REBELIÓN/Madrid* : El Espacio Polivalente Autogestionado El Patio Maravillas ha recibido la orden de desalojar el inmueble situado en la calle del Acuerdo número 8, en el céntrico barrio madrileño de Universidad. El centro social okupado, que lleva en activo desde el 1 de julio de 2007, estaba inmerso en un proceso legal que se ha visto acelerado por esta decisión judicial. El colectivo de personas que participa del Patio Maravillas hace un llamamiento a la ciudadanía a acudir el jueves 22 de enero a las 8:30 de la mañana para mostrar su rechazo a esta orden de desalojo.
En el mes de mayo de 2008 las y los integrantes del Patio se llevaron el primer susto judicial, al enterarse de que había sido solicitado por el ministerio fiscal y la la propietaria del edificio (la empresa Grupo 2 Reunidos, cuyo administrador es Leopoldo Arnaiz Eguren)un desalojo cautelar del inmueble donde desarrollan sus actividades sociales y culturales. Para evitarlo, presentaron más de 150 autoinculpaciones de personas que se reconocían como participantes en el proyecto, así como un dossier de más de 500 páginas donde se resumía la intensa actividad sostenida durante los primeros meses de existencia del centro social. El juzgado nº 48 de los Juzgados de Plaza de Castilla, a cargo del caso, aceptó 57 de aquellas autoinculpaciones y manifestó en Auto judicial su intención de no proceder al desalojo del inmueble hasta haber tomado las declaraciones previas a las 57 personas autoinculpadas. En julio declararon 5 de estas personas, y ninguna más ha sido convocada para hacerlo. Por el contrario, lo que el juzgado ha resuelto, en Auto del 18 de diciembre, es ordenar el desalojo del inmueble. Ejerciendo sus derechos, la asamblea del Patio presentó un recurso a dicha orden exigiendo que el juez mantuviera el compromiso adquirido meses antes. Por respuesta, todo lo que se recibió fue, el jueves 15 de enero, la confirmación del desalojo forzoso para el jueves 22 de enero a las 9:30 de la mañana. Las averiguaciones realizadas en los Juzgados evidencian que desde el día de la presentación del recurso nadie lo ha tramitado (una falta muy grave por dejar a los afectados en una situación de indefensión legal). Para que no quede duda de la grave negligencia hay que hacer constar que "tramitar el recurso" consiste en pasarlo del Registro en la planta 1 de los juzgados al despacho del juez, en la 6. El pasado viernes 16 de enero los representantes del Patio se personaron en los juzgados a las 12 de la mañana para enmendar la situación y detener el desalojo al menos hasta que se hubiera resuelto el recurso. El juez y su secretario ni siquiera estaban en el edificio.
De manera paralela, numerosas e importantes organizaciones que apoyan el proyecto social del Patio Maravillas, han presentado en el mes de diciembre de 2008 una solicitud de expropiación del edificio de la calle Acuerdo 8, ante el Ayuntamiento de Madrid, basando sus argumentos sobre la calificación del inmueble en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que es de "uso dotacional privado", es decir, que debe ser destinado a complementar los servicios a la comunidad que se ofrecen desde el sector público. Al no estar cumpliéndose dicha función desde hace cerca de 10 años, y al hacerse patentes las graves carencias sociales de un barrio como el de Universidad, los solicitantes exigen la expropiación forzosa del inmueble para ponerlo a disposición de la ciudadanía. Los firmantes de esta solicitud son la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo, Médicos del Mundo, y las asociaciones vecinales del barrio: Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad (ACIBU) y Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio de Malasaña y Universidad.
Parece simbólico que el desalojo del Patio se programe para el día 22 de enero, el mismo día que tiene previsto inaugurarse el Foro Social Mundial, que celebra su 9ª edición en Belem (Brasil) y de manera descentralizada en otras muchas ciudades del mundo. En Madrid uno de los espacios donde tiene previsto desarrollarse es El Patio Maravillas (donde ya lo hizo el pasado enero de 2008). Es una muestra del daño que el desalojo de un espacio como el Patio puede hacer a las redes y movimientos que luchan en Madrid por otra ciudad y otro mundo posible.
Desde el Patio Maravillas convocamos a los medios de comunicación a una rueda de prensa el jueves 22 de enero de 2009 a las 9 de la mañana en la puerta del inmueble de la calle Acuerdo número 8, y a presenciar y transmitir a la ciudadanía el desalojo del Patio Maravillas por la Fuerza Pública.
Asimismo, convocamos a la ciudadanía madrileña a una manifestación en defensa del Patio Maravillas y de los espacios autogestionados el sábado 31 de enero a las 18 h. desde Plaza de España.
¡Con Madrid no se especula! ¡El Patio vive!
Más información prensa@patiomaravillas.net o en la web www.patiomaravillas.net
* Rebelión - 20.01.2009
Foto: Taller informático en el Patio Maravillas. - REYES SEDANO, publico.es
El Patio Maravillas ya tiene fecha de desalojo
Corrupción con tarifa plana
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : En Alhaurín el Grande la corrupción tenía tarifa plana. Lo revela el escrito de la Fiscalía de Málaga pidiendo la apertura del juicio oral. La oferta para particulares era de 80 euros por cada metro cuadrado recalificado de más, mientras que para empresarios y autónomos había un precio especial, 6.000 euros por cada piso que se levantaba por encima de lo permitido. De momento, se desconoce si se premiaba o no la portabilidad, o sea si había un trato especial para aquellas empresas que habían dejado de corromper en los ayuntamientos del litoral y se pasaban al interior de la provincia.
Ni ofrecían módem ni router wi-fi, pero el ayuntamiento garantizaba una completa cobertura. Lo hacía tanto a través del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, como de un asesor jurídico municipal, lo que evitaba las interferencias que producían los informes negativos del arquitecto del consistorio.
Frente a los grandes operadores malagueños, los ayuntamientos de Marbella en el caso Malaya o Estepona en el caso Astapa, en Alhaurín el Grande el caso Troya tenía tarifas low cost, y con ellas parece ser que el alcalde Juan Martín Serón logró hacerse un hueco en el mercado de las corruptelas de bajo coste. La oferta estaba sujeta a disponibilidad geográfica, en concreto al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad que se estiraba hacia arriba o hacia los lados según las necesidades. Según sostiene la Fiscalía, con este paquete promocional una veintena de promotores se dieron de alta en el servicio, la compañía de Serón logró unos ingresos de 642.445 euros y se levantaron 128 viviendas piratas, ya que no estaban contempladas en el PGOU.
El problema surgió cuando uno de los promotores se quiso dar de baja en el servicio. Entonces sucedió lo que le ocurre a cualquier ciudadano que pretende cancelar su contrato con su compañía de ADSL o con su operador de telefonía: que le resultó imposible. Por eso, tras muchos intentos infructuosos, el asunto terminó en los juzgados. El promotor era José Burgos Leyva, al que le llegó una factura de 122.000 euros por una licencia de obras para levantar 14 viviendas y locales que le concedió el Ayuntamiento a pesar de que infringía la normativa urbanística municipal. Burgos Leyva se mosqueó por el hecho de que el Ayuntamiento no aceptara la domiciliación bancaria del recibo y le exigiera el cobro en billetes. La conversación, al igual que ocurren con las llamadas al servicio de atención al cliente de las compañías de telefonía, fue grabada y con ella se inició la instrucción judicial y la investigación de la policía.
Serón fue detenido en enero de 2007 y lleva dos años con el mismo mensaje tipo que las compañías de telefonía utilizan en sus respuestas a las reclamaciones de los clientes. El alcalde de Alhaurín el Grande dice que "todo es un montaje del PSOE, en connivencia con la Fiscalía de Málaga y que no vienen a por él, sino que vienen a por el PP". Lo dijo el día que salió en libertad bajo fianza de 100.000 euros, el día que detuvieron a una veintena de empresarios imputados en el caso, el día que se presentó a las elecciones, el día que las volvió a ganar con más mayoría absoluta de la que tenía y lo ha vuelto a decir el día que trascendió este escrito de la Fiscalía.
También su partido, el PP, está actuando desde ese día como si fuera el servicio de atención al cliente de Martín Serón. Los dirigentes populares repiten este mensaje: "Serón puede seguir en su cargo ya que el partido confía plenamente en su inocencia, para cualquier aclaración o sugerencia puede contactar con nosotros en la ejecutiva provincial de Málaga. Si quiere volver a escuchar el mensaje pulse asterisco y se pone un dirigente de la ejecutiva regional que también está dispuesto a defender a Martín Serón. Gracias por confiar en nuestra compañía". Piiiiiiiiiiii...
* ELPAIS.com - Andalucía - Opinión - 20.01.2009
3.500 firmas contra el hotel junto al Palau de la Música
ELPAÍS/Barcelona* : Los dirigentes de la Asociación de Vecinos del Casc Antic y Barcelona Vella han reunido 3.500 firmas de ciudadanos contrarios a la construcción del hotel junto al Palau de la Música, promovido por el Orfeó Català. Los vecinos piden en su escrito que se paralice el proyecto, pero el Ayuntamiento de Barcelona tiene otro plan.
Urbanismo dará luz verde a un hotel adecuado al entorno y que se ajuste a los dictámenes de Patrimonio de la Generalitat y al proceso participativo del distrito.
Los vecinos, que advierten de que continuarán las movilizaciones hasta que el proyecto sea desechado, han reunido las firmas desde marzo de 2008, cuando empezaron la campaña contra el hotel proyectado por el arquitecto Óscar Tusquets, que preveía derribar dos fincas modernistas de la calle de Sant Pere més Alt para levantar un hotel de 76 plazas y un aparcamiento para 100 coches. El plan sufrió, sin embargo, un serio revés por parte de Patrimonio de la Generalitat, que obligó a conservar las fachadas modernistas y a rehacer el boceto original. Tusquets acogió la decisión con desencanto y lamentó la ocasión perdida.
El distrito de Ciutat Vella invitó en otoño a los vecinos a implicarse en un debate sobre el proyecto que no discutía el hotel. La Asociación del Casc Antic y Barcelona Vella se desmarcaron, por tanto, del proceso participativo que finalizó en diciembre. El debate concluyó solicitando que el proyecto fuera más sostenible y respetuoso con el entorno artístico; que justificara "el uso social" de los edificios y buscara soluciones para evitar el aumento del tráfico y alternativas al aparcamiento. Esta petición fue elevada por la edil Itziar González a Urbanismo, que aceptará un hotel sujeto a esos condicionantes.
* ELPAIS.com - À. P. - Barcelona - 20/01/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Maracena: El Supremo ´entierra´ el antiguo proyecto residencial en Jimesa
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LAOPINIÓN/Granada* : El Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón a la Junta de Andalucía en su conflicto con el Ayuntamiento de Maracena, entonces gobernado por el PP, en torno a la polémica operación de cambio de uso, de suelo industrial a residencial, en los terrenos de Jimesa, casi 60.000 metros cuadrados donde está previsto proyectar una gran urbanización de viviendas.
Al igual que hiciera la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Supremo, en una sentencia con fecha de 18 de diciembre, se inclina por impedir, por la vía de la suspensión cautelar, el desarrollo urbanístico en los términos previstos por el anterior gobierno municipal, que optó por clasificar el suelo como urbano consolidado, lo que incrementaba la edificabilidad y posibilitaba construir un mayor número de viviendas.
Lo cierto es que, a efectos prácticos, la decisión del Supremo no altera el presente convenio urbanístico, que fue corregido por el actual gobierno local, la coalición PSOE e IU, adaptándolo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicha coalición, a su llegada al poder, logró desatascar y legalizar un macroproyecto urbanístico que ha pasado de 638 viviendas a 450, de las que 135 serán de protección oficial, según el compromiso establecido en el nuevo convenio donde se clasifica el suelo como urbano no consolidado.
El origen del conflicto se remonta al acuerdo del pleno municipal, celebrado el 25 de septiembre de 2005, que aprobó el cambio de uso de suelo industrial a residencial por un procedimiento administrativo incorrecto, según denunció la Junta de Andalucía que procedió a impugnarlo en los tribunales. Un auto del TSJA, con fecha del 30 de marzo de 2007, daba la razón a la Junta pues consideraba que la modificación aprobada suponía una reforma estructural del planeamiento general y alteraba el uso del suelo previsto.
El tribunal optó en dicha ocasión por suspender cautelarmente el desarrollo urbanístico ante la posibilidad de que se llevasen a cabo actuaciones urbanísticas con una mayor edificabilidad y luego se consideraran ilegales. Hace unos días, el Supremo, ajeno a la decisión de la nueva corporación local de corregir el convenio, se pronunció en la misma línea y confirmaba la sentencia del TSJA, al tiempo que ordenaba el pago de las costas procesales a la parte recurrente, en esta caso, al Ayuntamiento de Maracena.
Con ello se cierra el capítulo referido al primero de los convenios aunque queda pendiente de desarrollo el nuevo proyecto urbanístico que el actual gobierno quería hacerlo realidad en el actual mandato. Los problemas laborales surgidos en la empresa propietaria de dichos terrenos y la crisis económica, que se ha cebado especialmente en el sector de la construcción, han dejado en el aire el proyecto de zona residencial. Tanto es así que ayer el alcalde maracenero condicionaba el desarrollo del convenio al mantenimiento de los puestos de trabajo en la empresa de pavimento.
* La Opinión de Granada - A.C. - 20.01.2009
Foto: Maracena (Granada) - Jessica Mur (Ideal)
Albacete: Se multiplican por cuatro las demoliciones por incumplir la normativa
LAVERDAD* : Las actuaciones de restitución de la legalidad vigente mediante demoliciones se multiplicaron por cuatro el pasado ejercicio. Al menos así consta en el memoria del servicio de Disciplina Urbanística que recoge que durante el 2008 se produjeron 25 demoliciones para restituir la legalidad, cuando un año antes apenas fueron 6, y en los tres años anteriores no pasaron de dos derrumbes.
Esta actuación forma parte de unas de las 520 denuncias realizadas por la inspección durante el pasado ejercicio, de las que 105 terminaron con la suspensión de las obras, ya que en ocasiones la sanción no es suficiente. En otros 93 casos los inspectores tuvieron que dictar resoluciones de corte de luz y en otras tantas de corte de agua con el objeto de que la obra no pueda seguir adelante hasta que cumpla con la legalidad vigente. En otros 28 casos, incluso las obras tuvieron que ser precintadas para impedir el acceso a ellas.
Para garantizar el buen funcionamiento del servicio, el Ayuntamiento ofrece una serie de incentivos al personal del Disciplina Urbanística (como ocurre con otros servicios municipales) en función de los frutos de su trabajo. Aunque la cuantía de este año no está todavía determinada, los inspectores del servicio cobrarán por los 530 expedientes tramitados y las 607 actuaciones. Por cada acta, los inspectores reciben diez puntos, cifra que se eleva hasta los 25 en el caso de las suspensiones de obra y 50 por cortes de luz y de agua. Si la obra se precinta el inspector recibe 300 puntos y otros 400 si hay que demoler el edificio construido irregularmente. Por su eficacia en el trabajo, los inspectores recibieron durante el pasado ejercicio 32.625 puntos a los que habrá que sumar un punto por cada 60 euros de sanción impuesta a los infractores de la norma urbanística.
* La Verdad - E.J. - 20.01.2009
Foto: Albacete, ayuntamiento - picasaweb
La Fiscalía también llevará al juez las ilegalidades urbanísticas que no sean delito
ABC* : La persecución por parte de la Fiscalía de las infracciones urbanísticas y otros atentados contra el medio ambiente no se agotará, como venía ocurriendo hasta ahora, en la vía penal. La Sección de Medio Ambiente del Ministerio Público en Valencia llevará a los juzgados de lo Contencioso Administrativo aquellas ilegalidades -licencias, planes urbanísticos- que, siendo contrarias a la normativa, no son perseguibles por la vía penal porque no alcanzan la categoría de delito.
Se trata de una estrategia legal novedosa, en la medida en que en los procedimientos contencioso-administrativos -aquellos en los que se dirimen conflictos entre dos administraciones o entre la administración y los particulares- el fiscal sólo es parte cuando hay derechos fundamentales en juego. Y esto ocurre las menos de las veces.
La nueva vía de persecución de las infracciones urbanísticas y medioambientales ha sido estrenada ya por las Fiscalías de Cantabria -en defensa del Parque Natural de Oyambre, donde el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera otorgó licencia para construir más de un centenar de viviendas contraviniendo la ley de usos de este espacio protegido-, y también por la Fiscalía de León -contra el Ayuntamiento de Carucedo en defensa de Las Médulas, yacimiento arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad-.
Los civilistas discrepan
La estrategia se basa en la atribución al Ministerio Público de un margen de maniobra mayor para intervenir en el orden Contencioso Administrativo, jurisdicción en la que hasta ahora tenía muy restringida su participación.
Esta nueva forma de actuar, que Valencia pondrá en práctica por recomendación del fiscal de Sala del Tribunal Supremo coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, supondrá una vuelta de tuerca más a aquellos alcaldes y administraciones más díscolos con la normativa y menos respetuosos con el medio ambiente y el urbanismo.
Vercher ha dado instrucciones a todas las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías españolas para que sigan la estela de Cantabria y León «si así se considera procedente» en «defensa del bien público» y considerando el «medio ambiente» en sentido amplio.
La propuesta, con todo, genera una importante controversia, especialmente entre los expertos en Derecho Civil, en la medida en que en el orden Contencioso los plazos para recurrir las resoluciones son muy reducidos y esto dificulta la intervención de la Fiscalía ya que las administraciones no están obligadas a comunicarle sus resoluciones. En Valencia, según Joaquín Baños, coordinador de Medio Ambiente, no se recurrirá a esta estrategia de manera indiscriminada; solo se aplicará en casos concretos y con una importante incidencia medioambiental.
Aunque no exista dolo
La intervención del fiscal en lo Contencioso Administrativo para estos casos encuentra amparo en la Ley de Responsabilidad Ambiental aprobada en octubre de 2007. En su disposición adicional octava abre un resquicio a la participación del fiscal en procedimientos en los que hasta ahora no intervenía. Dice este precepto que «el Ministerio Fiscal estará legitimado» para intervenir en «cualesquiera procesos contencioso-administrativos que tengan por objeto la aplicación» de la citada Ley. Añade que las Administraciones han de comunicar al fiscal aquellas infracciones perseguibles por esta norma y, además, poner a su personal al servicio del Ministerio Público para que le preste «auxilio técnico, material o de cualquier otra naturaleza para el ejercicio de sus funciones en los procesos contencioso-administrativos».
La ley, según recoge el artículo 3, «se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran» cuando hayan sido causados por determinadas actividades económicas o profesionales, «aunque no exista dolo, culpa o negligencia».
* ABC - Valencia - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 19.01.2009
Los ecologistas denuncian que el nuevo PORN «legaliza mil viviendas ilegales»
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IDEAL/Almería* : El nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales-PORN del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar que ha elaborado la Junta de Andalucía desprotege un tres por ciento de la superficie del parque, según se recoge en la demanda del recurso que han presentado contra el Gobierno regional en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía colectivos como Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas y el Grupo Ecologista 'Cóndor'.
De esta forma, piden la suspensión cautelar de los cerca de cien puntos que han sufrido algún tipo de desprotección.
Los ecologistas denuncian que dicho plan «recalifica ilegalmente cerca de mil hectáreas del parque y legaliza cerca de un millar de viviendas ilegales y grandes extensiones de invernaderos».
Los denunciantes, que han adjuntado a la demanda un detallado informe pericial de más de 150 páginas con más de cien mapas elaborados por un gabinete de topografía, advierten hasta un centenar de irregularidades en dicho plan.
Aseguran que en el mismo se contempla la recalificación de suelo para mil viviendas más y la conversión de suelo urbano de más de 200 hectáreas de suelo.
Dicen que lo que se busca con ello «es legalizar cientos de viviendas ilegales del parque y abrir la vía a nuevas edificaciones, adaptando así ilegalmente el PORN a las Normas Subsidiarias o planes generales de ayuntamientos como Níjar, Carboneras o Almería».
Denuncian que en el caso de Agua Amarga, si este plan no se corrige, se da vía libre a que el actual núcleo de población «se multiplique por tres», al igual que en Las Negras.
En Rodalquilar dicen que «se legalizan viviendas junto a la carretera» y en La Isleta del Moro «legaliza todas las actuaciones de los últimos años que han multiplicado por tres el núcleo».
Respecto a San José, afirman que «legaliza cientos de viviendas y en conjunto casi duplica el casco urbano legal del anterior PORN». En el caso de Cabo de Gata, «duplica el suelo urbano del pueblo». También denuncian la legalización de «enormes superficies de invernaderos» en El Argamasón, Oeste de la Joya, Los Martínez y Pujaire, y se recortan varias reservas, como la marina de Genoveses o la terrestre de El Saltador y Gafares y la reserva de Punta de la Loma.
Recorte del parque
Los ecologistas sostienen que el nuevo PORN «recorta el perímetro del parque en tres puntos, uno de los cuales contiene invernaderos en suelo protegido del anterior PORN y, a su vez, se crean dos nuevas categorías de playas urbanas», elevando a nueve su cifra, y 31 zonas de esparcimiento litoral. Los denunciantes consideran de «extrema gravedad» la aparición de 22 lugares calificados como 'C3', una nueva figura de zonificación que «por su ambigüedad deja abierta la puerta a actuaciones de casi cualquier tipo, camufladas tras la denominación de núcleos urbanos preexistentes», entre la que se encuentra la zona del hotel del Algarrobico.
Cambio de planos
Los ecologistas acusan a la Junta de modificar presuntamente los planos originales por vía de hecho, «sin aprobación pública alguna, de forma contraria a la legalidad, y en esa modificación irregular de planos se adaptaba el PORN de 1994 a las Normas Subsidiarias de inminente aprobación de los respectivos ayuntamientos».
Acusan al Gobierno regional de «haber distribuido y haber dado por buenos estos planos presuntamente ilegales, supuestamente cambiados en 1996, y ha basado el actual PORN en los mismos».
Por este motivo, el nuevo plan se encuentra suspendido de forma cautelar y de forma parcial, la parte del Algarrobico, a raíz de un auto emitido a este respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Recuerdan en este sentido que el recurso que dio lugar a esa suspensión fue interpuesto por Greenpeace y aludía solo al Algarrobico.
Entienden que los responsables de Medio Ambiente de la Junta han podido incurrir en presuntos delitos de prevaricación «que implican también» a ayuntamientos, «pero especialmente a la Junta».
* Ideal - 17.01.09 -ROGER DÍAZ
Foto: PARQUE. Los ecologistas denuncian numerosas irregularidades. /IDEAL
Eurodiputados debatirán mañana su informe crítico con el urbanismo español
TERRA* : La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) debatirá mañana por última vez el crítico informe sobre el urbanismo español que prepara desde hace meses y que votará en marzo el pleno de la Eurocámara.
Junto a la ponente del texto, la parlamentaria danesa Margrete Auken (Los Verdes), y el resto de eurodiputados, participarán en la reunión de mañana representantes del Gobierno valenciano, la defensora del Pueblo de esa comunidad, Emilia Caballero, y responsables de la Comisión Europea (CE).
El informe, centrado en el impacto de la urbanización extensiva en los derechos de los ciudadanos y el medio ambiente, será votado por la Comisión de Peticiones en febrero, para pasar en marzo al pleno.
El texto provisional, propuesto por Auken y que aún puede ser objeto de enmiendas, critica con dureza la gestión urbanística en España, en especial en las islas y la costa mediterránea, y la actuación de numerosas autoridades locales y regionales.
La ponente pide por ello al Gobierno y a las comunidades autónomas afectadas por las protestas ciudadanas que lleven a cabo una 'profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones' contenidos en diversos tratados internacionales.
Al mismo tiempo, insta a las autoridades regionales a declarar una 'moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social'.
Además, Auken expresa su 'preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades jurídicas y judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas'.
Para la diputada, los jueces 'han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, pero considera que los procedimientos siguen siendo de 'una lentitud desmedida' y que 'las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos'.
El informe recuerda además que tanto la Comisión Europea como el Parlamento tienen capacidad para suspender la concesión de fondos estructurales para hacer que los países pongan fin a vulneraciones graves de las normas comunitarias.
Este será el tercer informe sobre el urbanismo en España que vote el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos.
Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la 'costa mediterránea', y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.
* Terra Actualidad - EFE - 19.01.2009
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
Aljarafe Habitable culpa al Potaus de impedir una unión metropolitana real
ELCORREO/Sevilla* : Urbanismo y movimiento ciudadano se dieron cita en la mañana de ayer domingo en el parque del Alamillo para analizar el impacto que el Potaus (Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla) tendrá en el área metropolitana en general y en el Aljarafe en particular.
La jornada comenzó con el análisis de las áreas de oportunidad, que según calificó Luis Andrés Zambrana, presidente de la plataforma ciudadana Aljarafe Habitable, “se han convertido en un instrumento de flexibilización del POTA [Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía]”. Para Zambrana, existe “una falta de justificación de las mismas”. “Se ha perdido la ocasión de trascender a lo demandado por cada municipio y construir una verdadera área metropolitana”, señaló el responsable de Aljarafe Habitable.
La gran amenaza del área metropolitana es, según coincidieron todos los ponentes, la ausencia de una “autoridad central, que existe y se llama Junta de Andalucía, que no ejerce como tal”. Para Zambrana, el Potaus “responde sólo a demandas particulares, es un canto además al tráfico privado”.
La situación de crisis generalizada es vista por estos colectivos como una buena forma de replantear los horizontes del urbanismo metropolitano: “Sin la presión del mercado se pueden articular la movilidad, los servicios y la zonas verdes después de que se vaya a quedar mucho suelo sin ejecutar”.
La queja fundamental de este movimiento ciudadano es que no se hayan tenido en cuenta sus alegaciones al Potaus, “a pesar de que la ley obligaba a que nos respondieran”. Para ellos, las áreas de oportunidad debían ser “una excepción” y se han convertido en “norma sin justificación real”.
* El Correo de Andalucía - Isabel Atencia - 19.01.2009
Foto: Sevilla2005 - wikipedia
Al trabajo, mejor en autobús o en bicicleta
ELPAÍS* : Se acabaron los grandes discursos, los estudios interminables y los proyectos bienintencionados que quedan en nada. Ha llegado el momento de pasar a la acción y aplicar, ya mismo, medidas concretas para mejorar la calidad del aire en las ciudades a través del transporte público. Ésa es, al menos, la opinión de los expertos en movilidad sostenible. Un asunto en el que, como en tantos otros, España anda a la cola de Europa.
Aunque hay experiencias en marcha (como la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora en Barcelona) éstas son tímidas. La vigente cultura del coche y el tradicional desdén de los políticos tienen, según los expertos, la culpa.
En Esparreguera (Barcelona, 22.000 habitantes) el Ayuntamiento acaba de aprobar una bonificación del 35% sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas que diseñen un plan de movilidad para sus trabajadores. La iniciativa es loable, dicen los gestores, pero queda muy lejos -por tiempo y dimensiones- de las que imperan en capitales europeas. En Bruselas, por ejemplo, las empresas con más de 200 empleados están obligadas a redactar planes de movilidad. El sistema funciona desde hace siete años. Las firmas que facilitan autobuses (y los empleados que los utilizan) reciben, además, beneficios fiscales.
"España se ha dormido y la Unión Europea nos lleva un gran adelanto. Se hacen cosas, pero sin hoja de ruta se quedan en la mera anécdota", juzga Andrés Luis Romera Zarza, profesor de un máster de movilidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Ese mismo calificativo -"anecdótico"- lo utiliza el coordinador de la Fundación Movilidad Sostenible, Pau Noy: "Ni el Gobierno central ni los autonómicos se preocupan del tema. Sólo Cataluña ha tomado la delantera, y aun así, estaría en el pelotón europeo".
Los expertos coinciden: Cataluña es la "punta de lanza" de las políticas que buscan arrinconar el coche y elevar al podio al transporte público. Hace cinco años fue la primera comunidad que se dotó de una ley de movilidad. Y a finales de 2007 aprobó una medida polémica que, no obstante, ya ha dado sus frutos: la reducción de velocidad en las vías de acceso a Barcelona a 80 kilómetros por hora. La cifra de muertos en accidente ha caído un 50% en esas vías. Y a su alrededor se respira un aire un poco más sano. En un año, las emisiones de dióxido de carbono y de partículas en suspensión de los tubos de escape se han reducido un 4%. En la misma proporción ha caído el consumo de gasolina.
Nada más conocerse la propuesta del Gobierno catalán, el Real Automóvil Club de Cataluña y diversos grupos políticos expresaron su rechazo. La idea tampoco convenció, al inicio, a los conductores, disgustados por tener que levantar el pie del acelerador. "En nuestra cultura, el coche es objeto de idolatría. Los grupos de presión del sector del automóvil son fuertes. Parece que, en esta democracia, el voto de los conductores cuenta más que el de los que usamos el transporte público", ironiza Manel Ferri, responsable de transporte de Comisiones Obreras.
El pasado jueves entró en vigor la segunda parte del plan: la velocidad variable. Se trata de que fijar los límites de velocidad a través de paneles luminosos y en función de la congestión, las condiciones meteorológicas o la contaminación. La horquilla va de los 40 a los 80 por hora. El sistema no es nuevo: se utiliza desde hace tiempo, y con razonable aceptación, en Londres, Birmingham, Utrecht o Amsterdam. La Generalitat prevé, también, unir Barcelona con una veintena de ciudades mediante autobuses directos que tendrán una frecuencia de paso de 30 minutos.
El transporte representa una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y se come el 36% del consumo de energía en España. De ahí la importancia de limitar al máximo la circulación entre las áreas metropolitanas y el centro de las ciudades. El transporte colectivo (autobús, ferrocarril, metro, tranvía en superficie) y la bicicleta deben acabar con el reinado del coche, según recoge la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.
Grandes ciudades europeas han optado por restringir el uso del vehículo privado, sobre todo en el centro. Londres impulsó el peaje urbano hace cinco años: para acceder al centro en días laborables hay que pagar una tasa de once euros. El resultado: el tráfico en la capital británica ha caído un 30%, con la consecuente mejora de la calidad del aire.
En Berlín existe una "zona ambiental" de 88 kilómetros cuadrados donde los coches que más contaminan tienen vetado el acceso. Una medida similar, aunque más suave, ha adoptado Milán: los conductores de coches poco eficientes pagan entre dos y diez euros al día. Una página web (Low Emissions Zone, o sea, áreas con bajas emisiones) enumera unos 80 municipios que, de un modo u otro, han restringido el acceso a algunos vehículos. Hay ciudades de Alemania, Austria, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Suecia, Dinamarca o Noruega. De momento, ninguna gran urbe española.
En Roma, durante algunos días de invierno, sólo circulan por sus calles coches con matrícula par o impar, según el día. En Madrid, recuerda el profesor Romera, "se intentó hacer algo parecido, pero no se pasó de un plan piloto". Una prueba más de la jerarquía del coche. Madrid es una de las ciudades que más ha invertido en transporte público (sobre todo, en el metro) y aun así "no ha perdido tráfico rodado porque se siguen haciendo carreteras", indica Noy.
Dentro de los núcleos urbanos las cosas se han hecho algo mejor, subrayan los expertos. No tanto por paliar los efectos sobre el medio ambiente como por la necesidad de que las ciudades sean más amables para el ciudadano. "Las medidas para calmar el tráfico tienen una gran tradición" en España, según el primer Informe sobre las políticas locales de lucha contra el cambio climático. Se trata, en estos casos, de peatonalizar las calles (total o parcialmente) y de crear áreas con prioridad residencial. En San Sebastián, por ejemplo, se han peatonalizado 50 calles en los últimos años, una medida que "humaniza y relaja la ciudad" y que "ha sido positiva para la actividad comercial", destaca un portavoz municipal.
Las zonas 30, donde la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora, también se han extendido. Lo mismo que el servicio de carsharing: los usuarios se registran en Internet y acuerdan compartir los gastos de un mismo coche con otros ciudadanos que cubran su misma ruta para ir a estudiar o al trabajo.
Muchas de esas iniciativas han sido impulsadas desde la Red de Ciudades Españolas por el Clima, que agrupa a 150 ciudades, entre ellas las principales capitales. Para ser miembro hay que cumplir ciertos objetivos en materia de medio ambiente y, por tanto, de movilidad sostenible. Dentro de esta avanzadilla se encuentra Vigo. El Ayuntamiento y Citroën han elaborado un plan de movilidad. El proyecto ha permitido acercar el servicio de autobús a las zonas donde viven mayoritariamente los trabajadores, explica el alcalde, Abel Caballero, que es al mismo tiempo presidente de la Red.
Los municipios de la Red están comprometidos a que sus flotas de vehículos sean eficientes y utilicen energías limpias. Por ejemplo, que los autobuses urbanos funcionen con combustibles alternativos como el gas natural comprimido, el biodiésel o las pilas de hidrógeno. También deben contemplar el uso de bicicletas como medio de transporte de algunos de sus funcionarios.
Aunque son sólo "una solución parcial" al problema de la movilidad, las bicicletas cada vez están más presentes en el entramado urbano. Lo ha permitido la proliferación de carriles bici. Por ejemplo, en Valencia. "Impulsamos 78 kilómetros de carril bici. Hemos ganado espacio para peatones y ciclistas y tenemos un plan ambicioso para que se pueda aparcar el coche en las afueras de la ciudad y, desde allí, acceder al centro en transporte público", reseña Alfonso Novo, concejal de Transporte. En el barrio de El Carmen, además, está vigente también la limitación a 30 por hora.
En Barcelona, se ha optado por las áreas verdes de aparcamiento. Se trata de zonas donde los residentes tienen prioridad para aparcar (a los que no lo son, les sale demasiado caro). "Evitas así la circulación de muchos vehículos foráneos en busca de aparcamiento", indica Ferri. El dinero recaudado se ha usado, en parte, para impulsar el Bicing, el servicio de alquiler de bicicletas públicas de la ciudad. Lo mismo que en la ciudad holandesa de Apeldoorn, donde, además, las bicis tienen prioridad semafórica.
En la línea de fomentar el transporte público y la amabilidad del entorno, muchas ciudades han retomado un medio de transporte histórico: el tranvía. Comenzó Valencia en 1994 y le siguieron Bilbao (2002), Alicante (2003), Barcelona (2004), Vélez-Málaga (2006), Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Murcia y Parla, en Madrid, (2007) y Vitoria, el año pasado.
Los expertos insisten en que se trata de iniciativas aisladas y coinciden en la necesidad de que el Gobierno español apruebe una ley de movilidad. "Ha habido una gran desconexión entre administraciones. Cataluña, Euskadi y las dos Castillas han aprobado normas, pero cada una va por su lado y no hablan de lo mismo", argumenta el profesor Romera. "Se hacen grandes discursos, pero hay que bajar a los hechos. Sabemos desde hace tiempo lo que hay que hacer. Ahora hay que ponerse manos a la obra", resalta Ferri, quien, además, dice que aún se diseñan "políticas del siglo XX", en alusión a la intención de seguir construyendo carreteras.
La secretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, replica que se ha hecho "un gran esfuerzo inversor" en transporte público, pero admite que "aún no se han aprovechado al 100% todas las herramientas" para gestionar la movilidad. Ribera también cree necesaria una ley de movilidad para "coordinar a las administraciones" y luchar contra la contaminación, que en Barcelona o Madrid sigue siendo de las más altas de Europa.
Partidaria de extender la limitación de velocidad en las áreas de las grandes ciudades (aunque la competencia es de las comunidades autónomas) Ribera pide un esfuerzo de todos: "Hay que cambiar el chip sobre el coche y ser más valientes de lo que hemos sido hasta ahora".
Glosario de la movilidad urbana
- Peaje urbano. Pago para acceder al centro de las ciudades en coche. La medida busca preservar el medio ambiente y reducir la congestión.
- Aparcamiento de disuasión ('park & ride'). Son áreas de estacionamiento vinculadas a una estación de transporte público y pensadas para sus usuarios.
- Dióxido de carbono. Es el principal gas causante del efecto invernadero. Por cada litro de gasolina consumido se emiten unos 2,35 kilos de dióxido de carbono.
- Conducción eficiente ('eco-driving'). Con esta medida, los turismos consiguen ahorrar combustible en porcentajes que llegan hasta el 15% o más, aprovechando mejor la propia tecnología del motor.
- 'Carsharing'. Es una flota de coches compartidos por socios. Éstos pagan por las horas que utilizan los vehículos y los kilómetros que recorren.
- Carriles de alta ocupación. Están exclusivamente reservados para la circulación de vehículos con varios ocupantes.
* ELPAIS.com - JESÚS GARCÍA 19/01/2009
Foto: Viajeros del metro- CRISTÓBAL MANUEL, elpais.com
La lucha de los hipotecados se topa con los tribunales
DIAGONAL* : Desde hace medio año, a partir del blog Ahorcados por la Hipoteca más de 3.000 hogares se coordinan para pagar un precio justo por sus casas y demandar medidas a largo plazo que aseguren el acceso a una vivienda digna y barata. Mientras, la vía legal choca con una justicia cara y colapsada por la avalancha de casos.
“Antes pagaba 750 euros, ahora me sube a 1.600, ¿con dos hijos y otros gastos, cómo podremos vivir?”, resumía un cartel desplegado en uno de los principales eventos festivos de la comunidad latinoamericana en Madrid. 200 personas dieron otro contenido a ese 12 de octubre en la plaza de Colón, en uno de los pocos actos públicos convocados por la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares con Intereses Impagables (UPVIFI) desde su creación en julio del año pasado.
La Unión agrupa ya a unos 3.000 hogares en todo el Estado, todo un récord para contar con apenas medio año de existencia. Sus integrantes sufren las consecuencias de las hipotecas basura a la española: recargos en la cuota por retrasos en los pagos y embargos. Pese a la bajada del Euribor, el Consejo General del Poder Judicial prevé que éstos aumenten hasta un 200% en 2009.
“Para los hipotecados, la crisis empezó este verano”, recuerda Erick Játiva, uno de los impulsores de la UPVIFI. Con sólo una semana en la red, su blog Ahorcados por la hipoteca había recibido 1.500 visitas y cientos de testimonios. Era el momento de hacer algo más allá de Internet. “A la primera asamblea no vino casi nadie, pero en la segunda ya éramos más de 1.000”, apunta. Así nació la UPVIFI, animada por la convicción que ha pasado a ser el lema oficioso de toda movilización social: “la crisis no la pagaremos nosotros”.
Los hilos de la crisis
Una de las primeras reivindicaciones de la Unión es que los hipotecados puedan acudir al concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos que permite a las empresas declararse en quiebra. Las deudas, en este caso con las cajas y bancos, tendrían que ser satisfechas en el momento en que un juez dictaminara que la persona o familia cuenta con los recursos suficientes.
De hecho, las entidades tampoco sabrían qué hacer con unos inmuebles hoy por hoy imposibles de revender a un precio lucrativo. El problema, a corto plazo, es que el proceso judicial resulta demasiado caro para los hipotecados.
“En nuestra situación, pagar entre 4.000 o 5.000 euros está completamente fuera de nuestro alcance”, precisa Játiva. Queda la justicia gratuita, pero esta salida se encuentra con más obstáculos, algunos de ellos también relacionados con la crisis.
En tres de cada cuatro casos las peticiones están siendo denegadas porque los solicitantes ganan más de dos veces el salario mínimo.
“Precisamente el problema que tenemos es que ni con todo lo que ganamos podemos pagar al banco”, se lamenta Játiva. Por si fuera poco, allí donde cuenta con más implantación, la UPVIFI tiene enfrente a Esperanza Aguirre y a su propósito declarado de reducir la asistencia jurídica gratuita para extranjeros, colectivo mayoritario en la Unión.
También en la Comunidad de Madrid, la cuestión de los embargos y de la justicia gratuita se topa con el colapso en los tribunales. Según el CGPJ, para resolver los 6.261 embargos pendientes serían necesarios más de dos años de trabajo sin que a la vez entrara ningún caso nuevo. Los sindicatos pronostican que la administración de justicia quedará bloqueada a comienzos de este mismo año.
Salir a la calle
Con embargos que no se ejecutan, e inmuebles ya embargados que no se venden, la batalla de los hipotecados promete ser larga. Una de sus reivindicaciones apunta a que los inmuebles amenazados de embargo pasen a formar parte de un parque público de viviendas en alquiler, “de modo que se garantice el acceso generalizado a unas viviendas baratas y dignas”, asegura Játiva.
Dicha medida, que supondría en la práctica sacar del mercado buena parte de las viviendas construidas en los últimos años, se enfrentaría no sólo a los intereses del conglomerado financieroconstructor, sino al propio desprestigio social que sigue asociándose a la práctica del alquiler.
“Debería haber una reacción política y social. Es necesario salir a la calle, protestar, que se escuche lo que proponemos”, opina Játiva. Pero hasta el momento, los contactos con otras organizaciones para sacar adelante trabajo, reivindicaciones y movilizaciones conjuntas va a paso muy lento.
* Diagonal - Diego Sanz Paratcha, Redacción - Del 8 al 21 de enero de 2009
Foto: FRAUDE HIPOTECARIO. La asociación reclama la justa revisión de las hipotecas - diagonalperiodico.net
Tres Cantos: Mil vecinos denuncian que los pisos protegidos que les adjudicaron no cumplen con lo prometido
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MADRIDPRESS* : Mil vecinos del municipio madrileño de Tres Cantos a los que les fueron adjudicados pisos de VPO de alquiler con opción a compra en el norte de la localidad, denunciaron que los viviendas que se les entregarán "no cumplen con ninguna de las condiciones" prometidas.
En declaraciones a Europa Press Televisión, la presidenta de la 'Asociación por las 1.000 viviendas de Tres Cantos', Carolina Muñoz, explicó que se les prometió pisos de 70 metros cuadrados por 441 euros al mes con un precio final no superior a 120.000 euros".
Sin embargo, Muñoz detalló que tras observar "el plan especial", los vecinos advirtieron que se habían reducido los metros y, en cambio, el precio había aumentado. "No se está cumpliendo con ninguna de las condiciones que nos habían prometido, es una vergüenza, nos están engañando y están jugando con nuestro futuro", lamentó.
Además explicó que el alcalde de la localidad, José Folgado, no quiso recibir a los vecinos afectados, por lo que recurrieron a un encuentro con el concejal de Urbanismo que discurrió con tensión. "Nos trataron bastante mal, con amenazas e insultos intentando intimidarnos con incluso anular el sorteo", relató.
Para otro de los miembros de la asociación, Pedro Ayala, "el problema especial de Tres Cantos es que todo el plan general de ordenación urbana se cedió a una empresa privada", en este caso a la empresa constructora FCC. "La gestión privada da beneficios privados, la gestión pública da beneficios públicos", opinó.
Los afectados se manifestaron el pasado mes de diciembre pero no descartan volver a hacerlo en las próximas semanas. Mientras tanto, estudian la posibilidad de contratar a un abogado para denunciar al Ayuntamiento de Tres Cantos por publicidad engañosa.
* MadridPress - 18.01.2009
Foto: Tres Cantos (Madrid), ayuntamiento - madridiario.es
Sevilla: Un 70% más de suelo urbanizable para 972.000 habitantes más
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DIARIODESEVILLA* : La aprobación en 2006 del tardío Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) fue el primer paso dado por la Junta para controlar un crecimiento urbanístico insostenible que durante años se le había escapado de las manos y que, en el caso de Sevilla, se había traducido en una ausencia total de la perspectiva metropolitana en la estrategia de ordenación.
Pero el POTA, por el que se fijaron límites del 40% para el crecimiento urbanístico y del 30% para el poblacional por un período de siete años, se fue poco a poco desvirtuando ante las demandas de los sectores inmobiliarios y de la construcción -que veían peligrar sus inversiones en suelo y su negocio- y de los ayuntamientos, temerosos igualmente ante una merma de sus ingresos vía licencias.
El primer paso fue excluir a los municipios más pequeños de la obligación de atenerse a dichos márgenes, pero la puntilla del POTA fueron las llamadas "áreas de oportunidad", grandes bolsas de suelo destinadas a viviendas, servicios o usos empresariales. En Sevilla, la Junta ha dado su visto bueno a la creación de 69 espacios de estas características, que generan amplias expectativas de crecimiento urbanístico y poblacional para las dos próximas décadas.
La Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (Adta) -galardonada en 2007 por la Junta con el Premio de Medio Ambiente de Andalucía en la categoría de Sostenibilidad Urbana- ha echado cuentas sobre las previsiones fijadas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) y concluido que con este documento hay 14.000 hectáreas de suelo urbanizable, listas para ser construidas, "lo que representa un 70% más del suelo ocupado a lo largo de la historia". Si se cubriese de ladrillo todo ese espacio -a razón de 40 viviendas por hectárea y de 2,7 residentes en cada vivienda- el volumen de población nueva sería de 972.000 habitantes. ¿Es ése un modelo sostenible de desarrollo o más bien se está dando satisfacción a las necesidades de alcaldes y promotores?
La realidad, a juicio de la asociación vecinal, casa más con la segunda parte de la pregunta, con lo que el Potaus, y desde esta perspectiva, tendría más de negocio que de respuesta a las demandas sociales. Para rearfimar esta conclusión, Adta pone un dato más sobre la mesa: el 23% de las casas existentes en el área metropolitana están vacías.
La visión de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio es bien distinta. "El Potaus fue diseñado antes de que surgiese la crisis económica y su objetivo es que, cuando ésta acabe, no vuelvan a repetirse experiencias del pasado", indicó un portavoz del citado departamento. En otras palabras, que la expansión urbanística sin control de la primera corona metropolitana no se traslade a la segunda.
Desde Vivienda se pone el acento en que las cifras hay que analizarlas "en una perspectiva de 20 años vista, como mínimo", y que el Potaus, lejos de abrir la mano a un crecimiento incontrolado, "establece un marco estable de crecimiento a largo plazo". A la vista de lo ocurrido, "no vamos a plantear ahora que se construyan casas sin ton ni son", sentenció.
La Junta subraya que la existencia de un parque de viviendas vacías superior del 20% no justificaría una moratoria en la construcción de nuevas residencias puesto que las características de aquéllas y su elevado precio no cubren la demanda de la mayoría de la ciudadanía. El Potaus, en concreto, prevé que el 70% de las nuevas viviendas sean de VPO.
* Diario de Sevilla - J.CH: - 18.01.2009
Foto: La A-49, a su paso por Castilleja de la Cuesta - diariodesevilla.es
El fiscal de Medio Ambiente pide orden urbanístico en la provincia de Cádiz
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SUR* : La intervención del Fiscal de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio de Cádiz, Angel Núñez, fue una de las intervenciones más destacadas de las II Jornadas 'Medio ambiente es todo', organizadas por Agaden en Jimena. Núñez calificó de «desordenada» la situación urbanística en la provincia.
Según afirmó el fiscal en su conferencia, este «caos urbanístico» se debe a «la dejadez de funciones de los ayuntamientos y a la Administración en general». «Lamentablemente», prosiguió Núñez, «las construcciones ilegales han sido una forma de financiación de los Ayuntamientos en años anteriores».
El ponente subrayó la urgencia de llevar a cabo las demoliciones de las construcciones consideradas ilegales por la autoridad judicial. «No hay que entender aquí la demolición como sanción, sino como una fórmula para restablecer la legalidad urbanística, la restauración del suelo y del medio natural afectado por la construcción», aclaró.
Disuasión
Las demoliciones tienen, según el ponente, el efecto de «eliminar la sensación de impunidad que han tenido hasta la fecha los responsables de las construcciones ilegales». Núñez recordó que recientemente se han demolido edificaciones ilegales en las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla. Uno de los casos más recientes fue el derribo de la 'Casa del alemán', que había sido construida en el parque natural de Los Alcornocales. El juzgado de lo penal dictó la sentencia tras la intervención de la Fiscal de Medio Ambiente del Campo de Gibraltar, Inmaculada Budiño.
El fiscal gaditano recordó a los ayuntamientos la opción que tienen de demoler las construcciones edificadas ilegalmente en su término municipal que supongan un notorio incumplimiento de la legislación urbanística y de ordenación del territorio.
Los responsables de Agaden han calificado de «valiente, justa y conservacionista»la postura del Fiscal de Medio Ambiente.
«Gracias a su inmejorable labor el medio ambiente de la provincia está más protegido y conservado», afirmaron.
Pilar Téllez, miembro de la Agrupación Mitológica 'Chantarela' dio la segunda charla de la jornada, que trató sobre las setas mas interesantes del parque natural del Los Alcornocales. Posteriormente el Botánico Federico Sánchez, disertó sobre la perdida de Biodiversidad Botánica en al Campo de Gibraltar.
Las jornadas concluirán hoy con actividades como una salida para coger setas en Los Alcornocales y un taller de danzas del mundo. Las exposiciones fotográficicas sobre naturaleza de Fernando Barrios y de José Luis García completan, junto a los conciertos, la programación.
* SUR - 18.01.2009
Foto: Los Alcornocales (Cádiz), parque - sierradecadiz.com
Cómo ser periodista de un diario local y no morir a manos de un constructor
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ELCONFIDENCIAL* : Sus textos sólo tienen difusión local pero sus repercusiones van mucho más allá. El periodista Carlos Otto, que fue despedido de El Día de Ciudad Real por escribir en su blog sobre las relaciones entra la dirección de su periódico y la construcción del aeropuerto de la ciudad, ha recibido tres denuncias en menos de una semana.
Una de ellas, de Mari Carmen García, la gerente del diario que le despidió, otra de Juan Antonio León Triviño, promotor del aeropuerto, y una última de Domingo Díaz de Mera, el propietario de su periódico. Todo ello, días antes de que otro periodista local de Tenerife sea amenazado de muerte por desentramar una corrupción urbanística.
Las demandas impuestas a Otto, de 6.000 euros cada una, son solicitadas por los denunciantes en calidad de indemnización por supuestas injurias y calumnias habidas en el blog personal del periodista. Algunas de estas calificaciones se atribuyen al demandado, otras, en cambio, a los comentarios vertidos por los lectores de sus artículos, haciéndole responsable en última instancia de todas ellas al periodista.
Carlos Otto demandó al periódico por despido improcedente. Hasta hace una semana, se encontraba a la espera del juicio, que tendrá lugar en febrero. Ahora, tras las tres denuncias, el periodista puede tener que enfrentarse a cuatro juicios distintos. Con todo y con eso, su abogado, David Bravo, se muestra optimista, ya que, según él, “el proceder y el contenido de las acusaciones no se sustentan en una base legal”.
“Ni siquiera enviaron el habitual burofax para solicitar la supresión de los comentarios. Emitieron tres denuncias idénticas por separado solicitando idénticas indemnizaciones, todas ellas igual de aleatorias económicamente”, explica Bravo.
Según el abogado, Otto no sería responsable más que de los textos que firma, y nunca de los comentarios emitidos por sus lectores, que son los únicos responsables. Sobre las calificaciones injuriosas que se le atribuyen a Otto, las de capo y mafioso, arrojadas sobre Triviño y Díaz de Mera, según Bravo estarían escudadas con el derecho de la libertad de expresión, dentro del contexto en el que están escritas. “Si alguien escribe que comprar en el corte inglés en un robo no significa que se le atribuya el delito de robar, pues en este caso igual”.
Amenazas de muerte
El caso de Carlos Otto, publicado anteriormente en El Confidencial, no es el único ejemplo en el que se cuestiona la libertad de expresión con la que trabaja un periodista local. La historia de Otto, que evidencia la cercanía entre la promotora del Aeropuerto de Ciudad Real y los dueños de El Día de Ciudad Real, ocurre de manera casi simultánea al caso de otro periodista que ha sido amenazado de muerte por dedicar sus líneas a los quehaceres urbanísticos de su ciudad.
Juan Antonio Medina, del periódico El Día (un medio local de Tenerife sin ninguna relación con el diario de Otto), escribió en su periódico sobre una presunta trama de corrupción urbanística conocida como el caso “Arona”. En su caso, las presiones han llegado únicamente de forma externa a su periódico, pero con una dureza mucho mayor. “Cuando salía de la redacción un coche se me acercó y un hombre me aseguró que me rajarían si seguía escribiendo sobre el caso”.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre, y desde entonces el periodista se ha visto obligado a cambiar su rutina, aunque asegura recibir todo el apoyo de su periódico, un diario según él independiente y sin relación alguna con constructoras. “Ahora entro y salgo del periódico de forma aleatoria, pero no ha cambiado nada más, seguiremos contando lo que tengamos que contar”.
El origen de las amenazas está en la publicación de una información el pasado 28 de noviembre donde el periódico tinerfeño informaba sobre que el redactor de Plan General de Ordenación Urbano (PGOU), Jorge Coderch, reconocía que el documento se había redactado de forma "irregular" ante las peticiones de los miembros del grupo de gobierno en el consistorio de Arona.
Según el abogado del redactor, Felipe Campos, la denuncia por amenazas de muerte se ha añadido al expediente del 'caso Arona' al igual que la información publicada al entender que "el plan general es un delito en sí de prevaricación". "No es demagogia decir que la amenaza va contra todos los periodistas y contra libertad de expresión y es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho".
* El Confidencial - Gustavo Bravo.- 17/01/2009
Foto: Los Cristianos (Arona), Tenerife- elconfidencial.com
En prisión un celador de obras de Sant Antoni acusado de cobrar sobornos
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DIARIODEIBIZA* : Un celador de obras del Ayuntamiento de Sant Antoni fue ayer detenido por la Guardia Civil y enviado a prisión por el juez, acusado de aceptar sobornos para ocultar irregularidades urbanísticas.
La detención de este funcionario es el resultado de las denuncias presentadas por el propio Ayuntamiento de Sant Antoni y de las diligencias de la Fiscalía de Eivissa. El juez que instruye el caso ha decretado el secreto del sumario, dado que la operación todavía no está completamente cerrada, por lo que el caso estuvo rodeado ayer de un total hermetismo.
Según los datos obtenidos por Diario de Ibiza de varias fuentes conocedoras del caso, el celador es uno de los dos con que cuenta el Ayuntamiento y no es el que ostenta el cargo de jefe, sino su subordinado. Al parecer, el equipo de gobierno se percató de comportamientos extraños y se hizo también eco de «numerosos rumores» que circulaban por Sant Antoni sobre las actividades de este funcionario, que lleva en el puesto «muchos años», indicaron estas fuentes.
En un momento dado, «se produjo una evidencia muy fuerte» que desencadenó la denuncia del Ayuntamiento ante la Fiscalía y la detención del celador. De momento, no habría más funcionarios implicados en los hechos.
El detenido declaró ayer mismo en el juzgado, donde estaba de guardia el magistrado Juan Carlos Torres, quien tras escuchar las explicaciones del funcionario decretó su ingreso provisional en prisión sin fianza.
La Fiscalía de Eivissa, por su parte, le imputa la comisión de cuatro presuntos delitos: cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio y blanqueo de dinero, todos ellos tipificados con severas penas en el vigente Código Penal. En el escrito de denuncia se detallan de forma pormenorizada todos los indicios delictivos que pesan sobre el acusado, que deberá responder de estos hechos en la vista oral que se convoque en su momento.
Silenciar las ilegalidades
Según las explicaciones ofrecidas por fuentes de la investigación, el detenido aceptaba presuntamente sobornos por parte de promotores que levantaban obras ilegales en el municipio de Sant Antoni. Con estas cantidades, los constructores de dichas obras se aseguraban el silencio y la complicidad del celador, de modo que nunca sufrían las consecuencias de su proceder ilegal, pues al Ayuntamiento no le llegaban a constar.
Desde ayer, este funcionario se encuentra suspendido de empleo y sueldo en el Ayuntamiento.
De momento, se desconoce a cuánto asciende la cantidad que habría percibido el celador de forma indebida, dado el secreto que pesa sobre las actuaciones judiciales.
Aunque la operación seguía ayer abierta, el alcalde de Sant Antoni consideró poco probable que haya más funcionarios implicados en el caso. De todos modos, la investigación deberá determinar ahora el origen de estos presuntos sobornos, el modo en que se materializaban, la cuantía de los mismos y el número de expedientes a los que afectaban.
* Diario de Ibiza - Joan Lluís Ferrer - 17-01.2009
Foto: El propio Ayuntamiento de Sant Antonio denunció los hechos ante la Fiscalía de Eivissa / JUAN A. RIERA, diariodeibiza.es
La alcaldesa de Alzira declara ante el juez imputada por vertidos de aguas residuales
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ABC/Valencia* : La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción nº6 de la localidad imputada por un presunto delito contra el medio ambiente. La comparecencia de Bastidas, también presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se produjo a petición del fiscal en el marco de unas diligencias abiertas en 2006 como consecuencia de una denuncia interpuesta por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La edil de Alzira está siendo investigada por vertidos de aguas sin depurar en el río Júcar entre 2004 y 2006. Los hechos supuestamente delictivos se concretan en el colector que daba servicio al polígono industrial del Tulell y que vertía directamente en el citado río sin que antes mediara ningún proceso de depuración de las aguas residuales. «No existía sistema de tratamiento de residuos y todo llegaba directamente al cauce del Júcar», explican fuentes del Ministerio Público.
La Confederación Hidrográfica del Júcar alertó de los hechos al Ayuntamiento, pero éste delegó la responsabilidad de solucionar el problema en el Ministerio de Medio Ambiente. Fue entonces cuando la CHJ acudió al juzgado ante la persistencia del problema. El instructor ordenó que se tomaran muestras y requirió un informe al Instituto de Medicina Legal para determinar la toxicidad de los vertidos. El forense ecotoxicólogo confirmó que los vertidos «podían causar grave daño al medio ambiente».
Ayer, en su declaración, que se prolongó durante una hora, la alcaldesa dijo conocer la existencia de esos vertidos. En su descargo, volvió a esgrimir la tesis que ya había utilizado para responder a los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que adoptara medidas: insistió en que las competencias para sanear las aguas y evitar los vertidos en el caude del río eran del Ministerio de Medio Ambiente. La normativa es clara al determinar las competencias municipales en el tratamiento de las aguas residuales, señalan desde la Fiscalía, en alusión a la Ley de Bases de Régimen Local, de ámbito estatal, y la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales, aprobada por la Cortes Valencianas.
Medidas correctoras
La alcaldesa de Alzira, la primera persona que declara como imputada en este procedimiento pese a que las diligencias se incoaron en 2006, explicó ayer al juez instructor y al fiscal que el Consistorio llegó incluso a excederse en sus atribuciones adoptando algunas medidas, como la aprobación de unas ordenanzas sobre vertidos, para resolver el problema. Estas medidas, con todo, serían posteriores a la comisión del presunto delito.
* ABC - SABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 16.01.2009
Foto: Río Júcar a su paso por la comarca de la Ribera, en Valencia - abc.es
El Tribunal Supremo anula la licencia de construcción de 6 hoteles en Fuerteventura
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CANARIAS7* : El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la empresa Oliva Oceánidas SL contra la anulación de seis licencias municipales para la construcción de otros tantos establecimientos hoteleros en El Cotillo, en el municipio majorero de La Oliva.
Según se señala en un pronunciamiento de la Sala quinta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal, la anulación de las licencias fue procedente, al no haberse obtenido la autorización previa para el proyecto de actividad turística de estos seis hoteles dentro del Plan Parcial Costa del Faro SAU-1.
También se especifica en su sentencia, contra la que no cabe recurso, que la forma de proceder del Ayuntamiento de La Oliva, entonces presidido por Domingo González Arroyo, al otorgar estas licencias de edificación supeditándolas a la obtención de las autorizaciones que debieran conceder otras administraciones "es un subterfugio".
Con él se buscaba eludir el precepto legal que "categóricamente" establece que dicha autorización es previa a la concesión de la licencia de edificación, se establece en ella.
El acuerdo municipal que autorizaba estos hoteles fue recurrido por el Gobierno Autónomo y anulado en 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por no ser conforme a derecho.
Esta resolución motivó que la empresa promotora presentase un recurso de casación ante el Supremo, que ahora ha dictado sentencia dando la razón al Ejecutivo canario y condena al recurrente al pago de las costas procesales.
* Canarias 7 - EFE - 16.01.2009
Foto: La Oliva (Fuerteventura), ayuntamiento - flickr.com
La UE plantea una moratoria de los planes urbanísticos insostenibles
ELPAÍS* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo considera imprescindible una moratoria para los nuevos planes urbanísticos que no respeten los criterios "rigurosos" de sostenibilidad ambiental y no garanticen el derecho de la propiedad y, además, plantea frenar aquellos otros programas que no tengan asegurada el agua.
Estas son las principales conclusiones del borrador del informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio ambiente y en la aplicación del derecho comunitario, elaborado por la eurodiputada danesa Margrete Auken, del grupo de Los Verdes.
La eurodiputada expondrá el próximo martes el documento a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En esa sesión, el documento se someterá a un nuevo debate para su aprobación. Aparte, de los eurodiputados de los distintos grupos, en el acto intervendrán un representante de la Generalitat Valenciana y un portavoz del colectivo Abusos Urbanísticos No.
Si finalmente el informe recibe el visto bueno, se fijará un calendario (incluye plazo para la presentación de enmiendas e informes de opinión de otras tres comisiones de la Eurocámara) antes de ser debatido en el pleno del Parlamento Europeo. Este extremo no se producirá antes del próximo mes de marzo, según distintas fuentes oficiales consultadas por este periódico.
La propuesta de resolución al Parlamento Europeo que recoge el borrador de la eurodiputa Auken incluye 19 peticiones. La ponente del informe expone hasta un total de 23 consideraciones para justificarlas. Las más destacadas hacen referencias al choque de la normativa urbanística estatal y regional en materia ambiental con las directivas europeas y los supuestos abusos cometidos sobre el "legítimo" derecho a la propiedad. Sobre este último punto remarca que el Tribunal Constitucional "no ha proporcionado una interpretación exhaustiva del artículo 33 de la Constitución española que alude al derecho a la propiedad".
El informe destaca que en el curso de la actual legislatura, la Comisión de Peticiones, "ha informado en tres ocasiones de la magnitud de los abusos contra los derechos legítimos de los ciudadanos europeos sobre sus bienes legalmente adquiridos en España". La ponente alude a la inquietud de la Comisión "respecto a los procedimientos de contratación pública, por lo general en relación con las deficiencias en el control de los procesos de urbanización por parte de las autoridades de comunidades autónomas y locales de España".
Auken señala la lentitud de los tribunales ante el reto de "la urbanización excesiva", y precisa: "El Parlamento ha observado que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos". La eurodiputada advierte de que esta actividad, respaldada por autoridades locales y regionales "irresponsables" a través de una inadecuada legislación, ha dañado la imagen de España en Europa.
El informe de Margrete Auken resalta que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados han acarreado la reclasificación de suelo rural "para provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor". La europarlamentaria asegura que España, y en especial la costa del Mediterráneo, ha sufrido una destrucción masiva en la última década, a consecuencia del urbanismo salvaje, "y todo por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción".
Los pilares del documento de la eurodiputada danesa (tres años después del primer informe de Bruselas sobre los efectos del urbanismo salvaje) han sido las tres visitas que miembros de la Comisión de Peticiones han realizado sobre el terreno a España, las 186 peticiones recibidas sobre supuestos abusos urbanísticos planteadas y avaladas por unas 15.000 firmas, y la denuncia de Los Verdes sobre 250 proyectos urbanísticos que no tienen garantizada el agua.
En los tres apartados, el protagonismo del urbanismo valenciano ha sido estelar. Miembros de la Comisión de Peticiones han inspeccionado sobre el terreno en tres ocasiones los municipios valencianos que incluyen programas urbanísticos rayanos en el urbanismo salvaje. En la última visita, en febrero de 2007, los representantes de la Comisión pasaron, entre otras, por las poblaciones de Orihuela, Catral, Torrevieja, Oropesa, Parcent, Cullera y Oropesa.
El grueso de las 186 peticiones ha sido formulado por residentes en la Comunidad Valenciana. Éstos han planteado supuestas vulneraciones del derecho a la propiedad en los procesos de urbanización o reparcelación de programas de actuación urbanística (PAI) que afectaban a edificaciones ya consolidadas.
Y también en el tercer bloque (la denuncia de Los Verdes sobre planes urbanísticos tramitados sin tener garantiza el agua ni con el informe favorable de los organismos hidrológicos competentes) la Comunidad Valenciana se ha llevado la palma. Los grandes PAI que se proyectan en el territorio valenciano (entre ellos el plan Rabassa, Nou Mil·leni o el Manhattan de Cullera) se encuentran en la lista objeto de una investigación por parte de la Comisión.
Los eurodiputados valencianos mantienen una opinión disímil respecto al informe Auken. Así, José Manuel García Margallo, del Grupo Popular, califica de "grueso calibre los considerandos del informe referidos a la hipotética vulneración del derecho a la propiedad". El eurodiputado del PP reclamó la presencia de un representante del Gobierno español para explicar a la Comisión "todas esas acusaciones". Mientras, el eurodiputado del PSOE Vicent Garcés subraya que el sentido final del voto de su grupo al informe en el pleno del Parlamento está supeditado a "la resolución de la denuncia sobre la Ley Valenciana de Urbanismo que instruye el Tribunal de Estrasburgo, el informe oral de la ponente ante la Comisión de Peticiones el martes y la evolución de la crisis que atenaza al sector inmobiliario y de la construcción".
El colectivo Abusos Urbanísticos No (la entidad que surgió en 2005 en La Marina ante el aluvión de denuncias de afectados) expresó su conformidad con la argumentación y propuestas del informe y reiteró su crítica al urbanismo valenciano, "que no ha resuelto una situación insostenible".
Urbanismo salvaje
- 186 peticiones: En la actual legislatura la Comisión de Peticiones ha recibido 186 denuncias sobre otros tantos casos de abusos urbanísticos, avaladas por 15.000 firmas. El grueso de las peticiones partió de la Comunidad Valenciana.
- Tres visitas: El aluvión de denuncias sobre supuestos abusos urbanísticos acarreó hasta tres visitas de los eurodiputados a la Comunidad Valenciana para verificar el alcance del urbanismo salvaje
- Planes sin agua: La denuncia sobre el caótico urbanismo valenciano alcanzó su mayor dimensión con el dato revelado por Los Verdes: de casi 260 urbanizaciones autorizadas en España sin agua, 129 se proyectan en el territorio valenciano.
- Informe demoledor. Tras varios años de recabar datos, la eurodiputada Margrete Auken ha redactado un informe demoledor para la gestión urbanística del Gobierno valenciano. El documento está a expensas de su debate y aprobación en la Eurocámara.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 16/01/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Andalucía: La Fiscalía investiga a otros dos alcaldes por corrupción urbanística
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ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción de Cádiz ha abierto diligencias contra el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco (PP), para determinar si financió de manera irregular la pasada campaña electoral. El empresario Manuel Lores, ex presidente del equipo de fútbol Racing Portuense, sostuvo el pasado diciembre que Juan José Fortes que, según él, decía hablar en nombre de Moresco, le había pedido una aportación económica de 20.000 euros destinada a la campaña del Partido Popular en las pasadas elecciones locales.
A cambio, Lores esperaba que si el PP conseguía la alcaldía, desde el Ayuntamiento se le allanara el camino para desarrollar un gran proyecto inmobiliario vinculado a un nuevo campo de futbol.
Meses después, una vez que el PP obtuvo el gobierno local, el empresario y la concejal de Urbanismo, Patricia Ibarra, firmaron un convenio que fijaba los criterios para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Hasta el momento, el PP ha negado la veracidad del contenido de la denuncia y ha precisado que el documento firmado con Lores establecía que la adjudicación de las obras quedaría establecida por un concurso público. El mes pasado, Izquierda Unida plasmó las acusaciones públicas de Lores en la denuncia que ha motivado la apertura de diligencias.
Moresco rehusó ayer opinar sobre la actuación de la Fiscalía, aunque sí lo hizo un portavoz del Ayuntamiento portuense, que calificó como "un trámite menor" y precisó que el propio Moresco ha presentado, a su vez, una denuncia contra Manuel Lores. El alcalde recibió el pasado diciembre el apoyo del presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, quien se comprometió a estar al lado de Moresco "hasta las últimas consecuencias".
La Fiscalía de Almería también trabaja en un caso de supuesta corrupción urbanística a escala municipal. El Ministerio Público acusa al ex alcalde socialista de Ohanes -dimitió del cargo y se dio de baja del partido el lunes pasado- Juan Francisco Sierra de haber recibido dinero de manos de un constructor y promotor a cambio de la firma de las licencias de primera ocupación de unas viviendas. La Fiscalía le imputa los delitos de coacción y cohecho.
El empresario presentó la denuncia ante la Fiscalía hace dos semanas. Según fuentes de la investigación, el denunciante de Sierra aportó entonces documentación y pruebas relacionadas con alguno de los pagos que presuntamente recibió el alcalde y cuya cantidad es "menor" de 80.000 euros. Las mismas fuentes precisaron que la cantidad total del dinero que Sierra pudo haber recibido tendrá que "acreditarse" durante el proceso judicial. "Pedía dinero para que él actuara en algo que aparentemente él tenía obligación de hacer. Algo como dar una licencia de primera ocupación", detallaron fuentes del caso. Las mismas fuentes precisaron que, según consta en la denuncia presentada, las presuntas coacciones realizadas por Sierra sólo se hicieron contra un empresario, el mismo promotor y constructor que ha denunciado el caso ante la Fiscalía.
En un primer momento, el PSOE de Almería envió un comunicado en el que anunciaba la dimisión de Sierra, de 31 años, "por motivos de salud". El mismo comunicado precisaba que Sierra había renunciado "satisfecho por la gestión realizada". Sin embargo, 48 horas después, un segundo comunicado con declaraciones del secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal del PSOE, Juan Antonio Segura Vizcaíno, aseguraba que todos los alcaldes y concejales del partido socialista "Son personas dignas y honradas" y que aquellos que se han desviado de esa línea de comportamiento habían sido apartados "inmediatamente" del partido.
* ELPAIS.com - F. J. ROMÁN / M. J. LÓPEZ DÍAZ - El Puerto / Almería - 16/01/2009
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
