ARCA:Limitar la acción pública daría más impunidad a alcaldes y constructores

ABC/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA cree que la propuesta de limitar el plazo para ejercer la acción pública y poder impugnar en los tribunales construcciones que se consideran ilegales es "una patada" a la jurisprudencia y daría "mayor impunidad legal" a los alcaldes y a los constructores. La posibilidad de limitar el plazo de ejercicio de la acción pública a dos meses a partir del término de las obras se recoge en el borrador de reforma de la Ley del Suelo y del Plan de Ordenación del Litoral (POL) que, según publica "El Mundo Cantabria", ha propuesto el Gobierno al grupo de trabajo sobre las sentencias de derribo.

Hasta ahora, la Ley del Suelo de Cantabria permitía ejercer la acción pública dentro de los plazos generales establecidos por la legislación sobre prescripción de infracciones (cuatro años para infracciones muy graves, tres para graves y uno para leves).

Además, ese borrador de reforma de la Ley del Suelo también contiene un mecanismo que permitiría a los ayuntamientos dejar sin efecto órdenes de derribo dictadas por el impacto paisajístico de la urbanización.

En declaraciones a Efe, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, ha considerado que las posibilidades que se incluyen en ese borrador son "una patada" a la jurisprudencia y al urbanismo.

Canales ha incidido en que la acción pública, tal y como está establecida, es "una garantía" para asegurar que el urbanismo no se haga "a lo bestia".

Este portavoz de ARCA ha subrayado que rebajar los plazos para ejercer la acción pública a dos meses tras el fin de las obras supone que "si no se mira todos los días el Boletín Oficial, no se puede recurrir".

La asociación ecologista considera que, en caso de salir adelante, esa modificación en los plazos supondría "prácticamente eliminar" el derecho constitucional al acceso a la Justicia y de ejercicio de la acción pública.

A su modo de ver, se trata de una medida que tendría, como consecuencia principal, "dotar de una mayor impunidad legal a los alcaldes y a los constructores" que, para este colectivo, son "los máximos responsables" de la inseguridad jurídica en el urbanismo.

Además, ARCA critica las medidas de la propuesta para dejar sin efecto las órdenes de derribo por impacto paisajístico, puesto que, a su entender, "dejan el paisaje de Cantabria sin ningún tipo de protección".

Para esta asociación, se trata de "una decisión de gran calado" y "nada coyuntural", que va en contra de los preceptos del Convenio Europeo del Paisaje.

"Con la modificación propuesta si un paisaje de gran valor es agredido con una construcción declarada ilegal, la fórmula para legalizar es terminar de destruir el paisaje añadiendo otras construcciones colindantes", advierte.

Gonzalo Canales ha criticado también que el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) -en el que está presente ARCA- no conoce ese borrador de reforma legislativa que ha publicado la prensa.

Y ha criticado que ARCA no esté en el grupo de trabajo que está estudiando esas propuestas, pese a que es parte en los procesos que han dado lugar a sentencias de derribo. EFE





* ABC- EFE - 5.06.10