del dinero? Los movimientos de las tarjetas de crédito de Carlos Fabra desvelan su tren de vida. En uno de sus momentos más álgidos, en 2001, el presidente de la Diputación de Castellón llegó a gastar más de 45.000 euros en un solo mes, la mitad de lo que supone su sueldo anual al frente de la institución provincial. Los montantes fueron cargados en diferentes cuentas por el uso de varias tarjetas, todas ellas a su nombre o a nombre de Carmacas, la sociedad de asesoría que preside. Hoteles, restaurantes, tiendas... Algunos de los pagos realizados durante esos años con tarjeta superan los 9.000 euros.
Durante los más de seis años que ha durado la investigación, Carlos Fabra apenas ha dado explicaciones públicas de los datos concretos que se le imputan. Desde el principio, negó haber mediado ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para tratar de agilizar la obtención de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios de quien ahora es su enemigo pero que, durante años, fue su amigo, el empresario Vicente Vilar. Adujo haberse interesado por los negocios de este empresario como se interesó por los de otros. Contra esta afirmación existen decenas de documentos remitidos y recibidos por diputados, senadores, directores generales, e incluso ministros, en respuesta a las preguntas sobre la tramitación de los productos de Vilar.
Bolsas de plástico con millones, relojes y joyas y otros ingresos "millonarios" fueron, según el empresario, la forma de pago de los favores realizados por Fabra para que sus productos obtuvieran las autorizaciones necesarias. Carlos Fabra negó haber percibido contraprestación alguna por las gestiones realizadas, que él enmarcó en su deber político. "Nunca he sacado provecho personal de mi condición de presidente de la Diputación de Castellón o de presidente del Partido Popular en la provincia. Mi actividad pública nunca me ha reportado ningún beneficio o ingreso distinto de la retribución oficial, salvo la satisfacción de trabajar por mi provincia", ha afirmado.
Después de que la Agencia Tributaria le acusara de fraude fiscal, Fabra leyó un comunicado en el que negaba haber defraudado a Hacienda. Pero, al margen de estas explicaciones, cualquier mención al caso Fabra ha sido tomada como una ofensa y tratada como una campaña orquestada en su contra y de la que no ha sido más que una víctima.
"Es un ciudadano ejemplar", dijo de él Mariano Rajoy, presidente nacional del PP. Carlos Fabra no ha mostrado ningún problema en asumir el calificativo de "cacique". Y Rajoy, por ahora, no se ha desdicho de sus alabanzas al presidente provincial de Castellón.
Cronología del 'caso Fabra'
- Diciembre de 2003: El empresario Vicente Vilar acusa al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Vilar ratifica su acusación con una querella ante el juzgado de Nules.
- Enero de 2004: El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules archiva la querella de Vicente Vilar por un defecto de forma pero abre una causa de oficio ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración Pública en la que imputa a Carlos Fabra, Vicente Vilar y a las esposas de ambos.
- Marzo de 2004: La Unión de Consumidores se persona, como acusación popular, en la causa abierta contra Carlos Fabra.
- Mayo de 2004: Vicente Vilar aporta facturas de supuestos informes realizados y pagados a Carlos Fabra por asesoramiento en prevención de riesgos laborales y facturas de joyerías por los supuestos regalos realizados tanto a Fabra como a otros miembros del PP.
- Junio de 2004: La Fiscalía Anticorrupción se hace cargo del 'caso Fabra' tras la cuestionada actuación del fiscal jefe de Castellón Javier Arias.
- Julio de 2004: Vicente Vilar aporta escritos de diputados, senadores, directores generales y ministros en los que se da respuesta al interés mostrado por algunos dirigentes del PP por los productos fitosanitarios que fabricaba el empresario y por los que, supuestamente, Fabra mediaba para tratar de conseguir que fueran autorizados con celeridad.
- Junio de 2005: La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en el ejercicio de 1999. La denuncia también habla de ingresos detectados en las cuentas no justificados y de un incremento patrimonial que no se corresponde a sus ganancias declaradas.
- Enero de 2006: La Audiencia de Castellón declara que los presuntos delitos contra la Administración Pública (tráfico de influencias y cohecho) y el fraude fiscal han de investigarse de forma conjunta puesto que puede haber una conexión entre ambos.
- Abril de 2006: La Audiencia autoriza la realización de un informe que analice todas las cuentas y el patrimonio de la familia Fabra, dado que la complejidad de los delitos contra la Hacienda Pública "determina la necesidad de práctica de diligencias que pueden afectar a un amplio círculo de personas que se relacionan con aquellos a quienes se atribuye su comisión, y en especial si son próximas a estos".
- Mayo de 2010: Los peritos concluyen el informe del patrimonio de los Fabra y destapan la supuesta comisión de nueve delitos fiscales y un fraude del matrimonio de 1,7 millones de euros. Sostienen que las ganancias patrimoniales sobre las que no se ha justificado el origen ascienden a unos 3,6 millones de euros.
- Junio de 2010: El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules da por concluida la investigación, confirma la imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. Cita a las partes para que el día 25 concreten sus imputaciones y expone que los presuntos delitos son competencia de un jurado popular.
* ELPAIS.com - 6.06.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra (archivo)- elmundo.es
Alta Velocidad: obstáculo para la modernización de nuestros ferrocarriles
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El único complot contra la modernización de nuestros ferrocarriles ha sido la descabellada decisión, sin precedentes en ningún otro país, de implantar a un ritmo frenético y de forma generalizada la Alta Velocidad. Muestra de ello es que 3 de cada 5 kilómetros que se construía en Europa eran españoles, de manera que este mismo año, con la inauguración de la línea de Madrid a Valencia, nos situaremos a la cabeza del Mundo con 2.230 kilómetros superando a Japón. Hemos desdeñado el moderno ferrocarril convencional (160/220 km/h) el modelo más común y desarrollado en los países de nuestro entorno. Mucho más flexible, se adapta mejor a nuestra orografía y realidad demográfica. Más versátil permite la mejora integral de todos los tráficos de viajeros a la vez que es compatible con las mercancías. Pero además los ingentes recursos gastados en estos años en Alta Velocidad eran suficientes para haber modernizado de manera integral todas nuestras líneas ferroviarias, evitado en gran medida parte del actual déficit público y hubiese sobrado para financiar otras necesidades.
La toma de decisiones de los responsables políticos ha estado presidida por criterios electoralistas, carente de justificación técnica y huérfana de sentido común, funcionalidad y eficiencia. Por otro lado, los supuestos beneficios que reporta estas fabulosas inversiones son cuestionados por los distintos estudios realizados que además advierten del riesgo de concentración territorial de la riqueza en detrimento de las áreas menos desarrolladas.
El proyecto de línea de Alta Velocidad Villaprovedo a Reinosa es un buen ejemplo de ello: un presupuesto de 740 millones de euros para 60 kilómetros, que pueden reducirse a menos de la mitad con criterios de diseño de 160/220 km/h. La diferencia en tiempo de viaje, según la simulación en el Proyecto (220/250/300 km/h), es entre 2,5 y 4,5 minutos como máximo , que no justifica ni remotamente semejante esfuerzo. Este sobre coste no termina en la fase constructiva sino que se perpetúan durante toda su vida útil en la fase de explotación y conservación y que finalmente tienen que ser repercutidos en el usuario final.
Nos encontramos en la encrucijada, podemos replantear en la medida de lo posible los proyectos en ejecución y reformular el resto en estudio con criterios de un ferrocarril moderno a la vez que eficiente, sostenible y universal. O bien, por el contrario, seguimos empeñados en la Alta Velocidad. Con la segunda opción todos perdemos, pero de manera particular las comunidades periféricas con una población reducida como es el caso de Cantabria.
* Ecologistas en Acción Cantabria - 30.05.10
El 'Guateque' asfixia al juez Torres
ELPAÍS/Madrid* : La falta de medios tiene estrangulado el juzgado de Madrid que investiga el caso Guateque, la gigantesca trama de tráfico ilegal de licencias para locales públicos que implica a empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid descubierta a finales de 2007. Las diligencias de este macroproceso, con más de 100 imputados, sobrepasan ya los 130.000 folios y están semiestancadas desde finales del año pasado, coincidiendo con la decisión de la Consejería de Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre de retirar los refuerzos humanos que se habilitaron tras aflorar el caso.
El juez Santiago Torres, titular del Juzgado 32 de Madrid, ha enviado un demoledor escrito a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que "nuevamente" solicita medios para poder abordar los complejos y abultados asuntos que colapsan su juzgado. Así lo han explicado a El PAÍS fuentes del órgano de gobierno de los jueces, partidarias de crear un juzgado bis de apoyo.
Hace unos días, los servicios de inspección del consejo visitaron el juzgado y comprobaron la magnitud del colapso. Y ya están redactando un informe en el que se propone la creación de un juzgado 32 bis que permita al juez Torres proseguir con los cientos de expedientes y denuncias que acumula el caso Guateque. Entre el centenar largo de imputados figuran empresarios de locales públicos y personas dedicadas a facilitar la gestión de las licencias. Los funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid implicados supuestamente recibieron dinero a cambio de agilizar licencias para locales.
En el escrito que remitió al Consejo General del Poder Judicial pidiendo más medios, el juez Torres describe un panorama desolador. Lo envió a comienzos de este año, después de que la Comunidad de Madrid, que tiene transferidas las competencias en materia de justicia, retirase a los dos funcionarios interinos asignados provisionalmente al juzgado, tras aflorar el caso Guateque, y eliminar la prolongación de jornada a otros cinco funcionarios titulares de este órgano judicial, que ahora solo dispone de 11 trabajadores. En plaza de Castilla hay dos juzgados que tienen refuerzos en este momento, el 11 de Instrucción, cuyo titular, Juan David Pérez, lleva dos años dedicado en exclusiva a indagar el siniestro del avión de Spanair, y el número 43, también desbordado de asuntos. "El Juzgado de Instrucción 11 solo tiene dos imputados y ya está hecha la mayor parte de la instrucción, con lo que podría volver a la normalidad", sostienen fuentes del CGPJ.
Sin embargo, el juzgado de Torres está al borde del colapso. Hasta el punto de que el juez, en su escrito que obra en poder del Consejo, deja entrever la posibilidad de pedir traslado a otro órgano judicial si no se le dota de más medios. En ese escrito, Torres considera "acuciante" la creación de un juzgado bis, dado que durante el año 2009, en pleno proceso del caso Guateque, han llegado a su juzgado otras "causas de implicación masiva de imputados, con trascendencia internacional".Según el escrito que obra en poder del Consejo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Juzgado 32 de Madrid investiga en la actualidad, aparte del caso Guateque, otros sumarios especialmente complejos que suman decenas de imputados y 108 presos preventivos. En el texto, el juez añade que estos encarcelamientos cautelares obligan a dar prioridad a esos casos (la prisión preventiva tiene una duración limitada).
Simultáneamente, el juez Torres tramita una causa por delitos de homicidio y contra la salud pública que acumula ya 1.500 folios y ocho personas en prisión. De esta causa se han desgajado otras que apuntan a la implicación de "bandas organizadas de distribución de cocaína en España, blanqueo de capitales y extorsión". Aparte de los ocho reclusos, esta causa tiene otros 30 imputados.
Este juzgado también investiga en este momento otro macroproceso que acumula ya 8.000 folios (sin contar los 130.000 del caso Guateque) y en el que hay 29 personas encarceladas por delitos de asociación ilícita. Se trata de los miembros de una banda "de alcance internacional" dedicada a perpetrar robos de joyas y otros artículos para su posterior venta en el mercado negro. La detención de parte de los miembros de la banda ha permitido aclarar, de momento, 122 robos en locales públicos y casas privadas, aunque existen fundadas sospechas que indican que los detenidos pueden estar detrás de otros 400 robos cometidos en España y otros países.
En su informe al Poder Judicial, el magistrado explica: "La complejidad de la causa, por el número de intervinientes (imputados y víctimas), dada la necesidad de acudir a los instrumentos de cooperación judicial internacional, exige una dedicación judicial muy rigurosa. De hecho", añade el juez, "el procurador general de la República Portuguesa, el equivalente español al fiscal general del estado, ha tenido que designar a una procuradora como punto de enlace único en Portugal para entenderse con este juzgado, dada la incautación de numerosas joyas robadas procedentes de ese país. La atención que requiere el intentar dar respuesta a las peticiones producidas en las respectivas piezas de situación procesal agotan los esfuerzos del personal de este juzgado".
El Juzgado 32 de Madrid tramita, además, supuestos delitos societarios que afectan al club de fútbol Real Madrid, con más de 12 imputados y que requieren "complicadas diligencias de instrucción de naturaleza económica", señala el juez en su informe al CGPJ. Otro de sus asuntos es una causa de asociación ilícita por defraudación de IVA en operaciones intracomunitarias de importación de vehículos de alta gama, en la que hay otros 35 imputados. La causa ha empezado a tramitarse como un procedimiento abreviado, "lo que abocará a la casi paralización del juzgado para atender a los recursos", señala.
Además, Torres lleva otra causa por asociación ilícita, trata de blancas y blanqueo de capitales en varios países. De 3.000 folios se nutren ya estas diligencias. Y otros 5.000 folios más nutren otro sumario que también lleva el Juzgado 32 por asociación ilícita, falsedad y estafa, con otros 12 presos.
El juez Torres añade en su escrito al Poder Judicial: "La atención a tales causas absorbe los esfuerzos del juez y del personal del juzgado, de manera que resulta casi imposible atender el resto de las causas que van entrando a diario en el juzgado". Según el juez, la eliminación por parte de la Comunidad de Madrid de la prolongación de la jornada de algunos funcionarios del juzgado ha supuesto para él un sobreesfuerzo añadido. Torres afirma que si no se le concede otro juzgado bis, se verá forzado, por razones de salud, a pedir el traslado "y dejar este juzgado a otro juez más capaz".
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: Madrid, mapa trama Guateque (Archivo) - elpais.com
Un jurado popular enjuicia a una funcionaria del TSJC por llevarse a su casa el caso 'Las Teresitas' de Tenerife
EUROPAPRESS* : Un Tribunal de Jurado enjuiciará el próximo martes a una funcionaria de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), acusada de llevarse a su vivienda el caso de presunta corrupción urbanística 'Las Teresitas', relacionado con la playa del mismo nombre en Santa Cruz de Tenerife. Dicha causa tiene al menos 25 imputados, entre los que figuran el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo (CC), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará este martes (10.00 horas) el juicio por sistema de jurado popular contra M.J.G., acusada de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.
La Fiscalía señala que la procesada tenía a su cargo como funcionaria de la Sala Civil y Penal del TSJC, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, la custodia de las diligencias previas de la citada causa, declaradas secretas por auto judicial el día 25 de enero de 2008.
Así, "sin conocimiento ni autorización judicial, en aras a tener conocimiento de su contenido, copió gran parte de dichas diligencias en un soporte informático llevándolo a su casa, donde lo visionó y lo ocultó", precisa.
Por ello, considera que procede imponer a la acusada las penas de diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años.
PARA DARLE UN DVD A LAS PARTES
Por su parte, la defensa niega en su escrito de conclusiones provisionales el relato de hechos del Ministerio Fiscal y sostiene que M.J.G. intervino en la tramitación de las diligencias previas con acceso y conocimiento de su contenido por las labores propias de la tramitación del procedimiento.
La acusada argumenta que no efectuó "copia de parte de las diligencias en soporte informático para tener conocimiento de su contenido", ya que en la tramitación de las mismas había tenido acceso al mismo.
Alega que accedió a las diligencias "por orden de sus superiores, al efecto de proceder al escaneado de los documentos respecto de los cuales, se había alzado el secreto con el fin de dar, en formato DVD, traslado a las partes personadas". Además, la defensa indica que M.J.G. no permitió, "en ningún momento, el acceso a dichos documentos y copia en DVD a persona alguna".
De este modo, remarca que, concretamente, las copias de DVD que guardó en su domicilio "se corresponden en su integridad con las indicadas: se trata de la información que hubo de manejar para confeccionar las copias necesarias para su traslado a las partes en el procedimiento tras el alzamiento parcial del secreto del sumario".
"Dichos DVD acreditaban la labor desarrollada por la funcionaria y las horas dedicadas, en su mayor parte fuera de la jornada laboral e incluyendo fines de semana y festivos, motivo por el cual se procedió por M.J.G. a la conservación de tales copias en su domicilio", apunta la defensa, que considera que los hechos acaecidos "no son constitutivos de ninguna infracción penal".
* Europa Press - 6-06.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, playa Las Teresitas - spain.info
Córdoba.- Dimite el responsable de Inspección Urbanística por la escasez de personal
ABC* : El jefe del Servicio de Inspección Urbanística, Leopoldo Salinas, no aguantaba más. Ver cada día cientos de expedientes por obras ilegales amontonados en el despacho le superaba. Los pocos trabajadores de la Oficina de Disciplina de Obras no dan abasto para tramitar los informes pendientes, lo que ha provocado que algunos hayan caducado antes de remitirlos a los infractores para cobrar la sanción.Cansado de pedir que se reforzara el servicio, Salinas presentó el pasado miércoles por escrito su renuncia ante el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Francisco Tejada, después de permanecer un año y nueve meses al frente del departamento.
Salinas, que tiene la licenciatura de Derecho y fue jefe de la Policía Local, continuará en el organismo municipal como instructor de expedientes. Con anterioridad también fue coordinador general del Área de Urbanismo, un cargo de confianza propuesto por el alcalde, Andrés Ocaña, quien entonces estaba al mando de la Gerencia.
Segundo cese en 4 años
Da la casualidad de que Salinas relevó en ese puesto a José Tomás Valverde, que presentó su dimisión por el mismo motivo en mayo de 2006, aunque en principio no fue aceptada. Éste remitió un informe al edil de Urbanismo que cuestionaba algunos aspectos de gestión interna del ente, principalmente la falta de personal, lo que impedía tramitar con la agilidad que la situación requería los centenares de expedientes existentes.
Durante años se ha venido supliendo la escasez de técnicos con contratos eventuales que no tenían continuidad en el tiempo. Esas intermitencias laborales provocan, por ejemplo, que los empleados que incoan los expedientes sancionadores, no puedan luego culminarlos en el tiempo estipulado.
Hay que recordar que reforzar este dispositivo fue uno de los compromisos que acordaron los tres grupos políticos, IU, PSOE y PP, al término de la comisión que investigó la gestión urbanística de la Corporación a principios de 2006, en el segundo mandato de Rosa Aguilar.
* ABC - 6.06.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - wikanda.cordobapedia.es
Patrimonio anula las licencias para 58 pisos construidos sobre un castro en Cervo
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ELPAÍS/Lugo* : La Consellería de Cultura e Turismo ha emitido dos informes que invalidan otras tantas licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento de Cervo para construir 58 viviendas encima del Castro da Atalaia, en la localidad de San Cibrao, en el municipio de Cervo, al reconocer que se trata de una zona que podría albergar "uno de los asentamientos de la época galaico-romana de mayores dimensiones de la Mariña lucense".
En ambos informes, uno para la construcción de un edificio de 32 viviendas y otro de 26, la Comisión de Patrimonio concluye que se deben conservar in situ los vestigios arqueológicos. Esa obligación se considera "incompatible" en el proyecto arquitectónico con la licencia municipal que existe para ambas edificaciones, otorgadas con anterioridad a que este espacio figurara en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Dirección Xeral del Patrimonio Cultural.
La península de A Atalaia ocupa una zona de unas ocho hectáreas. Según el colectivo Mariña Patrimonio, que siempre se opuso a estas edificaciones, ya destruyeron más de 1.000 metros cuadrados de restos arqueológicos en una primera fase, en la que se levantó la estructura de un edificio y se produjeron excavaciones, pese a existir una orden de paralización.
El informe referido al espacio en el que se pretendían construir 32 viviendas señala que existen vestigios arqueológicos que van de la Edad de Hierro a la actualidad, lo que le confiere "una especial relevancia para el conocimiento de la historia de la Mariña lucense". De hecho, el dictamen afirma que se encontraron construcciones con muros "bastante altos". La comisión propone una intervención más allá de las zonas donde se pretende construir para recuperar "un conjunto de notable interés para la historia antigua y medieval" de esta zona.El informe de la comisión también señala "una densa y continua ocupación en los siglos primeros de nuestra Era, en la fase galaico-romana de la cultura castreña". Por lo que se refiere a la zona en la que están programadas 26 viviendas, el informe de Cultura sostiene que las edificaciones encontradas están "más deterioradas", pero sí otorga una especial importancia al hallazgo de restos óseos, que evidencian la existencia de una construcción relacionada con actividades derivadas de la pesca de ballenas, lo que podría constituir un caso único en la costa de Lugo.
Los técnicos de Cultura trasladaron al informe la "incompatibilidad" que existe entre los proyectos constructivos y la conservación de los restos arqueológicos, no solo por la inclusión de un subterráneo para garaje, sino porque la propia cimentación de los inmuebles supondría "un impacto muy fuerte, aun eliminando el subterráneo".
En los dos informes se reproduce que la importancia de estos espacios vendría dada por su posición estratégica vinculada al mar, y, por lo tanto, con las actividades marinas y con el comercio, "testimoniado por la abundancia de cerámica de importación".
Al margen de los informes, algunos estudios realizados sobre los hallazgos destacan la recuperación de una pieza perteneciente a los bronces votivos sacrificales, de la que se resalta su aspecto "singular" y su estado "óptimo" de conservación, además de unos 5.000 fragmentos cerámicos asociados a la recuperación de esta pieza.
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: Cervo (Lugo), 82 viviendas sobre un castro (archivo) - elpais.com
La mitad de los operarios de obra pública del Miñor son de Portugal
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LAVOZDEGALICIA* : En las obras de inversión pública de la comarca de O Val Miñor se trabaja a ritmo de fado. La agrupación sindical CIG afirma que entre un 40 y un 50 por ciento de los trabajadores empleados en obras financiadas por las administraciones proceden de Portugal. Mientras esto sucede, en la comarca de O Val Miñor hay un total de 635 personas en paro del sector de la construcción, de las que 136 están en Baiona, 292 en Gondomar y 207 en Nigrán, de acuerdo con los datos del último mes de mayor del Inem.
La agrupación sindical denuncia que la patronal prefiere contratar obreros del país vecino porque son más dóciles y trabajan más horas sin protestar con unos salarios más bajos. Hoy en día, un trabajador de la construcción cobra alrededor de un 40 por ciento menos de lo que lo hacía antes de la crisis, afirma la CIG.
El portavoz del sector de construcción, Xulio Vicente González, afirma que, sin el ánimo de caer en la discriminación, esta situación esconde una realidad, que consiste en la explotación laboral de decenas de trabajadores procedentes de un país con una situación económica que es todavía peor que la que se vive en Galicia y que no tienen más remedio que conformarse con unas malas condiciones laborales para poder llevar un sustento a sus hogares.
Xulio Vicente afirma que el sector de la construcción está actualmente sometido a una dictadura de bajos salarios y jornadas abusivas. «Se están aproveitando da necesidade do traballador para poder así ganar máis diñeiro», denuncia este portavoz sindical, para quien tarde o temprano esta situación va a reventar porque las cifras del paro aumentan y se acaban los subsidios.
El caso más llamativo lo encontramos en el Ayuntamiento de Nigrán. Salvo los técnicos, todos los operarios que trabajan en la ampliación de la Casa Consistorial proceden del país luso.
Como anécdota, el pasado jueves la obra estuvo parada porque era festivo en Portugal y ninguno de ellos acudió a trabajar a Nigrán.
En esta obra había un operario gallego, pero la empresa lo puso en la calle hace una semana después de que reclamara el pago de las horas extraordinarias por realizar jornadas de trabajo de más de diez horas, según denuncia la CIG.
Amenaza
Ahora la agrupación sindical amenaza a la empresa con paralizar la obra si a este trabajador no se le pagan todos los atrasos que le adeudan.
Xulio Vicente González recriminó ayer al gobierno municipal de Nigrán que no haya obligado a la adjudicataria, que a su vez ha subcontratado las obras, a contratar a gente de la zona para llevar a cabo estos trabajos, teniendo en cuenta los alarmantes datos del paro existentes en estos ayuntamientos.
Otro caso similar se encuentra en las obras del polígono empresarial de Porto do Molle, donde también la CIG apunta que un importante porcentaje de los obreros son del país vecinos. En este sentido, el edil de Urbanismo de Nigrán, Juan Antonio González, informó que recientemente mantuvieron una reunión con las empresas que llevan a cabo las obras para demandarles que contraten mano de obra local.
Actuaciones llevadas a cabo con fondos del Plan E en Baiona también han estado a cargo de trabajadores llegados del norte del país vecino.
* La Voz de Galicia - 5.06.10
Foto: Baiona (Pontevedra) - wikipedia.org
Nuevo revés judicial para Barberá en El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha vuelto a cosechar una negativa de los jueces a su pretensión de ejecutar el plan de El Cabanyal pese a la orden de paralización del Ministerio de Cultura. La Audiencia Nacional rechazó en abril la petición municipal de dejar en suspenso la orden ministerial -que impide demoliciones y obliga a revisar el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 450 edificios-, pero el gobierno local insistió y presentó un recurso de súplica que también ha sido desestimado.
En este segundo intento, el Ayuntamiento plantea a los magistrados de la sección séptima de lo Contencioso-Administrativo que al menos retiren la orden de paralización cautelar sobre las zonas del plan que no están incluidas en el conjunto protegido, e insisten en que no habrá perjuicios al patrimonio histórico, como alegan el Gobierno, Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos. Los magistrados, en el auto notificado ayer, rechazan esa posibilidad, entre otros motivos, porque implicaría "en cierto modo la estimación anticipada del recurso" contra la orden del ministerio.
La Audiencia Nacional mantiene su decisión de abril de dejar en vigor la orden de suspensión del plan, en la que destacó que era "evidente que, en otro caso, podrían producirse perjuicios irreparables" al patrimonio de El Cabanyal. De hecho, el Ayuntamiento aprovechó en abril la aprobación por el Consell de una ley autonómica en apoyo del proyecto para derribar varios inmuebles en El Cabanyal antes de que el Tribunal Constitucional admitiera un recurso del Gobierno y paralizara las actuaciones. Barberá puede recurrir en casación la denegación de su segundo recurso ante la Audiencia Nacional.
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: Valencia, actividades Salvem el Cabanyal - elpais.com
El Tribunal Superior anula el plan urbanístico del parque del sincrotrón de Cerdanyola
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ELPAÍS/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el planeamiento urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès, también conocido como parque del Alba, donde se ubica el sincrotrón. Dos sentencias, del 19 y 27 de enero de 2010, dictaminan que el plan no fue sometido a evaluación ambiental y que se vulneraron las leyes urbanísticas y de protección del patrimonio. La Generalitat, que insistió en que "la sentencia no es firme", ha recurrido al Tribunal Supremo y asegura que los defectos en el planeamiento fueron "de forma". Tanto el Ejecutivo catalán como el Ayuntamiento sostuvieron que las obras no pararán.
La sentencia del TSJC anula la modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito del Centro Direccional, así como la del plan parcial del Centro Direccional, aprobados en 2005. El dictamen argumenta que ninguno fue sometido a evaluación ambiental, según establece la directiva europea 2001/42/CE. Un portavoz del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas señaló ayer que la ley española que recoge esta directiva es de 2006 y que los planes se aprobaron antes. Pero el tribunal recuerda que la ley era retroactiva y que, además, existía una ley autonómica que regulaba la evaluación ambiental.
La segunda vulneración legal que recoge el tribunal hace referencia a la Ley de Urbanismo, ya que cuando se recalifican zonas verdes, se debe contar con la aprobación de la Comisión Jurídica Asesora. Antoni Morral, alcalde de Cerdanyola cuando se aprobó el plan, reconoció ayer que este paso se lo habían saltado. Por ello, la sentencia anula "el plan parcial por carencia de cobertura jurídica".
Finalmente, la sentencia señala que se vulneró la Ley del Patrimonio Cultural Catalán, en el caso de la masía de Can Xercavins, un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local. El TSJC afirma que el planeamiento urbanístico no mantiene la protección de la masía y que "inclusive se prevé que cabe lisa y llanamente su derribo".
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: El parque del Alba de Cerdanyola del Vallès en el que destaca el edificio singular del sincrotrón.- elpais.com
ARCA:Limitar la acción pública daría más impunidad a alcaldes y constructores
ABC/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA cree que la propuesta de limitar el plazo para ejercer la acción pública y poder impugnar en los tribunales construcciones que se consideran ilegales es "una patada" a la jurisprudencia y daría "mayor impunidad legal" a los alcaldes y a los constructores. La posibilidad de limitar el plazo de ejercicio de la acción pública a dos meses a partir del término de las obras se recoge en el borrador de reforma de la Ley del Suelo y del Plan de Ordenación del Litoral (POL) que, según publica "El Mundo Cantabria", ha propuesto el Gobierno al grupo de trabajo sobre las sentencias de derribo.
Hasta ahora, la Ley del Suelo de Cantabria permitía ejercer la acción pública dentro de los plazos generales establecidos por la legislación sobre prescripción de infracciones (cuatro años para infracciones muy graves, tres para graves y uno para leves).
Además, ese borrador de reforma de la Ley del Suelo también contiene un mecanismo que permitiría a los ayuntamientos dejar sin efecto órdenes de derribo dictadas por el impacto paisajístico de la urbanización.
En declaraciones a Efe, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, ha considerado que las posibilidades que se incluyen en ese borrador son "una patada" a la jurisprudencia y al urbanismo.
Canales ha incidido en que la acción pública, tal y como está establecida, es "una garantía" para asegurar que el urbanismo no se haga "a lo bestia".
Este portavoz de ARCA ha subrayado que rebajar los plazos para ejercer la acción pública a dos meses tras el fin de las obras supone que "si no se mira todos los días el Boletín Oficial, no se puede recurrir".
La asociación ecologista considera que, en caso de salir adelante, esa modificación en los plazos supondría "prácticamente eliminar" el derecho constitucional al acceso a la Justicia y de ejercicio de la acción pública.
A su modo de ver, se trata de una medida que tendría, como consecuencia principal, "dotar de una mayor impunidad legal a los alcaldes y a los constructores" que, para este colectivo, son "los máximos responsables" de la inseguridad jurídica en el urbanismo.
Además, ARCA critica las medidas de la propuesta para dejar sin efecto las órdenes de derribo por impacto paisajístico, puesto que, a su entender, "dejan el paisaje de Cantabria sin ningún tipo de protección".
Para esta asociación, se trata de "una decisión de gran calado" y "nada coyuntural", que va en contra de los preceptos del Convenio Europeo del Paisaje.
"Con la modificación propuesta si un paisaje de gran valor es agredido con una construcción declarada ilegal, la fórmula para legalizar es terminar de destruir el paisaje añadiendo otras construcciones colindantes", advierte.
Gonzalo Canales ha criticado también que el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) -en el que está presente ARCA- no conoce ese borrador de reforma legislativa que ha publicado la prensa.
Y ha criticado que ARCA no esté en el grupo de trabajo que está estudiando esas propuestas, pese a que es parte en los procesos que han dado lugar a sentencias de derribo. EFE
* ABC- EFE - 5.06.10
El cerco contra el urbanismo ilegal salpica otra vez a Casabermeja
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MÁLAGAHOY* : En menos de un año el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga ha destapado tres casos de presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Casabermeja. El último ya está en manos del juzgado y de la Fiscalía de Medio Ambiente y podrían estar implicadas cinco personas entre las que se encuentran el ex alcalde del municipio Andrés Lozano Pino (IU), y el actual primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Valeroso (IU).
Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación, mientras que al edil responsable en materia urbanística también se le imputa el delito de falsedad documental. El ex secretario municipal y dos funcionarios también han sido denunciados por la Guardia Civil de un presunto delito de falsedad documental, según informaron a este periódico fuentes judiciales. Las diligencias del Seprona, que fueron presentadas en el juzgado y la Fiscalía de Medio Ambiente el pasado 26 de mayo, se refieren a la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable en 2003. Fue en junio de ese año cuando la Guardia Civil levantó y presentó acta en el Ayuntamiento del municipio por la presunta irregularidad que había detectado en una inspección rutinaria.
El entonces alcalde de Casabermeja y el edil de Urbanismo tuvieron conocimiento de la existencia de esa vivienda en esa fecha, aunque según las mismas fuentes no fue hasta abril de 2005 cuando el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador contra el propietario al que también denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito urbanístico. El propietario de la casa fue incluso juzgado, aunque finalmente resultó absuelto. Sin embargo, y al parecer, los agentes del Instituto Armado descubrieron durante la investigación que el expediente sancionador que el Ayuntamiento abrió en 2005 contra él presentaba algunas irregularidades, ya que presuntamente se habían incorporado alegaciones e incluso dado la conformidad a la sanción antes de se iniciara oficialmente.
Fuentes judiciales explicaron que se cree que los responsables municipales podrían haber negociado previamente con el dueño de la vivienda el pago de una sanción económica a cambio de poder seguir con la construcción levantada de forma ilegal en suelo no urbanizable. En este caso, el promotor supuestamente habría pagado una multa de unos 25.000 euros al Ayuntamiento antes de que éste le denunciara ante la Fiscalía.
Pero no sólo se inició el expediente sancionador dos años después de la primera denuncia del Seprona, sino que la Guardia Civil constató que el Ayuntamiento no abrió ninguno para el restablecimiento de la legalidad urbanística ni de paralización de la obra. Es el motivo por el que fuera alcalde del municipio entre 1995 y 2007 podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación por omisión, mientras que al edil de Urbanismo se le imputa también el presunto delito de falsedad documental al aparecer en el expediente administrativo como juez instructor. Los dos funcionarios presuntamente involucrados eran el instructor y el secretario del mismo.
Es la tercera denuncia que pesa sobre Valeroso por hechos similares. La primera fue presentada por el Seprona a principios de julio del año pasado y había otras seis personas implicadas. La segunda se sucedió sólo tres semanas después y el caso se saldó con otros seis presuntos implicados por otro delito urbanístico.
* Málaga Hoy - 5.06.10
Foto: Vista del municipio de Casabermeja.- malagahoy.es
El jurado considera por unanimidad culpables a los dos ex ediles de Gondomar y al arquitecto acusados de cohecho
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20MINUTOS/Pontevedra* : El jurado popular declaró hoy por unanimidad culpables a José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura de Gondomar (Pontevedra), y a Alejandro Gómez, ex edil de Urbanismo, así como al arquitecto Francisco Borja Ramilo Méndez, por tres delitos de cohecho, al haber pedido hasta 540.000 euros a tres promotores a cambio de facilitar la inclusión de convenios urbanísticos en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de esta localidad.
Los miembros del jurado consideraron probado que, tanto los ex ediles como el arquitecto participaron en estos hechos, basándose en los testimonios de los testigos y de los acusados y en las grabaciones realizadas en el transcurso de la investigación. Asimismo, estiman probado que Mosquera y Ramilo colaboraron con la Justicia desde el principio del proceso.
Precisamente por ello, el fiscal rebajó su petición de pena para estos dos acusados y, en el caso de Mosquera, solicita una multa de 135.000 euros —inicialmente pedía 1,9 millones de euros—, y para el arquitecto de 70.500 —al principio solicitaba que fueran 720.000 euros—. En el caso de Alejandro Gómez, que durante todo el juicio negó su relación con las extorsiones, mantiene una multa de algo más de un millón de euros.
En el caso de los ex concejales, el ministerio público también solicita que sean suspendidos para ejercer empleo o cargo público por seis años, mientras que para Ramilo Méndez pide que no pueda ejercer como arquitecto para la Administración pública durante un período de 15 meses. Además, en caso de que no abonen las multas, pide un arresto sustitutorio de un día por cada 100 euros impagados hasta un máximo de un año.PRUEBAS
El jurado recordó en su veredicto que tanto Mosquera como Ramilo admitieron su culpabilidad y, en el caso de Alejandro, le consideran también culpable porque el propio Mosquera "le delató". También consideran como prueba de culpabilidad las grabaciones telefónicas en las que el ex edil de Cultura confirma la participación de Gómez, y las manifestaciones de los Guardias Civiles, que apuntaron que "Mosquera hablaba siempre en plural" y que había ejercido como "cabeza de turco" y "recadero" de su compañero de Corporación.
Finalmente, el jurado desestimó la posibilidad de que se pida indulto para los encausados y considera que tampoco se debe estimar la condena condicional o suspensión de pena.RECURSO
El abogado defensor del ex edil de Urbanismo ya anunció su intención de recurrir la sentencia —que deberá hacerse pública en un plazo máximo de diez días—. En todo caso, de imponerse pena, solicitó que se hiciera 'al tanto', es decir, que se multe a Alejandro Gómez con la misma cantidad de dinero que supuestamente pidió —540.000 euros—.
El letrado manifestó en declaraciones a los medios que "había material para absolverle —a su patrocinado—", y consideró "lógico" el veredicto del jurado, al tratarse de personas que "no saben como funciona la vida municipal". Además, explicó que llegará "hasta donde haga falta" con el recurso porque, según apuntó, cree en la "inocencia" de Alejandro Gómez.
Otro de los argumentos en los que basará su recurso será el hecho de que, en su opinión, "se vulneraron derechos fundamentales" en los procedimientos de la Guardia Civil para realizar las escuchas telefónicas —determinantes en la acusación y en el veredicto—.
Por su parte, el propio Gómez afirmó que seguirá intentado demostrar su inocencia "hasta el final". "Sigo sintiéndome inocente", concluyó, aunque evitó responder cuando los periodistas le preguntaron cómo, siendo edil de Urbanismo, no tenía conocimiento de que se estaba pidiendo dinero a promotores con los que había firmados convenios urbanísticos.
* 20 Minutos - EP - 5.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - revistafusion.com
"Tenemos ahí 1,5 millones"
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ELPAÍS/Barcelona* : El ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme y de la empresa pública de urbanismo de Tordera, Francesc Xavier Surinyach, aparece mencionado en varias conversaciones registradas por la Guardia Civil el año pasado. De él hablaba el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, quien tenía el contacto telefónico de Surinyach en la agenda de que se incautó la Guardia Civil.
La primera conversación que hace referencia a Surinyach fue registrada el 9 de marzo de 2009, cuando Luigi recibió una llamada de Juan Alfonso de Sanz Santos, que según el Registro Mercantil es socio del imputado. La llamada es corta y en ella De Sanz Santos solo le pregunta si "hace mucho que no ve a Surinyach, porque tiene pendiente que le pague lo de Sant Daniel", en referencia a una zona de Tordera que, según fuentes municipales, está en proceso de urbanización.
Diez días más tarde, Luigi vuelve a recibir una llamada de De Sanz Santos.
De Sanz Santos. ¿Surinyach ha dado señales de vida?
Luigi. Hablé ayer con él, me ha dicho que aún no tiene el dinero.
D. S. S. Dile que me llame, tenemos ahí 1,5 millones de euros y se pueden hacer unos pagarés, pero que me llame.
De Sanz Santos y Luigi se encontraron el día que convinieron, pero no con Surinyach, que estaba en Menorca, según otra conversación. Más tarde sí pudo quedar, de acuerdo con otra llamada:
L. Mañana he quedado con Surinyach en Barcelona.
D. S. S. El de Oca ha mandado para allá a Julio, el jefe de obra que tenían, y se han encontrado con él [Surinyach] y le han dicho que no se moverían de allí hasta que cobrasen. Al final han podido hablar con él, y dando explicaciones que en unos días les iban a pagar algo.
L. Mañana estaré con él.
D. S. S. Como cosa personal, me sienta mal que ni me contesten al teléfono, sobre todo Surinyach. Entiendo que Juan Felipe pueda estar cabreado.
L. Juan Felipe no está nada cabreado, solo dice que si no tiene nada que decirte, pues que ya te llamará. El otro sí.
D. S. S. Llevo llamándolo dos meses todos los días [a Surinyach]. Lo cogeré aparte y le diré: "Oye, Xavier...".
L. Tiene las dudas razonables dado que, como está el mercado de crédito, de que al Ayuntamiento y a la TUA [Tordera Urbanística Actúa] les den el dinero que están negociando.
* ELPAIS.com - 4.06.10
Foto: Tordera (Barcelona) - pueblosespana.es
